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#Doctrina: El juzgamiento de un juez por motivaciones argumentativas persistentes, demostrativas de la falta de idoneidad para el desempeño de la función

Autor: D’ Angelo, Romina

Fecha: 14-06-2022

Colección: Doctrina

Cita: MJ-DOC-16628-AR||MJD16628

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Sumario:
Doctrina:
Por Romina D’ Angelo (*)

«El Derecho será Derecho en cuanto exprese racionalidad y por consiguiente moral y eticidad» (1).

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió destituir por unanimidad al Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Santa Fe, Rodolfo A. Mingarini, con motivo en la denuncia formulada por el Procurador General de la Excma. Corte Suprema de Justicia de dicha provincia (y sus ampliaciones), en los términos del art. 11 de la ley 7.050 y modificatorias.

El funcionario encuadró las causales de destitución en los arts. 7, incisos 1 («ignorancia manifiesta del derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial»); y 2 («incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución, leyes o reglamentos, acordadas o resoluciones judiciales») de dicha normativa.

En síntesis, señaló que el enjuiciado procedió a la reescritura del Código Penal Argentino «en términos aberrantes, conmocionando al pueblo de la provincia y de la Nación, adhiriendo a una concepción dogmática del consentimiento de la víctima más allá de toda justificación racional» (sic); que inscribió el razonamiento jurídico justificatorio (no el resultado de su decisión) en un paradigma inaceptable concibiendo a la violación como el deseo de un individuo «desviado» y no como lo postula jurisprudencia internacional y local.

Puntualizó que «La ponderación de la evidencia con un chocante y sorprendente sesgo analítico, eviscerando gran parte de la prueba de cargo presentada por la Fiscalía, aún para el examen probabilístico propio de la etapa cautelar. La violación del fundamental principio acusatorio que regula el nuevo proceso penal santafesino, del principio lógico de no contradicción y la desconsideración de normas fundamentales para no descartar la autoría probable bajo supuestas inconsistencias o falta de evidencia.Todos hechos que denotan y dejan absolutamente en claro un singular manifiesto desconocimiento de las normas que imponen una particular perspectiva en relación al juzgamiento de delitos de género y que constituyen el núcleo mismo del bloque constitucional que imponen las convenciones y tratados internacionales» (sic).

Conforme lo justifica en la sección IV.B. de la denuncia, solicitó su juzgamiento por: «su forma de razonar, expresarse y decidir tan desapegada e indiferente en relación al drama cuyo juzgamiento debía cautelar; violando no sólo las normas sustantivas antes mencionadas sino un sinnúmero de estándares y cánones deontológicos (éticos) que regulan la función judicial. A tal punto que su decisión califica perfectamente como un ejemplo más de las decisiones judiciales que forman parte de la denominada «cultura de la violación», completamente deslegitimadora del Poder Judicial que inviste comprometiendo las bases mismas de su función constitucional y socavando en medida extrema la confianza que merece recibir» (sic).

El Tribunal consideró debidamente justificada esta acusación, al entender que las conductas del denunciado se apartan de la misión confiada a los jueces y juezas en claro menoscabo a su investidura, al persistir en un razonamiento sistemático carente de perspectiva de género y de niñez, sostenido de manera reiterada en el breve tiempo en que había ejercido su investidura; extremos que dejan al descubierto la carencia de idoneidad para el correcto desempeño de la delicada labor que le fuera encomendada.

Ello de manera contraria a la obligación de incorporar la perspectiva de género en la tarea jurisdiccional, con sustento en mandatos convencionales y constitucionales de protección de los derechos humanos, cuando la perspectiva analítica en clave de derechos humanos, interseccional y de género, debe permear inexcusablemente en el razonamiento judicial para la construcción conceptual adecuada de la respuesta jurisdiccional, en tanto constituye una herramienta en pos de concretizar en la impartición de justicia y el derecho a la igualdad según mandas convencionales y estándares internacionales en la materia, postulados que inspiran la vigencia yaplicación de la «Ley Micaela» (n° 27.499) -y su adhesión provincial Ley 13.891-.

