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#Fallos Mala praxis: Fallecimiento de un niño que se broncoaspiró, luego de ser sometido a una intervención quirúrgica por apendicitis

Partes: A. M. L. c/ C. B. S.R.L. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: M

Fecha: 16 de mayo de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137244-AR|MJJ137244|MJJ137244

Procedencia de una demanda de mala praxis, por el fallecimiento de un niño que se broncoaspiró, luego de ser sometido a una intervención quirúrgica por apendicitis.

Sumario:
1.-Corresponde admitir la demanda de mala praxis, pues, si tanto el anestesista como el cirujano coincidieron en que el paciente se encontraba en condiciones de salir de quirófano y pasar a la sala sin evaluar las condiciones hemodinámicas y respiratorias del niño, el resultado inmediato -muerte- autoriza inferir, o bien que la negligencia profesional radicó en la evaluación anestésica que fue incompleta o en la falta de indicaciones precisas y apropiadas para el cuidado del paciente durante el traslado y permanencia en la sala.

2.-Resulta exigible a los profesionales una máxima diligencia que lleva a extremar el deber de prevención y adoptar todos los recaudos que resulten indispensables para atender a la seguridad del paciente, por cuanto el recto ejercicio de la medicina es incompatible con actitudes superficiales.

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3.-Probada la culpa médica y la relación causal con la muerte, surge -sin más- la responsabilidad tanto del establecimiento asistencial como de la obra social demandada.

4.-Aun cuando la actividad médica exige diligencia en cuanto a los medios que se emplean para la curación, no se excluye la presunción desfavorable que pueda generar un mal resultado, cuando éste comparativamente, es desproporcionado con lo que ocurre usualmente, según las reglas de la experiencia y el sentido común, revelando una conducta negligente en el empleo de los medios disponibles, según el estado de la ciencia y las circunstancias de tiempo y lugar, o el descuido en su conveniente y temporánea utilización.

5.-Cuando son los progenitores quienes contratan los servicios de asistencia médica para su hijo, no es posible reducir la participación paterna al mero ejercicio de la representación legal, pues ello importaría prescindir de los plurales intereses, derechos y conductas en juego.

6.-Cuando se trata de un vínculo contractual en el cual los progenitores participan a título personal para acordar lo necesario para la asistencia médica del hijo, por no ser ajenos los padres a la génesis del contrato ni tampoco al desenvolvimiento de ese vínculo, las consecuencias que pudiesen derivarse del incumplimiento por la supuesta mala praxis deben regirse por las normas que regulan la responsabilidad contractual.

7.-El eventual o posible incumplimiento de la prestación en que hubieren incurrido los galenos y a la que se atribuye el resultado fatal, en tanto les fuera imputable, importa un debate acerca de la responsabilidad profesional en el marco del vínculo contractual previamente concertado, aun cuando la pretensión indemnizatoria estuviere dirigida al resarcimiento de los daños presuntamente padecidos a raíz de la muerte del hijo, toda vez que en tal hipótesis éste deriva del defectuoso cumplimiento de la obligación convenida.

8.-Las omisiones y contradicciones entre la autopsia y el peritaje que obra en la causa penal con la historia clínica -que fue puesta de manifiesto por los dos médicos que han estudiado este caso- inducen a descartar la eficacia probatoria de los primeros.

9.-Corresponde indemnizar la chance malograda, pues la progenitora se verá privada de la posibilidad de recibir ayuda de su único hijo en la vejez, extremo que no se refiere únicamente al dinero que le hubiera podido proporcionar para la subsistencia, sino también a la frustración de la posibilidad -definitiva ya- de recibir determinadas prestaciones personales por parte del fallecido, que también son susceptibles de valoración económica.

10.-Tratándose de la muerte de un hijo, la procedencia del daño extrapatrimonial resulta incuestionable.

11.-Entre quien contrata los servicios médicos y las clínicas, sanatorios y establecimientos asistenciales en general, se configura una relación de consumo (del voto del Dr. Calvo Costa).

Fallo:
ACUERDO.

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de mayo del año dos mil veintidós, hallándose reunidos los señores jueces de la Sala «M» de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dres. María Isabel Benavente, Guillermo D. González Zurro y Carlos A. Calvo Costa, a fin de pronunciarse en los autos «A., M. L. c/C. B. SRL y otros s/ daños y perjuicios», expediente n° 49.904, la Dra. Benavente dijo:

I.- Según el relato proporcionado en la demanda, el 1° de febrero de 2010, T. A. A., de 11 años de edad, fue intervenido quirúrgicamente en la C. B., de Lomas de Zamora. Ingresó al quirófano a las 21hs., con un cuadro de apéndice retrocecal gangrenosa perforada, con líquido purulento libre en fosa ilíaca derecha y Douglas. La operación duró solamente 45 minutos. A las 22 hs., fue trasladado directamente a una sala común, donde fue colocado incorrectamente en la posición decúbito dorsal. Una vez allí, sin supervisión médica, el paciente se puso morado y su madre pidió auxilio a los gritos. A los pocos minutos, personal médico y de enfermería lo llevó a terapia intensiva. Pese a los intentos por reanimarlo, falleció a las 0:30 hs. del día siguiente. Sostiene que aun cuando no es fácil para un lego saber qué ocurrió en realidad, la actora entiende que existió negligencia grave al dejar al paciente solo en el posoperatorio inmediato, sin tomar medidas preventivas y sin comprobar que estuviese bien recuperado de la anestesia. Afirma que los vómitos y la broncoaspiración son una complicación anestésica y no de la cirugía.

M. L. A. -madre del niño fallecido- demandó a la C. B. SRL y a la Obra Social OSECAC. Hizo lo propio con A. D. C. y L. B. B., médicos anestesista y cirujana infantil, respectivamente. Se citó en garantía a TPC Compañía de Seguros S.A.

Al presentarse, C. B.SRL opuso excepción de prescripción con fundamento en el art. 4037 CC. Relató que el niño fue ingresado por guardia a la clínica. Fue internado para su evaluación, estudio y tratamiento. Explicó que en la autopsia se observó congestión, edema agudo de aspecto hemorrágico de ambos pulmones, hígado graso, obesidad mórbida y que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio no traumático. No existió la supuesta broncoaspiración que se informaba como posible en la historia clínica. Niega que hubiera existido conducta médica reprochable. Añadió, incluso, que pasó un lapso hasta que el niño pudo ser operado por cuanto la madre lo había alimentado normalmente, de modo que hubo que esperar a que se cumplieran las ocho horas de ayuno. La intervención quirúrgica se desarrolló en forma normal, el niño se despertó y fue trasladado a la habitación en perfecto estado. Sin que nadie pudiera preverlo se descompensó y sufrió un PCR, del cual no pudo ser recuperado. Se trató de una muerte súbita, sin agonía, situación que fue imprevisible e inevitable.

TPC Compañía de Seguros SA -aseguradora de la clínicacontestó en términos similares.

L. B. B. y C. A. D. C., adhirieron a la contestación de S. B. SRL y también opusieron excepción de prescripción.

OSECAC negó la responsabilidad que se le atribuye.

Producida la prueba, el juez de primera instancia hizo lugar a la excepción de prescripción articulada por L. B. B. y C. A. D. C., desestimándola, en cambio, contra la C. B. SRL. Al propio tiempo, rechazó la demanda en todas sus partes, con costas a la vencida.

Viene apelada por la perdidosa.Sostiene, en primer lugar, que aunque el encuadre efectuado por el colega de grado al resolver la prescripción opuesta por la clínica es correcto, no lo es en cuanto considera que el vínculo entre la actora y los médicos demandados es de índole extracontractual.

En cuanto al fondo, afirma que no se ha valorado adecuadamente la prueba y, por tanto, solicita que se revoque la sentencia y se haga lugar a la demanda en todas sus partes.

II.- Es inequívoco que, de conformidad con las reglas del derecho transitorio, la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico que, en el caso, es el Código Civil y sus leyes complementarias, No obstante, el nuevo ordenamiento aprehende las consecuencias que al tiempo de su entrada en vigencia no se hallaban consumadas.

III.- Por una razón de orden lógico, corresponde examinar, en primer término, los agravios de la actora vinculados a la excepción de prescripción articulada por los médicos demandados, que viene admitida. Para ello, es preciso determinar el marco jurídico en que se inscribe el caso.

Tal como surge de la sentencia, el colega de grado distinguió un doble orden de relaciones. Afirmó que el vínculo que ligó a la demandante con la clínica es contractual, en cambio la relación entre aquélla y los médicos, reviste carácter extracontractual. Al criticar ese encuadre, la accionante cita una serie de precedentes en los que se resolvió que entre la clínica y el médico existe una estipulación a favor del tercero, esto es, el paciente.Añadió que el hecho de que la atención del niño hubiera sido por guardia, no le quita al vínculo el carácter contractual en razón del marco del contrato celebrado entre su parte, la obra social y la clínica prestataria.

La doctrina clásica -seguida por una nutrida jurisprudenciasostiene que entre el médico y el paciente existe un vínculo de índole contractual y solo encuadran en la órbita extracontractual aquellos excepcionales y escasos supuestos que revelan ausencia de voluntad negocial entre las partes. En una postura minoritaria, Borda afirma que la responsabilidad civil de los médicos siempre es extracontractual, pues ella no surge de la celebración de un contrato, sino de las obligaciones que impone el ejercicio de la medicina. Según este autor, la obligación contractual asumida por el médico no es otra que un deber de prudencia y diligencia, que es también el fundamento de la responsabilidad extracontractual. Con otros argumentos, se ha puesto también en tela de juicio el carácter contractual del vínculo que liga al paciente con los médicos que trabajan para un establecimiento asistencial. Así, se sostiene que, en ese supuesto, el deudor es la clínica o el centro de salud, pues los médicos que prestan servicios para estos últimos no son personalmente elegidos por el interesado, de modo que la relación que se genera con el paciente es extracontractual. Más allá de los serios fundamentos que dan sustento a esta última postura -que ha sido seguida por el a quo y sobre la cual no considero necesario extenderme- me inclino por seguir el criterio de la doctrina y jurisprudencia mayoritaria que, durante la vigencia del código civil sustituido, afirmó que la relación entre el médico y el paciente es de carácter contractual.Por cierto, en el esquema diseñado por el Código Civil y Comercial la cuestión carece de relevancia pues al haberse modificado sustancialmente la estructura de la responsabilidad civil, la distinción ha perdido interés y solo la mantiene en aquellos casos en que resulta de aplicación la normativa derogada, entre otras cosas, porque según sea la órbita que resulte aplicable a la relación jurídica, dependerá también cuál es el plazo de prescripción correspondiente.

No se me oculta sin embargo que, en la especie, la actora reclama por los daños que le ha causado el fallecimiento del niño con fundamento en la deficiente atención profesional que relata en la demanda, de modo que es pertinente preguntarse si dicha circunstancia modifica la solución anteriormente apuntada. La cuestión ha merecido también distintas respuestas.

Al respecto se ha sostenido que cuando son los progenitores quienes contratan los servicios de asistencia médica para su hijo, no es posible reducir la participación paterna al mero ejercicio de la representación legal, pues ello importaría prescindir de los plurales intereses, derechos y conductas en juego.

Por el contrario, en esas hipótesis, los padres no hacen más que cumplir con sus deberes parentales de cuidado, de modo tal que aun cuando contratan tales servicios en el interés del menor, también lo hacen en interés y en nombre propio.

De tal modo, cuando se trata de un vínculo contractual en el cual los progenitores participan a título personal para acordar lo necesario para la asistencia médica del hijo, por no ser ajenos los padres a la génesis del contrato ni tampoco al desenvolvimiento de ese vínculo, las consecuencias que pudiesen derivarse del incumplimiento por la supuesta mala praxis deben regirse por las normas que regulan la responsabilidad contractual. De allí que el plazo de la prescripción liberatoria no podría ser otro que el previsto en la norma del art. 4023 del Cód. Civil.En otros precedentes, en cambio, se afirma que aun cuando se celebre un contrato entre los padres de un menor de edad fallecido y los médicos, en tanto los herederos sufren un daño iure proprio, el reclamo de los primeros no tiene su causa en el vínculo convencional sino en el hecho ilícito.

Obviamente los herederos no son contratantes y por ende su acción es extracontractual. De modo que corresponde subsumir el plazo de prescripción en el art. 4037 del Código Civil. Frente a posturas tan antagónicas, me inclino por considerar que aún en caso de fallecimiento del hijo, cuando se atribuye su muerte al defectuoso cumplimiento de la prestación médica, la responsabilidad de los profesionales sigue siendo contractual. Es que, el eventual o posible incumplimiento de la prestación en que hubieren incurrido los galenos y a la que se atribuye el resultado fatal, en tanto les fuera imputable, importa un debate acerca de la responsabilidad profesional en el marco del vínculo contractual previamente concertado, aún cuando la pretensión indemnizatoria estuviere dirigida al resarcimiento de los daños presuntamente padecidos a raíz de la muerte del hijo, toda vez que en tal hipótesis éste deriva del defectuoso cumplimiento de la obligación convenida. En tales condiciones, el plazo de la prescripción liberatoria es el previsto en el art. 40 23 del Cód. Civil que, al momento de promoverse la demanda -el 26-6-2013-, no se hallaba consumido.

Por tanto, propongo revocar en este punto la sentencia apelada y, en consecuencia, desestimar la excepción de prescripción articulada por los médicos demandados. No obstante, por tratarse de una cuestión controvertida, propicio que las costas de ambas instancias sean impuestas en el orden causado.

IV.- En cuanto al fondo, la recurrente sostiene que las pruebas no han sido adecuadamente valoradas. Según el a quo no existe ningún elemento que autorice a vincular causalmente la muerte del niño T. A. A.con una falta médica, por cuanto ni en este expediente ni en sede penal se ha podido determinar la causa del deceso. Sostuvo que la hipótesis ensayada por la actora -esto es, que la muerte ha sido producida por broncoaspiración- no ha quedado confirmada, ya que de la autopsia surge que el vómito -que fue asentado en la historia clínica – no pasó a las vías respiratorias. También el a quo hace mérito de las conclusiones periciales expuestas tanto por el cirujano como por la anestesióloga designados en estos autos, que refieren que no se ha podido precisar la causa del deceso.

En la autopsia practicada sobre el niño se indica que «se constató el cuerpo de un menor masculino, con obesidad mórbida, con signos recientes de cirugía abdominal (apendicectomía) y de reanimación cardio pulmonar. En el examen interno presentó edema cerebral, con congestión y edema agudo de aspecto hemorrágico pulmonar, congestión renal, gastritis hemorrágica e hígado graso. A nivel del ciego presentaba infiltrado hemorrágico de meso, ligadura y ausencia de apéndice. Se procedió a la toma de muestras de sangre y pool de vísceras para sus correspondientes pericias». Se concluyó que «la muerte fue producida por un mecanismo no violento y a consecuencia final de un paro cardio respiratorio no traumático, quedando la causa ad referéndum de pericias» (fs.29/33). Al reseñar el estado del abdomen en dicho informe se indica:

«diafragma normal. Estómago: vacío. Mucosa gastritis hemorrágica aguda.

Hígado: graso. Vesícula: normal. Páncreas: normal. Bazo: normal. Intestino grueso: meteorizado, con infiltrado hemorrágico a nivel de meso de ciego y ligadura a nivel de base de apéndice con ausencia de la misma. Intestino delgado: meteorizado. Mesentario: normal. Peritoneo: vacío». A su vez, el perito químico que investigó los tóxicos en sangre, no encontró ninguna sustancia de las investigadas (fs.70 vta.).

Con sustento en dicho estudio, los médicos de la Oficina de Asesoría Pericial Departamental de Lomas de Zamora, afirmaron en su dictamen, que el niño T. A. A. fue atendido conforme las reglas y arte de la ciencia médica.

Señalaron que las prácticas realizadas fueron razonables y no pudieron ser suplidas por otras menos gravosas. Solo se estableció que el fallecimiento se produjo por un paro cardiorrespiratorio no traumático, siendo la causa originaria imposible de determinar de manera fehaciente. Asimismo sostuvieron que «es posible que el cuadro séptico (apendicitis gangrenosa perforada) actuando sobre un organismo con obesidad mórbida y esteatosis grasa, haya generado un menoscabo de las reservas orgánico funcionales, causa ésta necesaria y suficiente como para iniciar el proceso (paro cardio respiratorio con edema agudo de pulmón) que culminó con la muerte». Se añadió que «las prácticas médicas y paramédicas realizadas sobre su persona no han sido causa directa ni indirecta de su muerte» (fs.112/118, siempre de la causa penal).

La historia clínica labrada en la C. B. da cuenta que T.A. A. ingresó por guardia el 1° de febrero de 2010, con dolor abdominal. No consta la hora en que fue atendido por la Dra. M. A las 19 hs. la Dra. B. -cirujana infantilrefiere dolor de 24 horas de evolución, con diagnóstico de apendicitis aguda e indicó realizar la cirugía. A la hora 20 -que se encuentra interlineada- se asentó la confirmación del diagnóstico y se dejó constancia de que se aguarda hasta las 21 hs. para que se cumpla con el ayuno de 8 horas. A las 22 hs., con firma de la Dra. B., se dejó constancia de que el paciente salió de la cirugía «reactivo, excitado» y que se lo trasladaba a la sala. De acuerdo con el parte anestésico, el acto comenzó a las 20:50 hs. Se realizó anestesia endovenosa con propofol y succinilcolina que, según el Dr.Medan, es la droga que se utiliza habitualmente.

A las 22:15, debido a los pedidos de auxilio, el Dr. R. G.

-médico de terapia intensiva- concurrió de inmediato a la sala y encontró al niño decúbito dorsal, con abundante cantidad de vómitos en la cabecera y restos de vómitos en la cavidad bucal, de aspecto espeso. La respiración era agónica. Lo trasladó de inmediato a la UTI para continuar la reanimación. En ese momento el paciente estaba en paro cardiorrespiratorio. A las 22:30 se lo intubó y se colocó ARM. Se aspiraron secreciones broncopulmonares espesas. Se comprobaron signos incompatibles con la vida a pesar de encontrarse en ARM. Se continuó aspirando secreciones. A la hora 23 se dejó la siguiente constancia: «vino médica cirujana». Se asentó, además, «probable broncoaspiración masiva» que bloqueó los alvéolos que impidió la hematosis. Según el examen del laboratorio, los gases en sangre demostraban que la función ventilatoria y la perfusión estaban bloqueadas. Más adelante, en dicha pieza se reitera «correspondencia con broncoaspiración masiva que bloqueó la hematosis alveolar izquierda.

Insuficiencia respiratoria». A las 0:30 del 2 de febrero de 2010 se produjo el fallecimiento.

Sobre la base de las constancias reseñadas anteriormente, el perito médico cirujano designado en estos autos señaló que el hecho de haber encontrado al paciente con resto de vómito en la cara y cuadro de depresión respiratoria debe hacer pensar inicialmente en una broncoaspiración, cuadro que -según explicó en la audiencia designada por esta Sala en los términos del art. 36 inc. 2° del CPCCN- se trata de un evento grave, que requiere incluso la colocación de respirador (ver videofilmación alojada en el Lex 100, min. 17:54).

Asimismo, en su informe de fs.350/357, el experto anteriormente mencionado señaló que las náuseas y vómitos constituyen una complicación frecuente de la cirugía, que suele alcanzar entre el 20 y el 50% de los casos, probabilidad que la perito anestesióloga, Dra.Winogora, consideró aún mayor por cuanto, en su opinión, el porcentual asciende al 90% de los casos, y se produce debido a los anestésicos, la cirugía y a los nervios del paciente (ver videofilmación, min.35:16).

Según el Dr. Medan, las eventuales consecuencias del vómito y de la consiguiente broncoaspiración, puede ser prevenida de distintas maneras, entre ellas, suministrando al paciente fármacos antimiéticos o mediante la colocación de una zonda nasogástrica en aquellos casos en que se considere conveniente. También se previene la broncoaspiración colocando al paciente decúbito lateral ante la manifestación de arcadas o vómitos (ver resp. 45, fs.353).

Con relación a la utilización de antimiéticos y la posición del paciente, no existió coincidencia entre los expertos intervinientes. Así, la perito anestesióloga señaló que los primeros no suelen indicarse en este tipo de casos por cuanto provocan que el paciente tenga retraso en el vaciado de la cavidad (ver video, min. 36:20).

Dijo, además, que normalmente cualquier paciente -incluso pediátrico- que sale de quirófano es colocado decúbito dorsal (ver videofilmación, min. 23:45). No existen, en cambio, discrepancias entre los médicos en que los vómitos se previenen con un ayuno adecuado, de cuanto menos 8 horas.

Ambos expertos no advirtieron anomalías en la administración de la anestesia. Tampoco surge de la historia clínica que hubiera existido algún inconveniente intraoperatorio (ver resp. N° 11 del Dr. Medan al cuestionario de OSECAC, fs. 335). Sin embargo, como dije, en aquélla no solo no figura la hora de ingreso del menor a la guardia, sino que tampoco se dejó ninguna constancia de haber interrogado a la madre acerca de cuándo había sido la última ingesta que efectuó el niño. Solo se asentó que se aguardó una hora antes de comenzar la cirugía para cumplir con las 8 horas de ayuno.

De los antecedentes descriptos en la historia clínica se infiere que T. A.ingresó por guardia en algún momento del 1° de febrero de 2010, con un dolor abdominal de 24 hs. de evolución, y que fue operado a las 21 hs. de ese día. A las 22 hs. fue trasladado a la sala común, por encontrarse reactivo, sin dolor y excitado. Durante el acto quirúrgico se halló una apendicitis en estado avanzado con gangrena, perforación de la base y peritonitis localizadas.

Tan solo quince minutos después de salir de quirófano, el paciente se descompensó en forma súbita y fue trasladado a terapia intensiva. El Dr. R.G. lo encontró pálido, con respiración agónica y rodeado de vómitos espesos en la cara y en la cavidad bucal. El perito cirujano explicó que ni la peritonitis ni la obesidad del niño justifican la súbita descompensación experimentada, en un lapso tan breve (ver resp. N°13 al cuestionario de OSECAC, fs. 355).

Al ser interrogado por los suscriptos en la audiencia, el perito cirujano destacó como aspecto llamativo que en la autopsia no se haya podido comprobar nada sobre las secreciones gástricas y biliososas de las que da cuenta la historia clínica (min. 16.02). Es imposible -dijo- que no hayan quedado rastros en los pulmones después de las maniobras de broncoaspiración (min. 17.12). Añadió que lo realmente significativo es que siempre se aspira la gran vía aérea, nunca se puede llegar a los alvéolos y es allí donde siempre queda material remanente (fs. 17:33). A idéntica conclusión arribó la anestesióloga y puso de resalto que de la autopsia no se desprende que T. A. se hubiera broncoaspirado -como surge del informe de la UTI- aunque debería haberlo mostrado (videofilmación, minuto 39:56). La necropsia tampoco dio cuenta de la distensión abdominal (min. 41:21). Asimismo, en dicha pieza no se informa la existencia de líquido libre en dicha cavidad, el que figura en el protocolo agregado a la historia clínica (ver fotocopia obra a fs.45 de la causa penal).

También refiere que se suministraron distintos medicamentos que debieron ser advertidos en la autopsia. En un paciente al que se acaba de hacer anestesia -dijotodavía puede haber drogas que debieron haberse encontrado al realizar dicho estudio (min. 41:28 y 41:50). Por el contrario, a fs. 29/31 de la necropsia se menciona que el estómago estaba vacío y -tal como señaló la Dra. Winogora en la audiencia- allí se dice que el resultado de la búsqueda de drogas fue negativo. Es inexplicable entonces que frente a la anestesia proporcionada, no se hubiera encontrado ni dejado constancia de ninguna de las sustancias que, según la historia clínica, fueron administradas.

En el informe elaborado en la causa penal, los facultativos intervinientes señalaron de manera conjetural que «es posible que el cuadro séptico (apendicitis gangrenosa perforada) actuando sobre un organismo de obesidad mórbida y esteatosis grasa, haya generado un menoscabo de las reservas orgánico funcionales, causa ésta necesaria y suficiente como para iniciar el proceso (paro cardio respiratorio, con edema agudo de pulmón) que culminó con la muerte (fs. 112/118.). En la audiencia de explicaciones, sin embargo, al ser interrogado sobre si el cuadro anteriormente mencionado puede provocar la muerte, el Dr. Medan fue categórico al responder que «la apendicitis gangrenosa por sí sola no provocaría un paro cardíaco» (min. 29:06). Frente a la pregunta sobre la posibilidad de que una anestesia bien colocada pudiera producirlo, la Dra. Winogora explicó que si bien un paciente puede morir de muerte súbita, en este caso no se pudo determinar la causa de lo sucedido, pues ello debió haber sido definido en la autopsia (min. 43:55).

Es sabido que el juez ha de rastrear la verdad basado en lo que dicen los peritos; no debe interpretar los principios ni los criterios médicos, ni discutirlos bajo una óptica científica, que le es desconocida.Pero, aun cuando no son vinculantes para el juez ni imperativos, podrá apartarse de sus conclusiones cuando fueran equívocas, poco fundadas, oscuras o contradictorias o bien existan errores manifiestos, y siempre que en la prueba existan elementos dotados de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos. Del cuadro probatorio reseñado se infiere, a mi juicio, una primera conclusión y es que tanto la autopsia como el estudio complementario de las vísceras sobre cuya base se expidieron los facultativos de la Asesoría Pericial es, cuanto menos, incompleto. Las explicaciones de los Dres. Medan y Winogora -a las que varias veces hice referencia- revelan que en la necropsia se omitieron datos de relevancia, como la existencia de líquido en la cavidad abdominal y la presencia en el cadáver de sustancias vinculadas a la anestesia que figura suministrada en la historia clínica. Además, explicaron que las maniobras realizadas por el Dr. R. G. debieron tener correlato en el material estudiado, por cuanto no es posible extraer totalmente el vómito de los pulmones. La ausencia de esa información que, reitero, surge de la historia clínica, hace que el estudio cadavérico y el informe pericial posterior no resulten confiables y, por ende, no generen convicción sobre la cuestión sometida a juzgamiento.

En tales condiciones, las omisiones y contradicciones entre la autopsia y el peritaje que obra en la causa penal con la historia clínica -que fue puesta de manifiesto por los dos médicos que han estudiado este caso- me inducen a descartar la eficacia probatoria de los primeros.

V.- Es sabido que los profesionales de la medicina se encuentran impedidos de prometer la curación del paciente y solo se obligan a dedicarle toda atención diligente, según las reglas del arte que determina la ciencia en el momento en que cumplen su tarea.Vale decir, su obligación es de medios, de modo que el galeno debe poner toda la diligencia que requieran las circunstancias de las personas, tiempo y lugar, al servicio del paciente, a efectos de no causar daños injustificados durante los procedimientos que realizan (art. 512 Código Civil derogado y art. 1725 CCC). En caso contrario se configurará su culpa, ya sea por impericia, o bien por negligencia o imprudencia.

En principio, la carga de la prueba del factor de imputación pesa sobre el paciente (art. 377 CPCCN). Sin embargo, a lo largo de los años, la doctrina y la jurisprudencia atenuaron dicha exigencia frente a la inferioridad técnica en que suele encontrarse el profano para acreditar el mencionado recaudo. Así, además de la presunciones judiciales, desde hace tiempo tanto la doctrina como la jurisprudencia destacaron la necesidad de aplicar en estos casos las denominadas «cargas probatorias dinámicas» que son, en rigor, corolario del deber de «cooperación» que han de asumir los profesionales cuando son traídos a juicio. En función de ella, cuando no existen elementos completos o suficientes para resolver el caso, la carga de la prueba se coloca en cabeza de la parte que se encuentre en mejores condiciones para producirla. También la regla «res ipsa loquitur» ha permitido fundar condenas cuando el daño no puede explicarse de acuerdo con el sentido común, sino por la existencia de culpabilidad, pues el resultado producido no es la consecuencia normal ni integra el riesgo médico corriente o habitual. En el derecho comparado, por su parte, se han formulado las teorías de la prueba de «primera impresión», de la «anscheinbeweis», entre otras, de manera que evidenciados por el paciente ciertos datos empíricos, el juez ha de tener por probada la falta galénica o del centro asistencial cuando el daño, en su ocurrencia según la experiencia, no pudiera explicarse de otra manera que no fuese en virtud de la comisión de culpa, a menos que se rindiera una contraprueba eficaz: su no culpa o el casus.Algo similar aconseja alguna doctrina a la hora de flexibilizar la prueba del nexo causal, que también suele ser dificultoso de acreditar para los profanos. La teoría de la causalité virtuelle y de la presunción de causalidad -originadas en la jurisprudencia de la Casación francesa y seguida en distintos países de Europa-, postula una libre valoración de la relación causal y consiguiente inversión de la carga probatoria. En consecuencia, se presume el nexo causal entre el daño y la conducta del facultativo que no consta de modo directo o cierto y se condena a éste a reparar el perjuicio. También se esbozó la creation d’un risque injustifié por el facultativo. En verdad, estas teorías, en estado puro, no han sido bien recibidas por la doctrina y la jurisprudencia nacional. Es que, en nuestro derecho, no se admite la teoría de la causalité virtuelle, sino que la carga de probar el nexo causal recae sobre el pretensor, aunque nada impide deducirlo y aún presumirlo a partir de otros elementos debidamente acreditados, que autoricen a tener por vinculada la conducta o el hecho con el resultado. Con esos datos, podrá presumirse la adecuación de las consecuencias, si las reglas de la experiencia indican que un hecho debió ser causa de un daño, según un criterio de regularidad. En ese orden de ideas se ha señalado que ciertas negligencias abstractas -por sí solas no causales- (v.gr., historia clínica mal llevada, quirófano con falta de asepsia, instrumentos médicos insuficientemente esterilizados, etc.), generan una situación de riesgo de dañosidad, de modo que todas estas circunstancias pueden contribuir de manera coadyuvante o corroborante de otros elementos probatorios, a efectos de tener por demostrada la relación causal.Se sostiene con frecuencia que debido a las dificultades que muchas veces implica para el damnificado obtener prueba directa, las presunciones juegan un rol trascendente en aquellos supuestos en que no existe certeza o cuando se trata de «cursos causales no verificables». De allí, frente a la inexistencia de evidencia científica directa, es posible tener por acreditada la relación causal cuando de las circunstancias puede deducirse la probabilidad o previsibilidad objetiva que autorice a suplir la prueba completa. A tal efecto en algunos pronunciamientos se ha sostenido que el juez puede contentarse con la probabilidad de su existencia, si los elementos de juicio suministrados autorizan a tener por acreditado un grado suficiente de probabilidad.

VI.- En la especie, es preciso determinar primero si se ha logrado demostrar la relación causal, no como vínculo meramente posible, sino mediante la razonable comprobación de la atribución del daño al hecho, porque la causalidad no se presume. Para ello es necesario realizar en abstracto un juicio de probabilidad del resultado dentro de un pronóstico objetivo enderezado a establecer si determinado hecho es materialmente causa del resultado, esto es si tuvo en sí mismo aptitud para desencadenar la consecuencia final; una vez efectuado ese análisis, podrá precisarse si la acción u omisión jurídicamente relevante atribuible al sujeto era idónea para producir el daño, generándose así la obligación de responder. Pues bien. Dije anteriormente que en la historia clínica labrada a propósito de la internación, no se dejó constancia de la hora en que ingresó el paciente a la guardia, ni sobre el momento en que realizó la última ingesta, de modo de permitir computar las ocho horas de ayuno que, según señalaron los peritos designados en estos autos, eran fundamentales para prevenir los vómitos (ver videograbación min. 26.30). A la luz de lo informado por el Dr. R. G. en la historia clínica, en el informe de fs. 350/357, el Dr.Medan señaló que «el hecho de haber encontrado al paciente con restos de vómito en la cara y cuadro de depresión respiratoria «debe hacer pensar inicialmente en una broncoasp iración», que incluso fue calificada como «masiva», a tal punto que bloqueó la membrana alveolar impidiendo el intercambio gaseoso y la función respiratoria (ver fs. 37 vta. de la causa penal). Como dijo la Dra. Winogora en la audiencia tantas veces referida «algo pasó» (min. 43.05), por cuanto no es habitual que se produzca tan rápido el paro cardíaco como ocurrió en este caso. Según el Dr. Medan, dicho evento es muy grave y puede causar un paro cardíaco, aunque ello suele llevar horas o días y no 15 minutos, como ocurrió en la especie (ver video filmación min. 18.39).

Tal como subrayé anteriormente, el Dr. Medán fue categórico al señalar que una apendicitis aguda, aún purulenta y gangrenosa, no produce un paro cardíaco por sí misma, pero obliga a evaluar las complicaciones en el posoperatorio, pues no son los mismos recaudos los que se exigen cuando se trata de una apendicitis de reciente comienzo que una avanzada que tiene más posibilidades de hacer infección y generar más complicaciones (min. 29.07). En suma, aunque en la causa criminal no se ha determinado de manera fehaciente la causa de la muerte debido a las irregularidades de la autopsia, del informe elaborado por el Dr. R. G. se desprende que los alvéolos estaban bloqueados por el abundante vómito espeso, impidiendo la función respiratoria y causando broncoaspiración masiva, de modo que existen indicios graves, precisos y concordantes que contribuyen a formar suficiente convicción sobre que la muerte de T. A. se produjo por la broncoaspiración experimentada inmediatamente después de salir del quirófano.

VII.- La apreciación de la culpa es una tarea delicada.No es razonable exigir que el profesional sea infalible, pero sí que posea el caudal de preparación que comúnmente tienen los de su clase y emplee los cuidados ordinarios, esto es, la pericia y diligencia que guardan los médicos en circunstancias iguales. 24 Es verdad que, el éxito final de una práctica determinada no depende enteramente del galeno, sino que muchas veces su tarea se ve interferida por factores ajenos -o imponderables- que exceden sus posibilidades de control, como es la predisposición del paciente, el riesgo propio del tratamiento u otras circunstancias imposibles de superar. Esto significa que, en muchas situaciones, aunque se hubiere prestado una diligencia adecuada, puede sobrevenir igualmente un resultado inesperado. Por eso se dice que la medicina está lejos de ser una ecuación matemática.

Para apreciar si existió culpa médica, la prueba presuncional juega un rol trascendente. Pero, para que las presunciones judiciales cobren relevancia es preciso que existan indicios o elementos empíricos comprobados por prueba directa. Es así que, evidenciados por el damnificado ciertos datos, el juez podrá tener por probada la culpa, cuando el daño en su ocurrencia y según la experiencia común, no pudiera explicarse de otro modo que no fuese el de la comisión de la falta; a menos que el demandado diera una prueba eficaz para liberarse acreditando la no culpa o la causa ajena. Un elemento probatorio de primer orden del que pueden extraerse elementos directos para formar presunciones hominis es la historia clínica. En ella deben constar los acontecimientos principales del acto médico y de la enfermedad del paciente. Desde el punto de vista jurídico, el médico tiene el deber de informar, asentando los datos relevantes del diagnóstico, terapia y de la enfermedad, en los términos y recaudos que exige la ley 26.529 y su modificatoria, ley 26.742.

De la historia clínica se desprende que la Dra. B. asentó que el niño salió del quirófano reactivo y excitado y pasó a la sala (fs.3 vta.). Según los peritos que dictaminaron en estos autos, el anestesiólogo es el encargado de controlar el despertar del paciente y junto con el cirujano decide el traslado. Por otra parte, al responder a fs. 402 las aclaraciones que le fueron requeridas, el Dr. Medan destacó que, antes de decidirlo, el anestesista es quien debe verificar si el paciente se encuentra en condiciones hemodinámicas (buena presión arterial), neurológicas (responde a órdenes simples), respiratorias (buena mecánica saturatoria, saturometría de pulso dentro de los valores normales) para que pueda abandonar el quirófano. En el caso no se habrían observado inconvenientes para el traslado a la sala común. Sin embargo, no surge de la historia clínica que se hubiera efectuado ni un examen hemodinámico ni respiratorio. Tampoco figura si el niño fue recibido en la sala por un médico o un enfermero. Podría sostenerse que por el escaso tiempo que había transcurrido entre la cirugía, el traslado y la posterior descompensación, no hubo tiempo material para formular ninguna de las indicaciones que habitualmente se realizan, pero tratándose de una operación delicada, como una apendicitis gangrenosa -según explicó el Dr. Medan- no abrigo dudas de que debieron extremarse los cuidados al momento de decidir dicho pase pues, cuanto menos, era exigible examinar los signos vitales, a efectos de prevenir cualquier contingencia grave, como la ocurrida y un desenlace tan vertiginoso como incontrolable, no obstante los esfuerzos realizados por el médico de terapia intensiva para salvar la vida del niño (art.386 CPCCN).

Al respecto, se ha sostenido que aun cuando la actividad médica exige diligencia en cuanto a los medios que se emplean para la curación, no se excluye la presunción desfavorable que pueda generar un mal resultado, cuando éste comparativamente, es desproporcionado con lo que ocurre usualmente, según las reglas de la experiencia y el sentido común, revelando una conducta negligente en el empleo de los medios disponibles, según el estado de la ciencia y las circunstancias de tiempo y lugar, o el descuido en su conveniente y temporánea utilización. Pienso que, en este caso, la referida presunción tiene sustento en los elementos probatorios reunidos en la historia clínica, cuya interpretación proporcionaron los dos peritos designados en esta sede, que informaron que un desenlace tan rápido como ha ocurrido, no es habitual. A partir de allí, si tanto el anestesista como el cirujano coincidieron en que el paciente se encontraba en condiciones de salir de quirófano y pasar a la sala sin evaluar las condiciones hemodinámicas y respiratorias del niño, el resultado inmediato -desproporcionado -res ipsa loquitur- autoriza inferir, o bien que la negligencia profesional radicó en la evaluación anestésica que fue incompleta o en la falta de indicaciones precisas y apropiadas para el cuidado del paciente durante el traslado y permanencia en la sala. Y es bien sabido que al estar en juego valores tan trascendentes, como la salud y la vida, la menor imprudencia, negligencia o descuido, tendrá una dimensión significativa que le ha de conferir una singular gravedad y es susceptible de desencadenar responsabilidad profesional. De allí, resulta exigible a los profesionales una máxima diligencia que lleva a extremar el deber de prevención y adoptar todos los recaudos que resulten indispensables para atender a la seguridad del paciente, por cuanto el recto ejercicio de la medicina es incompatible con actitudes superficiales.

VIII.- Probada la culpa médica y la relación causal con la muerte, surge -sin más- la responsabilidad tanto del establecimiento asistencial como de la obra social demandada.Al respecto, se ha sostenido que la responsabilidad de los hospitales, de las clínicas como así también de las obras sociales o de las empresas de medicina prepaga es directa y objetiva. Basta entonces con probar la falta médica para que éstas respondan por los daños causados

Pero aun cuando se analice la cuestión desde otro enfoque y se entienda que en estos casos se produce una estipulación a favor de terceros o bien se sostenga que es de aplicación el microsistema de la ley 24.240 y sus modificatorias, se llegaría a la misma conclusión, esto es, que los centros asistenciales responden por la mala praxis en que incurrieron los médicos o por el hecho de sus dependientes -enfermeros, camilleros, etc.- no pudiendo exonerarse probando que eligieron o vigilaron correctamente a sus médicos.

Por tanto, la demanda procederá por los daños que surjan acreditados contra A. D. C. y L. B. B., OSECAC y C. B. SRL, con extensión a su seguro «TPC Compañía de Seguros S.A.». Cabe destacar que el caso de la aseguradora, la actora solo desconoció la documentación -póliza- acompañada y no cuestionó ninguna de sus cláusulas. De modo tal que acreditada pericialmente la autenticidad de aquélla (fs. 421/426), la condena procede en los términos del art. 118 LS.

IX.- Pasaré a ocuparme de los daños. a) Gastos de sepelio Por este acápite, la actora reclamó el reembolso de la suma que abonó por el sepelio de $4.370. La jurisprudencia ha entendido que los gastos de sepelio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1084 y 1085 del Código Civil, integran el daño a resarcir por la muerte de una persona y están a cargo del autor del hecho en tanto tienen relación adecuada con las circunstancias del caso. Idéntica solución se desprende del art. 1745 del Código Civil y Comercial.

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto por el art.165 del Código Procesal, encuentro razonable la suma erogada por la actora -cuyo reembolso pretende- y propongo fijar en $4.370- el monto de este renglón, a valores del fallecimiento. b) Valor vida Es bien sabido que la vida humana no tiene por sí valor económico, sino que éste depende de las aptitudes para generar bienes, siempre con relación al derecho del pretendiente que se ve conculcado por el acto ilícito del que resulta la muerte de otro. No se trata entonces de indemnizar, como daño patrimonial, lo que el fallecido hubiera ganado en el resto probable de vida útil, sino el daño que, en el caso, importa la privación de esa vida para sus progenitores. Los padres de la persona fallecida no cuentan a su favor con la presunción de daño que para la viuda e hijos me nores establecen los artículos 1084 y 1085. De manera que si bien tienen legitimación para demandar del autor del homicidio la indemnización de los gastos necesarios para la subsistencia, deberán invocar y probar ya sea que al tiempo de la muerte, el fallecido subvenía a sus necesidades o bien que la pérdida de la vida del hijo les ha provocado la imposibilidad de contar en el futuro con la colaboración económica probable que aquél les hubiera proporcionado en la ancianidad o en la enfermedad, es decir, la frustración de la chance, para lo cual debe tenerse en cuenta que la frustración de esa ayuda tiene indudable gravitación en familias de escasos recursos.

En el caso se ha probado que el niño era hijo único de la actora viuda, pues su padre había fallecido cuando aquél contaba solo con dos años de edad. Al momento de la muerte tenía 11 años y había cursado el 5° grado en una escuela pública. Obviamente, no asistía económicamente a su progenitora pues no había alcanzado la edad legal para trabajar.De todos modos, corresponde indemnizar la chance malograda, pues la progenitora se verá privada de la posibilidad de recibir ayuda de su único hijo en la vejez, extremo que no se refiere únicamente al dinero que le hubiera podido proporcionar para la subsistencia, sino también a la frustración de la posibilidad -definitiva ya- de recibir determinadas prestaciones personales por parte del fallecido, que también son susceptibles de valoración económica.

Por cierto, no puede soslayarse que si bien la edad del hijo no constituye un obstáculo para configurar la chance perdida, el quantum indemnizatorio se halla en relación inversa al tiempo en que debía concretarse la esperanza de apoyo, pues la distancia cronológica disminuye la medida de la probabilidad. Deberá tenerse en cuenta, a su vez, la posibilidad de que llegado a la adultez el niño pudiera formar su propia familia, con lo cual sus ingresos deberían estar principalmente destinados a la atención de las necesidades de esta última.

En este contexto, estimo que, en el caso, la pérdida de la chance está constituida por el 20% del salario mínimo vital y móvil que actualmente asciende a $38.940. Este debe ser computado a partir de que el hijo fallecido alcanzó la edad legal para trabajar. Cuadra valorar también desde ese momento la expectativa de vida de la madre (44,57). Sobre esa base, propongo fijar este renglón en la suma de PESOS SEIS MILLONES ($6.000.000). c) Daño moral Se ha sostenido que el daño moral consiste en una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial. 40 Tratándose de la muerte de un hijo, la procedencia del daño extrapatrimonial resulta incuestionable.Para fijar su cuantía, cuadra ponderar que el inconmensurable dolor que representa esa pérdida y el desgarramiento espiritual que produce, porque no está en el orden natural de las cosas que los padres entierren a su descendencia. De allí aquellos que atraviesan ese duro trance sufren una profunda herida que difícilmente pueda ser reemplazada por sucedáneos económicos, toda vez que un sufrimiento de esa índole no tiene comparación con otras experiencias vitales, por lo que es perfectamente imaginable el padecimiento de la madre. Por aplicación de la regla res ipsa loquitur («las cosas hablan por sí mismas», consagrada expresamente, en la actualidad, en el art. 1744 in fine del CCCN), la reparación es procedente.

Para establecer la cuantía de este daño, cabe tener en cuenta que el dinero constituye un remedio imperfecto, que servirá como medio para compensar, en la medida posible, el daño, proporcionando satisfacciones sustitutivas y compensatorias de la enorme pérdida experimentada. No debe perderse de vista, además, que tratándose de una deuda de valor, la suma reclamada ha de ser prudentemente expresada a valores de la sentencia, siempre que guarde razonable relación con la solicitada en la demanda.

Sobre esa base, entiendo que la suma reclamada de PESOS DOS MILLONES ($2.000.000), satisface adecuadamente el principio de la reparación plena, pues permitirá a la actora enjugar mínimamente el desasosiego y la angustia de la damnificada, proporcionando -de algún modo- consuelo a su pena. d) Daño psicológico.

Es doctrina consolidada de la corte federal, que el derecho a la reparación del daño injustamente experimentado tiene jerarquía constitucional, toda vez que el neminem laedere, reconoce su fuente en el art. 19 de la Constitución Nacional. De éste se infiere el derecho a no ser dañado y, en su caso, a obtener una indemnización justa y plena. Precisamente, este fundamento se ha plasmado en el nuevo Código Civil y Comercial, cuyo art.1740 expresamente indica que la indemnización «debe ser plena», aclarando a continuación que ese carácter consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso. Este es, en otros términos, el contenido de la doctrina inveterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de modo que el nuevo código no ha hecho más que continuar en la senda ya trazada, como puede advertirse -entre otras disposiciones- a partir del principio de la inviolabilidad de la persona humana (art. 51 CCyC).

Desde esa perspectiva, para fijar el monto de este renglón indemnizatorio, no debe perderse de vista que el art. 1746 CCC remite implícitamente a la utilización de fórmulas aritméticas o tablas actuariales, criterio que surgió como una herramienta de orientación para proporcionar mayor objetividad a la cuantificación del daño. Pero existe, sin duda, otra serie de elementos que complementan este método y que permiten al juez mayor flexibilidad para fijar el monto del daño atendiendo a pautas que, aunque concretas, reclaman ser interpretadas en cada caso. Se trata, en definitiva, de las denominadas «particularidades» de cada situación específica que, en muchísimos casos, no son susceptibles de ser encapsuladas dentro de fórmulas ni pueden ser mensuradas en rígidos esquemas aritméticos.

Por tanto, en el caso, tomaré en cuenta los guarismos que surgen a partir de la fórmula, enriquecidos y complementados con la ponderación de los elementos vitales que surjan acreditados en la causa, a fin de evitar que la frialdad de una ecuación aritmética cierre la mirada a lo justo en concreto que es, en definitiva, aquello que los jueces tenemos el deber de resolver mediante una resolución razonablemente fundada (art. 3 CCyC).

La perito psicóloga que intervino en estos autos diagnosticó que M. L. A.experimenta una depresión neurótica o reactiva moderada, que produce una incapacidad del orden del 20%. Explicó que el fallecimiento de su hijo, ha impactado en su esquema psíquico y la cronicidad del cuadro devino en depresión (ver fs. 466/ 411). Recomendó también tratamiento psicoterapéutico. El informe fue observado por C. B. SRL y su seguro (fs. 441/448).

El dictamen, que considero debidamente fundado (art. 477 CPCCN), no se expide sobre la incidencia del tratamiento que recomienda sobre la incapacidad estimada. Tengo para mí también que, el tratamiento psicológico aconsejado, podrá ayudar a la accionante a tramitar el duelo, beneficio que aunque no logre borrar las huellas del daño, la ayudará a superar, al menos en parte, la situación traumática experimentada.

Por tanto, para fijar la cuantía de este renglón, no computaré el total de la minusvalía peritada sino la mitad.

Para efectuar los cálculos, además de la incapacidad -10%- tomaré en cuenta el SMVM -$38.940-, la expectativa de vida de la peticionaria -nació el 29-10-1980- y la tasa de descuento del 4%.

Sobre esas variables propicio fijar esta partida en la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($400.000) a valores actuales. e) Tratamiento psicológico.

La Lic. Charrúa recomendó que la actora lleve a cabo un tratamiento psicoterapéutico durante un año y medio con una frecuencia de dos días por semana. Al estar acreditado el beneficio terapéutico del tratamiento, propongo admitir este renglón. En cuanto al monto, la experta afirmó que el costo de cada sesión al momento del informe, ascendía a $200. Por tanto, a esa fecha -22-6-2013- propongo fijar por este menoscabo la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($72.500), a valores del peritaje (art. 165 CPCCN).

X.- En síntesis. Voto por revocar la sentencia en cuanto admite la prescripción opuesta por los codemandados, la que se rechaza, con costas en el orden causado.

Asimismo, postulo se revoque el fallo y se admita la demanda, condenándose a S. B. SRL, OSECAC, A.D. C. y L. B. B., a abonar a la actora en el plazo de diez días la suma total de PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($8.476.870). La condena llevará la accesoria de intereses. En el caso de los gastos fúnebres, deberán ser liquidados desde el fallecimiento de T. A. A. a la tasa activa cartera préstamos nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

En el caso del denominado «valor vida», como así también en el daño moral y la incapacidad psicológica, deberán ser calculados a la tasa pura del 8% desde el fallecimiento y hasta esta sentencia y desde aquí en adelante -hasta el efectivo pago- a la tasa activa mencionada. A los gastos tratamiento psicológico se le aplicará la tasa del 8% desde la muerte y hasta el peritaje del 4- 11-2015 y desde allí en adelante la tasa plenaria.

Se hará extensiva contra TPC Compañía de Seguros SA en los términos de la póliza (art. 118 LS).

De compartirse, las costas de ambas instancias serán impuestas a los demandados que resultan vencidos, con excepción de las mencionadas en el primer párrafo.

En atención a la forma en que se resuelve que modifica la base regulatoria, se dejan sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia de primera instancia (conf. art. 279 del CPCCN y art. 30, segundo párrafo de la ley 27.423) y en consecuencia, se procede a adecuarlas de conformidad a la normativa mencionad La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció respecto de la aplicación temporal de la ley 27.423, en «Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa», criterio que fue reafirmado en «All, Jorge Emilio y otro s/sucesión» CIV 315118/1988/1/RH001, del 26 de abril de 2022, de modo coincidente con lo decidido por la mayoría del tribunal.Desde esa perspectiva, el nuevo régimen legal no resulta aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante la etapa concluida durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución.

Por eso, resultan de aplicación las pautas establecidas en las leyes 21.839 (y su modificatoria ley 24.432) y 27.423 según sea, respectivamente, el tiempo en que fueron realizados los trabajos como así también las etapas comprendidas que serán detalladas a continuación.

Se tendrá en consideración respecto de las labores desarrolladas en la primera y la segunda etapa, la naturaleza del asunto, el mérito, la calidad, la eficacia y la extensión de la tarea desarrollada, monto económico comprometido, etapa cumplida y pautas legales de los arts. 6, 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley n°21.839 t.o.24.432.

En cuanto a los auxiliares de justicia (peritos de oficio), se valorará la naturaleza del informe realizado, la calidad, la importancia, la complejidad, la extensión y su mérito técnico-científico y la proporcionalidad que deben guardar estos honorarios con relación a los de los abogados actuantes en el juicio (cf. art. 478 del CPCCN). Respecto de los consultores técnicos, no es asimilable su asesoramiento, al dictamen de los peritos, por lo cual sus honorarios deben ser proporcionalmente menores aunque nunca en desmedro de su calificación profesional y de la complejidad de sus tareas, evaluadas también conforme a su calidad, extensión y mérito científico implicados. Para el conocimiento de las llevadas a cabo en la tercera etapa, se considerará el monto del asunto conforme las pautas del art.22, el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada; la complejidad; la responsabilidad que de las particularidades del caso pudiera derivarse para los profesionales; el resultado obtenido; la trascendencia económica y moral que para la interesada revista la cuestión en debate y de la resolución a que se llegare para futuros casos; y pautas legales de los artículos 1, 3, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 51, 54, 58 y c.c. de la ley 27.423.

El Dr. Guillermo González Zurro dijo:

Adhiero por análogas razones al voto prcedente.

A la misma cuestión, el Dr. Carlos A. Calvo Costa dijo:

I.- Por compartir la solución a la que ha arribado, adhiero al voto de mi distinguida colega Dra. María Isabel Benavente, aunque considero pertinente efectuar las siguientes aclaraciones con relación a la prescripción de la acción contra los médicos demandados y en torno al rubro daño moral (a fin de dejar a salvo mi opinión acerca del criterio legal aplicable para valuar dicho ítem), disintiendo respetuosamente de la determinación de la aplicación de intereses en el caso de autos.

II.- Con relación a las quejas de la parte actora vinculados a la excepción de prescripción articulada por los médicos demandados, que viene admitida, adelanto que adheriré al voto de la Dra.

Benavente, pero efectuaré algunas aclaraciones que estimo de importancia evidenciar.

En la primera edición de una obra de mi autoría sobre la temática de la responsabilidad civil médica sostuve durante un largo tiempo que la relación jurídica que se daba entre el paciente y el establecimiento asistencial, quedaba enmarcada en una estipulación a favor de tercero (cfr. art. 504 del derogado Código Civil de Vélez Sarsfield, y actual art. 1027 Cód. Civil y Comercial) por lo cual entre la clínica, sanatorio o establecimiento asistencial -estipulante-y el médico-promitente- se celebra un contrato a favor del paciente -beneficiario-. Así, se originan dos relaciones simultáneas:la del paciente con la clínica, sanatorio o ente asistencial, por un lado; y la del paciente con el médico, por el otro, resultando ser las responsabilidades (emanadas de ambos vínculos) contractuales y directas. En esta relación triangular, no cabe duda alguna que el profesional médico queda incorporado en el contrato, por su cual la deficiente atención médica que le brinde al paciente será generadora de responsabilidad contractual.

Sin embargo, la evolución que ha tenido en el derecho argentino el Estatuto del Consumidor y su expansión a distintas áreas, me ha hecho mutar de opinión (lo que he expresado y argumentado en una nueva obra de mi autoría), por lo cual considero que entre quien contrata los servicios médicos y las clínicas, sanatorios y establecimientos asistenciales en general (al igual que las empresas de medicina prepaga e, incluso, con las obras sociales), se configura una relación de consumo. No obstante, también he advertido que ante un supuesto de mala praxis no serán aplicables a los profesionales médicos las normas de defensa del consumidor ya que así lo veda el art. 2 de la ley 24.240, por lo cual los galenos responderán por el hecho propio a través de las normas del derecho común.

Aclarado esto, es importante resaltar que en el derecho nacional, ha sido Lorenzetti el primero en desestimar la teoría de la estipulación a favor del tercero, al afirmar que no puede analizarse como tal, porque los dos centros de interés principales son los del paciente que paga y los de la entidad médica que presta el servicio; indudablemente, el paciente no es tercero, sino parte: en el contrato médico hay una contraprestación y no un mero beneficio, y la extensión del vínculo se determina en función de aquella reciprocidad.De tal modo el deudor está ligado, no como responsable del hecho de otro, sino como deudor directo de una obligación incumplida, ya que el hecho ajeno no es un hecho generador autónomo de responsabilidad contractual distinto del hecho generador general que sería el incumplimiento del contrato; por ende, la responsabilidad contractual es una responsabilidad directa del deudor y fundada en el contrato del que procede la obligación incumplida. Con este argumento, considero que no habría lugar para la teoría de la estipulación a favor de terceros, y el establecimiento asistencial (e incluso la obra social) sería entonces, frente al paciente, el único deudor de las prestaciones médicas, resultando ser responsable directo (y no indirecto) por su incumplimiento.

En función de ello, no cabe duda que los deudores obligacionales en esa relación de consumo -en el caso de autos- han sido la Clínica Boedo SRL y a la Obra Social OSECAC. Ambas son responsables por los daños derivados del incumplimiento, más allá de quién lo haya ocasionado materialmente. Coincido plenamente con la Dra. Benavente que sostiene en su voto que cuando son los progenitores quienes contratan los servicios de asistencia médica para su hijo, si bien lo hacen en el interés del menor, también lo hacen en interés y en nombre propio. De tal modo, los padres son partícipes de la génesis del contrato y no son ajenos al desenvolvimiento de ese vínculo, más allá de que la prestación médica se ejecute sobre el hijo menor de edad En este esquema jurídico, queda por analizar cuál es el rol de los médicos que llevan a cabo las prestaciones médicas.Al respecto, mi distinguido colega de la Sala A, Sebastián Picasso, sostiene que el hecho de que el solvens introduzca un tercero para ejecutar el contrato en su lugar, en nada altera la naturaleza o el fundamento de su responsabilidad, que sigue siendo personal y directa, ya que poco importa si incurre en incumplimiento por su hecho propio o por interpósita persona, ya que él es el contratante y su responsabilidad es contractual. Agrega, citando a Savatier (comentario en Juris Classeur Périodique, 1991-II-21730), que el paciente no se vincula con el médico por su libre elección, sino por la confianza que le inspira el establecimiento de salud con el que contrata. Así, en materia obligacional, el deudor es ya el responsable directo por su simple condición de obligado, situación que en nada se altera por el hecho de que emplee a un tercero para ejecutar materialmente el plan de conducta comprometido. La dependencia o no del médico, entonces, no juega ningún rol apreciable en el campo contractual. Comparto plenamente esta postura, que ha sido plasmada en el ordenamiento jurídico argentino en el art. 732 del Cód. Civ. y Com., con el denominado principio de equiparación referido a la actuación de los auxiliares.

Queda claro pues, a mi entender, que no hay lugar para la teoría de la estipulación a favor de terceros, y tanto el establecimiento asistencial como la obra social serían, entonces, frente al paciente, los únicos deudores de las prestaciones médicas, resultando ser responsables directos (y no indirectos) por el incumplimiento de las obligaciones que han asumido, entre las cuales, claro está, se encuentran incluidas las diligentes atenciones médicas brindadas por los médicos que prestan servicio.Es allí donde adquiere relevancia la culpa del médico en el desarrollo del plan de conducta, pues dicho plan es lo debido por dichas entidades, y serán ellas quienes responderán, en el marco del contrato, por su propio incumplimiento.

Por ende, esos servicios médicos comprometidos deben ser prestados de modo tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o la integridad física de los consumidores o usuarios (art. 5º, ley 24.240). Y, en el caso de instituciones médicas que contratan con los pacientes, dichos servicios médicos ofrecidos deben ser brindados idóneamente, y conforme a normas que hacen en este caso al ejercicio de la medicina.

En este esquema que propongo -aún minoritario doctrinariamente y también en nuestros tribunales- el facultativo no es parte de esa relación de consumo, por lo cual resultaría difícil avizorar de qué modo se daría la relación contractual entre el paciente y los médicos que lo han atendido y que no han sido elegidos previamente por aquél. En el caso de autos, eran galenos que prestaban servicios en la Clínica Boedo S.R.L. y que intervinieron al menor en una situación de emergencia, por lo cual no fueron elegidos libremente por la actora.No obstante mi opinión y mi parecer, todavía persiste en nuestro país una profusa y abundante doctrina y jurisprudencia que configuran la postura mayoritaria, que sostiene lo contrario y afirma que la relación médico y paciente encuadra en la órbita convencional.

Advierto también que el derecho argentino, al igual que sucede en Italia y España, se entiende pacíficamente que la responsabilidad contractual se genera por el incumplimiento de una obligación preexistente, cualquiera sea su fuente, incluso cuando se trate de una obligación legal o cuasi contractual (que no sea un hecho ilícito), es decir, que abarca incluso la inobservancia de deberes que no encuentran su propia fuente en el contrato, y el médico es susceptible de incurrir en ella por el incumplimiento de ellos.

En virtud de ello, y sin perjuicio de haber expuesto mi opinión al respecto, acompañaré el voto de la vocal preopinante en esta cuestión por lo que adhiero a su propuesta en cuanto dispone que el plazo de la prescripción liberatoria para el caso de autos es el previsto en el art. 4023 del Cód. Civil, el que no había transcurrido al momento de iniciarse la demanda.

III.- Asimismo, con relación al daño moral, aunque concuerdo con los montos propuestos por la Dra. Benavente para enjugar la presente partida, deseo dejar a salvo mi opinión acerca del criterio legal aplicable para valuar el ítem, así como expresar mi disidencia en torno a su prueba.

Sin desconocer que se han desarrollado en la doctrina varias teorías en torno a la manera de reparar el daño moral (la teoría del solatium del derecho alemán, la teoría de a superación, etc.), es indudable que -como mi distinguido colega de sala lo advierte en su voto- en el derecho argentino el art. 1741 del Código Civil y Comercial determina con un evidente sentido normativo el estándar de cuantificación de la indemnización, al disponer que:»El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas». Es decir, se pretende a través de su reparación que la víctima del daño pueda procurarse placeres compensatorios. En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al referirse a la cuantificación del daño moral, ha sostenido al respecto que «no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido. Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido».

Sin embargo, y más allá de que estimo que no puede eludirse sin más el criterio para su cuantificación que claramente determina la norma citada, dejo aclarado que soy partícipe de la postura que admite que los magistrados pueden emplear -además de las satisfacciones sustitutivas o compensatorias- otros criterios complementarios a la hora de la fijación de su cuantía atendiendo a las particularidades del caso en concreto: por ejemplo, cuando el daño moral es consecuencia de una situación irreversible para el damnificado, tal como ocurre en aquellos supuestos en los cuales la víctima queda imposibilitada de procurarse placeres compensatorios o sustitutivos, como el caso de quien queda en estado vegetativo sin posibilidad de poder experimentar satisfacción o placer alguno.

En el caso de autos, estamos en presencia del reclamo por este rubro ante la muerte de un hijo. Es indudable pues, que difícilmente pueda concebirse un supuesto de daño moral indirecto de mayor gravedad que un hecho como el de autos, por su intensidad y perdurabilidad. En palabras de Mosset Iturraspe, «la vida de los hijos representa para los padres, desde el ángulo de los sentimientos, un valor incomparable.El padre o la madre ven en los hijos el fruto de su amor, la continuación de sus vidas más allá de las propias, y esperan recibir de ellos buena parte del cariño que han depositado, como consuelo y ayuda espiritual en los altos años de la vida».

Estimo pues, que el monto propuesto por la Dra. Benavente cumple con las directivas emanadas del art. 1741, por lo cual, con estas aclaraciones, adhiero también a lo propuesto por la distinguida vocal preopinante respecto a esta partida.

IV.- Pues bien, con relación a la aplicación de los intereses, expreso una respetuosa disidencia con mi distinguida colega de sala Dra. Benavente, quien propone que los intereses deberán liquidarse: a) para los «gastos fúnebres», a la tasa activa cartera préstamos nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el fallecimiento de Tomás A. Anrríquez hasta el efectivo pago; b) para el rubro «valor vida», como así también para el «daño moral» y «la incapacidad psicológica», deberán ser calculados a la tasa pura del 8% desde el fallecimiento y hasta esta sentencia y a partir de allí -hasta el efectivo pago- a la tasa activa mencionada; y, c) para los «gastos de tratamiento psicológico» propone aplicar la tasa del 8% desde la muerte y hasta el peritaje del 4 de noviembre de 2015, y desde allí en adelante la tasa plenaria.

Pues bien, como lo he expresado en varios precedentes en los que han sido tratadas quejas similares (dictados en la Sala A que integro en esta Excma. Cámara), la cuestión de los intereses ha sido ya resuelta por este cuerpo en el fallo plenario dictado en los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios» , del 20/4/2009, que estableció, en su parte pertinente: «2) Es conveniente establecer la tasa de interés moratorio.3) Corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. 4)La tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido».

No soslayo, sin embargo, que la interpretación del mencionado fallo plenario, y particularmente de la excepción contenida en la última parte del texto transcripto, ha suscitado criterios encontrados.

En primer lugar, es importante evidenciar que el citado fallo plenario está fijando la tasa de interés moratorio, con lo cual resulta claro que -como por otra parte también lo dice el citado fallo- el punto de partida para su aplicación debe ser el momento de la mora. Ahora bien, es moneda corriente la afirmación según la cual la mora (en la obligación de pagar la indemnización, se entiende) se produce desde el momento en que se sufre cada perjuicio objeto de reparación. Por lo demás, así lo estableció esta cámara -aunque en materia de responsabilidad extracontractual- en otro fallo plenario, «Gómez, Esteban c/ Empresa Nacional de Transportes» , del 6/12/1958, y así también lo dispone el art. 1748 del Código Civil y Comercial en cuanto establece «Curso de los intereses.El curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio».

Así sentado el principio general, corresponde ahora analizar si en el presente caso se configura la excepción mencionada en la doctrina plenaria, consistente en que la aplicación de la tasa activa «en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido».

En primer lugar, es indudable a mi entender que quien alegue que la aplicación de la tasa activa desde el momento del hecho implica una importante alteración del significado económico del capital de condena y que se traduce en un enriquecimiento indebido del acreedor debe probarlo.

Nada de ello ha ocurrido en los presentes obrados.

Así las cosas, no creo posible afirmar que la sola fijación en la sentencia de los importes indemnizatorios a valores actuales basta para tener por configurada esa situación. No advierto que la aplicación para esta partida de la tasa activa desde el momento del hecho -aún cuando los importes indemnizatorios hayan sido establecidos a valores actualesconfigure una alteración del significado económico del capital de condena y/o que ello se traduzca en un enriquecimiento indebido del acreedor. Ello por cuanto, a priori, y tal como lo ha señalado un ilustre colega en esta cámara, el Dr. Eduardo Zannoni, la prohibición de toda indexación por la ley 23.928 -mantenida actualmente por el art. 4 de la ley 25.561- impide considerar que el capital de condena sea susceptible de esos mecanismos de corrección monetaria. En palabras del mencionado colega:»La circunstancia de que, cuando se trata de resarcimientos derivados de hechos ilícitos, el juez en la sentencia estima ciertos rubros indemnizatorios a valores actuales -como suele decirse-, a los fines de preservar en equidad el carácter resarcitorio de la indemnización, no significa que se actualicen los montos reclamados en la demanda o se apliquen índices de depreciación monetaria», pues tales mecanismos de actualización están prohibidos por las leyes antes citadas.

Pero más allá de ello, lo cierto es que aun si se considerara que la fijación de ciertos mo ntos a valores actuales importa una indexación del crédito, estimo que no puede afirmarse que la tasa activa supere holgadamente la inflación que registra la economía nacional, de forma tal de configurar un verdadero enriquecimiento del acreedor, lo que obstaría a su aplicación. La fijación de tasas menores, en las actuales circunstancias del mercado, puede favorecer al deudor incumplidor, quien nuevamente se encontrará tentado de especular con la duración de los procesos judiciales, en la esperanza de terminar pagando, a la postre, una reparación menguada -a valores reales- respecto de la que habría abonado si lo hubiera hecho inmediatamente luego de la producción del daño.

Por las razones expuestas, no encuentro que se configure, en la especie, una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido del actor, razón por la cual considero que debe aplicarse a todos los rubros que han sido admitido la tasa activa decidida en el plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en «Samudio de Martínez Ladislaa c/ Transporte 270 S.A.», del 20/04/2009, a partir del hecho (momento en que la obligación de reparar se tornó exigible) y hasta el efectivo pago.

Por otra parte, con relación a los intereses propuestos por la vocal preopinante con relación al rubro «gastos de tratamiento psicológico» , estimo que no hay motivo para no establecer que tales réditos corran también desde el momento del hecho, ya quea mi entender la letra del citado art. 1748 del Código Civil y Comercial no deja lugar a duda al respecto, resultando superflua la consideración de cualquier otro momento (ej. fecha en que se realice efectivamente la erogación para costearlo, fecha de su determinación, etc.). En esto coincido con la calificada doctrina que estima que en casos como el aquí tratado, la necesidad de la víctima de afrontar el tratamiento psicológico se plasma en el mismo momento en que sufre el daño psíquico, ya que a partir de ese instante es cuando se configura el daño emergente consistente en el costo del tratamiento futuro y el momento desde el cual deben computarse los intereses. En otras palabras, estimo que el daño no se sufre sino en el momento mismo en que el damnificado queda en una situación que determina una minoración en sus intereses.

Por ende, estimo que debe aplicarse en concepto de intereses al monto de condena, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, a computarse desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago.

V. Con estas aclaraciones y la disidencia planteada en torno a la aplicación de los intereses, adhiero al voto de la Dra. María Isabel Benavente.

VI.- En cuanto a los honorarios, dejo expresada mi disidencia parcial, pues considero aplicable la nueva ley de honorarios a todos los asuntos en los que no hubiera regulación de honorarios al tiempo de la modificación legislativa, razón por la cual en atención a la mayoría conformada por el Tribunal, no me pronunciaré.

Con lo que terminó el acto, firmando las señoras jueces por ante mi que doy fe. Fdo.: María Isabel Benavente, Guillermo D. González Zurro y Carlos A. Calvo Costa. Ante mí, Adrián Pablo Ricordi (Secretario interino). Lo transcripto es copia fiel de su original que obra en el libro de la Sala.Conste.

Buenos Aires, mayo 16 de 2022.

Y Visto:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal por mayoría Resuelve: 1) Revocar la sentencia en todas sus partes. En su mérito, se rechaza la excepción de prescripción opuesta por A.D.C. y L.B.B., con costas en el orden causado. Se admite la demanda, con costas de ambas instancias a los demandados vencidos (art. 68 CPCCN). En su mérito, se condena a S. B. SRL, A. D. C. y L. B. B. y a OSECAC, a abonar a la actora la suma de PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($8.476.870), con más sus intereses, los que serán liquidados de conformidad con lo establecido en el considerando X). Se hace extensiva la condena contra TPC Compañía de Seguros SA, en los términos de la póliza. 2) En consecuencia, se regulan los honorarios del Dr. Miguel Ángel González, apoderado de la accionante, por las primeras dos etapas en la suma de $.y la cantidad de .UMA equivalente a la suma de $., por la tercera. A la abogada patrocinante Dra. Lilian Beatriz Lirosi, por las dos primeras etapas la suma de $.y la cantidad de . UMA equivalente a la suma de $.por la tercera; y a la Dra. Gabriela Laura Teves, por su intervención en la audiencia prevista por el artículo 360 del Código Procesal, la suma de $.

Los honorarios de la Dra. Andrea Verónica Plazibat, por su actuación como apoderada de la codemandada Clínica Boedo S.R.L, por la primera etapa y parte de la segunda, se regulan en la suma de $. Al apoderado de la citada en garantía TPC Compañía de Seguros S.A., Dr.Mauro Raúl Blanco, por su labor en la primera etapa y en la segunda, donde representó también a la codemandada Clínica Boedo S.R.L., se le regula la suma de $., y la cantidad de .UMA equivalente a la suma de $.por la tercera etapa.

Al patrocinante de los codemandados L B B y C A D C, Dr. Federico Edgardo Moroni, se regula la suma de $.por las primeras etapas y la cantidad de .UMA equivalente a la suma de $., por la tercera.

A la apoderada de Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), Dra. Silvia Inés Colavecchia por su labor en las dos primeras etapas, se regulan en la suma de $.y la cantidad de .UMA equivalente a la suma de $., por la tercera. Ala Dra. Marta Beatriz Cantaluppi, por su labor en la audiencia preliminar, se fija la suma de $.

En lo que hace a los auxiliares de justicia, se regulan los honorarios del médico cirujano Dr. Carlos Daniel Medan, psicóloga Patricia Myriam J. Charrúa y médica anestesióloga Gabriela Roxana Winogora, en la suma de $.para cada uno. Al contador, Miguel Ángel Ramenghi, la suma de $.y al consultor médico de la demandante, Dr. Enrique Ángel Elli, la suma de $.

Con respecto a los honorarios de la mediadora, Raquel Amelia Teresita Sudiro, se considerará el monto económico comprometido y pautas del Decreto Reglamentario 2536/2015 (art. 1 y 2, anexo I y art. 2, incs. «g» del Anexo III), razón por la cual se regulan en la suma de $.

Por los trabajos realizados en esta instancia que incluyen la actuación en la audiencia celebrada el 20 de abril, se regulan los honorarios de los Dres. Miguel Ángel González, Lilian Beatriz Lirosi y Gabriela Laura Teves en conjunto, en la cantidad de .UMA equivalente a la suma de $.

Al Dr. Mauro Raúl Blanco en la cantidad de .UMA equivalente a la suma de $.y a la Dra. María Julia San Juan, en la cantidad de . UMA equivalente a la suma de $. Los de la Dra. Agustina Susana Norma Noguer, que representó a los codemandados Balsi y Di Carlo en la audiencia mencionada, se fijan en la cantidad de . UMA equivalente a la suma de $.; y los de la Dra. Silvia Inés Colavecchia, en la cantidad de .UMA equivalente a la suma de $. A los auxiliares de justicia, médico cirujano Dr. Carlos Daniel Medan y a la médica anestesista Dra. Gabriela Roxana Winogora, se regula la cantidad de .UMA equivalente a la suma de $., para cada uno (conf. art. 30 y 59 inc. e) de la ley 27.423).

La equivalencia de la unidad de medida arancelaria (UMA) que se expresó es la establecida en la Ac. 4/2022 CSJN Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARIA ISABEL BENAVENTE

JUEZ DE CAMARA

ADRIAN PABLO RICORDI

SECRETARIO INTERINO

GUILLERMO GONZALEZ ZURRO

JUEZ DE CAMARA

CARLOS ALBERTO CALVO COSTA

JUEZ DE CAMARA

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