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#Fallos No hubo mala praxis: No se observa relación causal entre el daño psíquico detectado y la actuación de la demandada, psicóloga, que atendió a la actora en un control médico del empleador conforme el art. 210 LCT

Partes: P. J. C. c/ L. F. s/ daños y perjuicios ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: M

Fecha: 12 de mayo de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137248-AR|MJJ137248|MJJ137248

Se rechaza una demanda de mala praxis contra la licenciada en psicología que atendió a la actora en un control médico del empleador conforme el art. 210 LCT.

Sumario:
1.-El empleador tiene la facultad -con el único propósito de verificar o constatar la enfermedad- de someter al trabajador a un control médico con un profesional por él designado, control al que el dependiente no puede oponerse, y debe facilitar y colaborar
con su realización; esta obligación de base legal para el trabajador contrasta entonces con
el tardío cuestionamiento a la supuesta falta de consentimiento informado.

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2.-El derecho de control está justificado no solo porque resulta razonable otorgar al empleador la facultad de verificar la existencia de la dolencia del trabajador, su carácter incapacitante y su presumible duración, en tanto la ley le impone la obligación de continuar abonando los salarios no obstante la ausencia del trabajador, sino también porque debe estar de inmediato en condiciones de planificar lo necesario para que la ausencia del trabajador no redunde en perjuicio de la continuidad y eficacia de la producción o del servicio, a fin de contratar reemplazos, disponer traslados, reorganizar equipos de trabajo, etcétera.

3.-Si bien el art. 210 de la LCT. refiere que el control se realice por un ‘facultativo’, se ha aceptado, no obstante, y como excepción, la evaluación por psicólogo, de tratarse de
supuestos atinentes a dicha especialidad.

Fallo:
En Buenos Aires, a los 12 días del mes de mayo del año dos mil veintidós, reunidos los señores jueces de la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dres. Guillermo Dante González Zurro, María Isabel Benavente y Carlos Alberto Calvo Costa, a fin de pronunciarse en el expediente n° 72020/2017, «P., J.C. c. L., F. s. daños y perjuiciosordinario», el Dr. González Zurro dijo:

Sumario La sentencia de primera instancia rechazó la demanda planteada por J.C.P., la que estuvo originada en la invocada responsabilidad civil de la Lic. en Psicología F. L., que el juez anterior no consideró demostrada. La profesional había entrevistado a P. en agosto de 2016 y produjo un informe en los términos del art. 210 de la LCT, por orden de la entonces empleadora de la actora.

En sus agravios, J. P. sostiene -fundamentalmente- diferencias entre el psicodiagnóstico de L. y el de la perita de oficio; que no podía haber divulgación de sus datos personales sin autorización; que faltó también el consentimiento informado; que el art. 210 LCT exige la intervención de médico y no psicólogo y que hubo exceso de incumbencia profesional, por lo que entiende probada la mala praxis de la demandada.

Delimitación del tema a decidir En este juicio no se demandó al exempleadora de P., W. e hijos SRL, sino únicamente a la profesional que, por indicación de la primera, la entrevistó y realizó diversos test dentro del ámbito de un control establecido en el art. 210 de la LCT.

Esa norma dispone que la trabajadora está obligada a someterse al control que se efectúe por el facultativo designado por la empleadora.

La materia de decidir, por consiguiente, queda limitada a determinar si, en ese marco, la conducta profesional de la Lic. en psicología F. L.es pasible de reproche civil.

Análisis probatorio y fundamentos jurídicos El cuestionamiento inicial que practica la recurrente en sus agravios radica en las supuestas diferencias que surgirían entre el psicodiagnóstico de la Lic. L. (pp. 15/21) y el acompañado por la perita psiquiatra Dra. D. María Flis (pp. 115/123), ambos basados -según señala- en los mismos test.

En primer término, no advierto discrepancias de relevancia entre las conclusiones a las que arribaran las dos profesionales, es decir, la demandada y la perita designada. Así, la primera informó que «J. C. P. presenta síntomas de carácter depresivo compatibles con el concepto de daño psíquico.los avatares en el ámbito laboral por los que ha atravesado.cambios de tareas, reducción de su ingreso, malos tratos, produjeron un daño psíquico .la examinada presenta afectación psicológica con síntomas de carácter depresivo.que tiene como concausas su estructura de base y los acontecimientos en su ambiente de trabajo. considero que J. C. P. no se encuentra en condiciones para retomar sus actividades laborales. Se sugiere la continuidad del tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico hasta la reversión de la sintomalogía» (pp. 16 vta./17). En tanto que el estudio psicodiagnóstico presentado como prueba judicial concluyó: «Actualmente hace tratamiento psicológico y psiquiátrico. Menciona que si bien logró superar el cuadro más crítico, aún le falta recuperarse y puede trabajar part time.se observan indicadores de angustia y aspectos depresivos.se han registrado claros indicadores de daño psíquico.» (pág. 129, sobre de documentación reservada; fotocopia en pág. 155). La perita médica Flis, ante las impugnaciones formuladas por la actora, ratificó su dictamen (pp.187/188).

En segundo lugar, entre ambos informes transcurrieron casi dos años (agosto de 2016/junio de 2018), dato de importancia cuando se evalúa situaciones de este tipo.

Pretender entonces que el daño psíquico dictaminado posteriormente tiene causas que no son las mismas que el «avatar laboral» -como se argumenta en la expresión de agravios-, no puede llevar a concluir que ese daño fue causado por la entrevista de la Lic. F. L. Es más, la perita médica psiquiatra dictaminó que el daño psíquico invocado es producto «de la relación laboral anterior» (pág. 122) y que la sintomatología psíquica no comenzó con la evaluación del psicodiagnóstico (pág. 118).

Por otra parte, tampoco considero atendible el agravio por el que la mala praxis habría quedado configurada en la carta documento (CD) remitida por la exempleadora y en donde se hace alusión al «control profesional» realizado. En todo caso, la expresión cuestionada, es la utilizada por el citado art. 210 de la LCT; y las manifestaciones contenidas en ese instrumento provienen de quien no es parte en el juicio, y el uso posterior que se haya hecho del contenido del informe escapa a lo que es aquí materia de decisión.

Cabe igualmente destacar que el empleador tiene la facultad -con el único propósito de verificar o constatar la enfermedad- de someter al trabajador a un control médico con un profesional por él designado, control al que el dependiente no puede oponerse, y debe facilitar y colaborar con su realización. Esta obligación de base legal para el trabajador contrasta entonces con el tardío cuestionamiento a la supuesta falta de consentimiento informado, más allá que debo dejar a salvo que la Lic. L afirmó haberla anoticiado sobre en qué consistían los test (ver CD pág.35, sobre reservado), en aspecto que la actora no desconoció categóricamente (ver punto 8 de la expresión de agravios). Por lo demás, no se estaba en presencia de ninguno de los supuestos de excepción previstos en el art. 7 de la ley 26529 para exigir la forma escrita.

Se ha sostenido que el derecho de control está justificado no solo porque resulta razonable otorgar al empleador la facultad de verificar la existencia de la dolencia del trabajador, su carácter incapacitante y su presumible duración, en tanto la ley le impone la obligación de continuar abonando los salarios no obstante la ausencia del trabajador, sino también porque debe estar de inmediato en condiciones de planificar lo necesario para que la ausencia del trabajador no redunde en perjuicio de la continuidad y eficacia de la producción o del servicio, a fin de contratar reemplazos, disponer traslados, reorganizar equipos de trabajo, etcétera.

Y si bien el art. 210 de la LCT refiere que el control se realice por un «facultativo», locución que según el Diccionario de la lengua española corresponde a la de un profesional médico, se ha aceptado, no obstante, y como excepción, la evaluación por psicólogo, de tratarse de supuestos atinentes a dicha especialidad. Precisamente, esto último es lo que sucedió en el caso con la actuación de la Lic. Lee. Ello incluye el psicodiagnóstico elaborado, pues resultaba parte integrante del control de la enfermedad y sin cuyo concurso aquél carecería de idoneidad. Es que podría resultar profesionalmente desaconsejable y poco serio establecer un diagnóstico sin respaldo en pruebas o test específicos.

Además, es necesario subrayar que antes de la psicóloga demandada, la actora también fue revisada por un médico, enviado por la empleadora en los mismos términos del art. 210 LCT, que aconsejó el 22 de julio de 2016 «volver a ver» (pp. 7; 39 vta.), lo que viene a concordar con la evaluación multidisciplinaria manifestada al contestar demanda (pág.64 vta., según ley 26657).

Desde este enfoque, la perita médica psiquiatra dictaminó que el estudio psicodiagnóstico no es una práctica cruenta de por sí (pág. 118, última línea), ni tampoco es nociva para ningún paciente (pág. 119). Es orientador y «evalúa el estado actual de la actora, la presencia o no de daño psíquico» (pág. 122). Es más, la experta también refirió que la ley 26657 incluye al psicólogo (pág. 119).

Asimismo, no puede soslayarse que el juez de grado dispuso una medida para mejor proveer con relación a estos puntos centrales del peritaje, como por ejemplo, «si el profesional de la Especialidad necesita de Estudios Diagnósticos Complementarios (como los cinco test que practicó la demandada), para evaluar médicamente la patología, sugerir el tratamiento, e indicar los concretos días de reposo laboral que se estiman.» A lo que la perita respondió: «el pedido del psicodiagnóstico como estudio complementario fue necesario porque ayuda a complementar la anamnesis, el relato de la actora» (pp. 267/268 en sistema digital; el énfasis es mío).

Otro punto pericial: «Si las informaciones científicas que proporcionan los cinco test preservaron o no la intimidad psíquica de la actora», a lo que la profesional se exceptuó de contestar por desconocer los canales de comunicación entre actora, la demandada y el ámbito laboral (pp. cit.).

Aquí debo reiterar lo señalado al comienzo, es decir, en este juicio la exempleadora de la actora no fue demandada, y ningún elemento probatorio autoriza a respaldar una respuesta negativa a ese punto.

Y aunque también esta nueva intervención de la Dra. Flis mereció impugnaciones de la actora (pp. 276/381), los elementos objetivos impiden apartarme de lo dictaminado, pues todas las respuestas corroboran y ratifican su primera presentación.

No observo, por consiguiente, relación causal entre el daño psíquico detectado y la actuación de la demandada (arg. art. 906 del CCV y art.1726 del CCCN). En esta línea argumental, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha precisado que quien reclama el resarcimiento de los perjuicios sufridos en los supuestos de responsabilidad civil por hechos de mala praxis debe acreditar la relación causal entre el obrar negligente de aquel a quien se imputa su producción y tales perjuicios, de manera tal que – correlativamente- corresponde liberar al profesional cuando no se ha probado tal nexo en el caso respectivo.

En tales condiciones, no encuentro reproche a la actuación profesional demandada que justifique que responda civilmente, por lo que propicio desestimar los agravios.

Igual suerte deberán correr el cuestionamiento al rechazo de daño moral y a la imposición de costas, el primero por inoficioso, y el segundo por apli cación del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCN).

Todo lo expuesto me conduce a proponer a mis distinguidos colegas de Sala la confirmación de la sentencia apelada, e imponer a la actora las costas de segunda instancia (art. 68 cit.).

Síntesis En definitiva, postulo al Acuerdo confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de apelación. Con costas de segunda instancia a cargo de la actora vencida (art. 68 CPCCN).

Honorarios

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció respecto de la aplicación temporal de la ley 27423, en «Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa» , criterio que fue reafirmado en «All, Jorge Emilio y otro s/sucesión» CIV 315118/1988/1/RH001, del 26 de abril de 2022, de modo coincidente con lo decidido por la mayoría del tribunal.Desde esa perspectiva, el nuevo régimen legal no resulta aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante la etapa concluida durante la vigencia de la ley 21839 y su modificatoria ley 24432, o que hubieran tenido principio de ejecución Por eso, resultan de aplicación las pautas establecidas en las leyes 21839 (y su modificatoria ley 24432) y 27423 según sea, respectivamente, el tiempo en que fueron realizados los trabajos como así también las etapas comprendidas que serán detalladas a continuación.

Para entender en las apelaciones interpuestas por considerar altos y bajos los honorarios regulados en la sentencia de primera instancia, se tendrá en consideración para las labores desarrolladas en la primera etapa que, al haberse rechazado la demanda se toma como monto del juicio el que se reclama en la demanda y las pautas normativas de los arts. art. 6° incs. b); c) y d), 7, 8, 9, 19, 33, 37, 38 y cc.de la ley 21839 t. o.24432.

Para el conocimiento de las llevadas a cabo en la segunda y la tercera etapa, se considerará cuantía del asunto el monto de la demanda de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 22, el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada; la complejidad; la responsabilidad que de las particularidades del caso pudiera derivarse para los profesionales; el resultado obtenido; la trascendencia económica y moral que para los interesados revista la cuestión en debate y de la resolución a que se llegare para futuros casos; y pautas legales de los artículos 1, 3, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 51, 54, 58 y c.c. de la ley 27423.

En cuanto a la auxiliar de justicia (perita de oficio), se valorará la naturaleza del informe realizado, la calidad, la importancia, la complejidad, la extensión, su mérito técnicocientífico y la proporcionalidad que deben guardar estos honorarios con relación a los de los abogados actuantes en el juicio (cf. art.478 del CPCCN).

La Dra. María Isabel Benavente dijo:

Adhiero por análogas consideraciones al voto del Dr. González Zurro.

El Dr. Carlos A. Calvo Costa dijo:

Por compartir la solución a la que ha arribado, adhiero al voto de mi distinguido colega Dr. Guillermo González Zurro.

En cuanto a los honorarios, dejo expresada mi disidencia parcial, pues considero aplicable la nueva ley de honorarios a todos los asuntos en los que no hubiera regulación de honorarios al tiempo de la modificación legislativa, razón por la cual en atención a la mayoría conformada por el Tribunal, no me pronunciaré.

Con lo que terminó el acto, firmando electrónicamente los señores jueces.

Buenos Aires, 12 de mayo de 2022

Y VISTO:

Lo deliberado y las conclusiones establecidas en el acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:

1. Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de apelación.

2. Costas de segunda instancia a cargo de la actora vencida (art. 68 CPCCN).

3. Por resultar bajos los honorarios regulados a las Dras. Gloria Elena Ferrari y Ana Cristina Iglesias, apoderadas de la demandada y la citada en garantía, se los eleva a la suma total de $ ., de la que corresponden $ .a la primera etapa y la cantidad de .UMA, equivalente a $ ., a la segunda y la tercera.

Con relación a la auxiliar médica psiquiatra Daniela María Flis, por resultar equitativos se los confirma.

Por los trabajos realizados en esta instancia se regulan los honorarios del Dr. Humberto José Linares Luque en la cantidad de .UMA, equivalente a la suma de $ .y los de las Dras. Gloria Elena Ferrari y Ana Cristina Iglesias en la cantidad de .UMA, equivalente a la suma de $ .(conf. art. 30 de la ley 27423).

La equivalencia de la unidad de medida arancelaria (UMA) que se expresó es la establecida en la Ac. 4/2022 CSJN.

4. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GUILLERMO D. GONZALEZ ZURRO

MARIA I. BENAVENTE

CARLOS A. CALVO COSTA

(en disidencia en cuanto a honorarios)

ADRIAN PABLO RICORDI

SECRETARIO

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