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#Doctrina Algunas consideraciones sobre el efecto de la inflación en los procesos concursales

Autor: Casadío Martinez, Claudio A.

Fecha: 28-11-2022

Colección: Doctrina

Cita: MJ-DOC-16920-AR||MJD16920

Voces: CONCURSOS Y QUIEBRAS – CONCURSO PREVENTIVO – ACUERDO PREVENTIVO – INFLACIÓN

Sumario:
I. Proemio. II. Arancel y límite de los pequeños concursos. III. Los honorarios y su problemática. IV. Algunas propuestas de solución. V. Honorarios del controlador del acuerdo. VI. Colofón.

Doctrina:
Por Claudio A. Casadío Martinez (*)

I. PROEMIO

Nada nuevo diremos al sostener que la inflación produce una deformación y tergiversación de todas las variables económicas.

Precios y salarios se modifican constantemente y se carece de una «moneda» para realizar las transacciones, recurriéndose entonces por lo general a utilizar otra que se considera «fuerte» en reemplazo de la depreciada moneda nacional.

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En esta colaboración nos proponemos reflexionar brevemente sobre algunos de los efectos que produce la inflación en los procesos concursales, brindando una propuesta de cómo, en el actual marco legal, podría llegar a darse un paliativo a alguno de estos inconvenientes.

II. ARANCEL Y LÍMITE DE LOS PEQUEÑOS CONCURSOS

En primer lugar cabe consignar que el efecto de la alza de los valores de la economía y la desnaturalización del nominalismo ya fue tomado en consideración en el estatuto falimentario con la sanción de la ley 27170 que modificó lo atinente al Arancel al disponer que «Por cada solicitud de verificación de crédito que se presente, el acreedor, sea tempestivo, incidental o tardío, pagará al síndico un arancel equivalente al diez por ciento (10%) del salario mínimo vital y móvil que se sumará a dicho crédito. Exclúyase del arancel a los créditos de causa laboral, y a los equivalentes a menos de tres (3) salarios mínimos vitales y móviles, sin necesidad de declaración judicial».

Con lo cual resulta evidente que se advirtió la inconveniencia de continuar estableciendo un monto fijo, que previo a la reforma era de $ 50 y que al momento de la sanción de la ley 24522 equivalía a U$S 50, empero hoy aquel monto equivale a algo menos de 20 centavos de dólar, considerando a tales fines el llamado «dólar blue».

De igual modo esta norma establece el tope del pasivo para ser considerado pequeño concurso, que conforme la nueva redacción del art.288 LCQ acontecerá cuando «el pasivo denunciado no alcance el equivalente a trescientos (300) salarios mínimos vitales y móviles».

III. LOS HONORARIOS Y SU PROBLEMÁTICA

Liminarmente cabe consignar que la LCQ en cierta medida, aun en su redacción original, previa cierta «actualización de los mínimos» al vincularlos con el sueldo de Secretario. En efecto, los arts. 266 y 268 LCQ establecen como mínimo del total de honorarios regulables el 2 (dos) y 3 (tres) sueldos del secretario de primera instancia de la jurisdicción donde tramita el concurso preventivo o quiebra respectivamente. Sin embargo, estos mínimos no siempre son seguidos por los Tribunales como hemos analizado en otra oportunidad (1), en innumerables oportunidades son perforados.

En las quiebras, además de considerar el mínimo antes citado, la base regulatoria está dada por el activo realizado y allí calcular entre el 4 % y 12 % que, si ha sido colocado a plazo fijo o en otra inversión dispuesta por el juez, podríamos decir que se encuentra parcialmente protegida de la desvalorización y decimos parcialmente pues la tasa de los plazo fijo suele ser menor la inflación.

En el concurso la cuestión varía y es por lo general más grave. En efecto, en estos supuestos se debe tomar el Activo «prudencialmente estimado» y el Pasivo. Por lo general este último será el que emana de la resolución verificatoria del art. 36 LCQ, empero los pasivos allí incluidos contendrán intereses y valores a la fecha corte legalmente prevista, que es la de petición del concurso; esto hace que como minino y respetando a rajatabla los plazos legales, sin postergaciones, suspensiones ni ampliaciones de ninguna índole, habrá transcurrido un año. Este es el primer problema.

A ello debemos sumarle que el activo se obtendrá por lo general del Informe General del Síndico y las eventuales observaciones que recibiera, pero todo ello habrá acontecido 6 o 7 meses antes del momento regulatorio, plazos estos de mínima.Como se advierte, con las tasas inflacionarias actuales los valores considerados de activo y pasivo se encontrarán desactualizados y desfasados, con más razón aun si en el proceso se han concedido prórrogas u otras demoras, con lo cual los periodos antes citados pueden verse ampliados y superados ampliamente.

Esta es la principal problemática que afecta la regulación de honorarios.

Asimismo no es una cuestión menor lograr que una vez efectuadas las regulaciones, lo asignado a cada profesional no pierda poder adquisitivo atento que aun sin mediar apelación, en las quiebras deben remitirse los autos a la Cámara de Apelaciones en consulta conforme dispone el art. 272 LCQ.

IV. ALGUNAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Ante la situación descripta precedentemente, y que no es nueva, se han ensayados algunas propuestas, entre ellas merecen citarse.

a. Presentar un nuevo estado de activo y pasivo.

Se ha propuesto que al momento en que deben de regularse los honorarios se presente un estado detallado del Activo y del Pasivo, con valores actualizados a la fecha más próxima de homologación, al sólo efecto de exponer la variación por inflación, sin que esto pueda dar pie a nuevas modificaciones o que permita a la concursada impugnar en forma extemporánea la valuación de activos y pasivos, o generar sustanciaciones en tiempos impropios (es decir, tratar de hacer lo que no se hizo en la etapa del artículo 40 , LCQ y utilizar dicha oportunidad para revivir planteos o impugnaciones que eran propios de la etapa informativa) y así el Juez contará con elementos objetivos y actualizados a la época de resolver (2).

Por nuestra parte no concordamos que se pueda volver a presentar un valor actualizado sin oportunidad para que sean oídos los demás interesados.Adviértase que el Informe General requiere la indicación de «la composición actualizada y detallada del activo, con la estimación de los valores probables de realización de cada rubro, incluyendo intangibles», por ello estimamos que si se vuelven a estimar los valores de realización debe indefectiblemente brindar la opción de impugnar.

Distinta es la solución si solo se buscar actualizar los valores del Informe General mediante algún índice, como postulamos más adelante.

b. Regular honorarios en otra unidad de medida.

También se ha propugnado (3) utilizar las unidades de medidas previstas en algunas leyes arancelarias como la 27423. Al respecto debemos tener presente que esta norma que establece los honorarios para abogados y procuradores y auxiliares de la Justicia Nacional y Federal dispone regular en una nueva unidad de medida, mediante la conversión en UMA. Así el art. 19 de dicha ley, establece: «Instituyese la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) para los honorarios profesionales de los abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia, la que equivaldrá al tres por ciento (3%) de la remuneración básica asignada al cargo de juez federal de primera instancia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación suministrará y publicará mensualmente por el medio a determinar por dicho Alto Tribunal, el valor resultante, eliminando las fracciones decimales e informará a las diferentes cámaras el valor de la UMA».

Conforme esta postura esta forma de regulación blindaría los honorarios una vez regulados, pero deja sin responder la cuestión de la regulación efectuada sobre valores desfasados.

c. Actualizar el valor del activo.Por nuestra parte entendemos que los valores indicados por el síndico en su Informe General deberían ser actualizados mediante la utilización de algún índice, sea de precios mayoristas o índice de precios al consumidor.

Otra alternativa podría ser convertir el valor indicado por el síndico en su Informe General a otra moneda «fuerte» en el caso «dólares estadounidenses» y luego esa suma convertirla en pesos al momento de la regulación, obteniendo así valores actuales del Activo, utilizando la misma cotización, sea oficial o MEP u otra oficial que se considere, descartando que pueda hacerse mediante el llamado «dólar blue». Esto podría hacerlo el síndico en su informe, incluyendo ambos valores, es decir en pesos y en la divisa estadounidenses indicando cual cotización se ha usado, ya que el estatuto falimentario no lo prohíbe.

Independientemente que lo haga o no el síndico, ambas alternativas podrían ser utilizadas por el juez en su resolución regulatoria sin mayores inconvenientes por cuanto la LCQ no le impone utilizar aquel guarismo dado por el síndico, sino que debe estimar el valor del activo, para lo cual perfectamente puede tomar el valor del Activo del Informe General y actualizarlo a la fecha de la homologación y consecuente regulación.

En cuanto al pasivo, si bien no vemos posible su conversión en dólares (u otra moneda) estimamos que bien podría reconocerse intereses para obtener valores actuales del mismo, pero no vemos factible su conversión en dólares.

V. HONORARIOS DEL CONTROLADOS DEL ACUERDO

En los pequeños concursos el síndico continúa actuando como controlador del acuerdo y por sus tareas se lo remunera con el 1 % de lo pagado a los acreedores.

Ateniéndonos al texto legal y considerando que en los concursos -por lo menos en nuestra experiencia- los plazo de pago van de 2 o 3 años hasta 10 o 15, con un promedio de 5 o 6 años, tendremos que para al momento de decretar el cumplimiento del acuerdo (art.59 LCQ), a fin de determinar la base sobre la que determinar los honorarios se consideraran sumas pagadas hace 4 o 5 años (cuando no 10 o más años), y que estarán totalmente desactualizadas.

Por ello estimamos que los montos de tales cuotas abonadas deben actualizarse a la fecha de la regulación, sea por medio de un índice o bien con los intereses pactados o receptados jurisprudencialmente. Estimamos que esta alternativa, no prevista en el estatuto falimentio, no resulta contra legem por cuanto ha cambiado el escenario económico en que se dictó la ley 24522 (convertibilidad, paridad 1 $ = 1 U$S, y baja inflación).

Otra alternativa, que acotemos no vemos posible aplicar en el marco legal actual, pero que de lege ferenda debería ser la utilizada es que se efectúen liquidaciones parciales (si se quiere manteniendo el 1% y sin ingresar al análisis de lo exiguo de tal emolumento) y que se abone al vencimiento de cada cuota pactada

VI. COLOFÓN

La inflación hace estragos en la economía y los argentinos conocemos este fenómeno desde el siglo pasado, en ese escenario los procesos concursales, de neto corte económico, no permanecen ajenos a ello y entre otros efectos erosionan las regulaciones de honorarios.

De allí estimamos los jueces pueden (rectius deben), respetando la normativa legal, buscar soluciones que satisfagan la multiplicidad de interese en juego y de los diferentes operadores jurídicos.

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(1) Autor: Casadío Martínez, Claudio A. Del 26-04-2011,

EN LOS ‘PEQUEÑÍSIMOS CONCURSOS’ (‘MICROCONCURSOS’), ¿CORRESPONDE REGULAR HONORARIOS MÍNIMOS, PROPORCIONALES O DEJAR LA CUESTIÓN AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL?

(2) ¿PODREMOS RECONOCER EL EFECTO INFLACIONARIO EN LOS CONCURSOS Y EN LAS QUIEBRAS? por MARTIN G. STUPNIK, ANDRES ARIEL STUPNIK y SERGIO A. J. STUPNIK (Doctrina Societaria y Concursal, Tomo XX, Edición Nº 251, Octubre 2008, pág. 941 a 953, editada por Errepar S.A., Buenos Aires, Argentina)

(3) https://reprodigital.com.ar/nota/507/honorarios_de_sindicatura_en_tiempos_de_inflacion

(*) Profesor Titular Plenario de Derecho Concursal, UNC. Profesor de posgrado de diversas universidades del país. Profesor Honorario, Universidad Aconcagua. Premio Academia Nacional de Derecho de Córdoba 1998. Distinción académica «Ut portet nomen meun coram gentibus», Facultad de Derecho, UNC. Autor de veinticinco libros de la especialidad. Autor de más de trescientos artículos en diversas revistas especializadas. Disertante en más de 350 conferencias en diversas universidades e instituciones jurídicas. Fiscal de Cámara Civil y Comercial. Director del Instituto de Estudios de la Magistratura de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba. Presidente Honorario de la Fundación para el Estudio del Derecho Concursal y la Empresa en Crisis, Pablo Van Nieuwenhove, Tucumán. Director del Semanario Jurídico de Comercio y Justicia. Investigador Categoría 1 por la CONEAU en el ámbito universitario. Ex Juez Concursal de la Ciudad de Córdoba. Ex Director del Departamento de Derecho Comercial, Facultad de Derecho, UNC.

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