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#Fallos Mala praxis: Sometieron a una paciente a una reintervención quirúrgica, por la cual contrajo una infección hospitalaria, por no poseer los elementos para corregir la eventual fractura de fémur producida durante la cirugía de reemplazo de cadera

Partes: E. P. É. c/ L. A. J. y otros s/ daños y perjuicios – responsabilidad profesionales médicos y auxiliares – ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: C

Fecha: 2 de abril de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137076-AR|MJJ137076|MJJ137076

Voces: MALA PRAXIS – RESPONSABILIDAD MÉDICA – DAÑOS Y PERJUICIOS – INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA – INFECCIÓN HOSPITALARIA – CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE

Se admite una demanda de mala praxis, porque al no tener los elementos necesarios para una intervención quirúrgica, los demandados hicieron someter a la paciente a otra operación, en la cual contrajo una infección hospitalaria.

Sumario:
1.-Corresponde admitir la demanda de mala praxis, ya que la fractura del fémur se encuentra descripta en la bibliografía médica y aumentaba su frecuencia en la cadera displásica como padecía la actora; Sin embargo, pese a todo ello, llevaron a cabo la intervención quirúrgica sin contar con los elementos para corregir eventualmente dicha fractura en la misma cirugía, como en realidad correspondía hacer, puesto que como dijo el perito y expuso el magistrado en su sentencia y sostienen la recurrente en su queja, las reintervenciones quirúrgicas exponen a contraer infecciones intrahospitalarias.

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2.-La conducta de someter a la accionante a una cirugía sin contar con el material correspondiente para hacer frente a una eventualidad -probable- es reprochable, es que no sólo debió ser expuesta a una nueva intervención y a un nuevo riesgo de infección en ese mismo acto operatorio, sino que debió permanecer internada en el nosocomio 9 días, con el riesgo que también ello implica en cuanto a las infecciones.

3.-El obrar de los demandados consistente en someter a una artoplastia total de cadera izquierda sin contar con el material para corregir la eventual fractura de fémur que era probable -en una patología de cadera displásica como padecía la actora-, derivó en la necesidad de una nueva intervención y someter innecesariamente a la accionante a un nuevo riesgo de contraer una infección.

4.-Si bien es cierto que el perito médico no pudo determinar que la infección sufrida por la actora haya sido de carácter nosocomial, no menos lo es que, haya descartado esa probabilidad; la realidad es que la paciente entró a la clínica sin esa afección padeciéndola luego de su paso por el nosocomio.

5.-Teniendo en cuenta el deber de seguridad que pesa sobre el establecimiento médico, al no existir prueba aportada por aquel que demuestre que el germen que provocó la infección provino de una patología propia del paciente y no del medio ambiente o instalado por el actuar de alguno de los profesionales o auxiliares intervinientes, la conclusión no puede ser otra que la atribución de responsabilidad al hospital por el daño derivado de la infección contraída; de lo contrario, bastaría con alegar que la bacteria estaba presente en el cuerpo de la paciente para liberar de responsabilidad al ente hospitalario.

Fallo:
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 2 días del mes de abril de 2022, reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala «C» de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos «ESCOBAR PENÉLOPE, ÉRICA C/ L., A. JOSÉ Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS – RESP. PROF. MÉDICOS Y AUX. -ORDINARIO-«, respecto de la sentencia dictada el 28 de mayo de 2021 (v. aquí), el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el orden siguiente: Sres. Jueces de Cámara Dres. Converset, Trípoli y Diaz Solimine.

Sobre la cuestión propuesta el Dr. Converset dijo:

I.- Antecedentes.

La sentencia de grado, por un lado, rechazó la excepción de falta de legitimación opuesta por Germany Trade S.A., con costas. Por otro, hizo lugar a la demanda interpuesta por Penélope Érica Escobar y, en consecuencia, condenó a A. José L., Pablo G., Germany Trade S.A. y a sus compañías de seguros Seguros Médicos S.A. y Prudencia Cia Argentina (estas últimas en la medida del seguro contratado) a abonar a la primera la suma de $ 3.500.000. con más los intereses y las costas del proceso.

El fallo fue apelado por Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales, quien fundó sus agravios en soporte digital (v.aquí), haciendo lo suyo Seguros Médicos S.A. en igual formato (v. aquí). Por su parte, la actora contestó ambos escritos con fecha 28/12/2021 (v. aquí) y 03/02/2022 (v. aquí), respectivamente.

Así, quedaron las actuaciones en condiciones de dictar sentencia.

II.- Aclaraciones preliminares

1) En primer lugar, es menester señalar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos:258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 276:132, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121, entre otros).

Asimismo en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611), por lo tanto me inclinaré por las que produzcan mayor convicción, en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa. En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama «jurídicamente relevantes» (su ob. Proceso y Derecho Procesal, Aguilar, Madrid, 1960, pág 971, párrafo 1527) o «singularmente trascendentes» como los denomina Calamandrei (su trab., La génesis lógica de la sentencia civil, en «Estudios sobre el proceso civil», págs. 369 y ss.).

2) No obstante ello, la decisión será razonablemente fundada tal como lo prescribe el art. 3 del Código Civil y Comercial. Y «la decisión es un juicio de concretización, en el sentido de que obliga a quien decide a examinar el ordenamiento jurídico, sus diversas fuentes, identificar la coherencia; y con base en las pruebas producidas, resolver el caso, de modo que se establezca una regla aplicable a otros supuestos similares y cuyas consecuencias económico-sociales sean sustentables». (Ricardo Luis Lorenzetti, La Ley, ejemplar del 31 de agosto de 2021).

Y el requerimiento de una decisión razonablemente fundada es una regla que tiene relación con la seguridad jurídica, porque da estabilidad a las decisiones y permite el control sobre la base de los argumentos (pub. cit.).

3) Dicho esto, procederé al análisis conforme los agravios expuestos.

III.- De la responsabilidad

1) En primer término, entiendo menester comenzar por una breve reseña de los escritos introductorios y de la decisión adoptada en la instancia anterior.

Penélope Érica Escobar se presentó por su propio derecho y promovió demanda de daños y perjuicios contra: 1) A. José L.; 2) Pablo G.; 3) Germany Trade S.A.y / o quien resulte civilmente responsable por los daños y perjuicios que detalló, reclamando la suma total de $ 876.000 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, con más los intereses y las costas. Citó en garantía a Seguros Médicos S.A. y a Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales.

En cuanto a los hechos, relató que, por padecer una lumbosacralgia producto de una displasia congénita de cadera izquierda, realizó una consulta médica en los meses de octubre / noviembre de 2.008, con el médico codemandado A. L., traumatólogo y cirujano que la atendió en la Clínica de los Virreyes, prestadora de la obra social DOSUBA.

Agregó que, en esa oportunidad, el Dr. L. le aconsejó la intervención quirúrgica porque la pierna izquierda se estaba acortando, tenía la rodilla para adentro muy inflamada, con mucho dolor y la movilidad era dificultosa.

Por lo que decidió realizarse la intervención el 3 de diciembre de 2008 en la Clínica antes mencionada.

Indicó que, según lo consensuado con el profesional, la intervención quirúrgica consistía en un reemplazo total de cadera izquierda, mediante la colocación de una prótesis y una convalecencia con internación de 3 a 4 días, luego rehabilitación en su domicilio durante aproximadamente dos meses y medio.

Explicó que la cirugía fue realizada por el Dr. A. L. como cirujano y el codemandado Pablo G.como médico ayudante y que, durante el procedimiento, se produjo al colocarse la prótesis de reemplazo y como consecuencia de una mala práctica médica, el estallido del fémur, con fractura diafisaria distal del mismo, ya que el tallo de la prótesis colocado resulto´ ser de un mayor diámetro que el canal medular del fémur y ante la presión ejercida sobre el mismo para que encajara en el hueso, este termino´ estallando.

Dijo que esto se observa en una simple placa radiográfica y que esta situación la obligo´ a realizar una reintervencion´ para reparar el daño con una placa de osteosíntesis para factura periprote´sica.

Adujo que el 6 de diciembre de 2008 decidieron realizar la cirugía de fem´ ur, osteosi´ntesis mediante la colocación de una placa con tornillos y alzada de alambre, pero finalmente no se efectuó porque la placa de la prótesis a colocar en el fémur estaba mal esterilizada, es decir, los sellos de calidad de esterilización estaban vencidos. Así, continuo´ internada hasta el 9 de diciembre, fecha en que fue re- intervenida por el Dr. Enrique Libertini como cirujano y el codemandado Dr. A. L. como ayudante, quienes le realizaron una cirugía correctora que consistió en una osteosin´ tesis con placa y tornillos y una lazada de alambre que se infecto,´ quedando levemente distasada.

Señaló que, además de todo lo explicado, contrajo una infección intrahospitalaria en la Clínica de los Virreyes, durante estas intervenciones quirúrgicas, que le dejo´ como secuela una osteomielitis crónica.

Al respecto contó que el 12 de diciembre de 2008 le dieron el alta y el 14 comenzó a supurar un punto de la herida del fe´mur, el 15 comenzó con temperatura y supuración; el 23 concurrió a ver al Dr. L. quien le retiró los puntos y tomo´ una muestra del que supuraba para mandar a realizar un cultivo, y que luego de retirar los resultados del estudio llamó al Dr. L. sin éxito.

Luego, efectuó un llamado al Dr. G.quien, ante la lectura de los resultados, le indico´ que fuera al Sanatorio más cercano.

Detalló que, ante la consulta de una médica amiga que le recomendó lo mismo, esto es, que fuera a un lugar donde recibiera la atención adecuada, dado que se había detectado una infección grave por la presencia de Klebsiella Pneumoniade y Pseudomona Aeruginosa, es que concurrió a la Corporación Médica de San Martín donde recibió la atención de un médico traumatólogo quien le indicó que debía permanecer internada.

Destacó que, inmediatamente se comunicó telefónicamente con el Dr. G. a quien puso al tanto de la situación y lo contactó telefónicamente con el médico de guardia. Al día siguiente, el 31 de diciembre de 2008, decidieron realizarle la extracción de la osteosi´ntesis con toilettes quirúrgico.

Añadió que el 3 de enero de 2009 continuó internada y le colocaron el primer yeso pélvico en la pierna izquierda desde la cadera hasta el pie, con una ventana a la altura de la herida para hacer las curaciones.

Expresó que el 4 de febrero de 2009 le cambiaron el yeso por uno igual, y le practicaron una nueva toilette quirúrgica, permaneciendo internada hasta que la infección estuvo controlada. Después de más de 50 días de internación le dieron el alta el 19 de febrero de 2009, con un yeso pedipélvico y reposo absoluto con internación domiciliaria, servicio que fue prestado por Sidom S.A. a través de su obra social.

Detalló que, el 28 de abril de 2009, reingresó a la Corporación médica de San Martin para una nueva cirugía de osteosíntesis de fémur practicada por el Dr. D. M., siguió con antibióticos, ya que nuevamente apareció la bacteria en el fémur y permaneció internada hasta el 23 de mayo de 2009 que se trasladó a su domicilio.Que el 25 de ese mismo mes y año, tuvo un cuadro febril por lo que la internaron nuevamente hasta el 5 de junio de 2009, y continuó con internación domiciliaria hasta que en el mes de septiembre de 2009 le retiraron el catéter.

Afirmó que estuvo en reposo absoluto e inmovilizada durante 10 meses y que la rehabilitación -cuyos tratamientos detallóduró 13 meses más. Que primero se hizo controles quincenales con la Dra. Lasala -infectóloga de la Corporación Médica de San Martin- que actualmente los realiza en forma mensual, ya que como secuela de la infección contraída en la Clínica de los Virreyes padece osteomielitis crónica, y que recibió apoyo terapéutico psicológico tanto durante la internación sanatorial como en la domiciliaria.

Atribuyó la responsabilidad del hecho a los profesionales intervinientes, al ente sanatorial, y a sus compañías aseguradoras.

Específicamente, en el punto VII de fs. 40/42, argumentó que dicha responsabilidad es de origen contractual. Citó doctrina,jurisprudencia, y los arts. 512, 902, 909, 107 8 y cctes. del código civil derogado y la ley 17.132.

Por su parte, Germany Trade S.A. -cuya quiebra fuera decretada el 22.02.19 (v. aquí)-, mediante su letrado apoderado, contestó la demanda instaurada en su contra y opuso como defensa de fondo la excepción de falta de legitimación pasiva para obrar.

Seguidamente, fundó la defensa opuesta. Dijo ser la explotadora del establecimiento Clínica de los Virreyes y que no ha intervenido en la cirugía practicada a la demandante. Señaló que todo el equipo médico que operó a la actora pertenece a la obra social de la demandada DOSUBA, con lo cual, no tiene ningún tipo de vínculo contractual con su representada.Que sólo brindó el servicio de quirófano y hotelería y la jurisprudencia es conteste en que resulta ajena a la responsabilidad por una práctica médica, el centro asistencial que solo brinda hotelería.

Subsidiariamente contestó demanda.

Luego de una negativa pormenorizada reiteró que sólo proveyó el quirófano y el servicio de enfermería y control post- operatorio. Que los médicos que atendieron a la actora fueron contratados como prestadores de DOSUBA, que el material también fue provisto por dicha obra social, y que viene esterilizado de origen.

Agregó que la accionante reconoció el abandono del tratamiento con los médicos que la operaron para continuarlo con terceros, lo que la exime de responsabilidad, pues tanto el actuar de los galenos como la atención de la paciente con posterioridad a su «externación» escaparon a su control.

Sostuvo que de la historia clínica labrada en forma completa por la institución surge el consentimiento informado otorgado por la paciente y que sufrió un traumatismo intraoperatorio, que es una complicación posible en este tipo de intervenciones, ya que estudios recientes indican de fracturas femorales intraoperatorias de entre el 1 y el 7,8 %.

A continuación, luego de reiterar lo expuesto en la demanda en cuanto al diagnóstico y las dos primeras intervenciones consistentes en un reemplazo total de cadera con prótesis y luego la colocación de una tracción esquelética por fractura del tallo femoral-señaló que los médicos que la atendieron -contratados por la mentada obra social- le dieron el alta el 12.12.08 ante la buena evolución post operatoria, y que a partir de allí no tuvo más contacto con la accionante.

Brindó otras estadísticas más al respecto y señaló los factores que pudieron haber influido en el resultado de la intervención.En cuanto a la infección nosocomial negó toda responsabilidad, afirmó que lo ocurrido con la actora fue un evento fortuito imposible de evitar favorecido por sus antecedentes patológicos.

Dijo que, debe tenerse presente que existen riesgos propios del paciente que son la causa más predecible de complicaciones que pueden aparecer después de la cirugía. Que los pacientes con riesgo de complicaciones como fumadores, diabético y obesos, sufren más infecciones, después de la anestesia o de operaciones. Luego detalló una lista de bacterias que causan infecciones intrahospitalarias.

Solicitó la citación como terceros de la Dirección de Obra Social Universidad de Buenos Aires, Corporación Médica Gral. San Martin S.A. y SIDOM S.A.

Por su parte, Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales, mediante su apoderado, contestó la citación en garantía reconociendo la emisión de la póliza Nº 30031 que cubre el riesgo de responsabilidad civil por mala praxis en establecimientos e instituciones médicas siendo el tomador del seguro AC 24 y/o Germany Trade S.A., Clínica De Los Virreyes. Seguidamente describió sus límites y condiciones.

Luego de una negativa pormenorizada, señaló que en el ámbito de la responsabilidad civil (prestación médica) no se garantiza la recuperación del asistido sino el apropiado tratamiento ya que se trata de una obligación de medios y no de resultados Destacó el factor de imputación y su prueba, el nexo causal y la inexistencia de solidaridad en el caso.

Señaló que no existiría responsabilidad del establecimiento médico, aún cuando la actora lograra demostrar la conducta culposa que atribuye a los médicos codemandados, dado que pertenecen a la obra social de la accionante y su asegurada Clínica de los Virreyes sólo se limitó a disponer su infraestructura.

Adujo que tampoco existen indicadores de conducta culposa por parte de los profesionales intervinientes.

Sostuvo que, la atención de la actora, se desarrolló en dos ámbitos distintos.Por un lado, los actos quirúrgicos que se habrían realizado en la mencionada clínica y, por el otro, los actos médicos pre y post quirúrgicos que se llevaron a cabo en los consultorios de los profesionales intervinientes. Afirmó que, en base a ello, tampoco habría un factor de atribución que permita responsabilizar a su asegurada por actos cumplidos fuera de su ámbito.

Niega la supuesta infección intrahospitalaria y dijo que resulta arbitrario atribuir responsabilidad a un establecimiento médico cuando una infección como la alegada por la actora, ocurre no obstante haberse adoptado todas las prevenciones posibles para evitarlo.

A turno, Seguros Médicos S.A. mediante su apoderado, contestó la citación en garantía reconociendo la cobertura de los médicos demandados -L. y G.- mediante las pólizas Nº 800.195 y 800.198, cuyas condiciones y límites detalló.

Luego de la negativa de rigor, expuso que, la paciente de 34 años de edad fue internada para la resolución de una patología de cadera izquierda consistente en una artrosis

severa con un antecedente, de displasia de la misma y con una cirugía a los dos años de edad.

Destacó que la artrosis de una enfermedad de cadera se produce por degeneración de la misma, comprometiendo a todas sus estructuras, pero fundamentalmente el cartílago articular que cubre las superficies óseas que conforman la articulación.

Distinguió que la artrosis primaria se presenta en personas de edad avanzada, con mayor énfasis en mujeres y con importante influencia hereditaria y que artrosis secundaria, en la mayoría de los casos, se presenta como secuela o complicación de traumatismos y enfermedades tales como la Artritis Reumatoide, Necrosis Avascular, Enfermedad Displásica de la cadera (como en el caso que nos ocupa), Pinzamiento Fémoro- Acetabular, etc.

Detalló que la displasia de cadera del adulto (DCA) es una entidad clínica que se inicia en las primeras etapas de formación del esqueleto pero se manifiesta después de que ha terminado su maduración.Es el resultado de una anomalía en el desarrollo del cótilo o de las secuelas de un tratamiento fallido para corregirlo (como consta en los antecedentes de este caso).

Señaló que las alternativas de tratamiento son varias, dependiendo de la evolución de la patología y de la sintomatología que se presenta, que en el caso de la actora, fue manifestada en el dolor y la rigidez articular.

Aclaró que si bien la enfermedad es una degeneración articular, lo cierto es que están afectados la totalidad de los tejidos que la rodean y no solo el cartilaginoso y el óseo.

Por lo tanto, en el caso de autos, con una paciente con una patología displásica de la cadera izquierda que ya había desarrollado una artrosis severa y había sido sometida a una variedad de tratamientos cruentos e incruentos se imponía el quirúrgico en el cual se decide el reemplazo o artroplastia total que se realizó el día 03.12.08 Sostuvo que la cirugía se desarrolló sin problemas hasta el momento en que se va colocar el elemento femoral, fracturándose el fémur, siendo esta una complicación descripta aun tomándose todos los recaudos. Que ante esta eventualidad se termina con la cirugía y se solicitan los elementos de osteosíntesis para la fractura. Que esta nueva práctica se llevó a cabo el 09.12.08 solucionando la complicación presentada en la operación conforme a lex artis.Que luego de la operación se le indicó la realización de un tratamiento por consultorios externos pero luego de dar el alta sanatorial la accionante no asistió a la consulta incurriendo en un claro abandono del tratamiento.

Continua relatando, que no obstante lo antes expuesto, la actora refirió según constancia del 11.02.09 haber sufrido una infección en el sitio quirúrgico, siendo esta una de las complicaciones más frecuentes en el paciente hospitalizado y que para evitarlas la profilaxis antibiótica es fundamental, tal como se realizó en el caso de autos.

Explicó que el postoperatorio inicial transcurre generalmente sin problemas y después de un intervalo asintomático aparece una enfermedad febril definida y dolor, como le sucedió a la actora. Que una vez detectado el germen mediante cultivos y pruebas debe empezarse la cobertura con antibioticoterapia.

Seguidamente, mencionó las razones por las cuales puede afirmarse que no existe nivel cero de infecciones para ningún tipo de procedimiento quirúrgico, aun en los países más avanzados del mundo. Que las infecciones post quirúrgicas son una complicación potencial de todos los procedimientos quirúrgicos de todas las especialidades.

Resaltó que la capacidad de desarrollar una infección depende además de múltiples factores como el agente infectante, cantidad y grado de virulencia, del huésped, factores de resistencia que disminuyen o deterioran los mecanismos de defensa, la puerta de entrada, y la propia operación.

Concluyó que:1) la actora era portadora de una patología congénita la cual le infringía una incapacidad alta con una artrosis severa en la cual la indicación y la realización de la primera cirugía estaba acorde a dicha patología; 2) que la primera complicación fue la fractura del fémur que se encuentra descripta en la bibliografía y que fue resuelta en forma inmediata, con una osteosíntesis siendo dada de alta con una buena evolución quirúrgica y sin signos de infección y 3) en el hipotético caso de una infección en el sitio quirúrgico esta es una entidad frecuente a pesar de tomarse todos los recaudos posibles.

Hasta aquí los postulados de cada una de las partes que se pres entaron en esta litis.

Cabe señalar que a fs. 324 se tuvo por desistida a Germany Trade S.A. de la citación de terceros solicitada en su responde.

Pues bien, cabe decir también que los médicos codemandados A. José L. y Pabló José G. fueron declarados rebeldes a fs. 213, y ello fue especialmente considerado por el a quo.

En efecto, el sentenciante luego de encuadrar el litigio en la normativa del Código Civil derogado y formular algunas consideraciones jurisprudenciales y doctrinarias en cuanto a la responsabilidad en casos como este pleito, reseñó la pericia médica y la historia clínica que luce en los autos de igual caratula sobre prueba anticipada. Y concluyó -como antes se dijo- que todos los codemandados resultaban responsables de la secuela padecida por la actora.

Para así decirlo, en el caso de los médicos demandados, resaltó en primer lugar, que se trato´ de una operación programada, por lo que estaba al alcance de los aquellos la «preparación» de los elementos con que debían contar para el acto quirúrgico y las condiciones de asepsia en que debía llevarse a cabo la intervención.Fundó que distinto hubiera sido el caso si la actora hubiera arribado al nosocomio por guardia, y en razón de alguna urgencia ya que allí las «condiciones» en que habría que operar pueden – y deben – ser evaluadas con más benevolencia.

Expuso el colega que en orden a estos parámetros, a su juicio, existió culpa de los profesionales médicos ( art. 512 del Código Civil ) en su accionar frente al tratamiento de la enfermedad de base de la actora.

En efecto sostuvo que: 1)El cirujano debe estar preparado para cualquier eventualidad que pudiera surgir en el acto operatorio; 2) En el caso de una operación de una cadera displas´ ica, debió contar con elementos de osteosíntesis, ya que la fractura de fémur era una posibilidad, que aumenta su frecuencia en la cadera displas´ ica y; 3) Si hubiera contado con los elementos de osteosi´ntesis podría haber resuelto el problema en el mismo acto operatorio, prolongando la anestesia otras dos horas, en lugar de reprogramarla para unos días después, reduciendo el riesgo de una infección hospitalaria.

Aclaró que no se le escapaba que el Sr. Perito médico en su dictamen mencionó que no es incorrecto reprogramar la cirugía de osteosíntesis dentro de la semana de la cirugía primaria ( cfr. fs. 527 ). Sin embargo, entendió e interpretó al igual que el experto, que la mejor opción era hacer la cirugía programada con todos los elementos de osteosíntesis y, ente una eventualidad posible, como ocurriera, prolongar la anestesia unas dos horas para concluir con el acto operatorio, alejando la posibilidad de infecciones intrahospitalarias.

En el caso Germany Trade S.A., explotadora de la Clínica de los Virreyes donde se efectuó la intervención y se habría originado la posterior infección en la actora y la consecuente secuela -osteomielitis crónica-, sostuvo que faltaron controles de asepsia que permitieran prevenir esa infección.Ello, dijo, sin que resulte justificación suficiente -aun cuando lo dicho tiene una incidencia relativa frente a la responsabilidad objetiva que pesa sobre el hospital por un débito de seguridad incumplido y que solamente cae frente a la demostración del rompimiento del nexo causalla circunstancia de que exista un índice, mayor o menor, de infección intrahospitalaria que no puede ser cubierto y forme parte del riesgo propio de un acto quirúrgico.

Continuó argumentando el sentenciante que en el caso, las condiciones de antisepsia adecuadas habrían prevenido el resultado que padeció la actora en orden al germen específico que se hallo´ alojado en su cuerpo.

Explicó que las condiciones de desinfección y esterilización demuestran por si´ mismas el riesgo en que se coloca al paciente en cuanto a su seguridad e integridad física, sobre todo cuando se trata de una cirugía programada. Que no importa, en esta instancia, si era necesaria o no una conducta fuera de los cánones habituales sino que en condiciones de esterilización adecuada podía evitarse la contaminación.

En tal inteligencia de conceptos, decidió que la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Germany Trade S.A. no podía prosperar ya que en tanto explotadora del establecimiento asistencial en que se realizaron las dos cirugías y donde la actora contrajo la infección hospitalaria no resultaba ajena a los daños sufridos por la actora.

Así, hizo extensiva la condena a las aseguradoras de los demandados en las condiciones y con las limitaciones que impone el contrato que los vinculan en los términos del art.118 de la ley 17.418.

2) Pues bien, las quejas formuladas por Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A., (aseguradora de la Clínica Virreyes y su explotadora Germany Trade S.A.) y Seguros Médicos S.A. (aseguradora de los médicos demandados A. L.y Pablo G.), se centraron especialmente en la atribución de responsabilidad que a su respecto decidiera el a quo.

Además, Seguros Médicos S.A., se quejó por la imposición de costas como así también por la admisión de los rubros incapacidad sobreviniente, daño moral y gastos. También se agravió por los montos justipreciados por dichos conceptos por considerarlos elevados.

Por una cuestión de orden metodológico comenzaré por el análisis de los agravios relacionados con la responsabilidad y seguidamente trataré, en su caso, las demás quejas introducidas relacionadas con los rubros precedentemente aludidos y la imposición de las costas.

2.i.- Considero relevante reseñar, en primer lugar, el informe pericial médico elaborado por el experto designado en autos, Dr. Horacio Alberto Bolla (especialista en ortopedia, traumatología y medicina legal), que luce a fs. 503/512 (v. aquí).

El galeno expuso que la displasia congénita de la cadera que padece la actora es una patología congénita, se puede hacer diagnóstico al nacer y consiste en una incongruencia de las superficies articulares que conforman la cadera, con alteraciones en la orientación del cuello femoral y aplanamiento

del cotilo que vuelven incongruente a la articulación llevando a una artrosis precoz que limita severamente la movilidad de la cadera, la capacidad de desplazamiento y favorece el desgaste del cartílago articular.

Señaló que la misma patología genera un acortamiento femoral por subluxación ascendente de la cabeza del fémur que no logra quedarse en su lugar, por la oblicuidad del cotilo, articulándose de ese modo con la pelvis hacia proximal. Aclaró el experto que la alteración en la cadera en la displasia congénita, provoca deformidades en el canal femoral que se presenta más estrecho de lo normal y el hueso con cierto grado de debilidad por el mal apoyo.

Seguidamente resume los antecedentes que ya fueron expuestos por la actora en su demanda.Luego, plasmó los resultados de la examinación física practicada y que ilustró también con las imágenes que lucen a fs. 503/504. Del mismo modo, reseñó los resultados de los estudios radiológicos que oportunamente le solicitara a la accionante.

En el apartado titulado «Consideraciones médico legales y conclusiones» (fs. 510), expuso que la actora, de 43 años de edad, con diagnóstico de displasia congénita de la cadera izquierda, poco después del nacimiento, fue transcurriendo su vida con severa limitación de la movilidad y para la marcha.

Luego de reiterar las características de la patología refirió que recibió asistencia por intermedio de su obra social, DOSUBA, en la Clínica de Los Virreyes, por el Dr. A. L. Que el 3 de diciembre de 2008 el referido cirujano le efectuó una artroplastia total de cadera izquierda por vía de abordaje posterolateral con la complicación que se produce en el acto quirúrgico una fractura de fémur izquierdo en el sector distal a la terminación de la prótesis femoral.

Agregó que el día 9 de diciembre de 2008 es re-intervenida quirúrgicamente por el mismo cirujano, efectuándole una osteosíntesis para reparar la fractura del fémur, esta vez por un abordaje externo del muslo, siendo externada el 12 de diciembre de 2008 y cuando regresa para la curación de la herida el 23 de ese mismo mes y año, le efectuaron una toma de la secreción que presentaba por un punto enviándola para un cultivo y un antibiograma.

Expuso el experto que el resultado del cultivo demostró la presencia de Klebsiella Pneumoniae y Pseudomona Aeruginosa.Que la actora se interna en la Corporación Médica de San Martín el 30 de diciembre de 2008, lugar en el cual le practicaron una toilette quirúrgica, le retiraron la osteosíntesis y la inmovilizaron con yeso pelvipédico con curaciones por la ventana del yeso.

Agregó que le diagnosticaron infección en el sitio quirúrgico por lo que se internó en la Corporación Médica de San Martín donde le efectúan varias limpiezas quirúrgicas, le aíslan el germen y comenzando un tratamiento con antibiótico por infectología. Detalló el idóneo que la actora permaneció internada hasta el 19 de febrero de 2009, fecha en que le dieron el alta con inmovilización de yeso pelvipédico.

Añadió que la accionante vuelve a ser internada en la Corporación Médica de San Martín el 28 de abril de 2009 para efectuarle una nueva osteosíntesis del fémur izquierdo que se concreta el día 23 de mayo de 2009. Que en esta ocasión fue intervenida quirúrgicamente por el Dr. Armando D. M., quien le efectúa una osteosíntesis con placa cable bloqueada, con tres sunchos de alambre trenzado en el sector proximal coincidente con el tallo de la prótesis femoral y 5 tornillos distales bloqueados de 4,5 mm.

Adujo el perito que la actora se reinternó el 25 de mayo de 2009 por un episodio febril permaneciendo en el sanatorio hasta el 5 de junio de 2009.Que luego continuó con internación domiciliaria hasta septiembre de 2009, con antibioticoterapia endovenosa, comenzando con la rehabilitación kinesiológica tres veces por semana en la Corporación Médica de San Martín que se extendió hasta octubre de 2010.

Describió el galeno que la actora perma neció sin apoyo en el miembro inferior izquierdo hasta que se logró la consolidación de la fractura y que en la actualidad, deambula con claudicación, presentando una marcada limitación funcional de la rodilla y cadera izquierda.

Sostuvo el experto que del exhaustivo examen semiológico, de la evaluación funcional y de los exámenes complementarios efectuados puede afirmarse que la actora presenta:

– Una artroplastia total de cadera izquierda por abordaje posterolateral con prótesis no cementada en ambos componentes con cabeza de 28 mm tres tornillos acetabulares y leve verticalidad del cotilo. Que no se aprecian signos de aflojamiento protésico y no se visualiza desgaste acetabular; – Una fractura de fémur intraoperatoria-osteosíntesis posterior de fémur; – Una infección operatoria con osteomielitis femoral, con aislación de Klebsiella y Pseudomona, que se debió retirar de material de osteosíntesis y proceder a una limpieza quirúrgica por abordaje externo del muslo izquierdo; – Que debió utilizar un yeso pelvipédico con ventana en herida quirúrgica; – Que debió someterse a una nueva osteosíntesis con placa cable bloqueada con sunchos tres a proximal y 5 tornillo de cortical de 4,5 mm bloqueados;

– Que presenta -cicatrices quirúrgicas posterolateral de cadera izquierda de 22 cm y 24 cm hipertróficas (vía de abordaje de la cirugía artroplastica y de la osteosíntesis del fémur izquierdo respectivamente) con una hipoestesia regional alrededor de dichas cicatrices y; – Que padece una hipotrofia en muslo izquierdo.

Concluyó el perito médico que la actora presenta una incapacidad física de tipo parcial y permanente estimada en el 70% y que para su determinación fue consultado el Baremo General para el Fuero Civil de los Dres. Altube Rinaldi.Aclaró que llegó a esta incapacidad por considerar la artroplastia total de cadera en un 40% y por la fractura de fémur izquierdo, diafisaria, con osteosíntesis en dos oportunidades asociada a rigidez de rodilla izquierda que le aparejó un 30%.

Al contestar los puntos periciales propuestos por la actora el experto dijo que la cirugía en una cadera displásica no es una cirugía convencional, que se debe saber que el fémur y el cotilo no son normales y el cirujano debe estar preparado para cualquier eventualidad.

Agregó que la cirugía se complicó con la fractura del fémur izquierdo por debajo de la prótesis. Que la fractura femoral está descripta como complicación en este tipo de cirugías, que el cirujano debe contar en la mesa de operaciones con elementos de osteosíntesis para actuar según eventualidad.

Refirió que las cirugías prolongadas y las re intervenciones quirúrgicas tienen mayor frecuencia de infecciones. Y que en caso de contraer una infección debe ser tratada lo antes posible para evitar que el germen logre desarrollarse en el hueso.

Al contestar los puntos de pericia ofrecidos por Prudencia Compañía Argentina de Seguros, describió que la actora ingresó por una displasia de cadera para efectuar una artroplastia total de cadera y sufrió intraoperatorio una fractura del fémur por una maniobra intraquirúrgica.

Detalló que el tallo femoral nro. 9 -utilizado en la prótesis de cadera- fue el correcto para la patología de la paciente y que es correcto colocarla en tracción y reiniciar con heparina cuando no se cuentan con los elementos para solucionar la fractura en el momento.Describió que la segunda cirugía consistió en un osteosíntesis del fémur.

También dijo que la actora se encontraba en condiciones de ser externada y que luego fue asistida en consultorios de su obra social, debiendo ser re-internada por infección operatoria siendo frecuente -reiterólas infecciones en cirugías prolongadas y en re intervenciones quirúrgicas.

Al responder los puntos de pericia de Germany Trade S.A., el perito agregó que la actora sufrió una fractura por debajo de la prótesis femoral. Y explicó que en la displasia femoral, el fémur se presenta siempre más debilitado que en un fémur normal por una osteopenia que cursa en estos casos. Que es una complicación descripta en la bibliografía.

Al contestar el punto 4 acerca de si puede determinarse con certeza que la fractura padecida por la actora fue provocada por responsabilidad del cirujano contestó que se debió a una sumatoria de hechos.

Reiteró que tanto la prótesis, la técnica utilizada para la artroplastia total de cadera como la conducta adoptada, una vez detectada la fractura del fémur, fue la correcta para corregirla. En cuanto a las infecciones reiteró que pueden tener múltiples orígenes, difíciles de precisar. Que puede deberse a la contaminación de la herida quirúrgica, que puede suceder en el posoperatorio, como así también por una disminución de defensas, cuando una bacteria del organismo se instala en el lecho quirúrgico.

Señaló que tanto el cirujano como la clínica toman las medidas para prevenir infecciones, aunque no le consta que la Clínica de los Virreyes utilice la normativa reconocida internacionalmente para prevenirlas.

En cuanto a los cuidados preoperatorios dijo que consisten en la limpieza de la zona operatoria con Pervinox o similar y que las cicatrices que presenta la actora son las necesarias para tratar la patología que presentó. Hasta aquí la pericia médica.

Pues bien, la actora a fs. 514/517 (v. aquí) y a fs. 529/530 (v. aquí), la codemandada Germany Trade S.A. a fs. 519 (v.aquí), como así también las citadas en garantía Seguros Médicos S.A. a fs. 523/524 (v. aquí) y Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales a fs. 521 (v. aquí) impugnaron la pericia y solicitaron explicaciones al experto.

Este último, contestó las aclaraciones requeridas a fs. 525/527 (v. aquí), fs. 537/540 (v. aquí), y a fs. 542 (v. aquí) y ratificó, en forma total, su informe.

En efecto, el galeno repitió que la cirugía en una cadera displásica no es una del tipo convencional y explicó con más detalle que se debe tener en cuenta que tanto el fémur como el acetábulo presentan alteraciones anatómicas y esto debe ser considerado en el acto quirúrgico. Que el excesivo valgo del cuello femoral así como la verticalidad del cotilo y la poca profundidad del mismo son factores comunes en la displasia de cadera. Que el fémur y el cotilo no son estructuras normales y el cirujano debe estar preparado para cualquier

eventualidad que pudiera surgir en el acto operatorio (fs.525).

Volvió a decir que, la cirugía protésica de cadera practicada a la accionante, se complicó con una fractura de fémur izquierdo por debajo de la prótesis y que esta complicación no es común, pero está descripta con más frecuencia en fémures displásicos, donde el canal femoral se encuentra estrechado y el hueso presenta una menor elasticidad, esto constituye una eventualidad, es un evento poco frecuente pero descripto y que aumenta su frecuencia en la cadera displásica (fs.525).

También expuso que el cirujano puede o no contar en la mesa operatoria con elementos de osteosíntesis y la cirugía para efectuar la reducción y osteosíntesis del fémur izquierdo, puede programarse para otra fecha dentro de la semana de la cirugía primaria (fs. 527). En el caso de la actora fue a los seis días de la fractura femoral (fs.526).

Cabe destacar que el perito repitió una y otra vez al contestar las observaciones de las partes que la osteosíntesis se puede realizar en forma diferida al no contarse con los elementos pertinentes en el quirófano, tal como sucedió en este caso.

Explicó que, puede ocurrir que, por el estado general de la paciente y para evitar una prolongación de los tiempos de anestesia y quirúrgicos, o por la pérdida de sangre intraoperatoria, se reprograme la cirugía de osteosíntesis femoral (fs. 538).

Aclaró que la actora no estuvo en una situación de riesgo de vida, que ello sucede cuando se está en presencia de una descompensación hemodinámica que justifique ese estado, y que esto no fue consignado en la historia clínica (fs. 526). También explicó detalladamente que el tamaño de la prótesis elegida por los demandados fue la adecuada (fs. 527).

Reiteró que las cirugías prolongadas y las re-intervenciones quirúrgicas tienen un mayor riesgo de infecciones. Destacó que la infección a nivel del fémur se produce por el ingreso de un germen en el lecho operatorio generando una osteomielitis aguda, y que la infección puede surgir por una contaminación intraoperatoria del lecho quirúrgico o por el ingreso de un germen durante el posoperatorio.

Que el diagnóstico infectológico de osteomielitis se produjo a los 14 días de la cirugía de osteosíntesis de fémur izquierdo (fs. 526).

Por último, señaló que la detección precoz de la infección es fundamental para lograr la erradicación del proceso infeccioso.

Que la limpieza quirúrgica, la detección precoz del germen y la determinación del antibiótico sensible es la base del tratamiento infectológico (fs.539).

Reseñado todo esto, es sabido que la pericial médica resulta, en el caso, la prueba por excelencia para dirimir la controversia, por lo que no pueden eludirse ni minimizarse los requisitos necesarios para adquirir el valor probatorio que se le pretende asignar; y en consecuencia pueda conllevar a los sentenciantes, a la luz de las reglas de la sana crítica, al convencimiento de la existencia de la mala praxis atribuida al galeno con el grado de certeza que tal calificación exige.

Como puede advertirse, el experto designado en este litigio, contestó los distintos puntos requeridos por las partes en forma coherente, sin contradecirse y en base a los elementos aportados en el juicio a saber: la historia clínica obrante en expediente de igual caratula sobre prueba anticipada Nº 109907/09 que tengo a la vista, la examinación semiológica y funcional de la persona de la actora y los estudios complementarios, y especialmente las radiografías que solicitara oportunamente. Agregó incluso fotografías que plasmó en su experticia y al contestar las objeciones.

Por otro lado, cabe destacar también que las observaciones formuladas por las partes al dictamen pericial no contaron con el soporte técnico de un consultor especialista en la materia como autoriza el art. 458 del CPCCN.

En mi opinión, en juicios como el de marras, dichas críticas deben contar al menos con el aval de un consultor técnico, dado la delicada materia que se trata.Es que para valorar las impugnaciones y contrastarlas con las conclusiones del experto de oficio, este extremo reviste cierta importancia en la medida que procura aportar -al menos- los fundamentos científicos y/o técnicos en los cuales las partes apoyan sus críticas.

En efecto, debe apreciarse que las conclusiones del perito de oficio en un juicio de mala praxis médica, generalmente versa sobre aspectos científicos y técnicos de los cuales, incluso nosotros los jueces -y los abogados en general- no estamos en condiciones de opinar, pues se trata de aplicar conocimientos científicos para los cuales los magistrados somos totalmente legos.

Se trata de cuestiones en las que el sentido común no tiene cabida a diferencia de lo que sucede en otros supuestos de responsabilidad por daños.

Claro que ello no implica sin más admitir las valoraciones científicas vertidas por el auxiliar de la justicia sobre los puntos litigiosos. Empero, el sentenciante deberá volcarse favorablemente por la recepción de la opinión del experto cuando en la faena valorativa no se encuentren elementos de igual naturaleza técnica que se anteponga a las conclusiones y cuando las explicaciones contengan visos de coherencia, tal como sucede el caso.

Por consiguiente, en la medida que no advierto que se hayan demostrado errores que autoricen a desmerecer el informe y atento que sus conclusiones resultan robustecidas por el apoyo de otros elementos probatorios como los descriptos ut supra es que admito y valoro tanto el informe pericial médico como las explicaciones brindadas por el experto en los términos de los arts. 386 y 477 del CPCCN.

A) De la responsabilidad de los médicos A. José L. y Pablo G.

1) Las quejas esgrimidas por Seguros Médicos S.A. -aseguradora de los dos médicos demandados- (v.aquí), apuntan centralmente al argumento base del fallo, esto es, la consideración por parte del sentenciante de que el hecho de haber reprogramado la intervención quirúrgica elevo´ el riesgo de una infección intrahospitalaria, concluyendo que dicho obrar, por parte de los galenos asegurados, fue culposo.

Asimismo, la recurrente, sostuvo que la conclusión arribada por el colega resultó de la interpretación que aquél efectuó de la pericia médica, pero que, sin embargo, el perito dijo lo contrario a lo establecido en la sentencia. Que en ningún momento el experto indicó que reprogramar la cirugía era incorrecto, ni mucho menos que esa conducta le elevaba más el riesgo a la actora de contraer una infección intrahospitalaria.

Alegó que cualquiera de las dos opciones que tomara el Dr. L. -prolongar la intervención o reprogramar una nueva- elevaba el riesgo de contraer infecciones, pero ello debido a la complicación sufrida por la actora durante la cirugía, no por el actuar del cirujano. Por tanto, concluyó la quejosa que el colega se equivocó al concluir que de prolongar la cirugía se hubiese disminuido el riesgo de contraer infección.

Agregó que, más allá de lo expuesto, donde queda claro que, la conducta de reprogramar la cirugía fue la acertada, consta en la respuesta al punto de pericia n° 8 de Prudencia. Ello así, porque ante la pregunta de dicha citada en garantía respecto de si era correcto ante una fractura «fina» reprogramar una nueva cirugía, el perito fue contundente al contestar:».ES CORRECTO.».

Adujo que, es reiterado y ampliado este punto cuando el perito contesta y aclara las explicaciones solicitadas por las partes, al decir que, si se contaba con elementos de osteosíntesis, se podría haber realizado en el mismo acto operatorio, siempre que las condiciones clínicas de la actora permitieran prolongar la anestesia otras dos horas aproximadamente, y que no es incorrecto reprogramar la cirugía de osteosíntesis dentro de la semana de la cirugía primaria.

Argumentó que, en estos obrados, quedo´ suficientemente demostrado que no obstante haberse realizado la cirugía de marras de forma diligente, surgió una complicación descripta por la bibliografía médica, y ante ella, el actuar de los galenos intervinientes fue conforme a la lex artis.

Por último, se agravió porque según su opinión, el sentenciante se apartó de las reglas de la sana crítica y la sentencia dictada consecuentemente resulta arbitraria.

2) Pues bien, comienzo por destacar que contrariamente a lo sustentado por la agraviada, el Juez de la instancia anterior valoró el informe médico conforme a las reglas de la sana crítica y no surge contradicción alguna con las conclusiones del experto.

En efecto, el juez citando las conclusiones del perito, explicó con detalle que no se trató en el caso de la accionante de una cirugía convencional, que los profesionales debían saber que el fémur y el cotilo no son normales en casos de patologías como la de la actora y que el cirujano debe estar preparado para cualquier eventualidad.

Señaló el Sr.Magistrado citando al idóneo que, la fractura femoral, está descripta como complicación en este tipo de cirugías, que el cirujano debe contar en la mesa de operaciones con elementos de osteosíntesis para actuar según dicha eventualidad.

Es más, dijo también al igual que el galeno, que la complicación surgida en la operación -fractura de fémur- sucede con más frecuencia en fémures displásicos -como el de la accionante-, donde el canal femoral se encuentra estrechado y el hueso presenta una menor elasticidad.

Como dicen los propios recurrentes y fue considerado por el colega, la fractura del fémur se encuentra descripta en la bibliografía médica y aumentaba su frecuencia en la cadera displásica como padecía la actora (fs.525). Sin embargo, pese a todo ello, llevaron a cabo la intervención quirúrgica sin contar con los elementos para corregir eventualmente dicha fractura en la misma cirugía, como en realidad correspondía hacer, puesto que como dijo el perito y expuso el magistrado en su sentencia y sostienen la recurrente en su queja, las reintervenciones quirúrgicas exponen a contraer infecciones intrahospitalarias.

Pues bien, los accionados, al suceder esta complicación decidieron suspender la cirugía, obviamente porque no contaban con los materiales para corregirla y debieron reprogramar una nueva.Por supuesto que, realizar una nueva cirugía era lo correcto, pues no quedaba otra alternativa, u otra solución para arreglar la fractura de fémur.

Ahora bien, la conducta anterior a dicha reprogramación es la que el juez atribuye como culposa, puesto que, los médicos accionados debían contar en su mesa de operación de cadera con los elementos para una osteosíntesis de fémur, dado que, era probable y esperable su fractura al maniobrar el fémur y la prótesis de cadera dada la patología de la actora (displasia). Como dijo el experto, no se trataba de una cirugía convencional y podía tener esta complicación, tan detallada en la experticia y en las explicaciones.

Esta conducta, de someter a la accionante a una cirugía sin contar con el material correspondiente para hacer frente a una eventualidad -probable-, es la reprochable.

Resultó un obrar cuanto menos imprudente, si se tiene en cuenta que de haberla corregido en el momento y lugar pertinente, muy probablemente, no hubiera contraído la infección que finalmente experimentó.

Es que no sólo debió ser expuesta a una nueva intervención y a un nuevo riesgo de infección en ese mismo acto operatorio, sino que debió permanecer internada en el nosocomio 9 días, con el riesgo que también ello implica en cuanto a las infecciones. Los primeros seis días a la espera del material para la osteosíntesis y los siguientes tres, para los controles post operatorios de esa segunda intervención.

No es un detalle menor, tal como reseñara el magistrado, que de la historia clínica obrante en la prueba anticipada (Nº 109907/2009) surge que con fecha 06/12/08 -tres días después de la cirugía primaria- lo siguiente: «.8hs. se prepara para cirugía va a quirófano. 9hs. regresa no se realizó cirugía por haber inconvenientes con el material.» (fs. 45 vta.). Recién con fecha 09/12/08 pudo ser intervenida para la osteosíntesis de fémur (fs.

48 vta., y fs.27). Dicha operación duró 2 horas y media (20 a 22.30 hs) y fue practicada por otro cirujano -Dr. Libertini- suscribiendo el cuadro operatorio el demandado L.

Como expuso el magistrado en base a lo dictaminado por el experto de oficio, las reintervenciones quirúrgicas tienen un mayor riesgo de infecciones. Y en efecto, la infección sufrida por la actora a nivel del fémur se produjo por el ingreso de un germen -en el lecho operatorio o durante el posoperatorio- generándole una osteomielitis aguda, diagnóstico que recién se detectó a los 14 días de la segunda cirugía (fs. 526).

Es claro a esta altura, que de haber actuado los médicos demandados como correspondía, la posibilidad de infección se hubiera reducido considerablemente. Ese obrar consistente en someter a una artoplastia total de cadera izquierda sin contar con el material para corregir la eventual fractura de fémur que era probable (en una patología de cadera displásica como padecía la actora), derivó en la necesidad de una nueva intervención y someter innecesariamente a la accionante a un nuevo riesgo de contraer una infección.

Como se advierte, el magistrado arribó a sus conclusiones con fundamento en la experticia. Y no existen otros elementos que hayan sido omitidos o descartados por el sentenciante que permitan un análisis distinto.

Tampoco comparto lo afirmado por la aseguradora quejosa, en cuanto a que cualquiera de las dos opciones que tomara el Dr. Lop´ ez -prolongar la intervención o reprogramar una nueva- elevaba el riesgo de contraer infecciones.

Ello así, por cuanto el exp erto aclaró (fs. 526 y fs. 537) que las intervenciones prolongadas y las reintervenciones son las exponen a mayores riesgos de infección intrahospitalaria.En ningún parte de la pericia médica mencionó el experto que prolongar la cirugía otras dos horas para realizar la osteosíntesis conllevaba un riesgo de infección.

De todos modos, las dos horas que debían adicionarse para efectuar la osteosíntesis de fémur, no llevan a concluir que se tratara de una cirugía prolongada, máxime cuando la cirugía de cadera sólo había ocupado una hora y media (comenzó a las 16:30 hs y finalizó a las 18 hs de ese 3.12.08-folio nº 5 de la historia clínica y fs. 18 del expte. Nº109907/09). Es decir una intervención quirúrgica de tres horas y media para efectuar la artoplastía de cadera y corregir la complicación del fémur, en mi opinión, no puede considerarse prolongada si se la compara con otras operaciones como se ha visto en otros juicios de este tipo.

Es decir, el argumento vertido no resulta convincente desde este punto vista y no puede soslayarse que en los hechos, quedó corroborado, como dijo el colega de grado, que someter a la Sra.Escobar a una segunda intervención quirúrgica fue lo que la expuso y en definitiva le ocasionó la infección.

Es que justamente, en la primera intervención no contrajo la infección sino que fue luego de la segunda, y el germen se alojó en el fémur y no en la cadera.

Por todas estas razones es que opino como el colega de grado, y concluyo que la decisión adoptada por los accionados en primer término, frente a una cirugía no convencional, practicando la artroplastia total de cadera izquierda a la accionante sin los elementos de osteosíntesis ante una eventual fractura de fémur -cuando es frecuente y previsible en patologías como la de la actora- no fue la conducta correcta y tampoco fue prudente.

Atendiendo especialmente que se trataba de una cirugía programada, que no se trataba de una urgencia o emergencia, y que tampoco surge acreditado que la espera o la obtención de los elementos de osteosíntesis presuponía algún tipo de riesgo en la salud de la accionante.

En cuanto a la respuesta al punto de pericia de Prudencia (fs. 152 y vta.), destacaré que el perito dijo claramente que «fractura fina» no es un término científico (respuesta al punto 6 de fs. 505) y obviamente señaló que es correcto reprogramar una nueva cirugía ante una fractura (respuesta al punto 8 de fs. 505). Ahora bien, no dijo -como pretende inferir la quejosa- que en este caso fue lo correcto.

Máxime cuando repitió a fs. 538 que puede reprogramarse la cirugía cuando el estado general de la paciente no permita continuar y para evitar la prolongación de la anestesia o por la pérdida de sangre, siendo estas las causas que el galeno consideró correctas y necesarias para suspender la cirugía primaria y realizar la osteosíntesis es en una segunda oportunidad.Claro está, ninguna de estas causas fueron las constatadas en la actora.

En definitiva, lo que expuso el galeno es que los elementos de osteosíntesis debían encontrarse en el quirófano en la primera operación pero que de no contarse con estos, se podía reprogramar la cirugía dentro de la primera semana, lo que dista de la afirmación de la recurrente, en cuanto a que fuera la conducta correcta. Como dije antes, tampoco existe elemento alguno que permitan si quiera inferir que artoplastía de cadera debía realizarse de todas maneras, sin los mencionados elementos.

Por otra parte, no puede soslayarse además que frente al punto 4 de Germany Trade S.A. (fs. 97), cuando se le pregunta al perito si puede determinar con certeza que la fractura padecida por la actora fue provocada por responsabilidad del cirujano, el galeno dijo textualmente «.es una sumatoria de hechos.» (sic)(fs. 506).

Por último, coincido con el Sr. Juez sentenciante, en cuanto a que, la conducta procesal adoptada por los accionados incide en el caso de autos, ya que ni siquiera han brindado su versión de lo acontecido. Ninguna explicación han brindado mucho menos probado, que justifique la falta de los elementos para corregir la osteosíntesis en el quirófano o cualquier otra razón que sustente la decisión de someter a la accionante a una nueva cirugía y con ello a una nueva exposición a sufrir una infección.

3) Por lo expuesto, propondré a mis distinguidos colegas, desechar los agravios de la aseguradora y confirmar este aspecto de la fundada sentencia.

B) De la responsabilidad de la explotadora de la Clínica de los Virreyes, Germany Trade S.A (en quiebra).

1) Por su parte, Prudencia Compañía Argentina De Seguros Generales S.A., aseguradora de Germany Trade S.A.-explotadora de la Clínica los Virreyes- también se alzó por la responsabilidad atribuida a su asegurada y la extensión de la condena a su respecto.

Argumentó, entre otras cosas, que en el caso, el experto designado dijo que la conducta de los accionados era posible y aceptable. Que la segunda intervención fue una de las alternativas válidas, y no puede culparse al médico por optar por ella. Que la decisión entraba dentro del marco de legítimo y razonable ejercicio de su discrecionalidad técnica.

Adujo que, carece de todo sustento en las constancias de autos, afirmar que, si se hubiera resuelto la complicación en un solo acto, se hubiera reducido el riesgo de una infección hospitalaria.

Alegó que el perito médico dijo claramente que las cirugías prolongadas y las reintervenciones quirúrgicas tienen mayor frecuencia de infecciones y que el riesgo agravado era el mismo si se hubiera prolongado la operación o decidido resolver la complicación en una segunda operación (como decidió el médico actuante).

Arguyó que los riesgos propios del tratamiento, que aunque previsibles no pueden evitarse, se encuentran en cabeza del paciente y no pueden ser imputados al profesional, salvo que este incurra en conducta culposa con relevancia causal, lo que en el caso, sostuvo que no ha ocurrido.

Expuso que en autos se trata de un contrato desdoblado de asistencia médica, en el cual el médico actuante atendió a la actora por cuenta de la obra social que la cubría, y para ello utilizó las instalaciones y prestaciones auxiliares del sanatorio.Que no existe obligación de seguridad o garantía cuando el establecimiento médico solo pone a disposición sus instalaciones y personal auxiliar para la realización de un acto médico cumplido por profesionales ajenos a su staff.

Por ello, dijo, aun cuando se considerare que ha existido culpa del médico, su responsabilidad no puede hacerse extensiva al establecimiento asistencial, ni por ende a su aseguradora, con fundamento en su hipotética conducta culposa.

Pese a ello, afirmó que, el a quo ha considerado que ha existido un factor de imputación autónomo con relación a dicho establecimiento (una infección) y que si bien el perito médico indicó que ha existido una infección, no dijo que esta sea de carácter nosocomial.

Fundó que el experto, contrariamente, señaló que las infecciones pueden tener múltiples orígenes difíciles de precisar. Y que, además, el idóneo indicó que tanto el cirujano como la clínica toman las medidas para prevenir una infección.

Agregó que la infección post quirúrgica, en casos como el presente, es también una complicación descripta, y que la rebeldía declarada respecto de los médicos que intervinieron en la cirugía no es oponible a las otras partes del proceso, por cuanto en el caso existen otros litisconsortes que han negado expresamente los hechos y manifestado una versión opuesta.

2) En primer lugar, se advierte que los agravios vertidos en cuanto a la responsabilidad de los médicos, resultan idénticos a los esgrimidos por la otra aseguradora. Por ello, a los fines de no caer en reiteraciones innecesarias, me remito a lo expuesto en el punto que precede.Por consiguiente, corresponde tratar las protestas dirigidas a la atribución de la responsabilidad respecto de su asegurada.

Así, la queja vertida respecto al factor de imputación autónomo con relación al establecimiento médico considerada por el a quo, adelantaré que no puede admitirse.

Si bien es cierto, como se expresa en el agravio, que el perito médico no pudo determinar que la infección sufrida por la actora haya sido de carácter nosocomial, no menos lo es que, haya descartado esa probabilidad. En efecto, reiteró una y otra vez, que las reintervenciones quirúrgicas -como a la que fue sometida la accionante- aumentan el riesgo de contraer una infección intrahospitalaria.

En el caso, la reclamante, ha probado la infección, que esta fue contraída a causa de la segunda intervención practicada por los médicos demandados en la Clínica de los Virreyes, y por lo tanto, no resulta atribuible a las patologías propias que acarreaba la paciente. Con ello quiero decir, que entró a la clínica sin esa afección padeciéndola luego de su paso por el nosocomio (tras dos intervenciones y 9 días de internación).

El perito fue claro cuando reiteró en varias ocasiones que las infecciones pueden tener múltiples orígenes, difíciles de precisar. Que puede deberse a la contaminación de la herida quirúrgica, que puede suceder en el posoperatorio como así también por una disminución de defensas cuando una bacteria del organismo se instala en el lecho quirúrgico. Al mismo tiempo, señaló que, tanto el cirujano como la clínica toman las medidas para prevenir infecciones, aunque no le consta que la Clínica de los Virreyes utilice la normativa reconocida internacionalmente para prevenirlas.

De otro lado, encuentro que la prestadora del servicio médico (Germany Trade S.A.mediante la Clínica de los Virreyes)no ha acreditado que la intervención -osteosíntesis de fémur- fue realizada habiéndose dispuesto los medios para evitar el riesgo de contraer la infección intrahospitalaria en ocasión de haberse realizado la práctica quirúrgica. Y tal circunstancia de ausencia de prueba respecto de la adecuada profilaxis conlleva necesariamente su responsabilidad en la reparación del daño por la infección contraída.

No es necesario en el caso recurrir a la llamada «doctrina de las cargas probatorias dinámicas» para concluir que la prueba en cuestión pesaba sobre aquella, en tanto haber realizado la práctica con la adecuada profilaxis constituía uno de los presupuestos de su defensa, cuya prueba legalmente le correspondía y no produjo (conf. art. 377 CPCCN).

No hizo el menor esfuerzo en demostrar que la Clínica de los Virreyes cumplía a la época de la internación con las disposiciones reglamentarias respecto de la habilitación e inspección de quirófanos, o que las normas de asepsia acompañadas con su documental (fs. 65/80) hayan sido efectivamente observadas.

Tampoco acompañó datos estadísticos acerca de la cantidad de infecciones padecidas por los pacientes ni acreditó que cumpliera con los protocolos consensuados por sociedades científicas y organizaciones internacionales para prevenir este tipo de infecciones que adujo cumplir (fs. 88 vta.).

Es que aún en el supuesto de considerar -como se dice en la queja- que las infecciones intrahospitalarias constituyan un riesgo inherente a las cosas y a la actividad del sanatorio, sólo podría eximir su responsabilidad frente al paciente internado probando la ruptura del nexo causal, sin que quepa considerar como casus la actuación de los factores de riesgo: sólo sería tal el caso fortuito externo, es decir, todo aquel acontecimiento imprevisible o inevitable que sea ajeno a esos factores.

De forma tal, como expuso la accionada al contestar la demanda a fs.88 vta./89 acerca de la incidencia de las distintas bacterias intrahospitalaria, las halladas en la actora se encuentran no sólo en listado por ella descripto sino que además, la bacteria klebsiella Pneumoniae tiene un incidencia del 6.2 % y Pseudomona Aeruginosa del 11.2 %. Con esto quiero decir, que la propia accionada reconoce de tal manera que la presencia y acción de los gérmenes que las provocan, resultan una manifestación palmaria de un riesgo al que quedan sometidos los pacientes, de manera que no puede considerárselas como un caso fortuito extraño o externo a la actividad.

Nótese que tales factores de riesgo constituyen, de un modo u otro, una constante de cualquier población hospitalaria, que, como tales, se hallan en distintas situaciones de riesgo, máxime si deben ser sometidos a distintas intervenciones quirúrgicas.

Así, se ha dicho que teniendo en cuenta el deber de seguridad que pesa sobre el establecimiento médico – y entendiendo éste como una obligación de resultado-, al no existir prueba aportada por aquel que demuestre que el germen que provocó la infección provino de una patología propia del paciente y no del medio ambiente o instalado por el actuar de alguno de los profesionales o auxiliares intervinientes, la conclusión no puede ser otra que la atribución de responsabilidad al hospital por el daño derivado de la infección contraída; de lo contrario, bastaría con alegar que la bacteria estaba presente en el cuerpo de la paciente para liberar de responsabilidad al ente hospitalario (cfr. esta Cámara, Sala E, «Castro, Dora Blanca c/ Hospital de Agudos D. Francisco Santojanni y otros s/daños y perjuicios», 13/02/2013, Cita: TR LALEY AR/JUR/6147/2013).

Por otro lado, no soslayo que Germany Trade S.A., solicitó la citación como terceros de Dirección de Obra Social Universidad de Buenos Aires (DOSUBA), Corporación Médica Gral. San Martin S.A. y SIDOM S.A., pero tampoco dejo de advertir que su inactividad demostró su desinterés en traerlos en juicio (fs.324).

En síntesis, está comprobado en autos el incumplimiento de ese deber de seguridad en cabeza del establecimiento hospitalario, sin que se encuentren reunidos elementos de juicio que permitan aseverar la existencia de eximentes de la responsabilidad que cabe atribuirle al nosocomio, por lo que a su respecto la atribución de responsabilidad también debe confirmarse.

En cuanto a los argumentos vertidos, respecto de la rebeldía declarada en relación a los demandados, no encuentro que el a quo haya formulado consideraciones o haya extendido la responsabilidad a su asegurada, en base a ese fundamento, y esto se desprende de la simple lectura del punto titulado en la sentencia «La infección intrahospitalaria», con lo cual nada cabe considerar al respecto.

3) En virtud de lo expuesto, habiendo la actora acreditado la vinculación causalmente adecuada con el resultado dañoso que importó la infección y la posterior osteomielitis padecida, propondré al Acuerdo, desestimar los agravios y confirmar la sentencia.

IV.- De los daños Seguros Médicos S.A., se alzó por los montos concedidos en concepto de incapacidad sobreviniente, daño moral y gastos. Para fundar sus agravios transcribió una serie de citas jurisprudenciales y doctrinarias, apuntando sólo su disconformidad con el progreso de dichos rubros y las sumas otorgadas, en tanto no se condicen con las reclamadas por la accionante en su demanda.

Pues bien, corresponde señalar que la expresión de agravios debe ser una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas, de conformidad con la manda establecida en el artículo 265 del Código Procesal.

La mencionada crit´ ica razonada implica el estudio de los razonamientos exteriorizados por el judicante y la demostracion´ de los desaciertos por el´ cometidos.Para lograrlo, el quejoso debe indicar de modo detallado los errores, las omisiones y, en fin, las demas´ deficiencias de las pudiere adolecer el fallo, refutando fundadamente las conclusiones de hecho y de derecho en las que el juez fundo´ su decisión.

Consiste en la fundamentación destinada a impugnar la sentencia, cuando el recurso ha sido concedido libremente, con la modalidad de obtener su modificación o su revocación (Highton-Arean´ , «Co´digo Procesal Civil y Comercial de la Nacion´ «, Hammurabi, Tomo 5, pag´ . 239). No es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una «crit´ ica concreta y razonada de la partes del fallo que el apelante considere equivocadas» (cfr. Morello-Sosa- Berizonce, «Co´digos Procesales en lo Civil y Comercial de la Prov. de Bs. As. y de la Nacio´n», Abeledo Perrot, Tomo III, pa´g.351) Se sostiene que la expresión de agravios supone como carga procesal, una exposición jurídica en la que mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencia su injusticia. Requiere así, una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia punto por punto y una demostracion´ de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho, no siendo las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general idóneas para mantener la apelación (cfr. Kielmanovich, Jorge, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nacion´ «, Abeledo Perrot, 2015, T I, pa´g.740).

La critica razonada no se sustituye con una mera discrepancia sino que debe implicar el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas (cfr. Fenochietto-Arazi, «Codigo Procesal y Comercial de la Nacion «, Astrea, Tomo 1, pag . 941; Falcon´ , Enrique, «Cuestiones especiales de los recursos», en Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Ed.Rubinzal-Culzoni, 2009, t VIII, pag´ .106 y sgtes.).

Se ha entendido que expresar agravios significa reputar y poner de manifiesto errores (de hecho o de derecho), que contenga la sentencia y que la impugnación que se intente contra ella debe hacerse de modo tal que rebata todos los fundamentos esenciales que le sirven de apoyo (Cam . 2a, Sala III, La Plata, RDJ 1979-9-35, sum. 34 citado en Morello-Sosa- Berizonce, op. cit., pag . 335; ver Eduardo Couture, «Fundamentos del Derecho procesal civil», ed. B de F., 2005, 4ta. reimpresion´ , pa´g. 281; Arazi, Roland y De los Santos, Mabel, «Recursos Ordinarios y Extraordinarios en el regimen procesal de la Nacion y de la Provincia de Buenos Aires», Rubinzal-Culzoni, 2005, pág. 200).

De igual modo, esta Sala ha sostenido reiteradamente que para que exista expresión de agravios no bastan manifestaciones imprecisas, genéricas, razonamientos totalizadores, remisiones, ni, por supuesto, planteamiento de cuestiones ajenas. Se exige legalmente que se indiquen, se patenticen, analicen parte por parte las consideraciones de la sentencia apelada.

En suma, la expresión de agravios no es cuestión de extensión del escrito, ni de manifestaciones sonoras, ni de profusión de citas, ni tampoco de injurias más o menos veladas al juez, sino de efectividad en la demostración del eventual error in judicando: ilegalidad e injusticia del fallo. Pero el escrito debe ser proporcionado a la complejidad del asunto, importancia fáctica y jurídica: es pretensión dialéctica exagerada la de querer demoler con uno o dos párrafos una sentencia circunstanciadamente fundada; es ingenuo abuso de la facultad querer someter a la Cámara a la eventual lectura de una interminable perorata y, antes, ocupar diez días del otro letrado para replicarla (cfr. Colombo-Kiper, «Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion «, La ley, T. III, pag. 172).

Entonces, la falta de cumplimiento de la critica concreta y razonada de los puntos del fallo recurrido, trae como consecuencia la falta de apertura de la Alzada y consecuentemente la declaración de deserción del recurso de apelación (conf. art.266 del Código Procesal).

Dicho todo esto, surge evidente que la parte recursiva destinada a modificar los rubros mencionados, no constituyen en ningún sentido una critica razonada en los términos antes expuestos y por lo tanto, en mi opinión, el recurso deducido en ese sentido, debe declarase desierto.

En efecto, en el caso del rubro justipreciado en concepto de incapacidad sobreviniente, la aseguradora recurrente sólo apu ntó que del plexo probatorio producido en autos no surge prueba alguna de una pérdida económica concreta por parte de la actora, y que lo único que menciona el colega de grado para fundamentar el reconocimiento del rubro en examen es el porcentaje de incapacidad establecido en la pericia médica.

Esta afirmación no puede aceptarse como agravio, en tanto que de la simple lectura de la sentencia recurrida surge que el a quo valoró los 34 años de edad de la accionante al momento de someterse a las intervenciones quirúrgicas referenciadas y la repercusión que con dicha edad podía tener la incapacidad acreditada en su vida en relación, familiar, y social con trascendencia económica indirecta.

También expuso que si bien no se ha presentado un marco probatorio suficiente en cuanto a la repercusión que la secuela minusvalidante pudo tener en ella, a efectos de establecer el marco social, económico, de capacitación, que puede cualificar el rubro, destacó que las declaraciones testimoniales de fs.617, 620,623 y 625 dieron cuenta del estado físico de la actora antes de la operación.

Por otro lado, tampoco cumple los requisitos antes expuestos, la expresión «.hay que tener en cuenta que la actora tenía una incapacidad producto de su patología de base del 30% y que los 70% que establece el perito que hoy tiene la actora lo vincula causalmente con la infección intrahospitalaria, la cual es ajena al actuar de los galenos asegurados.».

Esto último no merece el menor análisis, desde la responsabilidad de aquellos quedó acreditada y fue suficientemente tratada precedentemente.

Por lo demás, el colega detalló pormenorizadamente el cuadro particular de la actora (patología de base, proceso degenerativo paralelo, la incapacidad que hoy presenta y la dificultad para ponderar la incidencia que tuvo la intervención y la posterior infección en la incapacidad total de la Sra. Escobar, etc.) y aclaró que si bien, en el peritaje médico se estimó un 70 % de incapacidad física, de tipo parcial y permanente, no soslayaba -al cuantificar- que el experto a fs. 524 determinó que, antes de las cirugías y de la infección intrahospitalaria, la incapacidad de la actora era entre un 30 y un 40 %.

Por último, que el monto otorgado por el colega de grado haya sido mayor que el solicitado por la actora en su demanda, tampoco puede identificarse como un agravio.

En efecto, el monto estimado por el actor no marca el límite de la pretensión y conceder más de lo pedido no importa incongruencia por ultra petita, ya que la utilización, como ha ocurrido en el caso de la fórmula «o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse» (fs. 28, punto I) habilita al magistrado a estimar el quantum indemnizatorio en atención a la índole de la afección sufrida, pues no se encuentra obligado por la suma requerida tanto para el caso de que aquélla resulte ser mayor o menor a la reconocida (conf.CNCiv., esta Sala, mi voto en libres nº 56345 del 24/7/20, n° 83702 del 25/8/20, nº 44013 del 2/9/20, n° 23540 del 21/9/20, nº 94328 del 30/12/20, nº 81136 del 23/2/21, entre muchos otros).

Como se advierte, tampoco surge un análisis en el cual se evidencie un cálculo distinto al efectuado por el magistrado, o que haya recurrido a ponderaciones sin fundamento o que hubiera omitido elementos en su valoración, nada se argumentó para que pueda ser considerado como un análisis distinto.

Así pues, no encuentro agravio ni queja en los términos antes expuestos, por el contrario, surge una mera manifestación -al parecer- de disconformidad con la partida debidamente otorgada y fundada por el a quo.

Lo mismo sucede con los restantes rubros, en los cuales ni siquiera se menciona algún elemento del juicio, o prueba, o valoración del juez recurrido. Nuevamente, luego de una extensa transcripción de citas, no se critica el fallo ni siquiera se brinda un análisis o valoración, sino que se manifiesta un descontento con los montos otorgados por «arbitrarios» pero sin fundar dicha aseveración en algún parámetro objetivo.

Cabe concluir entonces que la citada en garantía ha basado esta parte de su apelación en argumentos genéricos y dogmáticos que no indican cuáles son, en concreto, los aspectos «arbitrarios» del fallo.

Frente al meticuloso y detallado tratamiento efectuado por el colega de grado, la apelante limita su argumentación recursiva a efectuar una transcripción de citas doctrinarias, de antecedentes jurisprudenciales que no constituyen una impugnación conducente para modificar la solución.

Por todo lo expuesto, en este caso, considero que corresponde declarar desierto este aspecto del recurso por no superar siquiera el umbral mínimo dispuesto en el art. 265 del CPCCN. Así lo propongo al Acuerdo.

V.- Conclusión

En consecuencia, y para el caso de que mi voto fuera compartido, propongo: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue motivo de agravios.2) Imponer las costas de Alzada a las aseguradoras citadas en garantía, de acuerdo al principio objetivo de la derrota (art. 68 del Código Procesal).

Por razones análogas a las expuestas por el vocal preopinante, los Dres. Trípoli y Diaz Solimine adhieren al voto que precede.

Buenos Aires, 2 de abril de 2022

Y VISTOS: Por la votación que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue motivo de agravios. 2) Imponer las costas de Alzada a las aseguradoras citadas en garantía, de acuerdo al principio objetivo de la derrota (art. 68 del Código Procesal).

El presente acuerdo fue celebrado por medios virtuales y la sentencia se suscribe electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en los puntos 2, 4 y 5 de la acordada 12/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Publica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada 15/2013) y devuélvase.-

JUAN MANUEL CONVERSET

PABLO TRÍPOLI

OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE

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