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#Doctrina Se declara inconstitucional el art. 26 del Dec. Reg. 2218/94 de la ley 1194 que habilita la caza deportiva con jauría. Dialogamos con Ana Carolina Díaz

Autor: Aboglio, Ana M.

Fecha: 15-08-2022

Colección: Doctrina

Cita: MJ-DOC-16721-AR||MJD16721

Voces: ANIMALES – RECURSOS NATURALES – DERECHO A UN AMBIENTE SANO – FAUNA Y FLORA SILVESTRE – GARANTIAS CONSTITUCIONALES – DERECHO AMBIENTAL – PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Doctrina:
Por Ana M. Aboglio (*)

Con fecha 29 de junio de 2022, la Sala 1 de la Cámara de apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, en autos «Ministerio Público de la Defensa contra Provincia de La Pampa s/ Amparo », originaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N°5 de la 1a. Circunscripción Judicial, resolvió admitir el recurso deducido por la Defensora Civil Ana Carolina Díaz (1) en su calidad de integrante del Ministerio Público de la Defensa, haciendo lugar al amparo y fallando en contra de la sentencia de la instancia anterior. Por lo tanto, declaró la inconstitucionalidad del art. 26 del D. Reglamentario 2218/94 de la ley 1194 que habilita la caza deportiva con jauría, por resultar contrario a la ley 14.346/54 que penaliza el maltrato y la crueldad contra el animal.

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La lectura de la sentencia abre un sinfín de reflexiones suscitadas no solo por la acertada decisión de la jueza y por sus fundamentos sino también por las objeciones que la Defensora Civil presentó al fallo de primera instancia.

La ley 1194 de conservación de la fauna silvestre introduce el habitual posicionamiento antropoespecista, a tono con la ley nacional 22.421 . La apertura hacia el cuidado de la biodiversidad o de los ecosistemas, que hoy se preconiza como «nuevo paradigma» en el derecho ambiental, convive con las políticas de disponibilidad sacrificial de los animales no humanos. El objetivo es proteger a la naturaleza y a todos sus elementos, bajo un trato regulado y sin crueldad hacia los animales usados para diversos fines, especialmente el comercial.

En su D. Reglamentario 2218/94, el artículo 26 dice: «El tránsito con jaurías de caza se efectuará en vehículos con caja cerrada en laterales y techo, o bien en jaulas de tal manera que no puedan salir de los rodados sin ayuda externa. Los canes estarán embozalados». Este es el artículo declarado inconstitucional: la caza con jauría genera sin duda terribles sufrimientos y hasta muerte a perros y víctimas directas de la caza. Tomaré algunos puntos cruciales de la sentencia para conversar con la actora demandante, Dra. Ana Carolina Díaz.

La jueza de Cámara indica que la comparación con la esclavitud humana a la que recurrís es un ejemplo «sensible», aunque reconoce que es suficientemente gráfico. Si nos atenemos a la convención contra la esclavitud, en vigor desde marzo de 1927, reformada en 1953 y vigente desde 1955, encontramos que su artículo 1° dice: «A los fines de la presente Convención se entiende que: 1. La esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos». Parecería que, aun aceptando su sentencia, no los consideramos, en este sentido, como «individuos» o que son sintientes «pero no humanos», por lo que pueden ser comercializados. ¿Cuál es tu apreciación al respecto?

El punto está dado en que ambos, tanto esclavos como animales no humanos, son considerados cosas, objetos susceptibles de apropiación más allá de la sintiencia. La falta de reconocimiento como sujetos de derechos los coloca en un estado de vulnerabilidad y manipulación de parte del hombre. La sintiencia por sí misma no alcanza para que se los reconozca como individuos, aunque puede marcar el inicio de un camino hacia una tutela efectiva que implique un reconocimiento jurídico.

La Asociación de Cazadores con jauría a puro dogo y cuchillo, mencionada por la jueza de primera instancia como «potencial perjudicado» que debería también ser escuchado -a lo que contestáis que los únicos realmente perjudicados son los animales no humanos- queda ahora en una situación de objeto ilícito. ¿Crees que habría que hacer algo al respecto?

El objeto ilícito se limitará a la modalidad que se utiliza para cazar, es decir, el método de caza (con perros). Bajo la utilización de los canes para realizar esta actividad, se incurriría en el delito de tipificado por la ley 14.346.

Los cazadores pueden verse afectados en sus costumbres, pero el fallo va más allá, visibilizando un cambio de paradigma que implica un cambio de consciencia a nivel social que tiene que ver con el respeto y consideración por la vida.

Una consecuencia para los cazadores es que en caso de quedar firme la sentencia, el Estado deberá revisar los tipos asociativos en el Registro de Personas Jurídicas por la ilicitud en el objeto.

Uno de los programas estrella del Ministerio de Ambiente y Derecho Sustentable es la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI). Se acusa a determinadas especies (animales o vegetales) de atentar contra la biodiversidad, la producción agropecuaria, la salud, etc. El jabalí está en la lista de las EEI. ¿Qué relación encontrás entre la caza deportiva y la falta de implementación de métodos no letales de control poblacional?

En primer lugar, entiendo que bajo ningún aspecto la caza puede ser considerada un deporte, en donde un ser vivo como el animal no humano, en desigualdad de condiciones y sin posibilidad de defensa alguna muere frente al accionar del hombre que se vale de un arma para atentar contra su vida. Esta práctica nada tiene que ver con el deporte en sí mismo, como actividad física que implica un ejercicio, práctica, competitividad y reglas, donde una de las partes sabe lo que está haciendo y la otra no y tampoco tiene interés ni voluntad en participar.

La caza «deportiva» es utilizada como método de control poblacional de lo que se conoce como especies invasoras como una salida rápida, de bajo costo y más productiva que la implementación de métodos no letales. Esto está relacionado con la política pública que el Estado lleva adelante en este sentido. Para cazar, se requieren permisos de caza, ello genera un ingreso para el Estado. Lo mismo sucede con los torneos de caza. Es decir, esta actividad termina siendo redituable para el Estado a muy bajo costo. Buscar métodos alternativos de control poblacional de especies implicaría la inversión de recursos en equipos técnicos que trabajen en un plan de control poblacional, inversión en cuanto al método en sí mismo, aplicación de éste, control y seguimiento, es decir, importaría un financiamiento económico sin ningún ingreso.

En la sentencia se hace referencia al perro de raza dogo, conceptualizado por sus mismos «creadores» como «arma fina» que está puesta al servicio de la caza y que hay que saber usar. ¿Cómo ves la situación a futuro de los dogos, como individuos y como raza?

Entiendo que la primera respuesta a una prohibición de cazar con perros será, para el caso de la raza Dogo, el abandono del ANH a su suerte, tal como sucedió con los galgos cuando se aprobó la ley de prohibición de carreras de perros y, en cuanto a la raza en sí misma, seguramente implicará una reducción en la reproducción de los mismos, porque la mayoría de ellos, son utilizados como «armas» para esta actividad y no como animales de compañía, como sí lo son otras razas o perros mestizos de menor porte físico. Hay que tener presente que para esta actividad no solo se ha utilizado Dogos sino perros mestizos y de otras razas como Galgos, Pitbull, es decir, se buscan perros de contextura grande y resistentes.

La jueza de Cámara relaciona -casi indistingue- la ética ambiental de cuño ecocéntrico con lo que sería un reexamen de la Alteridad, sugiriendo que esta línea de ética ambiental sería la que podrías estar siguiendo al referirte a la noción de «animales no humanos». Más allá de los solapamientos que pueden darse cuando se trata de animales silvestres, y que son posiblemente los enfocados por la jueza, ¿cuál es tu posición ética en relación con el animal como otro?

Personalmente, entiendo que son sujetos independientes, autónomos y con derechos propios de acuerdo a la especie. No todos los animales no humanos tienen los mismos derechos porque no todos tienen las mismas necesidades. Las medidas de control poblacional de especies que se adopten o medidas de convivencia social entre animales no humanos y humanos, deben contemplar los intereses de ambas partes, y no adoptarlas desde la mirada del ser humano y su conveniencia. Sin lugar a duda, implica un mayor ejercicio en la consideración del otro.

Si al animal no humano se lo reconoce como sujeto de derecho, entonces las decisiones que se tomen en donde éstos se vean involucrados, deberán ser conciliando todos los derechos de las partes involucradas y sobre la base que estamos frente a una categoría sospechosa que, tal como otras, requieren de mayor tutela.

En relación a la sentencia entiendo que la jueza no adopta una postura determinada, sino que vas más allá y logra hacer un análisis integral del derecho constitucional y convencional de manera dinámica, citando antecedentes como el del Rio Atuel que es importante para La Pampa.

Una de las objeciones que fundan la apelación es la cuestión de que no estaría probado el sufrimiento de los animales no humanos en la caza con jauría, por ejemplo, por «falta de nitidez» del video ofrecido en calidad probatoria. Me pareció admirablemente interesante que rechazaras la necesidad de probar la crueldad de un acto que habla por sí solo, habida cuenta del reconocimiento científico de larga data acerca de la sensibilidad y conciencia de los otros animales, como así también que señalaras la postura antropocéntrica y sesgada de la jueza de primera instancia al desestimar las pruebas en general. El sensocentrismo es sin duda una base para el derecho animal -siente el individuo y no la especie o el ecosistema-. Partiendo de esta temática, ¿cuál es tu posición respecto de la caza deportiva, científica o terapéutica (obviamente sin jauría) que, como sabemos, está legalizada?

Personalmente estoy de acuerdo con el respeto por la vida, sin distinción de especies y más allá de las finalidades que se le dé al ser vivo, ya sea por caza, o utilización con fines científicos o terapéuticos.

La capacidad de sentir dolor se experimenta en todas las especies humanas y no humanas. El tema radica en buscar métodos alternativos que suplan la utilización de animales no humanos que queden expuestos al sufrimiento.

A tu criterio, ¿qué trascendencia tiene la sentencia?

A nivel provincial rompe con las estructuras conservadoras de la sociedad pampeana, con la mirada estática del derecho. La Pampa es una provincia en donde la caza se encuentra sumamente arraigada en todas las clases sociales, y este tipo de prácticas son llevadas a cabo por un vecino, un amigo, un familiar, es decir, es muy fácil tener contacto directo con el cazador. Es una práctica instalada en las familias, en donde se aprende y se enseña el maltrato hacia el animal no humano en todas sus especies. Por eso este fallo, más allá de la trascendencia jurídica que tiene, visibiliza el reclamo social de quienes ya no ven con buenos ojos este tipo de prácticas y reclaman vivir sin violencia.

Entiendo, sin embargo, dado que lo que se prohíbe en la caza con jauría, la posibilidad de que se entienda que el problema es la caza con jauría, pero no la caza en sí misma. ¿Tenés proyectado avanzar en este tema?

Entiendo que los cambios y el avance debe ser gradual para obtener sentencias favorables en razón que hay muchos intereses políticos y económicos comprometidos que nos exceden como ciudadanos. La verdad es que esta sentencia debería motivar un cambio de legislación en lo que respecta a la caza en sí misma, como así también, un cambio de consciencia social. El fallo visibiliza la problemática en torno a la caza y especialmente el sufrimiento animal por la utilización de métodos que agudizan la brutalidad que conlleva a la muerte. La Defensoría se encuentra abierta y es receptiva a considerar acciones en protección de los ANH, sin distinción de la temática. Digo esto porque, por ejemplo, hemos llevado adelante diligencias preliminares para luego interponer acción preventiva del daño, la que se encuentra próxima a promoverse, en una Canilera Municipal de una localidad de la provincia de La Pampa, en donde los animales no humanos se encuentran en situación de vulnerabilidad absoluta y se ha acreditado el maltrato animal. Asimismo, entiendo que además de la caza, hay temas que requieren atención y control de legalidad urgente como es el caso de los festivales donde se realizan jineteadas o domas, siendo estas últimas, el próximo paso a dar.

En momentos en que esta sentencia es apelada por el Gobierno de la provincia de La Pampa, cierro este diálogo con dos aportes cuyo objetivo es ampliar la reflexión acerca de lo conversado y, por supuesto, de lo demandado y de la sentencia obtenida.

En primer lugar, poniendo en juego lo que conversamos acerca del dogo argentino, es útil recordar que la raza es fruto de una larga manipulación realizada sobre el perro de pelea cordobés, que se había empezado a considerar como un derroche de la bravura y eficiencia para la lucha de esa raza de perros en actividades «inútiles», de la que se estimaba que pronto se llegarían a prohibir, como ya había sucedido en otros países. Las cruzas para obtener una buena máquina de caza reclamaban el buen olfato que aportó el pointer francés, el mayor tamaño y peso por parte de los dogos alemanes, la poderosa mordida por parte del dogo de burdeos y la tendencia combativa y más tamaño aún gracias al irish olfhound. Completaron los detalles el montaña de los pirineos y un poco de aquellas razas que habían forjado al perro de pelea cordobés. Como siempre sucede, la manipulación es un juego de prueba y error que llevó a matar cantidad de cachorros que no dieron el resultado buscado. Finalmente, la raza forjada para matar a otros animales fue reconocida por la Federación Cinológica Argentina y por la Sociedad Rural en 1964 y por la Federación Cinológica Internacional en 1973.

En segundo lugar, quisiera cotejar la sentencia que declara la inconstitucionalidad con una de pocos días más tarde, el siete de julio de 2022, en autos «Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEIDAS) y otros c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/Acción de amparo (ambiental) », de la Sala Tercera de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial, donde el juez resuelve admitir parcialmente la demanda, anular parcialmente la Resolución 1099/22 del 11 de mayo de 2022 de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Entre Ríos, prohibiéndose por este año en toda la Provincia la caza de las especies autóctonas Pato Picazo, Pato Sirirí Pampa, Pato Sirirí Colorado, Pato capuchino y Perdiz Chica y quedando habilitada la caza de la liebre, catalogada por distintas instituciones y normas como exótica, introducida para la actividad cinegética según el INTA, «acusada» de desplazar especies herbáceas nativas. La fundamentación legal a la que acude el juez es completa y sistemáticamente coordinada. No se puede decir que no aplicó la legislación especista vigente, más allá de que en la sentencia haya dado alguna opinión de igual carácter. Igualmente fue distinguidamente estricto al señalar la falta de estudios y cumplimiento de normas ambientales por parte de la demandada en cuanto a esa Resolución, que le llevó a su anulación parcial y provisoria.

La acción de amparo entablada solicitó el cese de actividades generadoras de daño ambiental colectivo bajo fundamentos de derecho ambiental. Así, planteó que la resolución 1099/22 que establece el período de caza deportiva para aves autóctonas en Entre Ríos, amenaza la biodiversidad en general y el ecosistema, avasallando garantías y obligaciones constitucionales e intergeneracionales y de acuerdo a la Ley de Conservación de la fauna 22.421, su decreto reglamentario 666/97 y la Ley Provincial de Caza. Alude además a la alteración que la caza de aves autóctonas produce en el equilibrio del ecosistema de lo que señala como patrimonio de la biodiversidad de la Provincia.

En cuanto al reclamo de la demandante -a la que se sumaron varias asociaciones y personas más-, solicitando la declaración de sujetos de derechos de los animales involucrados, el juez se pronunció en contra, agregando a su vez bibliografía para asentar lo que parece ser su propia posición coincidente, reconociendo por otro lado que la personalidad jurídica es «una categoría técnica» que «por ahora los excluye», lo que puede cambiar mañana pues, agrega citando a Femando Atria, «el derecho es contingente y bastan tres palabras del legislador para transformar bibliotecas enteras en basura» (2).

Como surge de las dos sentencias, la consideración de sujetos de derechos para los animales es por ahora una meta tanto deseable como relativa.

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(1) Defensora Civil de Santa Rosa La Pampa.

(2) «Centro para el estudio y defensa de las aves silvestres (CEIDAS) y Otros c/ Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos s/ Acción de amparo ambiental », Cámara II, Sala III, Paraná, Provincia de Entre Ríos. Autos: N°11051

(*) Abogada. Especialista en Filosofía del Derecho y Ética para los derechos animales

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