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#Doctrina Limitación por costas (arts. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo) – Postura del TSJ de la provincia de Neuquén

Autor: Recupero, Marcos A.

Fecha: 01-08-2022

Colección: Doctrina

Cita: MJ-DOC-16705-AR||MJD16705

Voces: COSTAS – HONORARIOS EN EL PROCESO – CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN – LABORAL

Sumario:
I. Introducción. II. Costas y honorarios. III. El límite de costas impuesto no es un límite en la regulación de honorarios. IV. Aspectos constitucionales discutidos. V. Discusión constitucional en la Provincia de Neuquén. VI. Conclusiones.

Doctrina:
Por Marcos A. Recupero (*)

I. INTRODUCCIÓN

El art. 277 de la LCT y el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación establecen que la responsabilidad por el pago de las costas procesales, no podrá exceder del 25% del monto de la sentencia, laudo o transacción. En el caso de que dicha situación se produzca, los preceptos legales determinan que los honorarios profesionales deberán ser prorrateados entre todos los profesionales intervinientes. Esta disminución, en términos arancelarios, no resulta extensible a los patrocinantes o representantes de la parte condena en costas.

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A partir de dicha regulación vigente en la Ley de Contrato de Trabajo y en el nuevo Código Civil y Comercial se ha discutido la constitucionalidad de esa normativa a partir de diferentes puntos de vista. Cada uno de esos aspectos han llevado a la doctrina y a la jurisprudencia a convalidar o desestimar la armonía constitucional de dichas normas.

De esta manera el punto de partida del presente trabajo, será fijar el alcance del concepto de costas procesales, y la naturaleza jurídica de esta obligación, para luego examinar las diferentes críticas constitucionales que se le han realizado a esa regulación.

II. COSTAS Y HONORARIOS

En primer lugar, cabe señalar que no es lo mismo costas procesales que los honorarios que se regulan a los profesionales intervinientes en el trámite. Si bien es cierto que estos últimos se encuentran comprendidos dentro del concepto de costas procesales, también resulta acertado sostener que existen otros rubros que también integran las costas procesales, tales como la tasa de justicia o la contribución a los colegios de abogados.

Por esto se observa que en las normas en juego existe una especie de confusión o reducción de las costas exclusivamente a los estipendios regulados a los profesionales intervinientes.Sin embargo, también podría entenderse que tal «confusión» entre ambos conceptos no es tal y el legislador simplemente decidió limitar la responsabilidad por costas al 25%, para luego aclarar que, en caso de excederse de ese porcentual, el rubro de ajuste (a los fines de no sobrepasar ese límite) serán los honorarios de los profesionales intervinientes en el proceso.

Estas situaciones fueron advertidas tanto por el máximo tribunal de la Provincia de Mendoza y su equivalente de la Provincia de Buenos Aires. Cada uno de ellos examinaron este punto llegando a la misma conclusión por intermedio de interpretaciones en algún aspecto diferentes. Es así que el primero de esos organismos jurisdiccionales (en voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci), señaló que el término costas excede lo relativo únicamente a los honorarios, precisando sin embargo que estos últimos eran mencionados por el legislador como variable de ajuste a los fines de no sobrepasar ese 25% fijado en la norma (1).

Por su parte, la Suprema Corte de Buenos Aires, señaló que la mención que hace la norma respecto de la limitación de las «costas» está dirigida únicamente a lo relativo a los honorarios profesionales (2). De tal manera, este límite estaría dirigido únicamente a este rubro de estipendios profesionales, sin tener incidencia alguna los restantes conceptos que pueden llegar a incluir estos gastos causídicos.

Sin perjuicio de esta leve distinción que podría apreciarse entre las posturas de cada tribunal provincial, cierto es que la solución en ambas posturas es la misma. Las dos perspectivas coinciden en el hecho de que la variable de ajuste que debe utilizarse a la hora de no superar ese 25% fijado en las normas laboral y civil, son los honorarios de los profesionales intervinientes.Sin embargo, podría aclararse que existe una distinción importante entre ambas posiciones, ya que si se adopta la interpretación de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y se entiende que las «costas» reguladas en ambos preceptos legales se refieren únicamente a los honorarios profesionales, el monto a considerar se integrará de manera diversa que si se adopta la posición de su par mendocino. Esto en razón de que la exégesis desarrollada por la Dra. Kemelmajer de Carlucci hace alusión a que las costas se encuentran integradas por otro tipo de gastos procesales (como por ejemplo la tasa de justicia), y esos rubros entonces deberían ser calculados dentro de ese monto global del 25%.

Por el contrario, pareciera que la Suprema Corte de Buenos Aires, al limitar esta regulación de costas a los estipendios profesionales, dejaría entrever que ese 25% solo se integra con los honorarios profesionales, sin importar los restantes rubros que puedan integrar este concepto.

III. EL LÍMITE DE COSTAS IMPUESTO NO ES UN LÍMITE EN LA REGULACIÓN DE HONORARIOS

Otro punto que debe dejarse en claro es la diferencia entre la limitación en la responsabilidad por las costas y la limitación en los montos reconocidos a los profesionales intervinientes. Es que justamente estos preceptos legales (arts. 730 CCCN y 277 de la LCT) solo tienen por objeto limitar la responsabilidad de aquella parte vencida en el proceso en relación al total de los gastos causídicos. Sin embargo, ello no implica reducir la cuantía de la retribución de los profesionales que intervinieron en el trámite procesal.

Es decir que, si los honorarios exceden ese tope impuesto por el art. 277 de la LCT y el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, ello no significa que el monto de honorarios se reduzca a ese punto.Esta circunstancia simplemente implicará que la parte vencida en ese proceso se beneficiará respecto del monto del cual debe hacerse cargo, debiendo responder solo hasta ese 25% total de los gastos causídicos (con exclusión de sus representantes en el referido trámite).

De esta manera, aquel importe de los estipendios profesionales que supere ese límite, podrá ser reclamado a la parte vencedora del proceso, situación ésta que desemboca indefectiblemente en una crítica a este límite legal. Esto en razón de que algunos autores entienden que se vulneraría el derecho de propiedad de quien se vio obligado a litigar para que se le reconozca un derecho, y a quien en definitiva le asistía razón en su reclamo.

Ahora bien, esta distinción entre límite de costas y de honorarios fue advertido por la CSJN en autos «Villalba» (3). En dicha oportunidad en el considerando 6º, nuestro máximo tribunal nacional señaló que «en tanto la norma sólo limita la responsabilidad del condenado en costas por los honorarios devengados más no respecto de la cuantificación de éstos, no cabe vedarle al beneficiario de la regulación la posibilidad de reclamarle a su patrocinado el excedente de su crédito por sobre el límite porcentual establecido en la ley. Lo contrario importaría consagrar -con relación a este excedente- una obligación sin sujeto pasivo alguno, lo que equivale al desconocimiento del derecho creditorio y, en la práctica, a una efectiva reducción de los emolumentos profesionales, resultando ajeno al propósito del precepto subexamen».

De esta manera, se advierte que la limitación en los estipendios profesionales no significa una reducción del crédito de los profesionales intervinientes, sino simplemente ceñir la responsabilidad de la parte vencida en el proceso, a un 25%. Pero esa limitación no determina la cuantía obligacional, es decir el crédito que se generó en favor de cada abogado y perito interviniente en el trámite procesal.De tal manera, aquel monto que exceda el límite impuesto en estas normas podría ser reclamado directamente a la parte vencedora del pleito.

Esta solución fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa «Latino » (4), en la cual refirió que «en el caso, el beneficiario de la regulación tiene la posibilidad de reclamarle a su patrocinada el excedente de su crédito por sobre el límite porcentual establecido en la norma en cuestión, de allí que no ha demostrado que resulte lesionado su derecho de propiedad ni comprometido su derecho a una retribución efectiva por su labor» (Del Dictamen del Procurador Fiscal, compartido por la CSJN).

Estas aclaraciones llevan a la conclusión de que al momento de regularse los honorarios profesionales deberán fijarse los montos totales, sin determinar límite alguno respecto de dichos montos. Oportunamente en la etapa de ejecución de honorarios, deberá el vencido invocar este límite en su obligación. Pero la cuantía total resulta necesaria para los profesionales que se verían alcanzados por ese tope del 25%, ya que será necesario contar con un monto global para, en su caso, poder determinar en forma precisa aquello que podrá reclamarle al ganador del trámite. Es decir que tanto peritos como abogados intervinientes, a partir de ese monto total, tendrán la posibilidad de reclamar la diferencia no abonada por el condenado en costas (por el tope del 25%) al vencedor del litigio.

IV. ASPECTOS CONSTITUCIONALES DISCUTIDOS

Fijados ciertos conceptos generales, y delimitado en grandes términos los alcances de esta limitación legal por costas, corresponde examinar los distintos reproches constitucionales que se han realizado respecto de estas normas.

1) Derecho de Propiedad (art. 17 de la Const. Nac.) y Reparación Plena (art. 19 de la Const. Nac.)

En primer término, y en clara vinculación con la temática desarrollada en el punto anterior, cabe señalar que se ha cuestionado esta norma por violar el derecho de propiedad de cada profesional interviniente, en razón de reducirse sus emolumentos.Dicha situación, se sostiene, violaría el derecho de propiedad de los peritos o abogados que se desempeñan en los procesos judiciales. Esto fundamentalmente en razón de que no tendrían derecho a percibir el quantum total que le correspondería por sus labores.

Ahora bien, si se tienen en cuenta los argumentos desarrollados previamente, esto es que no es lo mismo el límite de costas y el límite de honorarios, este reparo constitucional se desactiva inmediatamente. Esto en virtud de que la regulación de honorarios debería ser efectuada respecto del monto total que le corresponde a cada profesional, conforme las leyes provinciales en esta materia. Ello para que, en su caso, en el momento procesal oportuno (se entiende que al inicio de la ejecución de honorarios), la parte vencida interponga como defensa este límite en su responsabilidad por costas (respecto del 25%). Pero ello no implica que se cercene el derecho crediticio del profesional, quien siempre podrá intentar cobrar el excedente respecto del ganador en el proceso.

Por esto, se desactivaría esta impugnación constitucional relacionada con el derecho de propiedad de los profesionales que intervinieran en el trámite judicial. Simplemente se deberá determinar precisamente los legitimados pasivos (en términos porcentuales) respecto de ese monto de honorarios reconocido al perito o abogado; situación que no afectará en modo alguno el derecho de propiedad, y el carácter alimentario que revisten esos estipendios profesionales.

Sin embargo, resuelta esta primera cuestión, surge una segunda situación relacionada con el derecho de propiedad y el derecho a una reparación plena del actor (vencedor en el proceso). Es que, si se acepta la posibilidad de que los peritos y abogados conduzcan su reclamo por ese excedente del 25% a los trabajadores que triunfan en el proceso, se generará otra discusión constitucional de relevancia. Sustancialmente la contraposición se verá reflejada en dos derechos constitucionales en pugna: por un lado, el derecho constitucional a una reparación integral (art.19 de la Carta Magna, relacionado con el «alterum non laedere») -e incluso se puede adicionar el derecho de propiedad del reclamante; y por otro lado el derecho constitucional de propiedad de los profesionales previamente examinado (art. 17 de la Const. Nac.). Ambos puntos se entrecruzan también en el carácter alimentario que ambas obligaciones implican para cada parte (profesionales y trabajador en el caso de la limitación de la LCT).

En lo que hace concretamente al derecho de reparación plena que le asiste al trabajador (consagrado por la CSJN en diferentes precedentes, como por ejemplo «Aquino » (5) en el año 2004), se puede indicar que su posible vulneración se configuraría en razón de que ese excedente de costas del que se tendría que hacer cargo el trabajador, disminuiría la reparación conseguida con el resultado del proceso. Es decir, que el quantum reconocido en la sentencia se vería disminuido en razón de tener que hacerse cargo de parte de los honorarios de los profesionales que no abonó la parte vencida (por la limitación legal examinada).

De esta manera, se afirma que existe una violación al derecho a una reparación plena del trabajador, contrariando doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto en razón de que dicho organismo internacional, ha señalado que «Las costas y gastos incurridos, debidos a la actividad desplegada con el fin de obtener justicia están comprendidos dentro del concepto de reparación y deben ser compensados por aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos» (6).

Es decir que la inclusión de estos gastos dentro del concepto de la reparación adeudada a quien resultare vencedor en el trámite judicial, llevaría a la conclusión de que el excedente que los profesionales pueden cobrarle al actor, vulneraría este derecho constitucional en juego (art. 19 Const. Nac.). Aquí es donde se presenta la contradicción con el derecho de propiedad de los profesionales, conforme argumentos desarrollados en párrafos previos.Esta situación no implicará más que contraponer dos derechos de jerarquía constitucional en el caso concreto, solución que no podrá ser resuelta en abstracto, sino que deberá examinarse cada caso en concreto, pudiendo incluso arribarse a soluciones contrapuestas.

Por otra parte, también en relación a estos puntos, se remarca que estas normas bajo estudio no solo violarían el derecho constitucional a una reparación plena del vencedor, sino también su derecho de propiedad. Esto en razón de que aquel excedente del 25% que no se encontraría obligado a abonar la parte vencida, recaería sobre el patrimonio de la parte que triunfó en el proceso. Por lo que esa diferencia en el monto a abonar, que recaería sobre quien resultó ganador en el proceso, conculcaría su derecho de propiedad. De esta manera, se contrapondrían dos derechos iguales (de la misma naturaleza), derecho de propiedad de profesional y de vencedor.

Esta contraposición fue resuelta por la CSJN en autos «Villalba», cuando señaló en el considerando 7º que «la eventual posibilidad de que los profesionales intervinientes ejecuten a su cliente no condenado en costas por el saldo impago de honorarios que pudiese resultar del prorrateo legal, no resulta violatoria, en el caso, del principio protectorio del trabajador ni el derecho de propiedad reconocidos en la Constitución Nacional (arts. 14 bis y 17). En efecto, la naturaleza alimentaria del crédito reconocido al trabajador que no empece a que éste deba contribuir, en alguna proporción, con el costo del litigio que decidió promover para el reconocimiento de su derecho. En este sentido, el mismo art. 277 de la L.C.T.autoriza el pacto de cuota litis entre el profesional y trabajador (párrafo 1º, in fine), en virtud del cual el primero percibe como retribución un porcentaje (que no excederá del 20%) de las sumas que se perciban en el litigio, y que participan de un indudable carácter alimentario».

De tal manera, se observa que la Corte convalidó la posibilidad de que los profesionales reclamen a la parte ganadora el excedente de ese 25% que le correspondería cobrar por sus labores profesionales en el juicio. Simplemente la Corte pareciera poner un nuevo límite respecto de ese excedente en favor de los abogados o peritos, que será el 20% del monto del litigio a percibir, que posibilita la norma convenir al trabajador en relación al pacto de cuota litis.

Ahora bien, si bien la Corte resolvió la posible violación al derecho de propiedad del actor, ello no implica que se pueda concluir sin más que también se garantiza el derecho del trabajador a una reparación plena. Es que sobre este punto se afirma que «si la víctima debe afrontar parte de las costas del juicio pese a ser el vencedor, conforme surge de la aplicación del Art. 730 CCCN, la reparación no será plena, ya que parte de esa reparación se destinará a pagar la diferencia de costas» (7).

En este sentido la CNAT ha expresado que «las indemnizaciones en estos casos deben ser integrales, tanto en el aspecto material como incluso en el moral y carecería de razonabilidad a partir de tal premisa hacer caer en el accidentado el pago -aunque sea parcial- de los actos provocados por el hecho dañoso y la consecuente necesidad de litigar para obtener su resarcimiento, cuando no ha sido condenado en costas en primera instancia. Es en ese contexto y con el alcance de la normativa del art. 277 L.C.T.se torna inconstitucional en el caso, en tanto afecta en forma directa por lo expuesto, la reparación -declarada judicialmente- por las consecuencias disvaliosas de un accidente o enfermedad laboral» (8).

Así, podría concluirse respecto de este punto que no puede arribarse a una solución única, sino que, en cada proceso en particular, ante el planteo que podrán realizar las partes, deberá examinarse la solución más adecuada. En su caso, el choque o contraposición de los derechos en juego podrá resolverse en su caso por intermedio de un análisis de ponderación (conforme fórmula de Alexy). Sin embargo, cabe resaltar que en dicho examen deberá tenerse siempre presente que el trabajador se erige en nuestro sistema constitucional como un sujeto de preferente tutela.

2) Atribución legislativa Provincial o Federal

Como segunda cuestión relevante respecto de los reparos constitucionales que han merecido estos arts. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación y el art. 277 de la LCT, se presenta como un aspecto de suma importancia la cuestión federal que este tema implica. En este punto, se sostiene que la regulación efectuada por el Congreso de la Nación (respecto de ambas normas) vulnera facultades provinciales, en razón de tratarse de una materia no delegada a la Nación.

Sin embargo, previo a examinar esa cuestión debe fijarse el carácter de estos preceptos legales, a los fines de determinar si estas normas se relacionan con una cuestión obligacional o si, por el contrario, aquellos aspectos relacionados con las costas se encuentran dentro del ámbito procesal. Esta distinción resulta importante, porque, como es sabido, si se considera que este límite de costas no es más que una cuestión referida a la responsabilidad queda incluida dentro del ámbito del derecho de fondo (obligaciones civiles), y por ende se constituye como una materia regulable por intermedio del Congreso de la Nación (art. 75 inc.12 de la Carta Magna). Por el contrario, si se interpreta que esta temática debe ser entendida dentro del derecho procesal, no quedarán dudas de que su regulación corresponde a las provincias (art. 5 y 121 de la Const. Nac.).

Ahora bien, en este tema vuelve a adquirir relevancia la distinción previamente desarrollada respecto de límite de costas y límite de honorarios. Es que esa diferenciación es la que permite determinar que en definitiva nos encontramos ante una cuestión procesal y no obligacional. Esto en razón de que si esta limitación pudiera ser entendida como relacionada con el derecho de fondo (obligación) lo que se coartaría es el importe total de la retribución debida a cada profesional interviniente. Por el contrario, lo único que se efectúa con esta regulación, es limitar porcentualmente aquellos montos que deberá abonar la parte vencida en un proceso. Pero esto no significa (tal como se destacó en párrafos previos) que se limite el crédito de los abogados o peritos intervinientes. S olo se fija el quantum que podrán exigirles los profesionales al legitimado pasivo que surge justamente del proceso.

Por esto, debe entenderse que la materia es estrictamente procesal, situación que permite afirmar que la regulación corresponde a las provincias, y no al Congreso de la Nación.

V. DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL EN LA PROVINCIA DE NEUQUÉN

Delimitada la discusión constitucional de esta temática en lo que respecta al aspecto federal en juego, corresponde realizar una breve reseña del estado de la cuestión en la Provincia de Neuquén. Esto de conformidad a las distintas etapas y soluciones que significó este tema en la provincia, decisiones que siempre examinaron esta normativa desde una perspectiva relacionada con el federalismo.

a) Primer momento:Inconstitucionalidad de la limitación de costas.

Como punto de partida del devenir jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén, debe señalarse como primer momento relevante en esta temática, aquellas causas en las que se trató esta temática, y se llegó a la conclusión de que la ley nacional Nº 24.432 resultaba inconstitucional. Esto fundamentalmente bajo el entendimiento de que el dictado por el Congreso de esa norma implicaba un avance de la Nación respecto de las autonomías provinciales.

En este sentido cabe señalar como precedentes relevantes las causas «Yerio» (9), «Lowental» (10) y «Cerámica Zanon» (11). En cada una de esos precedentes se señaló que, en consideración del régimen federal que consagra la Carta Magna (arts. 5 y 121), según el cual las provincias conservan todo el poder no delegado a Nación, y en concordancia con los arts. 1, 2 y 7 de la Constitución de la Provincia de Neuquén, correspondía decretar la inconstitucionalidad de la mencionada norma nacional. Esto bajo el fundamento de que la potestad de dictar normas relacionadas con derecho procesal y profesiones liberales era una facultad no delegada a Nación, y por ende reservada a la legislatura local.

En base a esta premisa se manifestó que «la ley arancelaria local en cuanto guarda una relación íntima y directa con las normas procedimentales integra un plexo legislativo para cuyo dictado goza de potestad exclusiva la Legislatura Provincial». De esta manera, en estos primeros precedentes provinciales, se llegó a la conclusión de que la ley nacional Nº 24.432 invadía competencias provinciales, en razón de regular cuestiones atinentes a leyes arancelarias y de proceso (como lo es el tope de costas allí regulado).

b) Segundo Momento:Validez constitucional de la norma en virtud de su regulación provincial (Ley 2.933)

Como segundo instante temporal de importancia, dentro del devenir jurisprudencial del máximo tribunal de la provincia de Neuquén, debe marcarse como punto de inflexión el dictado del fallo «Reyes Barrientos» (12) en fecha 16 de junio de 2016. En esa oportunidad, en vistas de haberse sancionado en el año 2014 la ley provincial Nº 2.933, el TSJ resolvió modificar su postura sobre este tema.

Para llegar a esa solución no modificó la apreciación relacionada con el argumento de que el dictado de normas en esa materia era competencia provincial, sino que recalcó que ahora la legislatura provincial sí había regulado este aspecto vinculado al límite de costas. Esto bajo el entendimiento de que la remisión realizada al art. 277 de la LCT significaba convalidar ese tope legal respecto de los gastos causídicos. Esta postura fue reiterada en otros precedentes que siguieron a este pronunciamiento emitido en la causa «Reyes Barrientos», en los cuales se profundizaron los argumentos desarrollados.