Es que «la perspectiva de género descansa fundamentalmente en el principio de igualdad» y la misma «está contenida en nuestras propias constituciones y de ahí debe extraerse» (Facio, Alda, «Elementos conceptuales y metodológicos para favorecer la interpretación judicial con perspectiva de género», en «Hacia políticas judiciales de género», Bergallo, Paola; coord., Buenos Aires, editorial Jusbaires, 2017, pág. 313).

En esa línea, la Recomendación General N° 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, del 26 de julio de 2017, puntualizó que en el plano judicial que «todos los órganos judiciales tienen la obligación de abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación o violencia por razón de género contra la mujer y aplicar estrictamente todas las disposiciones penales que sancionan esa violencia, garantizar que todos los procedimientos judiciales en causas relativas a denuncias de violencia por razón de género contra la mujer sean imparciales, justos y no se vean afectados por estereotipos de género o por una interpretación discriminatoria de las disposiciones jurídicas, incluido el derecho internacional.La aplicación de nociones preconcebidas y estereotipadas de lo que constituye violencia por razón de género contra la mujer, de cuáles deberían ser las respuestas de las mujeres a esa violencia y del criterio de valoración de la prueba necesario para fundamentar su existencia pueden afectar a los derechos de la mujer a la igualdad ante la ley y a un juicio imparcial y un recurso efectivo, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 15 de la Convención».

Se advirtió también, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado el uso de estereotipos de género en el razonamiento judicial frente a casos de violencia de género, al calificar que el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, siendo «posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial. La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer» (sic) (Caso «González y otras («Campo Algodonero») vs. México», parágrafos 401 y 402 y su jurisprudencia consecuencial: Caso «Fernández Ortega vs. México«, sentencia del 30 de agosto del 2010, parágrafo 196; Caso «Rosendo Cantú y otra vs. México«, sentencia del 30 de agosto del 2010, parágrafo 180; Caso «J. vs. Perú«, sentencia del 27 de noviembre de 2013, parágrafos 324, 325 y 351; Caso «Véliz Franco y otros vs. Guatemala«, sentencia de 19 de mayo de 2014, parágrafo 209; Caso «Espinoza González vs. Perú«, sentencia del 20 de noviembre de 2014, parágrafo 256; Caso «Velásquez Paiz y otros vs.Guatemala«, sentencia de 19 de noviembre de 2015, parágrafo 180).

De igual modo, la Convención sobre los Derechos del Niño/a (CDN) -aprobada por Ley n° 23.849- con jerarquía constitucional, obliga a interpretar los casos desde una perspectiva de infancia en orden a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes (CDN, arts. 3 y 12 ; Comité de los Derechos del Niño/a en la Observación General N° 12 (2009); Observación General N°5 del Comité (2003) respecto a medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño/a (arts. 4 y 42 y párrafo 6 del art. 44 ); la N° 8 (2006); Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (N° 26.061 ) -que cuenta con adhesión provincial Ley 12967-),

Señaló con pie en lo anterior el Tribunal, que el enjuiciado ha desbaratado e ignorado todo ese bloque constitucional, del que surgen mandatos inexcusables para los jueces y juezas desde su pauta más elemental:escuchar a las mujeres y menores de edad que han sido víctimas, y en el sentido técnico jurídico, considerar sus expresiones como prueba fundamental de estos procesos.

El modo de abordar, comprender y catalogar la plataforma fáctica de cada uno de los casos (detallados uno a uno en el decisorio del Tribunal de Enjuiciamiento, a los que me remito por razones de brevedad) denota y deja absolutamente en claro un singular y manifiesto desconocimiento y desapego por parte del destituido, de las normas que imponen una particular perspectiva en relación al juzgamiento de delitos de género y niñez que constituyen el núcleo mismo de las convenciones y tratados internacionales mencionados.

Encontró el Tribunal, sin que ello implicara un nuevo análisis de la labor concreta del juez -punto que aclara en más de un pasaje- la continuidad en el error judicial de una llamativa frecuencia, con el objeto de proscribir el testimonio de las mujeres y niños/as víctimas sin ninguna justificación razonable y/o validada por algún sector -por mínimo que fuera- de la comunidad jurídica, lo que importa un incumplimiento reiterado de las obligaciones legales propias del cargo.

Indicó que, con ello, se probó inequívocamente que la inconducta funcional del juez ha lesionado principios rectores de toda judicatura y que, por la entidad de las situaciones anómalas puso en riesgo la confianza en el sistema de justicia y la credibilidad ante toda la sociedad.

