fbpx

#Fallos Comisiones médicas: El STJ de Río Negro establece que el procedimiento administrativo previo y obligatorio ante las Comisiones Médicas es respetuoso de la tutela judicial efectiva y del acceso a la justicia

Partes: López Lucas Julián c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ Accidente de trabajo s/ Inaplicabilidad de la ley

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 18 de octubre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-139039-AR|MJJ139039|MJJ139039

El procedimiento administrativo previo y obligatorio ante las Comisiones Médicas es respetuoso de la tutela judicial efectiva y del acceso a la justicia.

Sumario:
1.-La Ley 27.348 y, consecuentemente, la Ley 5253 de Río Negro de adhesión provincial, no vulneran el derecho a un acceso pleno a la justicia, el principio de juez natural, el derecho de defensa y el debido proceso, en cuanto disponen una instancia previa, administrativa de carácter obligatoria y excluyente, ya que, en la instancia previa ante las Comisiones Médicas, el trabajador cuenta con la asistencia letrada gratuita y obligatoria durante todo el procedimiento administrativo, existe el libre consentimiento en alcanzarse o no un acuerdo, se respeta la bilateralidad, hay limitación temporal del trámite, y se garantiza la revisión judicial posterior.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

2.-El principal objetivo de la implementación del procedimiento ante las Comisiones Médicas, consiste en agilizar el acceso inmediato para la obtención de las reparaciones sistémicas en materia de riesgo del trabajo.

3.-La consideración expuesta por la Cámara consistente en la falta de imparcialidad de la Comisión Médica, al entender que el cuerpo médico integrante de la misma actúa como juez, siendo pagos con fondos de la ART, resulta un fundamento hipotético, meramente conjetural, y carente de fundamentación legal.

Fallo:
VIEDMA, 18 de octubre de 2022.

Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Ricardo A. Apcarian, Liliana Laura Piccinini, Cecilia Criado, Sergio G. Ceci y Sergio M. Barotto, con la presencia de la señora Secretaria Subrogante doctora Ana Julia Buzzeo, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: «LOPEZ, LUCAS JULIAN C/ FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO (L) S/ INAPLICABILIDAD DE LEY» (Expte N° A-1VI-419-L2020 // VI-08928-L-2020), elevados por la Cámara del Trabajo de la Ira. Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en esta ciudad, con el fin de resolver el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada Federación Patronal Seguros SA en fecha 19-05-21, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:

C U E S T I O N E S

1ra. ¿Es fundado el recurso?

2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:

1. Antecedentes de la causa:

Mediante sentencia de fecha 30-04-21, la Cámara de origen declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1; 2 en sus párrafos 2 a 5; 14 inc. 1, párrafos 2, 3, 4 (a y b) y 5 de la Ley Nº 27348; 1 de la Ley Nº 5253 y 2 del Decreto Nº 1590/18 y dispuso que quedaba expedita la acción plena prevista en el art. 6 de la Ley P Nº 1504, declarando abstracto el tratamiento de la excepción de falta de acción por inhabilitación de instancia deducida por Federación Patronal SA. Impuso las cosas a la parte demandada en su carácter de vencida (art.25 de la Ley P Nº 1504).

Para decidir en tal sentido, el Tribunal de mérito -por mayoría- abordó, en forma preliminar, el planteo de inconstitucionalidad de las normas antes referidas, postulado por la parte actora.

Expresó que la declaración de inconstitucionalidad de una norma se presenta como un acto de suma gravedad que debe ser considerado como «última ratio» del ordenamiento jurídico.

Seguidamente, mencionó que la Ley Nº 27348 otorga un remedio recursivo para el caso de disentir con el dictamen dictado por la Comisión Médica o vencido el plazo para ello, para que el Tribunal se expida. Adicionó que éste es tramitado en relación y con efecto suspensivo, salvo las dos excepciones dispuestas en la norma, lo que constituye -acorde a su criterio- una demostración de la limitación a lo que debe entenderse por revisión judicial eficaz.

Interpretó que al elegir el término «recurso» se encuentra vedada la posibilidad de que la revisión sea amplia, con motivo de que queda encorsetada al acotado marco procedimental de aquel, no permitiendo la posibilidad de un proceso de conocimiento pleno, con garantías irrestrictas y la opción de ofrecimiento de prueba, como -indicó- debió establecerse en la referida vía de revisión.

En este sentido, sostuvo que tanto el art. 2 como el 14 de la Ley Nº 27348, limitan y vulneran derechos constitucionales (arts. 14 y 40 de la Constitución de Río Negro y 14, 14 bis de la CN) al imponer la interposición de un remedio no contemplado en la ley de procedimiento vigente, restringido y limitante del derecho a un acceso pleno a la justicia.

Por otro lado, manifestó que cuando el Congreso delega en los órganos de la administración facultades judiciales, sin limitación material de ninguna especie, está violentando lo estipulado en el art. 76 de la CN.

Remarcó que es el Poder Judicial el que debe determinar el contenido y la forma de la delegación, como garante de la plena vigencia de la Constitución Nacional (CN), sin poner en riesgo la seguridad jurídica.Citó el art. 28 de la CN y refirió que la ley de fondo no puede ser alterada por la de forma, so pena de atentar contra la jerarquía que entre ellas detentan.

Dispuso que el art. 1 de la Ley Nº 27348 vulnera el debido proceso que implica la existencia de un juez natural, resaltando que en el caso específico del ámbito laboral, hace a la existencia y conocimiento de jueces con formación de la materia. Con relación a la transgresión del principio de progresividad mencionó la sentencia recaída en el expediente «Álvarez, Maximiliano y otro c/ Cencosud SA s/ acción de amparo» de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Indicó que se le impone al trabajador cumplir con un procedimiento administrativo (Resolución SRT N° 298/17) en el que los médicos son pagados con fondos de las Aseguradoras de Riesgos del trabajo (ART) y actúan como jueces, con la facultad de determinar el carácter laboral o no de la contingencia, evaluar sus consecuencias y determinar su indemnización, limitando una posible segunda instancia judicial a la mera revisión acotada de lo realizado en el ámbito administrativo.

Así, aludió que de manera que quien financia las Comisiones Médicas es parte del conflicto, lo cual genera al menos la duda sobre la imparcialidad, asemejándose en su estructura a una tercerización de la justicia en materia de reparación sistémica.

En estos términos, definió que resulta inconstitucional el referido procedimiento administrativo obligatorio, por considerarlo violatorio de los arts. 18, 29, 109, 116, 75 inc. 22, en los incs. 19, 23 y 22 de la CN; 2.1, 2.3, 5.2 del Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 8.1, 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1 del Protocolo de San Salvador; 8, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26, 27 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Mencionó el fallo «Estrada», dispuso que la Ley Nº 5253 y su decreto reglamentario, infringen el art.196 y siguientes de la Constitución Provincial, y recordó que los arts. 5, 109, 116 y 117 de la CN obligan a las provincias a garantizar la administración de justicia, prohíben al Poder Ejecutivo de ejercer funciones jurisdiccionales, y se las reserva exclusivamente al Poder Judicial.

El voto que conformó la mayoría de la Cámara dispuso que la imposición establecida a los trabajadores en general y en el presente caso al señor Lucas Julián López de recorrer, obligatoriamente, una instancia administrativa previa, contradice expresa doctrina de la CSJN en los fallos «Ángel Estrada», «Venialgo», «Marchetti» y «Obregón», por los cuales fue sistemáticamente invalidada, por contrario a la CN, la obligación antes mencionada que establecía la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT).

Por su parte, el voto en minoría -en lo pertinente-, recalcó que debe descartarse que la instancia previa ante la Comisión Médica pueda dar lugar a una vía procedimental acotada, que restrinja la amplitud de un proceso de conocimiento pleno.Ello, dado que ha sido decisión del grado imprimirle el trámite de demanda ordinaria a todos los casos en que se solicita la revisión del dictamen de la entidad administrativa, aun a los que llegan por vía de apelación, por lo cual se dispuso otorgarle un plazo al recurrente para que readecúe su presentación a los términos de una demanda, con el ofrecimiento de la prueba que estime conducente.

Explicó que no existe argumento válido para considerar violentado el principio del juez natural y que, por medio de la Resolución 899-E/17, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) decidió aclarar las incumbencias específicas de cada uno de los integrantes de las Comisiones Médicas y su intervención en las distintas etapas del procedimiento, en resguardo del derecho al debido proceso y la búsqueda de la verdad material.

Señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se ha expedido en la causa «Marchetti», (13-05-20), donde, por mayoría, se pronunció a favor de la constitucionalidad de la ley de adhesión (Ley Nº 14997) a la Ley Nº 27348 y que en el mismo sentido lo hizo el señor Procurador General de la Nación en la causa «Pogonza» (dictamen del 17-05-19). Luego, ingresó en el tratamiento de la excepción articulada por la accionada, haciendo lugar a la misma.

Contra lo decidido, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con fecha 19-05-21, debidamente sustanciado y que fuera declarado admisible por el Tribunal de grado mediante sentencia del 01-07-21.

2.Agravios del recurso:

En sustento de su pretensión recursiva, la recurrente alega que el Tribunal de origen, en sostén de la declaración de inconstitucionalidad, invoca argumentos que no fueron planteados, ni mencionados por la parte actora.

Explica que el actor solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la normativa antes mencionada, bajo el argumento de que se encontraba materialmente imposibilitado de agotar la instancia administrativa, por las limitaciones en el funcionamiento que estaba sufriendo la Comisión Médica, a raíz de las medidas adoptadas por la pandemia por Covid-19.

Agrega que el accionante invocó violación del acceso irrestricto a la justicia, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso legal y al principio del juez natural, pero sin indicar cómo cada una de estas cuestiones lo agravió.

En estos términos, aduce que la sentencia en crisis incorporó argumentos tales como el financiamiento del sistema de Comisiones Médicas, delegación de facultades jurisdiccionales inherentes a las provincias a favor de la Nación, violación a preceptos de la Constitución Provincial, restricción de las facultades jurisdiccionales de las provincias y autonomía provincial.

Expone que la declaración de inconstitucionalidad es considerada como de «última ratio», una decisión excepcional y, por ello, debe existir en el caso sometido a examen, un agravio constitucional suficiente, verificado en el caso concreto, que no deje a la judicatura más remedio, en pos de proteger derechos y garantías de la parte, que declarar la inconstitucionalidad de la norma.

Invoca también arbitrariedad en el fallo atacado por declarar la inconstitucionalidad de normas, con fundamentos que fueron negados oportunamente y refutados con argumentos sólidos y normativa vigente.

Especifica que el actor no produjo prueba respecto de la alegada imposibilidad de acceder al procedimiento ante la Comisión Médica para determinar la incapacidad laboral que padecería.

Asegura que, al momento de oponer la excepción, afirmó que el procedimiento se encontraba vigente y abierto para las partes y que no se verificaban motivos por los cuales el trabajador debería ser relevado de su cumplimiento.Adicionó que ofreció prueba en el sentido impugnado, a la cual el Tribunal no hizo lugar.

Plantea que en la decisión del Tribunal de mérito, no se respetaron los criterios establecidos en la doctrina de la CSJN para declarar la inconstitucionalidad de una norma. Cita jurisprudencia.

Por otra parte, aduce que la sentencia de Cámara de origen incurre en un error de interpretación de la ley, porque afirma que el trámite recursivo que dispone el actor es acotado y limitativo de derechos y garantías, pero luego omite interpretar correctamente las disposiciones de los arts. 3 y 7 de la Ley Nº 5253.

Asimismo, expresa que la integración que conformó la mayoría de la Cámara no tuvo en cuenta que ha sido decisión del grado imprimirle el trámite de demanda ordinaria a todos los casos en que se solicita la revisión del dictamen de la Comisión Médica, con el respectivo ofrecimiento de prueba.

En tal dirección, aduce que no es cierto que el actor no disponga de un proceso judicial amplio y de pleno conocimiento para cuestionar, íntegramente, todo lo actuado por ante las Comisiones Médicas.

Por otro lado, manifiesta que no hay una delegación ilegítima de facultades de las provincias en favor del poder Federal, por cuanto la Ley Nº 5253 establece la solución definitiva a las controversias que se podían dar con motivo del art.1 de la Ley Nº 27348.

Entiende que no existe, entones, sustracción alguna a los órganos jurisdiccionales competentes, sino que, por el contrario, hay retención de la competencia provincial en materia laboral para revisar de manera amplia todo lo actuado por las Comisiones Médicas.

Por último, argumenta que la intervención de las Comisiones Médicas fijada por la citada norma reconoce los límites definidos por la CSJN en el caso «Ángel Estrada», donde analizó detalladamente las condiciones que debe reunir un organismo administrativo para ejercer funciones jurisdiccionales otorgadas por ley formal, a fin de no alterar a favor del Poder Ejecutivo el equilibrio en el que reposa el sistema constitucional.

