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#Fallos Las funciones domésticas se compensan: Durante la unión concubinaria postergó sus posibilidades de desempeñarse en tareas laborales en igualdad de condiciones que su expareja, por lo que se admite una compensación económica

Partes: B. A. L. c/ I. G. M. s/ compensación económica

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Dolores

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 20 de octubre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138986-AR|MJJ138986|MJJ138986

Voces: COMPENSACIÓN ECONÓMICA – SEPARACIÓN DE HECHO – PERSPECTIVA DE GÉNERO – CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER – CONCUBINATO

Compensación económica para quien estuvo a cargo de las funciones domésticas en el transcurso de la unión concubinaria postergando sus posibilidades de desempeñarse en tareas laborales en igualdad de condiciones que su expareja.

Sumario:
1.-Corresponde confirmar la demanda que admitió la compensación económica, por resultar demostrado el desequilibrio económico de la reclamante, o el descenso en el nivel de vida gozado en el transcurso de la unión concubinaria con el demandado, a partir de la ruptura pues la división de tareas puede funcionar mientras se mantenga un proyecto de vida en común; pero, cuando sobreviene la ruptura, el proyecto se frustra y el equilibrio se rompe.

2.-La parte que tuvo principal y exclusivamente a su cargo las funciones domésticas, se ve doblemente sobrecargada pues por un lado, asume casi exclusivamente el cuidado de los hijos (con todo el esfuerzo y atención que ello requiere), y por el otro, debe enfrentarse e interactuar con el mundo exterior de manera más activa, buscando cómo generar ingresos; y en tal contexto, sus posibilidades de desempeñarse en tareas laborales en igualdad de condiciones que su expareja -que siempre se mantuvo activo, contando con la ayuda doméstica de la conviviente-, se ven nuevamente postergadas.

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3.-La figura de la compensación económica juega un papel esencial a la hora de reequilibrar la situación dispar resultante de la unión y su ruptura, no en el sentido de equiparar plenamente patrimonios como señala el apelante, que pueden ser desiguales por razones ajenas a la convivencia, sino en el de colocar a la perjudicada en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría tenido de no mediar el vínculo.

4.-Las probabilidades de rendimiento económico actual de ellos son diferentes, independientemente de una posterior reinserción laboral de la actora; ya que a raíz de su habitualidad en los menesteres de ama de casa (que sin dudas contribuyeron a que el demandado haya podido desarrollarse económicamente), la misma ha estado condicionada para capacitarse a los fines laborales, contando ahora con menores chances de conseguir un buen empleo; máxime siendo que no es ajena a la valoración la perspectiva de género, pues la realidad demuestra que en general son las mujeres quienes, tras dedicarse a la atención del hogar y cuidado de los hijos, relegan su crecimiento profesional.

5.-La incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional, implica cumplir la obligación constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a la igualdad, remediando no sólo relaciones asimétricas de poder sino cualquier situación estructural de desigualdad que pudiera tener origen en esas condiciones (arts. 16 , 75 inc. 22 de la Const. Nac.; Recomendación General n° 28 del Comité CEDAW, párrafo 10; 2 , 3, 6 y 7 incs. b, d, f y g de la Convención de Belém do Pará; 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).

6.-El estereotipo de sociedad patriarcal, reproduce desigualdades y con ello diferentes formas de vulnerabilidad que, en el caso, permite divisar que la actora, en el marco de la distribución de esos roles, ha relegado elementos como la capacidad laboral y la posibilidad de inserción laboral o profesional, a diferencia de su concubino quien -incluso- registró bienes durante la unión.

7.-La necesidad o el nivel de vida en general, que ambos han mantenido incluso desde antes de la unión, no tiene por qué hacer presumir el desequilibrio, como indica el recurrente en su fundamentación, pero, cuando esta necesidad se torna evidente inmediatamente después de producida la separación y se determina que la posición económica de uno de los concubinos es ventajosa frente a la del requirente, como consecuencia de los roles asignados en la vida familiar, el desequilibrio resulta patente.

Fallo:
Reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial Dolores, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa nº 100.918, caratulada: «B, A L C/ I, G M S/ COMPENSACIÓN ECONÓMICA», habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. Mauricio Janka y Daniela Galdos (Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 2), quien integra el Tribunal (arts. 39 y 40 de la ley 5.827).

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

Primera cuestión: ¿Procede el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 11.07.2022? Segunda cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada el señor juez doctor Janka dijo:

I. Contra la sentencia dictada el 11.07.2022 interpuso el demandado el recurso de apelación del 14.07.2022; concedido libremente, expresó sus agravios el 10.08.2022, contestados el 23.08.2022.

II. La sentenciante de grado hizo lugar a la demanda por compensación económica, promovida el 22.05.2020 por B contra I, por la suma de $ 455.400,00.

Consideró demostrado el desequilibrio económico de la reclamante, o el descenso en el nivel de vida gozado en el transcurso de la unión concubinaria con el demandado, a partir de la ruptura.

Valoró que la actora dejó de trabajar desde el inicio de la relación, para atender al hogar familiar e hijos de la pareja, y que debió retirarse del domicilio en forma intempestiva a raíz de una situación de violencia familiar generada por el accionado (expte. n° 38.623).

Tuvo en cuenta la capacidad económica de ambas partes, antes y después de la separación, edades, estado de salud en general, etc.; elementos que, entre otros, fueron estimados al cuantificar el valor de condena.

III.Señala el apelante que, negado el desequilibrio socioeconómico invocado por la actora, quedaba a su exclusivo cargo la prueba de esa circunstancia.

Se detiene en que los requisitos de procedencia de la pretensión no se probaron, más allá de la convivencia, hijos en común y problemas de pareja que llevaron a la separación.

Indica ser propietario de los bienes a que alude la juzgadora -inmueble y automotores- desde antes del inicio de la convivencia; que el pequeño comercio de barrio que explotaba, en el que también colaboraba la actora, se cerró a causa de la pandemia.

Aduce que, más allá de las declaraciones testimoniales que nada lograron aportar al debate, se puede advertir que el empeoramiento de la situación de la contraria, no tuvo por causa la ruptura; pues ambos quedaron empobrecidos por la simple razón de que nunca tuvieron una situación holgada de ingresos.

Que nunca se benefició de la relación porque su nivel de vida era igual o peor que a su inicio.

Es decir, ambos «.ingresaron a la convivencia en una condición económica muy humilde, y terminaron (.) de la misma forma.» (sic), por lo que debió compararse el patrimonio de los convivientes al comienzo y a la ruptura.

También, la dedicación que cada uno brindó a la familia y educación de los hijos, como las posibilidades de la actora de acceder a un empleo registrado.

Se agravia del monto de la compensación por considerarla excesiva, dadas las condiciones de vida de ambos y que ninguno fue patrimonialmente favorecido, resultando «.un dislate que (.) debiera malvender algún bien a fin de hacerse del dinero de la condena.» (sic).

IV.Referenciados los antecedentes del caso, cabe señalar que el desequilibrio que signifique el empeoramiento de la situación económica del o la reclamante de la compensación, con causa adecuada en la unión y su ruptura, puede ser provocado por diversos factores.

Por ejemplo, la pérdida de oportunidades por haber dedicado tiempo y esfuerzo a la crianza de hijos y al trabajo doméstico, probándose que se ha generado la imposibilidad o dificultad de una reinserción social y laboral.

Puede acaecer la frustración de un mejor posicionamiento laboral, derivado especialmente de la capacitación que no pudo efectuarse, o la pérdida de una oportunidad en el mercado profesional que no logra revertirse -que es dificultoso o mediato-, no sólo por la edad sino por otras condiciones subjetivas al tiempo de la ruptura (arg. art. 525 y su conc. art. 441 del CCyCN).

Dentro de los elementos a considerar a fin de valorar la procedencia de este correctivo, que tiende a evitar las desigualdades que la ruptura provoca como consecuencia de las diferentes capacidades de obtener ingresos -que se desarrollaron o consolidaron durante la vida en común-, no hay duda de que la existencia de un desequilibrio económico es ineludible.

Sin embargo, su comprobación no se agota en la confrontación estática de patrimonios, como considera el apelante, sino que exige la evaluación cuidadosa de un conjunto de circunstancias causales -objetivas y subjetivasque llevaron al relegamiento en su más amplia gama.

Con el objetivo de evaluar la procedencia del reclamo, la jueza escuchó fundamentalmente a los testigos propuestos, quienes expusieron sobre la dinámica familiar de la pareja durante la convivencia, confirmando que la actora trabajaba antes de comenzar la relación con el demandado y que, durante la unión convivencial, dejó de hacerlo para dedicarse a las labores domésticas y al cuidado de los dos hijos de la pareja.

Asimismo, que el demandado mantuvo sus actividades laborales durante y después de la convivencia, incrementando incluso su propio patrimonio durante la misma; también dieron cuenta de su nivel de vida desarrollado conposterioridad.

Ello a diferencia de B, quien dejó de estudiar y trabajar para dedicarse a la vida familiar, y a quien la separación no encontró en igualdad de condiciones, sumado a las especiales circunstancias en que acaeció, punto sobre el que volveré.

Por ejemplo, la testigo Buñirigo, contestó a la pregunta «h» (para que describa, si sabe, por qué la actora dejó de estudiar) que: «.yo creería por los chicos y porque él también era posesivo, quería que estuviera con los chicos y que no trabajara afuera.» (sic) (v. acta del 15.12.2021).

Asimismo, los testigos ofrecidos por el demandado Tieri y Vicario, respondieron a la pregunta «3» (si le consta que B realizaba alguna actividad laboral mientras convivió con el Sr. I) que no (v. actas del 27.12.2021).

La testigo Castro refirió que «.iniciada la convivencia él era empleado de Villa del Sur y ella se dedicaba a la casa.» (sic) (v. acta del 15.12.2021) (arts. 384, 456, CPCC).

El apelante no alude, en su expresión de agravios, a la valoración de la prueba testimonial como pilar trascendental de la sentencia, dejando sin formular a su respecto una crítica concreta y razonada a la luz de la exigencia del art. 260 del CPCC.

La juzgadora detalló qué declaraciones testimoniales eran primordiales y cómo lograron acreditar los extremos aludidos, punto que arriba incólume a esta instancia pues el apelante guarda silencio, más allá de la afirmación general dirigida a que ese medio de prueba nada aporta al caso.

Este Tribunal está impedido de examinar incluso las cuestiones decisivas para el desenlace del proceso, si al expresar agravios el apelante no realiza un planteo a su respecto. Principio de inexorable cumplimiento sin perjuicio del acierto o desacierto con que se hubiera dictado la sentencia en crisis (SCBA, Ac. 74.366, sent.del 19.2.2002, entre otros).

En ese sendero, el juez de la apelación no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos, porque en razón del principio dispositivo que rige nuestro sistema legal, la actuación jurisdiccional (en general) tiene fundamento en el ejercicio de los derechos que asisten a las partes ante la petición de su tutela (arts. 18 de la CN; 15, Const. Prov.; 34 inc. 4, 272 del CPCC).

Avanzando en los cuestionamientos propuestos, si bien no es necesario analizar los motivos personales o «.de pareja.» (sic) que llevaron a la separación, como asevera el apelante, sí es posible valorar en qué condiciones y circunstancias, fundamentalmente económicas, la actora se retiró del hogar familiar al momento de la ruptura (art. 384 del CPCC).

Este aspecto quedó suficientemente reflejado en autos, no sólo a partir de las declaraciones testimoniales vertidas que, reitero, no fueron materia de cuestionamiento.

Sino también a partir de la denuncia de violencia familiar realizada por B el 26.12.2019, medidas judiciales adoptadas en los términos de la ley 12.569 y demás constancias obrantes en el proceso sobre protección contra la violencia (agregado al 10.08.2020, expte. n° 38.623 de trámite ante el mismo juzgado de origen).

De allí surge que dejó intempestivamente el domicilio como consecuencia de la situación de violencia atravesada durante años (v. informe pericial psicológico, pág. 10 y ss), bajo una clara situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Ello se evidencia, por ejemplo, con la orden judicial dirigida al demandado, de hacer entrega a B de ropa, documentación, enseres personales de uso diario – de ella misma y de sus hijos- y con la reiterada orden de entrega elementos muebles de primera necesidad -como la cama-.

Asimismo, con la disposición de que se la incorpore a programas vigentes de reinserción laboral y a los destinados a responder ante emergencias sociales (v.resoluciones interlocutorias del 27.12.2019, 17.07.2020 y 06.08.2020).

Asimismo, la testigo Buñirigo respondió en estos autos, a la pregunta «k», que:

«.al principio cuando se separaron se fue a vivir a lo de una amiga con las dos criaturas y luego se fue por unos días conmigo porque no se sentía cómoda, se sentía como de prestada. Y luego la vinieron a buscar del Hogar La Casita con las dos criaturas y los bolsos y los llevaron en una camioneta.» (sic).

Relató que «.la vi un día muy mal, caminando por la calle, sin un peso, incluso la tuve viviendo en mi casa con los nenes, en una situación de vulnerabilidad total, con dos bolsos con ropa y juguetes de los nenes (.) sólo tiene muebles en el departamentito, todos donados, tiene un anafe para cocinar, una heladerita, una mesa, una cama, él sólo le dio una bicicleta que era de ella y un televisor de los que había en la casa para que vieran dibujitos.» (sic).

La testigo Castro respondió que:». viven en un departamentito en la calle Maipú (.) solo tiene muebles.» (sic), «.se fue a la casa de una amiga de la calle Marín, a un departamento y a los días cuando le llevó las pertenencias, que sólo constaba de ropa también le llevó a los nenes que no los había visto.» (sic).

Lo descripto denota que, al terminar la relación convivencial, la actora quedó en situación de vulnerabilidad socio económica y en una posición inferior a la del demandado, dejando el hogar intempestivamente, sin ingresos fijos, destino habitacional determinado y sin llevar consigo elementos cotidianos básicos.

Tales elementos probatorios, dan cuenta de una dinámica familiar con claros estereotipos patriarcales con roles definidos.

El estereotipo de sociedad patriarcal, reproduce desigualdades y con ello diferentes formas de vulnerabilidad que, en el caso, permite divisar que la actora, en el marco de la distribución de esos roles, ha relegado elementos como la capacidad laboral y la posibilidad de inserción laboral o profesional, a diferencia de su concubino quien -incluso- registró bienes durante la unión.

El estado patrimonial del demandado surge acreditado con la prueba informativa: es titular de un inmueble sito en la calle Remedios de Escalada (Circ. II, secc. A, Ch,10, maz.10h, parcela 18 uf 3, matrícula 10.941), inscripto a su nombre en un 100% el 02.05.2014 (v. informe de dominio acompañado el 05.11.2021 e índice de titularidad de fecha 03.06.2021, adjunto al 27.05.21).

También, de un ciclomotor Honda XR 250, valuado en $132.000,00, inscripto el 23.04.2018 en un 100% a nombre del demandado (v. informe emitido por la Municipalidad de Chascomús el 13.04.2021, agregado el 21.04.2021; e informe de estado de dominio por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, seccional Chascomús, en fecha 13.04.2021, agregado el 13.04.2021).

Ambos bienes fueron registrados durante la convivencia (el primero de ellos durante la gestación de uno de los hijos, conf.certificado de nacimiento adjunto al 22.05.2020), cayendo por su propio peso los argumentos del accionado dirigidos a que los poseía desde antes de la unión.

Las fechas de las inscripciones son la prueba evidente de ello, sin que se hubiera producido otra en contrario respecto de alguna posesión anterior que pudiera, en su caso, ameritar una conclusión distinta (art. 375 del CPCC).

El demandado también es titular registral de un automóvil Peugeot, dominio, GRO618 con una valuación fiscal de $ 239.400,00 inscripto el 16.11.2007 (v. informe de la Municipalidad de Chascomús del 13.04.2021 e informe del Registro de la Propiedad Automotor del 19.04.2021).

Asimismo, según lo expresado en el informe socioambiental del 20.09.2021, habita una vivienda propiedad de sus abuelos paternos (fallecidos), ubicada en el barrio «Villa Luján» de Chascomús, y expresó trabajar a dicha fecha como empleado «.en la Empresa Fibra TV.» (sic).

Por otra parte, no se comprobó que la actora tuviera bienes inmuebles y/o muebles a su nombre, y sí que en la actualidad alquilaría una vivienda muy pequeña, según informe socioambiental y declaraciones testimoniales citadas, con mobiliario y electrodomésticos

mínimos como la heladera y el anafe (sin cocina) que obtuvo por donaciones (Club de Leones, amigas, familiares, vecinos); también, que actualmente es empleada municipal.

Pues, contrariamente a lo que afirma el apelante, en la sentencia puesta en crisis se evaluó y comparó el patrimonio de los convivientes al inicio y al momento de la ruptura, confirmando que los bienes que adquirió el hombre (en su mayoría) fueron luego del inicio de la convivencia; y que, al finalizarla, ya tenía un trabajo en relación de dependencia.En cambio, la actora no tenía trabajo estable ni bienes a su nombre, ni finalizados los estudios que realizaba, retirándose del hogar en tales condiciones.

Asimismo, cabe señalar que la necesidad o el nivel de vida en general, que ambos han mantenido incluso desde antes de la unión, no tiene por qué hacer presumir el desequilibrio, como indica el recurrente en su fundamentación.

Pero, cuando esta necesidad se torna evidente inmediatamente después de producida la separación y se determina que la posición económica de uno de los concubinos es ventajosa frente a la del requirente, como consecuencia de los roles asignados en la vida familiar, el desequilibrio resulta patente.

Las probabilidades de rendimiento económico actual de ellos son diferentes, independientemente de una posterior reinserción laboral de la actora; ya que a raíz de su habitualidad en los menesteres de ama de casa (que sin dudas contribuyeron a que el demandado haya podido desarrollarse económicamente), la misma ha estado condicionada para capacitarse a los fines laborales, contando ahora con menores chances de conseguir un buen empleo.

Cabe agregar que no es ajena a la valoración la perspectiva de género, pues la realidad demuestra que en general son las mujeres quienes, tras dedicarse a la atención del hogar y cuidado de los hijos, relegan su crecimiento profesional.

La figura bajo análisis debe ser interpretada en los términos previstos por el art.3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que determina que los Estados Parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en igualdad de condiciones con el hombre.

La incorporación de dicha perspectiva en la labor jurisdiccional, implica cumplir la obligación constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a la igualdad,remediando no sólo relaciones asimétricas de poder sino cualquier situación estructural de desigualdad que pudiera tener origen en esas condiciones (arts. 16, 75 inc. 22 de la Const. Nac.; Recomendación General n° 28 del Comité CEDAW, párrafo 10; 2, 3, 6 y 7 incs. b, d, f y g de la Convención de Belém do Pará; 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).

En ese contexto, es posible afirmar que la división de tareas puede funcionar mientras se mantenga un proyecto de vida en común; pero, cuando sobreviene la ruptura, el proyecto se frustra y el equilibrio se rompe.

Y la parte que tuvo principal y exclusivamente a su cargo las funciones domésticas, se ve doblemente sobrecargada: por un lado, asume casi exclusivamente el cuidado de los hijos (con

todo el esfuerzo y atención que ello requiere); y por el otro, debe enfrentarse e interactuar con el mundo exterior de manera más activa, buscando cómo generar ingresos.

Así, sus posibilidades de desempeñarse en tareas laborales en igualdad de condiciones que su expareja -que siempre se mantuvo activo, contando con la ayuda doméstica de la conviviente-, se ven nuevamente postergadas.

Es ahí donde la figura de la compensación económica juega un papel esencial: reequilibrar la situación dispar resultante de la unión y su ruptura, no en el sentido de equiparar plenamente patrimonios como señala el apelante, que pueden ser desiguales por razones ajenas a la convivencia, sino en el de colocar a la perjudicada en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría tenido de no mediar el vínculo.

A lo anterior, es importante añadir que equivoca el camino el apelante al aludir a la carga de la prueba en cabeza de la actora. Es que en el ámbito de los procesos de familia rige explícitamente el principio de la carga de la prueba dinámica:recae en quien se encuentre en mejores condiciones de probar en un análisis integral de las circunstancias (arts. 709, 710 CCyCN).

Más allá de ello, acá fueron suficientemente acreditados los presupuestos de procedencia de la acción, sin que, por su parte, el demandado lograra probar los hechos impeditivos invocados.

De hecho, se declaró su negligencia respecto de la prueba de informes dirigida a AFIP (v. apartado V.c del escrito de contestación de demanda y resolución interlocutoria del 24.05.2022), e incompareció a la audiencia de absolución de posiciones (v. acta del 22.10.2021).

Lo expuesto me permite concluir en que debe otorgarse una compensación económica suficiente y razonable, de modo que efectivamente cumpla con su finalidad conforme los principios expuestos.

En este entendimiento, no encuentro motivos válidos para reducir el valor de condena establecido.

Para su determinación también fueron tenidos en cuenta los pocos elementos señalados por el apelante, como la edad de la actora (33 años, v. DNI acompañado al 22.05.2020), su capacidad para trabajar en la actualidad, también su buen estado de salud en general.

Pero, aun así, si bien esa plena capacidad de reubicarse en el ámbito laboral puede ser un indicador para evaluar la estimación en miras a la real necesidad, en modo alguno es un impedimento o justificativo de reducción en el caso, dada su situación notablemente más precaria que la de su ex concubino y lo ya reducido del monto fijado.

Ello tiene que ver con la causa adecuada que el art. 524 del CCyCN impone, que queda configurada desde que el desequilibrio se relaciona con el proyecto familiar y su ruptura, con el esfuerzo aportado a la vida en común en detrimento del desarrollo e independencia individual:hubo renuncias, postergaciones y sacrificios de uno, en beneficio del otro o del hogar familia r.

Por lo demás, el apelante no logra hacer ver lo elevado del monto de condena, reflejando en el punto los mismos argumentos desplegados en relación al fondo de la cuestión, que ya han merecido análisis y que derivan en el mantenimiento del valor fijado (art. 260 del CPCC).

V. En consecuencia, teniendo en cuenta la finalidad compensatoria del instituto, valorando las circunstancias personales de las partes y el marcado desequilibrio patrimonial, propongo desechar el recurso y confirmar la sentencia apelada del 11.07.2022 (arts. 16, 18, 75 inc. 22, CN; 15 de la Const. Prov.; Recomendación Gral. n° 28 del Comité CEDAW, párr. 10; 2, 3, 6 y 7 incs. b, d, f y g de la Convención de Belém do Pará; 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 441, 524, 524, 709, 710 CCyCN; 34 inc. 4, 68, 272, 375, 260, 384, 456 del CPCC).

VI. Las costas de esta instancia deberán ser afrontadas por el recurrente en su objetiva condición vencido (art. 68 CPCC).

Voto por la negativa.

La señora jueza doctora Galdos adhirió al voto precedente por los mismos fundamentos.

A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Janka dijo:

Conforme se ha votado la cuestión anterior, corresponde confirmar la sentencia apelada del 11.07.2022, con costas de esta instancia al recurrente vencido (arts. cit.).

Así lo voto.

La señora jueza doctora Galdos votó en análogo sentido.

Con lo que terminó el presente acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A

De conformidad al resultado que instruye la votación del acuerdo que antecede, fundamentos, citas legales y jurisprudenciales que se dan por reproducidas, se confirma la sentencia apelada del 11.07.2022, con costas de esta instancia al recurrente vencido y difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la LHP).

Regístrese. Notifíquese. Devuélvase por la vía que corresponda.

Suscripto y registrado por el Actuario firmante en la ciudad de Dolores, en la fecha indicada en la constancia digital de la firma (Ac. 3975/20 SCBA).

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 20/10/2022 11:22:23 – JANKA Mauricio – JUEZ

Funcionario Firmante: 20/10/2022 11:43:46 – GALDOS Daniela – JUEZ

Funcionario Firmante: 20/10/2022 11:53:30 – FERNANDEZ Gaston Cesar – SECRETARIO DE CÁMARA

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