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#Doctrina Compensación económica, uniones convivenciales y plazo de caducidad. Una interpretación desde la perspectiva de género

Autor: Szechenyi, Sofía

Fecha: 28-11-2022

Colección: Doctrina

Cita: MJ-DOC-16914-AR||MJD16914

Voces: COMPENSACIÓN ECONÓMICA – UNIONES CONVIVENCIALES – PERSPECTIVA DE GÉNERO – CADUCIDAD

Sumario:
I. Introducción. II. Resumen de los hechos. III. El fallo. IV. Análisis crítico del fallo.

Doctrina:
Por Sofía Szechenyi (*)

I. INTRODUCCIÓN

En el presente, tomamos con base de análisis un fallo de primera instancia en el cual se resolvió, entre otras cuestiones, desestimar el pedido de caducidad del derecho previsto art. 525 in fine del CCivCom.

II. RESUMEN DE LOS HECHOS

El Sr. D. D. opuso la caducidad del derecho a solicitar compensación económica, por haber transcurrido el plazo establecido en el art. 525, in fine, del CCivCom., manifestando que el cese de la convivencia mantenida (inc. G, Art. 523 CCivCom.), se produjo en fecha 10 de diciembre de 2019, y no el día 20 de dicho mes como relata la actora. Incorpora como prueba las constancias de ingresos y egresos del domicilio al cual se mudó dentro del mismo barrio.

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La Sra. M. E. M alegó que la demanda efectivamente fue interpuesta el 10 de junio de 2020, justo en la fecha que «la propia demandada reconoce como plazo límite para que opere la caducidad». Asimismo, esgrimió la situación generada por el ASPO y la suspensión de la audiencia de mediación por la situación sanitaria del país.

III. EL FALLO

En el fallo la Sra. M. E. M relató que la convivencia fue interrumpida el 20 de diciembre de 2019, mientras que el demandado señaló que la fecha de cese de la convivencia habría sido 10 días antes, esto es, el 10 de diciembre de 2019. En este contexto, la jueza recordó lo previsto por el artículo 524 del CCivCom., a saber: «Cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación.Esta puede consistir en una prestación única o en una renta por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la duración de la unión convivencial».

Seguidamente, la magistrada comenzó con el análisis del plazo de caducidad de 6 meses previsto para la figura de la compensación económica en el artículo 525 del CCivCom. En este sentido, manifestó que «el cómputo del plazo de caducidad impuesto por la ley ha suscitado sendos cuestionamientos prácticos, en especial en el caso de las uniones convivenciales, en que la fecha del cese de la convivencia no siempre puede acreditarse con certeza. Una de las hipótesis más frecuentes en que ello sucede es la del caso de autos, es decir, la simple separación que pone fin a la convivencia. En este supuesto, el plazo irremediable comienza su curso a partir de la finalización de la vida compartida, sea por acuerdo, sea por decisión unilateral, sin que existan más circunstancias demostrativas del hecho que el retiro de uno de los convivientes del hogar que compartían».

Con cita a la Dra. Molina de Juan, la jueza manifestó que, en estos casos, será determinante analizar «cuándo» terminó ese proyecto común, nota definitoria de esta forma de organización familiar. Asimismo, adelantó que el planteo formulado por el demandado era inconducente, ya que aun cuando la convivencia hubiera finalizado el 10 de diciembre de 2019 (tal como lo indicaba el demandado), «no habría operado la caducidad del derecho, si se observa que la presente demanda fue interpuesta el 10 de junio de 2020, en el marco de la feria extraordinaria decretada por la Corte Suprema de Justicia en razón del ASPO dispuesto por el Gobierno Nacional». Además, añadió, que la demanda fue iniciada a los fines de «interrumpir la prescripción», por ende «solicitar que se acrediten las dificultades que padeció para recurrir a la mediación en plena pandemia no parece razonable.Es de público conocimiento que al inicio de la situación sanitaria las mediaciones se encontraban suspendidas, retomándose en forma virtual por Resolución 121/2020 del Ministerio de Justicia de la Nación de fecha 23 de Abril de 2020. Si bien dicha resolución es anterior al inicio de las actuaciones, exigir una mediación virtual en el contexto de desconcierto y desorganización que reinaba los primeros meses del ASPO sería excesivo».