Pues bien, la destitución del juez Mingarini como consecuencia de las motivaciones argumentativas que persistentemente fundamentaron sus sentencias en distintos supuestos sometidos a su jurisdicción, r esulta un claro supuesto que deja a la luz un apartamiento de la misión confiada por la sociedad, por la causal de mal desempeño funcional.

Donde la ignorancia manifiesta del derecho y su inaplicabilidad, desvío de toda posible valoración probatoria acorde al bloque constitucional y el arribo a conclusiones no avaladas por ninguna de las alternativas que puedan conferir las normas -como mandatos definitivos- y/o los principios -como mandatos de optimización indubitados enun estado de derecho constitucional-, conllevan la necesidad de realizar valoraciones sobre las decisiones judiciales carentes de cualquier fundamento racional objetivo.

Como bien indica el Tribunal, no se trata de llevar a cabo la corrección o incorrección de la resolución del juez, en tanto ello implicaría atribuirse funciones de revisión judicial que no tiene y que corresponden a las respectivas instancias revisoras ordinarias o extraordinarias por conducto de la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias.

Sin embargo, más allá del campo de discrecionalidad en que se mueve un juez o jueza («imperium», imperativo de la razón práctica) donde su marco decisorio es absoluto y soberano en tanto implique aquello que es «opinable» según el margen de posibilidades en que puede fundar sus decisiones, tenemos otros campos de los que no puede apartarse, conformado por la constitucionalización del derecho, la incorporación de los tratados Internacionales de Derechos Humanos, la jurisprudencia de los organismos internacionales y la pluralidad de las fuentes del derecho y el diálogo permanente entre sí.

Sabido es que el poder judicial tiene como misión decidir controversias con fuerza de verdad legal (decir el Derecho), garantizando la supremacía de la Constitución Nacional mediante el control de constitucionalidad y de convencionalidad, asegurando no sólo el cumplimiento de las leyes sino que los valores que ellas promuevan se vean materializados en todas y cada una de las situaciones que esas normas contemplan, en cada caso particular, dado que no es posible prever lo justo en términos universales y abstractos, ya que la justicia es un valor práctico prudencial (no meramente teórico) en cierto momento histórico.

Con semejante labor asignada sería imposible discutir sobre la enorme injerencia del poder judicial en la evolución social, y es por ello que debe acompasar su función a los crecientes requerimientos que exigen su transformación coherente con los valores que justifican y legitiman la labor jurisdiccional.

Puntualmente, es el estatuto del juez iberoamericano el que señala cuál es el perfil del juez o jueza ante los nuevos reclamos sociales yafirma en el primer párrafo de su preámbulo, al establecer que la evolución de nuestras sociedades ha llevado a un mayor protagonismo del juez o jueza, lo cual exige que el poder judicial responda a la demanda de apertura y sensibilidad en relación con las necesidades expresadas por diversos sectores y agentes sociales y adapte sus tradicionales métodos de trabajo y actitudes a esas nuevas necesidades.

Por ello, ante ese mayor poder e injerencia en la vida de las personas y en el desarrollo social, es que el control y la responsabilidad desde diversas ópticas (política, disciplinaria, civil, penal, ética, gerencial, científica y administrativa por la actuación judicial e internacional por la actuación judicial) está más que justificada, siempre que se respeten -desde ya- cada una de las garantías constitucionales en el proceso de destitución (art. 18 de la Const. Nac.).

Cierto es que la carta magna asegura la independencia del poder judicial (art.110 ) a través de la inamovilidad de sus cargos y de la irreducibilidad de sus remuneraciones como garantía del justiciable (2), a quien se le asegura que las causas que él plantee serán resueltas por jueces y juezas independientes, imparciales y responsables (3).

Pero, concomitantemente a esa independencia judicial tenemos la responsabilidad de los jueces y juezas (principio de legalidad en la responsabilidad del juez (4)), receptada en nuestro país desde el siglo XX en adelante, a partir de la firma del Pacto de San José de Costa Rica que determinó que la Convención no sólo puede determinar la responsabilidad del estado sino, además, aplicar sanciones y decidir el consecuente deber de responder por error judicial e ilegítima detención.