Menciona los referidos requisitos y plantea que las Leyes Nº 27348 y Nº 5253 son totalmente constitucionales, en tanto se verifican los mismos.

Señala que el sujeto de preferente tutela, en el caso, el trabajador, en dicha etapa administrativa, conserva plena voluntad y libertad de prestar su conformidad, a los fines de arribar a un acuerdo, puesto que en caso de disconformidad queda expedita la vía judicial.

Cita el fallo «Marchetti» y recalca que es claro que el régimen legal no impide al trabajador el acceso a la jurisdicción, sino que establece una vía administrativa previa, etapa que posibilita al afectado o a sus derechohabientes una más rápida percepción de sus acreencias.

3.Contestación:

Al contestar el traslado del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora, con relación a la alegada arbitrariedad del fallo por declarar la inconstitucionalidad de las normas con base en fundamentos no aportados por el actor, expone que los argumentos del grado se asientan en las mismas críticas jurídicas formuladas por su parte al plexo normativo en crisis y que, fundamentalmente, son cuestiones eminentemente de derecho en la que el magistrado no debe sujetarse necesariamente a las exposiciones jurídicas de las partes, de conformidad al principio «iura novit curia».

Sostiene que la recurrente se apoya en los argumentos del voto minoritario, los que resultan claramente -acorde su postura- equivocados y contradictorios.

Resalta que, como sostuvo en la demanda, conforme el art. 9 de la Resolución 44/20 de la SRT (15-05-20), los procedimientos administrativos admitidos eran absolutamente acotados, no resultando admisible la continuación de trámites de determinación de incapacidad como el que requería.

Luego, expresa que con la Resolución 67 de la SRT (27-08-20), se procedió a exceptuar de la suspensión de los plazos administrativos a los actos ante las Comisiones Médicas y que en septiembre del año 2020 se normalizaron los trámites ante el ente administrativo de Viedma.

De este modo, aduce que se encuentra plenamente acreditado que al momento de la interposición de la demanda, el actor tenía vedado instar el trámite de determinación de incapacidad ante la Comisión Médica local.

Argumenta que tal circunstancia indefectiblemente impuso la necesidad de decretar la inconstitucionalidad de las normas que exigen el agotamiento obligatorio de la instancia prejudicial cuando es materialmente imposible hacerlo.

En cuanto al invocado apartamiento de los criterios establecidos por la CSJN para declarar la inconstitucionalidad de la norma, el accionante alega que la recurrente no correlaciona los mismos con las supuestas violaciones que le achaca al fallo, lo que impide su revisión por la Alzada.

Dice que el trámite previsto ha venido a coadyuvar con el objetivo principal de las ART, en franco detrimento de los derechosde los trabajadores. Así, sostiene que las aseguradoras en pos de defender su equilibrio económico financiero deniegan las prestaciones dinerarias y en especie, dilatándolas todo lo que fuera posible.

Detalla que el caso de marras es un fiel reflejo de dicho accionar, dado que la ART ha reconocido que el trabajador tiene una incapacidad a determinar, no obstante lo cual nunca promovió la instancia administrativa y actualmente en autos defiende estoicamente la exigencia de agotar la vía que nunca le interesó activar.

Agrega que cuando el trabajador participa en el trámite administrativo con asistencia letrada, el derecho de defensa resulta absolutamente cercenado, en virtud del acotado marco de actuación que se le permite al mismo y que aun cuando legalmente se haya pretendido nutrir al procedimiento administrativo con las garantías del debido proceso, es público y notorio que el sistema no brinda tales garantías, por la incapacidad técnica de los operadores del mismo.

4. Dictamen del señor Fiscal General:

Al pronunciarse el Señor Fiscal General, expone que la sentencia de la Cámara de origen no puede ser confirmada, en virtud de que se encuentra en contradicción con lo resuelto por la CSJN en autos «Pogonza, Jonathan Jesús c/ Galeno Art SA s/ accidente -ley especial-» (Fallo: 344:2307 del 02-09-21).

Respecto a la contradicción expuesta por el Tribunal de origen sobre la doctrina de la CSJN en «Ángel Estrada»; «Venialgo»; «Marchetti» y «Obregón», el señor Fiscal explicó que en el precedente antes indicado se analizó el alcance de los mismos con relación al trámite administrativo previo a la instancia judicial.

