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#Fallos Cuide el trabajo: Procede la exclusión de la tutela sindical de un trabajador bancario que, intempestiva, impertinente e injustificadamente, suspendió la atención al público

Partes: Banco de Corrientes S.A. c/ M. R. R. s/ Exclusión de Tutela Sindical

Tribunal: Cámara de Apelaciones de Curuzú Cuatiá

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 1 de agosto de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138171-AR|MJJ138171|MJJ138171

Voces: TUTELA SINDICAL – EXCLUSIÓN DE LA TUTELA SINDICAL – LIBERTAD SINDICAL – SUSPENSIÓN DEL TRABAJADOR

Se hace lugar a la demanda de exclusión de la tutela sindical de un trabajador bancario que, intempestiva, impertinente e injustificadamente, suspendió la atención al público.

Sumario:
1.-No puede confirmarse el rechazo de la exclusión de la tutela sindical, pues el demandado incurrió en una falta que es sancionable con suspensión -suspensión de la atención al público-, y si el juez consideró que la extensión de la propuesta resultaba desproporcionada, debió reajustarla a sus justos límites y excluir con ese alcance la tutela sindical.

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2.-La decisión unilateral, intempestiva e injustificada de interrumpir definitivamente la atención al público asistente, hace procedente la sanción de suspensión que propone la entidad empleadora en el pedido de exclusión de tutela sindical que le impide jurídicamente aplicarla.

Fallo:
En la ciudad de Curuzú Cuatiá, Provincia de Corrientes, República Argentina, siendo el primer día del mes de agosto del año dos mil veintidós, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, el Señor Presidente de la misma, Dr. Claudio Daniel FLORES, y los Señores Vocales Titulares, Dres. César H. E. Rafael FERREYRA y Ricardo Horacio PICCIOCHI RIOS, asistidos de la Señora Secretaria autorizante, tomaron en consideración el juicio caratulado: «BANCO DE CORRIENTES S.A. C/M., R. R. S/EXCLUSION DE TUTELA SINDICAL», Expte. N° RXP 10510/19, venidos en apelación y que practicado el Sorteo de la causa, resultó para votar en primer término, el Dr. César H. E. Rafael FERREYRA, en segundo término, el Dr. Claudio Daniel FLORES y para el caso de disidencia, el Dr. Ricardo Horacio PICCIOCHI RIOS.-

R E L A C I Ó N D E C A U S A

El Dr. César H. E. Rafael FERREYRA dijo: Como la practicada por el a-quo se ajusta a las constancias de autos, a ella me remito a fin de evitar repeticiones.-

A fs. 165/170 el Sr. Juez de primera instancia dictó la Sentencia N° 26, rechazando la demanda de exclusión de tutela sindical entablada por el Banco de Corrientes S.A. contra R. R. M., imponiendo las costas a la parte actora.

Contra esta definitiva, a fs. 171/174, interpone recurso de apelación el Dr. Adolfo Víctor Bordagorry, apoderado de la parte actora, corriéndose traslado a fs. 185 por auto N° 12620. Esté no fue contestado por la contraria, según surge de la certificación actuarial de fecha 14.03.2022, concediéndose el recurso interpuesto por auto N° 1848, con efecto no suspensivo y trámite inmediato.

Ingresados los autos a esta Alzada, en fecha 12.04.2022 por auto N° 336 se integra el Tribunal con los Sres.Vocales Titulares y por auto N° 364 del 20.04.2022 se llaman autos para sentencia, respetándose el orden de sorteo que precedentemente certifica la Actuaria.

Habiéndose cumplimentado los pasos procesales preindicados y firmes los mismos, los autos quedan en estado de resolverse en definitiva.

Los Dres. Claudio Daniel FLORES y Ricardo Horacio PICCIOCHI RIOS manifiestan conformidad con la precedente relación de causa y seguidamente la Cámara de Apelaciones plantea las siguientes:

C U E S T I O N E S

PRIMERA: ¿Es nula la Sentencia recurrida?

SEGUNDA: En caso contrario, ¿Debe la misma ser confirmada, modificada o revocada?

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR CAMARISTA DR. CÉSAR H. E. RAFAEL FERREYRA DIJO: El recurso no fue interpuesto ni sostenido y no advirtiéndose vicios de fondo o de forma que invaliden la sentencia recurrida, no corresponde considerar la cuestión. ASI VOTO.

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR CAMARISTA DR. CLAUDIO DANIEL FLORES DIJO: Que adhiere.

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR CAMARISTA DR. RICARDO HORACIO PICCIOCHI RIOS DIJO: Que adhiere.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR CAMARISTA DR. CÉSAR H. E. RAFAEL FERREYRA DIJO: § 1.- El Banco de Corrientes S.A. (parte actora) demandó, en los términos del art. 52 de la ley 23.551, la exclusión de la tutela sindical que ampara al señor R. R. M. (demandado) dada su condición de secretario suplente 1° de la mesa ejecutiva de la comisión gremial interna de la seccional Paso de los Libres de la Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Bancos), a fin de aplicarle una sanción disciplinaria consistente en una suspensión de siete días por haber decidido, intempestiva, impertinente e injustificadamente, suspender o interrumpir la atención al público que él realizaba junto con otra agente en el sector servicios a las 12:47 horas de la jornada del 21 de junio de 2019, a pesar que en el salón permanecían clientes aguardando ser atendidos.El demandado resistió esta pretensión negando, directamente, la ocurrencia del hecho que se le imputó, es decir, negando por no ser cierto que «siendo las 12,47 del día 21/06/2019 haya procedido a suspender la atención al público en el sector servicios», afirmando que la parte actora «inventó que el día 21/06/2019 siendo las 12.47 he suspendido la atención al público que realizaba en el sector servicios». Es decir que el demandado, al contestar la demanda, no explicó el hecho ni brindó una justificación de su acción, sino que derechamente negó el hecho y la acción que se le imputara, atribuyéndole su invención a la empleadora.

§ 2.- El señor juez de primera instancia, en la sentencia que viene apelada por la parte actora (cap. 5), luego de realizar un análisis jurídico sobre sus atribuciones al momento de resolver la exclusión de tutela sindical (pto. a), se dispuso a analizar la plataforma fáctica (pto. b) concluyendo que, de la prueba producida (documental y su reconocimiento) «surgen acreditados los hechos atribuidos a M.». Implícitamente los consideró una falta, un incumplimiento a sus obligaciones. Así lo entiendo pues, seguidamente (pto. c), analiza la proporcionalidad entre la falta y la sanción que se pretende aplicar, análisis que evidentemente resultaría inoficioso si la conducta de M. -acreditada- no se considerare una falta o incumplimiento de su parte. «Así las cosas -dice el juez en su sentencia-, al hallarse acreditado el hecho atribuido a M., cabe considerar si existió proporcionalidad entre la falta atribuida a éste y la sanción de suspensión por siete días que la parte actora estima aplicable». Y concluyó que no, que no existe esa necesaria proporcionalidad entre el hecho generador y la sanción disciplinaria, por lo que rechazó la pretensión de excluir la tutela sindical.§ 3.- En efecto, si bien el primer juez consideró que se halla acreditado el hecho invocado por la parte actora, juzgó que «la sanción pretendida luce desproporcionada porque el hecho generador no inviste la gravedad suficiente para merecer una suspensión de siete días como pretende la accionante». Al efecto valoró la antigüedad de M. (44 años), su cargo jerárquico actual (2do. Jefe Dpto. 2da), la falta de antecedentes disciplinarios, y la benignidad con la que estimó debe juzgarse su conducta. Se detuvo en la falta de perjuicio alguno para la empleadora, no habiendo acreditado la parte actora el supuesto perjuicio en su relación con los clientes, teniendo en cuenta que la suspensión del servicio se produjo fuera del horario previsto para la atención al público provocando un hipotético descontento de los clientes. Añadió que la accionante no aportó prueba eficaz que permita determinar -objetivamente- «que la propuesta de suspensión por siete días guarde proporción con la conducta reprochada y el lapso de duración de la suspensión del servicio, a raíz de lo cual no se configuraría la justa causa prevista en el art. 48 L.A.S.».

§ 4.- Asumo entonces que para el primer juez, el demandado cometió la falta o incumplimiento imputado, que él es sancionable, que lo es con suspensión, pero que la extensión de ésta (siete días) no sería proporcional a la falta o incumplimiento cometido. Es la conclusión que extraigo de la inteligencia de la decisión, que obtengo de la lectura integral de la sentencia. Como ya lo adelanté, resultaba inoficioso analizar la proporcionalidad de la sanción anunciada por la empleadora si la conducta acreditada de M. no fuera considerada una falta o incumplimiento a sus obligaciones laborales, sancionable.A su vez, si lo desproporcionado fuera la aplicación de la sanción de suspensión, a secas, así debió expresarlo el juez claramente; en cambio, al argumentar sobre la necesaria proporcionalidad entre la falta concretamente atribuida y acreditada y la sanción propuesta, siempre se refiere -en tres oportunidades- a la «suspensión por siete días» (sintagma). Por ello, según se desprende de la sentencia apelada, lo desproporcionado no es la sanción de suspensión en sí, sino la extensión de ésta «por siete días». Lo sucedido es que, en lugar de reajustar la extensión de la sanción de suspensión y excluir la tutela con ese alcance -menor al propuesto-, desestimó la exclusión en su totalidad.

§ 5.- En sus agravios, la parte actora expresa -entre otras afirmaciones dogmáticas- que lo resuelto no se compadece con la solución jurídica que en el caso procede, que es un grosero error provocado por un exceso de garantismo, en virtud de una equivocada ponderación de las circunstancias del caso. En concreto afirma que no obstante considerarse comprobado que el demandado cometió la inexcusable falta que se persigue sancionar, el sentenciante minimizó su gravedad y entidad basándose en apreciaciones de neto corte subjetivo. Sostiene que la antigüedad del demandado no es un elemento morigerador de su conducta puesto que su experiencia, jerarquía y su condición de dirigente sindical, no le permitían ignorar que estaba vedado suspender unilateral e infundadamente la atención al público. Al mismo tiempo, dada la gravedad de la falta cometida obsta a que la ausencia de sanciones y la trayectoria laboral del demandado tengan los efectos y alcances indicados en la sentencia. Entiende que la afectación de la relación con los clientes que esperaban ser atendidos surge del hecho mismo de la súbita e intempestiva suspensión de la atención al público, decidida por el demandado. Todo ello demostraría, según argumenta, que la sanción que pretende aplicar se compadece con la entidad y gravedad del incumplimiento.Agrega que no se valoró la falsedad de la justificación que adujera el demandado para interrumpir la atención al público. El demandado no contestó estos agravios.

§ 6.- En mi ponderación, los agravios de la parte actora no son idóneos para sostener la extensión de la suspensión pretendida, esto es, por siete días, sino que nada más refuerzan un juicio de mérito que viene realizado de la anterior instancia en el mismo sentido, es decir, que el demandado cometió una falta injustificada (interrupción unilateral definitiva de la atención al público presente en la entidad), que merece sanción y que esta sanción debe ser la suspensión. No es correcto afirmar que el primer juez haya censurado la extensión de la suspensión por apreciaciones meramente subjetivas; por el contrario, visto la entidad y gravedad que la empleadora asigna a la conducta de M. -que no sería tal para disponer, por ejemplo, su despido-, no cabe duda que, incluso en su propio parecer, la antigüedad del trabajador y la ausencia de todo antecedente disciplinario son circunstancias objetivas que conducen a atenuar el rigor de la sanción a tal punto que, por ejemplo, no propone el máximo o la mitad del plazo posible de suspensión; primera suspensión de la que es pasible, precisamente, por adoptar una conducta incompatible con el desempeño regular de sus funciones ejercidas en el sector servicios de la entidad bancaria en desmedro de la dignidad con la que merecen ser tratados y atendidos los consumidores del servicio de la entidad que representaba, comprometiendo potencialmente la responsabilidad de ésta (art. 42, Const. Nac.; art. 8° bis, ley 24.240, texto según ley 26.361).

§ 7.- La parte actora (apelante) reclama por lo que entiende es una omisión de considerar como falsa la pretendida justificación que adujera el demandado para interrumpir el servicio (quedar sin sistema), lo que habría ocurrido 13 minutos después.Sin embargo, a mi juicio, el argumento no la beneficia, antes bien, refuerza lo juzgado en cuanto a la desproporcionalidad de la extensión de la suspensión, agregando otro argumento a los ya vertidos por el primer juez. En efecto, si bien en este proceso el demandado no dio ninguna explicación de su proceder, el agravio de la parte actora invita a leer la resolución n° 915 de fecha 10 de octubre de 2019, y se ve que lo manifestado por M. «con relación al funcionamiento del sistema y la carga operativa del sector resulta atendible», pues -según las consideraciones previas a la conclusión del informe de incumplimiento n° 068/2019-«aproximadamente» a las 13:00 horas del día en cuestión se produjo, efectivamente, una baja del sistema informático a raíz de efectuarse desde casa central una prueba de contingencia. Precisamente por ello, la justificación de quedarse sin sistema no es falsa como lo propone la empleadora en el recurso, sino atendible como lo estimó la misma empleadora en la citada resolución. Lo que motiva la propuesta de sanción y es en lo que consiste la falta de M., es su decisión de, en ocasión de la caída del sistema cuya operatividad no demandaría más de 15 minutos no determinando un retraso significativo en la atención, declinar definitivamente -por la jornada- la atención al público en espera, unilateral, intempestiva e injustificadamente.

§ 8.- Pero si bien la apelante no logra convencer sobre la proporcionalidad de la extensión de la sanción de suspensión que propone, siendo acertado en este sentido la decisión del primer juez, eso no quiere decir que deba confirmarse el rechazo de la exclusión de la tutela sindical, pues el demandado incurrió en una falta que es sancionable con suspensión, y si el juez consideró que la extensión de la propuesta resultaba desproporcionada, debió reajustarla a sus justos límites y excluir con ese alcance la tutela sindical. En efecto, participo del criterio según el cual:»El juez requerido de exclusión con motivo de una suspensión cuenta con las facultades que le confiere el artículo 67 de la LCT. Es decir que puede disminuir la gravedad de la medida si entiende que la propuesta del empleador resulta desproporcionada a la entidad de la falta comprobada; incluso cambiar el ‘tipo’ de sanción proyectada (por ejemplo, apercibimiento por suspensión). Con ello no sustituye la potestad patronal sino la reajusta, posibilidad que la norma citada acuerda a texto expreso en grado de revisión en el caso de trabajadores sin tutela y que, con mayor razón, debe reconocérsele si interviene en el grado preventivo» (Machado, José D. – Ojeda, Raúl H., Tutela de la representación gremial, en Tratado de derecho del trabajo, dir. por Mario E. Ackerman, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2007, t. VII, ps. 710/1; confr. SCJ de Santa Fe, 27/04/2005, «Milkaut S.A. c/ Maluf, Ramón -exclusión tutela sindical- s/ Recurso inconstitucionalidad», EC J 5180/95). La reconocida facultad del juzgador de revocar la sanción disciplinaria (o rechazar totalmente la tutela sindical para aplicarla), «implica lo más, y la sustitución o limitación, lo menos; entendiendo que la ley ha otorgado poderes menores a quien los tiene mayores» (Sappia, Jorge J., en Ley de contrato de trabajo, coord. por A. E. Altamira Gigena, Astrea, Buenos Aires, 1986, t. 1, ps. 385/6, con cita de Justo López; confr. Gnecco, Lorenzo P., La suspensión en el contrato de trabajo, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2016, t. I, p. 443).

§ 9.- Precisamente, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria entienden que el de exclusión de la tutela sindical es un proceso de conocimiento pleno y definitivo -no habrá otro donde se discutan los mismos hechos, en nuestro caso, la extensión adecuada de la sanción disciplinaria de suspensión que se juzga procedente- exigiéndose, por esa razón, que la accionante especifique en la demanda el tipo e intensidad de la medida que propone adoptar.»Basándose en que el diseño legal supone un régimen de propuesta, requiere al demandante que exponga claramente al demandar qué tipo de medida se propone adoptar (y con qué extensión, en el caso de las suspensiones), dado que el juez deberá emitir un juicio de adecuación proporcional entre los incumplimientos que se comprueban y la gravedad de la respuesta proyectada por el empleador» (Machado, José D. – Ojeda, Raúl H., ob. cit., p. 740).

De allí que: «.será en el mismo y único proceso sumarísimo a sustanciarse ante el tribunal de trabajo competente (arts. 52 y 63, Ley 23551; 496, CPCC; 2 y 63, Ley 11653 y causa L. 87.644, «Lemos», sent. de 3- IX-2008), donde se dará el debate en que el órgano de grado deberá valorar -en uso de las privativas facultades que le asisten (art. 44 inc. «d», Ley 11653)- los hechos invocados por el principal y pronunciarse sobre su demostración -o no- y, por ende, respecto de la legitimidad de la petición de desafuero como de la medida cuya adopción se pretende, debiendo la promotora del juicio -a esos fines individualizarla con precisión (v.gr., en la hipótesis de que se persiguiera aplicar una suspensión de tipo disciplinaria, la empleadora deberá -como recaudo insoslayable- indicar su extensión)» (SCJ de Buenos Aires, 20/12/2017, «Fate. S.A.I.C.I. c/ Ottoboni, Víctor Octavio s/ Exclusión de tutela sindical», RC J 539/18).

En esa línea se tiene resuelto que: «.la resolución judicial previa a la que alude el art.52, Ley 23.551 sólo puede ser tomada a partir de una cabal comprobación del motivo justificado que el empleador invoque lo cual únicamente puede hacerse a partir de una concreta especificación en la demanda de exclusión de la medida que se pretende adoptar, pues de otro modo los jueces no podrían evaluar si las razones que se alegan guardan relación o proporción adecuada con el despido, la suspensión o la modificación contractual de que se trate (C.S.J.N., Universidad Nacional de Rosario vs. Calarota, Luis Raúl s. exclusión de tutela sindical, 15.02.2018; 13/2012, RCJ 600/18)» (STJ de Corrientes, sent. lab. n° 51 y 56/2022, entre otras).

§ 10.- Estamos pues ante una omisión del señor juez de primera instancia, que no puede simplemente atribuirse a un simple olvido -subsanable por vía de aclaratoria-, sino, así lo entiendo, a una toma de posición -implícita- en el sentido contrario al que vengo exponiendo.Es que también es conocido el criterio -a mi juicio equivocado- según el cual «no es válido que el órgano judicial unilateralmente resuelva -por su propia iniciativa- una medida de una duración diferente a la impuesta por la empresa demandada (de mayor o menor duración e incluso el despido) porque, en ese supuesto, el juez habría asumido una facultad que no le es propia sino que le cabe al empleador en ejercicio de sus facultades de organización y dirección» (CNTrab., Sala X, 09/11/2018, RC J 11117/18, del voto del juez Stortini). Criterio que no parece en sintonía con aquél -imperante- que ve en la decisión de la exclusión de tutela sindical un juzgamiento definitivo de la procedencia de la medida con amplios poderes de decisión del juez en pos de dirimir la controversia, sino más bien con un juicio provisional que habilitaría -podría pensarse- la promoción de tantos pedidos de exclusión de tutela sindical por la misma falta como sean necesarios hasta dar con el criterio del juzgador, retenido en su mente, desde el primero.

§ 11.- Puede esta Cámara, en ejercicio de la pregonada plenitud de jurisdicción que habilita el recurso de apelación de la parte actora, fijar la extensión de la suspensión y excluir en consecuencia y con ese alcance la tutela sindical del demandado. «El juez de apelación encuéntrase frente a la demanda en la misma condición en que se encontraba el juez de primer grado en el momento de pronunciarla: tiene los mismos poderes y deberes [.] Evidentemente podrá suceder que el juez de apelación se ocupe de cuestiones que no han sido examinadas por el primero» (Chiovenda, José, Principios de derecho procesal civil, Reus, Madrid, 1925, t. II, p.492). «De lo dicho se infiere que el ámbito de conocimiento de los tribunales de alzada se encuentra en primer lugar limitado por el contenido de las cuestiones propuestas a la decisión del juez inferior, y no por lo resuelto por éste en su sentencia» (Palacio, Lino E., Derecho procesal civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1979, t. V, p. 461). «La apelación ‘devuelve al tribunal ‘ad quem’ la plenitud del ejercicio de la jurisdicción, lo cual hace procedente, tal como ocurriera en la especie, que se resolviera la plenitud del objeto litigioso ejerciendo jurisdicción positiva; de ahí que correspondió entrar a considerar el fondo de la cuestión planteada» (STJ de Corrientes, sent. lab. n° 59/2007); «.por el efecto devolutivo de la ape lación el tribunal de alzada asume, respecto de la cuestión que se le somete como agravio, la plenitud de la jurisdicción, como poderes idénticos en su extensión y contenido a los del juez apelado» (STJ de Corrientes, sent. civ. n° 44/2022).

§ 12.- Pues bien, la decisión unilateral, intempestiva e injustificada de interrumpir definitivamente -por la jornada en curso, para no retomarla una vez reiniciado el funcionamiento del sistema en pocos minutos sin retraso significativo- la atención al público asistente -ingresante antes del cierre de puertas- que tuvo que retirarse -salvo dos o tres que fueron atendidos en la gerencia- sin la prestación del servicio que fue a procurar y para el cual -es de suponer razonablemente- debió guardar una previa espera, por lo dicho particularmente en el anterior § 6, a lo que se añade la jerarquía del trabajador, hace procedente la sanción de suspensión que propone la entidad empleadora en el pedido de exclusión de tutela sindical que le impide jurídicamente aplicarla. Pero concurren como atenuantes y para determinar la justa extensión de la suspensión:a) la antigüedad, b) la ausencia de todo antecedente disciplinario, c) lo atendible de la justificación inicial de la interrupción de la atención a los clientes, d) la condición de dirigente sindical y la benignidad con la que debería juzgarse su conducta -argumento del primer sentenciante que no es criticado en la apelación, donde, en su lugar, se insiste en la ejemplaridad exigible a su comportamiento-, e) la falta ocurre al finalizar la jornada y fuera del horario de atención al público -este argumento atenuante que se lee en la sentencia, que si bien no excusa la falta de atención al público presente, tampoco fue objeto de crítica en el recurso-, f) en ocasión de una caída del sistema informático -primer inconveniente para los consumidores del servicio- causado desde la casa central de la misma entidad por la realización de una prueba de contingencia, g) la responsabilidad comprometida con la conducta en razón del trato y atención dignos que merecen los consumidores del servicio no se habría actualizado en un reclamo concreto con perjuicio patrimonial para la entidad.

§ 13.- Entiendo, por ello, que la sanción aplicable no puede exceder de dos días de suspensión. Apelo a los antecedentes de los casos resueltos en los exptes. nros. TXP 8717/18, TXP 8740/18 y TXP 8958/18. En el primero de ellos, la misma entidad bancaria comenzó proponiendo la sanción de tres días de suspensión para una trabajadora (de 15 años de antigüedad y, aparentemente, sin antecedentes disciplinarios) que incumplió en dos oportunidades con la normativa reglamentaria de constatación de supervivencia de beneficiarios previsionales, posibilitando que por varios meses continuara operativa la cuenta de una persona fallecida -que no tenía apoderados- donde se acreditaban los haberes y eran extraídos por parte de un tercero no autorizado.En el segundo caso, a la misma trabajadora y ante una tercera falta de la misma naturaleza, la entidad propone excluir su tutela sindical para aplicar una sanción de siete días de suspensión. Dos incumplimientos más, uno de ellos de otra naturaleza, desembocarán en el tercer caso en la exclusión de tutela para el despido de la trabajadora. Por manera que es razonable considerar que a un trabajador jerárquico con más de 44 años de antigüedad y sin antecedente disciplinario alguno, que cometió la falta (primera y única) que antes se describió en el contexto indicado en el precedente § 12, sin compromiso concreto de la responsabilidad patrimonial de la empleadora, no puede ser sancionado con más de dos días de suspensión. Con tal alcance he de proponer hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora, revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, hacer lugar a la demanda de exclusión de la tutela sindical que ampara al señor R. R. M. a fin que su empleadora, en el plazo de diez días de firme o ejecutoriada la presente, haga efectiva la sanción disciplinaria de suspensión hasta dos días, con costas en ambas instancias al demandado vencido (art. 87, LPL).

§ 14.- Por todo lo expuesto, propongo entonces para el Acuerdo de Cámara, de ser compartido, el siguiente pronunciamiento: 1°) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia n° 26 de fecha 24 de noviembre de 2021, la que se revoca y, en su lugar, 2°) Hacer lugar a la demanda de exclusión de la tutela sindical promovida por el Banco de Corrientes S.A. contra el señor R. R. M., a fin que la empleadora, en el plazo de diez días de firme o ejecutoriada la presente, haga efectiva la sanción disciplinaria de suspensión propuesta, hasta dos días. 3°) Costas de ambas instancias al demandado-apelado vencido. Así voto.-

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR CAMARISTA DR.CLAUDIO DANIEL FLORES DIJO: Compartiendo el criterio y doctrina sustentado por el Señor Vocal preopinante, voto en idéntico sentido.

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR CAMARISTA DR. RICARDO HORACIO PICCIOCHI RIOS DIJO: Compartiendo el criterio y doctrina sustentado por el Señor Vocal preopinante, voto en idéntico sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo pasado y firmado por ante mí, Secretaria de todo lo cual doy fé.

Dr. CÉSAR H. E. RAFAEL FERREYRA

JUEZ

CÁMARA DE APELACIONES

CURUZÚ CUATIÁ

Dr. CLAUDIO DANIEL FLORES

JUEZ

CÁMARA DE APELACIONES

CURUZÚ CUATIÁ

Dr. RICARDO HORACIO PICCIOCHI RÍOS

JUEZ

CÁMARA DE APELACIONES

CURUZÚ CUATIÁ

Dra. MARÍA ISABEL RIDOLFI

SECRETARIA

CÁMARA DE APELACIONES

CURUZÚ CUATIÁ

S E N T E N C I A

Curuzú Cuatiá, 01 de agosto de 2022.-

NÚMERO: 40

Y VISTOS: Por los fundamentos que instruye el Acuerdo precedente, SE RESUELVE: 1°) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia de primera instancia N° 26 de fecha 24 de noviembre de 2021, la que se revoca y, en su lugar, 2°) Hacer lugar a la demanda de exclusión de la tutela sindical promovida por el Banco de Corrientes S.A. contra el señor R. R. M., a fin que la empleadora, en el plazo de diez días de firme o ejecutoriada la presente, haga efectiva la sanción disciplinaria de suspensión propuesta, hasta dos días. 3°) Costas de ambas instancias al demandado-apelado vencido. 4°) Regístrese, insértese, agréguese, notifíquese y vuelvan los autos al Juzgado de origen.

MAS

Dr. CÉSAR H. E. RAFAEL FERREYRA

JUEZ

CÁMARA DE APELACIONES

CURUZÚ CUATIÁ

Dr. CLAUDIO DANIEL FLORES

JUEZ

CÁMARA DE APELACIONES

CURUZÚ CUATIÁ

Dr. RICARDO HORACIO PICCIOCHI RÍOS

JUEZ

CÁMARA DE APELACIONES

CURUZÚ CUATIÁ

Dra. MARÍA ISABEL RIDOLFI

SECRETARIA

CÁMARA DE APELACIONES

CURUZÚ CUATIÁ

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