Con sabia razón se ha expuesto en este sendero que el principio constitucional de la inamovilidad «no implica una situación de impunidad para los magistrados, no significa que puedan sin responsabilidad cometer los mayores desaciertos, iniquidades, escándalos o errores de mala fe, sin que el pueblo tenga la facultad inmanente y propia del régimen representativo-republicano de revocarles el mandato que indirectamente les ha dado para administrar justicia» (5). Porque, partiendo de lo que implica el acto jurisdiccional de sentenciar, como señalaba, el proceder de los y las magistradas «debe» tender siempre a fortalecer la confianza de la comunidad en su persona, evitando la realización de cualquier acto que desmerezca su estimación pública y que pueda comprometer la legitimidad de su función.

La responsabilidad judicial es, entonces, un contrapeso necesario de la independencia que la constitución garantiza a jueces y juezas, connatural al sistema republicano de gobierno, en tanto es exigida por un estado de derecho sano y en orden a los estándares de las conductas ejemplares en diversos ámbitos, analizadas desde las llamadas «idoneidades» (6) que debe satisfacer quien va a ejercer la función de juez o jueza.

En las últimas décadas, en lo que se refiere a las idoneidades (conocimiento del Derecho, la idoneidad psíquico-física, la idoneidad ética y la idoneidadgerencial, entre alguna otra según sean clasificadas), se han dictado distintos códigos o estatutos de ética judicial en los cuales se identifican los planos que hacen a la legitimidad de origen; estas idoneidades han sido muy escuetamente delimitadas en mi trabajo sobre «La ética judicial en las redes sociales», primera parte (año 2020)(7) (8).

En el punto puede citarse el Código de Conducta de los Miembros y Antiguos Miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, elaborado en diciembre del año 2016 y puesto en vigor a partir del año 2017. Este cuerpo refiere fundamentalmente a la independencia, a la integridad y dignidad (artículo 3): «Los miembros prestarán especial atención a no comportarse ni expresarse, sea cual sea el medio utilizado, de un modo que menoscabe la percepción de su independencia, de su integridad y de la dignidad de sus funciones por parte del público (3.4)» (sic).

Por su parte, los países latinoamericanos se han adherido a esta línea normativizadora de la ética judicial, a través del Estatuto del Juez Iberoamericano promulgado en mayo de 2001 en la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia celebrada en Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), en el que se identifican «valores, principios, instituciones, procesos y recursos mínimos necesarios para garantizar que la función jurisdiccional se desarrolle en forma independiente, defina el papel del juez en el contexto de una sociedad democrática y estime los esfuerzos que en ese sentido desarrollan los Poderes Judiciales de la región» (sic), y a través del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial en el año 2006; asimismo, el Código de Ética Judicial de Costa Rica, del año 2000.En la República Argentina, la codificación se ha realizado en una importante cantidad de provincias, entre ellas Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero.

En definitiva, los estándares éticos preestablecidos vienen a justificar la responsabilidad judicial por aquellos fallos que presupongan un criterio personal que no está respaldado por la razón jurídica; Marienhoff (9) ha afirmado que estado de derecho y estado irresponsable son conceptos contrapuestos e irreductibles; en cambio, estado de derecho y responsabilidad son, en este orden de ideas, conceptos correlativos.

La Corte Suprema, en el ámbito de un sumario administrativo en el que se examinaba una actuación del tribunal oral de la provincia de Formosa, extendió también a otros supuestos la responsabilidad política de los jueces y juezas por el contenido de sus actos jurisdiccionales; señaló que «si bien es cierto que, como principio, las opiniones vertidas por los jueces en sus fallos y las decisiones tomadas en ejercicio de su jurisdicción no justifican la aplicación de sanciones disciplinarias ni la apertura del procedimiento de remoción, pues de lo contrario implicaría una suerte de revisión que sujetase las decisiones a criterios fijados por el congreso o por los tribunales de enjuiciamiento, con desmedro de la independencia del poder judicial, como también que un error aislado no implica el ‘mal desempeño’ a que se refieren los arts. 53 y 115 de la Constitución Nacional, lo cierto es que la decisión no debe implicar una extralimitación de poderes de gravedad institucional tal que afecte el régimen republicano y federal de gobierno que la misma constitución establece» (sic) (10).

La responsabilidad política es abordada desde el juicio político, como subsistema institucional y jurídico emanado de la Constitución Nacional, tendiente a evaluar la conveniencia de la continuidad de los jueces y juezas sobre la base de su idoneidad funcional, con motivo de una conducta que la ha agredido. Las causales, según el art.53 de la CN son el mal desempeño, delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y delitos comunes.

El mal desempeño es un concepto muy amplio y abierto que no ha merecido una puntual delimitación, pero que, en general, se lo puede identificar con la pérdida de algunas de las condiciones de idoneidad; es la mala conducta que implique el quebrantamiento grave de los deberes jurídicos y éticos que generen la pérdida de la confianza pública. La Ley 26.080, previó, aunque enunciativamente, algunos supuestos de mal desempeño: «1. El desconocimiento inexcusable del derecho. 2. El incumplimiento reiterado de la Constitución nacional, normas legales o reglamentarias. 3. La negligencia grave en el ejercicio del cargo. 4. La realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones. 5. Los graves desórdenes de conducta personales. 6. El abandono de sus funciones. 7. La aplicación reiterada de sanciones disciplinarias. 8. La incapacidad física o psíquica sobreviniente para ejercer el cargo» (art.25).

El profesor Alfonso Santiago, le atribuye una fórmula de naturaleza mixta (11), es decir, un juicio de responsabilidad política con sujeción a las reglas del debido proceso legal, sustentada sobre la base de una conducta negativa considerable producida cuando -luego del nombramiento del juez o jueza- se pone de manifiesto que carece o ha perdido las condiciones necesarias para continuar en su cargo.

En lo que hace a la Corte Suprema (12), el concepto de mal desempeño incluye un conjunto suficiente de situaciones que entraña una noción de discrecionalidad, que exige una prudente apreciación de las circunstancias de cada caso particular, aunque una de las pautas es el perjuicio grave al servicio público evidenciado en la configuración de un número reiterado de infracciones.

En «Nicosia» sostuvo el tribunal supremo que «mal desempeño’ o ‘mala conducta’ no requieren la comisión de un delito, sino que basta para separar a un magistrado la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen; no es necesaria una conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez («Nicosia, Alberto Oscar s/ recurso de queja», Fallos 316:2940).

En el caso «Torres Nieto», sobre la base de una opinión doctrinaria, se consideró que: «La expresión mal desempeño del cargo conlleva una falta de idoneidad, no sólo profesional o técnica, sino también moral, todo lo que determina un daño a la función, o sea, a la gestión de los intereses generales de la Nación. La función pública, su eficacia, su decoro, su autoridad integral es lo esencial; ante ella, cede toda consideración personal» (Rafael Bielsa, Derecho Constitucional», Depalma, Buenos Aires, 1954, ps.483/4)» (13).

De lo anterior, se deduce que más allá de la corrección o incorrección de las resoluciones de un juez o jueza y de su ámbito de discrecionalidad natural a la función, resulta necesaria la aplicación de las normas y principios al caso concreto teniendo como norte una visión social e integradora de la realidad, alejada de una visión individualista y uniforme que no se interesa por condicionamientos sociales; sin duda, la solución reclama un análisis contextualizado y comunitario acorde a las sociedades plurales y a los valores.

Conscientes de la relevancia de los hechos de cada caso, de las consecuencias sociales de una decisión, de que el Derecho no es la ley, sino que es ésta más el contenido moral más la amplitud de fuentes más la globalización de los derechos humanos, contrapuesta a la antigua subsunción lógica, a los mandatos definitivos, a las fuentes cerradas, a la exégesis y al método gramatical, a los silogismos deductivos y a la lógica formal, al apotegma de que la ley es clara sobre todas las cosas.

El sistema jurídico vive en permanente cambio, es abierto, poroso, dinámico, autocrítico y principialista, nunca completo y acabado; y los derechos humanos no se crean a partir de una concesión del Estado, sino que su eficacia primordial es misión de jueces y juezas a través de la aplicabilidad (saber práctico) de los mandatos de optimización y pluralidad de saberes, en que los códigos han dejado de ser un proyecto social-económico y la constitución un proyecto político para el legislador.

Donde la ley no sólo surge de la voluntad general infalible (propio de los estados de derecho pre-moderno y legal entrados en crisis a partir de la segunda guerra mundial), y donde la justicia y la equidad ya no son exigencias sino contenidos, muy en especial si de colectivos vulnerables se trata, como en el caso de mujeres y niños/as víctimas de abusos sexuales.

La ignorancia deesos parámetros y los criterios utilizados por el juez destituido, y la inaplicabilidad de las fuentes jurídicas obligatorias es lo que devino en la columna vertebral de la fundamentación del pronunciamiento del jurado de enjuiciamiento, para concluir de manera impecable en la falta o pérdida de su idoneidad para ejercer su función.

Se apartó del marco jurídico (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Ley 23.173; art. 75 inc. 22 de la CN; Convención sobre los Derechos del Niño, Ley 23.849, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belem do Pará, Ley 24.635), leyes nacionales (Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061) y provinciales (Ley Provincial de Promoción y Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N°12.967), hecho que demuestra cabalmente el referido desconocimiento del derecho.

Pero también del necesario marco axiológico que debe contener el razonamiento de toda sentencia, dada la relevancia e implicancias de la función judicial gobernada fundamentalmente por los derechos humanos que presuponen ir más allá de la ciencia jurídica meramente dogmática, para introducir los límites morales al Derecho desde la realidad, buscando las respuestas jurídicas desde la interpretación de los contenidos (no siempre expresos, no creados, sino reconocidos) de las bases constitucionales.

Toda justificación jurídica presupone, en último término, una justificación moral (14); pero, en los casos que han justificado el apartamiento en su cargo al Dr. Mingarini, ninguna de ellas ha quedado satisfecha, más aún, nunca puede haber una justificación moral si se parte de un problema ontológico:no hubo ningún concepto de derecho desde ninguna concepción filosófica posible, de allí que nada de lo posterior puede quedar en pie.

Para superar esa indeterminación o incapacidad propia de no poder dar una solución razonable al caso particular, el juez o jueza debe posicionarse en una labor interpretativa, buscando el mejor sentido de los textos en orden al caso concreto, acudiendo a los principios (Dworkin-Alexy) y a la ponderación de los valores junto al concepto del interés público y social comprometido (Finnis).

La intención ha sido en esta breve nota, lejos de intentar profundizar tanto en cuestiones teóricas -pero sin duda no menos interesantes- como en los casos que llevaron a la destitución -los mismos hablan por sí solos-, referir brevemente a algunos de los motivos por los cuales considero que el camino marcado por el tribunal de enjuiciamiento es acertado desde el modelo judicial que la sociedad nos reclama.

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(1) Francesco Olgiatti, «El concepto de juridicidad en Santo Tomás de Aquino», Eunsa, 1977, ps. 51 y 339.

(2) «El Poder Judicial debe evolucionar hacia la consecución o consolidación de su independencia, no como privilegio de los jueces, sino como derecho de los ciudadanos y garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de Derecho que asegure una justicia accesible, eficiente y previsible» (Preámbulo del Estatuto del Juez Iberoamericano». http://www.riaej.com/informes/estatuto-del-juez-iberoamericano).

(3) La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la inamovilidad exige la «permanencia en el cargo, un proceso de ascensos adecuado y no despido injustificado o libre remoción»4; el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial dispone en el art. 2 que: «El juez independiente es aquel que determina desde el Derecho vigente la decisión justa, sin dejarse influir real o aparentemente por factores ajenos al Derecho mismo».

(4) Artículo 19 del Estatuto del Juez Iberoamericano.

(5) Juan A. González Calderón, «Curso de Derecho Constitucional», Depalma, Buenos Aires, 1978, ps. 552 y 553.

(6) «Idoneidad» o «idóneo» proviene del latín idoneus.Según el Diccionario de la Real Academia Española, denota «adecuado y apropiado para algo». También se señala que la expresión más exacta es la vinculada a la raíz indoeuropea wid-de vídere, que da en griego formas similares al adjetivo latino, como «aspecto, apariencia» o «imagen, forma visual, percepción abstracta». La persona -o cosa- idónea es la que responde exactamente a la idea previa de algo requerido y en cierto modo «idóneo para algo» sólo hay uno, no puede ser «más idóneo» ni «muy idóneo» ni «idoneísimo» (expresiones imposibles).

(7) Https://Ar.microjuris.com/Docdetail2?Idx=Mj-Doc-15188-Ar&Links=Null

Https://Ar.microjuris.com/Docdet
il2?Idx=Mj-Doc-15189-Ar&Links=Undefined

(8) Idoneidad iuris dicto: se le requiere al juez que conozca el Derecho, lo cual va bastante más allá de la aplicación de mera letra de la ley. No cualquier contenido es compatible con el Derecho pues antes existe la razón. Es así como al buen juez no le basta con ser el mejor académico sino que debe manejar el Derecho como herramienta: sus principios, su sentido intrínseco y su finalidad. El juez tiene que saber sobre filosofía y Derechos Humanos; tiene que conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para así poder estar capacitado para ejercer un control de convencionalidad.

*Idoneidad prudencial o aplicativa: no sólo basta conocer el Derecho sino también saber aplicarlo o decirlo, no sólo se requieren iurisprudentes, sino que hagan iurisprudentia.

*Idoneidad física y psicológica: Hace referencia a las adecuadas condiciones de salud y al necesario equilibrio personal que ha de tener quien ejerce la función judicial. Una adecuada salud y un carácter maduro y estable aseguran que el juez o jueza pueda dedicarse con esmero a la delicada misión que se le ha encomendado.El juez o jueza tiene que discernir lo justo de lo injusto, pero además tiene que tratar bien a sus pares, a los empleados del juzgado o tribunal, a los abogados; tiene que saber escuchar, analizar, observar, actuar con prudencia y aplomo, con cautela, con integridad. La salud mental del juez hace también a la buena motivación de las decisiones, pues esto requiere de la correcta razón como la principal arma de trabajo del juez o jueza, necesariamente. El sometimiento de los hechos al Derecho implica la utilización de fórmulas lógicas para arribar a una decisión razonada cuya justeza será proporcional a esa razonabilidad o corrección del silogismo, por lo que una afectación mental ya no lo habilitaría -en principio- para el ejercicio del cargo, previa certificación médica. No es de menor importancia la circunstancia de que los jueces y juezas deberían no sólo ser sometidos a exámenes antes de su selección, sino después de ello, y en forma periódica. El modelo holandés nos puede servir de ejemplo; es el más exigente desde las primeras pruebas psicológicas a las que se someten los postulantes a plazas judiciales. Se evalúa la habilidad mental, el razonamiento verbal, la comprensión lingüística, el razonamiento lógico y sistemático y el razonamiento espacial. Se analiza la historia vital del candidato y se evalúan habilidades sociales y de resolución de problemas no centradas directa y únicamente en el sistema judicial (Manuel Trigo Chacón, La justicia y la salud mental de los jueces, 30 de mayo de 2016, publicado en https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia (acceso, III-VI-2019).

*Idoneidad gerencial: Los jueces y juezas administran los recursos humanos y lideran grupos, como tales han de destacarse por su visión, compromiso y capacidad de comunicación empática.

*Idoneidad política o adecuada visión institucional:Implica gozar de una «adecuada sensibilidad jurídico-política para ejercer con lucidez la función de gobierno y control político debidos», Alfonso Santiago y Silvana, Stanga, «El perfil de un buen juez para la Corte», Diario La Nación, edición del 2 de noviembre de 2006, en http://wwww.lanación.com.ar/02/11/06/do_447493.asp=20 (acceso, 25-V-2019).

*Idoneidad ética: La idoneidad ética surge del artículo 110 de la Constitución Nacional que refiere a la «buena conducta del juez» tanto en su función judicial propiamente dicha, como fuera de ella. En la Constitución Nacional hay dos tipos de causales de destitución que deben diferenciarse: por un lado, las vinculadas al «mal desempeño» o «mala conducta»; por otro la comisión de delitos ya sea en ejercicio de sus funciones, o se trate de crímenes comunes. Las del primer grupo no requieren la comisión de un delito, sino que basta para separar a un magistrado la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias exigibles; no es necesaria una conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez (CSJN, Fallos 310:2845, caso «Fiscal de Estado Dr. Luis Magín Suárez s/ formula solicita jurado de enjuiciamiento y sus acumulados (Juicio Político a los Miembros de la Corte de Justicia de San Juan)», 1987, votos de los Ministros Fayt y Belluscio).

Es así que el deber de buena conducta que se les reclama a los magistrados no es el mismo que para el resto de la sociedad, sino que implica una exigencia mayor con sustento directo en la función que eligieron llevar a cabo, que implica cierto poder sobre los bienes más importantes de dicha sociedad.Su fundamento estriba en lograr la confianza de la ciudadanía en los magistrados (artículo 53 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, que señala que la integridad de la conducta del juez fuera del ámbito estricto de la actividad jurisdiccional contribuye a una fundada confianza de los ciudadanos en la judicatura). Por otra parte, el juez íntegro e idóneo éticamente no debe comportarse de manera tal que un observador razonable considere gravemente atentatoria contra los valores y sentimientos predominantes en la sociedad en la que presta su función, debiendo ser consciente de que el ejercicio de la función jurisdiccional supone exigencias que no rigen para el resto de los ciudadanos (artículos 54 y 55 de dicho cuerpo normativo) (http://www.poderjudicialcoahuila.gob.mx/pag/TSJ/areasaux/pdf/codigomodelo.pdf (acceso, 21-VII-2019).

La ética judicial se encuentra íntima y necesariamente vinculada a la independencia del juez o jueza; de aquí su importancia y la trascendencia de hablar sobre la ética judicial. Lo que debe lograrse es la confianza de la sociedad en el sistema para alcanzar la legitimidad de este poder estadual democrático y republicano, y así salir del llamado mando formal o mera fuerza o poder -potestas- para conquistar la autoridad informal -auctoritas- que se gana a través del reconocimiento de la autoridad que se ejerce. En este sentido, Giorgio Agamben ha expresado que «los poderes y las instituciones hoy no se encuentran deslegitimados porque han caído en la ilegalidad; más bien es cierto lo contrario: la ilegalidad está tan difundida y generalizada porque los poderes han perdido toda conciencia de su legitimidad. Por eso, es inútil creer que puede afrontarse la crisis de nuestras sociedades a través de la acción -sin duda necesaria- del poder judicial. Una crisis que golpea la legitimidad no puede resolverse exclusivamente en el plano del Derecho. La hipertrofia del Derecho, que pretende legislar sobre todo, antes bien, conlleva por medio de un exceso de legalidad formal, la pérdida de toda legitimidad sustancial» («El misterio del mal», Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2013, p. 12 y ss.Citado por Alfonso Santiago, «Estudios de Derecho Constitucional», ob. cit., p. 51).

(9) Miguel Marienhoff, «Responsabilidad del estado por sus actos lícitos», ed, 127-714.

(10) CSJN, resolución 25/01 dictada en el expediente «T.o.f. de Formosa s/su actuación» del 28 de mayo de 2002, en relación a la causa S.566.XXXv «Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa s/solicitud en autos: Carlos Gerardo González, Mariano Franco y Rubén Spessot s/sumario administrativo», citado por Alfonso Santiago, en «Responsabilidad de los jueces por el contenido de sus decisiones jurisdiccionales», publicado en «El Estado de Derecho en América Latina», Colombia 2021, Armando Andruet, director; Humberto Muci y Ramiro Baldivieso, coordinadores.

(11) Ramírez, Raúl Madrid, profesor titular de Filosofía d Derecho de la Universidad Católica de Chile, al comentar la obra del Dr. Alfonso Santiago «Grandezas y miserias en la vida judicial. El mal desempeño como causal de remoción de los magistrados judiciales», El Derecho, Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 2003.

(12) Diego Freedman, «Algunos problemas en el enjuiciamiento de magistrados» en Estudios de Derecho Público», Enrique Reguera, director, Asociación de Docentes, Universidad de Buenos Aires, diciembre 2013.

(13) Ídem, obra citada.

(14) Manuel Atienza, «Interpretación constitucional». Universidad Libre de Colombia. Bogotá. segunda edición. 2012, página 108.

(*) Abogada. Mag. en Magistratura y Derecho Judicial (Universidad Austral, con honores). Especialista en Derecho Procesal Profundizado (Universidad Notarial). Dip. en Derecho Privado (Universidad Austral). Ha participado del Seminario de Derecho Judicial Internacional 2018 (Sistema Judicial de Costa Rica e Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, Corte IDH). Funcionaria de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores. Sec. del Consejo Dolores del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires desde 2011, a la fecha.

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