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#Fallos Mejor con Cormillot: El cambio de clínica para el tratamiento de la obesidad de la paciente debe ser admitido porque responde a la ausencia de resultados favorables en la institución donde se encontraba

Partes: G. R. c/ Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación y otro s/ amparo de salud

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: II

Fecha: 15 de junio de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137577-AR|MJJ137577|MJJ137577

El cambio de clínica para el tratamiento de la obesidad de la paciente debe ser admitido porque responde a la a la ausencia de resultados favorables en la institución donde se encontraba.

Sumario:
1.-Corresponde confirmar la medida cautelar solicitada, ordenando a los demandados que arbitren los medios para autorizar y garantizar el 100% del costo de la internación de la actora en la clínica solicitada, de acuerdo con lo prescripto por los profesionales tratantes pues se encuentran acreditados, prima facie, tanto la indicación, como así también los motivos médicos por los cuales la afiliada requiere la internación en el sitio peticionado para llevar a cabo el tratamiento que le fue indicado para la obesidad y sus comorbilidades.

2.-Si bien la demandada adujo que nunca negó la cobertura pues ofreció otorgar el tratamiento mediante centros de iguales características e, incluso, que también ofreció todas las prestaciones de tercer nivel que le corresponden de acuerdo a la patología que aqueja a la demandante, lo cierto es que el tratamiento llevado a cabo en el centro donde se encontraba internada la afiliada no logró cumplir con los objetivo establecidos, pues se registró un aumento de peso.

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3.-La disconformidad de la recurrente es inatendible pues si bien aduce la circunstancia de que su mandante brindó la cobertura del tratamiento de la actora con un prestador propio, -extremo que no resulta desconocido-, el cambio de institución obedece a la ausencia de resultados favorables en aquella institución.

4.-Las apreciaciones de la codemandada sobre la responsabilidad de la paciente en el tratamiento frustrado no fueron acreditadas con ninguna constancia médica que permita dejar de lado el criterio de apreciación que aplicó el Sr. Juez de grado para reconocer mayor eficacia a las apreciaciones del actor que fundan el pedido del dictado de la medida cautelar, las que se encuentran convalidadas por el Cuerpo Médico Forense.

Fallo:
Buenos Aires, 15 de junio de 2022.

Y VISTOS: los recursos de apelación interpuestos y fundados por las demandadas los días 29.08.21 y 18.10.21, cuyas respuestas datan del 16.09.21 y del 18.04.22, contra la resolución del día 25.08.21; y CONSIDERANDO:

I.- El señor juez de grado hizo lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (DAS) y Omint S.A. de Servicios que arbitren los medios para autorizar y garantizar, en el término de cinco días y por la vía que corresponda, el 100% del costo de la internación de la Sra. G.R. en la Clínica Cormillot, de acuerdo a lo prescripto por los profesionales tratantes y conforme surge de la documental adjuntada, por el tiempo y en la forma que prescriba el médico tratante.

II.- Esa decisión motivó los recursos de las accionadas los días 29.08.21 y 18.10.21.

El letrado apoderado de la Obra Social del Personal de Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación advierte, en primer término, que esa parte nunca negó la cobertura pues ofreció otorgar el tratamiento mediante centros de iguales características e, incluso, también ofreció todas las prestaciones de tercer nivel que le corresponden de acuerdo a la patología que aqueja a la demandante. Señala que lo decidido por el juez de grado, se aparta de lo dispuesto por la Resolución N°742/2009 del Ministerio de Salud de la Nación, que regula las «Prestaciones básicas esenciales para la cobertura de la obesidad» dentro del Plan Médico Obligatorio, y que en ningún caso contempla la internación.

Cuestiona la ponderación realizada por el juez de grado respecto del informe del Cuerpo Médico Forense, criticando que no se le hubiera corrido traslado de sus conclusiones en forma previa a expedirse respecto de la pretensión precautoria.Dedica algunas consideraciones a otros dos amparos iniciados por la afiliada contra su mandante por prestaciones también requeridas para la patología que padece y que unilateralmente opta por realizarlas por un centro no convenido con la obra social. Finalmente, dice que no se ha acreditado el peligro en la demora para que procediera el otorgamiento de la cautelar.

Estas quejas, fueron replicadas por la actora en la presentación del día 16.09.21.

A su turno, la codemandada Omint S.A. de Servicios expone su disconformidad con lo decidido, requiriendo la nulidad de la resolución en crisis por carecer de fundamentación que la sustente. Destaca el carácter innovativo de la tutela anticipada dispuesta, enfatizando la coincidencia entre el objeto de la acción y el de la medida precautoria, lo que a su entender lesiona el derecho de defensa en juicio. Asimismo, formula aclaraciones relativas al sistema de medicina prepaga y alega que lo pretendido excede la cobertura prevista en el P.M.O., como así también los alcances del contrato celebrado entre las partes. Por último, realiza manifestaciones con respecto a la inexistencia de peligro en la demora y a la ausencia de fijación de una contracautela.

Corrido el pertinente traslado, este fue contestado en los términos que surgen de la presentación del día 18.04.22.

III.- Así propuestas las distintas quejas de las accionadas, corresponde advertir inicialmente, que el carácter innovativo de una medida precautoria no es, por sí mismo, un obstáculo para su procedencia; y lo mismo sucede con la coincidencia total o parcial entre su objeto y el de la acción, en tanto se encuentren reunidas las exigencias que hacen a su admisibilidad (confr. esta Sala, causa n°6814/14 del 21.8.15 y 3606/13 del 28.6.16, entre otras), para lo cual se debe valorar tanto el estado de la parte que la solicita como el resguardo del derecho de defensa de su contraria (C.S.J.N. Fallos:320:1633 ).

Ello no implica desconocer la prudencia con que se debe apreciar los recaudos que hacen a su procedencia, ponderando que alteran el estado de hecho o de derecho existentes al tiempo de su dictado y configuran un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (confr. C.S.J.N., Fallos: 316:1833; 319:1069, entre otros). Sin perjuicio de ello, reiteradamente este tribunal ha juzgado que en casos como el presente, donde el objeto último de la acción está dirigido a cubrir las necesidades de una persona con discapacidad, el criterio para examinar la procedencia de una medida precautoria -aun cuando tenga carácter innovativo- debe ser menos riguroso que en otros, dadas las consecuencias dañosas que podría traer aparejada la demora en satisfacer requerimientos como los que son objeto de la decisión apelada (confr. causas 1993/12 del 14.5.13 y 407/14 del 18.11.14, entre otras).

Además, tampoco resulta atendible el agravio de Omint S.A. de Servicios con relación al vicio de arbitrariedad, el que ha fundado en la interpretación que le atribuye al magistrado contraria a derecho. Al respecto, las quejas que expone exteriorizan meras discrepancias con los argumentos del pronunciamiento sobre la medida precautoria en cuestión, sin demostrar en modo alguno que la resolución apelada haya incurrido en ausencia o defecto de fundamentación que conduzca a su descalificación como acto jurisdiccional (doctrina de Fallos 296: 769: 300:200 y 298; y Sala I, causa 2048/12 del 22.10.2013).

Sumado a ello, en lo inherente a la valoración de la prueba obrante en autos y, en particular, la ponderación del informe del Cuerpo Médico Forense cuestionada por la codemandada DAS, basta con recordar en tal sentido que el artículo 198 del Código Procesal establece que las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte, y que en lo relativo a las diligencias probatorias destinadas a acreditar la verosimilitud del derecho, el artículo 197 prevé que las actuaciones deberán permanecer reservadas. Esas previsiones normativas son suficientes para desechar dichas quejas (conf. esta Sala, causa n°12.103/18 del 12.11.21). Ello conduce, por los mismos motivos, a desechar las críticas sustentadas en el hecho de que la cuestión no haya tenido un tratamiento bilateral, incluyendo la circunstancia de no haberle dado traslado del informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense, previo a resolver la solicitud precautoria.

IV.- Ingresando a las críticas que hacen a la procedencia sustancial de la medida cautelar, cabe destacar que no está discutida en el sub lite la condición de discapacitada de la actora -cfr. certificado de discapacidad adjuntado el día 27.04.22-, las enfermedades que padece – obesidad, hipertensión arterial, artrosis severa de caderas y rodillas con indicación quirúrgica, diabetes tipo 2, depresión, entre otras- ni su carácter de afiliada a las demandadas.

Está en debate, en cambio, si DAS y Omint de Seguros S.A. deben –o no– otorgar cautelarmente la cobertura del costo de la internación en un centro que se dedique al tratamiento de la obesidad y sus comorbilidades, como por ejemplo la Clínica del «Dr.Cormillot», como así también la pertinencia médica de dicha prescripción, dado que -según afirma las apelantes- la paciente podría recibir el tratamiento en otra institución.

V.- Ello sentado, en los términos en que ha quedado planteada la cuestión a resolver, si bien lo concerniente a la naturaleza de la prestación que se reclama en autos y la controversia sobre la obligatoriedad de cubrirla constituye un aspecto integrante del conflicto sustancial -lo que determina la improcedencia de formular aquí un juicio definitivo, antes de que el señor juez se pronuncie en la correspondiente oportunidad procesalno es posible soslayar que los instrumentos que lucen agregados al escrito de inicio (informe del día 12.03.21), la historia clínica presentada el 18.05.21 y, en particular, las conclusiones a las que arriba el Cuerpo Médico Forense dan cuenta de la necesidad de la internación reclamada.

Además, no encontrándose controvertida la discapacidad que padece la actora (conf. instrumento emitido el 20.04.21), resulta de aplicación al caso la Ley Nº 24.901, que instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (art.1).

En lo que aquí concierne, la norma citada dispone que las obras sociales tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley, que necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2). Entre estas prestaciones se encuentran las que tienen la finalidad de cubrir requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad, que además de las practicas vinculadas con la rehabilitación del paciente, la norma contempla la cobertura de prestaciones asistenciales – hábitat, alimentación y atención especializada (conf. esta Sala causas n° 5236/2018 del 5.9.19, entre otras; arts.18 y 32 de la norma citada).

Además, dispone que tales servicios deben otorgarse a través de entes asistenciales propios o contratados y con especialistas que no pertenezcan al cuerpo de profesionales del contrato, aunque para ello requiere que su intervención sea imprescindible debido a las características específicas de la patología del paciente, o cuando así lo determinen las acciones de evaluación y orientación que, de acuerdo con el texto legal, se encuentran a cargo de un equipo interdisciplinario (arts. 6, 11 y 39 de la citada norma) VI.- De acuerdo con las constancias de la causa, ninguna de las accionadas se hacen cargo de los fundamentos dados por el a quo, sustentados en las conclusiones del Cuerpo Médico Forense, en el sentido de que el tratamiento llevado a cabo en el centro donde se encontraba internada la afiliada no logró cumplir con los objetivo establecidos, con aumento de peso (conf. conclusiones médico legales a las que se arriba en el dictamen del día 11.08.21, citada por el a quo en el Conside rando II de la resolución).

Sobre este punto, se observa que en el memorial de DAS esa parte se limita a contradecir las conclusiones del organismo citado, tachando de imparcial la ponderación del juez de grado. Y funda su disconformidad, en la circunstancia de que su mandante brindó la cobertura del tratamiento de la actora con un prestador propio, esto es, el Instituto Nuestra Señora de Luján, extremo que no resulta desconocido, en la medida que el cambio de institución obedece, justamente, a la ausencia de resultados favorables en aquella institución.

Por otro lado, se deben valorar las manifestaciones de la actora que denunció encontrarse efectuando el tratamiento en el Instituto Nuestra Señora de Luján, al momento de iniciar la acción, con resultados negativos por ser insuficiente el servicio allí brindado -lo que se refuerza con lo que surge de las constancias médicas a las que se hizo mención-, sin obtener el resultado de descenso de peso que necesita.Las apreciaciones de la codemandada DAS sobre la responsabilidad de la paciente en el tratamiento frustrado (conf. pág. 4° -cuarto párrafo-), no fueron acreditadas con ninguna constancia médica que permita dejar de lado el criterio de apreciación que aplicó el Sr. Juez de grado para reconocer mayor eficacia a las apreciaciones del actor que fundan el pedido del dictado de la medida cautelar, las que se encuentran convalidadas por el Cuerpo Médico Forense.

En función de ello, y del valor que esta Sala ha asignado a los informes del Cuerpo Médico Forense (confr. causas n°15.988/95 del 6.10.09; n°49.427/15 del 21.6.16, entre otras), es dable estimar que, en el caso, se encuentran acreditados, prima facie, tanto la indicación, como así también los motivos médicos por los cuales la afiliada requiere la internación en la Clínica Cormillot para llevar a cabo el tratamiento que le fue indicado.

VII.- Estos elementos son suficientes, a juicio de la Sala, para sustentar la verosimilitud en el derecho del reclamo de autos. Ese recaudo de procedencia de la medida cautelar se refiere a la posibilidad de que el derecho exista y no a una incontrastable realidad que sólo se logrará al agotarse el trámite (conf.esta Sala, causa n° 5236/19 del 5.9.19; Sala 1, causa n° 2849/00 del 30.5.00 y sus citas, entre muchas otras). Y en esa inteligencia tiene dicho la Corte Suprema que la naturaleza de las medidas precautorias no exige a los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud, y que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (conf.Fallos 306:260; Sala 1, causa n° 39.380/95 del 19.3.96 y otras).

Asimismo, corresponde agregar que en casos de prestaciones en donde está en juego la integridad física y psíquica tutelada por el art. 5, inc.1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se puede descartar la aplicación de una medida cautelar bajo pretexto de incurrir en prejuzgamiento, cuando existen fundamentos que imponen expedirse en forma provisoria sobre la índole de la petición formulada (conf. in re «Camacho Acosta, M. c/Grafi Graf SRL y otros» del 7.8.97, Fallos 320:1633).

Tales argumentaciones permiten descartar todo argumento que pretenda poner en duda la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora en el dictado de la medida que debe confirmarse en esta instancia.

VIII.- A mayor abundamiento, cabe señalar que las decisiones sobre medidas cautelares no causan estado, ni son definitivas, ni preclusivas, pueden reverse siempre que se aporten nuevos elementos. En general, tienen carácter eminentemente mutable, de manera que la resolución que recae sobre ellas de acuerdo con las particularidades de cada caso es siempre provisional y se dictan sin perjuicio de lo que se pudiera decidir en el futuro (arts. 202 y 203 del Código Procesal y conf. esta Sala, doct. causa nro.168/2017 del 12.09.17; y sus citas, entre otras).

IX.- Finalmente, el Tribunal estima suficiente la caución juratoria prestada dispuesta por el a quo, teniendo en cuenta el grado de verosimilitud que ostenta la pretensión de la actora (conf. art. 199, tercer párrafo, del C.P.C.C.N.) y la índole del derecho cuya tutela se procura.

Por lo expuesto, sin perjuicio de lo que se decida en la sentencia definitiva, esta Sala RESUELVE: confirmar la resolución apelada con costas a cargo de la demandada vencida (art. 68 del CPCCN).

Difiérese la regulación de los honorarios para el momento en que se dicte la sentencia definitiva.

Regístrese, notifíquese y devuélvase

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