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#Fallos Accidente in itinere: El siniestro de tránsito padecido por un trabajador que fue a un cajero automático para percibir un adicional por horas extraordinarias que le habían depositado ese mismo día es in itinere

Partes: Barragan Nahuel Gerónimo c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente in itinere

Tribunal: Tribunal de Trabajo de la Plata

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: III

Fecha: 24 de agosto de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138299-AR||MJJ138299

Es accidente in itinere, el siniestro de tránsito padecido por un trabajador que fue a un cajero automático para percibir un adicional por horas extraordinarias que le habían depositado ese mismo día.

Sumario:
1.-Corresponde tener por acreditado el accidente in itinere, ya que el trabajador – con autorización de su superior-, fue a un cajero automático que quedaba en el trayecto habitual entre su lugar de trabajo y su domicilio, a fin de percibir un adicional que le habían depositado ese mismo día.

2.-Si el trabajador modifica su trayecto por causas atinentes o vinculadas al trabajo, por oposición a ajenas conforme el art. 6 de la Ley 24.557, debe entenderse que el infortunio es calificable como accidente in itinere.

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3.-El Protocolo 155, del año 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores dictado por la OIT, y que fuera ratificado por nuestro país mediante la Ley 26.693 , con categoría supralegal en virtud de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la CN., definió al accidente de trayecto como aquellos que ocurran en el recorrido directo entre el lugar de trabajo y: 1) la residencia principal o secundaria del trabajador; 2) el lugar en el que el trabajador suele tomar sus comidas; o 3) el lugar en el que el trabajador suele cobrar su remuneración.

Fallo:
En la Ciudad de La Plata se reúnen las juezas y el juez que integran el Tribunal del Trabajo número Tres de La Plata, Dra. Soledad Moreyra, Dra. Stella Maris Marcasciano y Dr. Mauricio Javier Bordino, a efectos de dictar veredicto en los autos caratulados: «BARRAGAN NAHUEL GERONIMO C/ PROVINCIA A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE IN-ITINERE» – Expte. n° 40.769. Practicada la desinsaculación normada por el art. 44 inc. c) de la ley 11653, resultó el siguiente orden de votación: doctores MOREYRA, MARCASCIANO y BORDINO.

CUESTIONES DE HECHO

VOTACION

La Dra. SOLEDAD MOREYRA dijo:

A LA PRIMERA CUESTION: ¿Se acreditó que el actor haya sufrido un accidente de tránsito el 14 de febrero de 2018 -colisionó con un vehículo, generándole traumatismos varios- y las circunstancias que lo rodearon?

La ocurrencia del accidente de tránsito no resulta ser un hecho controvertido.

Plantea el actor en el escrito de demanda que, dado que el día del infortunio le habían depositado en su cuenta sueldo (como todos los meses), un adicional por horas extras que percibían él y sus compañeros a mediados de mes, contaba con autorización de su jefe para retirarse de su lugar de trabajo a las 11.00 Hs. (en lugar de las 13.00), para concurrir al cajero automático y desde allí regresar a su domicilio.

Continúa relatando que, emprendió el mencionado cometido a bordo de su moto y una vez que llegó al cajero más cercano a su lugar de trabajo ubicado en la intersección de las avenidas Montevideo y Gral Mitre de la localidad de Berisso, advirtió que no tenía dinero, por lo cual se dirigió al siguiente -un poco más lejano- ubicado en Montevideo y calle 7.En ese trayecto, al arribar al cruce con la calle 13, sufrió un accidente de tránsito en la vía pública, al colisionar con un vehículo, generándole un inevitable impacto y consecuente caída, golpeándose con el peso de su cuerpo contra el suelo.

Las circunstancias descriptas en torno a los momentos anteriores del accidente bajo análisis, fueron acreditadas a través de la declaración testimonial del Sr Rosendo -compañero de trabajo cuya declaración valoro sincera-, en la oportunidad de celebrarse la audiencia de vista de causa. Así, el mencionado deponente indicó que ese día les fue depositado el referido adicional, y que el actor contaba con autorización de su jefe -Sr. Lozano- para retirarse antes de la Delegación donde prestaban servicios (sita en Montevideo e/ 43 y 44 de la localidad de Berisso), para ir hasta el cajero automático para cobrar. Indicó que generalmente iban al cajero de Montevideo y Av. Mitre, pero que en éste no ese día no había dinero, y que lo sabia porque el también salió antes para cobrar su haber.

A su vez, la testigo Wilson – pareja del trabajador y cuya declaración valoro sincera-, dio cuenta que los dos cajeros a los que el actor se dirigió, quedaban en el trayecto habitual entre su lugar de trabajo y su domicilio particular.

La valoración jurídica, en cuanto a si el mencionado episodio puede encuadrarse -o no-, como accidente in itinere en los términos del art. 6 de la ley 24.557, la haré en la sentencia.

En consecuencia, VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN:¿Se acreditó que a la fecha del infortunio se encontrara vigente contrato de seguro entre la ART demandada y el empleador Municipalidad de Berisso y que el actor fuera beneficiario del mismo?

No ha sido controvertido en autos la existencia de contrato de seguro en los términos de la normativa de riesgos del trabajo, celebrado entre el empleador y la ART estando el mismo vigente al 14/02/2018, como así que el actor era beneficiario del seguro. Así lo reconoce la aseguradora en su contestación de demanda y se corrobora con el informe pericial contable presentado por la perito con fecha 14/12/2020.

VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A LA TERCERA CUESTIÓN: ¿Se acreditó la edad del actor a la fecha del infortunio?

Mediante la fotocopia de DNI glosada a fs. 2, se prueba que el actor nació el 27/05/1996, y por tanto a la fecha del siniestro tenía 21 años de edad.

VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A LA CUARTA CUESTIÓN: ¿Ha quedado acreditado en autos que el actor padezca afección incapacitante, que la misma tenga relación causal con el accidente in.itinere objeto de litis?

El perito médico en su presentación de fecha 19/03/2020, luego de realizar una descripción del accidente y de la entrevista médica que mantuvo con el actor dictamina: «.De las Constancias Obrantes en Autos, Interrogatorio Medico, Examen Clínico-Funcional y Telegoniometria de ambos miembros inferiores, surge que la actora padece las siguientes secuelas con las características etiopatogenicas que a continuación se analizan: FRACTURA DE FEMUR DERECHO CERRADA CON DISCREPANCIA Y LIMITACION FUNCIONAL RESIDUAL. Lo anteriormente mencionado, producto del infortunio laboral (in-itinere) que produjo la lesion que requirió la realización del tratamiento quirúrgico con la utilización de elementos metálicos de alta densidad.No lográndose al momento del examen una «Restitución ad Integrum Anatomo funcional» pues la semiología revela la presencia de limitación funcional, ya sea en rodilla, hipotrofia y disminución del Tonismo muscular del cuádriceps afectado, como así también en cadera homolateral, con movilidad disminuida. De probarse el accidente in-itinere denunciado, el mismo posee la suficiente identidad para considerarlo el factor causal de las secuelas actualmente presentes en su miembro inferior derecho, como así también la discrepancia de longitud. La SECUELA POSTRAUMATICA de Miembro Inferior derecho estudiadas y analizadas up-supra, comporta una Incapacidad Pura del 17% (DIECISIETE PORCIENTO) de la T.O. Utilizando los Factores de Ponderación contemplados por la ley, obtenemos los siguientes guarismos: Dificultad para la realización de las Tareas Habituales: (Alta) 18%. Amerita recalificación: (SI AMERITA) 10%. Edad del Actor: 21 años 3%. TOTAL: 28% x 17% / 100 = 4,76% 3% 17% = 24,76%. Realizando la sumatoria a los resultados anteriores obtenemos una incapacidad Parcial y Permanente de 24,76% (VEINTICUATRO PUNTO SETENTA Y SEIS PORCIENTO)».

En razón de lo expuesto, encontrando el dictamen debidamente fundado, valoro acreditado que como consecuencia del accidente in.itinere de fecha 14/02/2018 el actor padece de limitación física que lo incapacita en un 24,76 % de la total obrera. VOTO POR LA AFIRMATIVA respecto de la incapacidad física.

Con relación a la incapacidad psicológica, luego de los test y la entrevista mantenida con el actor, la perito en el informe presentado a fs. 135/7 concluye: «El peritado no ha presentado una afección que constituya un cuadro patológico. Sí hay una reacción lógica frente a los hechos, ya que percibe que su fuerza de trabajo ha sufrido una merma y que su condición física y posibilidades de realizar actividades antes frecuentes (correr, jugar al fútbol) han sido afectadas. Sin embargo se trata de una percepción consciente que no ha derivado en una afección psicológica.(.) Considerando que no hay presencia de daño psíquico, al recurrir al baremo previsto en el decreto 659/96 afirmo que el actor no presenta reacción vivencial anormal neurótica ni desorden por estrés postraumático como resultantes del hecho. Como se consigna anteriormente no hay sintomatología psicológica detectable en técnicas ni en entrevista».

Informe que no ha suscitado controversia entre las partes. En función de ello, VOTO POR LA NEGATIVA respecto de la incapacidad psicológica.

A LA QUINTA CUESTIÓN: ¿Se acreditó a cuánto ascendió el VIBM a la fecha del siniestro?

Se ha probado mediante el informe presentado por la perito contadora con fecha 14/12/2020, que el VIBM del actor a la fecha del accidente ascendía a $ 20.487,99.

VOTO POR LA AFIRMATIVA.

Lo expuesto es el resultado de la apreciación en conciencia de la prueba producida y demás constancias de autos (art. 44 inc. «d» Ley 11653), conforme los elementos probatorios que en cada caso he mencionado y con fundamento en los arts. 26, 29, 32, 36, 37, 40, 63 y cc ley 11653; art 375 y cc CPCC.

ASI LO VOTO.

Los Dres. MARCASCIANO y BORDINO adhieren al voto emitido, respecto de cada una de las cuestiones planteadas, por compartir fundamentos.

Con lo que termino el Acuerdo.

SENTENCIA

En la Ciudad de La Plata, se reúnen la jueza y los jueces que integran el Tribunal del Trabajo número tres de La Plata, Dra. Soledad Moreyra, Dra. Stella Maris Marcasciano y Dr. Mauricio Javier Bordino a efectos de dictar la sentencia prescripta por el art. 47 de la ley 11.653, en los autos caratulados: «BARRAGAN NAHUEL GERONIMO C/ PROVINCIA A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE IN-ITINERE» – Expte. nº 40.769, conforme el orden de votación establecido en el veredicto.

CUESTIONES DE DERECHO

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda instaurada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?

VOTACIÓN

A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. SOLEDAD MOREYRA DIJO:

ANTECEDENTES

A fs. 68 inicia demanda el Dr.JUAN JOSE BERECIARTUA en su carácter de apoderado del Sr. NAHUEL GERONIMO BARRAGAN promoviendo demanda contra PROVINCIA ART S.A. en procura del cobro de la indemnización en los términos de la ley de riesgos del trabajo, derivada de incapacidad que dice padecer como consecuencia del accidente in.itinere sufrido, reclamando la reparación tarifada en el marco de la ley 24.557 y sus modificatorias. Hace relato de los hechos. Plantea legislación aplicable. Tacha de inconstitucional diversos preceptos del régimen de riesgos del trabajo y concordantes. Efectúa valoración de la incapacidad. Ofrece prueba. Presta juramento de ley. Reserva caso federal. Funda en derecho Solicita se haga lugar a la demanda con intereses y costas.

Corrido el traslado de ley, a fs. 89 se presentan y contestan demanda por PROVINCIA A.R.T. S.A. las Dras. MÓNICA CRISTINA BERTONE y VIVIANA ELIZABETH NECHCOFF. Efectúan negativa genérica de los hechos y desconocen el carácter de «in itinere» del accidente, en los términos del artículo 6 de la LRT, en tanto, a su entender el actor se desvío del trayecto de regreso del trabajo a su domicilio particular. Argumenta sobre la improcedencia del reclamo. Impugna liquidación. Plantea inconstitucionalidad del art. 48 ley 11.653. Responde planteos de inconstitucionalidad. Formula reserva caso federal Funda en derecho. Ofrece prueba y cierra con petitorio de estilo.

A fs. 114/5 se abre la causa a prueba.

Celebrada la audiencia de vista de causa conforme da cuenta el acta de fecha 07/07/2022, se colocaron los autos en estado de alegar por escrito. Agregados, los libelos de merituación de la prueba presentados por ambas partes, pasan los autos al Acuerdo a efectos de dictar Veredicto y Sentencia.

PROPUESTA DECISORIA

Conforme a los hechos que resultan de las conclusiones que estructuran el Veredicto, corresponde en esta etapa resolver de acuerdo a derecho respecto de la procedencia, o no, de las pretensiones que integran los escritos de constitución del proceso (arts. 47 2° párrafo, 63 y cc.ley 11.653).

Quedó acreditado en el Veredicto que antecede, que el actor el día 14 de febrero de 2018 se retiró de su lugar de trabajo, antes que finalice su jornada laboral y con autorización de su jefe, para concurrir al cajero automático a fin de cobrar un adicional que le habían depositado ese mismo día (primera cuestión del veredicto)

El art. 6 de la ley 24.557 define al accidente in.itinere como aquél que ocurre «en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo». Del artículo transcripto se colige que, si el trabajador modifica su trayecto por causas atinentes o vinculadas al trabajo, por oposición a ajenas como dice la norma, debe entenderse que el infortunio es calificable como accidente in.itinere. En el caso de autos, quedó acreditado que el trabajador – con autorización de su superior-, fue a un cajero automático que quedaba en el trayecto habitual entre su lugar de trabajo y su domicilio, a fin de percibir un adicional que le habían depositado ese mismo día. En esas condiciones, entiendo que al hecho de que el trabajador haya ido a cobrar el haber, no le cabe otra valoración más que la de un hecho vinculado directa y estrechamente al trabajo.

Sumado a ello, el Protocolo 155, del año 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores dictado por la OIT, y que fuera ratificado por nuestro país mediante la ley 26.693, con categoría supralegal en virtud de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, definió al accidente de trayecto como aquellos que ocurran en el recorrido directo entre el lugar de trabajo y:1) la residencia principal o secundaria del trabajador; 2) el lugar en el que el trabajador suele tomar sus comidas; o 3) el lugar en el que el trabajador suele cobrar su remuneración.

En función de ello, no albergo dudas que el episodio bajo análisis debe reputarse como accidente in.itinere en los términos del art. 6 de ley 24.557.

En consecuencia, entiendo que el actor fue víctima de un accidente in. itinere con fecha 14/02/2018 y que, a raíz del mismo, padece fractura de fémur derecho cerrada con discrepancia y limitación funcional residual que lo incapacita en un 24,76% de la total obrera, y que a la fecha del infortunio tenía 21 años de edad.

No logró acreditar la parte actora padecer daño psíquico, por lo que auspicio su rechazo ( art 726 CCC).

Conforme surge de la quinta cuestión del fallo de los hechos, se ha acreditado el VIBM a la fecha del siniestro, y aplicando la fórmula de cálculo dispuesta en el art 12 inc. 1) de la LRT, modificado por la ley 27.348, esto es actualizándolo con índice RIPTE, el VMIB asciende a la suma de $ 23.049,54.

Asimismo respecto del IBM formularé las siguientes consideraciones en relación al DNU 669/2019 y resolución de SSN 1039/19, efectuando el control de constitucionalidad de la citada normativa. El DNU 669/2019 fue dictado con carácter de necesidad y urgencia. La Constitución Nacional veda al Poder Ejecutivo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (art. 99 inc. 3 CN), salvo que existieren circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, por razones de necesidad y urgencia. De esta manera, el Alto Tribunal de la Nación ha sostenido que «El art. 99 inc. 3° de la Constitución Nacional consagra una limitación a las facultades del Poder Ejecutivo con la innegable finalidad de resguardar el principio de división de poderes.Únicamente en situaciones de grave trastorno que amenacen la existencia, la seguridad o el orden público o económico, que deban ser conjuradas sin dilaciones, puede el Poder Ejecutivo Nacional dictar normas que de suyo integran las atribuciones del Congreso, siempre y cuando sea imposible a éste dar respuesta a las circunstancias de excepción», es que «La mera conveniencia de que por un mecanismo más eficaz se consiga un objetivo de gobierno en modo alguno justifica la franca violación de la separación de poderes que supone la asunción por parte de uno de ellos de competencias que sin lugar a dudas corresponden a otros» (Voto del Dr. Antonio Boggiano en autos: «Cooperativa de Trabajo Fas Ltda. vs. Estado Nacional s. Recurso de hecho» CSJN: 01/09/2003: Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN; C. 618. XXXVI RC J 1953/04, citado en http://www.rubinzalonline.com.ar).

A mi juicio no se ha demostrado, con los fundamentos esgrimidos en la norma en crisis, el grave trastorno que amenace el orden económico, y aun así, por qué razón no ha sido posible al Congreso de la Nación dar respuesta a ello. Conforme a lo expuesto, propongo se declare de oficio la inconstitucionalidad el DNU 669/2019.

Sentado lo anterior, en base a los hechos acreditados, corresponde practicar la siguiente liquidación:

A los fines de la cuantía de la reparación de pago único debe multiplicarse por 53 por el VMIB que asciende a $ 23.049,54 por el porcentaje de incapacidad 24,76% y por un coeficiente (3,09) que resulta de dividir el número 65 por la edad a la fecha del infortunio (21 años). Con tales parámetros la indemnización por la incapacidad permanente parcial asciende a la suma de $ 934.646,21 – arts. 6, 12 y 14 2. a) de la ley 24.557 modificado por ley 26.773 y ley 27348, importe superior al piso fijado por NOTA S.R.T.n° 21161/2017 ($ 1.400.864 x 24,76% = 346.853,92).

El índice RIPTE publicado por la SSS del MTSS, corresponde aplicarlo sobre sumas fijas y pisos mínimos, conforme lo dispone el art 17 bis de la ley 26.773, conforme lo resuelto por la Corte Nacional y nuestro Supremo Tribunal de Provincia (CSJN «Espósito c/ Provincia ART» Rec. De Hecho. Fallo del 07/06/2016; SCBA L 118532 «Godón» 5/4/2017).

En razón de lo expuesto, propongo prospere la demanda -art 375 CPCC- por reparación tarifada de la incapacidad física comprobada en autos y en el límite de los rubros peticionados en el escrito de demanda, con fundamento en la normativa supra citada contra PROVINCIA A.R.T. S.A. por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 21/100 ($ 934.646,21), en concepto de prestación dineraria prevista en el artículo art 14 inc. 2.a de la Ley 24.557, ley 26.773 y 27348.

El art. 11 de la ley 27.348 (modificatorio del art. 12 inc. 2 de la ley 24.557) establece una tasa legal – tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina- en materia de intereses moratorios en los términos del 7 y 768 inc. «b» del Código Civil y Comercial de la Nación aplicable a la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, en cuanto prevé que la tasa de interés moratorio se determina «por lo que dispongan las leyes especiales». Con ello quiero significar que las doctrinas legales establecidas anteriormente por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (causas L. 94.446, «Ginossi», sent. de 21-X-2009 L. 108.164, «Abraham», sent. de 13-XI-2013, «Trofe» N. 118.587, sent. de 15-VI-2016 y «Bruno», N. 120.061, sent. 14-VII-2020), no resultan aplicables al caso de autos donde propicio aplicar una tasa de interés fijada normativamente.Del mismo modo se excluye la aplicación de la tasa prevista en el art. 48 de la ley ritual (texto según ley 14.399). En atención a que el portar electrónico de la S.C.B.A. no cuenta con la tasa de interés señalada, a los fines requeridos propongo utilizar el siguiente sitio web: https://consejo.jusbaires.gob.ar/institucional/calculo-de-interes. La tasa de interés señalada se aplicara desde la fecha de la primer manifestación invalidante (14/02/2018) hasta la fecha del presente decisorio.

Por último, propongo que para el supuesto de mora se aplique el inc. 3 del art. 12 de la L.R.T., que en su actual redacción, establece «a partir de la mora en el pago de la indemnización será de aplicación lo establecido por el art. 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación».

Con relación a los restantes planteos de inconstitucionalidad efectuados por la parte actora respecto de régimen de riesgos del trabajo, en razón del resultado propuesto y el derecho aplicado, su tratamiento deviene abstracto (art. 726 CCC).

COSTAS: Las costas propongo que sean soportadas por la demandada PROVINCIA A.R.T. S.A. atento su calidad de vencida en lo sustancial del pleito (arts. 19, 63 y cc. de la ley 11.653; 68 y cc. del C.P.C.C), para lo que deberán regularse los honorarios de los profesionales intervinientes, observando el mérito, importancia y naturaleza de la labor cumplida, el monto del juicio, con más los aportes previsionales correspondientes a cada uno.

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA DRA. MARCASCIANO DIJO:

Adhiero al voto emitido por mi colega Dra.MOREYRA en cuanto propone el progreso de la demanda aunque difiero en el modo en que debe realizarse el cálculo del VMIB y, en consecuencia, el de la fórmula prevista para el caso de ILPPD (arts. 12 y 14. 2. a de la LRT, con la modificación introducida por la ley 27.348).

Ello así, al ingreso mensual base determinado en $ 23.049,54 habrá de aplicarse la tasa de interés prescripta por dicha norma – tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina- , desde la fecha de la primera manifestación invalidante (en el caso, 14/02/2018) hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva (fecha de este pronunciamiento), acudiéndose para ello al sitio web del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (www.colproba.org.ar), por no encontrarse la tasa ordenada en la página web de la Suprema Corte de Justicia. Se obtiene entonces un Valor Mensual del Ingreso Base de $ 70.789,01.

Entonces, con arreglo a las conclusiones establecidas en el veredicto y lo anteriormente determinado respecto del IBM, corresponde utilizar la fórmula aritmética del Art. 14.2.a de la ley 24.557, arribándose a la suma de $ 2.870.455,56 (53 x $ 70.789,01 x 3,09 (65/21) x 24,76%), importe que resulta superior al mínimo indemnizatorio fijado por NOTA S.R.T. nro. 21161/2017.

Así el monto de condena asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 56/100 ($ 2.870.455,56), en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad de grado parcial, tipo permanente y carácter definitiva (arts. 6.1, 8.1, 9.2, 12 y 14.2.a, ley 24.557; ley 27.348, ley 26.773, nota S.R.T. 21161/2017, art.3 dec 472/14).

De no abonarse dicha suma en el plazo de diez (10) días desde la notificación de la presente decisión, habrá de aplicarse lo establecido en el punto 3 del artículo 12 de la ley 24.557, que prescribe «A partir de la mora en el pago de la indemnización será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación».

Finalmente, estimo que el DNU 669/2019 no resulta aplicable a este caso desde que su aplicación retroactiva provocaría la alteración de una situación jurídica ya consolidada al amparo de una ley anterior (art. 7 CCCN).

Por otra parte, esta solución luce en consonancia con la doctrina elaborada por nuestro cimero Tribunal Provincial en cuanto a la aplicación de las normas en materia de riesgos del trabajo. En tal sentido, cabe recordar que en la causa L. 118.695 «Staroni» la SCBA ha establecido que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 reitera -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (dec. 1.278/00, B.O. de 3-I-2000 y dec. 1.694/09, B.O.de 6-XI-2009), por lo cual -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia.

Sentado lo anterior juzgo inaplicable al presente el DNU 669/19, sin entrar a analizar la legalidad ni la constitucionalidad de la norma, test que oportunamente habré de realizar al momento de resolver situaciones acaecidas a partir de su vigencia.

ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión planteada el Dr. Bordino dijo:

Adhiero al voto emitido por la Dra. Marcasciano por compartir fundamentos.

ASÍ LO VOTO.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. SOLEDAD MOREYRA DIJO:

Atento el pronunciamiento que antecede, por mayoría propongo:

1. Declarar la inaplicable el DNU 669/2019.

2. Declarar abstractos los restantes planteos de inconstitucionalidad del régimen de riesgos del trabajo y rechazar el reclamo por daño psíquico (art 726 CCC).

3. Hacer lugar a la demanda incoada por NAHUEL GERONIMO BARRAGAN contra PROVINCIA A.R.T. S.A. por la suma de PESOS PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 56/100 ($ 2.870.455,56) en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad de grado parcial, tipo permanente y carácter definitiva derivada del accidente de trabajo in.itinere de sufrido el día 14/02/2018 (arts. 6.1, 8.1, 9.2, 12 y 14.2.a, ley 24.557; ley 27.348, ley 26.773, nota S.R.T. 21161/17, art. 3 dec 472/14).

4. Condenar a PROVINCIA A.R.T. S.A. a abonar dicha suma al actor, mediante depósito judicial en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tribunales, a la orden de este Tribunal y como perteneciente a estos autos (art. 277 LCT), dentro de los diez días de notificado este pronunciamiento.

Ordenar que de no depositarse en el término antes señalado las prestaciones dinerarias, se aplique lo dispuesto en el artículo 12.3 de la ley 24.557 (art. 11, ley 27.348).

5.Imponer las costas a la demandada atento su calidad de vencida (arts. 19, 63 y cc. de la ley 11.653; 68 y cc. del C.P.C.C).

ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión la Dra Marcasciano y el Dr Bordino adhieren al voto que antecede por compartir fundamentos .

ASÍ LO VOTAN.

Con lo que se dio por terminado el presente Acuerdo.

F A L L O

En la ciudad de La Plata, en la fecha de su firma electrónica, en mérito al resultado que antecede, citas legales hechos y fundamentos expuestos, el TRIBUNAL por mayoría FALLA:

I- Declarando la inaplicable el DNU 669/2019.

II- Declarando abstractos los restantes planteos de inconstitucionalidad del régimen de riesgos del trabajo y rechazar el reclamo por daño psíquico (art 726 CCC).

III. Haciendo lugar a la demanda incoada por NAHUEL GERONIMO BARRAGAN contra PROVINCIA A.R.T. S.A. por la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 56/100 ($ 2.870.455,56) en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad de grado parcial, tipo permanente y carácter definitiva derivada del accidente de trabajo in.itinere padecido el día 14/02/2018 (arts. 6.1, 8.1, 9.2, 12 y 14.2.a, ley 24.557; ley 27.348, ley 26.773, nota S.R.T. 21161/2017, art. 3 dec 472/14).

IV. Condenar a PROVINCIA A.R.T. S.A. a abonar dicha suma al actor, mediante depósito judicial en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tribunales, a la orden de este Tribunal y como perteneciente a estos autos (art. 277 LCT), dentro de los diez días de notificado este pronunciamiento.

Ordenar que de no depositarse en el término antes señalado las prestaciones dinerarias, se aplique lo dispuesto en el artículo 12.3 de la ley 24.557 (art. 11, ley 27.348).

V. Imponer las costas a la demandada atento su calidad de vencida (arts. 19, 63 y cc. de la ley 11.653; 68 y cc. del C.P.C.C.

VI.Regulando los honorarios de los letrados intervinientes en autos: por la parte actora Dres. JUAN JOSE BERECIARTUA en la cantidad de . JUS (VALOR JUS: $. que a la fecha ascienden a $.) y EDUARDO ESTEBAN CURUTCHET en la cantidad de . JUS (VALOR JUS: $. que a la fecha ascienden a $.); y por la parte demandada Dras. MÓNICA CRISTINA BERTONE y VIVIANA ELIZABETH NECHCOFF en la cantidad de. JUS (VALOR JUS: $. que a la fecha ascienden a $.) para cada una de ellas (arts. 1, 2, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 24, 28, 51, 54 y ccdtes. ley 14967, Ac. 4012 y 4030/21 SCBA, ley 24.432), con más el 10% los aportes de ley y el 21% de alícuota de IVA en caso de corresponder (art. 12, inc. a ley 8455).

Los honorarios han sido regulados considerando el valor, mérito y calidad jurídica de la labor desarrollada, complejidad y novedad de la cuestión planteada, resultado obtenido, y trascendencia de la resolución (conf. SCBA I 73016 en autos «MORCILLO HUGO HECTOR C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. DECR.-LEY 9020» sentencia del 08-11-2017).

Hágase saber a los letrados que deberán acreditar en autos el pago de los aportes en los términos del art. 21 de la ley 6716, bajo apercibimiento de dar intervención a la Caja para Abogados de la Provincia de Buenos Aires.

Para los peritos: médico SEBASTIAN ALBERTO GUTIERREZ DEFELIPPO en la suma de $. con más los aportes (art. 35 inc. e ley 12.207); psicóloga ANA JOSEFINA FORTEZA en la suma de $. con más el 10% de aportes de ley 12.163 texto según ley 14.054, y contadora GUADALUPE ORMAECHEA en la suma de $. con más el 5% en concepto de aportes con destino al Consejo Profesional de Ciencias Económicas (ley 10.620) y 5% con destino a la Caja de Previsión de Seguridad Social (ley 12.724 con modif.ley 13.948). Considerando que las regulaciones practicadas se adecuan al mérito, importancia y naturaleza de la labor desarrollada, al monto final del juicio y guarda relación con los emolumentos de los restantes profesionales intervinientes en la causa.

Ello así por cuanto conforme la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación los honorarios de los peritos aún cuando su propio arancel le permita una suma mayor, deben adecuarse a los del abogado que solicitó su designación (Fallos 236-127, 239-123, 45-139, 246-193, 253-96 entre muchos otros – C.Nac. Civil Sala D – en E.D., t. 75, pág. 333).

A los honorarios regulados deberá adicionarse el 21% en concepto de I.V.A. en los casos que corresponda (RG. 4214/96, Ley del IVA y SCBA LP C.117079 S/08/04/2015 «RACING CLUB ASOCIACION CIVIL S/INCIDENTE PAGO DE HONORARIOS»).

VII. Oportunamente, líbrese oficio electrónico al Banco de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Tribunales, para que dicha entidad proceda a la apertura de la cuenta de autos.

VIII. Firme y consentido el presente pronunciamiento hágase saber a las partes que se encuentra a su disposición la documentación original acompa ñada oportunamente por las mismas, para su posterior retiro, respecto de la cual se deberá dejar constancia en autos.

IX. Regístrese, notifíquese, y oportunamente archívese.

Notifíquese con remisión del presente al domicilio electrónico constituido, sin necesidad de otro instrumento ni formato de cédula (art. 143 1º del CPCC, asrts. 4, 7 y 11 Ac. 3845/17 -modificados conforme lo dispuesto por la Ac. 3991/20; AC. 4039/21).

ARTÍCULO 54 LEY 14.967: Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere.Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.

Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.

Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.

En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.

Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.

Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.

Operada la mora, el profesional podrá optar por:

a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.

b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.

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