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#Doctrina Los intereses y la desprotección de los créditos alimentarios

Autor: Serrano Alou, Sebastián

Fecha: 29-06-2022

Colección: Doctrina

Cita: MJ-DOC-16660-AR||MJD16660

Voces: INTERESES – TASA DE INTERES – ALIMENTOS

Sumario:
I. La cuestión salarial y las deudas de valor. II. La realidad y el contexto donde se desarrollan los litigios laborales. III. Algunas variables de la realidad para determinar la tasa de interés. IV. Más allá de la tasa de interés: la actualización del crédito. V. Conclusiones.

Doctrina:
Por Sebastián Serrano Alou (*)

I. LA CUESTIÓN SALARIAL Y LAS DEUDAS DE VALOR

Dentro de la cuestión salarial se encuentran comprendidos todos los créditos que la persona que trabaja tiene a causa de tener o haber tenido una relación laboral. Es decir, no solo los salarios o derechos básicos como el SAC y las vacaciones son parte de la cuestión salarial, sino también las indemnizaciones, sean por despido o por accidentes y/o enfermedades del trabajo. En otras palabras, todas las sumas de dinero a las que tiene derecho la persona que trabaja por motivo de su trabajo en relación de dependencia participan por igual del carácter alimentario del salario, esto es así ya que todas las sumas de dinero que obtiene tienen el mismo origen, la puesta a disposición de su actividad productiva y creadora arriesgando su persona, e igual destino, posibilitar su desarrollo y el de su núcleo familiar en un sistema capitalista.

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Cuando la persona que trabaja no percibe en tiempo y forma dichas sumas de dinero por culpa del empleador o quien resulte responsable a abonar las mismas (ej ARTs), debiendo litigar por años, una de las formas de reparar esa demora es, o debería ser, la aplicación de una Tasa de Interés Justa. Los intereses deben cumplir con varias funciones importantes:deben conservar el valor del crédito para que desempeñe la función del derecho del que deriva, deben compensar el transcurso del tiempo durante el que se privó a la persona acreedora de disponer de ese crédito, deben sancionar a quienes resulten responsables por haber imposibilitado y/o diferido en el tiempo el goce de los derechos por parte de la persona que trabaja y su familia, entre las cuestiones más importantes.

La Corte de la Provincia de Santa Fe (1), en consonancia con lo anterior y la jurisprudencia de la provincia (2), ha planteado que en relación a los créditos laborales «La tasa de interés que se fije debe tender a restablecer el valor original de la deuda y conservar en condiciones reales la sentencia, de tal modo que el acreedor acceda íntegramente a su acreencia sin verse disminuida por la demora del deudor en satisfacerla. Además de mantener incólume el monto de la condena, la tasa también debe comprender el resarcimiento por la privación del uso del capital. En suma, la tasa de interés fijada debe contribuir a mantener la entidad de los créditos laborales y evitar el deterioro de los mismos ante los acontecimientos económicos».

Pero, como enseñaba Centeno, los juicios por créditos laborales son juicios de valor, surgiendo de obligaciones de valor, a partir de lo cual se cae todo el andamiaje protector de los empleadores como deudores, que sostienen la prohibición de indexar las deudas laborales. Por esta vía, en las últimas décadas los obreros argentinos subsidiaron a sus patrones y ésta es una de las causas que contribuyeron a la precariedad y marginalidad en que se encuentran. La cuestión terminó promoviendo la corruptela del ejercicio abusivo de la defensa mediante la verdadera industria del juicio, que en realidad debería llamarse industria del incumplimiento, de la cual no resultan responsables las personas que trabajan sino quienes no respetan sus derechos ni aún una vez llevados a los estrados judiciales (3).

II.LA REALIDAD Y EL CONTEXTO DONDE SE DESARROLLAN LOS LITIGIOS LABORALES

La inflación es un hecho insoslayable de la realidad de nuestro país a lo largo de su historia, tanto más presente en la vida del pueblo trabajador (4). En los últimos años, y con el «cambio» rotundo de política económica, se ha convertido en un problema creciente. Si bien hubo algunos periodos sin inflación, como la década del 90, los costos de mantener controlado el fenómeno fueron quizás más trágicos aun para el pueblo.

A partir de 2007 la inflación promedio era del 25%, pero fines de 2015 se vio potenciada, superando sin discusión en 2016 el 40% anual (5), con el inicio de una marcada devaluación de la moneda, lo que se agravó nuevamente en el año 2018, con una nueva aceleración devaluatoria, volviéndose crítica la situación a partir de 2019, cuando todas las variables de la economía se desmadraron, superando a partir de entonces la inflación el 50%, con el peligro que conllevan esos niveles inflacionarios (6). La devaluación de la moneda desde el 2016 a la fecha ha sido de más del 1.000%, con salarios que desde hace años crecen en general por debajo de los aumentos de sus consumos más urgentes y necesarios, mucho más si tomamos los consumos básicos de las personas que trabajan y sus familias. A partir de tarifazos múltiples y constantes, junto a la liberalización de todos los precios, incluidos los alimentos más básicos, la dolarización de las tarifas de combustibles y servicios básicos fundamentales, hay una realidad que no puede ignorarse al dictar sentencia si se quiere cumplir con la orden de la Constitución Nacional de afianzar la justicia. Lo que se quiere señalar es que existen datos de la realidad que no pueden ignorarse si se quiere hacer justicia.

III.ALGUNAS VARIABLES DE LA REALIDAD PARA DETERMINAR LA TASA DE INTERÉS

En las sentencias al momento de definir los intereses debe evaluarse que pasa a partir de la tasa elegida. Esto debe hacerse en cada caso concreto, porque no hay dos casos iguales y la equidad es un valor importante en relación con la justicia. En otras palabras, debe considerarse si con la tasa de interés elegida la persona que trabaja está cerca de mantener el valor real de su crédito o por el contrario este se ve disminuido. En caso de que lo incremente debe evaluarse en qué porcentaje, justipreciando no solo si mantiene el valor inicial del crédito sino también cual es el resarcimiento por la privación del uso del capital en función del tiempo transcurrido, considerando como se compensa ese transcurso en otras situaciones. No puede compensarse menos a una persona que no prestó voluntariamente su dinero y que lo necesitaba para vivir, que el caso de una empresa de las más solventes del sistema, como son los bancos, que prestan voluntariamente parte de su capital con el objetivo de hacer negocios y en la medida en que puede hacerlo sin grandes perjuicios en su funcionamiento.

La variación de los salarios desde el momento en que se devenga el crédito hasta que se cobra, en los casos que estamos analizando después de una sentencia, es uno de los datos a tener en cuenta. El salario es la principal deuda que se devenga periódicamente a favor de la persona que trabaja por su actividad productiva y creadora, pero es también el módulo central para determinar otras deudas, como las vacaciones, el aguinaldo, las indemnizaciones por despido o por accidentes y/o enfermedades del trabajo, y hasta por discriminación, etc. Es decir, el salario es la unidad de medida por excelencia de las deudas originadas en relaciones de trabajo y de las que resulta acreedora la persona de preferente tutela.Igualmente vale una advertencia, con las subas salariales de los últimos años, muchas veces con porcentajes por debajo de los de la inflación, considerar la forma de mantener el valor de los créditos solo por medio de la referencia a la variación de salarios no alcanza. Por lo tanto, deben tomarse otros parámetros, como puede ser por ejemplo la suba de los combustibles, que impactan en todos los valores fundamentales de la economía, o la variación de alimentos básicos de la canasta alimentaria.

Una de las comparaciones que puede realizarse en nuestra provincia para definir la justicia de una tasa de interés es la que surge de elaborar un índice con el valor de la unidad JUS (7), tomando el valor al momento del nacimiento del crédito y al momento de la sentencia dividiendo este último monto por el primero. Este índice reflejaría cómo se mantuvo el valor del salario de jueces/as y empleados/as del Poder Judicial, un ingreso de carácter alimentario al igual que el crédito que se reclama en los expedientes laborales. Dado que los sueldos del Poder Judicial son algunos de los que más han podido hacer frente al proceso inflacionario, esto también sería la prueba de como el salario de la generalidad de las personas que trabajan perdió, aun con aumentos de sueldo por paritarias, frente a la desmedida inflación de los últimos años, que hizo caer fuertemente el valor real de los salarios.

En la actualidad y sin lugar a duda, en todos los casos en que las personas que trabajan reclaman por sus créditos alimentarios el transcurso del tiempo termina por beneficiar al deudor, cobrando los acreedores créditos menguados, más menguados cuanto más sea el tiempo transcurrido, todo en función de las tasas de interés que se vienen aplicando. Basta realizar los cálculos comparativos aplicando a los salarios iniciales las tasas más frecuentes:la Tasa Activa Sumada del Banco de la Nación Argentina (TASBNA) en proporción de 1 vez y media, 2 veces, y alguna vez 2 veces y media.

En la sala II de Rosario y en base al criterio sentado por uno de sus integrantes, el juez Marchionatti (en «Borsani c/ Interacción», Acuerdo N° 305/19, entre otros), se hace en el último tiempo un comparativo en cada caso tomando $100 y calculando cómo evolucionó esa suma en base a la inflación (IPC) y las distintas tasas de interés (1 vez y media, 2 veces y 2 veces y media TASBN), y se suele aplicar 2 veces la TASBN aún en los casos en que queda claro que es insuficiente (8). En la sala I de Rosario a partir de lo resuelto por una de sus integrantes, la Jueza Andrea Netri (en «Bloj Cristina c/ Provincia ART», acuerdo 126/20), se realizó un comparativo aplicando 1, 2, 3 y 4 veces la TASBN, demostrando la insuficiencia de todas ellas, lo que llevó a declarar la inconstitucionalidad del art 12 de la ley 24.557, «actualizando» la base de cálculo central.En el caso de la sala I, al igual que en el de la sala II, lo que en principio es una buena iniciativa perdió funcionalidad, en este caso porque se fijó luego de la fecha de actualización del crédito, desde su nacimiento en 2006 hasta la sentencia de primera instancia en 2016, un interés del 7% anual entre la sentencia de 1ra instancia y la de 2da, un lapso de tiempo que va de 2016 al 2020, años en que la inflación fue récord y promedió el 50%. Estos casos demuestran que se puede hacer el cálculo en cada caso al momento de decidir la tasa de interés, lo que de hacerse correctamente hará a la equidad de la sentencia que es la justicia en el caso concreto.

Es un dato muy importante que, frente a prácticas como las señaladas, del cálculo del impacto en el caso de la tasa de interés elegida, la Corte Provincial ha llegado a confirmar sentencias con condenas de 2 veces la TASBN y 2 veces y media la TASBN, en un contexto en que la mayoría de las sentencias aplican 1 vez y media esa tasa (9). Cuando la elección de tasas más elevadas surge de cálculos que demuestran su justicia en el caso concreto la Corte lo ha convalidado, mientras que, en otros casos, en que se trata de elaboraciones más abstractas ha declarado la nulidad de lo decidido (10).

IV. MÁS ALLÁ DE LA TASA DE INTERÉS: LA ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO

Si en lugar de solo aplicar una tasa de interés se elige actualizar de alguna manera el crédito y luego sumar un interés, sería más fácil que la persona terminara cobrando el valor adeudado contemplándose también la reparación por el transcurso del tiempo.Esto sucedía con la aplicación del criterio que en el pasado tuvo la sala III de la Cámara de Apelaciones Laboral de Rosario (11), interpretado como índice de actualización al RIPTE y sumando un interés puro del 8%, o con el criterio de conversión a dólares más tasa de interés dispuesto por la sala II (12) de la misma Cámara en uno de sus precedentes.

Con los índices de interés bancario elegidos actualmente por las Salas y Juzgados de Rosario la persona que trabaja pierde. Con algún índice de actualización, como en el pasado fueron el RIPTE o el valor DÓLAR, y que hoy puede ser el aumento del JUS que es un valor central en el ámbito judicial, adicionando el interés que repara el daño por el transcurso del tiempo, puede lograrse una suma cercana al equivalente al crédito inicial que además se acrecienta con el transcurso del tiempo. El interés, la tasa pura, puede ser el 8% que aplicaron de las salas II y III, o una tasa del 12% que es el resultado de tomar 1% mensual.

En la provincia de Santa Fe la unidad JUS fue creada para que se aplique a los honorarios profesionales de los letrados de las partes, logrando de esa manera una actualización periódica de sus ingresos. Se trata de una unidad que surge de la actualización que varias veces al año se realiza de los «sueldos» de jueces, juezas y demás integrantes del Poder Judicial Esto es una prueba más de la necesidad de actualización de las sumas adeudadas y reclamadas por las personas de preferente tutela constitucional en el contexto de un juicio laboral, ya que no pueden estar en peores condiciones que abogados y abogadas, jueces y juezas, empleados y empleadas judiciales, porque la protección de sus derechos es el fin último del cual el resto de los participantes deben ser articuladores de los medios para lograrlo.Tomar esta medida como índice de actualización es quizás lo que resultaría más adecuado, por equitativo, en la provincia. Es tal vez más adecuado aplicar el JUS que el RIPTE, ambos índices de actualización en función de ingresos salariales, ya que tiene en cuenta parámetros provinciales. Además, el RIPTE viene perdiendo más que el JUS con la inflación, en un contexto donde muchas veces se presionó para que las paritarias de las personas que trabajan se den a la baja, situación que jueces y juezas logran esquivar en mayor medida gracias a la independencia judicial plasmada en las constituciones de Argentina.

Es fundamental tener presente que la RCT en su art 276 dispone que «Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo, serán actualizados, cuando resulten afectados por la depreciación monetaria, teniendo en cuenta la variación que experimente el índice de los precios al consumidor en la Capital Federal, desde la fecha en que debieron haberse abonado hasta el momento del efectivo pago. Dicha actualización será aplicada por los jueces o por la autoridad administrativa de aplicación de oficio o a petición de parte incluso en los casos de concurso del deudor, así como también, después de la declaración de quiebra.». La actualización dispuesta por este artículo, que era el 301 en la LCT originaria (13), se encuentra vigente desde hace décadas, no habiendo sido derogada ni por la dictadura militar, que cerceno la Ley de Contrato de Trabajo, ni por gobiernos que impidieron la indexación y fueron continuadores de la política de la dictadura, como el de la década de los 90, sino solo modificada.Quizás lo fundamental de la reforma de este artículo fue el cambio de los índices a considerar, siendo mejor el elegido en la ley originaria que remitía a «los índices oficiales de incremento del costo de vida».

Es imprescindible tener presente que varias normas sancionadas luego de la salida de la denominada convertibilidad, y a partir de que la inflación volvió a ser un flagelo, determinan la actualización de las sumas a abonar a los trabajadores. Para mencionar algunas puede considerarse la ley 26.773 , que en su art 8 determina el ajuste -actualización- de los importes por incapacidad de acuerdo al denominado RIPTE, índice ratificado en la ley 27.348 . La ley 26.844 , de trabajadoras de casas particulares, establece en su art 70 la actualización de los créditos laborales para que conserven su valor. No tener presente el reconocimiento legislativo de la necesidad de actualización de créditos laborales que el legislador ha hecho en esos casos para todos los créditos laborales, vulneraría distintos principios del BCF, entre ellos el principio de igualdad y no discriminación, además del principio de progresividad, el principio de reparación justa e integral, el principio pro homine pero, sobre todo, sería una afrenta para la dignidad de la persona que trabaja.

Para los defensores de las normas de la década del 90, como forma de negar la actualización de créditos laborales, la realidad parece no ser un dato para tener en cuenta. La ley 24.283 , del año 1993, NO prohíbe actualizar, solo impide que por la actualización se llegue a montos superiores al valor inicial, por lo cual, no sería óbice para lo que aquí se pide.Igualmente, no puede seguirse aplicando esta ley concebida en el sistema de convertibilidad que ya no está vigente, una ley que consta de 1 solo articulo y es poco clara; mucho menos se pude llevar su interpretación errónea a consolidar las políticas que realmente se buscaban por medio de dicha norma. Igualmente, la ley 23.928 , del año 1991, que establecía la conocida convertibilidad, tampoco puede seguir siendo aplicada cuando dicho sistema fracaso, no está vigente y la realidad actual es tan diferente a la inmediatamente posterior a su sanción. Por otra parte, a diferencia de la ley 24.283, que se refiere a toda obligación y/o prestación debida, esta ley se refiere en su art 4 solo a las obligaciones de dar sumas de dinero; por lo tanto, no resulta aplicable a los créditos laborales que son deudas de valor. Por último, el art 10 de la misma ley habla de «repotenciación», lo que no sucede en un contexto inflacionario cuando lo único que se hace es evitar la depreciación, sin ir más allá en el valor de la deuda.

Si al momento de sancionarse las normas que prohíben la indexación y/o actualización de los créditos se pretendía que con ello se terminaría con el flagelo de la inflación, la realidad demostró que dicho fenómeno no depende de la actualización de los créditos alimentarios reclamados judicialmente por las personas que trabajan, ya que vigente esa normativa la inflación no desapareció, sino que desde hace más de 10 años es un fenómeno presente y en los últimos años se ha agravado notoriamente.

En el caso de considerar verdaderamente que las normas referidas anteriormente son un impedimento, las mismas pueden ser declaradas inconstitucionales, aun cuando no se haya formulado dicho pedido por quien representa a la persona que trabaja.Se trata de una facultad (y obligación) que tienen quienes juzgan de someter a un control de constitucionalidad y convencionalidad toda norma a aplicar en sus sentencias, sin que dependan para el respeto del Bloque de Constitucionalidad Federal de un pedido de parte.

V. CONCLUSIONES

Resulta arbitrario que se fijen o confirmen tasas de interés con base a ser el criterio del Juzgado o la Sala para la generalidad de causas resueltas, especialmente si no se justifica su aplicación en el caso concreto y particular mediante una demostración de que resulta justa y equitativa, lo que solo puede hacerse mediante los cálculos que así lo demuestren en el expediente que se resuelve, como ha hecho la jurisprudencia de las salas de Rosario. En lo que hace a los intereses, lamentablemente se imponen actualmente en las sentencias las consideraciones generales, sin una aplicación y comprobación práctica de cuáles son las sumas a percibir por la persona finalmente. Pero como se desarrolló no en todos los casos sucede lo mismo.

Lo que se quiere señalar es que es totalmente posible para las juezas y los jueces realizar los cálculos que demuestren si lo decidido lleva a una reparación justa / integral / plena. Lo que se pide es que se juzgue con equidad el caso concreto, evitando que la aplicación de la ley sea una tarea mecánica reñida con la naturaleza misma del derecho, buscando determinar lo justo en concreto y en forma razonable, para que prevalezca la realidad sobre las fórmulas matemáticas abstractas (14). Indudablemente, en un contexto inflacionario en grado creciente como el de los últimos años, con una economía cambiante, se impone este ejercicio y alguna forma de actualización del crédito.No puede mantenerse la práctica de definir tasas de interés una vez cada 4 o 5 años y mantenerlas luego para todos los casos, con una remisión a fallos que remiten a su vez a otros como una verdadera mamushka que lleva a la nada.