De tal manera, el máximo órgano jurisdiccional de la Provincia de Neuquén entendía que ese límite de costas se relacionaba con una cuestión procesal y de honorarios profesionales, temáticas estas reservadas a la regulación de las provincias. En esta línea en el precedente «Cardellino» (13) fundó esta solución en «los Arts. 1°, 2° y 7° de la Constitución de la Provincia del Neuquén, en el Art. 189, Inc. 16°, que establece la facultad de la Legislatura de dictar los Códigos de Procedimientos, en el Inc. 37° que le confiere la potestad de dictar el estatuto de las profesiones liberales (entre ellas la abogacía), y, finalmente, en el Inc. 1° que fija las atribuciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones de nuestra Constitución».

Por ello, se concluyó que «la Ley Arancelaria, en cuanto guarda una relación íntima y directa con las normas procesales (Art.63, último párrafo, de la Ley 1.594), integra el plexo normativo para cuyo dictado goza de potestad exclusiva la Legislatura Provincial».

Esta aclaración resultó importante a los fines de fijar una posición respecto de la naturaleza de las normas que el TSJ entendía se analizaban, esto es normas procesales y arancelarias reservadas a una regulación exclusivamente provincial. A partir de esta primera premisa, a continuación, señaló que correspondía modificar la anterior interpretación que había desarrollado sobre este tema, en el sentido de que ese art. 277 de la LCT resultaba ser inconstitucional. Fundamentalmente este primer cambio de posición se basó en la sanción de una norma provincial que validaría ese tope de costas, esto es la Ley Nº 2.933 del año 2014.

Dicha ley local modificó el art. 4 de la Ley arancelaria de la Provincia (Nº 1.594), quedando la misma redactada en los siguientes términos: «Los profesionales pueden pactar con sus clientes una participación en concepto de honorarios en el resultado económico del proceso, los que no pueden exceder el treinta por ciento (30%) del resultado económico obtenido, a excepción de los asuntos o procesos laborales. En estos casos, rigen los límites y formalidades establecidos en el artículo 277 de la Ley nacional 20.744, de Contrato de Trabajo, sin perjuicio del cobro que corresponda a la parte contraria, según sentencia o transacción».

Así, el TSJ provincial señaló que, si bien la regulación sobre este límite de costas correspondía a las legislaturas provinciales, y no al Congreso de la Nación, la nueva ley provincial convalidaba constitucionalmente el límite de costas regulado en la norma nacional. Esto en razón de la remisión que se hacía por intermedio de una norma provincial a la limitación impuesta en el art. 277 de la LCT.Por esto, a partir de esa modificación realizada por una norma provincial, el TSJ de la Provincia de Neuquén entendió que se respetaba la atribución legislativa federal respecto de estos temas en particular.

De tal manera, el cambio de posición del Tribunal Superior a partir del fallo «Reyes Barrientos» del año 2016, no significó en términos estrictos una postura diferente para el tribunal superior de la provincia, sino que simplemente significó apreciar este tema bajo el prisma de una nueva regulación local (Ley Nº 2.933). Con la sanción de esa nueva norma provincial, ahora sí podía entenderse que la limitación de costas del 25% fijado en la LCT resultaba aplicable a la provincia. No existía violación alguna a la distribución de competencias locales y nacionales, ya que se respetaba la autonomía provincial respecto de este tema.

En este sentido indicó en el fallo «Cardellino» que «con la sanción de Ley 2.933 queda saldada la discusión que motivó el agravio constitucional planteado en autos, al consignar el legislador local en forma explícita que rigen los límites y formalidades establecidos en el Art. 277 de la Ley 20.744, el que fuera reformado en el tópico por la Ley 24.432, y cuya aplicación a los presentes peticiona la quejosa».

Por ello, a partir de esta decisión se convalidó la constitucionalidad de este límite en materia de costas, bajo el entendimiento de que ese límite, luego del año 2014, se encontraba impuesto por intermedio de una norma provincial. Así se mantenía la postura de que la regulación correspondía a las provincias, y al momento de examinarse este caso ya se había dictado una norma local que remitía a los límites impuestos por intermedio de la norma nacional.

c) Tercer Momento:Inconstitucionalidad de la Ley nacional Nº 24.432.

1) Finalmente, en febrero del año 2021 el TSJ de la Provincia resolvió respecto de la constitucionalidad de esta norma, nuevamente desde un aspecto netamente federal, pero volviendo a modificar la postura que había modificado a partir del precedente «Reyes Barrientos». En tal sentido, por revisión de esos antecedentes previos en los cuales reconocía el carácter constitucional de la limitación en costas, llegó a la conclusión de que la Ley 24.432 avanzaba sobre competencia provinciales, conclusión que determinaba la necesidad de decretar su inconstitucionalidad.

Es así que, a partir de un nuevo análisis de esta cuestión, el TSJ de Neuquén volvió a modificar la posición que había esbozado en el precedente «Reyes Barrientos» y «Cardellino», entre otros. De tal forma, manteniendo la misma postura respecto de la inconstitucionalidad de la Ley 24.432, por vulnerar atribuciones provinciales no delegadas a Nación, el máximo órgano jurisdiccional provincial, analizó nuevamente en la causa «Yañez», el alcance que debía otorgársele a la ley provincial Nº 2.933.

En tal sentido, examinó la redacción del mencionado art. 4 de la ley de honorarios de la Provincia de Neuquén (Ley 1.594, conf. reforma por ley 2.933), para llegar a una solución opuesta a la esbozada a partir del año 2016. Así señaló que la remisión efectuada por dicho precepto legal (art. 4) al art. 277 de la LCT guardaba relación con el límite de pacto de cuota litis que fija la norma, y no con la limitación en los gastos causídicos. Por lo que desestimó la posibilidad de que dicha remisión a la norma laboral se relacionara con la limitación en materia de costas procesales.

En esta línea, sostuvo que había que realizar un nuevo análisis de la modificación introducida a la ley de honorarios profesionales de la Provincia de Neuquén, esto es la Ley 2.933. Así sostuvo que cuando dicha norma modificó el art.4 de la ley arancelaria, realizó una remisión al art. 277 de la LCT en el mismo párrafo dedicado al pacto de cuota litis. En este aspecto destacó que ese precepto legal, luego de determinar que el límite en el pacto de cuota litis se establece en el 30% del monto del proceso, señala que en los casos laborales debe estarse a lo regulado en el art. 277 de la LCT. Por esto se concluyó que esa remisión se relacionaba con aquella parte de la norma laboral que establece que «Queda prohibido el pacto de cuota litis que exceda del veinte por ciento (20%) el que, en cada caso, requerirá ratificación personal y homologación judicial».

Por esto, se señaló que el único aspecto de la regulación nacional que fue convalidado por la Provincia de Neuquén, por intermedio de la ley 2.933, se relaciona con esa limitación porcentual del pacto de cuota litis en materia laboral. Pero la remisión efectuada en este art- 4 no puede ser extendida a los aspectos regulados en la ley nacional 24.432. Es decir que entendió que ese tope de costas no había sido incorporado en el ordenamiento provincial.

Sobre esta temática agregó que esa era la interpretación correcta conforme lo que surgía de las expresiones vertidas en el mismo debate legislativo suscitado en el órgano deliberativo provincial. Pero además no solo basó esa conclusión en el mencionado trámite legislativo, sino que también hizo referencia a que esa modificación resultaba en razón de ser ese aspecto una novedad en la materia. Esto en razón de que previo a la reforma legislativa provincial del año 2014, en el territorio neuquino se encontraba absolutamente vedada la posibilidad de celebrar un pacto de cuota litis en causas laborales.

A estos fundamentos agregó que la relación entre la norma provincial y la modificación en materia de pacto de cuota litis guardaba relación con la naturaleza misma de la reforma sancionada por la legislatura local.Es que dicha modificación legislativa fue introducida en el ámbito deliberativo con el objeto de modificar cuestiones atinentes a «honorarios profesionales», situación que permitiría excluir cualquier tipo de reforma netamente procesal (como lo sería el tema de costas). En esta línea aclaró que «más allá del vínculo entre ambos conceptos -en rigor, los honorarios constituyen un rubro integrante de las costas procesales-, lo cierto es que son dos figuras ontológicamente distintas».

También se desarrolló como argumento en este último fallo dictado por el TSJ de Neuquén sobre esta materia, que resultaba incoherente interpretar que con la sanción de la ley 2.933 se reguló este límite de costas únicamente en lo que hace al proceso laboral, dejando fuera otras materias. Esto en virtud de que ninguna mención se realiza respecto del viejo art. 505 (actual art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación). En este sentido se remarcó que «no cabe sino esta nueva comprensión de que la Ley N° 2933 no ha incorporado en el ámbito local el contenido de la Ley N° 24.432, pues de otro modo, redundaría en su aplicación sólo en el ámbito del proceso laboral».

En definitiva, en este último precedente dictado por el máximo órgano jurisdiccional de la Provincia de Neuquén, se observa que se regresa a la primera postura sostenida, esto es la decisión de que la Ley 24.432 resulta ser inconstitucional por avanzar sobre facultades de las provincias no delegadas a Nación. Y este regreso a la postura inicial se debe fundamentalmente a la interpretación relacionada con la circunstancia de que la Ley 2.933 no hizo remisión alguna a esa limitación de costas. Esa norma provincial solo reguló el pacto de cuota litis en materia laboral.2) Doctrina de la confiscatoriedad

Por otra parte, resulta interesante agregar que en este fallo «Yañez» se aclaró que la circunstancia de que no se acepte el límite impuesto por la norma nacional, no implica desconocer que algún tope debe establecerse en esta temática. Esto fue advertido al señalarse que «aun cuando no se halle previsto un tope legal en materia de costas en el orden local -similar al implementado con la sanción de la Ley N° 24432-, ello no implica que no existan límites, ya que la aplicación de la doctrina aludida, en definitiva, no hace más que delimitar el costo máximo de los procesos judiciales tramitados en la jurisdicción provincial». Por ello, en este punto resaltó la importancia de mantener en esta materia la doctrina de la confiscatoriedad (que ese tribunal ha desarrollado en diferentes causas tales como «Micheli» (14)), con el objeto de limitar en esa proporción del 33% este aspecto relacionado con los honorarios de los profesionales intervinientes.

3) La Corte Suprema de Justicia de la Nación no se ha expedido sobre este punto

Finalmente, resulta importante destacar ciertas apreciaciones vertidas por el TSJ de Neuquén en este fallo «Yañez» respecto de la postura de la CSJN sobre esta temática. Es que como bien se señala allí, al día de la fecha el máximo órgano jurisdiccional del país no ha examinado esta temática desde un aspecto federal. Es cierto que ha realizado consideraciones respecto de otros derechos constitucionales en juego (como el derecho de propiedad en las mencionadas causas «Villalba» o «Latino»), pero este punto tratado en la Provincia de Neuquén aún no ha sido examinado.

De tal manera, en el fallo «Abdurraman » (15) la CSJN soslayó este punto bajo el argumento de que había llegado a su conocimiento una causa relacionada con un proceso que había tramitado ante los tribunales nacionales.Por lo que, en consecuencia, la aplicación de ese límite de costas resultaba plenamente aplicable en ese aspecto, ya que en ese litigio resultaban aplicables las normas dictadas por el Congreso de la Nación. Por ello aclaró que no cabía ningún tipo de examen sobre esta temática, ya que correspondía aplicar las leyes 21.839 (de honorarios de abogados) y 24.432 (modificatoria de esa norma).

A esto se puede agregar que en ninguna de las otras causas en que el máximo tribunal de la Nación se expidió sobre este tema, se analizó la cuestión federal que esta norma implica. Esto fue advertido por el TSJ de la Provincia de Neuquén en el último fallo dictado en esta materia, cuando señaló que «no se desconoce que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido a favor de la validez constitucional de la modificación introducida por la ley nacional antes citada a los artículos 505 del Código Civil, entonces vigente, y 277 de la Ley N° 20744, análoga al actual artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo, en ninguno de dichos casos el Máximo Tribunal se pronunció, ni sopesó el argumento central con el que este Cuerpo ha sostenido la inconstitucionalidad de la Ley N° 24432; esto es, por avanzar sobre materia privativa de las provincias y vulnerar con ello los artículos 5, 75, inciso 12°, y 121 de la Carta Magna Argentina».

VI. CONCLUSIONES

De acuerdo a todo el desarrollo hasta aquí expuesto pueden ensayarse algunas conclusiones relacionadas con esta temática de la limitación de costas, y con la aplicación a la Provincia de Neuquén:

1) La circunstancia de que las costas y honorarios no son lo mismo, ya que los gastos causídicos comprenden otros rubros (como por ej. tasa de justicia); consideración que implica reconocer que ese tope de costas debe comprender esos otros conceptos que no significan emolumentos profesionales. De tal manera, la limitación impuesta en los arts.730 del Código Civil y Comercial de la Nación, y el art. 277 de la LCT deben computar los importes de todos estos rubros a la hora de limitar esta responsabilidad por costas.

2) En caso de que ese cómputo exceda el 25% regulado en esas normas, la reducción debe realizarse únicamente sobre los honorarios, situación ésta que será discutible si se tiene en consideración el hecho de que las costas se integran con otros rubros. Por esto se ha afirmado que estas normas implican más el reconocimiento de una «limitación de honorarios» a cargo del vencido que un tope de costas en términos estrictos.

3) En rigor de verdad lo que hace esta norma es fijar un límite de responsabilidad del legitimado pasivo dentro del proceso (aquella parte vencida en el litigio). Esto en razón de que se ha señalado que no pueden reducirse los honorarios de los profesionales intervinientes (en virtud de su derecho de propiedad y el carácter alimentario de ese crédito). De tal manera, lo que hace la ley 24.432 es fijar una limitación respecto del sujeto pasivo de esos emolumentos. Pero ello, no implica desconocer la posibilidad de que los profesionales reclamen el importe restante por sus labores al vencedor en el proceso.

4) A partir de estas precisiones es que empiezan a surgir controversias constitucionales, en vistas de los derechos en juego. Por un lado, el derecho a cobrar la acreencia total de los al ganador del proceso profesionales (reclamando aquello que excede el límite) podría significar atentar contra el derecho constitucional a una reparación plena del accionante y a su derecho de propiedad. Asimismo, si se hiciera prevalecer estos derechos constitucionales de quien inició el litigio, se vulneraría el derecho de propiedad de los profesionales, y su derecho a una retribución justa por sus labores.

5) Algunas de estas controversias constitucionales fueron resueltas por la CSJN (por ej.en autos «Villalba»), bajo el entendimiento de que el actor debía contribuir en alguna proporción con la retribución debida a los profesionales que intervinieran en el proceso. Sin embargo, cada caso deberá ser examinado conforme sus particulares circunstancias, realizando una tarea de ponderación (conforme tesis de Alexy), a los fines de determinar el derecho constitucional que debe prevalecer en cada situación.

6) Por su parte, también existe una discusión constitucional respecto de esta Ley 24.432, relacionada con el sistema federal de gobierno de nuestro país. De esta forma, se discute si era adecuado que el Congreso regulara esta limitac ión de costas procesales. A los fines de dilucidar esta controversia, en primer lugar, resulta de suma importancia determinar la naturaleza jurídica de esta temática. Esto en vistas de que, por un lado, podría entenderse que esta norma, al limitar la responsabilidad del condenado en costas, implicaría regular una cuestión relacionada con materia de obligaciones (y por ende dentro de las facultades del Congreso de la Nación, conf. art. 75 inc. 12 de la Carta Magna). Pero, por otro lado, podría entenderse que cualquier situación relacionada con materia arancelaria (honorarios) y costas se relaciona con cuestiones netamente procesales y por ende reservadas a las facultades provinciales.

7) La solución más acertada parecería ser aquella que señala que esta temática se relaciona con materia procesal, y por ende de exclusivo resorte provincial. Uno de los fundamentos que puede sostenerse en este sentido es que los arts. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación y 277 de la LCT no limitan el quantum obligacional total de los profesionales, sino solo el porcentual del que debe hacerse el vencido como legitimado pasivo del proceso.Pero ello no quita la posibilidad de que los profesionales reclamen ese monto restante al vencedor de ese litigio (conforme resolvió la CSJN en el mencionado caso «Villalba»). De esta manera, se observa que el monto de la obligación total en favor de los profesionales no se vería alterado, sino simplemente delimitado respecto del legitimado pasivo procesal.

8) Esta discusión constitucional, desde la perspectiva federal desarrollada, fue la que llegó a consideración del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén. Así, este superior organismo jurisdiccional de esa provincia transitó por tres etapas respecto de la solución de esta temática. En un primer momento, resolvió que la Ley 24.432 resultaba ser inconstitucional, por haber sido una norma dictada por el Congreso de la Nación respecto de aspectos relacionados con competencia exclusivamente provincial. Es decir que situó esta temática en el ámbito procesal y arancelario. Luego, en una segunda etapa, en vistas del dictado de la ley provincial Nº 2933, entendió que la legislatura provincial había convalidado esa ley nacional. Por ello, consideró que ese precepto legal dictado por la legislatura local era suficiente como para entender que la limitación por costas se encontraba incorporada en el ámbito de la Provincia de Neuquén. Finalmente, con el dictado del fallo «Yañez», en el año 2021, revisó su postura, y volvió a su primera solución, esto es la inconstitucionalidad de la norma nacional. Para llegar a esta conclusión, revisó los términos de la norma provincial Nº 2933 (que previamente había entendido como ratificatoria de las disposiciones nacionales) y señaló que la reforma introducida en el art. 4 de la Ley 1.594, solo se relacionaba con la incorporación se la posibilidad de que los profesionales celebren pactos de cuota litis en materia laboral. Por lo que entendió que la remisión que efectúa ese art. 4 (conf. reforma) se relaciona con el límite del pacto de cuota de litis regulado en la ley nacional, y no con el tope de costas.De esta manera, retornó a su primera postura, bajo el entendimiento de que la ley nacional violentaba una atribución exclusivamente provincial.

9) De conformidad a un desarrollo concreto realizado por el mismo Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén en este fallo «Yañez», cabe señalar que, al día de la fecha, la CSJN no se ha pronunciado concretamente respecto de esta posible inconstitucionalidad de la Ley 24.432 por violar atribuciones provinciales. El máximo tribunal nacional sí se ha expedido respecto de otros derechos constitucionales en juego (por ej. derecho de propiedad). Sin embargo, en esta temática federal no ha realizado precisión alguna (en el fallo «Abdurraman» desestimó este punto por tratarse de una causa de competencia de los tribunales nacionales).

10) Más allá de la inconstitucionalidad en la limitación de costas impuesto por la Ley nacional Nº 24.432, el TSJ de la Provincia de Neuquén, en virtud de la doctrina de la confiscatoriedad, ha venido sosteniendo que corresponde fijar un límite a los honorarios profesionales (de peritos y abogados de la parte ganadora). De tal manera, ha reconocido que ese tope debe fijarse en un 33%, con el fin «de delimitar el costo máximo de los procesos».

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(1) SCJ Mendoza Sala I, 8/7/1996 en autos: «Paz Lidia c/ Miranda José» en L.L. 1997-B, 663

(2) SCJBA, 13/5/2009 en autos «Poggi Raúl A. y Ot. c/ Burgois, Jorge D. y ot.»

(3) CSJN «Villalba Matías Valentín c/ Pimentel José y Ots. s/ Accidente- ley 9688» , 27/5/2009.

(4) CSJN, «Latino Sandra Marcela c/ Sancor Coop de Seg. Ltda. y otros s/ daños y perjuicios » – 11 de Julio de 2019.

(5) CSJN, Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688 – 21 de septiembre de 2004

(6) «Garrido y Baigorria c. Argentina», 27 de agosto de 1998 – «Comunidad Indígena Yalke c. Paraguay», 17 de junio de 2005 – «Dacosta Cadogan c. Barbados», 24 de septiembre de 2009.

(7) «TOPE DE COSTAS.PROBLEMÁTICA DERIVADA DE SU APLICACIÓN. SU CONSTITUCIONALIDAD. JURISPRUDENCIA» – Silvia A. Rankin y Javier Mendíaz

(8) C.N.A.T. Sala V, 30/12/11 en autos «Braggio Pablo Gastón c/ Avícola Capitán Sarmiento S.A. y Ots. s/ Accidente- Acción Civil »

(9) TSJ NQN «Yerio, Beatriz c/ Riva s/ escrituración» – (Acuerdo nro. 189/96)

(10) TSJ NQN «LOWENTAL, Ludovico c/AGROLOTE S.A. s/DAÑOS Y PERJUICIOS» (Expte. nro. 155- año 1999) – (Acuerdo 3/00).

(11) TSJ NQN «Cerámica Zanon c/ C.A.L.F. s/ cobro ordinario de australes» – (Acuerdo 42/04).

(12) TSJ NQN «REYES BARRIENTOS, SEGUNDO B. C/ B.J. SERVICES S.R.L. S/COBRO DE HABERES» (Expte. Nro. 70 – Año 2013) – (Acuerdo 10/16).

(13) TSQ NQN, «CARDELLINO, JAVIER CONTRA S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA SOBRE EJECUCIÓN DE HONORARIOS» (Inc. Nro. 1582 – año 2014), Acuerdo 23/16.

(14) «MICHELI CRISTIAN ANDRES C/ TEXEY S.R.L. S/ DESPIDO DIRECTO POR CAUSALES GENÉRICAS» (Expte. Nº 63765 – Año 2013) – Acuerdo 14/18.

(15) CSJN «Abdurraman, Martín c/ Transportes Línea 104 S.A. s/ accidente ley 9688 » – 5 de mayo del 2009

(*) Abogado, Universidad de Mendoza. Relator en Cámara Provincial de Apelaciones de Neuquén en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia, con competencia en la II, II, IV y V Circunscripción Judicial (Cámara Civil del Interior) – Provincia de Neuquén.

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