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#Doctrina Repensando la edad jubilatoria

Autor: Binstein, Gabriel – García, Nadia

Fecha: 23-03-2022

Colección: Doctrina

Cita: MJ-DOC-16486-AR||MJD16486

Voces: EDAD JUBILATORIA – JUBILACIÓN ANTICIPADA – TRABAJADOR – EMPLEO PÚBLICO

Doctrina:
Por Gabriel Binstein (*) y Nadia García (**)

La edad jubilatoria vuelve a estar en agenda y es centro de debates, abogados, periodistas, representantes gremiales, funcionarios públicos y trabajadores discuten sobre las posibilidades de elevar la edad.

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Cuando hablamos de edad jubilatoria, puede ser analizada desde dos puntos de vista, desde la facultad del empleador de intimar al trabajador a iniciar los trámites correspondientes para extinguir el vínculo laboral por jubilación o desde la óptica del trabajador, como la posibilidad de acceder a la jubilación.

Esas situaciones tan relacionadas, y que debieran ser caras de una misma moneda, no lo son desde la reforma de la ley 26.427 al art. 252 de la LCT. La citada reforma permitió a trabajadores de actividades privadas continuar trabajando hasta los 70 años, si así lo deseaban, ya que al no modificarse el art. 19 de la ley 24.241 el trabajador de la actividad privada mantenía el derecho a acceder a la jubilación a los 60/65 años si contaba con los 30 años de servicios con aportes.

Entonces, podemos afirmar que la modificación que hoy se debate ya existe para los trabajadores privados, no así para los trabajadores públicos, quienes conforme el art. 10 de la ley 27.426 no se encontraban alcanzados por la reforma, por ello son intimados a partir de los 65 años si cuentan con los servicios con aportes requeridos.

Distintos gremios se manifestaron a favor de dar el debate si la extensión resulta voluntaria, es decir, si el trabajador mantiene el derecho a jubilarse antes.

No puede evaluarse ningún cambio a la edad jubilatoria en forma aislada, sin considerar su impacto en el mercado laboral y la forma en que este se vería afectado.

Este tipo de medidas tiene siempre un cuestionamiento derivado de su afectación a los trabajadores y trabajadoras más jóvenes.Mantener trabajadores en edad de jubilarse, puede ser bienvenido para los trabajadores mayores que desean mantener sus puestos, pero puede convertirse en una obstrucción para las aspiraciones laborales de quienes intentan incorporarse al mercado laboral (1).

Distintos sectores opinaron al respecto y no hay consenso, lo que suele ocurrir cuando no se tienen datos y cifras reales. Desde el Ministerio de Trabajo afirmaron que los jóvenes aplican a puestos con menor experiencia y calificación, y que el cuello de botella resulta ser un mito; mientras que otros actores, afirmaron que el tapón es real y que se condena a los jóvenes al mercado informal y a la pobreza (2).

¿Podemos seriamente considerar que los jóvenes eligen los puestos a los cuales postularse en un mercado laboral en crisis donde son los más perjudicados y los más precarizados? ¿podemos realmente afirmar que los jóvenes aplican a puestos de menor experiencia y calificación por su falta de preparación o en realidad por la falta de oportunidades? ¿Se requiere experiencia y calificación para un puesto administrativo?

Podemos seguir preguntándonos: ¿Qué lleva a un trabajador en condiciones de jubilarse a permanecer en actividad?, la respuesta es muy simple, la jubilación no se muestra como tentadora y mucho menos sustitutiva de su salario, entonces, ¿se trata de una decisión voluntaria? O en realidad, encubre la necesidad de trabajadores y su miedo a ser jubilado en nuestro país.

Macroeconómicamente el gasto público ocupa gran parte del presupuesto nacional. El Presupuesto 2022 prevé un Gasto Público Social (GPS) de $8.875.473 millones para el próximo año que representa un 66,6% del gasto total, ratio similar al proyectado para el cierre 2021, que se ubica en torno al 65,6%. En este gasto tienen gran incidencia las prestaciones previsionales vinculadas a las jubilaciones y pensiones a cargo de la ANSeS (3). Es decir, que cualquier medida al respecto debe analizar también esta situación.Como señalamos hay que pensar cada uno de estos interrogantes y planteos con datos certeros y así adecuar las políticas públicas, para evitar impactos no deseados. Se trata de medidas que repercuten en la opinión pública y como consecuencia suelen tomarse o no tomarse más por razones electoralistas que por razones técnicas.

También reconocemos la problemática que afrontan nuestros jóvenes cuando intentan insertarse en el mercado laboral, por esta razón se debe evaluar su impacto y así mitigar sus consecuencias; solo por dar un ejemplo, con incentivos para empresas que contraten nuevos trabajadores.

Para concluir, entendemos que este tipo de decisiones solo postergan el debate que realmente deberíamos dar respecto del régimen previsional, la edad jubilatoria, el financiamiento, etc. Por mencionar solo un aspecto, en unos pocos meses vence una de las dos moratorias vigentes que implicará inevitablemente, de no ser prorrogada, para muchos trabajadores la imposibilidad de jubilarse. Nos debemos una reforma seria, pensada y sobre todo debatida que garantice el acceso a las prestaciones previsionales de forma justa e igualitaria.

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(1) GARCÍA, Nadia. «Extinción del contrato de trabajo por jubilación en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)», Revista IDEIDES, Nro. 55, diciembre 2020. Disponible en: http://revista-ideides.com/extincion-del-contrato-de-trabajo-por-jubilacion-en-el-marco-del-aislamiento-socia
-preventivo-y-obligatorio-aspo/

(2) https://www.pagina12.com.ar/407801-la-edad-jubilatoria-vuelve-a-estar-en-debate

(3) https://www.ambito.com/economia/presupuesto-2022/66-cada-100-se-destinaran-al-gasto-publico-social-n5318410/>
(*) Abogado (UBA) Egresado con Honores, Summa Cum Laude. Posgrado en Asesoría legal de Empresas (Facultad de Derecho, UBA). Profesor Consulto, UBA. UNLM. Profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (UBA) Asesor Académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Jurado del Consejo Nacional de la Magistratura. Sub Director del Instituto de Derecho del Trabajo -Colegio Público de Abogados de la Capital Federal CPACF- Es autor de libros y de más de un centenar de artículos en diarios y revistas especializadas.

(**) Abogada (UBA). Doctora en Derechos Humanos y Previsión Social (Universidad San Carlos de Guatemala). Magíster en «Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social» (Universidad de Alcalá de Henares y la OISS). Postgraduada de la UBA y de Universidades de España. Docente de grado y Postgrado en diversas universidades y Diplomaturas de todo el país. Directora del Instituto de Seguridad Social de la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho. Disertante y expositora en numerosos congresos. Autora de libros y artículos de doctrina en revistas especializadas.

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