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#Fallos Filiación: Deberá pagar $700.000 en concepto de daño moral ante la falta de reconocimiento de su hija

Partes: F. J. C. c/ G. R. A. s/ filiación

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: V

Fecha: 21 de abril de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138021-AR|MJJ138021|MJJ138021

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS – DAÑO MORAL – RECLAMACIÓN DE LA FILIACIÓN – FILIACIÓN

La omisión del reconocimiento de un hijo vulnera derechos de éste y constituye una acción/omisión antijurídica que genera el derecho a una indemnización por daño moral. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:
1.-Si bien el reconocimiento filial es un acto jurídico familiar voluntario, irrevocable para el reconociente, puro y simple, unilateral, individual y declarativo del estado de familia, este último carácter no importa atribuirle el de discrecional, pues la decisión de reconocer al hijo no queda librada al exclusivo arbitrio del progenitor, ya que lejos de ser un acto privado, impacta en derechos humanos sustanciales, fundamentalmente la identidad y, desde este punto de vista, la omisión del reconocimiento del hijo que vulnera derechos de éste, constituye una acción/omisión antijurídica.

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Fallo:
Salta, 21 de abril de 2022.

Y VISTOS: Estos autos caratulados «F., J. C. c/ G., R. A. – FILIACIÓN», Expte. Nº 664080/19 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 5º Nominación, y de esta Sala Quinta, CONSIDERANDO

La Dra. Soledad Fiorillo dijo:

I. Vienen estos autos en virtud del recurso del apelación interpuesto por la Dra. Marta Aguilar Bossini, Abogada del Niño del Ministerio Público de Salta, en carácter de patrocinante de la adolescente J. C. F., en contra del punto II de la parte dispositiva de la sentencia dictada el 20/07/21 (actuación nº 59066565). Por actuación nº 6168420 la recurrente sostiene el recurso. Cuestiona solamente la cuantía de la indemnización condenada a abonar. Sostiene que la sentenciante no ha considerado acabadamente los alcances individuales y sociales del daño moral que la falta de reconocimiento paterno ha generado en la adolescente. Luego de analizar aquéllos en forma genérica, y de destacar entre sus consecuencias, el no uso del apellido paterno, el incumplimiento de los deberes inherentes a la responsabilidad parental durante el período de tiempo en el cual no fue reconocido y la vida de relación como hijo de padre desconocido, considera que en el caso concreto, debe tenerse presente la edad de J.C -en ese momento, diecisiete años-, que ella se vio obligada a demandar a su padre cuando tenía 15 años, que fue privada del amor y la protección paterna, de los alimentos, de un apellido paterno, y de sus hermanos, ya que el Sr. G. tiene otros hijos. Agrega que en el ámbito social, la joven se sintió diferente al no tener paternidad, que cursó jardín, primaria y secundaria sin contar con un padre que la acompañe, y recalca especialmente que, al ser oriunda de una localidad pequeña como lo es «La Viña», las repercusiones de la vida social suelen ser más agravadas porque todas las personas la conocen.Destaca que en la demanda, se solicitó una indemnización por daño moral equivalente a un mes de sueldo del demandado, por cada año sin reconocimiento paterno. Dice que la suma de $300.000 significa aproximadamente un sueldo y medio del Sr. G., quien trabaja en relación de dependencia en la empresa M. Particulares S.R.L. Cita jurisprudencia. Solicita se eleve el monto condenado en concepto de daño moral. Por actuación nº 6252995 contesta el Dr. Javier Alejandro Dorado, en carácter de apoderado del Sr. R. A. G., y postula la deserción del recurso en los términos del art. 255 del CPCC. En subsidio, pide su rechazo. Destaca que la cuantificación del daño moral es una tarea dificultosa para el juzgador, sujeta al prudente arbitrio judicial, conforme a las constancias de cada caso concreto. Aclara que el demandado es un simple operario sin cargo jerárquico en Massalin Particulares S.R.L. y que no se verifica agravio alguno que justifique la elevación del monto condenado. Por actuación nº 6990905 dictamina la Sra. Asesora de Incapaces nº 3, Interina nº 4, Dra. María Gabriela Cardón, quien considera que debe prosperar el recurso. Emitido el dictamen pertinente por el Sr. Fiscal de Cámara, Dr. Ramiro Michel Cullen (actuación nº 7138158), se llaman autos para sentencia (actuación nº 7154192); firme dicha actuación, pasan a despacho.

II. Respecto a la deserción del recurso postulada por la parte apelada, debe precisarse que si bien es cierto que la expresión de agravios tiene que contener una crítica concreta y fundada del fallo apelado que no se traduzca en meras discrepancias con el razonamiento del Juez de primera instancia, debe seguirse un criterio amplio en lo que respecta a su admisibilidad, ya que es el que mejor condice con el principio constitucional de la defensa en juicio, y tal ha sido el criterio sustentado por este Tribunal en diversos precedentes (Sala V, t. XXXIV, fº 285/296; Sala II, t. 2006, 2º parte, fº 300/301; Sala III, t.2002, fº 267/270; Sala IV, t. XXI, año 1999, fº 576), en concordancia con la doctrina de la Corte de Justicia de Salta (CJS, T 44:1109). Así se decidió que, si el apelante individualiza, aún en mínima medida, los motivos de su disconformidad con la sentencia impugnada, no procede declarar la deserción del recurso, por cuanto la gravedad de los efectos con que la ley sanciona la insuficiencia de la expresión de agravios, torna aconsejable aplicarla con criterio amplio favorable al recurrente (CNPaz, Sala V en LL, 17-854, 23.426-S; CNFedCC en Rep. LL XXX, pág. 151, nº 212; CApelCCSalta, Sala IV, t. XXXV- S, f º 29/ 34). En esa inteligencia, corresponde proceder al análisis del recurso interpuesto.

III. La sentencia apelada hace lugar a la demanda instaurada y declara que J.C. nacida el 4 de mayo de 2004, es hija por línea paterna del Sr. R. A. G., y que a partir de esa fecha se llamará J.C. F. G. (punto I). Asimismo, hace lugar a la indemnización por daño moral solicitada, y condena al demandado a abonar la suma de $300.000, mediante depósito en el Banco Macro S.A. a nombre de la Proveyente, en un plazo de quince días contado desde que quede firme lo resuelto, con costas (punto II). Contra el monto tabulado en concepto de daño moral, se alza la actora, considerándolo escaso. A los fines de justipreciar el daño moral reconocido a la joven, la sentenciante tuvo en cuenta que ésta había atravesado 17 (diecisiete) años de vida sin reconocimiento paterno, sin haber podido gozar del derecho a su verdadera identidad y sin que su padre cumpla con sus obligaciones parentales para su bienestar, tanto materiales como espirituales, con el estigma y minusvalía social que ello significa.

IV.Liminarmente, y en cuanto a la normativa aplicable, esta Sala tiene dicho que si bien la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico y dañoso, toda vez que el daño no es una consecuencia del ilícito -sino un elemento constitutivo-, teniendo en cuenta que la nueva ley rige las consecuencias que no están consumadas al momento de su entrada en vigencia, la cuantificación del daño debe regirse por la ley vigente al momento de su determinación judicial, sea fijándolo en dinero o estableciendo las bases para determinar su medida o extensión en la etapa de ejecución de sentencia. No se trata de una consecuencia consumida con anterioridad a este hecho (cfr. jurisprudencia citada en Aída Kemelmajer de Carlucci, «La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes», Rubinzal- Culzoni Editores, Santa Fe, 2015, pág. 101, apartado «b»; pág. 234; Galdós, Jorge Mario, «La responsabilidad civil y el derecho transitorio», LL del 16/11/15, p. 03, AR/DOC/3711/2015; Depetris, Carlos Emilio, «El derecho transitorio en materia de responsabilidad civil», RCyS 2016-VII, 21, LL Online: AR/DOC/1553/2016 – CApelCCSalta, Sala V, t. XXXVI, fº 961/974, entre otros). Por lo cual corresponde aplicar al caso de autos, el Código Civil y Comercial de la Nación.

V. Conforme los lineamientos doctrinarios y jurisprudenciales que ya existían, la nueva normativa acoge expresamente la reparación civil del daño causado al hijo por la falta de reconocimiento, supeditando dicha admisión a la reunión de los tradicionales requisitos de la responsabilidad civil. Así, el artículo 587 dispone:»El daño causado al hijo por la falta de reconocimiento es reparable, reunidos los requisitos previstos en el Capítulo 1 del Título V del Libro Tercero de este Código». Este reconocimiento que se inserta a su vez dentro de la responsabilidad en el derecho de familia, evidencia un pensar acorde a las consideraciones más modernas en cuanto a los conceptos de paternidad/maternidad responsables (XVI Jornadas de Derecho Civil, Conclusiones Generales, Comisión Nº 1, JA I-839). Es que si bien el reconocimiento filial es un acto jurídico familiar voluntario, irrevocable para el reconociente, puro y simple, unilateral, individual y declarativo del estado de familia, este último carácter no importa atribuirle el de discrecional, pues la decisión de reconocer al hijo no queda librada al exclusivo arbitrio del progenitor, ya que lejos de ser un acto privado, impacta en derechos humanos sustanciales, fundamentalmente la identidad. Desde este punto de vista, la omisión del reconocimiento del hijo que vulnera derechos de éste, constituye una acción/omisión antijurídica. En cuanto a la reparación en sí misma, se ha dicho que el resarcimiento procura reparar las consecuencias de la omisión paterna, es decir, el daño que deriva de la falta de emplazamiento filial por no haber mediado reconocimiento voluntario. El artículo no discrimina entre daño patrimonial y no patrimonial, ya que sólo supedita su configuración a la reunión de los requisitos de la responsabilidad civil. No obstante, el Código menciona expresamente como consecuencias no patrimoniales disvaliosas las sufridas en los derechos personalísimos, en la dignidad y la alteración al proyecto de vida (artículos 1738 y siguientes), espectro de derechos que se ven lesionados ante la omisión voluntaria de posibilitar el emplazamiento filial del hijo en el estado que le corresponde (Código Civil y Comercial de la Nación Comentado» Luis Ricardo Lorenzetti -Director- Rubinzal-Culzoni-Santa Fe, 2015, Tomo III, p.646). Ahora bien, en el caso de autos no se encuentra controvertido el reconocimiento de la procedencia del daño moral reclamado, toda vez que el demandado desistió del recurso interpuesto por su parte, y la actora sólo cuestiona el monto en el cual aquél fue tabulado. Al respecto, cabe señalar que el referido art. 587 del CCyC tampoco establece pauta alguna para su cuantificación, la que debe efectuarse de acuerdo a las reglas generales aplicables a la reparación de daños. En esa materia, se ha dicho que la cuestión de traducir en una determinada suma de dinero la indemnización por daño moral resulta compleja. «Bien se ha expresado que la cuantificación de este rubro es una de las tareas más difíciles del intérprete judicial, pues en general se carece de cánones objetiv os dada la índole misma del menoscabo, que reside en lo más íntimo de la personalidad, aunque se manifieste a veces por signos exteriores que pueden no ser auténtica expresión de aquél. Nadie puede indagar el espíritu de otra persona tan profundamente como para poder afirmar con certeza la intensidad del dolor, la magnitud de un padecimiento, la gravedad de la angustia o la decepción (cfr. Bustamante Alsina, Jorge, «Teoría de la responsabilidad civil», p. 244; Pizarro, Ramón Daniel, «La prueba del daño moral», en Rev. Derecho Privado y Comunitario, N° 13, Prueba-I, 1997; Trigo Represas, Félix A.-López Mesa, Marcelo J., «Tratado de la responsabilidad civil», T. 1, p. 478 y ss). En similar sentido, se ha sostenido que:».la reparación -en dinero de un daño extrapatrimonial será siempre imperfecta.mientras que en el daño patrimonial la valuación se averigua mediante un vínculo de equivalencia con la indemnización, la cual ingresa «en lugar» del perjuicio, en el daño moral la indemnización se decide sin ningún elemento que permita traducir la entidad de aquél en la magnitud de ésta, que se coloca «a su lado». No media nexo demostrable entre la entidad del daño y la importancia de la condena, porque no puede haberlo entre un mal espiritual y un bien dinerario; debe afrontarse un salto sin puente que una los extremos» (Zavala de González, «Cuánto por daño moral», LA LEY, 1998-E,1057). Por esos motivos, doctrina y jurisprudencia planteaban distintos mecanismos para lograr la reparación integral de este daño, elaborando diferentes teorías a la hora de establecer sobre qué bases debía fijarse el monto indemnizatorio. Así, algunos propiciaban la valuación del daño en función de la gravedad de la culpa del responsable (para éstos el daño moral tenía una naturaleza punitiva y no resarcitoria); otros lo cuantificaban en un porcentaje del monto otorgado en concepto de daño patrimonial; otro sector consideraba que la valuación debía quedar sometida al criterio subjetivo y discrecional del juez, o teniendo en cuenta los importes otorgados en casos análogos; mientras, otros sostenían que debía efectuarse partiendo de la entidad objetiva del perjuicio. Finalmente, en los últimos años, doctrina y jurisprudencia comenzaron a considerar que lo más adecuado era utilizar un modelo donde aparezca una fuente que permita trocar el sufrimiento por alegría o placer y producir nuevamente la armonización perdida; encontrar un sucedáneo al estado negativo del sujeto que prevalezca y se vuelva estable en situación de dominación respecto de la estructura en que interactúa (Ghersi, Carlos Alberto: Daño moral y psicológico, 2ª edición, Astrea, Buenos Aires, 2002, pág.179/181). En otros términos, se propiciaba cuantificar el daño moral en función de los «placeres compensatorios» que las sumas concedidas pudiesen otorgar a la víctima. No se trata de de hacer ingresar en el patrimonio del damnificado una cantidad equivalente al valor del dolor sufrido sino de procurar al lesionado otros goces que sustituyan lo perdido. Este criterio, adoptado desde hace algunos años por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (desde el año 1986 en «Santa Coloma», donde refirió a un «activo intento» para «mitigar» el daño moral -Fallos: 308:1160- en adelante; «Baeza» del 24/12/11, entre otros), finalmente fue receptado por el Código Civil y Comercial de la Nación, al establecer en el art. 1741, in fine, que el monto de la indemnización, por las consecuencias no patrimoniales, debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas. Al respecto, se expresó que no cabe ninguna duda que con esta redacción se adoptó la teoría del «precio del consuelo», superándose el criterio que sostenía que en el daño moral se indemnizaba «el precio del dolor». Esta nueva modalidad de reparación del daño patrimonial atiende a la idoneidad del dinero para compensar, restaurar, reparar el padecimiento en la esfera no patrimonial mediante bienes, distracciones, actividades, etcétera, que le permitan a la víctima -como lo había decidido la Corte Nacional- obtener satisfacciones, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales» (cfr. Código Civil y Comercial comentado, Ricardo Luis Lorenzetti – Director, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe – 2015, Tomo VIII, pág. 503). Y, cuanto mayor sea el daño moral, mayores -o más valiosas deberán ser las satisfacciones compensatorias que el juez tomará en consideración. Así, perjuicios menores serán resarcidos mediante importes que permitan procurarse pequeñas satisfacciones sustitutivas, mientras que los grandes menoscabos existenciales, requerirán tener en cuenta compensaciones importantes (Revista de Derecho de Daños, Cuantificación del daño, Rubinzal Culzoni, 2021, 1, tomo I, p.405). En definitiva, si bien el daño moral es inconmensurable, puede y debe traducirse en un monto indmenizatorio. El problema se traslada entonces, desde la procedencia del resarcimiento dinerario, intrínsecamente legítimo, hacia el esclarecimiento de su cuantía. Lo que debe medirse en números no es el daño sino las satisfacciones que puede lograr cada indemnización (Revista citada p. 228).

VI. Si bien todavía subsisten quienes se plantean algunos interrogantes acerca de cuál es el criterio adecuado para evaluar la cuantía del daño moral, en general, doctrina y jurisprudencia consideran que la ley es clara, que emplea un modo imperativo para fijar la indemnización – «debe»- y que no establece ningún otro parámetro; que se trata de un criterio predominantemente objetivo para cuantificar el daño moral, el que no impide tener en cuenta las circunstancias de cada caso, dado que el juez debe tener presente la situación en que una persona media se hallaría de encontrarse en la misma situación del damnificado, a fin de establecer qué satisfacciones serían suficientes de acuerdo con lo que suele suceder en el común de los casos, para brindar satisfacciones compensatorias a una persona media en ese tipo de supuestos, y no debe conectar la reparación del daño moral con la idea de una pena privada, la que ya no tiene cabida en el sistema del CCyC, el que ahora dispone expresamente que debe intentarse procurar a la víctima una suerte de compensación -entre las satisfacciones y las consecuencias del acto ilícito mediante el acceso a situaciones que le proporcionen gozo, placer o esparcimiento (Revista citada, pág. 413 y 416).

VII. En el sub lite, dentro del marco de lo expuesto en párrafos precedentes sobre los principios generales referidos a la tabulación del daño moral en general, a lo dispuesto por el art.1741 del CCyC de la Nación, y a los criterios jurisprudenciales sentados en particular sobre el daño generado por el no reconocimiento voluntario paterno, cabe adelantar que le asiste razón a la recurrente. En efecto, más allá de las circunstancias tenidas en cuenta por la sentenciante a los fines de justipreciar la cuantía del daño reclamado -la edad de J.C., los años en los cuales el demandado no cumplió con los deberes emergentes de la responsabilidad parental, el estigma y la minusvalía social que tuvo que enfrentar la joven-, no puede dejar de advertirse que no hizo mención a satisfacción sustitutiva alguna que pudiera considerar adecuada para compensar el estado espiritual disvalioso de la joven, tal como lo exige el art. 1741 del CPCC. Tampoco la actora ha efectuado algún aporte que permita determinar específicamente qué bien o actividad le resultaría gratificante, de manera de poder contar con pautas más específicas a la hora de cuantificar el presente rubro, ya que se limitó a proponer como tal, tanto en la demanda como en la expresión de agravios, un mes de sueldo por cada año de vida de J. sin reconocimiento paterno, considerando el nivel social, cultural y económico que tiene el progenitor. En este lineamiento, la jurisprudencia posterior a la entrada en vigencia del CCyC de la Nación, ha dicho que conforme a lo previsto por el art. 1741 para la cuantificación del daño moral, corresponde al damnificado aportar al expediente prueba que permita al juzgador encontrar una satisfacción sustitutiva que pueda acercarse con el mayor grado de certeza posible a una justa compensación que procure el resarcimiento del daño reclamado (SCJMendoza, 21/12/18, Expte. 13-00762753-4/1, LS 577-132, citado en Revista, T. I, p.595). No obstante ello, no puede soslayarse que la cuantificación de este tipo de daño sigue siendo judicial y prudencial, sin criterios rígidos ni topes, pero con una pauta normativa mucho más específica que la de la reposición al «statu quo ante» -la cual, de suyo, resultaba impracticable en el daño moral- (En Debate, Código Civil y Comercial, Héctor Alegría, La Ley, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017, Tomo II, p. 225). Y, en ese contexto, la suma de $300.000 condenada por el daño extrapatrimonial padecido por J.C. durante los diecisiete años en los que vivió sin el reconocimiento paterno, no parece ajustada a derecho, ni adecuada a las constancias de la causa, ni suficiente para lograr la finalidad perseguida por la ley: una suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a «actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial sufrido por la víctima en forma proporcional a éste» (Galdós, Jorge, Breve apostilla sobre el daño moral, como precio del consuelo, y la Corte nacional, en RCyS, noviembre 2011, p. 259); «satisfacciones sustitutivas con entidad suficiente como para implicar un cambio de vida, sea a través de la habitación, confort o capacidad de esparcimiento» (Cámara 8ª Civ. y Com. Córdoba, 20/10/2016, «Ceballos, Lidia Marcela y otros c/ Provincia de Córdoba).

VIII. Por todo ello, compartiendo lo dictaminado por la Sra. Asesora de Incapaces y el Sr. Fiscal de Cámara, teniendo en cuenta las particularidades del caso en concreto -expuestas por la sentenciante y transcriptas precedentemente- y en el marco de lo dispuesto por el art. 165 del CPCC, corresponde acoger el agravio esgrimido al respecto y en su mérito, elevar la indemnización fijada en concepto de daño extrapatrimonial a la suma de $700.000, tabulada a la fecha de esta sentencia (art.772 del CCyC), monto que estimo razonable para que un damnificado medio pueda paliar mediante alguna de las satisfacciones compensatorias enumeradas en el párrafo anterior, lo padecido en el aspecto espiritual por el no reconocimiento paterno voluntario durante tantos años. Asimismo, siguiendo los lineamientos del fallo en lo que no ha sido materia de agravio, se deja sentado que dicha suma deberá ser depositada en el Banco Macro S.A. Sucursal Tribunales, a nombre de la Sra. Jueza de primera instancia, en el plazo de 15 (quince) días de quedar firme la presente. En cuanto a las costas correspondientes a esta instancia, de conformidad al principio objetivo de la derrota, se imponen al apelado vencido (art. 67 del CPCC). El Dr. Martín Coraita dijo: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede. Por ello, LA SALA QUINTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA,

I. HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la Dra. Marta Aguilar Bossini, Abogada del Niño del Ministerio Público de Salta, en cáracter de patrocinante de la adolescente J. C. F. G., en contra del punto II de la parte dispositiva de la sentencia dictada el 20/07/21 (actuación nº 59066565) y en su mérito, ELEVA la indemnización fijada en concepto de daño extrapatrimonial a la suma de $700.000 (Pesos setecientos mil), tabulada a la fecha de esta sentencia (art. 772 del CCyC), monto que deberá ser depositado en el Banco Macro S.A. Sucursal Tribunales, a nombre de la Sra. Jueza de primera instancia, en el plazo de 15 (quince) días de quedar firme la presente, conforme considerandos. Con costas.

II. REGÍSTRESE, notifíquese y oportunamente, REMÍTASE.

Firmado digitalmente por la Dra. Soledad Fiorillo y por el Dr. Martín Coraita -Vocales- Certifico que la presente actuación ha sido firmada digitalmente por la Dra. Soledad Fiorillo y por el Dr. Martín Coraita -Vocales-, conforme surge del Sistema Iuri

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