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#Fallos Violencia psicológica, económica y patrimonial: Se prohíbe al demandado enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar todo tipo de bien mueble o inmueble registrable, adquirido durante el período que duró la unión convivencial

Partes: M. S. I. c/ T. F. C. s/ ley 26.485

Tribunal: Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Corrientes

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: V

Fecha: 6 de abril de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137600-AR|MJJ137600|MJJ137600

Voces: VIOLENCIA DE GÉNERO – UNIONES CONVIVENCIALES – PROTECCIÓN DE PERSONAS – ACTOS DE DISPOSICIÓN

Medida protectoria: ante la violencia de género psicológica y la imposibilidad de tomar decisiones de contenido patrimonial, se prohíbe al demandado enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar todo tipo de bien mueble o inmueble registrable, adquirido durante el período que duró la unión convivencial con la actora.

Sumario:

1.-No puede dictarse la restitución de los bienes de los que no pueda justificar el demandado su adquisición, ya que, si bien es cierto, que existe la posibilidad de que a partir de la violencia de tipo psicológica vivenciada surja como sobreviniente a ella, una violencia de tipo patrimonial, ésta última para poder determinarse, demandará un proceso autónomo que en primer lugar acrediten paralelamente la convivencia preexistente, el supuesto desequilibrio económico y la viabilidad de la acción pertinente que se ajuste a los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, interposición de personas y otros que pudieran conforme art. 528 última parteVer Documento del CCivCom, ante la ausencia de pacto de la unión convivencial manifestada.

2.-No deben confundirse los presupuestos fácticos que dan lugar a una medida de protección tendientes al cese de las violencias, con las que tienden, a reparar el posible desequilibrio patrimonial inequitativo ante la ruptura de la unión convivencial y/o la posible distribución de los bienes, demandando un proceso autónomo distinto.

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3.-Ante el conocimiento judicial de un contexto de violencia familiar y/o de género, la actividad judicial debe propender a dar una respuesta eficaz y firmemente ante hechos que pongan en riesgo la seguridad, salud física y psíquica, económica y patrimonial de la mujer a través de un procedimiento expeditivo, que habiliten a tomar medidas inaudita parte sin demoras ni dilaciones indebidas tendientes a cesar la violencia y/o prevenir el riesgo latente ante una amenaza en tal sentido; todo ello en el entendimiento de que los procesos de violencia son procesos urgentes, sustancialmente cautelares para adoptar medidas inmediatas y hacer cesar situaciones de riesgo, no es un proceso de conocimiento, es un proceso especial y urgente con una finalidad inmediata.

4.-Puede determinarse que la accionante se vio sometida a violencia psicológica, por cuanto se aprecia de los informes psicológicos, que a partir de la violencia vivenciada le habría provocado a ésta una afectación a su salud mental emocional, con trascendencia, conllevando a demandar tratamiento psicoterapéutico para afrontar tal situación.

5.-Por tratarse de acciones de protección de derechos fundamentales en casos urgentes, la ritualidad de las pruebas no debería ser la misma que se exige en los procesos ordinarios, pues se trata de que en un breve lapso de tiempo se adopten las medidas conducentes para la protección inmediata de los derechos amenazados.

Fallo:
N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Corrientes, 06 de abril de 2022.

AUTOS Y VISTOS:

Estos autos caratulados: «M. S. I. C/T. F. C. S/LEY 26485» – Expte. N° 13624/22, para resolver sobre la procedencia de la pretensión en el marco del procedimiento de Violencia Familiar y de Género, del Capítulo 13 del CPFNyA; Y CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES: Que de fs. 1 a 5 de autos, la Sra. S. I. M. se presenta con el patrocinio letrado del Dr. Pablo C. Montiel, promoviendo expresamente «Demanda por Violencia de Género» solicitando medidas protectorias, ofreciendo pruebas y haciendo reserva del caso federal, centraliza su objeto en los términos de la ley 26.485 encuadrando la violencia de género invocado bajo las modalidades de violencia psicológica, económica y patrimonial contra F. C. T., DNI N° xxxxxxxx, domiciliado en calle xxx N° xxxx, xxx xxx, xxx. xx., peticionando la «restitución de todos los bienes económicos de los que no pudiese justificar su adquisición», los que fueron adquiridos durante la relación convivencial e inscriptos a su nombre y en detrimento de la actual situación económica de la actora; solicitando que también el demandado sea condenado a pagar COMPENSACION ECONÓMICA en los términos del art. 524 y 525 del CCyCN CON MAS INTERESES, GASTOS Y COSTAS, de la presente acción; SOLICITANDO LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PROTECTORIAS (Art. 709 . Ley 6580/2021), consistentes en PROHIBICION al demandado de enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar los bienes reclamados en autos; COMUNICAR los hechos de violencia de género al lugar de trabajo del demandado; ORDENAR que el demandado realice tratamiento terapéutico a fin de afirmar sus responsabilidades y deslegitimar comportamientos violentos y prevenir dichas conductas machistas y misóginas.

Narra la actora los hechos, que dan origen a la presentación, la cual se da en el marco de la separación de la convivencia que tuvieron desde el mes de mayo de 2012 hasta el 25 de septiembre de 2021, en que el Sr. T.se retira del hogar donde convivían. Refiere, que durante la convivencia adquirieron bienes como ser autos, motos, también un terreno donde construyeron un quincho con pileta y muro perimetral, realizaron viajes al exterior y viajes nacionales, se suscribieron a planes de ahorro de automotores 0 Km, adquirieron bienes y servicios también con la tarjeta de crédito; siendo todos esos bienes inscriptos a nombre exclusivo del demandado en un 100% y los gastos de la tarjeta de crédito en su totalidad a nombre de la demandante; haciendo crecer en forma considerable e injustificado el patrimonio del Sr. T., quien no tenía medios económicos para ello, siendo profesor de educación física; resaltando que dichos bienes fueron comprados con el producto del trabajo que la actora, quien se desempeñaba como docente, siendo Vice Directora de la Escuela T. J. M. y Coordinadora de Investigación y Desarrollo de I.S., duplicando casi triplicando el sueldo mensual al que percibe T. Que ahora luego de la separación advierte que el mismo era un estafador emocional, quien a través de todo tipo de ardid y engaño logró despojarla del fruto de su trabajo, a través de Violencia Psicológica y patrimonial, abusando de una relación de confianza, dejándola en una situación donde no posee bienes y el patrimonio del demando compuesto por bienes registrables es el fruto de los ahorros y esfuerzo de trabajo de la Sra. M.; por lo que solicita se realice una pericial contable y ofrece pruebas, a fin de acreditar dichos extremos y determinar los bienes y dominios; con el fin de que los mismos sean reintegrados a la Sra. S. I. M.; más la compensación económica requerida, en los términos de los arts. 524, 525 del CCYCN.

Que a fs. 06 de autos, por Providencia N° 552, del 25 de marzo de 2022; se tiene por recibida demanda de la Sra. S. I. M., D.N.I. Nº xxxxxxxx, con el patrocinio letrado del Dr. Pablo C.Montiel, y atento al contenido de la misma, se dispone como medida para mejor proveer, tomar contacto directo y personal con la peticionante a los fines de viabilizar en su caso las medidas protectorias hacia su persona y en su caso encausar el proceso conforme al ordenamiento vigente; medida ésta que es cumplimentada, registrándose el contenido de la audiencia bajo la plataforma inveniet, explicándosele con lenguaje claro y sencillo a la Sra. M. los alcances de las medidas proteccionales peticionadas relacionándolas con el objeto de sus pretensiones y los peligros que podría acarrear en base a sus pretensiones y la efectividad de éstas, manifestando sucintamente la Sra. M. que no cree que necesita alguna medida de protección respecto de su persona, expresando que lo preocupante para ella es «de que manera me sometió para poder sacarme dinero. cuando me ví ahogada, asfixiada, preocupada por mi situación económica es que recurrí a un psicólogo», expresando comprender el por qué no se han tomado inaudita parte las medidas de protección solicitadas, explicándosele que debemos establecer en primer término un informe de riesgo, determinar si existió violencia, si ésta persiste y si es necesario adoptar medidas al respecto o bien encausar el proceso en base a sus pretensiones, pudiendo servir como prueba instrumental lo hasta aquí actuado, a lo que la Sra. M. manifestó comprender, refiriendo a su vez que no tuvo más contacto con el Sr. T. luego de su separación en septiembre del año 2.021, que no mantiene vínculo laboral alguno con éste, que suspendió su tratamiento psicológico por motivos laborales. En ese estado, se resuelve diferir las medidas y la producción de las pruebas peticionadas y ofrecidas hasta tanto contar con los informes psicológicos, presentados y a practicase el cual se ordena en el mismo acto.

Confrontando la documental ofrecida como prueba, tomo como prevalente para esta instancia la evaluación psicológica suscripta por la Lic.Carolina Villalba, profesional del Hospital de Salud Mental «San Francisco de Asís» de fecha 17/01/2022 del cual surge del informe en cuestión que el motivo de la consulta de la Sra. M. es la «.evaluación psicodiagnóstica a los fines de evaluar inicio de tratamiento psicológico por presentar marcada ansiedad luego de un suceso especial en su vida personal. S. comenta que en el mes de mayo de 2021 se separa de su pareja luego de 10 años de convivencia. Decide consultar con un psicólogo luego de haber notado cambios que permanecieron en el tiempo y no le permiten en algunos aspectos desarrollar su vida como lo hacía anteriormente, como ser llanto inmotivado, estados prolongados de angustia, despertar en sobresaltos y dificultad en conciliar el sueño. Comenta que luego de la ruptura sentimental cae en la cuenta que su ex pareja adquiere bienes registrándolos solo a nombre de él. Sus relatos (en las laminas) están basados en el pasado y prima la modalidad de vinculación con sometimiento y aislamiento, coincidente con lo que expresa en las entrevistas sobre su propia historia.De forma dinámica se relaciona «poniendo distancia» de nuevas situaciones y relaciones, cuando se le hace notar esto expresa que es una de las situaciones que más «la molesta» luego de la ruptura ya que no formaban parte su personalidad.». Concluye la Lic. Villalba sugiriendo inicio de tratamiento psicológico.

Tal informe tiene concordancia con el informe forense practicado en fecha 29 de marzo de 2022, efectivizándose la entrevista psicológica individual ordenada para la Sra. M. S. I.; realizada por la Licenciada Natalia Quaranta, integrante del Cuerpo de Psicología Forense y de cuyas apreciaciones surge que: «Se advierten sentimientos de angustia y crisis de llanto durante la evaluación. Refiere que mantuvo una relación de pareja y convivencia por más de 10 años con el Sr. T. F. C.». «Apreciaciones Técnicas: A partir de lo referido por la Sra. M.se infieren indicadores propios del ejercicio de la violencia psicológica por parte del denunciado, durante la convivencia. Al momento de la presente evaluación no se advierten indicadores de riesgo para la integridad de la denunciante.».

Que, en fecha 04 de abril del corriente año, atento a las constancias de autos, por resolución N° 666, del 04 de abril de 2022; se llama autos para Sentencia.

II.- VALORACIÓN – determinación de violencia y modalidad: Ponderando la presentación de la Sra. M., rescato los hechos denunciados, y habiéndola escuchado presencialmente de conformidad al art. 703 del CPFNyA, garantizándosele con esa escucha, su «derecho a ser oída personalmente por el juez» (art. 16, ley 26485), y su derecho a ser informada del porqué de la decisión judicial de escucha previa y su medida consiguiente, anticipándole el criterio judicial y los pasos a seguir en el proceso, como garantía de tutela judicial efectiva, acceso a la justicia como persona vulnerable y a la información en lenguaje claro y fácil (Reglas de Brasilia Aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana -marzo 2008-, promovidas en su aplicación en el ámbito de la Justicia de Corrientes mediante Acdo. STJ N° 34/08 Pto. 18), entiendo, que son suficientes los elementos valorados como para arribar a una sentencia que determine brindar un ámbito de protección a la situación de la Sra. S. I. M.y específicamente de su pretensión, y es por ello que entiendo en primer lugar determinar acerca de la existencia de la violencia y su modalidad y por otro adoptar las medidas de protección necesarias sin llegar a aplicar sanción, en cuanto adelanto, estimo que el objeto patrimonial pretendido como tutela, escapa del procedimiento estipulado en el Capítulo 13 del CPFNyA y debe ser saneado e instado en el marco de un proceso que amplíe el resguardo del objeto de protección en base a la pretensión deducida en esta instancia.

Dicho ello, tengo como eje de dirección, la Ley 26.485/09, dictada por nuestro país en cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención I nteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (reglamentada por el decreto 1011/11) la cual prevé en su art. 4°: «Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes». «Se considera violencia indirecta, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón». El art. 5°, (inc.2) establece los tipos, entre ellos, la «PSICOLÓGICA: Violencia que causa daño emocional y disminución de la autoestima. Perjudica y perturba el pleno desarrollo emocional. Busca Degradar o controlar sus acciones, comportamientos creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento.Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación».

Realizado tal confronte, es que puedo determinar, que es la violencia psicológica la que habría sido sometida la Sra. S. M., por cuanto se aprecia de los informes psicológicos mencionados y la apreciación que la inmediación permite, poder determinar, que a partir de la violencia vivenciada le habría provocado a ésta una afectación a su salud mental emocional, con trascendencia al día de la fecha, conllevando a demandar tratamiento psicoterapéutico para afrontar tal situación. Vale reparar, a que si bien no se producido la prueba ofrecida ni ha sido citado el demandado, entiendo pertinente que nada impide a que en esta instancia se pueda determinar la existencia de la violencia, para despejar el tipo de medida protectoria aplicable al caso particular, su incidencia, su efectividad, y/o en su caso encausar el proceso en base a la pretensión deducida.

En principio, y atendiendo al estado de salud emocional de la Sra. M. y lo sugerido por los profesionales intervinientes, resulta pertinente ordenar el inicio de tratamiento psicológico por parte de ésta, quedando a criterio de la misma la elección del profesional de su confianza y/o en su caso, ofreciéndosele los lugares de atención pública y/o acompañar en su caso los informes obrantes en la causa para ilustrar al profesional que brindará la asistencia psicológica que la misma demanda.

III. ALCANCE DE LA PRETENSIÓN: Ahora bien, siguiendo con lo reseñado precedentemente, habiéndose establecido la existencia de violencia en su modalidad de género conforme ley 26.485 y en su tipo, la psicológica en la que habría resultado víctima la Sra. S. I. M., y su autor, el demandado F. C.T., resta dirimir pormenorizadamente la pretensión, atendiendo a los divergentes institutos invocados y el consiguiente análisis procedimental que se deberá dar en su caso.

Surge entonces, la necesidad de determinar con exactitud cuál es el contenido de la pretensión, y cuáles son los hechos invocados como fundamento de la misma, a los fines de determinar la plataforma fáctica sobre la cual ha de recaer el pronunciamiento. Se ha dicho en este sentido, que «la calificación de la acción y la determinación del derecho aplicable es materia reservada al juez, quien -según la Corte Nacional reiteradamente ha dicho que por la atribución del «iura novit curia» tiene no solo la facultad sino el deber de discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen (CSN; 16/12/76, ED 17-158, LL 1977, A, p. 259, Fallos 295-68, 300-1074, etc.).

Ante ello, analizando el escrito de demanda, se desprende que además de promoverse formal demanda por «violencia psicológica, económica y patrimonial» contra el Sr. F. C. T., DNI xxxxxxxx, se solicita expresamente «.restituir TODOS LOS BIENES ECONÓMICOS de los que no pudiese justificar su adquisición adquiridos durante la relación convivencial e inscriptos a su nombre. también solicito sea condenado a pagar COMPENSACIÓN ECONÓMICA en los términos del art 524 y 525 del CCYCN CON MAS INTERESES, GASTOS Y COSTAS de la presente acción.» y las siguientes medidas protectorias:»PROHIBIR al demandado enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar los bienes reclamados en autos; COMUNICAR los hechos de violencia de género al lugar de trabajo del demandado; ORDENAR que el demandado realice tratamiento terapéutico a fin de afirmar su responsabilidad y deslegitimar comportamientos violentos y prevenir dichas conductas violentas y misogénicas.» (sic).

De todo ello, surge que la accionante, pretende por un lado, se dé respuesta desde la justicia a la violencia que la afectaría, reivindicándole sus derechos vulnerados, dándose encuadre legal y su significación simbólica judicial, y por otro lado, la reparación patrimonial ante tal afectación, pretendiendo restitución de bienes no determinados, y también relacionando su petición a su ofrecimiento de pruebas, lo que pretende es determinación de los bienes «adquiridos durante la relación convivencial» inscriptos a nombre del demandado, como así también, la restitución de los mismos y una compensación económica, dado a que a partir del cese de la convivencia que invoca, el cual habría operado en fecha 25 de septiembre de 2021, ésta se habría visto perjudicada económica y patrimonialmente; y si bien es cierto, que existe la posibilidad de que a partir de la violencia de tipo psicológica vivenciada surja como sobreviniente a ella, una violencia de tipo patrimonial, ésta última para poder determinarse, demandará un proceso autónomo que en primer lugar acrediten paralelamente la convivencia preexistente, el supuesto desequilibrio económico y la viabilidad de la acción pertinente que se ajuste a los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, interposición de personas y otros que pudieran conforme art.528 última parte del CCyC, ante la ausencia de pacto de la unión convivencial manifestada.

En el mismo sentido, las diligencias probatorias ofrecidas, «por tratarse de acciones de protección de derechos fundamentales en casos urgentes, la ritualidad de las pruebas no debería ser la misma que se exige en los procesos ordinarios, pues se trata de que en un breve lapso de tiempo se adopten las medidas conducentes para la protección inmediata de los derechos amenazados»; todo ello, por cuanto la legislación que inspira el procedimiento estipulado en el capítulo 13 del CPFNyA «Violencia Familiar y de Género» (Leyes 24.417, Pcial. 5019, Ley 26.485) y las medidas protectorias previstas al respecto, son de naturaleza autosatisfactivas y tienden a hacer cesar el riesgo que pesa sobre las víctimas, previéndose un marco de protección ante una denuncia que se aprecie prima facie fundada, determinando al juez, «procurar la inmediata y debida protección a quien esgrime su condición de víctima» (CNAC, Sala G, «TCV», causa Nº 44075/2020, 13/7/2021), sin perjuicio de que el procedimiento elegido, no implica una solución de fondo al conflicto invocado, sino una intervención en la emergencia, no debiendo confundirse los presupuestos fácticos que dan lugar a una medida de protección tendientes al cese de las violencias, con las que tienden, a reparar el posible desequilibrio patrimonial inequitativo ante la ruptura de la unión convivencial y/o la posible distribución de los bienes, demandando un proceso autónomo, distinto como también a la verificación de la preexistencia de la unión convivencial invocada, todo ello conforme arts. 509, 510, 512, 518, 524, 525, 528 del CCyC.

IV.- VIABILIDAD DE MEDIDAS PROTECTORIAS:En este marco, tengo presente en primer término que nuestra provincia mediante la Ley N° 5903 (noviembre del 2009) se adhirió a la Ley Nacional N° 26485 «Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales», tendientes a garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la situación de repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer.

En lo que respecta a la actividad judicial y a la tutela judicial en juego, el flamante Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia- Ley 6580- introduce un procedimiento regulado en su capítulo 13 cuyo objetivo (artículo 690) tiende a «.establecer las medidas de protección integral pertinentes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar y de género y para prestar asistencia a las víctimas» , centrando su «tutela de protección» en cesar cualquier situación de maltrato, desigualdades en la relación de poder y discriminación, a fin de evitar la generación de mayores daños2.

Es decir, que ante el conocimiento judicial de un contexto de violencia familiar y/o de género, la actividad judicial debe propender a dar una respuesta eficaz y firmemente ante hechos que pongan en riesgo la seguridad, salud física y psíquica, económica y patrimonial de la mujer a través de un procedimiento expeditivo, que habiliten a tomar medidas inaudita parte sin demoras ni dilaciones indebidas tendientes a cesar la violencia y/o prevenir el riesgo latente ante una amenaza en tal sentido. Todo ello en el entendimiento de que los procesos d e violencia son procesos urgentes, sustancialmente cautelares para adoptar medidas inmediatas y hacer cesar situaciones de riesgo, no es un proceso de conocimiento, es un proceso especial y urgente con una finalidad inmediata.

Por lo expuesto, vale repararse nuevamente en los fundamentos que han motivado a la Sra. M.accionar judicialmente, infiriéndose sintéticamente una posible afectación patrimonial ante la violencia psicológica ejercida por el demandado en el marco de una relación amorosa, y si bien se invoca una unión convivencial, que en esta instancia no puede determinarse, tampoco puede descartarse de llano ante la determinación de la existencia de violencia psicológica acreditada. Al respecto se ha entendido, que en muchos casos la violencia física y/o psicológica tienen su origen en la violencia económica y/o patrimonial, la cual constituye un tipo de violencia contra la mujer, a través de la cual el hombre limita a la mujer y no le permite que ella tenga algún control sobre sus ingresos o sobre sus propios bienes, hecho que, indudablemente, genera una desvalorización en su autoestima, y eventualmente un daño psicológico.

Por todo ello, en el entendimiento de que es mi obligación, garantizar la tutela judicial efectiva con perspectiva de género, independientemente de la calificación de la acción y la determinación del derecho aplicable, en base las medidas protectorias que mejor resguarden y que sean viables en esta instancia para la víctima de la violencia determinada como existente, sin que ello implique pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión patrimonial que se vislumbra en el reclamo interpuesto, la cual -reitero- habrá de determinarse en el proceso correspondiente, resulta pertinente para el caso particular recurrir a lo estipulado en el art. 709 inc. i) del CPFNyA «prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales o en condominio», en analogía a lo previsto en el art. 723 del CCC, al establecer la aplicación de los arts. 721 y 722 del CCC en las uniones convivenciales (sin perjuicio de las acciones autónomas pertinentes a los fines de determinar dicho extremo), al efecto el art.722 prescribe en lo pertinente «Medidas provisionales relativas a los bienes . en caso de urgencia, a pedido de parte, el juez debe disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro, cualquiera sea el régimen patrimonial matrimonial. la decisión que acoge esta medida debe establecer un plazo de duración».

Respaldo lo dicho en los extractos que resalto deI informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas 2007, párrafo 56, al enunciar que «la obligación de los Estados fijada por el artículo 7 inciso D de la Convención de Belém do Pará, de adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de las mujeres en cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad, debe ser interpretada como un aspecto particular de la obligación de garantizar el acceso a mecanismos idóneos y efectivos de protección judicial conforme lo dispone el artículo 25 de la Convención Americana. En tal sentido, una dimensión particular del derecho a la protección judicial, consiste en el derecho a acceder a una tutela cautelar efectiva. . además de recursos judiciales de índole cautelar para .proteger la integridad física, la libertad, la vida y la propiedad de las mujeres agredidas» (el resaltado me pertenece).

Sin perjuicio de ello, vale también considerar, que en materia de unión convivencial, al no haberse previsto pacto, «se presume que el conviviente a cuyo nombre estén inscriptos los bienes (registrables) o los posea (no registrables), es el titular de los mismos», presunción que es iuris tantum, pues la misma norma del art.528 del CCC -siguiendo la cuantiosa construcción jurisprudencial desarrollada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial- admite la posibilidad de recurrir a diferentes acciones del derecho común -como el enriquecimiento sin causa, interposición de persona, simulación, la existencia de una sociedad de hecho, una comunidad de bienes e intereses, etc.- para que la realidad económica de esa unión y de los bienes no sea ignorada, alegándose y probándose, por ejemplo, «que esas adquisiciones se hicieron con dinero aportado por ambos, por el otro, o que es el fruto del esfuerzo mancomunado de los dos», o como las que podrían devenir previa verificación procesal como resultado del sometimiento de la violencia psicológica aquí determinada, pudiendo servir de sustento lo aquí actuado para la eventual promoción de las acciones que la actora entienda pertinente plantear y que me obligan en esta instancia resguardar para evitar no se vean frustradas.

En este estado, corresponde ordenar la prohibición por parte del Sr. F. C. T., DNI xxxxxxxx de enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar todo tipo de bien mueble o inmueble registrable, adquirido durante el período comprendido entre el 1 de MAYO 2012 hasta el 25 de SEPTIEMBRE de 2021, de conformidad al art. 709 inc. i) en función del art. 708 del CPFNyA, oficiándose a los Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor. Siendo tal medida, de carácter asegurativa y provisional, en la aplicación del principio de tutela judicial efectiva, conforme los términos (art. 706 del CCyC), la cual tiene por finalidad el mantenimiento del estatus fáctico y jurídico existente, impidiendo que se alteren situaciones de hecho o de derecho, de manera tal de evitar que cualquier tipo de cambio o modificación torne ilusorio el cumplimiento de la eventuales sentencias relativas a las acciones que deberán promoverse conforme art.528 del CCyC mencionado precedentemente, debiéndose en consecuencia fijar un plazo de ciento veinte (120) días de duración de la medida, sujeto a la promoción en el mismo plazo por parte de la actora de las acciones autónomas relativas a la acreditación de la unión convivencial y los efectos patrimoniales de su cese.

En lo demás, en cuanto a las medidas proteccionales peticionadas, me remito a las consideraciones hechas por razones de economía procesal, entendiendo solamente pertinente para el presente supuesto, además de la medida mencionada en el párrafo que antecede, citar en audiencia informativa en los términos del art. 712 del CPFNyA a la Sra. M. a los fines de explicársele oralmente de manera clara y sencilla los alcances de lo aquí dispuesto, recomendándosele el inicio de tratamiento psicológico y emplazarla al inicio de las acciones correspondientes.

Asimismo en los mismos términos del art. 712 del CPFNyA y a los fines de garantizar el debido ejercicio de la defensa y dar efectividad a la finalidad preventiva del presente proceso, notificado que fuera de la medida aquí dispuesta, CITAR en audiencia al SR. F. C. T., DNI xxxxxxxx para que comparezca a estar en derecho, debiendo designar abogado de su confianza para que asuma su patrocinio obligatorio conforme art. 702 del CPFNyA y concordantes.

Por todo lo expuesto y lo dispuesto en las Leyes Nacionales N° 23.179, 24632, 26485; Leyes Provinciales N°5464, 5903; arts. 483, 509, 510, 512, 518, 524, 525, 528, 706, 722 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación y arts. 1, 2, 3, 9, 14, 18, 690, 691, 692, 706, 708, 709, 712 y concordantes del Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia; FALLO:

1°) DECLARAR, conforme art. 706 del CPFNyA, la existencia de violencia en su modalidad de género conforme ley 26.485 y en su tipo, la psicológica en la que habría resultado víctima la Sra. S. I. M., DNI xxxxxxxx, y su autor, el demandado F. C.T., DNI xxxxxxxx.

2°) ORDENAR la prohibición por parte del Sr. F. C. T., DNI xxxxxxxx de enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar todo tipo de bien mueble o inmueble registrable, adquirido durante el período comprendido entre el 1 de MAYO 2012 hasta el 25 de SEPTIEMBRE de 2021, conforme arts. 708 y 709 inc. i) del Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia. Medida que se mantendrá POR EL PLAZO de CIENTO VEINTE (120) DÍAS desde su toma de razón por ante los registros correspondientes, a cuyo vencimiento se extinguirá automáticamente, sujeto a la promoción en el mismo plazo por parte de la actora de las acciones autónomas relativas a la acreditación de la unión convivencial y los efectos patrimoniales de su cese.

3°) LIBRAR OFICIOS al Registro de la Propiedad Inmueble, Corrientes, Registros de la Propiedad Automotor, Municipalidad de la localidad de Riachuelo, Corrientes, autorizándose a su diligenciamiento al abogado patrocinante de la actora.

4°) CITAR EN AUDIENCIA INFORMATIVA en los términos del art. 712 del CPFNyA a la Sra. M. a los fines de explicársele oralmente de manera clara y sencilla los alcances de lo aquí dispuesto, recomendándosele el inicio de tratamiento psicológico y emplazarla al inicio de las acciones correspondientes.

5°) CITAR EN AUDIENCIA INFORMATIVA en los términos del art. 712 del CPFNyA al SR. F. C. T., DNI xxxxxxxx, a los fines de notificar personalmente de lo aquí dispuesto y garantizar el debido ejercicio de la defensa y dar efectividad a la finalidad preventiva del presente proceso, debiendo comparecer a estar en derecho, con asistencia del patrocinio de abogado de su confianza, conforme art. 702 del CPFNyA.

6°) REMITIR las comunicaciones que correspondan a las dependencias encargadas de recabar información unificada de Sentencias y Resoluciones que incluyan Perspectiva de Género, para ser remitida a la Junta Federal de Cortes, en el marco del Acuerdo Nº 14/20 -Adhesión al Protocolo del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género-; incluyendo la presente en el ítem «Tutela Judicial Efectiv a»; preservando la identidad de las partes.

7°) INSÉRTESE, regístrese, protocolícese y notifíquese, conforme normativa vigente.

EDGARDO ENRIQUE FRUTOS

JUEZ

Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 5 Corrientes

Dra. SANDRA PATRICIA VACULIK

SECRETARIA – CIVIL

Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 5 Corrientes

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