fbpx

#Fallos Estado incumplidor: No es aplicable la inembargabilidad de los fondos públicos respecto de la deuda de ANSeS por el reajuste de un haber previsional

Partes: Roggiapane Marcelo Javier c/ ANSES s/ Haber mínimo

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: A

Fecha: 16 de mayo de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137205-AR|MJJ137205|MJJ137205

Se declara no aplicable la inembargabilidad de los fondos públicos respecto de una deuda consistente en el reajuste de un haber previsional.

Sumario:
1.-El no cumplimiento por parte del Estado de las sentencias judiciales, importaría tanto como colocarlo fuera del orden jurídico, cuando es precisamente quien debe velar con más ahínco por su respeto.

2.-La inembargabilidad que se concede al Estado, no es un beneficio incondicional e irrestricto; antes bien, se supedita a que éste cumpla y acate las mandas judiciales de un modo determinado que no perjudique su actividad, pero que garantice el cumplimiento de sus obligaciones.

3.-Ordenar que a fin de percibir el monto de la planilla se siga el procedimiento establecido en el art. 170 de la Ley 11.672 no resulta ajustado a derecho ya que no puede soslayarse que dicho medio puede llevar años, lo cual podría implicar que la sentencia quede reducida a una mera expresión de deseos para el justiciable.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

4.-No puede soslayarse la circunstancia de que quien cuestiona una planilla de liquidación debe realizar un ataque específico y concreto, demostrando el error en los números o aplicación del derecho, practicando los cálculos que a su juicio son correctos y de cuya comparación pueda surgir eventualmente el error aducido.

5.-No existen elementos de análisis contable, ya que los agravios señalados en la impugnación resultan genéricos y fincados netamente en lo jurídico, esto es, en la aplicación del impuesto a las ganancias al haber mínimo reconocido, sin haber realizado ningún cálculo aritmético al respecto.

6.-Habrá de privilegiarse la normativa especial frente al régimen general, más aún cuando analizando el Diario de Sesiones de las Cámaras Legislativas con motivo de la sanción de la normativa antes referida se tuvo en cuenta la necesidad de no dilatar el pago de las sentencias recaídas un juicio previsional (del voto del Dr. Ávalos).

Fallo:
En la Ciudad de Córdoba a 16 días del mes de mayo del año dos mil veintidós, reunida en Acuerdo la Sala «A» de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: «ROGGIAPANE, MARCELO JAVIER c/ ANSES – HABER MINIMO GARANTIZADO» (Expte. N° FCB 45683/2014/CA2), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la demandada en contra de la Resolución de fecha 9 de septiembre de 2020 , dictada por el entonces Juez Federal Subrogante de San Francisco, a través de la cual se declaró la inconstitucionalidad de los arts. 18 inc. b) y 79 inc. c) de la ley 20.628 y art. 115 de la ley 24.241 en cuanto ordena la retención del impuesto a las ganancias del haber previsional y de los montos retroactivos e intereses generados por tal concepto y aprobó la planilla de liquidación presentada por la actora intimando a ANSES a que en el término de treinta (30) días abone la suma de $1.000.296,64 en concepto de capital e intereses, ordenándole además que se abstenga de retener suma alguna en concepto de impuesto a las ganancias , y en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la actora en contra de la Resolución de fecha 18 de mayo de 2021 , dictada por el entonces Juez Federal Subrogante de San Francisco, a través de la cual rechazó el pedido de embargo solicitado por el accionante ordenando a éste acudir al procedimiento de cobro previsto por el art. 170 de la Ley N° 11.672 a los fines de percibir el monto de planilla aprobado.

Puestos los autos a resolución de la Sala los señores Jueces emiten sus votos en el siguiente orden: IGNACIO M. VELEZ FUNES – EDUARDO AVALOS.-

El señor Juez de Cámara, doctor IGNACIO M. VÉLEZ FUNES, dijo :

I.- Llegan los presentes autos y su acumulado «Inc.Apelación de Roggiapane, Marcelo Javier – ANSES en autos ROGGIAPANE, MARCELO JAVIER c/ ANSES s/ HABER MINIMO GARANTIZADO» (FCB 45683/2014/1/CA3) a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la demandada en contra de la Resolución de fecha 9 de septiembre de 2020, dictada por el entonces Juez Federal Subrogante de San Francisco, a través de la cual se declaró la inconstitucionalidad de los arts. 18 inc. b) y 79 inc. c) de la ley 20.628 y art. 115 de la ley 24.241 en cuanto ordena la retención del impuesto a las ganancias del haber previsional y de los montos retroactivos e intereses generados por tal concepto y aprobó la planilla de liquidación presentada por la actora intimando a ANSES a que en el término de treinta (30) días abone la suma de $1.000.296,64 en concepto de capital e intereses, ordenándole además que se abstenga de retener suma alguna en concepto de impuesto a las ganancias , y en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la actora en contra de la Resolución de fecha 18 de mayo de 2021 , dictada por el entonces Juez Federal Subrogante de San Francisco, a través de la cual rechazó el pedido de embargo solicitado por el accionante ordenando a éste acudir al procedimiento de cobro previsto por el art. 170 de la Ley N° 11.672 a los fines de percibir el monto de planilla aprobado (Lex 100: fs. 148/150).

Cabe señalar en primer lugar que los autos caratulados: «ROGGIAPANE, Marcelo Javier c/ ANSES – Haber Mínimo Garantizado» (Expte. 45683/2014/CA2) y los autos «Inc.Apelación de Roggiapane, Marcelo Javier – ANSES en autos ROGGIAPANE, MARCELO JAVIER c/ ANSES s/ HABER MINIMO GARANTIZADO» (FCB 45683/2014/1/CA3) fueron acumulados, por tener relación directa entre ello, en virtud del proveído de fecha 18 de noviembre del corriente año, a fin de resolver ambos recursos a través del presente resolutorio (Lex 100 fs. 162).

II.- En lo que respecta a la apelación deducida por la demandada -ANSeS- en contra de la primera de las sentencias mencionadas, esto es la de fecha 9 de septiembre de 2020, la recurrente expresa que le agravia lo decidido en cuanto ordena abonar a la actora la suma de pesos Un millón doscientos noventa y seis mil sesenta y cuatro centavos ($1.000.296,64) sin haber efectuado consideración alguna respecto a la retención del impuesto a las ganancias que debe efectuar el Organismo. Haciendo referencia a la naturaleza jurídica de los montos que debe abonar ANSeS, afirma que el pago que pudiera efectuarse a la parte actora en concepto de retroactivo debe considerarse como «pago de haberes» del beneficio que percibe y, como tal, alcanzado por la Ley 20.628. Alega que el fundamento que da sustento a dicha afirmación surge de los artículos 1 y 79 inc. c) de la Ley 20.628 (t.o. Ley 25.063). Como así también del párrafo tercero del inc. i) del art. 20 de la Ley 20.628 y del tercer párrafo del inc. b) del artículo 18 de la ley citada, los que transcribe.

Sostiene además, que las acreencias que tienen su origen en reajustes de haberes previsionales ordenados judicialmente, deben ser objeto de retención por impuesto a las ganancias, por así establecerlo la ley respectiva. Dicho de otro modo, las sumas abonadas en concepto de diferencia de haberes y sus intereses tributan impuesto a las ganancias y ANSES actúa como agente de retención por mandato legal.Y agrega que, la Resolución atacada desconoce el carácter de agente de retención del Organismo.

Concluye solicitando que se revoque la resolución y en consecuencia considere que corresponde efectuar el descuento/retención por impuesto a las ganancias sobre los importes que le pudieran corresponder percibir al actor. Mantiene el caso federal (Lex 100: Escrito de fecha 23/10/2020).

Corrido el traslado de ley, la parte actora contesta agravios a través del Escrito de fecha 2/11/2020 solicitando el rechazo de la apelación deducida por los argumentos que allí expone y a los cuales me remito por cuestiones de brevedad.

III.- La parte actora al deducir la apelación en contra de la Resolución de fecha 18 de mayo de 2021, que rechaza el pedido de embargo solicitado habiéndosele ordenado acudir al procedimiento de cobro previsto en el art. 170 de la Ley N° 11.672 a los fines de percibir el monto de planilla aprobado, expone que le agravia el rechazo del pedido de embargo solicitado toda vez que -atento los fundamentos dados para dicho rechazo- se antepone la salud de las cuentas públicas por sobre los derechos de propiedad y derechos económicos de quienes han recurrido a la Justicia en busca de una respuesta, Justicia que en este caso se ha expedido decidiendo postergar la satisfacción de su crédito y denegando el pedido formulado.

Alega que el fallo que se ataca reviste una gravedad institucional pocas veces vista, gravedad que radica en el carácter alimentario de las acreencias que están en juego y cuya percepción se posterga vaya saber por cuanto tiempo.Afirma que someterse al mecanismo de cobro que pretende el fallo claramente conduciría a la frustración de los derechos y garantías constitucionales de los particulares que se encuentren en condiciones de ejecutar las sentencias, tal como la de autos.

En definitiva -sostiene- quien ha acudido a la Justicia, ha obtenido despacho favorable a sus pretensiones, ha esperado pacientemente que la demandada obedezca la sentencia en el plazo que señala la Ley N° 24.463 en su art. 22, resulta que, cuando intenta ejecutar la sentencia, se encuentra con que no solo no existe consecuencia legal y jurídica alguna por la falta de cumplimiento, sino que además se le dice que las cuentas públicas resultan inembargables para satisfacer su crédito y que debe recurrir a un procedimiento de cobro que puede llevar años. Entiende que la resolución atacada es claramente violatoria de los derechos y garantías constitucionales, convirtiendo a la sentencia en una mera expresión de deseos.

Seguidamente, cita jurisprudencia que se ha expedido en sentido favorable a sus pretensiones.

Pide concretamente que se haga lugar a la apelación interpuesta y se revoque la resolución atacada ordenándose en consecuencia, la traba de embargo sobre los fondos de la demandada.

Hace reserva del caso federal (Lex 100: fs. 153/156).

Corrido el traslado de ley, la contraria – ANSeS- deja vencer el término legal sin contestar agravios por lo cual se le da por decaído el derecho dejado de usar a través del proveído de fecha 29/9/2021 (Lex 100 fs. 159).

IV.- De los antecedentes obrantes en la causa, se desprende que la parte actora inició la presente ejecución de sentencia en contra de ANSeS en virtud de la Resolución de fecha 26 de mayo de 2017, confirmada posteriormente por este Tribunal a través de Resolución de fecha 15 de abril de 2019 en cuanto al reconocimiento del derecho a percibir la diferencia en el retiro transitorio por invalidez que venía percibiendo hasta alcanzar el haber mínimo garantizado que prevé el art.46 de la Ley N° 26.198;.

Dicha ejecución fue resuelta a través de la sentencia de fecha 9 de septiembre de 2020 por medio de la cual se declaró la inconstitucionalidad de los arts. 18 inc. b) y 79 inc. c) y art.

115 de la Ley 24.241 en cuanto ordenan la retención del impuesto a las ganancias del haber previsional y de los montos retroactivos e intereses generados por tal concepto habiéndose aprobado la planilla presentada por la actora. Tal decisión, al no ser cumplida en tiempo y forma por ANSeS motivó que la actora efectuara petición de embargo sobre las cuentas de tal Organismo a fin de garantizar su acreencia, siendo resuelto ello a través de la Resolución de fecha 18 de mayo de 2021, ambas objeto de estudio en esta instancia.

Por cuestiones de orden metodológico se abordará en primer lugar la apelación deducida por la demandada para luego considerar el recurso interpuesto por la actora en contra del rechazo de embargo solicitado.

V.- En efecto, ingresando al análisis de la queja de ANSeS dirigida a cuestionar la inconstitucionalidad dispuesta cabe señalar que sobre dicha temática en par ticular este Tribunal ya se ha expedido en numerosos antecedentes dejando sentada postura que coincide con lo resuelto por el Inferior. En efecto y tal como se señala el decisorio apelado esta Sala A declaró la inconstitucionalidad de las normas citadas en los autos «Domínguez, Mirtha Liliana c/ AFIP s/ Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad» (Expte.N° FCB57855/2017, sentencia de fecha 20/11/2019) haciendo eco del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los antecedentes «García» y «Carderale», postura que hoy mantengo.

Resulta oportuno traer a colación, aunque sea brevemente a fin de no reiterar los fundamentos dados por el Sentenciante, que el Máximo Tribunal en el antecedente «García» (Fallos 342:411 ) destacó el deber del legislador de estipular respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos. Dicho compromiso constitucional, entiende el Tribunal, resulta transversal a todo el ordenamiento jurídico, proyectándose concretamente a la materia tributaria, ya que no es dable postular que el Estado actúe con una mirada humanista en ámbitos carentes de contenido económico inmediato (libertades de expresión, ambulatoria o tránsito, etc.) y sea insensible al momento de definir su política fiscal. Es que, en definitiva, el sistema tributario no puede desentenderse del resto del ordenamiento jurídico y operar como un compartimento estanco, pues ello lo dejaría al margen de las mandas constitucionales.

En esa línea, el Máximo Tribunal, entendió que el envejecimiento y la discapacidad -como motivos más comunes para acceder al status de jubilado- «son causas predisponentes o determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obliga a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales.» Asimismo, agregó que la sola capacidad contributiva como parámetro para el establecimiento de tributos a los jubilados, pensionados, retirados o subsidiados, resulta insuficiente si no se pondera la vulnerabilidad vital del colectivo concernido, por lo que resolvió, habiéndose acreditado la situación de vulnerabilidad de la actora, reintegrarle los montos que se hubieran retenido en concepto de impuesto a las ganancias de la prestación previsional, y declaró en el caso concreto, la inconstitucionalidad de los arts. 23, inc. c); 79, inc.c); 81 y 90 de la ley 20.628.

Con posterioridad, el Máximo Tribunal, dejó firme el pronunciamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social en autos «Carderale, Leonardo Gualberto c/ ANSeS s/ Reajustes varios» (Sala 2, de fecha 16 de mayo 2019) que dispuso también la inconstitucionalidad del art. 79 inc. c) de la ley 20.628 y el art. 115 de la ley 24.241 pero sin hacer referencia al status de vulnerabilidad explicitado en «García». Postura que -como señalé anteriormente- comparto en la actualidad. Por tal razón corresponde rechazar la queja expuesta en este sentido debiendo confirmarse lo resuelto en la instancia de grado en este punto.

En lo que respecta a la queja que cuestiona la aprobación de planilla de ejecución efectuada por la actora , se advierte que la mismas se limitan a manifestar que lo decidido le causa agravio, pero sin suministrar nuevos elementos de juicio que permitan advertir error en su confección.

En tal sentido, no puede soslayarse la circunstancia de que quien cuestiona una planilla de liquidación debe realizar un ataque específico y concreto, demostrando el error en los números o aplicación del derecho, practicando los cálculos que a su juicio son correctos y de cuya comparación pueda surgir eventualmente el error aducido. Ello así y en consonancia con lo resuelto por la C.F.S.S., Sala I en «Savoia, Héctor Julio c/ANSES s/ Ejecución Previsional», sent.N° 67.861 de fecha 27/6/2006, en donde expresó que:

«.quien impugna una planilla debe demostrar el error en los números o aplicación del derecho y que más allá de la impugnación realizada la parte debe practicar las cuentas que a su juicio son correctas y de cuya comparación surgirá el error.».

En ese contexto, de lo expuesto por el recurrente al fundar su apelación surge que no existen elementos de análisis contable ya que los agravios señalados en la impugnación resultan genéricos y fincados netamente en lo jurídico, esto es, en la aplicación del impuesto a las ganancias al haber mínimo reconocido, sin haber realizado ningún cálculo aritmético al respecto. Por dicha razón, al constituir sus dichos una mera disconformidad con lo resuelto, corresponde confirmar el decisorio apelado también en este extremo.

VI.- En lo que respecta a la apelación deducida por la parte actora en contra de la decisión adoptada por el Juez de grado en la sentencia de fecha 18/5/2021 que rechazó el pedido de embargo por ella solicitado ordenándole acudir al procedimiento de cobro previsto en el art. 170 de la Ley 11.672 a fin de percibir el monto aprobado, cabe señalar -una vez más- que el actor cuenta con sentencia favorable en cuanto al derecho de percibir el haber mínimo previsional desde mayo del año 2017 siendo confirmada por esta Cámara en abril de 2019. Al no ser cumplida dicha manda judicial por la demandada el accionante insta la presente ejecución la cual cuenta con Resolución judicial (del 9/9/2020) que aprueba la planilla con un plazo ordenado para cumplir, el cual también tuvo resultado negativo ya que tampoco ANSeS ha dado cumplimiento en el tiempo legal previsto a tal efecto.Tal situación provocó que el accionante solicite el embargo sobre las cuentas de ANSeS petición que, al ser rechazada por el Juez de grado, hoy es materia de estudio de esta instancia.

Atento lo acontecido en autos, esto es, los antecedentes fácticos y procesales de la causa sumado al tiempo transcurrido desde el dictado de la sentencia y la falta de cumplimiento en tiempo y forma, desde ya adelanto opinión en cuanto corresponde hacer lugar a la apelación deducida, resultando ello así por las razones que a continuación paso a exponer y por ser la postura ya asumida por este Tribunal y que hoy mantengo en los autos caratulados: «BENITEZ, Héctor c/ ANSeS s/ Ejecución Previsional» (Expte. FCB54020066/2009/CA1) con sentencia del 10/2/2021.

En efecto, cabe tener en cuenta que a partir del caso «Pietranera» (Fallos 265:291) la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dicho reiteradamente que el no cumplimiento por parte del Estado de las sentencias judiciales, importaría tanto como colocarlo fuera del orden jurídico, cuando es precisamente quien debe velar con más ahínco por su respeto.

Asimismo, el máximo Tribunal ha señalado que «.tratándose de la ejecución de créditos de naturaleza previsional, su contenido alimentario exige una consideración particularmente cuidadosa a fin de que, en los hechos, no se afecten sus caracteres de integrales e irrenunciables, ya que el objetivo de aquellos es la cobertura de los riesgos de subsistencia y ancianidad, momentos de la vida en los que la ayuda es más necesaria» (Rolón Zapa, Víctor Francisco s/ recurso de queja, Fallos: 311:1644); también ha expresado la Corte que «Corresponde revocar la sentencia que ordenó el levantamiento del embargo de las cuentas de la ANSeS si el art. 23 de la ley 24.463, que disponía su inembargabilidad fue derogado por la ley 26.153; asimismo, la ley 26.337 -de presupuesto para el año 2008-, en su art.39, dispuso el pago de los créditos derivados de sentencias judiciales por reajustes de haberes a los beneficiarios previsionales mayores de 70 años al inicio del ejercicio respectivo, debiéndose percibir las sumas adeudadas en efectivo y en un solo pago y similares disposiciones fueron establecidas por los arts. 29 y 36 de las leyes de presupuesto 26.078 y 26.198, para los años 2006 y 2007 y la Resolución 12/2004 de la Secretaría de Seguridad Social para los mayores de 80 años de edad y la actora cuenta con más de 84 años de edad» (Reguera, Sara s/ Ejecución previsional (Fallos: 332:1928 del 1/08/2009).

En igual sentido, la Cámara Federal de la Seguridad Social ha sostenido que: «La inembargabilidad que se concede al Estado, no es un beneficio incondicional e irrestricto; antes bien, se supedita a que éste cumpla y acate las mandas judiciales de un modo determinado que no perjudique su actividad, pero que garantice el cumplimiento de sus obligaciones. El Estado, gestor y protector de la sociedad y los individuos que la componen, debe ser el primero en honrar sus deudas, entender lo contrario es absolutamente impensado en un Estado de derecho» (C.F.S.S., Sala II en autos «Salum Yamil c/ ANSES s/ ejecución previsional de fecha 17/2/2.002).

Como ya adelanté el planteo formulado por la actora apelante ha de tener acogida favorable. Repásese en este sentido -y como ya lo expuse- que en los presentes autos se está ante una pretensión que ha tenido acogida favorable, en la cual -atento el tiempo transcurrido- se dio inicio a la ejecución de sentencia y conforme las constancias obrantes en autos, a la fecha aún no ha sido cumplida por la perdidosa. Por tal razón, y en virtud del contexto antes descripto, ordenar que a fin de percibir el monto de la planilla se siga el procedimiento establecido en el art.170 de la Ley 11.672 no resulta ajustado a derecho ya que no puede soslayarse que dicho medio puede llevar años, lo cual podría implicar que la sentencia quede reducida a una mera expresión de deseos para el justiciable.

En virtud de lo analizado y a fin de garantizar la tutela judicial efectiva que, como es sabido, no agota su contenido en que el interesado solo tenga acceso a los Tribunales de Justicia, sino que comprende además el cumplimiento de lo dispuesto por el Juez, corresponde revocar la Resolución de fecha 18/5/2021 disponiendo la inmediata remisión de la causa al señor Juez de primer a instancia a fin de que arbitre los medios necesarios a fin de hacer efectivo el embargo solicitado conforme los lineamientos expuestos precedentemente.

VII.- Por lo expuesto hasta aquí corresponde a) Confirmar la Resolución de fecha 9 de septiembre de 2020, dictada por el entonces Juez Federal Subrogante de San Francisco, en todo lo que decide y ha sido materia de agravios y; b) Revocar la Resolución de fecha 18 de mayo de 2021, dictada por el entonces Juez Federal Subrogante de San Francisco disponiendo la inmediata remisión de la causa dicho Juzgado a fin de que el Magistrado arbitre los medios necesarios a fin de disponer el embargo solicitado conforme los lineamientos expuestos precedentemente.

VIII.- Se imponen las costas de la Alzada por ambos incidentes a la demandada perdidosa -ANSeS- atento el resultado arribado y en virtud de lo dispuesto en el art. 68 1era parte del CPCCN. Los honorarios del doctor Matías López Cerro se fijan en la suma equivalente a 5 (cinco) UMA por todo concepto y en virtud de las labores profesionales desarrolladas en relación a ambos incidentes, conforme los lineamientos dados en la Ley N° 27.423. No se regulan honorarios al doctor Sergio Daniel Peruca por ser profesional a sueldo de su mandante (art.2 de la Ley N° 27.423). ASI VOTO.

El señor Juez de Cámara, doctor EDUARDO AVALOS, dijo:

I.- Luego de efectuar un detenido estudio de la causa que nos ocupa, adhiero a la solución propuesta por el señor Juez que me precede en el análisis de la causa, doctor Ignacio María Vélez Funes. En la especie se plantea, a los fines de resolver, un conflicto normativo referido a la forma en que el ANSES debe cumplir las sentencias firmes.

Por un lado la Ley 11.672 (Ley Complementaria, Permanente de Presupuesto, T.O. 2014) establece un régimen de cumplimiento de sentencias condenatorias para el Estado Nacional y sus entes descentralizados consistente en la afectación presupuestaria previa. Dicho régimen prevé la previsión de la deuda para el ejercicio presupuestario siguiente al de la fecha de aprobación de l a liquidación siempre y cuando la misma haya sido aprobada antes del 31 de julio de un determinado año, si fuese posterior la previsión presupuestaria pasará al ejercicio subsiguiente. A ello se le debe agregar, si los recursos fueran insuficientes, un año de diferimiento de pago vencido el cual queda expedita la ejecución (art. 170 ley 11.672 y doctrina del precedente «Curti» de la CSJN, de fecha 27 de diciembre de 2016).

Por su parte, el art. 22 de la Ley 24.463 texto según ley 26.153 establece: «Las sentencias condenatorias contra la Administración Nacional de la Seguridad Social serán cumplidas dentro del plazo de CIENTO VEINTE (120) días hábiles, contado a partir de la recepción efectiva del expediente administrativo correspondiente.Si durante la ejecución presupuestaria, se agotara la partida asignada para el cumplimiento de dichas sentencias, el Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer ampliaciones o reestructuraciones presupuestarias con el objeto de asegurar el pago en el plazo indicado.» Por lo tanto habrá de privilegiarse la normativa especial frente al régimen general, más aun cuando analizando el Diario de Sesiones de las Cámaras Legislativas con motivo de las sanción de la normativa antes referida se tuvo en cuenta la necesidad de no dilatar el pago de las sentencias recaídas un juicio previsional.

En ese sentido del Diario de Sesiones de las Cámaras Legislativas en el Mensaje del Poder ejecutivo surge que: «el artículo 22 establece los plazos y modalidades para el cumplimiento, por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), de las sentencias dictadas en su contra. Al respecto y en lo atinente al plazo de cumplimiento, corresponde su ampliación de noventa (90) a ciento veinte (120) días, modificando el punto de partida del mismo, el que en lugar de estar determinado por la fecha de notificación de la sentencia, lo será el de recepción efectiva, por parte del organismo previsional, del expediente administrativo correspondiente; todo ello, a los fines de adecuarse a pautas de razonabilidad que aseguren el cumplimiento de las sentencias en tiempo y forma, en función de la previsibilidad de su inclusión presupuestaria.En su consecuencia, en el nuevo texto del citado artículo 22 se suprime la mención que el vigente efectúa a la suspensión del plazo de cumplimiento y su reanudación en años fiscales subsiguientes, atento la indeterminación que este mecanismo entraña». «La derogación de los artículos 16, 17, 20 y 23 de la ley 24.463 y la modificación de su artículo 22 paliará la situación de indefensión que sufren jubilados y pensionados y así contribuirá a que la democracia argentina supere el plano de las retóricas declaraciones formales y adquiera, como lo exige el pueblo, una existencia real.».

Asimismo el señor Diputado por Mendoza , Sr. Thomas, expuso: «El artículo que más han padecido nuestros jubilados es el 22, que fijaba un plazo legal de noventa días, contados desde la notificación de la sentencia a la ANSES, que es la administradora de los recursos. Si bien el plazo comenzaba a correr a partir de la notificación, se aclaraba que corría en el ejercicio fiscal en el que se produjera la sentencia. Pero si durante ese ejercicio fiscal se acababan los recursos como para cumplir con la sentencia, el gobierno podía decir livianamente que se suspendía el plazo y que se reiniciaría el conteo en el siguiente ejercicio fiscal. Imagínense cuál era el grado de previsibilidad que podían tener nuestros jubilados en esas condiciones; prácticamente nulo. La nueva redacción del artículo 22 establece que las sentencias condenatorias contra la ANSES deben cumplirse dentro de un plazo de ciento veinte días. La gran diferencia es que ese plazo se tiene que cumplir sea cual fuere el ejercicio fiscal en el que cayera la demanda.De este modo, y por primera vez en mucho tiempo, nuestros jubilados se manejarán con un grado de previsibilidad mucho mayor que el que tenían hasta este momento.» «.pone de manifiesto la voluntad política de empezar a pagar la inmensa deuda que la Argentina mantiene con los integrantes de su clase pasiva.».

Por su parte la señora Disputada por Buenos Aires, Sra. Chiacchio, dijo: «.el Estado ya no podrá oponer la defensa de la limitación de recursos en el régimen de reparto para dilatar por tiempo indeterminado el pago de la sentencia, ni pagar hasta donde alcance el dinero de acuerdo al presupuesto determinado para la atención de sentencias judiciales del año fiscal correspondiente, según consta en el artículo 22. Esta derogación resulta totalmente lógica. Es como si los ciudadanos se excusaran de pagar sus deudas, impuestos o servicios y ofrecieran pagar solamente hasta donde el dinero les alcance, excusándose por el resto en base a la falta de recursos económicos, privilegio del cual sí gozaba el Estado nacional en base a lo dispuesto por estos artículos de la ley de solidaridad previsional.

Esta nueva etapa para los procedimientos de la seguridad social implicará asimismo la posibilidad renovada de que, ante el incumplimiento del pago de las sentencias por parte del Estado, un juez pueda exigir e imponer sanciones pecuniarias, obligando a organismos y funcionarios, cosa que hasta hoy le estaba vedada.» También sostuvo el señor Senador, Sr. Capitanich, «. queremos transmitir que en los jubilados con sentencias contra el Estado tenían prácticamente cercenado el derecho a hacer efectiva esa sentencia y a hacer valer sus derechos. Consiguientemente, existían mecanismos dilatorios en el proceso correspondiente, donde existían tres instancias: la instancia inicial, la instancia de apelación ante la Cámara y a su vez, era obligatoria la presentación de un recurso ordinario ante la Corte, independiente del recurso extraordinario.Por lo tanto todo eso generaba una dilación extraordinaria y, como se limitaba el recurso presupuestario a la disponibilidad de financiamiento, en general se debía ir de modo sistemático ejercicio presupuestario por ejercicio presupuestario.» «.la propuesta de reforma.» «.se estipula un párrafo con el siguiente texto: «Si durante la ejecución presupuestaria se agotara la partida asignada para el cumplimiento de dichas sentencias, el jefe de Gabinete podrá disponer ampliaciones o reestructuraciones presupuestarias con el objeto de asegurar el pago en el plazo indicado». Esto es muy importante porque a partir de ahora no se establece el límite de recursos como mecanismo efectivo para el cumplimiento de sentencias y si efectivamente, el cumplimiento de sentencias exige reasignación de partidas, las atribuciones del jefe de Gabinete de Ministros permiten la reasignación de la partida para cumplir con la sentencia. En tercer lugar, se autoriza a la Administración Nacional de la Seguridad Social a que proceda al pago con recursos en efectivo, en los casos en que efectivamente se pueda plantear en materia de deuda previsional debidamente consolidada de acuerdo con el marco legal vigente.».

Nuevamente el señor Diputado por Mendoza, Sr. Thomas, consideró: «. que esos artículos cercenaban garantías constitucionales de los jubilados cuando tenían que discutir sus derechos en sede judicial. En muchísimos casos los jubilados han tenido que desandar los vericuetos administrativos y llegar a la vía judicial- con los costos que ello implica- para hacer valer esos derechos. Y como si eso fuera poco, y a pesar de ello, luego dela obtención de una sentencia reparadora se han encontrado con normas como la que tratamos en el día de hoy, la ley original, que tornaban mucho más complicada su resolución o dilataban su cumplimiento. Todos sabemos que los tiempos de los jubilados no son los mismos que los del resto de la población.Por eso la derogación de estos artículos tiene que ver con darles mayor certidumbre, con reparar derechos que fueron cercenados en su oportunidad y fundamentalmente con cumplir co mpromisos internacionales que la Argentina asumió en varias oportunidades respecto de los derechos de los habitantes de este país, que no fueron cumplidos por la ley que estamos modificando.» . «El proyecto que viene con modificaciones del Honorable Senado contempla un plazo de ciento veinte días hábiles para el cumplimiento efectivo de la sentencia una vez que el expediente de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Se considera que este plazo tiene una correspondencia directa con la necesidad administrativa de la ANSES y que estamos aprobando una modificación a una ley que es absoluta y perfectamente cumplible.» A su turno, el señor Diputado por Formosa, Sr. Díaz Roig, señaló: «.una cosa es que un jubilado tenga sentencia firme y que el Estado no le pague y otra cosa es que la ley diga que, aunque tenga una sentencia firme, si no está el presupuesto no tiene derecho al cobro» Finalmente, corresponde destacar que la sentencia de primera instancia que fuera confirmada por esta Alzada el 15 de abril de 2019 no fue cumplimentada en el plazo previsto en el artículo 22 de la ley 24.463. Aprobada la planilla se fijó un plazo de 30 días para que la suma adeudada se hiciera efectiva (Resolución de fecha 19 de septiembre de 2020) tras lo cual se cursaron dos nuevas intimaciones por veinte y diez días respectivamente sin que la demandada efectuara objeción alguna. Seguidamente la parte actora solicitó embargo cuya denegatoria motiva esta resolución.

Por lo expuesto en función de lo previsto por el artículo 22 de la ley 24.463 corresponde hacer lugar al embargo peticionado a cuyo fin se declara no aplicable la inembargabilidad de los fondos públicos previstos en el artículo 165 de la ley 11.672 dadas las particularidades que presenta este caso.ASÍ VOTO.- La presente resolución se emite por los señores jueces que la suscriben de conformidad a lo dispuesto por el art.

109 de Reglamento para la Justicia Nacional.- Por ello; SE RESUELVE :

1) Confirmar la Resolución de fecha 9 de septiembre de 2020, dictada por el entonces Juez Federal Subrogante de San Francisco, en todo lo que decide y ha sido materia de agravios.

2) Revocar la Resolución de fecha 18 de mayo de 2021, dictada por el entonces Juez Federal Subrogante de San Francisco disponiendo la inmediata remisión de la causa dicho Juzgado a fin de que el Magistrado arbitre los medios necesarios a fin de disponer el embargo solicitado conforme los lineamientos expuestos precedentemente.

3) Imponer las costas de la Alzada por ambos incidentes a la demandada perdidosa -ANSeS- atento en resultado arribado y en virtud de lo dispuesto en el art. 68 1era parte del CPCCN.

Los honorarios del doctor Matías López Cerro se fijan en la suma equivalente a . UMA por todo concepto y en virtud de las labores profesionales desarrolladas en relación a ambos incidentes, conforme los lineamientos dados en la Ley N° 27.423. No se regulan honorarios al doctor Sergio Daniel Peruca por ser profesional a sueldo de su mandante (art. 2 de la Ley N° 27.423).

4) Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.

EDUARDO AVALOS IGNACIO M. VELEZ FUNES

MIGUEL H. VILLANUEVA

SECRETARIO DE CÁMARA

A %d blogueros les gusta esto: