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#Fallos El juez no violó el secreto: Puede publicarse en el CIJ la sentencia que no tiene acceso restringido

Partes: Imputado: V. F. I. M. s/ abuso de autoridad y viol. Deb. Func.publ. (art. 248) y violación de secretos. Denunciante: S. E. J.

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: B

Fecha: 10 de mayo de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137454-AR|MJJ137454|MJJ137454

La publicación en el CIJ de una sentencia dictada en una causa que no tenía acceso restringido no configura una violación de secretos del juez que la ordenó.

Sumario:
1.-Corresponde confirmar el sobreseimiento por el delito de violación de secretos respecto de quien como juez de una Cámara Federal de Apelaciones ordenó publicar en el CIJ una sentencia penal luego de producida su notificación, ya que una interpretación sistemática de las normas aplicables y de las disposiciones contenidas en el código de rito atinentes a la publicidad de las actuaciones, determina que los Jueces de segunda instancia están obligados a publicar sus resoluciones judiciales y administrativas, salvo que previamente se haya asentado en el Sistema Informático Lex 100 el carácter restringido o secreto del expediente, circunstancia ésta que no se verificó en el caso concreto.

2.-Los jueces de instrucción como directores del proceso son quienes tienen el cabal conocimiento de todas las circunstancias que rodean las investigaciones en curso y por lo tanto, a quienes les compete determinar o no el carácter restringido de las actuaciones en el Sistema Informático Lex 100.

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3.-Mal puede reprochársele a un juez de la Cámara Federal de Apelaciones haber cometido el delito de violación de secretos, en cumplimiento de una obligación legal de publicar en el CIJ la sentencia dictada en un incidente que no contenía ningún tipo de reserva o restricción (voto del Dr. Ávalos).

4.-Si arriban a la Cámara Federal de Apelaciones causas que el propio Juez instructor, en oportunidad de elevarlas omite calificarlas de secretas o restringidas, mal puede incurrir en un delito el juez que cumple el deber de publicar en el CIJ la sentencia recaída, siendo lógico pensar que el órgano instructor que sustancia una causa principal y sus incidentes cuenta con todos los elementos de juicio para resguardar la privacidad de las actuaciones, que en caso de difundirse, pudieran entorpecer una investigación (Del voto del Dr. Ávalos).

5.-Debe ser confirmado el sobreseimiento del juez de una Cámara Federal de Apelaciones por el delito de violación de secretos ya que su conducta de ordenar la publicación de una sentencia en el CIJ no estuvo direccionada a revelar un secreto, sino que obró tal como era la costumbre instalada en la práctica diaria de la Secretaría Penal de la Cámara, es decir, no quiso que la resolución que ordenaba publicar expusiera datos que no podían revelarse y que podrían frustrar una investigación en curso, ya actuó en el marco de un incidente suscitado por un conflicto de competencia entre dos juzgados, por lo cual bien pudo desconocer que en la causa principal aún había persona imputadas sin indagar y ninguna alerta en el sistema le indicó que era reservada, más allá de la norma general que prescribe el art. 204 del CPPN. (Del voto del Dr. Sánchez Torres).

6.-Es atípica la conducta del imputado que en su carácter de juez de una Cámara de Apelaciones ordenó la publicación de una sentencia en el CIJ, por cuanto si bien es cierto que la sentencia contenía datos que no podían darse a conocer, obró convencido de que tal publicación se hacía en cumplimiento de las Acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que regulan la cuestión, y de la misma forma en que se procedía de forma habitual al publicar las sentencias penales de la Cámara (Del voto del Dr. Sánchez Torres).

7.-Del art. 204 del CPPN. se desprende que, en principio, las causas penales deberán ser secretas para los extraños y que la publicación que se haga de ellas puede llegar a configurar el delito de violación de secretos, cuando tal publicidad se haga incumpliendo los preceptos legales (Del voto del Dr. Sánchez Torres).

8.-Para que se configure el delito de violación de secretos es necesario que exista una ley que determine que dichas actuaciones no pueden revelarse y, además, tratándose de un delito doloso, de pura actividad, requiere conocer el carácter secreto del objeto y la voluntad de revelarlo a terceras personas que no se encuentran autorizadas a conocer tal secreto (Del voto del Dr. Sánchez Torres).

Fallo:
Estos autos: «IMPUTADO: VELÉZ F., I. M. s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL. (ART.248) y VIOLACION DE SECRETOS DENUNCIANTE: S., E. JOSE» Expte. N° FCB 6727/2021/CA2, venidos a conocimiento de la Sala B del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba, en contra de la resolución dictada con fecha 10.3.2022 por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, en cuanto dispuso: «RESUELVO: I – ORDENAR EL SOBRESEIMIENTO de I. M. V. F., ya filiado, por el delito de Violación de Secretos, prevista y penada por el Art. 157 de nuestro Código Penal, haciendo expresa mención de que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubiera gozado el imputado (conf. Art. 336 inc. 3 del C.P.P.N.).» Y CONSIDERANDO:

I.- Llega el presente a esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto en contra de lo resuelto por el señor Juez de Primera Instancia cuya parte resolutiva fuera precedentemente transcripta.

II.- En las presentes actuaciones, el Magistrado instructor dispuso sobreseer a I. M. V. F. en orden al delito de Violación de Secretos, previsto y penado por el Art. 157 del Código Penal (conf. Art. 336 inc. 3 del C.P.P.N.).

Entiende el Juez que I. M. V. F. no actuó conforme a la ley cuando ordenó publicar la sentencia en cuanto reveló un secreto a terceros ajenos al mismo.

Apunta que la configuración del delito de violación de secretos requiere dolo directo, exige que quien actúe divulgando un secreto tenga la intención clara y direccionada de hacerlo, y esto incluye la voluntad de transmitirlo a sabiendas del carácter secreto.

Advierte que en el caso concreto, V. F.ha entendido su accionar como ajustado a derecho, lo que desplaza el dolo, desde que el mismo, según la figura penal, requiere que conozca el secreto y tenga la intención de revelarlo, es decir que conozca el ilícito y actúe con la intención de cometer el acto punible.

Asimismo, formula una breve reseña de resoluciones publicadas en el CIJ por parte de esta Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, demuestra que el hecho que dio origen a las presentes actuaciones no es único ni aislado, circunstancia que a su criterio refuerza la hipótesis de falta de dolo del imputado.

III.- Con fecha 15.3.2022, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de apelación en contra de la resolución antes mencionada.

Cuestiona que para concluir que el imputado no actuó con dolo, el Juez incorpore una exigencia adicional que -a su criterio- el tipo no requiere, que es actuar «a sabiendas».

Apunta que el conocimiento de la antijuridicidad de la conducta no se corresponde con las posiciones doctrinarias actuales.

Alega que V. F. obró con el dolo directo que requiere el artículo 157 del C.P., redactó una resolución que contenía datos secretos y ordenó expresamente que se publique.

Refiere que surge clara su intención de revelar públicamente los secretos que allí contenían. Incluso el mismo imputado confesó haberlo hecho creyéndose justificado por un reglamento y, evidentemente, sin tener en cuenta lo que dice la ley procesal penal federal (art. 204) que indica lo contrario.

Argumenta que el imputado actuó con dolo porque conocía todas las circunstancias que constituyen el tipo objetivo.Explica que de acuerdo a la teoría de la representación, para que haya dolo sólo se necesita conocimiento y no es necesario que el sujeto quiera el resultado típico; en cambio en la teoría de la voluntad, se considera como elementos necesarios para que exista el dolo tanto el conocimiento como la voluntad, es decir debe querer el resultado.

Advierte que aun adoptando la teoría de la voluntad, es claro que el encartado tuvo el conocimiento de todos los extremos de la resolución que publicaba y la voluntad de hacerlo.

Señala que en todo caso, podríamos estar frente un error de prohibición vencible que podría hacer valer, hipotéticamente, en un juicio oral y público a los fines de determinar la reprochabilidad de su conducta.

IV.- Ya ante esta instancia, con fecha 28.4.2022, el Fiscal General ante esta Alzada expresó en forma oral los agravios que fundamentan el recurso de apelación interpuesto, en los términos del art. 454 del C.P.P.N., a los cuales se remite por cuestiones de brevedad.

V.- Sentadas así las posturas asumidas por las partes, corresponde introducirse propiamente en el tratamiento de la apelación deducida de acuerdo al sorteo de votación realizado en autos.

La señora Juez de Cámara, doctora Liliana Navarro dijo:

I.- Conforme los agravios expresados por la parte recurrente, el Tribunal debe analizar la situación procesal de I. M. V. F.

En orden a ello, corresponde traer a colación el hecho endilgado según ha sido descripto en la resolución objeto de recurso: «Con fecha 23 de octubre de 2020, I. M. V.F., actuando en su carácter de Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad, y valiéndose de un funcionario a su cargo, habría violado los deberes y obligaciones que le son propios por su condición de Magistrado, al haber hecho publicar, intencionalmente en el Centro de Información Judicial – sitio web de público acceso – la resolución por él dictada en la sala unipersonal con fecha 22/10/2020 en el marco del Expte. FCB 70949/2018/3/CA1, en la cual se consignaban los datos personales (nombre, apellido, número de dni, domicilio, etc) de Gabriel Agustín Céspedes respecto de quien había una investigación penal en curso por parte de la Fiscalía Federal n°1 de esta ciudad, y en relación a quien se había solicitado, entre otras medidas, el allanamiento de sus propiedades, permitiendo de esta manera que Céspedes pudiera conocer que en la Justicia Federal había una pesquisa que lo involucraba y que la misma se vea frustrada.» Por ese hecho, el nombrado fue imputado como presunto autor del delito de violación de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de violación de secreto (arts. 45, 54, 157 y 248 del C.P.).

En la resolución impugnada, el Juez interviniente interpretó que entre la violación de secretos (art. 157 del C.P.) y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos (art. 248 del C.P.) existe un concurso aparente de leyes.

Arguyó que la violación de secretos se subsume como especie derivada del género del incumplimiento de los deberes de funcionario público, por lo que en definitiva, la conducta por la cual se acusa al imputado debe ser encuadrada exclusivamente como Violación de Secretos, figura prevista y penada por el Art. 157 de nuestro Código Penal.

El Instructor valoró que el hecho investigado no encuadra en la figura penal mencionada ya que si bien I. M. V. F.no habría actuado conforme a la ley cuando ordenó publicar la sentencia en cuestión, en rigor no lo hizo con el dolo directo requerido por la misma.

Por su parte el Ministerio Público Fiscal considera que el hecho endilgado no sólo encuadra en la figura de mención, sino que también se encuentra configurada la subjetividad requerida para el tipo penal.

Sin embargo, un examen de las constancias de la causa me conduce a disentir con dichos entendimientos. Doy razones: a) En primer término, cabe tener presente la normativa vigente que determina el deber de las Cámaras Federales de Apelación o Tribunales de segunda instancia a publicar sus resoluciones y que, en definitiva, justificó el proceder de I. M. V. F. en su calidad de Juez de Cámara.

La ley 26.856 en su art. 1 expresamente prevé: «A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales de segunda instancia que integran el Poder Judicial de la Nación deberán publicar íntegramente todas las acordadas y resoluciones que dicten, el mismo día de su dictado. Las sentencias deberán ser publicadas una vez notificadas a todas las partes».

Asimismo, el art. 3 de dicha norma determina el soporte en que se publicaran dichos resolutorios, lo cual posteriormente dio lugar al Centro de Información Judicial (CIJ): «Las publicaciones precedentemente dispuestas se realizarán a través de un diario judicial en formato digital que será accesible al público, en forma gratuita, por medio de la página de internet de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resguardando el derecho a la intimidad, a la dignidad y al honor de las personas, y en especial los derechos de los trabajadores y los derechos de los niños, niñas y adolescentes.» Resulta trascedente remarcar que lo dispuesto a partir de la mencionada ley es una derivación directa del art.1 de la CN respecto del principio republicano de gobierno y la publicidad de los actos de dicha naturaleza, circunstancia que determina la jerarquía de la norma en cuestión.

Por otro lado, concuerdo con lo expresado con la Defensora Pública Oficial en oportunidad de informar en los términos del art. 454 ante esta Alzada, en cuanto afirmó que ha sido el propio legislador el que ha valorado y decidido qué resoluciones deben ser publicadas y cuáles no, al establecer un deber general para los tribunales comprendidos en dicha disposición.

Cabe hacer referencia también a la Reglamentación de la Ley 26.856 (Decreto 894/2013), en cuanto determina los aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar dichas publicaciones: » ARTÍCULO 4: En lo que concierne al resguardo del derecho a la intimidad, a la dignidad y al honor de las personas, la Autoridad consignada en el artículo 3° de la ley que se reglamenta debe tomar las medidas tendientes a que la publicación aludida preserve los datos sensibles correspondientes a las partes, a terceros o a cualquier otra persona que pudiera resultar perjudicada por la indebida difusión de los mismos, en función de lo dispuesto en la Ley No 25.326 de protección integral de los datos personales .».

Como vemos, aquí se prevén los límites o precauciones que deben adoptarse al momento de publicar datos sensibles en las sentencias, acordadas o resoluciones.

La mención de la Ley 25.326 de p rotección integral de datos personales aquí resulta determinante ya que la misma define a los datos sensibles como aquellos que «revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.» Seguidamente corresponde traer a colación las Acordadas N° 14/2013, 15/2013, 24/2013 y 6/2014 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La primera de ellas dispuso la obligatoriedad del uso del Sistema Informático Lex 100 en todos los fueros y dependencias del PoderJudicial de la Nación, extremo considero que resulta fundamental para entender la solución que se propiciará en la presente.

Sin perjuicio de ser una disposición de menor jerarquía que el CPPN, la realidad es que a partir de allí todo lo previsto por éste último necesariamente debe verse reflejado en el sistema de mención.

Dicha circunstancia, determina la necesidad de conjugar y compatibilizar la naturaleza estática del código de rito y la dinámica del Sistema Informático Lex 100, no pudiendo comprenderse a uno separado del otro en el desarrollo del proceso penal.

La Acordada 15/2013 determinó que las Cámaras Nacionales, Federales y los Tribunales Orales, deban publicar todas las sentencias, acordadas y resoluciones administrativas que suscriban, a través del Centro de Información Judicial.

Mediante la Acordada 24/2013 se dispuso la creación del «Protocolo de registro de sentencias, acordadas y resoluciones administrativas», estableciendo que las cámaras nacionales y federales y los tribunales orales deberán registrar allí, a través de los sistemas respectivos, la totalidad de sentencias, acordadas y resoluciones administrativas que suscriban.

A través de la acordada 6/2014 se dispuso la implementación del sistema de protocolización de sentencias e interlocutorios en un libro único con el objetivo de permitir una búsqueda estandarizada en todas las jurisdicciones del Poder Judicial de la Nación y facilitar la publicación.

A continuación cabe hacer mención a los Acuerdos 225/2010, 145/2013 y 19/2014 dictados por esta Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

A partir del Acuerdo 225/2010 se fijaron requisitos a tener en cuenta a la hora de publicar en los medios de comunicación masivos las resoluciones dictadas en las diferentes causas en trámite por ante esta Jurisdicción, a los fines de preservar debidamente el derecho a la intimidad de las partes intervinientes.

De ese modo, se determinó que se deberá identificar a los intervinientes de las causas con iniciales, sin realizar una descripción o caracterización que permita individualizarlos; controlando que en ningún punto de la publicaciónaparezca el nombre completo de las partes cuya intimidad se intente preservar, en los casos que se difundan fallos en los que se encuentren involucradas cuestiones relativas a: menores, amparo por salud referido a: HIV, cinturón gástrico, células madre, tratamientos oncológicos, disfunciones neurológicas, fertilidad; por trata de personas, tenencia de drogas para consumo personal o cuando el tema de la causa pueda afectar la esfera de intimidad de las personas o derechos personalísimos.

Mediante el Acuerdo 145/2013 se determinó que la Oficina de Prensa de esta Cámara Federal de Apelaciones será la encargada de dar cumplimiento a la Acordada N° 15/2013 de la CSJN, y que a los fines de su instrumentación se ordenó la habilitación de una carpeta por cada Secretaría de este Tribunal.

Asimismo, se dispuso que una vez notificadas las partes, cada Secretaría deberá cargar en la respectiva carpeta las sentencias y/o Acuerdos o Resoluciones de superintendencia, con lo cual quedarán a partir de ese momento a disposición de la Oficina de Prensa para su publicación.

Todo ello, resguardándose en su difusión los derechos personalísimos de las partes en relación a los datos protegidos que pudieran contener los pronunciamientos.

Por último, cabe traer a colación el Acuerdo 19/2014 dictado por este Tribunal mediante el cual resolvió instruir a las distintas Secretarías de esta Alzada, como a los demás Tribunales Inferiores de la Jurisdicción, que deberán tomar los recaudos pertinentes que el Sistema Lex 100 ofrece para restringir el acceso público de consulta a implementarse desde el 5.3.2014, respecto a todas aquellas causas en que los derechos personalísimos de las partes o terceros en el proceso, pudieran resultar afectados por la difusión de datos protegidos.

Del repaso normativo precedentemente formulado, se advierte la existencia de un deber ineludible de la CSJN y las Cámaras Federales de Apelación (como así también de los demás Tribunales de Segunda Instancia) de publicar sus resoluciones dictadas en su ámbito judicial y administrativo pero no de manera indiscriminadasino con el resguardo de las excepciones taxativamente allí consignadas.

Lo mencionado no implica desconocer el alcance de lo dispuesto por el art. 204 del CPPN respecto al carácter de las actuaciones sino que pone de manifiesto la necesidad de que los operadores judiciales extremen sus cuidados a la hora de operar en el Sistema Informático Lex 100 y asentar información en el marco de las causas penales.

Ello a fin de evitar desencuentros entre lo normado en el código de rito y las normas aludidas precedentemente que regulan en forma específica la publicidad de las resoluciones y el uso del mencionado sistema, circunstancia que en mi criterio devino en el inicio de estas actuaciones.

b) Dicho ello, cabe adentrarse en el repaso de las circunstancias que rodearon al hecho endilgado en los presentes.

Tal como surge del acta de fecha 28.4.2022 correspondiente a la audiencia del art. 454 celebrada ante esta Alzada, el acceso a los autos caratulados «LAFUENTE SIVILOTTI, Matías Gonzalo y otros por asociación ilícita, alteración dolosa de registros.» (Expte. FCB 70949/2018) – autos principales del incidente que resolvió el Juez de Cámara V. F. y que motivó la denuncia en su contra- se encontraban restringidos entre los días 18.9.2020 y 24.11.2020.

Asimismo, en la misma acta consta que el acceso a los autos «Incidente N° 3 – NN: N.N. Sobre averiguación de delito (Criminalidad Económica COIRON 23555/2018) s/Incidente de Inhibitoria» (Expte. N° FCB 70949/2018/3/CA1) no se encontraba restringido, los cuales que fueron formados por el Juzgado Federal N° 3 y elevados a esta Alzada entre los días 23.9.2020 y el 23.10.2020 a fin de dirimir el conflicto de competencia existente entre aquel y el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba (fs.134).

La circunstancia de que no se encontrara en carácter de restringido resulta determinante ya que los operadores judiciales son advertidos con un alerta en color rojo respecto de dicha situación a fin de que extremen sus cuidados a la hora de publicar o asentar actuaciones en las causas, todo ello con motivo del estado en que se encuentre el sumario y la necesidad de mantener el secreto el mismo.

Una interpretación sistemática de las normas aludidas precedentemente y las disposiciones contenidas en el código de rito atinentes a la publicidad de las actuaciones, determina que los Jueces de segunda instancia están obligados a publicar sus resoluciones judiciales y administrativas, salvo que previamente se haya asentado en el Sistema Informático Lex 100 el carácter restringido o secreto del expediente, circunstancia ésta que no se verificó en el «Incidente N° 3 NN sobre averiguación de delito (Criminalidad Económica COIRON 23555/2018) s/Incidente de Inhibitoria» (Expte. N° FCB 70949/2018/3/CA1, al ser elevado a esta Alzada con fecha 23.9.2020.

De ese modo, se procedió a la publicación de la resolución en cuestión por medio del CIJ luego de notificada la misma como rutinariamente se hace con todas las causas en dichas condiciones, sin que se advierta una directiva específica o una conducta adrede de I. M. V. F. de dar a conocer la misma a través dicho medio, como sostiene el Ministerio Público Fiscal.

En consecuencia, considero que el hecho endilgado no encuadra en una figura penal, ya que no surge transgresión legal alguna.

No debe soslayarse que la etapa recursiva es una etapa circunstancial del proceso penal y es precisamente dicha naturaleza lo que delimita los alcances de la competencia y el conocimiento que los tribunales de alzada tienen sobre las causas que llegan a su decisión.

En oportunidad de resolver el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba y el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba -en donde I. M. V. F.dictó la resolución que motivó la denuncia penal origen de los presentes actuados-, este magistrado se limitó -acertadamente- a valorar en forma exclusiva aquellas constancias que integraban el incidente y que resultaban estrictamente pertinentes para poner fin al asunto en debate.

Los jueces de instrucción en su calidad de directores del proceso son los que tienen el cabal conocimiento de todas las circunstancias que rodean las investigaciones en curso y por lo tanto, son ellos a quienes les compete determinar o no el carácter restringido de las actuaciones en el Sistema Informático Lex 100.

Ahora bien, con respecto a lo expresado por el Fiscal General ante esta Alzada en cuanto afirmó que la investigación aún no estaba concluida, cabe advertir que la medida que resta diligenciarse -según lo señalado por el propio representante del Ministerio Público Fiscal y por el Ministerio Público de la Defensa- consiste en un oficio librado a M. Bourdin en su calidad de Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que informe si cuenta entre los registros del sitio CIJ con los datos completos de quien originara el documento de la resolución dictada con fecha 22.10.2020 por I. M. V. F. en su calidad de Juez de Cámara, y en caso afirmativo, que informe el día y hora en que la misma fue publicada.

En mérito de los argumentos vertidos por las partes en la audiencia del art. 454 del CPPN celebrada ante esta Alzada, advierto que dicho dato no resulta trascedente a fin de resolver la situación procesal del nombrado, razón por la cual es dable afirmar que la instrucción se encuentra concluida.

En consecuencia considero que I. M. V. F.no ha cometido ilícito alguno al ordenar la publicación de la resolución de fecha 22.10.2020 ya que dicho proceder no encuadra en una figura penal ni transgrede ninguna norma que torne dicha conducta merecedora de un reproche de dicha naturaleza.

Muy por el contrario, advierto que el nombrado se limitó a dar cumplimiento a la normativa vigente que rige la publicidad de las resoluciones judiciales.

En razón de ello, corresponde confirmar el sobreseimiento de I. M. V. F. en orden al delito de Violación de Secretos (art. 157 del CP) de conformidad a lo dispuesto por el art. 336 inc. 3 del C.P.P.N. c) Por último, debo decir que llama poderosamente la atención de la Suscripta las circunstancias que rodearon la génesis de las presentes actuaciones.

En primer término encuentro llamativa la convocatoria realizada por el Fiscal Federal Carlos Casas Noblega al señor Secretario Facundo Troncoso a fin de que preste declaración testimonial, sin explicitar fundamento alguno (fs. 17).

Nótese al respecto que en la promoción de acción penal el referido fiscal se limitó a destacar la experiencia de dicho funcionario judicial para justificar la consideración de su testimonio.

A su vez, si reparamos en el esencia de las preguntas que le fueron formuladas en ocasión de receptarle declaración testimonial, a mi criterio bastaba con requerir informe al Juzgado Federal N° 1 de Córdoba o a la Fiscalía Federal interviniente fin de que proporcione los datos de carácter objetivo que se pretendían incorporar a la investigación (fs.38/39).

Sin embargo, el deponente no se limitó a brindar dicha información y se excedió del objeto de las preguntas formuladas, exponiendo diversas apreciaciones -en mi opinión- en forma tendenciosa y con un claro sesgo acusador.

En tal sentido, encuentro sugestivo que en el requerimiento de instrucción, el Fiscal Federal base su imputación en dichas expresiones de naturaleza subjetiva brindadas por el señor Secretario en oportunidad de prestar declaración testimonial.

Bien es sabido que el testigo aporta todos aquellos datos objetivos que llegaron a su conocimiento a través de sus sentidos y con respecto al contenido de su declaración, se tiene dicho que «No es testimonio propio, (.) todo dicho que consiste en apreciaciones de tipo subjetivo (.). Se trata en realidad de una exclusión de los juicios que no sean inherentes e inseparables de las impresiones sensoriales del deponente. La exigencia del hecho determinado implica la concretización del dicho a lo realmente percibido, evitándose manifestaciones generalizantes acerca de lo que pudo ocurrir o sólo fundadas en presunciones del testigo.» (CLARIÁ OLMEDO, Jorge A. «Tratado de Derecho Procesal Penal – 1° ed.- Sta. Fe: Rubinzal-Culzoni, 2009, p. 80).

Nótese al respecto que el mencionado deponente – quien supuestamente no conocía el pliego de preguntas que se le iban a formular-, en oportunidad de responder las mismas exhibió copia del acta de allanamiento llevado a cabo en el domicilio del imputado Céspedes y una copia de una resolución dictada por esta Cámara Federal de Apelaciones, y a partir de dichas constancias elaboró una serie de conjeturas y especulaciones cargadas de subjetividad y huérfanas de respaldo en la realidad, en desmedro de la situación procesal de I. M. V.F.

A criterio de la Suscripta, el proceder del mencionado Secretario y del Fiscal Federal interviniente en los presentes actuados, son circunstancias que no se deben pasar por alto dada la trascendencia institucional que las mismas revisten.

Encuentro por de más precipitada la decisión del fiscal de llevar adelante una imputación tan endeble e inconsistente, sustentada en afirmaciones subjetivas de un Fedatario y exiguas constancias documentales, en contra de un Magistrado de la Nación que se encontraba a cargo de la Presidencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y de la Junta Electoral, con el descrédito que ello implica de la institución que dicho Juez de Cámara representa y a la cual la sociedad acude en pos de obtener una solución justa de los conflictos cuya solución le son encomendados constitucionalmente.

La Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación, consagra una serie de principios funcionales que los miembros de dicho organismo deben respetar en el ejercicio de sus funciones.

Entre ellos se destaca el principio de Objetividad el cual requiere la aplicación justa de la ley, procurando el resguardo equilibrado de todos los valores y principios jurídicos vigentes y el ejercicio racional y ponderado del poder penal del Estado.

Al respecto, estimo oportuno traer a colación las conclusiones arribadas en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito -Tratamiento del Delincuente- entre las cuales se estableció «que los fiscales (.) protegerán el interés público, actuarán con objetividad [25], tendrán debidamente en cuenta la situación del sospechoso y de la víctima, y prestarán atención a todas las circunstancias pertinentes, prescindiendo de que sean ventajosas o desventajosas para el sospechoso. También se estableció que los fiscales no iniciarán ni continuarán un procedimiento, o bien, harán todo lo posible por interrumpirlo cuando una investigación imparcial demuestre que la acusación es infundada.» (ALFARO, Vanesa.»EL CRITERIO DE OBJETIVIDAD COMO EXIGENCIA A LA ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL» REVISTA DERECHO PROCESAL PENAL, Rubinzal Culzoni, Año 2008, N° 2, Pag. 361).

Teniendo ello en cuenta y del repaso precedentemente formulado de las circunstancias acaecidas en los presentes, advierto que la conducta asumida por el Fiscal Federal interviniente entra en crisis con dichos lineamientos.

II.- En definitiva, soy de la opinión que debe confirmarse la resolución dictada con fecha 10.3.2022 por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, en cuanto dispuso sobreseer a I. M. V. F. en orden al delito de Violación de Secretos (art. 157 del CP) de conformidad a lo dispuesto por el art. 336 inc. 3 del C.P.P.N., haciendo expresa mención de que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubiera gozado. Sin Costas (art. 530 y 531 del CPPN). Así voto.

El señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sánchez Torres, dijo:

I. En primer lugar, en cuanto al análisis de la resolución objeto de apelación; a los agravios expuestos por el Sr. Fiscal de primera instancia al momento de interponer el recurso, los que posteriormente fueron fundamentados por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara; y en cuanto a lo manifestado por la Sra. Defensora Oficial en representación del imputado, al momento de informar de forma oral en la oportunidad prevista en el art. 454 del CPPN, me remito a la relación de causa efectuada en esta sentencia, a los fines de evitar reiteraciones innecesarias.

II. Tal como fue planteada la cuestión objeto de recurso, corresponde analizar si le asiste razón al Sr. Fiscal General de Cámara en orden a los agravios invocados o si, por el contrario, la resolución de primera instancia que dispuso el sobreseimiento de I. M. V. F. debe ser confirmada.

Para comenzar, corresponde señalar que conforme el requerimiento de instrucción, se le imputa a V. F. el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art.248 del CP) en concurso ideal con el delito de violación de secretos (art. 157 del CP), en calidad de autor. Al momento de resolver, el a quo entendió que entre ambas normas existe un concurso aparente de leyes y que la violación de secretos es una especie derivada del género del incumplimiento de los deberes de funcionario público, por lo que la conducta por la que se acusa al imputado debe ser exclusivamente encuadrada en el delito de violación de secretos.

III. Dicho ello, cabe señalar que ese punto de la resolución (en cuanto dispuso encuadrar la conducta de V. F. exclusivamente en el delito de violación de secretos) no ha sido apelado por el Ministerio Público Fiscal de primera instancia ni cuestionado por el Fiscal General ante esta Cámara a la hora de efectuar su informe del art. 454 del CPPN en audiencia oral, por lo que no corresponde entrar a su tratamiento y, por ende, sólo se efectuará el análisis sobre el delito de violación de secretos.

IV. La figura penal imputada, prevista en el art. 157 del Código Penal, establece: «Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial de un a cuatro años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos.» Todo ello, debe ser analizado en función de lo previsto en el art. 204 del CPPN, el cual establece: «Carácter de las actuaciones: El sumario será público para las partes y sus defensores, que lo podrán examinar después de la indagatoria, dejando a salvo el derecho establecido en el segundo párrafo del art. 106. Pero el juez podrá ordenar el secreto por resolución fundada siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad, exceptuándose los actos definitivos e irreproducibles, que nunca serán secretos para aquéllos.La reserva no podrá durar más de diez días y será decretada sólo una vez, a menos que la gravedad del hecho o la dificultad de la investigación exijan que aquella sea prolongada hasta pro otro tanto. No obstante, podrá decretarse nuevamente si aparecieren otros imputados. El sumario será siempre secreto para los extraños.»(el resaltado pertenece al suscripto).

De esta norma se desprende que, en principio, las causas penales deberán ser secretas para los extraños y que la publicación que se haga de ellas puede llegar a configurar el delito de violación de secretos, cuando tal publicidad no se haga incumpliendo los preceptos legales.

En relación al delito previsto en el art. 157 del C.P., éste consiste en revelar el secreto, comunicándolo a cualquier persona que no sea de las que están obligadas a guardarlo y entre los secretos que pueden revelarse se incluyen a las actuaciones tales como resoluciones o diligencias dispuestas o realizadas por la autoridad (conf. Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado, Alessio, Andres J. (Dir.), 2da Ed., Bs. As., La Ley, 2011, pág. 544 y sig.).

Se señala que con esta figura penal se busca la protección de hechos, actuaciones o documentos que por disposición legal deben permanecer secretos, sancionando al funcionario público que los revele, dé a conocer, descubra o ponga en conocimiento público (conf. Grisetti, Ricardo A. y Romero Villanueva, Horacio, Código Penal de la Nación comentado y anotado: parte especial, 1ra ed., Bs. As., La Ley, 2019, pág. 159 y sig.).

Es necesario, para que se configure el delito, que exista una ley que determine que dichas actuaciones no pueden revelarse.

Además, tratándose de un delito doloso, de pura actividad, requiere conocer el carácter secreto del objeto y la voluntad de revelarlo a terceras personas que no se encuentran autorizadas a conocer tal secreto.El tipo penal del delito de violación de secretos requiere, como elemento subjetivo del tipo, dolo directo del autor (en tal sentido, Donna, Edgardo, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo II-A, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2011, pág. 377; Aboso, Gustavo Eduardo, Código Penal de la República Argentina, Comentado, concordado con jurisprudencia, 2da ed., B de F, 2014, pág. 779; Baigún y Zaffaroni (Dir.),Código Penal y normas complementarias, Análisis doctrinal y jurisprudencial, 1ra Ed., Bs.As., Hammurabi, 2008, pág. 802).

Esta figura no admite dolo eventual y basta la revelación del secreto para tener por consumado el delito, sin que sea necesario que la misma produzca alguna lesión (en tal sentido, Aboso, ob. cit., pág. 780).

V. Analizada así la normativa aplicable, corresponde señalar que los hechos atribuidos en el Requerimiento Fiscal, en su materialidad fáctica, han sido reconocidos por el imputado en su declaración obrante a fs. 128/132 de autos. En esa oportunidad, V. F. señaló «La Cámara Federal de Apelaciones a través de la resolución del suscripto del 22 de octubre de 2020 dispuso como es habitual y por orden legal la publicación de la misma y cuya materialización se hace inmediatamente de protocolizada y notificada la resolución, toda vez que como es de práctica común la manda judicial indica en esa o en todas las resoluciones ‘Regístrese y hágase saber.Cumplimentado, publíquese y bajen’.» Es decir, tal como surge de su declaración indagatoria, el imputado afirmó que dispuso la publicación de la resolución del 22.10.2020, por lo que, reitero, la materialidad fáctica de los hechos no se encuentra controvertida en autos.

Corresponde entonces, analizar si el obrar realizado por el imputado encuadra en la figura penal que se le atribuye y, en su caso, si existe alguna causal que excluya la culpabilidad de su accionar, toda vez que al declarar, el imputado negó «haber hecho publicar intencionalmente la sentencia para que alguien o varios pudieran conocer la existencia de una investigación en contra de sus personas» (fs. 128/132) Habiendo analizado en párrafos precedentes cuál es el delito que se le imputa (violación de secretos, art. 157 del C.P.); los elementos típicos que se requieren para su configuración y los elementos reconocidos en la causa, entiendo que el sobreseimiento dispuesto en favor de V. F. debe ser confirmado. Doy razones.

Si bien es cierto que V. F. ordenó publicar la sentencia del 22 de octubre de 2020, la cual contenía datos que no podían darse a conocer, obró convencido de que tal publicación se hacía en cumplimiento de las Acordadas de la Corte Suprema que regulan la cuestión, y de la misma forma en que se procedía de forma habitual al publicar las sentencias penales de esta Cámara.

Avala lo dicho el testimonio del Secretario Penal de esta Alzada, Dr. Mario Olmedo, quien al momento de prestar declaración testimonial ante el a quo, señaló que se publican todas las sentencias de la Cámara en el CIJ (Centro de Información Judicial). Conforme lo señaló el testigo «a partir de que se conoció mediáticamente la formación de la presente causa se generaron dudas sobre si correspondían publicar todas las resoluciones.De hecho, los empleados consultan si la publicación se puede realizar en cada caso concreto o no». El mismo testigo afirmó que todas las resoluciones de la Cámara contienen la instrucción «Publíquese» y en cuanto al procedimiento que se sigue para publicar las sentencias en el CIJ, detalló que «las resoluciones se protocolizan, se notifican a las partes, y luego de ello, presionando un botón, se publican en el C.I.J.». Luego aclaró que incluso antes de la formación de la presente causa, se tenía en cuenta a los fines de la publicación, si la causa venía con el carácter de secreto o restringido del sistema Lex100 y si contenía datos vinculados a los derechos personalísimos de los intervinientes (fs. 287/vta.).

De lo expuesto se concluye que si bien el imputado ordenó publicar la sentencia del 22.10.2020, conforme él mismo ha reconocido en su declaración indagatoria, su accionar no fue doloso, ya que su conducta no estuvo direccionada a revelar un secreto, sino que obró tal como era la costumbre instalada en la práctica diaria de la Secretaría Penal de la Cámara. No quiso que la resolución que ordenaba publicar expusiera datos que no podían revelarse y que podrían frustrar una investigación en curso, ya que su actuación fue en el marco de un incidente suscitado por un conflicto de competencia entre el Juez Federal N°1 y el Juez Federal N°3 de esta ciudad.

Adviértase que V. F. debía resolver en un incidente de inhibitoria, por lo cual bien pudo desconocer que en la causa principal aún había personas imputadas sin indagar. Debe resaltarse que ninguna alerta en el sistema le indicó que la causa era reservada, más allá de la norma general que prescribe el art. 204 del CPPN. Así las cosas, las constancias de la causa me permiten afirmar que el imputado V. F. obro sin el dolo directo requerido por la figura penal que se le atribuye, esto es la violación de secretos (art.157 del C.P.), por lo que su sobreseimiento debe ser confirmado.

Jurisprudencialmente se ha admitido la aplicación del error de tipo cuando el autor no sabía que el documento presentado en un proceso debía permanecer en secreto y tampoco fue admitido por su consejero jurídico (CNFed.Crim. y Correc., Sala II, «Slamovits, H.», del 21.03.1991).

VI. Precisada así la figura penal atribuida al encartado, corresponde señalar que el dolo, como elemento subjetivo del tipo, es definido por la doctrina tradicional clásica, como saber y querer (conocimiento y voluntad) de todas las circunstancias del tipo legal. Se sostiene que la realización del plan constituye la esencia del dolo: «un resultado ha de considerarse dolosamente producido cuando y porque se corresponde con el plan del sujeto en una valoración objetiva» (en tal sentido, Roxin, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, traducción de la 2da. ed. alemana, Thomson Reuters, Bs. As., 2015, pág. 415 y sig.).

Es la determinación de la voluntad hacia el delito e implica una resolución delictuosa, que exige que el autor comprenda la criminalidad de su acto y que dirija su acción. (Nuñez, Ricardo, Derecho Penal Argentino, Parte General II, Ed. Bibliográfica Argentina, Bs.As., 1960, pág. 48).

Ambos elementos, conocimiento y voluntad, son necesarios para tener por configurado el dolo, si bien la medida o grado de cada uno de ellos puede variar en función del tipo de dolo de que se trate (dolo directo, indirecto o eventual). Es decir, para que haya dolo, no alcanza con el conocimiento, sino que además debe haber voluntad de realizar la conducta y, en su caso, de causar el resultado típico.

Para diferenciar el elemento volitivo (voluntad, querer) de un simple deseo, la doctrina lo explica diciendo: «En la voluntad el sujeto quiere el resultado típico como consecuencia de su propia acción (se exige una dominabilidad), cosa que no sucede con el mero deseo» (conf. Donna, Edgardo, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo II, 1ra Ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, pág.544 y 545).

La doctrina más moderna refiere que basta la representación del tipo objetivo para que pueda darse la voluntad o el querer, desde que no se quiere lo que no se representa.

Dicho ello, y luego de haber precisado el concepto de dolo, es necesario remarcar que la figura imputada a V. F. requiere que el autor del delito obre con dolo directo, lo cual implica decir que quiera la realización de los elementos objetivos del tipo como meta o fin de su acción. En el dolo directo se pueden individualizar perfectamente el conocimiento o representación del tipo y la voluntad de su realización. «El autor conoce, es decir, es consciente de los elementos objetivos del tipo penal concreto y, sobre todo, actúa con la voluntad de su realización,.es decir, decisión, permanencia y consumación del hecho típico. El elemento volitivo del dolo se encuentra bien visible en el dolo directo, pues es claro que existe un verdadero «querer» a través del manejo causal.» (Donna, ob. cit., pág. 566 y sig.).

Para tener por configurado el dolo directo tiene advertirse de forma clara que el autor dirigió intencionalmente su accionar hacia el delito, siendo aquello lo que se propuso o pretendía (en tal sentido, Nuñez, ob.cit., pág. 57, el resaltado es propio).

Ahora bien, la doctrina admite que el error de tipo, excluye el dolo de la conducta y, por ende, en el caso que nos ocupa, el accionar deviene atípico.

Para precisar qué se entiende por error de tipo, podemos decir que aquel se configura cuando equivocadamente se supone que no concurre un elemento del hecho, no sabe que realiza un tipo penal. Se puede decir que hay una discrepancia entre su idea o representaci ón y lo que efectivamente sucede, por lo cual no tiene la representación del delito requerido para tener con configurado el dolo. Quien no tiene la representación del delito, no puede querer su realización, y en el caso de autos se cognitivo objetivo llevada a cabo por el imputado V. F.observa que falta el elemento representación o del tipo objetivo (representación del tipo y la decisión de realizarlo) en la conducta VII. Por todo lo expuesto, entiendo que la resolución dictada por el Juzgado Federal N°3 de Córdoba con fecha 10.03.2022, en cuanto dispuso el sobreseimiento de I. M. V. F. por el delito de violación de secretos (art. 157 del C.P.), debe ser confirmada, por atipicidad, en razón de los argumentos que doy en el presente. Sin costas (art. 530 y 531 del CPPN). Así voto. El señor Juez de Cámara, doctor Eduardo Avalos, dijo:

I.- Que analizada la presente causa, y luego de escuchar a las partes tras la audiencia que tuviere lugar el pasado 28 de abril del corriente año, coincido con la señora Jueza de Cámara del primer voto, en cuanto a que debe confirmarse la resolución apelada que dispuso el sobreseimiento del señor I. M. V. F., con la aclaración de que éste no ha cometido delito alguno.

II- En su resolución, el Juez de Primera Instancia da por sentado que el doctor I. M. V. F. no actuó conforme a la ley cuando ordenó publicar la sentencia en crisis, agregando que dicho magistrado reveló un secreto a terceros, encuadrando su conducta en la figura de violación de secretos prevista por el art. 157 del Código Penal. No obstante, dispuso el sobreseimiento del aquí imputado argumentando que éste actuó sin dolo, es decir que no tenía intención de revelar algún secreto.

III.- A la luz de lo actuado y dando por reproducida la relación de causa reseñada por la señora Jueza del primero voto, tengo para mí que el doctor I. M. V.F., al suscribir la Resolución del día 22 de octubre de 2020 rechazando la inhibición del Juez Federal N° 1 de esta ciudad, doctor Ricardo Bustos Fierro (quien por una relación de parentesco con el imputado Gabriel Agustín Céspedes, solicitó su apartamiento de la causa), no cometió ilícito alguno; en particular al haber ordenado «publíquese» en el punto II de la parte resolutiva de la resolución de que se trata.

Como ya se ha dicho a lo largo de este proceso, a partir de las reglamentaciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de sancionada la ley 26.856, existe la obligación por parte las Cámaras Federales de Apelación de todo el país, de publicar en el Sitio Web oficial del Máximo Tribunal (CIJ), todas las resoluciones administrativas y sentencias judiciales que se dicten.

Tanto las reglamentaciones del Alto Tribunal, como las propias de esta Cámara Federal, han previsto la necesidad de mantener el anonimato de las partes cuando la publicación de las sentencias pudiera revelar datos sensibles de las personas. La Ley 25.326 define los datos sensibles como aquellos que revelan el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual de las personas.

IV.- Ahora bien, corresponde remarcar, dada la confusión que exhibe el requerimiento de instrucción e incluso la resolución del Juez de primera instancia, que los datos sensibles no tienen absolutamente nada que ver con aquellos datos o circunstancias que, de hacerse públicos, podrían frustrar una investigación penal. Y, justamente, para evitar esto último, el Sistema Informático del Poder Judicial de la Nación (Lex100), habilita una funcionalidad al alcance de todos los operadores judiciales, de «restringir» o pasar a » secreto» actuaciones, cualquiera sea la materia de que se trate.Ello, permite que las actuaciones o un despacho en particular sólo pueda ser visto por personal o responsable del juzgado o tribunal que lo haya generado; asimismo, impide la consulta externa por parte de cualquier ciudadano a través del Sitio Web (SIJ Consulta de Causas). Al respecto, se puede consultar la publicación efectuada por la Comisión Nacional de Gestión Judicial en Introducción al Sistema de Gestión Judicial.

A mi modo de ver, dicha funcionalidad del sistema no es un tema menor y no ha sido adecuadamente ponderada ni por el Juez ni por el Ministerio Público Fiscal acusador. En efecto, si una causa judicial ingresa a esta Cámara Federal de Apelaciones bajo la modalidad «restringida», aparece en la pantalla en letras rojas el anuncio de restricción, lo cual pone en alerta al operador judicial sobre la necesidad de mantener las mismas como de carácter reservado.

Nada de esto ha ocurrido en este caso. Tal como se desprende del sistema informático y como se dejó constancia en la audiencia del pasado 28 de abril de 2022, el incidente de inhibición del Juez Bustos Fierro, caratulado: «Incidente N° 3 – NN: N.N. Sobre averiguación de delito (Criminalidad Económica COIRON 23555/2018) s/ Incidente de Inhibitoria» (Expte. N° FCB 70949/2018/3/CA1), donde recayó la resolución emitida por el doctor V. F., que le ha valido una persecución penal, nunca tuvo carácter de restringido o secreto, al menos hasta después de bajar al juzgado de primera instancia, luego de emitida por el mencionado Magistrado la resolución en crisis.

V.- Ahora bien, paradójicamente, conforme se desprende del sistema informático y ha quedado certificado por el Actuario en la audiencia oral realizada, la causa principal si fue restringida a partir del día 18 de septiembre de 2020, pudiendo leerse del print de pantalla, frente a la consulta en la solapa Actuaciones «Usuario: BFR, Fecha: 18/09/2020, Tipo:Expediente Pasado a Secreto».

VI.- Dicho esto, queda evidenciado que el Juzgado Federal N° 1 restringió la causa principal, pero cuando se generó el incidente de inhibición del doctor Ricardo Bustos Fierro por parte del Juez Vaca Narvaja al rechazar la inhibitoria el 22 de septiembre de 2020, este último omitió al incidente darle el carácter reservado que tenía la causa principal. Y en estas condiciones arribó la causa a esta Alzada en la que el doctor V. F. emitió la resolución controvertida.

De lo expuesto, infiero que mal puede reprochársele al doctor I. M. V. F. haber cometido el delito de violación de secretos, en cumplimiento de una obligación legal de publicar la sentencia en un incidente de inhibición que no contenía ningún tipo de reserva o restricción.

En ese marco, es dable suponer que si arriban a esta Alzada causas que el propio Juez instructor, en oportunidad de elevarlas omite calificarlas de secretas o restringidas, mal puede el que cumple el deber de publicar la sentencia recaída, incurrir en un delito. Es lógico pensar que el órgano instructor que sustancia una causa principal y sus incidentes cuenta con todos los elementos de juicio para resguardar la privacidad de las actuaciones, que en caso de difundirse, pudieran entorpecer una investigación.

No está de más aclarar que no basta a tal efecto la orden de declarar el secreto de sumario contemplado en el art. 204 del Código Procesal Penal de la Nación y aun así, repárese que en la causa principal recién tuvo lugar dicha declaración el día 27 de octubre de 2020, es decir, cinco días después de que el doctor I. M. V. F.dictó en forma unipersonal la resolución objeto de análisis.

VII.- Párrafo aparte merecen algunos pasajes de la requisitoria de instrucción formulada por el Fiscal General, doctor Carlos Casas Nóblega, que funda en gran medida su acusación en una testimonial del señor Secretario del Juzgado Federal N° 1, doctor Facundo Troncoso, otorgándole a dicho testimonio una eficacia de la que carece en absoluto.

En efecto, llama la atención que el testigo acompañe en el mismo acto de su declaración copia simple del acta de allanamiento practicada en el domicilio de Gabriel Agustín Céspedes, como también, registro de una causa penal destacando los movimientos y poniendo énfasis en que no había sido publicada en el CIJ; lo que daría la impresión que el testigo ya estaría anoticiado de lo que se le iba a preguntar.

Por otra parte, las especulaciones que hace acerca de la conducta de los imputados al momento de ser allanados, aludiendo a que le resulta sugestivo que un allanado ceda sus claves informáticas voluntariamente, como lo hizo Céspedes, trasuntan una opinión personal del testigo carente de relevancia alguna ya que el testimonio se debe centrar fundamentalmente en lo que el testigo oyó, vio o percibió a través de sus sentidos, antes que circunscribirse a especulaciones personales.

Igual crítica merece las reflexiones que el testigo hace acerca del Sistema de publicación de sentencias, ya que la publicación de resoluciones en el Centro de Información Judicial no está habilitada para los juzgados de primera instancia, sólo compete a los Tribunales de Alzada. Los Juzgados de primera instancia carecen en el sistema informático de la posibilidad de subir sus sentencias al CIJ, sólo pueden cargarlas en el sistema Lex100, pero no publicar en el sitio oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Por lo cual, resulta reprochable que el Ministerio Público haya dado trascendencia a la declaración de Troncoso, cuando la publicación de sentencias se trata de una actividad ajena a su función.

VIII.- Se le adjudica al doctor I. M. V. F. en el requerimiento de instrucción, haber ordenado deliberadamente la publicación del auto interlocutorio de fecha 22 de octubre de 2020, con el fin de frustrar intencionadamente una investigación penal. Tanto el Fiscal S. al formular su denuncia (sin mencionar a V. F.) como el propio Juez Ricardo Bustos Fierro (en la causa principal en oportunidad de resolver la situación procesal de los imputados, 14 de setiembre de 2021, fs. 2514/2594 de los autos principales) atribuyeron a la publicación de la sentencia de inhibición, haber influido negativamente en el allanamiento del domicilio de Céspedes. Pero, leyendo detenidamente las actuacion es principales que se encuentran radicadas en este Tribunal de Alzada, no puedo pasar por alto que a fs. 984/985 obra transcripta una escucha telefónica entre G y M (Gabriel Céspedes y un tal Miguel) quienes del 2 de septiembre de 2020, es decir casi un mes y medio antes de que el doctor I. M. V. F. ordenara la publicación del auto de inhibición, donde aludiendo a los allanamientos que se habían producido en la causa, revela que Gabriel Agustín Céspedes ya tenía conocimiento de la investigación en curso, a cargo de Bustos Fierro, aun cuando da la impresión que al momento de esta conversación no conocía que era investigado.

Ciertamente, los pasajes de la comunicación telefónica respectiva, que data del 1° de septiembre de 2020, se presentan transcriptos en lo pertinente, del siguiente modo: «G: vistes esos allanamientos que hubo? M: si G: bueno hay un par de conocidos míos ahí M: no jodas [.] G: no no, me refiero eehhh noo a nosotros no nos va a pasar nada ***** (no se interpreta), pero a todos esos los han agarrado, les pasa por descuidados M:ah por confiados más que descuidados [.] G: te acordas el GONZLO LAFUENTE que tenia M: siii G: el que tenía el terreno ahí M: si si si en la recta G: en la recta, si este vive en la Rufina y estos son vecinos de el, uno de los que agarraron M: a la mierda!G: hay un montón de metidos Bustos Fierro tiro 100 allanamientos M: ese es pariente tuyo tío tuyo G: ese es mi tío si claro jajaja che pero esta así como haces vos, si vos sos el comisario barbero yo voy a empezar a decir que sos tío Busto Fierro M: no pero vos sabes que G: cuando tenga un problema voy a decir espéreme que lo llamo a mi tio M: claro Busto Fierro, pero el comisario es una cosa que funciona viste G: si si bueno por eso, por eso lo voy a copiar M: ellos me han puesto de comisario que se yo G: jejeje M: ay mi Dios» [.].

En este sentido coincido con la señora Defensora Pública Oficial, doctora M. Mercedes Crespi, en cuanto a que resulta descabellado que Céspedes se hubiese enterado que iba a ser allanado o que era investigado, leyendo las publicaciones del Centro de Información Judicial, cuando por el contrario las escuchas antes referidas revelan que ya era conocedor de la investigación en curso. Es sabido además que para tener acceso a la publicación de sentencias se requiere llenar en el sistema una serie de campos virtuales que ni siquiera para los abogados les resulta fácil ni accesible.

IX.- Como colofón de todo lo expuesto, entiendo que al ordenar publicar la sentencia de fecha 22 de septiembre de 2020 en el Centro de Información Judicial (CIJ), el doctor I. M. V. F., no cometió ilícito alguno y, por lo contrario, participo de la opinión que con dicha acción el Magistrado se limitó a cumplir con su deber legal y reglamentariamente impuesto. ASI VOTO.

Por lo expuesto; SE RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 10.3.2022 por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, en cuanto dispuso sobreseer a I. M. V. F. en orden al delito de Violación de Secretos (art. 157 del CP) de conformidad a lo dispuesto por el art. 336 inc. 3 del C.P.P.N., haciendo expresa mención de que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubiera gozado, por los argumentos dados en la presente.

II.- Sin costas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

III.- Regístrese y hágase saber. Cumplimentado, publíquese y bajen.

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES

JUEZ DE CÁMARA

SEGÚN SU VOTO

EDUARDO ÁVALOS

JUEZ DE CÁMARA

LILIANA NAVARRO

JUEZA DE CÁMARA

CELINA LAJE ANAYA Secretaria de Cámara

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