fbpx

#Fallos No fue discriminado: Improcedencia de la reincorporación del docente que alegó ser despedido por ser representante gremial si este ya había cumplido 70 años y no se admiten designaciones a partir de esa edad

Partes: García López Aldo Raúl c/ Universidad Nacional del Nordeste de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo Sindical

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: II

Fecha: 23 de junio de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137616-AR|MJJ137616|MJJ137616

Se rechaza el pedido de reincorporación de un docente universitario que alegó haber sido despedido por ser representantes gremial, si este ya había cumplido 70 años, y el régimen de contratación de la universidad no admitía la designación de docentes a partir de esa edad.

Sumario:
1.-No corresponde extender más allá de los 70 años el desempeño de los docentes universitarios, en el caso los de la universidad demandada, así pues, las decisiones de la autoridad universitaria competente que da por finalizado el vínculo con quien se desempeñara como docente al cumplir 70 años no puede ser calificado, ni como arbitrario ni como discriminatorio.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

2.-Es cierto que al alcanzar el actor la edad de 70 años, se modificó el régimen de contratación aplicable a su relación con la universidad demandada, pasando a un contrato de locación de servicios, pero no menos cierto es que de acuerdo a la clara letra del art. 2 de la res. HCS 45/2016, no podría haber seguido desempeñándose en la condición de docente interino; si bien no cabe descartar la utilización de la modalidad de locación de servicios para enmascarar relaciones laborales en desmedro de los derechos laborales del trabajador, en el presente caso pareciera haber sido la única posibilidad de mantenimiento del vínculo.

3.-No es posible imponerle a la universidad demandada la obligación de renovar un contrato de locación de servicio, más allá de su vencimiento, considerando que, en términos generales, las contrataciones se extinguen por el mero transcurso del tiempo pautado, sin que se requiera el dictado de un acto expreso por parte de las autoridades universitarias en tal sentido.

4.-La alegada tutela sindical no puede modificar las normas que regulan la relación que une al actor y a la demandada, pues de ser así ello configuraría un modo disfuncional de conjugar distintos marcos regulatorios.

5.-Si las normas vigentes no aceptan que una persona de más de 70 se desempeñe como docente universitario en la universidad demandada, no hay protección sindical que pueda predicarse para ese hipotético caso; no puede ser representante sindical de una determinada actividad quien, en virtud de las normas vigentes, no reúne las condiciones exigidas para ser trabajador de esa actividad.

6.-La tutela sindical en el ejercicio de un cargo representativo gremial no alcanza a trastocar la transitoriedad de su designación.

Fallo:
La Plata, 23 de junio de 2022.

Y VISTO: Este expediente N° FLP 55481/2019/CA1, caratulado: «GARCIA LOPEZ, ALDO RAUL C/ UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (UNNOBA) S/ AMPARO SINDICAL», proveniente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Junín.

Y CONSIDERANDO QUE:

EL JUEZ ALVAREZ DIJO:

I. Llega la causa al Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la resolución del juez de primera instancia -de fecha 22 de septiembre de 2020- que rechazó la acción intentada por el señor Aldo R.

García López contra la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires -en adelante, UNNOBA- e impuso las costas a la vencida, sin perjuicio del beneficio de litigar sin gastos otorgado.

II. En su expresión de agravios el recurrente considera que la sentencia resulta arbitraria y violatoria del principio de congruencia, al contradecirse con la prueba rendida en autos, siendo que la cuestión debe resolverse a la luz de los principios protectorio y de primacía de la realidad. Así, sostiene que, si bien el juez reconoce que el trabajador se desempeñó como profesor universitario durante más de trece años, antepuso el principio de autonomía universitaria por sobre el de primacía de la realidad laboral, al resolver que el docente interino no tiene derecho a reclamar de la universidad conducta alguna una vez vencido el plazo de su designación, pero en ningún momento analizó por qué un profesor se encontraba en condición de interino luego de trece años de labor, cuando el concurso debía haberse realizado como máximo a los tres años de su ingreso.En consecuencia, expresa que de lo que realmente se trata es de analizar si, dentro del marco constitucional y laboral vigente, puede permitirse que un profesor se encuentre como interino por más de trece años sin realizarse el correspondiente concurso, en desmedro absoluto de sus derechos constitucionales y que, a la postre, se lo separe en forma discriminatoria de su puesto, justamente, en momentos en los cuales se encontraba realizando actividades gremiales y había sido electo como Secretario General del Sindicato Unión de Docentes Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (UDUNNOBA).

Finalmente, subraya el estado de zozobra y angustia padecido por el actor, a quien luego de trece años de ejercer la docencia universitaria y por el solo hecho de haber asumido la representación gremial de las/los docentes universitarios de la UNNOBA, y encontrarse al frente de sus reclamos como trabajadores/as, por una orden autoritaria, arbitraria e infundada se decidió cerrarle la puerta de la Universidad, impidiéndole desarrollar sus tareas laborales, en un acto discriminatorio, ilegal, ilegítimo e inconstitucional.

Concluye que se encuentra acreditado, incluso documentalmente, que la separación del puesto de trabajo ha tenido motivos pura y exclusivamente gremiales, puntualmente como acto de represalia por la representación gremial que había asumido el trabajador y por la constitución de un sindicato independiente, destinado a defender los intereses y derechos de las y los docentes universitarios de la UNNOBA, por lo que sostiene que cabe revocar íntegramente la sentencia, haciéndose lugar a la acción de amparo sindical incoada.

Cabe señalar que dicha expresión de agravios fue oportunamente contestada por la demandada.

III.1) Sentado lo expuesto, corresponde indicar que el actor inició la presente acción contra la UNNOBA en los términos de los artículos 43 y 14 bis de la Constitución Nacional, Ley 16986 y artículos 47, 53, 54 y concordantes de la Ley 23551 a fin de peticionar el pronto resguardo de sus derechos laborales y sindicales.

Asimismo, solicitó que se decrete en forma previa una medida cautelar que ordene el cese inmediato de la conducta antisindical de la accionada y la inmediata reincorporación a su puesto de trabajo, del cual sostuvo había sido ilegítimamente separado por motivos de discriminación gremial, encontrándose abiertamente avasallados sus derechos constitucionales. Por otra parte, peticionó que se ordene el pago de los salarios caídos desde el mes de diciembre de 2018, con más los intereses correspondientes desde que cada suma fue debida hasta el efectivo e íntegro pago, con expresa imposición de costas (conf. artículos 47, 48, 52, 53 y concordantes de la ley 23551, artículos 11, 12, 23 y concordantes del CCT para los Docentes de Instituciones Universitarias Nacionales, la Ley 23592 y artículo 14 bis de la Constitución Nacional).

Finalmente, requirió que se corra traslado a la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) a fin de que tome la intervención que estime corresponder de conformidad a lo establecido en la Ley 23551.

En cuanto a los hechos motivo de esta acción, el actor afirmó que con fecha 01/07/2005 había ingresado a trabajar en relación de dependencia para la accionada, desempeñándose como profesor integrante del Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas, en la cátedra de Economía.Explicó que, desde su ingreso, había realizado las labores correspondientes a su puesto como docente con gran esmero, vocación y sin tener observación alguna por parte de las autoridades de la Universidad.

Que, si bien había continuado desarrollando idénticas tareas, a partir del año 2016, por disposición de la Universidad, el vínculo había cambiado la modalidad, renovándose con contratos anuales.

Aseguró también que en el año 2015 había comenzado a desarrollar actividades gremiales, con el respaldo de su extensa experiencia y trayectoria académica y, con el apoyo de FEDUN, había dado inicio al trámite de inscripción gremial ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a través del expediente nº165411 del Sindicato Unión de Docentes Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UDUNNOBA), en el cual había sido designado como secretario general.

Sostuvo que, a partir de allí, sin que existiera ningún motivo concreto más que su actividad gremial (la conformación de un sindicato independiente de las autoridades de UNNOBA, representativo de los intereses y derechos de las y los docentes), había comenzado a verse resentida la relación con las autoridades universitarias, principalmente, con el rector Guillermo Tamarit.

Por ello, explicó que, tal como surgía de los recortes periodísticos que había presentado como prueba documental, como clara represalia a su actividad gremial en ascenso y, frente a los reclamos de aumentos salariales que se encontraba llevando adelante el sindicato UDUNNOBA con el respaldo de FEDUN, en forma intempestiva, sin ningún tipo de aviso, explicación ni diálogo, en un acto sumamente grave y autoritario, le habían lisa y llanamente impedido continuar dando clases y concurrir a las mesas de finales, cercenando así su derecho a trabajar y la garantía de libertad sindical establecida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Aseguró que se trataba de un acto de represalia por la representación gremial que había asumido y la conformación de un sindicato independiente,constituyendo un supuesto de discriminación por motivos pura y exclusivamente gremiales.

2) El rector de la UNNOBA contestó el informe circunstanciado requerido y sostuvo que el actor había sido designado de manera interina desde el año 2005 hasta enero de 2017, y había cumplido funciones asimilables a la de auxiliar ayudante con dedicación simple dentro del Departamento de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Explicó que, por resolución nº10543/17, se había dispuesto la contratación del contador García López en los términos del entonces artículo 28 del Estatuto Universitario desde el 1º de febrero de 2017 hasta el 31 de enero de 2018 y que, por Resolución nº11629/2017, se había dispuesto la baja de dicha contratación a partir del 1º de septiembre, en virtud de la resolución nº11273/17 que disponía la contratación para desempeñar tareas el Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas desde el 1º de septiembre al 31 de diciembre de 2017, bajo la modalidad de locación de servicios, contra presentación de factura en concepto de honorarios. En el mismo sentido, explicó que, por Resolución 86/18, se había dispuesto la contratación bajo las mismas condiciones hasta el 31 de diciembre de 2018. Señaló que las designaciones y contrataciones fueron debidamente notificadas, y se encontraban firmes y consentidas, máxime cuando el actor -en abril de 2008- había presentado un reclamo administrativo por su situación docente y por salarios caídos, el cual había culminado con resolución 706/08 que rechazaba el reclamo, determinándose que la designación tenía carácter temporario y en consecuencia su función no revestía estabilidad. Explicó, así, que de acuerdo al artículo 33 del Estatuto Universitario: «Los Profesores Interinos serán designados por el Rector a propuesta del Departamento respectivo con carácter temporal e imprescindible mientras se sustancie el correspondiente concurso.Tendrán las mismas dedicaciones que los profesores ordinarios establecidas en el presente Estatuto y en la reglamentación que dicte el Consejo Superior. Las designaciones de los profesores interinos, deberán precisar el tiempo de su designación, el cual nunca podrá exceder los 2 (dos) años».

Sumado a ello, destacó que en la Universidad regía la Ordenanza (CS) Nro 45/2016 Artículo 2, que establecía que:

«. las designaciones de los docentes interinos, son por los respectivos plazos previstos en sus designaciones, salvo en los casos en que, por edad, la misma resolución limite el término al treinta y uno de enero del año siguiente al que cumplan SETENTA (70) años». Por ello sostuvo que mal podía el actor alegar discriminación, cuando superada esa edad, sin embargo, había continuado vinculado a la Universidad.

En cuanto al planteo de actos discriminatorios por motivos sindicales, afirmó que la universidad no contaba con documentación que acreditara la condición de r epresentante sindical del actor, lo cual tornaba improcedente la aplicación de la Ley 23551 e inadmisible la presente demanda, al no alcanzarse a probar prima facie la condición gremial invocada y, en consecuencia, tampoco, la vulneración del derecho.

Asimismo, remarcó que del mismo relato del actor surgía que la asociación no tenía inscripta personería gremial, sino que ella se encontraba en trámite. Sostuvo así que, no obstante, el actor manifestaba haber comenzado a realizar actividades gremiales desde el año 2015 y que de su historial académico se desprendía que había continuado desarrollando sus tareas de manera normal durante los años posteriores, venciendo su período de contratación recién en el año 2018.Al respecto, indicó que el nombramiento interino/contratación se extingue por el mero transcurso del tiempo previsto al momento de su designación/contratación, sin que se requiera el dictado de acto alguno por parte de las autoridades universitarias que así lo determine.

Negó los hechos y afirmaciones contenidos en la demanda como así también la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo para trabajadores Docentes de las instituciones universitarias nacionales, sosteniendo que la UNNOBA había expresado sus reservas a dicho CCT por violar el principio constitucional de autonomía universitaria, sosteniendo así la primacía del Estatuto Universitario.

IV. Sentado lo expuesto, resulta comprobado que el señor Aldo Raúl García López tiene 76 años de edad y que se desempeñó como docente interino, siendo su última designación como Ayudante con dedicación simple, desde el 01/02/2016 hasta el 31/01/2017. Cabe aclarar que en marzo de 2016 el actor cumplió 70 años de edad y que, conforme surge de la nota remitida al secretario general de FEDUN por la UNNOBA, el señor García López informó el día 23/06/2016, mediante declaración jurada de agentes jubilados, tal condición ante la oficina de RRHH de la universidad. Asimismo, por resolución del Rector nº 10543/2017, se dispuso la contratación del contador García López en los términos del artículo 28 del Estatuto Universitario, desde el 01/02/2017, y por Resolución nº 11273/2017, desde el 01/09 hasta el 31/12/2017, ya para desempeñar tareas en el Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad, bajo la modalidad locación de servicios, contra facturación, volviéndoselo a contratar, bajo la misma modalidad (locación de servicios, rescindible en cualquier momento y retribución pactada en carácter de honorarios contra entrega de factura en el Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas) hasta el 31/12/2018 (conf.resolución del Rector nº86/2018).

Es decir que fue a poco de cumplir los 70 años de edad el actor que se estableció el cese de su designación como docente interino y su contratación, primero en virtud del artículo 28 del Estatuto Universitario y, luego, bajo la modalidad de locación de servicios para prestar tareas en el Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNNOBA.

En efecto, su situación en relación con la Universidad varió, cambiando de régimen, a una determinada edad en que de acuerdo a las normas vigentes en la materia, correspondía que eso ocurriese.

En tal sentido, debemos considerar en primer término el Convenio Colectivo para Docentes de Instituciones Universitarias Nacionales, homologado por decreto 146/20151, que en su artículo 63 establece: «La jubilación, la intimación a jubilarse y la renuncia se regirán por la normativa vigente en la materia. El docente podrá ser intimado a iniciar los trámites jubilatorios cuando reúna requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria.», lo que nos conduce a la ley específica que regula la materia en análisis, la ley 26508.

Esta ley establece el régimen jubilatorio para el personal docente de las universidades públicas nacionales y en su artículo 1 expresa: «a) Tendrán derecho a la jubilación ordinaria docente universitaria los docentes universitarios que reúnan los siguientes requisitos: (.) 2. Haber cumplido los sesenta (60) años de edad en el caso de las mujeres y sesenta y cinco (65) años de edad los varones. En ambos casos, ante la intimación del empleador, cualquiera fuere, los docentes universitarios podrán optar por permanecer en la actividad laboral durante cinco (5) años más después de los sesenta y cinco (65) años» (énfasis añadido).

El 25 de Julio de 2016, el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires dictó la Resolución 45, que adecua las normas internas en materia de extensión de las designaciones a la referida ley 26508.En lo que aquí interesa, el artículo 2 de dicho cuerpo normativo decide: «Establecer que las designaciones de los docentes interinos, son por los respectivos plazos previstos en sus designaciones, salvo en los casos en que, por edad, la misma resolución limite el término al treinta y uno de enero del año siguiente al que cumplan SETENTA (70) años.» El cuadro normativo reseñado no ha sido impugnado por el actor y como resultado de su aplicación, no corresponde extender más allá de los 70 años el desempeño de los docentes universitarios, en el caso los de la UNNOBA. Así pues las decisiones de la autoridad universitaria competente que da por finalizado el vínculo con quien se desempeñara como docente al cumplir 70 años no puede ser calificado, ni como arbitrario ni como discriminatorio.

Es cierto que al alcanzar el actor la edad de 70 años, se modificó el régimen de contratación aplicable a su relación con la UNNOBA, pasando a un contrato de locación de servicios, pero no menos cierto es que de acuerdo a la clara letra del artículo 2 de la Resolución HCS 45/2016, no podría haber seguido desempeñándose en la condición de docente interino.

Si bien no cabe descartar la utilización de la modalidad de locación de servicios para enmascarar relaciones laborales en desmedro de los derechos laborales del trabajador, en el presente caso pareciera haber sido la única posibilidad de mantenimiento del vínculo.

En estas circunstancias no es posible imponerle a la UNNOBA la obligación de renovar un contrato de locación de servicio, más allá de su vencimiento, considerando que, en términos generales, las contrataciones se extinguen por el mero transcurso del tiempo pautado, sin que se requiera el dictado de un acto expreso por parte de las autoridades universitarias en tal sentido.

Expresado todo lo anterior queda afirmado que la relación del actor con la demandada era una decisión sometida a un plazo fatal, para cuya prolongación debía mediar acuerdode ambas partes. También se ha establecido que el actor a partir de los 70 años no podía desempeñarse como docente, ni interino ni ordinario, de la UNNOBA, en virtud de normas vigentes y cuya legitimidad no ha sido aquí impugnada.

En definitiva no sería posible ordenar que el actor se siga desempeñando como docente en la UNNOBA por ser ello contrario a las normas vigentes.

En este marco, la alegada tutela sindical, motivo de este amparo, no puede modificar las normas que regulan la relación que une al actor y a la demandada, pues de ser así ello configuraría un modo disfuncional de conjugar distintos marcos regulatorios. Dicho en términos más directos, si las normas vigentes no aceptan que una persona de más de 70 años se desempeñe como docente universitario en la UNNOBA, no hay protección sindical que pueda predicarse para ese hipotético caso. No puede ser representante sindical de una determinada actividad quien, en virtud de las normas vigentes, no reúne las condiciones exigidas para ser trabajador de esa actividad.

A mayor abundamiento, y aún para el caso de no darse la circunstancia vinculada a la edad del actor, resultaría de aplicación al presente caso la doctrina de la Corte que afirma que la tutela sindical en el ejercicio de un cargo representativo gremial no alcanza a trastocar la transitoriedad de su designación (Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos CNT 40803/2017, «Romero, Jonathan Iván c/ Ministerio de Educación y Deporte de la Nación s/ juicio sumarísimo» , del 21/10/2021), doctrina respecto de la que dejo a salvo mi opinión.

Cabe agregar que, por sus características, la acción elegida no habilita el tratamiento de otros aspectos del conflicto que pueda haber entre las partes, por lo que no corresponde analizar los alcances de un vínculo que, sin perjuicio de que pueda impugnarse por otra vía idónea para ello, ha sido finalmente instrumentado como locación de servicios.

Por lo expuesto, dado ue los argumentos del recurrente no logran rebatir lo decidido en la sentencia de grado, propongo al Acuerdo: rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia apelada. Costas de alzada por su orden en atención a que el actor pudo creerse con mejor derecho para apelar (artículo 68 segunda parte del CPCCN).

Así lo voto.

EL JUEZ DI LORENZO DIJO:

Comparto los aspectos sustanciales expuestos por mi colega y me adhiero a la solución que propone en su voto.

Por ello, SE RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia apelada.

2) Costas de alzada por su orden en atención a que el actor pudo creerse con mejor derecho para apelar (artículo 68 segunda parte del CPCCN).

Regístrese, notifíquese, ofíciese electrónicamente al juzgado, y remítase a primera instancia a través del Sistema Lex100.

A %d blogueros les gusta esto: