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#Fallos Régimen de consolidación Ley 12.836: Se excluye la suma indemnizatoria otorgada a favor de los actores derivada de la muerte de su hijo en un operativo policial hace casi 30 años

Partes: G. R. y otra c/ Provincia de Buenos Aires y otra s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: II

Fecha: 30 de agosto de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138221-AR|MJJ138221|MJJ138221

Se excluye la suma indemnizatoria otorgada a favor de los actores, derivada de la muerte de su hijo en un operativo policial hace casi 30 años, del régimen de consolidación previsto por la Ley 12.836.

Sumario:
1.-Considerando que el hijo de los accionantes falleció a manos de los codemandados, quienes le dieron muerte en ocasión del ejercicio de sus funciones, al punto de ser el mismo privado de su libertad, esposado, llevado en un móvil policial -al amparo de un procedimiento policial de facto-; meritando que la presente causa se inició en el año 1995; que se dictó sentencia recién en el año 2016, sin que a la fecha los actores hayan podido percibir suma indemnizatoria alguna; que, ínterin, falleció el progenitor de la víctima; siendo que su madre integra un sector de la sociedad identificado como un adulto mayor o anciano y teniendo en consideración que la Ley 12.836 , en su art. 10 , prevé como exclusión del régimen de consolidación a los créditos derivados por el daño a la vida, que deviene inaplicable lo estipulado en su último apartado, en cuanto establece una limitación que la Ley 25.344 no establece, cabe hacer lugar al recurso de la parte actora y excluir la suma indemnizatoria otorgada en la sentencia del régimen de consolidación previsto por la Ley 12.836 y sus modificatorias (conf. arts. 75, inc. 22 ; 4 y 5 CADH; 10, Ley 12.836; 18, Ley 25.344 ).

2.-Cuando la Nación brinda mayor amplitud a las causales y alcance de exclusión de la consolidación de deudas que las referidas en la normativa provincial, habrá que estarse a la norma que brinda mayor protección al grupo de personas involucradas.

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3.-Si bien el art. 18 de la Ley 25.344 no establece, como el art. 10 de la Ley 12.836, de manera específica la exclusión del sistema de consolidación frente a un daño a la vida, al examinarse si el texto de la Ley 25.344 revela la voluntad del legislador de incluir en el régimen de consolidación las deudas que se originan en la obligación del Estado de resarcir daños como en los que en esta causa se han determinado, cabe interpretar, en consonancia con el mandato constitucional de protección del derecho a la vida y el consiguiente deber de reparar su pérdida, que el Estado ha contemplado un remedio legal efectivo en el art. 18, segundo párrafo de la Ley 25.344, lo que autoriza a excluir esta hipótesis del régimen de consolidación de la deuda pública.

4.-Toda vez que el art. 10 de la Ley 12.836 establece como causal de exclusión del régimen de consolidación de deudas, de manera expresa, los daños que se hubieren suscitado contra la vida, más lo efectúa imponiendo un límite, y por lo tanto, aquellos montos que lo excedan no quedan alcanzados por la exclusión que prevé el artículo en cuestión, mientras que la ley homónima nacional no establece límite alguno (arts. 10, Ley 12.836; 18, Ley 25.344), se observa que en la especie la normativa provincial colisiona con el art. 31 de la CN., pues aquel ordenamiento no sólo no se compadece con su antecedente nacional al que adhiere, sino que, además, impone mayores restricciones a los derechos de quienes deben percibir créditos de la Provincia.

Fallo:
En la ciudad de La Plata, a los treinta días del mes de Agosto de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827), para dictar sentencia en la Causa 113383, caratulada: «G.R. Y OTRA C/ PROVINCIA DEBS. AS. Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS», se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor HANKOVITS.

La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:

1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 5 de Mayo de 2022 y su aclaratoria del 6 de Mayo de 2022?

2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR

PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:

1. Vienen las presentes actuaciones a efecto de tratar el recurso de apelación incoado subsidiariamente por la actora con fecha 13 de mayo de 2022 -obrando en dicha pieza expositora la fundamentación respectiva-, contra la resolución del día 5 de mayo de 2022. El día 19 de mayo de 2022 se desestimó la revocatoria intentada, concediéndose en relación el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente. Finalmente, el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado contestó el memorial de agravios.

2 A.El decisorio puesto en crisis hizo lugar a la impugnación planteada por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, dejando establecido que el presente crédito en ejecución se trataba de una obligación que se encuentra consolidada parcialmente en lo que hace a los importes devengados hasta el 31 de noviembre de 2001, conforme los términos y alcances de la ley 12.836 y sus modificatorias, motivo por el cual, ordenó reformular parcialmente el cálculo hasta la fecha de corte -30/11/01- e impuso las costas a la parte actora (v. res. del 5/5/22).

Deviene menester indicar que, el día 6 de mayo de 2022, el juez de la instancia de origen advirtió un error material en la parte dispositiva de la resolución a la que se hizo mención, por lo que procedió a aclarar dicho decisorio en el sentido de dejar establecido que las costas serían en el orden causado y no como impropiamente allí se consignara: «a la parte actora» (v. res. del 6/5/22).

B. Se agravia la accionante por cuanto comprende que el régimen en análisis resulta inaplicable a las obligaciones que surgen de las actuaciones. Advierte que la indemnización acordada es comprensiva no sólo del daño material ocasionado a los padres por el fallecimiento de su hijo producto de un ilícito ocasionado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sino también por el daño moral evaluado sobre la base de los padecimientos y angustias sufridas por el dolor y cuya remuneración cuantitativa no es posible, cual es la muerte de un hijo. Señala que transcurrieron veintiocho años desde el hecho fatídico y veintisiete desde la tramitación de la causa, con el agravante del fallecimiento del padre de la víctima (v. esc. eléc.del 13/5/22).

Manifiesta que el Fisco acudió a un sistema de legalidad procesal, que conlleva a una notoria elongación de este proceso, implicando una colisión con derechos constitucionales como es el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, a la tutela judicial continua y efectiva, al tiempo razonable del proceso, el derecho de resarcimiento pleno e integral. Señala que durante todo el tiempo transcurrido no solo perdieron la eventual ayuda económica de su hijo, sino que debieron afrontar de sus propios peculios los tratamientos médicos para superar el dolor de su pérdida que afectó la vida laboral, significando ello una influencia negativa para la vida económica familiar y su tranquilidad espiritual (v. esc. eléc. del 13/5/22).

Menciona que el Estado Provincial resultó civilmente responsable de la muerte de W.D., por lo que no puede invocar sus prerrogativas fundadas en razones de emergencia, reparar la privación de esa vida con una indemnización cuyo resarcimiento, indica, queda reducido a la nada, según la normativa vigente de la ley de consolidación de deuda Provincial (v. esc. eléc. del 13/5/22).

Señala que su no aplicación tiene fundamento en el propio artículo 10 de la ley 12.836; que sostener lo contrario atentaría contra la preceptiva que establece que todo aquel que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro está obligado a la reparación integral del perjuicio; que el resultado económico indemnizatorio para los reclamantes quedaría envilecido y reducido a su mínima expresión, razón por la cual, requiere que se declare la inaplicabilidad, en este proceso, de la ley 12.836 y sus modificatorias y se emplace al Estado Provincial para que dé cumplimiento a la condena mediante depósito de la sumas correspondientes según liquidación practicada (v. esc. eléc. del 13/5/22).

3.En el caso y en lo que aquí interesa, cabe señalar que las presentes actuaciones se iniciaron en diciembre de 1995, habiendo recaído sentencia recién en el mes de octubre de 2016 (v. hojas 1/2 y sent. del 26/10/16).

Este decisorio -26/10/16- el cual se encuentra firme, tuvo por acreditados los extremos que abastecen los presupuestos de hecho para viabilizar la pretensión de la actora -progresando la misma en el 100% respecto de la totalidad de los accionados- afirmando que los demandados L. y L. causaron la muerte de W.D.G. en el marco de un procedimiento policial, sin que se acreditara de su parte la razonabilidad y/o necesidad de obrar como lo hicieron (v. sent. del 26/10/16).

En ese entender, la sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda que por daños y perjuicios promovieran I.F. y R.G. -hoy sus herederos-, contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, D.A.L., y E.C.L.; condenando a la accionada a pagar la suma de $830.000 -por los rubros «daño a la vida, daño moral y daño psicológico», discriminados del siguiente modo: a la señora I.F.el importe de $ 455.000, mientras que a R.G. -hoy sus herederos-, el importe de $375.000, montos a los cuales se les aditaron los intereses según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho dañoso -12 de enero de 1994- y hasta el día de su efectivo pago. Por último, se impusieron las costas a la demandada y se difirió la regulación de los honorarios profesionales para la oportunidad de arribarse a una liquidación firme y aprobada (v. sent.del 26/10/16).

Ya con posterioridad a la sentencia recaída en los presentes obrados, la cual devino firme, el letrado apoderado de Fiscalía de Estado denunció la consolidación del capital adeudado, según la Ley 12.836, dictada en el marco de la emergencia económica y financiera que sufriera la Provincia de Buenos Aires (v. esc. eléc. del 11/11/16); mientras que la actora presentó la liquidación (v. esc. del 2/7/18) y el Fisco la impugnó (v. esc. eléc. del 12/11/18), procediendo a dictarse, en lo que aquí interesa, en mayo de 2022 la resolución que aquí viene cuestionada (v. res. del 5/5/22).

4. A. Liminarmente cabe recordar que la Ley 12.836 fue sancionada en el marco de la emergencia que se declaró a través de la ley 12.727, que expresamente adhirió a la ley nacional 25.344, de conformidad con lo establecido en su art. 24 (v. art. 46, Ley 12.727).

Ahora bien, el artículo 10 de la Ley 12.836 establece que:

«Quedan excluidas del régimen de la presente Ley las obligaciones que correspondan a deuda corriente no controvertida judicial ni administrativamente, aún cuando se encuentre en mora, así como toda prestación de naturaleza alimentaria, créditos laborales, créditos derivados de regímenes de jubilaciones y pensiones o nacidos de la relación de empleo público, los créditos derivados del trabajo o la actividad profesional y por daños a la vida, hasta un monto de diez mil (10.000) pesos» (art. 10, Ley 12.836).

Por su parte, el artículo 18 de la Ley 25.344 dispone que «El Poder Ejecutivo en la reglamentación establecerá un límite mínimo de edad a partir de la cual se podrá excluir de la consolidación que se establece por la presente, a titulares de créditos previsionales derivados del régimen general.Asimismo, se podrá disponer la exclusión cuando mediaren circunstancias excepcionales vinculadas a situaciones de desamparo e indigencia en los casos en que la obligación tuviere carácter alimentario» (art. 18, Ley 25.344).

Resulta claro que ambas normativas prevén la posibilidad de que, frente a determinadas circunstancias, puedan excluirse obligaciones y créditos del régimen de consolidación.

En ese marco, corresponde analizar si el alcance de los casos expresamente enumerados por el artículo en cuestión, como el límite del monto allí dispuesto -v. parte final del art. 10, Ley 12.836- tiende a ser más restrictivo que lo dispuesto por la ley 25.344 y su posible repercusión en los derechos tutelados por la Convención Americana de Derechos Humanos y por la propia Constitución Nacional (conf. art. 10, Ley 12.836; 18, Ley 25.344).

Como refiere el doctor Juan Carlos Hitters, al juzgar un caso debe buscarse la compatibilidad entre las normas locales y las supranacionales, no sólo a las del Pacto de San José sino a todos los Tratados Internacionales ratificados por la Argentina, al ius cogens -derecho imperativo- y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto hace al control de convencionalidad (autor citado, «Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Influencia de los Tratados en el derecho Interno. Responsabilidad de los jueces», diseñado e impreso en la imprenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 2009, págs. 96 y sig s.).

Con cita de palabras de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, el referido magistrado nos recuerda que «.los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad («Caso Almonacid Arellano y otros.») de oficio, entre las normas locales y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.» (ob. cit., pág. 97 y vta.).

Asimismo, el art.26 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone que los Estados Partes se comprometen a adoptar a nivel interno la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados (art. 26, CADH).

Por consiguiente, cuando se analiza la Cláusula Federal de la misma Convención, prevista en su artículo 28, tendiente a que sus disposiciones se cumplan en toda la extensión del territorio de los Estados Partes cuando ellos tengan una forma federal de gobierno, se infiere que deben adoptarse por las Provincias aquellas normativas que otorguen un alcance más amplio en cuanto a la protección de los derechos, cuando así lo dispone para la Nación (conf. esta Sala causa 111863, sent.del 21/2/17, RSI 25/17).

De lo expuesto hasta el momento, y en atención a una interpretación armónica de las normas en cuestión, puede concluirse que cuando la Nación brinda mayor amplitud a las causales y alcance de exclusión de la consolidación de deudas que las referidas en la normativa provincial, habrá que estarse a la norma que brinda mayor protección al grupo de personas involucradas.

Si bien el artículo 18 de la Ley 25.344 no establece, como el artículo 10 de la Ley 12.836, de manera específica la exclusión del sistema de consolidación frente a un daño a la vida, en palabras de los doctores Maqueda y Rueda, se ha establecido que «.Al examinarse si el texto de la ley 25.344 revela la voluntad del legislador de incluir en el régimen de consolidación las deudas que se originan en la obligación del Estado de resarcir daños como en los que en esta causa se han determinado, cabe interpretar, en consonancia con el mandato constitucional de protección del derecho a la vida y el consiguiente deber de reparar su pérdida, que el Estado ha contemplado un remedio legal efectivo en el artículo 18, segundo párrafo de la Ley 25.344, lo que autoriza a excluir esta hipótesis del régimen de consolidación de la deuda pública (conf. CSJN, votos de los doctores Maqueda y Rueda, causa «Mesquida Gregorio c/ Estado Nacional -Armada Argentina s/ Accidente en el ámbito militar y fuerzas de seguridad», sent. del 28/11/06).

Como se indicó, el artículo 10 de la Ley 12.836 establece como causal de exclusión del régimen de consolidación de deudas, de manera expresa, los daños que se hubieren suscitado contra la vida, mas lo efectúa imponiendo como límite la suma de $10.000.Es decir, aquellos montos que excedan dicho límite no quedan alcanzados por la exclusión que prevé el artículo en cuestión, mientras que la ley homónima nacional no establece límite alguno (v. arts. 10, Ley 12.836; 18, Ley 25.344).

Así, se observa que en la especie la normativa provincial colisiona con el artículo 31 de la Constitución Nacional, pues aquel ordenamiento no sólo no se compadece con su antecedente nacional al que adhiere, sino que, además, impone mayores restricciones a los derechos de quienes deben percibir créditos de la Provincia (conf. arts. 31, CN; 18, Ley 25.344; 10, Ley 12.836; 46, Ley 12.727).

B. Ahora bien, la protección a la inviolabilidad física, psíquica y moral del individuo constituye un rasgo dominante del principio «pro homine» -principio por el cual se debe acudir a la norma más amplia o interpretación más extensiva cuando se trata de proteger los derechos del ser humano-, es un derecho preexistente a toda la legislación positiva y resulta garantizado por la Constitución Nacional. El ser humano es el eje y centro de todo el

sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo su persona constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. También es principio axiomático que ante la vulneración de aquellos bienes fundamentales, deben asegurarse los imperativos de justicia de la reparación, que no debe cubrirse solo en apariencia (conf. CSJN, voto del doctor Fayt, en causa «Cots c/ Estado Nacional s/ Sumario», sent. del 12/3/13).

La Convención sobre Derechos Humanos, es asaz y concluyente al respecto, pues su artículo 27 establece que las razones de emergencia que afecten la seguridad del Estado no autorizan la suspensión, siquiera limitada o transitoria del derecho a la vida y a la integridad física reconocidos en los artículos 4 y 5 de aquélla.Por su parte, el artículo 63.1 de dicha Convención faculta a la Corte Interamericana a imponer las reparaciones pertinentes cuando esos derechos sean lesionados. En el caso de la privación del derecho a la vida, la restitución al estado anterior resulta imposible y, por ello, la reparación a que alude el artículo 63.1 sólo puede asumir la forma de una indemnización sustitutiva, conforme la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos «Aloeboetoe», «Bulacio» y «Garrido y Baigorria» (conf. CSJN, voto del doctor Fayt en causa cit., quien hace alusión a los votos de los doctores Petracchi y Lorenzetti en la causa «Mesquida»).

En base a lo hasta aquí señalado, considerando que se tuvo por acreditado que W.D.G. -hijo de los accionantes- falleció a manos de los codemandados L.y S., quienes le dieron muerte en ocasión del ejercicio de sus funciones, al punto de ser el mismo privado de su libertad, esposado, llevado en un móvil policial -al amparo de un procedimiento policial de factosiendo ultimado por dichos agentes con el pretexto de un enfrentamiento armado que no fue acreditado (v. sent. del 26/10/16); meritando que la presente causa se inició en el año 1995 por la circunstancia fatídica a la que se hizo mención, acaecida en enero de 1994; que se dictó sentencia recién en el año 2016, sin que a la fecha los actores hayan podido percibir suma indemnizatoria alguna, es decir, transcurrieron más de 28 años desde el terrible suceso a la actualidad; que, ínterin, falleció el progenitor de la víctima (v. certificado de defunción acompañado a hoja 243); siendo que su madre tiene 70 años (v.certificado de nacimiento de hojas 17), por lo que integra un sector de la sociedad identificado como un adulto mayor o anciano o integrante del grupo señalado como la tercera edad, que cuentan con reconocimiento y protección especial tanto en la Constitución de la Nación (artículos 14 bis y 75, inciso 23, CN) como en la de nuestra Provincia (artículo 36, inciso 6, Const. Prov.), al igual que en documentos internacionales (v. gr. En el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales -Protocolo de San Salvador. Artículo 17, «Protección de ancianos», entre otros) y teniendo en consideración que la Ley 12.836, en su artículo 10, prevé como exclusión del régimen de consolidación a los créditos derivados por el daño a la vida, destacándose, al respecto y por las consideraciones antes brindadas, que deviene inaplicable lo estipulado en su último apartado, en cuanto establece una limitación que la Ley 25.344 no establece, es que cabe hacer lugar al recurso de la parte actora y excluir la suma indemnizatoria otorgada en la sentencia del 26/10/16 -la cual devino firme- del régimen de consolidación previsto por la Ley 12.836 y sus modificatorias (conf. arts. 75, inc. 22; 4 y 5 CADH; 10, Ley 12.836; 18, Ley 25.344).

Dable es destacar, asimismo, que si bien el artículo en cuestión -10, Ley 12.836- menciona solamente el daño a la vida, no corresponde hacer una interpretación restrictiva de aquél, toda vez que en la jurisprudencia de la Corte de Nación no está ausente la evaluación del daño como «frustración del desarrollo pleno de la vida» y, como tal comprensión, es evidente que la afectación moral, como la faz psicológica, se encuentran incluidas en el concepto de «daño» y que el resarcimiento de éstos sólo procuran otorgar medios de satisfacción de angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristezas propias de la situación vivida (conf.CSJN, voto del doctor Fayt, causa en causa «Cots c/ Estado Nacional s/ Sumario).

Una interpretación contraria llevaría a sostener que el Estado está eximido de su deber de proteger la vida y habilitado para dejar sin tutela judicial efectiva y a una reparación integral a aquellos que han sido privados de la persona cuya vida se extinguió por la exclusiva responsabilidad de aquél (arts. 75 inc. 22 y art. 4, 5, punto 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; conf. CSJN, voto del doctor Maqueda y Rueda en causa «Mesquida.», ya cit.).

Máxime que el Estado, ya sea en su ámbito legislativo, ejecutivo o judicial, debe garantizar la efectiva vigencia de la Convención Americana que el mismo suscribió y dotó de jerarquía constitucional (arts. 75 inc. 23 y 2 de CADH). En el caso, debió asegurar el derecho a la vida, y ante su propio y fatal incumplimiento, reparar el daño ocasionado de forma oportuna -lo que fácilmente en la especie se observa no ha ocurrido- y plena (arts. 1716, 1740 y 1745 del Código Civil y Comercial).

Asimismo, deviene menester resaltar que ante ciertas circunstancias especiales, que configuran una excepcional situación desventajosa del titular de la indemnización, la Suprema Corte ha resuelto dejar de lado el régimen general de consolidación, en el entendimiento de que su aplicación conllevaría una grave afectación de aquellos derechos cuyo reconocimiento se halla específica mente garantizado por la Constitución Nacional y por su par provincial, como así también por los tratados que integran el bloque federal (conf. SCBA, causa 108.934, sent. del 26/8/15).

A razón de lo hasta aquí expuesto tanto en lo fáctico como en lo jurídico, no caben dudas de que todo el crédito de la actora queda excluido de la Ley de consolidación antes referida (conf. arts. 75, inc. 22, CN; 4, 5, 10, Ley 12.836) pues la Ley local no supera, en la especie, el test de razonabilidad exigible (arts. 28 y 33 de la Const.Nac.), como requisito esencial para su aplicación.

C. Consecuentemente propicio, en este especial caso, revocar el decisorio apelado del 5 de mayo de 2022 y su aclaratoria del 6 de mayo de 2022, estableciendo que todo el crédito de la actora queda excluido del régimen de consolidación previsto en la Ley 12.836 y sus modificatorias. Las costas propongo sean impuestas a la demandada en su carácter de vencida (conf. arts. 68, 69, 274, CPCC).

VOTO POR LA NEGATIVA.

El señor Juez doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:

En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde revocar, en este especial caso, el decisorio apelado del 5 de mayo de 2022 y su aclaratoria del 6 de mayo de 2022, estableciendo que todo el crédito de la actora queda excluido del régimen de consolidación prevista en la Ley 12.836 y sus modificatorias. Asimismo, las costas corresponden sean impuestas a la demandada en su carácter de vencida (conf. arts. 68, 69, 274, CPCC).

ASÍ LO VOTO.

El señor Juez doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.

CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A

POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se revoca, en este especial caso, el decisorio apelado del 5 de mayo de 2022 y su aclaratoria del 6 de mayo de 2022, estableciendo que todo crédito de la actora queda excluido del régimen de consolidación previsto en la Ley 12.836 y sus modificatorias. Asimismo, las costas se imponen a la demandada en su carácter de vencida (conf. arts. 68, 69, 274, CPCC).

EGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.

DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS

JUEZ PRESIDENTE

(art. 36 ley 5827)

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