Aun cuando se decidiera no actualizar el crédito originado en una relación de trabajo, la determinación y aplicación de intereses debe cumplir un doble carácter compensatorio, de la eventual pérdida del poder adquisitivo de la moneda y por la privación del uso del capital, y la privación de uso no es ponderada con criterio financiero, sino en orden con el carácter alimentario del crédito y su función social (15). La tasa de interés debe cumplir una función jurídica valiosa que no es otra que lograr una reparación justa o integral (principio presente en varios fallos de la CSJN (16)) en un contexto donde, como se dijo, la inflación es un flagelo cada vez mayor para el pueblo trabajador. Dicho de otra forma, como lo ha planteado la sala II de Rosario (17), frente a los procesos inflacionarios los jueces han tenido que utilizar las tasas de interés para «afianzar la justicia», evitando convalidar situaciones de inequidad, dando por el contrario cumplimiento a la manda del Preámbulo de la Constitución Nacional. No existe retribución justa cuando se satisface una deuda alimentaria a partir de un valor depreciado. La lucha contra la inflación no puede pasar por un ajuste que consiste en transferir la propiedad del trabajador a favor de la utilidad empresaria generada en el incumplimiento de sus obligaciones (18).

A modo de cierre, nada mejor que las reflexiones de la Corte Nacional (19) al respecto en un periodo inflacionario similar al que vivimos, a los fines de asegurar la justicia y equidad de la reparación:a) la actualización de los créditos salariales responde a un claro imperativo de justicia, cual es el de eliminar los efectos perjudiciales que la demora en percibirlos ocasiona a los trabajadores, atento a que las prestaciones de esa especie tienen contenido alimentario y las indemnizaciones laborales se devengan, generalmente, en situaciones de emergencia para el trabajador; b) el reajuste de tales créditos no hace a la deuda más onerosa que en su origen, sólo mantiene el valor económico real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento; c) el derecho de propiedad afectado sería -de no aplicarse la actualización- el del acreedor, quien percibiría una moneda desvalorizada cuyo poder adquisitivo sería muy inferior al que tenía en la época en que debía cobrarse la deuda; d) el principio de «afianzar la justicia» y la garantía de una retribución justa (Preámbulo y art. 14 bis Ver Texto CN.) exigen que la equivalencia de las prestaciones recíprocas responda a la realidad de sus valores y a la finalidad de cada una de ellas; situación equitativa que resulta alterada cuando por culpa del deudor, moroso la prestación nominal a su cargo ha disminuido su valor real, su poder adquisitivo, en relación a sus fines propios de naturaleza alimentaria, por influencia de factores que no dependen del acreedor.

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(1) Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, 31/10/2017, «Olivera Miguel Ángel c/ Supermercado San Jorge S.R.L. y otros» .

(2) En sentido similar: Cámara de Apelaciones del Trabajo de Rosario, sala III, 28/08/16, «Campobasso Ana María c/ Sensor Automotriz Agrícola s/ cobro de pesos» .

(3) «Centeno clavó el cuchillo hondo, descarnando el tema, hasta el punto de rozar al salario, como deuda de valor, y cuando pudo ser numen del legislador, consiguió que el art.4 de la ley 20.744 enseñara al saber jurídico que en el contrato más importante de la modernidad se conceptualiza a su objeto (el trabajo humano dependiente) ‘como la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y fin económico en cuanto se disciplina por esta ley’.» CORNAGLIA, Ricardo J., Sobre la deuda de valor, a mérito de los intereses, La Ley, 4 de septiembre de 2014, AÑO LXXVIII N° 166, pág. 5.

(4) LUTZKY, Leandro, Histórica devaluación del peso argentino: ¿Cuáles son las consecuencias?, RT, 15/06/2018, https://actualidad.rt.com/actualidad/275931-historica-devaluacion-peso-argentino-cuales.

(5) Para los trabajadores, la inflación en 2016 fue del 40,9 por ciento, la más alta de los últimos 25 años. Según el relevamiento de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la CGT y la CTA, «la inflación más alta de los últimos 25 años ‘golpeó’ con más inclemencia a los trabajadores de menores ingresos». PAGINA/12, Para los trabajadores, la inflación en 2016 fue del 40,9 por ciento, 09/01/2017, https://www.pagina12.com.ar/13340-para-los-trabajadores-la-inflacion-en-2016-fue-del-40-9-por-

(6) Steve Hanke, académico de la Universidad Johns Hopkins y una autoridad mundial en la materia, asegura que «por convención, la profesión económica acepta que existe hiperinflación cuando la tasa de inflación supera el 50% mensual». Ver:BBC MUNDO, ¿Qué es la hiperinflación y por qué es tan peligrosa?, 16/07/15, https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150713_economia_que_es_hiperinflacion_venezuela_lf

(7) Unidad de honorario profesional del abogado o procurador, que representa el dos por ciento (2%) de la remuneración total -deducidos los adicionales porcentuales particulares- asignada al cargo del Juez de Primera Instancia de Distrito de la Provincia de Santa Fe (art 31 ley 12.851 – Santa Fe)

(8) Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, Sala II, 18/02/2020, «Barrios Lidia Cristina C/ Lescano Juan Daniel y Otros S/ Cobro de Pesos»

(9) Ver: CSJSF, 27/02/20, «Esquivel, Juan Carlos C/ Experta ART S.A. -Cobro De Pesos S/ Recurso de Inconstitucionalidad»; 03/06/20, «Valle, Marcos Vicente C/ Qbe ART S.A. y Otros -Cobro de Pesos- S/ Queja por denegacion del recurso de inconstitucionalidad»

(10) El caso más conocido de esto es: CSJSF, 31/10/17, «Olivera Miguel Ángel c/ Supermercado San Jorge S.R.L. y otros»

(11) Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, Sala III, 21/04/2016, «Torres, Mabel C/ Farmacia del Águila y otro S/ Demanda Laboral»

(12) Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, Sala II, 28/02/2019, «Castro, Andrea Marcela y otros C/ Asociart ART S.A. S/ Cobro de Pesos»

(13) El texto del art 301 de la LCT era el siguiente: «Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo, demandados judicialmente, serán actualizados teniendo en cuenta la depreciación monetaria que se operara desde que cada suma es debida hasta el momento del efectivo pago.A tal fin los jueces, de oficio o a petición de parte, aplicarán los índices oficiales de incremento del costo de vida.».

(14) Esto último está planteado en el voto de la jueza Netri, con cita de las cortes nacional y provincial, en el precedente Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, Sala I, 17/03/2020, «Torres, Mabel C/ Farmacia del Águila y otro S/ Demanda Laboral»

(15) Cfr. Corte Suprema de Justicia de Santa Fe «Miailhe, Marcelo c/ POLIVERSAL S.R.L. -Cobro de Australes- s/ Recurso de Inconstitucionalidad» – N°426 – año 2005, A y S, T.216, págs.487/490

(16) Cfr. CSJN, 21/09/04, «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA»; 26/10/04, «Milone, Juan A. c/ Asociart SA ART»; 03/05/07, «Madorrán, Marta Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas»; 18/12/07, «Silva, Facundo Jesús c/ Unilever de Argentina SA»; 07/12/10, «Álvarez Maximiliano y otros c/ Cencosud SA»

(17) Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, Sala II, 23/05/2018, «Viña, Jorge C/ Galeno ART S.A. S/ Sentencia Accidente y/o enfermedad del trabajo» (18) Cfr CORNAGLIA, Ricardo J., Una falsa antinomia. Indexación versus intereses, DT 2003-A, 639

(19) Ver Corte Nacional, 03/05/1979, «Valdez, Julio Héctor c/ Cintioni, Alberto Daniel»

(*) Abogado Laboralista. Egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, por la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Docente Adscripto a la Cátedra Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Rosario (Resolución C.D. Nº 252/2021). Miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario desde el año 2009, encargado durante los años 2010 y 2011 de la sección jurisprudencia y comentarios de la revista de la Asociación: «La Causa Laboral», presidente años 2022/2023. Integrante de la fundamentación de la «Carta Sociolaboral Latinoamericana», documento de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Presidente de la Comisión de Seguimiento de la Reforma Laboral del Colegio de Abogados de Rosario (años 2016/2017). Presidente (años 2018, 2020 y 2021) y Vicepresidente (año 2019) del Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del Colegio de Abogados de Rosario. Conferencista y autor de artículos de doctrina en distintas publicaciones jurídicas. Como suele advertirse en estos casos, las manifestaciones de esta nota son de exclusiva responsabilidad del autor y para nada comprometen a los colectivos en los que participa.

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