Luego de adelantar que el planteo de caducidad no prosperaría, la magistrada, continuó analizando el plazo de caducidad, y destacó que «frente a la duda, si no consta la fecha cierta para el inicio del cómputo del plazo de caducidad» los magistrados deben «ser flexibles pues una decisión tendiente a declarar extinto el derecho resulta irremediable».

La jueza también resaltó que «el tiempo breve fijado por la ley coloca a la supuesta beneficiaria en la necesidad de recurrir al proceso judicial en forma casi inminente, desconociendo las particularidades y dificultades que pueden presentarse en tan breve periodo». Agregó que «las personas en un proceso de divorcio tienen su mente, en el acomodamiento de las cuestiones cotidianas, en los cambios que muchas veces los sobrepasa; y el conteo de los plazos legales pasa a la postergación. Este plazo exiguo resulta todavía más perjudicial para aquellas personas que hubieran formado una unión convivencial».

Sostuvo con cita al Dr.Solari que, a diferencia del divorcio, el cese de la unión convivencial «no requiere la vía judicial, produciéndose extrajudicialmente, por distintas circunstancias contempladas por la ley», por lo que, normalmente la «pretensa beneficiaria deberá recurrir al respectivo asesoramiento legal antes de transcurrir el plazo legal, para así plantear judicialmente la acción judicial.»

Con cita a un fallo de Esquel, Provincia de Chubut de fecha 28 de octubre de 2019, subrayó que «juzgar con perspectiva de género impone decidir los casos recordando y aplicando que en nuestro sistema jurídico se consagra el reconocimiento del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, de modo tal que es deber jurídico considerar las especiales situaciones en que viven muchas mujeres». Así, concluyó que la perspectiva de género «acentúa el deber de magistrados y magistradas de examinar con flexibilidad el plazo de caducidad impuesto por la ley, ya que lo contrario podría llevar -reitero- a la irremediable y gravosa conclusión de toda posibilidad de debatir el derecho a percibir una compensación económica».

Por último, y siguiendo el análisis desde una perspectiva de género, la Jueza manifestó que «corresponde reconocer en esta instancia que el acceso a justicia para las mujeres, que universalmente se encuentran en inferioridad de condiciones en términos de legitimidad y poder, suele ser un proceso arduo». Por ende, «este acceso a justicia requiere de la superación de los obstáculos sustanciales y formales que bloque en la efectividad del derecho a la jurisdicción.»

IV. ANÁLISIS CRÍTICO DEL FALLO

La última parte del artículo 525 del CCCN establece que: «La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse producido cualquiera de las causas del cese de la convivencia enumeradas en el artículo 523».

Esto nos indica que se extingue la acción por el mero transcurso del plazo configurado por la ley como carga para el ejercicio de dicha acción.Y a su vez, el cómputo del plazo comienza desde que se haya producido cualquiera de las causas de finalización de la unión convivencial previstas en el artículo 523 del CCivCom.

La realidad nos lleva a advertir que este plazo es sumamente corto para quienes están transitando un proceso de ruptura familiar, donde hay muchas otras cuestiones que resolver, y sumado a eso en los casos de las uniones convivenciales, tal como ha sido planteado en el fallo analizado, la finalización de las mismas es de manera informal, y no judicial (como en el caso del divorcio). A su vez, en la gran mayoría de los casos se lleva adelante sin asesoramiento jurídico de las partes.

Con lo cual, observamos un doble perjuicio a quien esté en condiciones de solicitar la compensación económica, ya que por un lado el plazo de 6 meses resulta excesivamente corto, pues la mayoría de las veces no está claro el momento del inicio del cómputo del mismo, ya que definir la fecha exacta de cese de la unión convivencial es más complejo que en el divorcio donde el computo del plazo, en principio, inicia con la fecha de sentencia firme de divorcio. Por otro lado, como hemos advertido nos encontramos ante la falta de asesoramiento legal que pone en una situación de desconocimiento, en muchos casos, de esta novedosa figura jurídica.

No podemos olvidarnos que la figura de la compensación económica que permite corregir el desequilibrio patrimonial manifiesto en que puede quedar una de las partes al momento de la finalización del matrimonio o de la unión convivencial, es una figura que ha sido incorporada a nuestro ordenamiento jurídico recién en agosto del 2015 con la entrada en vigor del Código Civil y Comercial, por este motivo, la realidad nos demuestra que el común de la gente desconoce por completo esta figura.

Esta falta de acceso a la información, implica claramente una imposibilidad de ejercer el derecho en tiempo y forma tal como está regulado.Por otro lado, debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones las uniones convivenciales finalizan bajo determinadas situaciones de violencia de género. En estos casos, creemos que es sumamente importante analizar el cómputo del plazo desde la obligada perspectiva de género y bajo las reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condiciones de vulnerabilidad.

Así, el proyecto de ley «CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. MODIFICACIONES SOBRE LA CADUCIDAD DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA EN EL DIVORCIO Y EN LA UNIÓN CONVIVENCIAL. ARTICULOS 442 Y 525» presentado por Cristina Álvarez Rodríguez, propone respecto al inicio del cómputo del plazo de caducidad, en los casos de cese de la unión convivencial en contexto de violencia de género, lo siguiente: «En primer lugar, en caso de que el juez haya dispuesto medidas preventivas urgentes de conformidad con las leyes nacionales 26.4858 y 24.417 o normas provinciales aplicables: la acción caduca al año de haber cesado esas med idas preventivas. En segundo lugar, en caso de que no se hayan dictado medidas preventivas urgentes, pero exista denuncia por violencia de género: la acción caduca al año de la denuncia.

En primer lugar, diremos que estamos totalmente de acuerdo con las modificaciones propuestas en el mencionado proyecto, respecto a la extensión del plazo de caducidad de la acción de 6 meses a un año, como también con los recaudos especiales para el caso de que el cese de la unión convivencial se produzca en un contexto de violencia de género.

En relación a este último punto, consideramos conveniente hacer una observación respecto a lo dispuesto la primera parte del párrafo citado, esto es que el plazo comience a computarse al año de haber caducado las medidas preventivas establecidas en el marco del expediente de violencia de género.En relación con esta subordinación del plazo, creemos que habrá que analizar cuidadosamente la manera en que los jueces aplican en cada provincia estas medidas preventivas urgentes o cautelares, y sobre todo el fenómeno de la «perpetuidad» de las mismas.

En nuestro caso, en la Provincia de Rio Negro, cuando se presenta una denuncia en el marco de la Ley Provincial 3040 «Violencia Familiar», las medidas cautelares que se disponen no suelen tener plazo de caducidad, incluso ante el pedido de la parte del cese de dicha medida, las y los jueces involucrados en el proceso no toman la responsabilidad y el riesgo de dar de baja la medida interpuesta oportunamente.

Este problema de las medidas cautelares eternas, y la falta de herramientas legales para el control de estas, podría generar inconvenientes al momento de condicionar el inicio del cómputo del plazo para la caducidad al cese de estas medidas preventivas, cese que podría no llegar. Con lo cual no tendríamos un plazo de caducidad real para el ejercicio de la acción de compensación económica.

Esta es la única observación que podemos hacerle al proyecto de ley para reformar el plazo de caducidad de la acción de compensación económica de 6 meses a 1 año. Como ya adelantamos, dicha reforma es sumamente necesaria para poder garantizar un efectivo acceso a la justicia, y además para que la ley esté en consonancia con lo dispuesto por la justicia a nivel provincial y nacional en distintos precedentes judiciales.

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(1) Molina de Juan, Mariel, Compensación económica. Teoría y Práctica, Rubinzal- Culzoni, Buenos Aires, 2018, p. 107

(2) Solari, Néstor E., «El plazo de caducidad en la compensación económica», AR/DOC/2523/2017

(3) Juz. Fam. nº 1, Esquel, 28/10/2019, «S., E. Y. c. L., J. D.», RC J 12965/19)

(4) Véase para un comentario exegético del artículo 525 del CCCN: KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida; HERRERA, Marisa y LLOVERAS, Nora. Tratado de Derecho de Familia. Tomo II. Rubinzal Culzoni, Santa Fe. 2017. Pág. 180 y sigs.

(5) Véase al respecto: MARRAMA, Silvia. El Acceso a La Justicia De Personas En Condición De Vulnerabilidad. El Derecho. Diario Tomo 282, 2019.

(6) Proyecto de Ley 1739-D-2021. Disponible online en: https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/1739-D-2021.pdf

(7) Véase al respecto, una interesante discusión sobre el punto en el fallo del STJ de Rio Negro, M. C. B. C / M. R. F.-S. LEY 3040 (EXPTE. 20.596/15) S / INCIDENTE ART. 250 CPCC (f) S/ CASACION (RESERVADO), Sentencia 102/17.

(*) Abogada. Secretaria de Extensión y Asuntos Estudiantiles. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Comahue.

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