5. Análisis y solución del caso:

Ingresando en el examen del recurso extraordinario deducido por la recurrente, adelanto mi opinión de que el mismo ha de prosperar parcialmente. Doy razones:

5.1. La cuestión sustancial traída al conocimiento de esta instancia revisora recae en el test de constitucionalidad de los arts.1, 2 y 3 de la Ley Nº 27348, complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), sancionada el 15-02-17 y publicada en el Boletín Oficial el 24-02-17; el art. 1 de la Ley Provincial Nº 5253, de fecha 29-11-17, y del Decreto Nº 1590/18 (BO 29-11-18).

Es dable remarcar que la Ley Nº 27348 en su Título I (arts. 1 a 3) dispuso el paso por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente de toda otra intervención, a los fines de que el trabajador solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia y el porcentaje de incapacidad, como las correspondientes prestaciones en especie y dinerarias establecidas en la LRT y leyes complementarias. En su art. 4 se invita a las provincias a adherir a esta delegación de la jurisdicción administrativa en organismos federales.

La Provincia de Río Negro adhirió a las disposiciones contenidas en el Título I, mediante la Ley Nº 5253, bajo las condiciones establecidas en su articulado. La vigencia de la norma, así como la intervención obligatoria de las comisiones médicas de carácter pre-jurisdiccional y el agotamiento de la vía administrativa, quedó supeditada a la instrumentación de acuerdos de colaboración y coordinación con la SRT a los fines de que las Comisiones Médicas Jurisdiccionales actúen en el ámbito de la Provincia como instancia prejurisdiccional, cumpliendo con los lineamientos de gestión dispuestos en los incisos del art. 2 de la misma.

La ley Provincial fue luego reglamentada parcialmente por el Decreto N° 243/18. El art. 9 del Anexo I de este último aclaró que los aludidos convenios deberían ser ratificados por el Poder Ejecutivo Provincial a los fines de su aplicación y, finalmente, mediante el dictado del Decreto Nº 1590/18 se estableció la operatividad de las disposiciones antes mencionadas a partir del 29-12-18.

5.2.Delineado así el marco normativo aplicable, no puede soslayarse que en fecha 02-09-21 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró la validez constitucional del procedimiento previo y obligatorio ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales en materia de infortunios del trabajo (Autos: «Pogonza, Jonathan Jesús c/ Galeno ART S.A. s/ accidente-ley especial»).

En los considerandos sexto a noveno de la sentencia dictada en dicho precedente, el Máximo Tribunal consideró cumplidos los recaudos principales fijados en los fallos «Ángel Estrada» y «Fernández Arias», para convalidar el trámite obligatorio, previo y excluyente ante las comisiones médicas afirmando que: a) l as comisiones médicas han sido creadas y su competencia establecida por ley formal (Leyes Nº 24241, Nº 24557 y Nº 27348); b) el legislador ha sido razonable en la finalidad perseguida para atribuir competencia decisoria a las comisiones médicas y; c) la independencia e imparcialidad del órgano a los efectos de la materia específica y resguardan la garantía del debido proceso, destacando la intervención de Secretarios Técnicos letrados, teniendo la potestad de ordenar pruebas.

Agregó la Corte Suprema en su decisión que el sistema previsto en la Ley N° 27348 cumple con las exigencias fijadas en su jurisprudencia en cuanto al alcance de la revisión judicial, de conformidad a la cual en las controversias entre particulares, el control judicial suficiente se satisface con la existencia de una instancia de revisión ante la justicia en la que puedan debatirse plenamente los hechos y el derecho aplicable (Fallos: 344:2307).

Dicho ello, se impone recordar que si bien las decisiones de la Corte Suprema se circunscriben a los casos concretos que son sometidos a su consideración, los jueces deben -aun frente a la inexistencia de una norma en tal sentido- conformar sus decisiones a las sentencias de ese Tribunal dictadas en casos similares (Fallos: 307:1094; 312:2007; 316:221; 318:2060; 319:699; 321:2294), obligación esta que se sustenta en la responsabilidad institucional que le corresponde a aquella como titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal (art.108 Constitución Nacional), los que análogos, principios de igualdad y seguridad jurídica, así como razones de celeridad y economía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional (cf. doctrina de Fallos: 25:364; 212:51 y 160; 311:1644 y 2004; 318:2103; 320:1660; 321:3201 y sus citas). En definitiva, en virtud de los altos fundamentos constitucionales involucrados, si las sentencias de los tribunales se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, carecen de fundamento (Fallos: 307:1094) (CSJN 2148/2015/RH1 «Farina, Haydée Susana s/ homicidio culposo»).

5.3. En el caso traído a decisión de este Cuerpo, la Cámara del Trabajo sostuvo que las Leyes Nº 27348 y Nº 5253 resultan inconstitucionales porque irrazonablemente otorgan a las comisiones médicas facultades jurisdiccionales que son propias de los jueces; porque no se encuentra garantizada la imparcialidad de los referidos organismos administrativos -toda vez que el sistema es financiado por las ART-; y porque el control judicial que prevé la ley no es amplio ni suficiente.

En coincidencia con lo resuelto por la Corte Suprema en «Pogonza», no encuentro que la Ley N° 27348 y, consecuentemente, la Ley N° 5253 de adhesión provincial, vulneren el derecho a un acceso pleno a la justicia, el principio de juez natural, el derecho de defensa y el debido proceso, en cuanto disponen una instancia previa, administrativa de carácter obligatoria y excluyente.

Al respecto, es dable recalcar que en la instancia previa ante las Comisiones Médicas, el trabajador cuenta con la asistencia letrada gratuita y obligatoria durante todo el procedimiento administrativo, la asunción de los honorarios del letrado es a cargo de la ART, existe -tal como alude la recurrente- el libre consentimiento en alcanzarse o no un acuerdo, se respeta la bilateralidad, hay limitación temporal del trámite, y se garantiza la revisión judicial posterior.

Asimismo, la Ley Nº 27348 (art.3) prevé un plazo perentorio y fatal para que se expida el órgano administrativo que no puede exceder de 60 días, contados desde la primera presentación y a cuyo vencimiento queda expedita la instancia judicial, lo que garantiza el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable. El mismo permite prórroga por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, debidamente fundadas.

Lo dicho demuestra el principal objetivo de la implementación del régimen legal, consistente en agilizar el acceso inmediato para la obtención de las reparaciones sistémicas en materia de riesgo del trabajo.

Al respecto, sostuvo la CSJN en el precedente antes mencionado: «En esa línea, la Ley N° 24557 de Riesgos del Trabajo indica como objetivos particulares del seguro que organiza la reparación de los daños derivados del accidente o la enfermedad profesional la rehabilitación del trabajador damnificado y la promoción de su recalificación y recolocación (art. 1, ap. 2, inc. b y c). A su vez, la Ley N° 26773 señala que las disposiciones del régimen especial de reparación de los accidentes y enfermedades laborales tienen como objetivo específico la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias (art. 1). En consecuencia, resulta acorde a las características de la materia regulada, y a los objetivos públicos definidos por el mencionado régimen legal, la disposición en la esfera de la administración del Estado de un mecanismo institucional de respuesta ágil, organizado en base a parámetros estandarizados, que procure asegurar el acceso inmediato y automático a las prestaciones del seguro, y que evite el costo y el tiempo del litigio».

5.4.La Provincia de Río Negro -tal como anticipé- adhirió a las disposiciones de la Ley Nº 27348, en uso de sus facultades constitucionales y previó una serie de condicionamientos y requisitos en materia procedimental, así como la intervención necesaria de la autoridad administrativa local.

Contempló en el art. 2 inc. d) de la Ley Nº 5253, la participación conjunta de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y del Poder Ejecutivo Provincial en la selección de todos los integrantes de las comisiones médicas mediante mecanismos de transparencia que garanticen la igualdad de oportunidades y la idoneidad de los profesionales y en el inc. e), dispuso la objetividad y profesionalidad en los dictámenes médicos, asegurando la correcta aplicación de las reglas para la cuantificación del daño prevista en el sistema de riesgos del trabajo.

Además, en el art. 4 del mismo plexo normativo se dispuso que «ningún médico o abogado que cumpla sus funciones para la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en particular, dentro del ámbito de las comisiones médicas locales, puede tener relación de dependencia o vínculo con las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y/o representar en su caso a los trabajadores en los reclamos de la Ley Nacional N° 24557 y sus modificatorias».

En el marco de esta perspectiva, la consideración expuesta por la Cámara consistente en la falta de imparcialidad de la Comisión Médica, al entender que el cuerpo médico integrante de la misma actúa como juez, siendo pagos con fondos de la ART, resulta un fundamento hipotético, meramente conjetural, y carente de fundamentación legal.

Por otra parte, la adhesión provincial a la Ley Nacional, es coherente con el diseño constitucional, puesto que los aspectos previstos en el Título I del referido plexo normativo nacional, corresponden a regulaciones procedimentales y formales que las provincias reservaron para sí; esto es, al ejercicio de competencias legislativas no delegadas al Congreso de la Nación.

En ese mismo sentido, afirmó la Jueza Hilda Kogan al emitir su voto en la causa «Delgadillo, Jorge Gustavoc/ Ministerio de Seguridad s/ accidente de trabajo-acción especial»; pronunciamiento dictado el 27-05-20, por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires: «.participo de la opinión de que una ley provincial de adhesión a una de orden procesal nacional no es inconstitucional en sí misma -pues se admite, incluso, que leyes de fondo contengan normas procesales siempre que tiendan a asegurar la efectividad de los derechos que consagra la legislación de fondo que le incumbe sancionar (CSJN Fallos: 138:154 y 162:376; e.o.)- en las condiciones apuntadas, no observo avasallamiento alguno a los derechos y garantías vinculados al sistema federal de gobierno, en el esquema diseñado por la Constitución Nacional (arts. 1, 5, 31, 75 incs. 12 y 22, 116, 121, 122 y 123), toda vez que en cumplimiento de la manda de garantizar y asegurar su propio régimen jurisdiccional y -precisamente- en ejercicio pleno de dicho poder no delegado es que la Provincia de Buenos Aires aceptó, a través de un acto de su Legislatura (Ley N° 14997), las condiciones de la ley nacional a la cual presta adhesión, en tanto -así como los demás estados provinciales soberanos- fue invitada a hacerlo. Y, en tal sentido, es indiscutible que existe una práctica en el derecho constitucional provincial consistente en adherir a leyes nacionales.», «.Se deriva de lo expuesto -y sin que resulte necesario abundar en otros argumentos para apuntalar mi propuesta (como podría ser, por ejemplo, aquel asentado en el denominado «federalismo de concertación» por el que el Estado nacional y provincial pueden acordar perfectamente la distribución de competencias y, entre ellas, las jurisdiccionales)- que la Ley Provincial N° 14997 en cuanto adhiere al régimen de la Ley Nacional N° 27348 (arts. 1 a 4) no resulta violatoria de los principios contemplados en los arts. 5, 121 y 123 de la Constitución Nacional ni del art. 15 de la Provincial.».

5.5.No obstante lo antedicho, y coherente con el propósito de garantizar el debido control judicial de lo obrado en la instancia administrativa previa, este Superior Tribunal de Justicia, recientemente declaró la inconstitucionalidad del plazo de caducidad dispuesto en el art. 7 de la Ley Nº 5253 para incoar la acción ordinaria laboral; en el entendimiento de que configuraba una obstrucción injustificada del acceso a la tutela judicial (STJRNS3: Se. 124/22 «Riveros»).

Dicha revisión se encuentra resguardada en la Provincia de Río Negro con la intervención de los tribun ales del fuero del trabajo, según la ley de procedimiento laboral de la provincia, puesto que, en el marco de la referida revisión judicial plena, la decisión final sobre los dictámenes que dicten las comisiones médicas le corresponde a la justicia ordinaria laboral.

Por consiguiente, desde mi perspectiva están suficientemente aseguradas las garantías convencionales de tutela judicial efectiva, acceso a justicia (art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 8 de la Declaración Universal de Derecho humanos, arts. 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-) y debido proceso legal.

5.6. Ahora bien, la mayoría del Tribunal de grado en estas actuaciones abordó en forma preliminar el control de constitucionalidad de los arts. 1 y 2 de la Ley Nº 27348, art.1 de la Ley Nº 5253 y del Decreto Provincial N° 1590/18 y, por el modo en que resolvió, no ingresó en el tratamiento de la excepción articulada por la demandada por considerarla abstracta.

En consecuencia, en tanto se propicia la revocación de la decisión que declara inconstitucionales las normas recién referidas, corresponde entonces reenviar las actuaciones al Tribunal de origen para que, con distinta integración, se expida sobre la defensa de falta de acción por inhabilitación de la instancia interpuesta por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en el contexto descripto por las partes en sus escritos iniciales; cuestión ésta que sólo mereció tratamiento en el voto minoritario de la decisión recurrida.

6. Decisión:

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada y, en consecuencia: a) Revocar el Punto 1) de la parte dispositiva del fallo recaído en la instancia de grado, en cuanto declara la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 14 inc. 1 y 5 de la Ley Nº 27348, 1 de la Ley Nº 5253 y 2 del Decreto Provincial Nº 1590/18; b) Remitir las actuaciones a la Cámara para que -con otra integración- dicte un nuevo pronunciamiento y analice la excepción articulada por la demandada que fuera declarada abstracta por el Tribunal de origen; c) Con costas en ambas instancias en el orden causado por tratarse de una cuestión, respecto de la cual no existe hasta la presente doctrina legal de este STJ (art. 68 2da. parte CPCyC). -MI VOTO-.

A la misma cuestión las señoras Juezas doctoras Liliana Laura Piccinini y Cecilia Criado dijeron:

Coincidimos con lo manifestado por el señor Juez preopinante por lo que adherimos a los fundamentos por él vertidos y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Sergio G. Ceci y Sergio M. Barotto dijeron:

Atento a la coincidencia de los votos precedentes, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art.38 de la LO).

A la segunda cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:

Por las razones expresadas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia: a) Revocar el Punto 1) de la parte dispositiva del fallo recaído en la instancia de grado, en cuanto declara la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 14 inc. 1 y 5 de la Ley Nº 27348, 1 de la Ley Nº 5253 y 2 del Decreto Provincial Nº 1590/18; b) Remitir las actuaciones a la Cámara del Trabajo para que -con otra integración- dicte un nuevo pronunciamiento y analice la excepción articulada por la demandada, que fuera declarada abstracta en la sentencia de fecha 30-04-21; c) Con costas en ambas instancias en el orden causado por tratarse de una cuestión respecto de la cual no existe hasta la presente doctrina legal de este STJ (art. 68 2da. parte CPCyC). Asimismo, propongo que por su actuación ante esta vía, se regulen los honorarios profesionales del doctor Juan Manuel Brusa, en representación de la aseguradora demandada en el (%) de los que le corresponda oportunamente en la instancia de origen y los de los doctores Iván Alejandro Streitenberger Cachuk y Gastón Hernán Suracce -en conjunto- en representación de la parte actora, en el (%) de los que les correspondan en la instancia de origen, los que deberán ser abonados oportunamente ( arts. 15 y ccdtes. de la Ley G N 2212).

A la misma cuestión las señoras Juezas doctoras Liliana Laura Piccinini y Cecilia Criado dijeron:

Adherimos a la solución propuesta en el voto que antecede y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Sergio G. Ceci y Sergio M. Barotto dijeron:

NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 38 de la LO).

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E:

Primero:Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar el punto 1) de la parte dispositiva de la sentencia de grado de fecha 30-04-21, en cuanto declara la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 14 inc. 1 y 5 de la Ley Nº 27348, 1 de la Ley Nº 5253 y 2 del Decreto Provincial Nº 1590/18.

Segundo: Remitir las actuaciones a la Cámara del Trabajo para que -con otra integración- acorde las consideraciones expuestas precedentemente, dicte un nuevo pronunciamiento y analice la excepción articulada por la demandada que fuera declarada abstracta en la sentencia de fecha 30-04-21 (arts. 296 y ccdtes. del CPCyC y 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504).

Tercero: Imponer las costas en ambas instancias en el orden causado por tratarse de una cuestión respecto de la cual no existe hasta la presente doctrina legal de este STJ (art. 68 2da. parte CPCyC).

Cuarto: Regular honorarios profesionales del doctor Juan Manuel Brusa, en representación de la aseguradora demandada en el (%) de los que le corresponda oportunamente por la actuación que le cupo en la instancia de origen, y los de los doctores Iván Alejandro Streitenberger Cachuk y Gastón Hernán Suracce -en conjunto- en representación de la parte actora, en el (%) de los que les correspondan en la instancia de origen (arts. 15 y ccdtes. de la Ley G N 2212) los que se deberán abonar oportunamente. Cumplir con la Ley D N° 869.

Quinto: Notificar de conformidad a lo dispuesto en el art. 8 inc. a) del Anexo I de la Ac. N° 01/21-STJ, mod por Ac 03/22-STJ y, oportunamente proceder al cambio de radicación en las presentes actuaciones.

A %d blogueros les gusta esto: