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#Fallos Presunciones: Puesto que la presunción del art. 23 LCT puede caer mediante prueba en contrario, si el trabajador no comprobó la relación de dependencia debe rechazarse la demanda

Partes: Borda Ester c/ Patricio Luis Sotelo y otro s/ Demanda laboral

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 28 de septiembre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138996-AR|MJJ138996|MJJ138996

Se rechaza una demanda laboral porque el actor no pudo comprobar la relación de dependencia, y porque la presunción del art. 23 LCT, puede caer, mediante prueba en contrario.

Sumario:
1.-La falta de precisión de la reclamante en cuanto a datos de la vinculación, carencia de prueba asertiva de los elementos determinantes de una de carácter laboral con sus notas tipificantes de subordinación técnica, económica y jurídica, determinaron la inexistencia de una relación laboral.

2.-La presunción del art. 23 de la LCT cae cuando las circunstancias, relaciones o causas que la motivan permitan llevar a una demostración o conclusión contraria, pudiendo surgir esa prueba ‘en contrario’, de los mismos hechos narrados por el trabajador, o por cualquier otro medio incorporado por cualquiera de las partes, o surgir de la propia modalidad de la prestación, de los sujetos, en especial del empleador.

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3.-Llama la atención la cronología de los actos previos a la promoción de la demanda, pues las intimaciones de corte laboral sobrevinieron con posterioridad a la exposición que formulara el demandado en relación a la negativa a abandonar el inmueble por parte de la actora y su hija, quienes lo habitaban con otros integrantes de la familia.

4.-El contenido de las declaraciones testimoniales no hacen más que confirmar aquello no negado por el accionado, es decir, que el actor habitaba en el inmueble conllevando ello la realización de aquellas tareas necesarias para mantener el lugar donde residía con su familia.

Fallo:
En la ciudad de Corrientes, a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil veintidós, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan, Alejandro Alberto Chaín, con la Presidencia del Dr. Eduardo Gilberto Panseri, en su calidad de Subrogante, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº EXP – 182467/19, caratulado: «BORDA ESTER C/ PATRICIO LUIS SOTELO Y OTRA Y/O Q. R. R. S/ DEMANDA LABORAL».

Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Fernando Augusto Niz, Eduardo Gilberto Panseri, Alejandro Alberto Chaín y Guillermo Horacio Semhan.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

C U E S T I O N

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

I.- Contra la sentencia N° 102/2022 pronunciada a fs. 344/350 que revocó el decisorio dictado en origen, consideró inexistente la relación laboral invocada y desestimó la demanda impetrada con costas a cargo de la accionante, esta última -por apoderado- dedujo el recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento (pre-// sentado en formato digital).

II.- Cumplidos los recaudos formales previstos en la ley 3.540, corresponde considerar los agravios que lo sustentaron.

III.- Una breve reseña de la cuestión sometida a debate evidencia la pretensión de la actora reclamando diversos rubros como correspondientes a la extinción de la relación laboral que, adujo, la vinculó con los demandados. En ese sentido indicó haber prestado servicios para Sotelo y Cardozo desde febrero de 2015, en el domicilio propiedad de éstos asignado bajo órdenes de habitar allí con su familia, realizando tareas de «sereno» (CCT 507/07, vigilador general), trabajando desde el inicio en jornadas de 24 horas de corrido, de lunes a lunes. Expresó que en agosto de 2017 consiguió trabajo como «empleada de casas particulares», de 8,00 a 15,00 hs., por lo que la jornada varió a la de 16,00 a 8,00 del día siguiente.Agregó que para cubrir el tiempo que dejó vacante la contrataron a su hija Micaela, todo ello con el objeto del cuidado de la propiedad en virtud de la posibilidad de ser usurpada. Afirmó recibir órdenes e instrucciones para su desempeño de parte de los codemandados – indistintamente-, como también el pago de una remuneración de $ 400 mensuales, elementos confirmatorios de la existencia de un contrato de trabajo.

En su contestación, el demandado Sotelo alegó ser copropietario del inmueble (con su hermano), que en razón de no residir en la ciudad le encargó la venta del bien a una tercera persona (Zalazar), quien -por el tiempo transcurrido y dificultades en la concreción de la operación- le solicitó autorización para concederla en préstamo a una señora de confianza (Borda) y su familia en razón de hallarse desamparadas. Relató el accionado que por cuestiones de solidaridad accedió a tal petición, con la condición de que -para tranquilidad propia- en oportunidad de concurrir a Corrientes suscribirían un contrato de comodato. Ya en esta ciudad (el 28/01/2019), al intentar concretar lo acordado, la actora se negó por lo que realizó una exposición policial (29/01/2019) con el objeto de que se intime a Borda, Arce y su familia, al desalojo de la vivienda, a lo cual se negaban si no les entregaba dinero. Luego de lo acaecido, en fecha 30/01/2019, recibió las intimaciones de madre e hija invocando la existencia de vinculación laboral para con ellas lo que negó enfáticamente.

En esos términos quedó trabada la Litis. El juez de primera instancia admitió el reclamo actoral, en tanto -haciendo jugar la presunción contenida en el art.23 de la LCT- consideró debidamente acreditado que entre las partes medió un verdadero vínculo laboral, enmarcándola en la ley 26844 de trabajadores de casas particulares, en la categoría de «casero».

La Cámara revocó aquél decisorio y rechazó la demanda.

IV- La accionante se alzó contra la decisión por ser -sostuvoabsurda en virtud de mediar errónea valoración de las pruebas, tergiversación del principio de la sana crítica racional, apartamiento de las normas procesales y violación de las de fondo (arts. 9, 23 y 14 de la LCT).

Consideró que se dejó de lado la verdad real como principal «máxima» y/o «directiva» en materia laboral.

Estimó, difiriendo con el a quo, que los testigos ofrecidos por su parte han verificado la existencia del vínculo en tanto no sólo confirmaron que habitaba el inmueble con su familia, sino que también probaron que los codemandados -Sotelo y Cardozo- le impartieron órdenes y le abonaban dinero en concepto de remuneración.

Realizó un análisis de los dichos de los testificantes en apoyo de su versión.

Endilgó falta de prueba del supuesto «comodato» reseñado en la contestación de demanda.

Denunció «arbitrariedad» en el fallo, divorciado de los precedentes emanados de este Alto Cuerpo y violando expresamente la presunción contenida en el art. 23 de la LCT, en razón de haberse comprobado la «prestación de servicios». Existió subordinación técnica, jurídica y económica, es decir, las notas tipificantes de una vinculación laboral.Agregó que la característica de habitar y cuidar la casa son notas caracterizantes de la categoría de «casero», prevista en la ley 26.844 tal como concluyera el juez que entendiera primigeniamente.

Cuestionó que no se tuviera en cuenta que de dichos de Sotelo surge que intentó, al finalizar el vínculo, hacer firmar a la actora un contrato de comodato a efectos de encubrir la relación laboral.

Reclamó la falta de valuación de cuestiones como la referente a los gastos ordinarios del inmueble que, conforme a las informativas rendidas en autos (DPEC, Aguas de Corrientes), siempre estuvieron a nombre de Sotelo. Criticó la relevancia que se dio al emanado de la AFIP, en cuanto al registro de aportes por algunos períodos coincidentes con los enunciados de prestación de servicios, siendo que no medió prueba de la contraria de que los hubiera realizado de manera presencial para la Legislatura. En relación a este último punto, también refirió que la exclusividad tampoco es nota distintiva del contrato de trabajo.

Discrepó con las conclusiones extraídas respecto de las actuaciones realizadas por la Subsecretaría de Trabajo (relevamiento).

Finalmente impugnó el orden de imposición de costas.

V.- Los agravios no lograron probar los motivos por los que procede el recurso de inaplicabilidad de ley (art.103, ley 3.540); tampoco que haya ocurrido un caso de arbitrariedad de sentencia.

Un detenido análisis de estas actuaciones y su cotejo con las descalificaciones que el recurrente hiciera al fallo impugnado me trae la convicción de que las mismas no alcanzaron a desvirtuar las inferencias extraídas por el judicante de grado de la cuestión traída ante él.

Los deméritos o menoscabos alegados a sus derechos no fueron tales, limitándose el impugnante a explayar una propuesta insuficiente frente a la clara motivación de la sentencia de Cámara, deduciéndose de inmediato que el esfuerzo impugnativo se encara contra la valoración del material probatorio colectado, comportamiento de por sí improcedente, detraído del contralor en sede extraordinaria, pues remite a una nueva revisión del material fáctico y probatorio, función ajena a este Alto Cuerpo por no tratarse de una tercera instancia y en tanto y cuanto la apelación extraordinaria no está dada para tutelar los criterios discordantes o las meras discrepancias con la hermenéutica del tribunal de grado, siempre que ella se apoye en una reflexión integral de la cuestión debatida a la luz de la prueba aportada a la causa (STJ, CTES: Sentencias Laborales 30/2006; 71/2006; 15/2007; 71/2007; 14/2019 entre tantas) y no se demuestre la configuración del vicio del absurdo en la selección y ponderación de las pruebas aportadas al proceso el cual, para prosperar, deberá evidenciar una falla palmaria en el raciocinio del juzgador o probarse que se incurrió en una evidente y grosera desinterpretación de los elementos de juicio incorporados, siendo deber del abogado poner en evidencia la extravagancia de la conclusión a la que se arribó (S.T.J. Ctes.: Sentencias Laborales N° 45/2008; 52/2008; 51/2011; 17/2012; 34/2017; 12/2018; 14/2019); todo lo cual no ocurrió.

VI.- El recurso de inaplicabilidad de ley es un remedio técnico con fronteras procesales claramente delimitadas en cuanto a su admisibilidad y posterior viabilidad.Y si no se prueban los vicios de ilegalidad (en el caso se alegó violación de normas procesales y de fondo -arts. 9, 23 y 14 de la LCT-) o una valoración absurda (en autos, de la prueba testimonial elegida por el juzgador, de las actuaciones realizadas ante la Subsecretaría de Trabajo o de la informativa rendida en autos), la causal de arbitrariedad o el vicio de incongruencia delatado, entonces, la decisión de confirmar el fallo atacado que brindó respuestas a todas y cada una de las cuestiones planteadas ante la Cámara, fundadas jurídicamente con directa relación al material probatorio válidamente incorporado a autos, se impone.

VII.- En efecto, luego de analizar detenidamente la sentencia atacada no veo infringidas las reglas valorativas que deben guiar la tarea del juzgador, pues la Cámara formuló un adecuado examen y exposición integral en orden a las constancias de la causa y a las pruebas rendidas (testimoniales, documental e informativas); siendo improcedentes las objeciones que le fueran endilgadas, fruto de una opinión diferente con los argumentos que sostienen la sentencia recurrida.

Según tiene resuelto este Alto Cuerpo, reiterando la doctrina sentada en otros pronunciamientos anteriores: «La apelación extraordinaria no está dada para tutelar los criterios discordantes o las meras discrepancias de criterios con la hermenéutica del juez de grado, cuando ella se apoya en una reflexión integral de la cu estión a la luz de la prueba aportada a la causa» (STJ, Ctes.: Sentencia Laboral Nro:

31/17 y sus anteriores: Nros:146/94; 156/94; 06/95; 10/95; 76/96; 30/06; 71/06; 15/07; 71/07; 51/10; 90/11 y 58/12).

Por lo tanto, construido que fue el reproche sobre una particular interpretación de lo decidido, esa sola alegación no alcanza para conmover la sentencia recurrida cuya confirmación propicio, desde que no basta invocar un supuesto de arbitrariedad o apartamiento de la solución normativa si no existe prueba al respecto.

VIII.- Desde esa perspectiva, cabe referir -tal lo colegido por la Cámara- que del examen del contexto probatorio adquirido en el proceso, evaluado en su conjunto, no se desprende que la prestación de servicios a favor del demandado autorice a presumir la existencia de una relación laboral por aplicación lata de la primera parte del art. 23 LCT.

La presunción del art. 23 de la LCT (t.o) cae cuando las circunstancias, relaciones o causas que la motivan permitan llevar a una demostración o conclusión contraria, pudiendo surgir esa prueba «en contrario», valga la redundancia, de los mismos hechos narrados por el trabajador, o por cualquier otro medio incorporado por cualquiera de las partes, o surgir de la propia modalidad de la presta-// ción, de los sujetos, en especial del empleador.

Así lo dispone el art. 23 de la LCT (t.o), conteniendo una presunción «iuris tantum» en cuanto admite que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven, se demuestre lo contrario (S.T.J., Ctes, Sentencias Laborales N°46/2009, Nº 72/2021 entre otras; ver: en doctrina: Julio A. Grisolía, Tratado de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, 2013, T°I, pág. 407). Las circunstancias, pueden ser varias. Adoctrina Mancini (Cfr: Ley de Contrato de Trabajo, Comentada, Anotada y Concordada, Feb. 2007, Tomo II, p.77).

«No es fácil ubicar a cuáles circunstancias se ha querido referir el legislador:si las materiales (lugar, instrumentos, ambiente), o a las personales (condiciones particulares de los sujetos relacionados, incluyendo las económicas); considerando que en la forma genérica que se ha colocado esta expresión se ha querido aludir a todo aquello que rodeando la relación sirva para discernir la presencia de los elementos claves de la subordinación».

Y son precisamente las circunstancias que rodearon la vinculación entre Borda y Sotelo las que permiten concluir en la inexistencia de contrato de trabajo, habiendo el «a quo» ponderado debidamente las particularidades de aquella en relación al presente proceso.

IX.- Como punto de partida de su análisis indicó como hecho no cuestionado el de la actora y su familia (su hija -Arce- entre ellas, quien también promovió reclamo laboral) habitando el inmueble que el demandado Sotelo reconoció como propio. También que, en relación al bien realizaron distintas tareas de conservación y mantenimiento sin ser ello suficiente como para activar la presunción emergente del art. 23 de la LCT, en razón de los pormenores que se suscitaron entre las partes y que determinaron la solución contraria a la decidida en primera instancia.

En ese norte, el a quo sopesó integralmente todos los elementos probatorios acompañados, los desgranó y confrontó con los hechos expuestos en la demanda. También advirtió las contradicciones en que incurriera la reclamante lo cual determinó el rechazo de su pretensión.

Explicó el demérito respecto de los testimonios vertidos por Quintana, Nato y de Mayra Gómez. Extrajo de los datos aportados por los testificantes que el comportamiento de la actora en relación al inmueble la ubicaba como habitante y no como «empleada», realizando tareas necesarias para la conservación y usufructuándolo con amplia libertad (lo que permitía inferir que no encuadraba en la figura del «casero»).

No dejó que pasara como inadvertido, que yendo contra sus afirmaciones del escrito postulatorio (ingreso en febrero/2015, trabajando de lunes a lunes 24 hs.de corrido hasta agosto de 2017 en que pasó a desempeñarse de 16.00 a 8.00 hs, percibiendo $ 400 por mes) e incluso de las volcadas en las epístolas intimatorias, en oportunidad de realizarse el relevamiento laboral por parte de la Subsecretaría de Trabajo (fs. 202/213) expuso una jornada distinta y afirmó (en consonancia con su hija) que sólo una vez percibió aquél monto (en una supuesta relación de más de cuatro años). Esto último permitió a la Cámara conjeturar el carácter no laboral de la relación ante la ausencia de una nota caracterizante de ella, concretamente el pago de la remuneración como contraprestación principal a cargo del empleador.

Lo expresado por la actora implicó también dejar en falsa escuadra los dichos de los testigos ofrecidos por su parte, los cuales afirmaron haber visto cómo el demandado Sotelo le abonaba dinero en concepto de «remuneración». La contradicción evidente es un dato que no se puede soslayar, como pretendió el recurrente.El contenido restante de las declaraciones no hacen más que confirmar aquello no negado por el accionado, es decir, que habitaba en el inmueble conllevando ello la realización de aquellas tareas necesarias para mantener el lugar donde residía con su familia.

También encontró incongruente la jornada denunciada (24 hs., todos los días), máxime que por informe brindado por la Dirección de Administración del Poder Legislativo dejó en evidencia que la actora tenía registrados aportes (hasta octubre de 2015). Ergo, halló otro elemento contrario a lo esbozado al accionar.

En este marco contextual, no lucen desacertadas las observaciones realizadas respecto del acto de relevamiento de personal llevado a cabo en un domicilio particular en forma coetánea con las intimaciones formuladas vía epístolas, ergo, alentada por Borda y su hija.

Agrego finalmente, a los fines de abonar el decisorio, que también llama la atención la cronología de los actos previos a la promoción de la demanda, pues las intimaciones de corte laboral sobrevinieron con posterioridad a la exposición que formulara el demandado en relación a la negativa a abandonar el inmueble por parte de la actora y su hija, quienes lo habitaban con otros integrantes de la familia.

Consecuentemente, aquélla falta de precisión de la reclamante en cuanto a datos de la vinculación, carencia de prueba asertiva de los elementos determinantes de una de carácter laboral con sus notas tipificantes de subordinación técnica, económica y jurídica, determinaron que la Cámara diera asidero a la versión expuesta por el demandado.Apoyó sus inferencias y arribó a la conclusión final, luego de confrontar la normativa civil que regula lo atinente a la figura del «comodato» (precario), resaltando sus caracteres, entre ellos el de la de «no formalidad» y posibilidad de ser acreditado mediante cualquier medio probatorio.

Todo confluyó a que la accionante no ha aportado pruebas validatorias de su postura, al no haber demostrado en el sub-lite el sustento fáctico de su pretensión, por lo que la solución no pudo ser otra, que la arribada por el tribunal de grado, razonamiento que confirmo.

X.- Tampoco cabe la tacha de incongruencia al pronunciamiento en crisis, toda vez que ha sido la congruencia exigida con los hechos expuestos al demandar y las probanzas rendidas en autos lo que determinó no poder admitir una prestación de servicios que estuvo controvertida y cuyas pruebas (testimoniales producidas e informativas) no fueron concordantes ni concluyentes para demostrar mínimamente la relación laboral invocada.

Dable es advertir que muchas veces resulta dificultoso discernir, en casos concretos, si la ocupación de inmueble obedece a un contrato de comodato que no excluiría labores de conservación y custodia del mismo, lo cierto es que en el presente, la Cámara desde un principio de su razonamiento no tuvo dudas acerca de la configuración de aquél, conclusión asentada en las mentadas «circunstancias» que permitieron desactivar la presunción contenida en la normativa laboral.

XI.- En relación a la jurisprudencia de este Alto Cuerpo que fuera citada por el accionado para dar basamento a la vía recursiva, concretamente el fallo Nº110 del 17/09/2020 recaído en los autos «BARRIOS NERI C/SUCESORES DE FRANCISCO ALVAREZ Y/U OTROS Y/O Q.R.R. S/ IND. ETC» Expte.N° 130943, la situación fáctica (si bien parecida) difiere respecto de la planteada en la causa referida en el párrafo precedente traída a colación por el accionado.

Sabido es que resulta fundamental (y en este caso no ocurrió) que cuando se invoca un precedente como análogo, deben compararse los hechos de aquél con los del caso a resolver ya que los mismos juegan un papel trascendente en la elaboración de la decisión. Sin un análisis serio de los mismos y su relevancia, no hay precedente válido.

Es doctrina de este Cuerpo, además, expresada en el Considerando VI del Fallo Nº106/2018 del Fuero Laboral, en el que se hizo cita de un precedente de la CSJN (Fallo: 323:2314) aquella según la cual no cabe prescindir de las particularidades del caso, constituyendo deber de los jueces estudiar de manera minuciosa las características de la relación existente entre las partes a los efectos de dar una correcta solución al litigio.

XII.- Consecuentemente, las críticas explayadas por el quejoso no alcanzan a refutar los motivos que llevaron a la Cámara decidir del modo que lo hizo ensamblando lo resuelto armónica y eficazmente la coexistencia de las reglas de la sana crítica (art. 236 del C.P.C. y C., de aplicación supletoria conf. art. 109 de la ley 3540; art. 23 de la LCT).

Lo hasta aquí desarrollado me exime de entrar en otras consideraciones. Por lo expuesto, de compartir mis pares el voto que propicio, corresponderá rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la actora; en su mérito; confirmar el pronunciamiento recurrido, con costas a su cargo. Regular los honorarios profesionales de los Dres. Iván Leonardo Zanatta y Juan Pablo Custidiano, en conjunto, como vencidos, ambo s en calidad de Monotributistas frente al IVA, en el (%) de la cantidad que, respectivamente quede establecida en primera instancia (art. 14, ley 5822).

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO

DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice:

Comparto la solución propiciada por el Sr.Ministro votante en primer término a cuyos fundamentos me remito para evitar repeticiones innecesarias.

Considero sin embargo oportuno me explaye acerca de mi reiterada postura sobre las mayorías necesarias requeridas para que las decisiones judiciales provenientes de una Cámara de Apelaciones sean válidas.

En anteriores precedentes sostuve que el art. 28, 2° párrafo del decreto ley 26/00 (Ley Orgánica de Administración de Justicia) prevé la forma en que deben emitir sus pronunciamientos los jueces de las Cámaras de Apelaciones, «[.] Para dictar pronunciamiento, cada Cámara de Apelaciones se constituirá por lo menos con dos de sus miembros, siendo las decisiones válidas cuando ambos estuvieren de acuerdo por voto fundado, permitiéndose la adhesión al primer voto. Si hubiere disidencia, intervendrá el presidente para decidir, en cuyo caso deberá hacerlo en forma fundada por uno de los emitidos.» Manifesté también que no coincido con la solución legislativa pues entiendo que todos los jueces de las Cámaras de Apelaciones tienen el deber constitucional de pronunciarse sobre las causas sometidas a su consideración, estimando necesario que lege ferenda, se contemple que todos los jueces integrantes de las Cámaras de Apelaciones de la provincia deban pronunciarse sobre las causas que llegan a su conocimiento, ya sea adhiriendo a un voto o, en su caso formulando el suyo, dando cabal cumplimiento con el mandato constitucional impuesto por el art. 185 de la Constitución Provincial.

Ahora bien, y no obstante la recomendación efectuada a los Sres.Magistrados en pos del cumplimiento constitucional que les ha sido confiado, advierto que en la actualidad tal precepto continúa siendo vulnerado dado que a diferencia de los Tribunales Orales Penales (TOP), en las Cámaras de Apelaciones Civiles, Laborales y Contenciosa Administrativa y Electoral para que una decisión judicial sea válida se sigue requiriendo el conocimiento para la decisión y la firma de dos de los tres miembros que integran las Cámaras de Apelaciones, quedando excluido el tercer magistrado.

A mi entender la riqueza del órgano judicial colegiado supone el diálogo racional que tolera puntos de vista no exactamente iguales sino complementarios, al modo de caminos diferentes que sin embargo conducen al mismo destino final.

En este sentido, entiendo que la fundamentación de los pronunciamientos constituye una exigencia del funcionamiento del estado de derecho y de la forma republicana de gobierno, principalmente en los casos de las sentencias, siendo una garantía para cada ciudadano; ya que de esta manera pueden ejercer el control de los actos de los magistrados e impugnarlos.

Y es que la sociedad democrática mayormente participativa pretende que se den a conocer las razones suficientes que justifiquen la toma de las decisiones las cuales se deben hacer conocer para someterlas a una posible crítica.

De allí que este dato propio de los Tribunales Colegiados aparece como francamente irreconciliable con la mera colección de dos opiniones y adhesiones automáticas citadas por los integrantes del Cuerpo, vulnerándose así la garantía de certeza o seguridad jurídica si el Tribunal dicta una sentencia con votos aparentemente coincidentes, pero que no permiten establecer las razones que han conducido a pronunciarse de determinada manera.

Es sabido que los Tribunales se encuentran integrados por tres jueces, los cuales tienen la responsabilidad constitucional de expedirse; así lo hacen los Magistrados de los Tribunales Penales a diferencia de los miembros de las Cámaras de Apelaciones Civiles, Laborales y Contenciosa, con lo cual, entiendo, se menoscaban los principios de igualdad y equidad constitucional.

Cabe recordar que el Alto Tribunal de la Nación ha puntualizado que toda sentencia constituye una unidadlógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación, ya que no es sólo el imperio del Tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento, sino que estos dos conceptos dependen también de las motivaciones que sirven de base a la decisión.

Finalmente, considero que los problemas planteados en cuanto a la falta de mayorías o mayorías «aparentes» acarrean un grave perjuicio tanto para los justiciables como para el efectivo servicio de justicia, ya que si bien se alega como argumento central la celeridad en el trámite de los distintos procesos, en la realidad esto no se traduce de manera absoluta en los tiempos procesales, con el agravante del desconocimiento de los estándares de legitimación.

Es por ello que exhorto -una vez más- a los Sres. Magistrados a abandonar tales prácticas de concurrencia aparente, bajo la idea de adherir a un voto, adoptando el sistema previsto en el art. 28, 2° párrafo del decreto ley 26/00 (Ley Orgánica de Administración de Justicia), cuya genuina interpretación determina que en las sentencias -respetando el orden de sorteo- todos los miembros de la Cámara deben pronunciarse de manera individual sobre las cuestiones esenciales sometidas a su juzgamiento, de este modo, a la par de garantizar la efectiva intervención personal de cada Camarista, se logra plasmar la deliberación realizada que permite alcanzar el consenso y la mayoría como resguardo fundamental de una sentencia justa.

Para seguir con el tema entiendo que el fallo con dos firmas es nulo porque no se precisa la razón de no haber participado el tercer integrante, ya que aparentemente estaba en funciones y no se hizo la aclaración de la razón de no haber firmado el fallo.

Por último corresponde aclarar que la exhortación antes efectuada no cambia la solución que propicio respecto al recurso de inaplicabilidad de ley.Así voto.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA Nº 131

1°) Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la actora; en su mérito; confirmar el pronunciamiento recurrido, con costas a su cargo. 2°) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Iván Leonardo Zanatta y Juan Pablo Custidiano, en conjunto, como vencidos, ambos en calidad de Monotributistas frente al IVA, en el (%) de la cantidad que, respectivamente quede establecida en primera ins-// tancia (art. 14, ley 5822). 3°) Insértese y notifíquese.

Dr. EDUARDO GILBERTO PANSERI

Presidente Subrogante

Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. FERNANDO AUGUSTO NIZ

Ministro

Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. ALEJANDRO ALBERTO CHAIN

Ministro

Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. GUILLERMO HORACIO SEMHAN

Ministro

Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO

Secretaria Jurisdiccional N° 2

Superior Tribunal de Justicia Corrientes

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