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#Fallos Indemnización por electrocución: Un peatón sufrió daños por la caída de un cable de alta tensión del tendido eléctrico

Partes: Arias Yavita Bernardo c/ Edesur S.A. s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: II

Fecha: 21 de abril de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137183-AR|MJJ137183|MJJ137183

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS – DAÑO MORAL – TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA – SERVICIOS PÚBLICOS – EMPRESA PRESTATARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Se otorga una indemnización por daño moral al peatón que sufrió daños por electrocución con motivo de la caída de un cable de alta tensión del tendido eléctrico. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:
1.-Cabe otorgar una indemnización por daño moral a quien, mientras se encontraba caminando por la vía pública, sufrió la electrocución de su cuerpo al desprenderse un cable de alta tensión del tendido eléctrico, el que cayó en su cabeza y lo dejó tumbado constatadas, pues no puede dudarse del temor fundado e inquietud espiritual que debe recaer en su persona al momento de tener que efectuar el depósito de confianza que todo ser humano ejecuta al salir a transitar de manera libre y sana las calles de su ciudad sin resultar ser brutalmente dañado en su integridad.

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Fallo:
En Buenos Aires, a los 21 días del mes de abril de 2022, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Eduardo Daniel Gottardi dice:

I.- En el pronunciamiento de fecha 20/9/21 el Sr. Juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el Sr. Bernardo Arias Yavita contra la Empresa Distribuidora del Sur S.A. (en adelante Edesur S.A.) y La Caja de Seguros S.A. (en adelante la citada en garantía o la compañía de seguros), en la medida del seguro instrumentado. En consecuencia, condenó a pagarle al actor la suma total de $750.000.-, con más los intereses establecidos en el considerando VII del decisorio apelado, con costas a la demandada sustancialmente vencida.

Para así decidir, el Dr. Dos Santos tuvo por acreditado que el Sr. Arias resultó damnificado del siniestro ocurrido el 12/10/16 en la vía pública, concretamente en la calle Laprida a metros de la diagonal Barrio Olimpo, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, al caerse un cable de alta tensión sobre la cabeza del accionante, lo que le produjo su electrocución. En tal sentido, las pruebas rendidas a la causa dieron cuenta del estado de deterioro de los cables de electricidad, como también que el servicio en la zona era prestado por Edesur S.A. a los usuarios residentes y, agregó que los vecinos habían realizado distintos reclamos por el irregular estado en que se encontraba el cableado del tendido eléctrico, sin resultado positivo.

En este contexto, habiendo sido probado el daño sufrido, el hecho generador del daño -el mal estado del tendido eléctrico-, el nexo causal entre ambos, y no habiendo las demandadas alegado ningún eximente de responsabilidad, responsabilizó a Edesur S.A. por los daños padecidos por el Sr.Bernardo Arias Yavita.

Resuelto el tema de la responsabilidad, en el pronunciamiento se analizaron los diferentes rubros indemnizatorios reclamados y se fijaron las siguientes sumas: a) $50.000.- por daño emergente; b) $500.000.- por incapacidad sobreviniente; c) $200.000.- por daño moral; y por último, rechazó el daño psíquico como categoría autónoma.

Por otra parte, el judicante señaló que la empresa aseguradora, una vez efectuada la citación, se encuentra alcanzada por los efectos de la sentencia -en la medida del seguro, esto es en los límites y con los alcances de la cobertura asumida por la empresa- (conf. art. 118 de la ley 17.418).

Para finalizar, estableció que la suma por la cual prospera la acción, devengará intereses que se calcularan desde el momento del evento dañoso, es decir desde el 12/10/16, a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina hasta el momento del efectivo pago, con costas a cargo de la parte demandada sustancialmente vencida (conf. art. 68, primer párrafo del C.P.C.C.N.).

II.- El pronunciamiento fue apelado por la parte actora (ver escrito recursivo del 21/9/21 y auto de concesión de fecha 27/9/21) cuya expresión de agravios fue presentada el 18/11/21 y mereció únicamente la réplica de la empresa concesionaria del servicio de energía eléctrica con fecha 7/12/21. Asimismo, apeló Edesur S.A. (ver escrito de fecha 23/9/21 y providencia del 27/9/21) quien presentó sus quejas el 29/11/21, las que fueron contestadas por la parte accionante el día 14/12/21. Y, para finalizar recurrió el decisorio la citada en garantía -Caja de Seguros S.A.- (ver escrito recursivo del día 28/9/21 y auto de concesión del 12/10/21) y, toda vez que la parte no hizo uso del derecho otorgado por el art. 259 del C.P.C.C.N.el Tribunal declaró desierto el recurso interpuesto contra la sentencia de primera instancia conforme lo dispuesto por el art. 266 del C.P.C.C.N. (ver resolución de fecha 23/12/21).

El accionante cuestiona que la suma otorgada para resarcir los perjuicios en autos pretendidos es irrita y peticiona que se incrementen los rubros indemnizatorios denominados: «incapacidad sobreviniente» y «daño moral». Asimismo, formula ciertas consideraciones respecto al contrato de seguro celebrado entre las firmas «Edesur S.A.» y «Caja de Seguros S.A.», entre las que ensaya un planteo de inconstitucionalidad de toda cláusula que establezca un límite de responsabilidad en la cobertura civil y de toda disposición que se oponga a la obligación de que toda actividad riesgosa debe contar con un seguro de responsabilidad civil; y, por último, cuestiona la tasa de interés aplicable, la que requiere que sea duplicada.

En contrapartida, la empresa distribuidora de energía en su escrito recursivo se queja de la procedencia y de los excesivos e injustificados montos de condena establecidos para los ítems resarcitorios rotulados «incapacidad sobreviniente» y «daño moral». Para finalizar, se agravia del punto de partida de los intereses, al respecto argumenta que en el decisorio apelado se fijaron los montos indemnizatorios al momento de dictarse el pronunciamiento, por ello arguye que los intereses deben comenzar a correr desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago.

Habiendo intervenido el Fiscal General (conf. dictamen de fecha 10 de marzo de 2022), se llamaron los autos para dictar sentencia.

III.- Ante todo, me interesa recordar que el Tribunal no está obligado a seguir todas las argumentaciones que se le presenten, ni a examinar cada una de las probanzas aportadas a la causa sino sólo las conducentes para resolver el conflicto.

Me atengo así a la jurisprudencia que considera que esta metodología de fundamentación de las sentencias judiciales es razonable, extremo que implica su compatibilidad con los principios y garantías constitucionales (conf. C.S.J.N. Fallos:265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros).

IV.- Resulta oportuno señalar que en autos ha quedado firme la atribución de responsabilidad imputada en virtud de no haber sido objeto de crítica específica de las partes, ello, en atención a la sustanciación del proceso (ver expresión de agravios de la parte actora y de Edesur S.A., como así también la resolución interlocutoria de este Tribunal de fecha 23/12/21).

Así las cosas, interesa destacar que en atención a los límites de la jurisdicción de Alzada, corresponde analizar las quejas propuestas por la parte actora y por la empresa de energía eléctrica que se dirigen básicamente al cuestionamiento de la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios justipreciados en el decisorio recurrido, para en caso de corresponder atender al planteo efectuado por la accionante referido al contrato asegurativo de sus contrincantes, como así también los agravios de ambas partes referidos al cómputo de los intereses y la tasa aplicable.

A esos efectos, habré de considerar, además de los términos de la presentación, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes y, particularmente, los puntos de pericia propuestos.

Dicho ello, y para una mejor compresión del asunto, es necesario efectuar una breve síntesis de las circunstancias del caso que constituyen los antecedentes de la resolución recurrida.

4.1.- Inicialmente, no media contradictorio en esta instancia que el día 12/10/16, siendo aproximadamente las 5:50hs. el Sr.Bernardo Arias Yavita, mientras se encontraba caminando por la calle Laprida -vereda izquierda en dirección a Avenida Olimpo-, en el partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, sufrió un accidente en la vía pública al caerse un cable de alta tensión sobre la cabeza del actor, lo que le produjo su electrocución.

Que frente a tal situación, la gente comenzó a gritar desesperadamente y a tirarle piedras para que se despegue el cable sin tener éxito hasta que un hombre trajo una madera de su casa y pegándole con un palo logró «despegarlo» (conf. declaraciones testimoniales de fs. 142/144).

4.2.- Que el actor, desafortunadamente, pasó a ser parte del circuito eléctrico al tomar contacto con el cable de alta tensión pasándole la corriente eléctrica por el cuerpo.

Que la red de distribución de energía eléctrica en condiciones normales de diseño y con el mantenimiento adecuado no tiene accidentes tales como las caídas de cables o de postes. Al respecto, precisó el perito que para que el cable se desprenda de su posición física sin intervención del hombre es porque la instalación posee materiales de sujeción que se desajustaron o se debilitaron por algún motivo. Agregó que, de la reglamentación del contrato de concesión de distribución del servicio eléctrico brindado por Edesur surge su obligación de velar para que no ocurran accidentes -como el de autos- al tener que mantener la instalación de su red en buenas condiciones de operación (conf. pericia del Ingeniero Electricista de fs. 222/223 y explicaciones formuladas a fs. 229/230).

Asimismo, se encuentra corroborado que el servicio de energía eléctrica en la zona era prestado por la firma Edesur S.A., y que los vecinos habían realizado varios reclamos telefónicos por el estado de los cables del tendido eléctrico -los cuales chispeaban- sin obtener resultado positivo (conf.declaraciones testimoniales citadas).

En tal orden de ideas, el juez tuvo por probado el daño sufrido, el hecho generador del daño como el nexo causal entre ambos, no habiendo las demandadas demostrado ningún eximente de responsabilidad, motivo por el cual se responsabilizó a la demandada por los daños padecidos por el Sr. Bernardo Arias Yavita.

V.- Aclarado ello, corresponde adentrarme a los ítems resarcitorios que fueron objeto de las críticas que ensayaron las partes en sus memoriales de agravios.

A) «Incapacidad Sobreviniente»: la que fue justripreciada en la suma de $500.000.-. Este punto mereció apelación cruzada de ambas partes. Mientras la accionada se agravia de la procedencia del rubro y su cuantía la cual considera excesiva, la actora por su parte sostiene que resulta escasa (ver punto II.2.1 del memorial de fecha 29/11/21 y expresión de agravios del accionante del 18/11/21, respectivamente).

Con respecto al primero de los puntos, por incapacidad, debo decir que es la pérdida o atenuación del potencial físico y psíquico de los que gozaba el afectado: teniendo en cuenta sus condiciones personales, edad, estado civil y demás circunstancias que correspondan.

Para su acreditación se designó, conforme se solicitó, perito médico único de oficio al Dr. Rubén Jorge Der, quien presentó su labor pericial a fs. 233/234vta. ilustrando sobre los aspectos físicos y psicológicos del accionante.

El experto designado en autos, es quien mediante la aplicación de conocimientos que le son específicos deberá elaborar una conclusión sobre el tema.

Es a través del principio enunciado que debe ponderarse el peritaje y sus ampliaciones, que, como actividad procesal, se desarrolla en virtud del encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, ajenos al común de la gente como al campo específico del derecho, que es dominio del juzgador (conf. Cám. Nac.Civ., Sala D, I.N° 266.503; id., N° 1064, 12/9/1983).

A su vez, es principio que la pericia vale tanto como resulte de sus fundamentos y de la claridad de exposición (conf. Colombo, C.J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T.I, pág. 718, 4°. Ed.), porque ella ha de ser reflejo de la experiencia profesional del perito, aplicada a cada caso en particular.

Ahora bien, si bien es cierto que el Juez tiene plena facultad para apreciar la peritación practicada, no puede ejercer esa facultad con discrecionalidad, pues para poder apartarse de las conclusiones allegadas por el experto debe tener motivos muy fundados, ya que aun cuando las normas procesales no acuerdan al dictamen el carácter de prueba legal, no lo es menos que cuando el informe comporta la necesidad de apreciación científica del campo del saber del perito, para desvirtuarlo es imprescindible traer elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente el error o el inadecuado uso que el técnico hubiere hecho de los conocimientos técnicos de los que por su profesión o título habilitante necesariamente ha de suponérselo dotado (conf., Palacio, L. E., «Derecho Procesal Civil», T. IV, pág. 702; Cam. Nac. Civil, Sala F, 13/8/1982, E.D. 101-789; id.24/8/1982, E.D. 102-330).

Lo que dije no importa que resigne la misión de «dar a cada uno lo suyo» (conf. Ulpiano, Digesto, T. 12), que constituye la esencia de la administración de justicia que el Estado me confío, en manos de un tercero, sino, solo que en casos como el presente conforme las reglas de la sana crítica (art. 163, inciso 5° del Cod. Cit.) tome en cuenta en forma primordial la conclusión a que llega quien posee conocimientos técnicos ajenos al saber específicamente jurídico, que tengo como Juez.Supuesto que es común cuando resulta indispensable la prueba pericial, que requiere que el magistrado en la comprobación de un hecho controvertido o en la determinación de sus causas o efectos, sea auxiliado por persona especializada en alguna ciencia, arte, industria o actividad (ver Palacio, L. E., «Derecho Procesal Civil», T. IV, pág. 673 y sigtes., n8. 495).

En el trabajo aludido, el experto médico luego de analizar los antecedentes del caso (tales como la denuncia ante el Sr. Fiscal a cargo de la UFI de turno de fs. 168, la epicrisis del día 13/10/16 -que da cuenta de la descarga eléctrica sufrida por el accionante- de fs. 249/252 y la constancia de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de fs. 156/159), como así también los exámenes y estudios realizados, concluyó que el actor presenta como secuelas del hecho de autos: «Daño Cerebral Aquirido» y como consecuencia manifiesta dificultad para hablar, asimismo posee una cicatriz en el pulgar y hallux (ver fs. 233 último párrafo, el destacado me pertenece).

Asimismo, del informe neurológico-médico legal acompañado en autos, cuyo original se encuentra reservado a fs. 218- y que el perito antes mencionado tuvo en consideración para efectuar su labor, surge que el accionante es portador de: «. un síndrome postraumático encefálico por electrocución con manifestaciones subjetivas (cefaleas) y objetivo (Electroencefalograma y mapeo Cerebral Computado estudio con trazado disfunción fronto-parietal con carácter paroxismal con la hiperventilación y desorganización bioeléctrica en dichas áreas con la eli. Evaluación neurocognitiva. Addenbrooke ?s Cognitiva Examination- Revised(ACE-R) e Ineco Frontal Screning (IFS): Deterioro neurocognitivo moderado). Postconmocional.El mismo requeriría de tratamiento neurofarmacológico específico, de controles neurológicos, electroencefalográficos, de rehabilitación neurocognitiva y de laboratorio periódicos, no hallándose en condiciones de cumplimentar tareas que impliquen riesgo.» (el subrayado me pertenece).

En este entendimiento, el galeno Der expresó que el «DCA» (daño cerebral adquirido) es la afección de las estructuras encefálicas en personas que, habiendo nacido sin ningún tipo de daño cerebral, sufren en un momento posterior de su vida, lesiones cerebrales que llevan a una afectación del funcionamiento cognitivo, emocional, conductual y/o físico. Asimismo, explicó las causas más comunes de daño cerebral, como también respecto a las fases que transita una persona con dicha patología y los déficits que afectan las distintas áreas del funcionamiento del ser humano.

En suma, dictaminó que el actor padece una secuela de daño orgánico cerebral Grado II, y en base a los Baremos consultados, estableció la incapacidad en el orden del 40% (ver dictamen a fs. 234vta.).

Por otro lado, y de acuerdo a la observación clínica y del examen de psicodiagnóstico efectuado por la Licenciada Vanesa Berman -cuyo original se encuentra reservado a fs. 218, en sobre marrón grande que tengo a la vista en este acto- el perito médico refirió que el actor presenta una reacción vivencial anormal neurótica con manifestación depresiva de Grado II-3 correspondiéndole un porcentaje de incapacidad para esta área del 15% (ver fs.

234vta. in fine). Destaco que el trabajo pericial aludido lo admito y hago mío en cuanto a su conclusión de conformidad con lo normado por el art. 477 del Código Procesal. Señalo que la impugnación efectuada por la parte co- demandada citada en garantía -Caja de Seguros S.A.- (ver fs.236/237vta.) no logra conmover las conclusiones arribadas por el perito designado en autos quien emitió su dictamen fundado en los elementos probatorios del caso de marras y de la evaluación física del accionante, más aún, las emplazadas no han aportado elementos que resulten convincentes para desvirtuar las fundamentaciones dadas por el perito. A lo que se suma que dichas impugnaciones fueron adecuadamente contestadas por el experto a fs. 239 ratificando la labor pericial. Aún más, agregó que el actor posee encefalograma compatible con el daño cerebral, no habiendo alteraciones anatómicas que dificulten el habla. Por ello, me inclino por otorgarle plena eficacia probatoria y convictiva a la pericia médica realizada por el Dr. Der.

Para fijar la indemnización del rubro es necesario seguir un criterio dotado de la suficiente fluidez como para tomar en cuenta las características particulares de cada caso: edad de la víctima, sexo, condición social, situación familiar, profesión, ingresos obtenidos, posibilidades de progreso, estudios cursados (conf., constancias que se desprenden de la copia de historia clínica de internación de fs. 249/252, pericial de fs. 233/234vta. y beneficio de litigar sin gastos del actor -expte. n° 8269/16/1- a fs. 15/26 y fs. 27) y, naturalmente, el grado de minusvalía que lo afecta.

En principio, los daños en la persona y sus secuelas -incapacidad- deben acreditarse por perito idóneo. A su vez, los porcentuales sobre incapacidad fijados desde un punto de vista médico, no se trasladan automáticamente a la evaluación del prejuicio, ya que, según dije en el párrafo anterior, debe correlacionarse con distintas circunstancias que difieren según las personas.

La pretensión, con el alcance indicado progresa y para fijar el monto tomo en cuanta cómo y en qué medida, el accidente pudo repercutir en la situación del damnificado, sin sujetar el resultado a criterios matemáticos que no siempre logran traducir el verdadero prejuicio sufrido (conf., Cam. Nac. Civil, Sala A, L° 170.887, 7/7/1995, «Pianzola, D.O. c/ Perez, A.s/ Daños y Perjuicios», entre muchos otros).

Así, ponderando la edad del Sr. Arias Yavita Bernardo quien tenía 26 años al momento del accidente, de estado civil soltero, padre de cuatro hijos, con estudio primario incompleto, que se gana la vida como operario en la industria de la construcción, no poseyendo bienes suntuosos, resultando una persona humilde que vive con su pareja en la casa de sus padres, la cual es de material pero no dispone de agua corriente ni gas natural y que debido al accidente no ha podido trabajar como antes, etc. Destáquese que algunas de las circunstancias descriptas fueron valoradas por el juez de la anterior instancia, para conceder el beneficio de litigar sin gastos en estas actuaciones (ver fs. 27, del expediente n° 8269/16/1, «Arias Yavita Bernardo c/ Edesur S.A. s/ Daños y Perjuicios Incidente Beneficio Litig. Sin Gastos»).

Por ello, juzgo adecuado fijar el resarcimiento otorgado por el ítem en estudio en la suma de $500.000.- (pesos quinientos mil), ello en ejercicio prudencial y razonable de la facultad que confiere el art. 165, in fine del Código Procesal como así también considerando que en la especie lo que se indemniza es el daño cierto y no el conjetural o hipotético. Así las cosas, tengo para mí que a los fines de establecer el monto por el procederá el rubro en estudio, se han valorado las pruebas aportadas a la causa y el dictamen pericial mencionado en los párrafos anteriores (arts. 367 y 477 del C.P.C.C.N.).

B) «Daño Moral»: Distinto es el fundamento en que finca el reclamo por daño moral, toda vez que si l a acción antijurídica ocasiona un menoscabo o lesión a intereses no patrimoniales, hay daño moral (conf., Zannoni, E., «El daño en la responsabilidad civil», pág.232; Orgaz, A. «El daño resarcible», pág.183, N°55 y citas en nota 5; Cám. Nac. Civil, Sala A, Valdez C. c/ Amparo S.A. s/ Daños y Perjuicios, E.D., F°32.992; ídem, Endrej, C. c/ Valverde, O.J., s/ Sumario, E. D., F°32.876, etc.). Se tiende, aplicando la previsión del art. 1078 del antiguo Código Civil a reparar el dolor que provoca el evento dañoso fuera del ámbito físico (conf., Borda,G.A., «Tratado de Derecho Civil, Obligaciones», T. I., pág.190).

Es un daño que afecta al sentimiento -dolor, aflicción, pensar, conmoción de envergadura en el equilibrio habitual- y que es consecuencia de la privación de un bien jurídico sobre el cual el dolorido, el humillado, el afligido, etc., tenía un interés reconocido por la ley (conf., Zannoni, E., ob. Cit., pág. 232 y sus citas).

En tal sentido, considero importante destacar que el Código Civil y Comercial de la Nación establece en el art. 1740 el principio de la reparación plena, incluyéndose en el art. 1741 la indemnización de las «consecuencias no patrimoniales»; pero no obstante, el art. 1744 expresa que: «El daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos».

Siendo así, de lo que se trata es reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido. En su justiprecio, ha de recurrirse a las circunstancias sociales, económicas y familiares de la víctima y/o de los reclamantes, valoradas con prudencia para evitar un enriquecimiento indebido. La reparación del daño moral debe determinarse ponderando esencialmente la índole de los sufrimientos de quien los padece y no mediante una proporción que la vincule con otros daños cuya indemnización se reclama (conf.esta Sala, Causa 17292/95 del 17/10/95, entre otras).

Sobre el punto, hay acuerdo en considerar que el daño moral es de difícil cuantificación, dado que las perturbaciones anímicas quedan en el fuero íntimo del damnificado; sin embargo, la magnitud del hecho y la índole de las lesiones constituyen elementos objetivos que permiten determinar una cantidad indemnizatoria, pero igualmente enfrenta al juzgador con la disyuntiva de evaluar cuánto sufrió la víctima; por ello se sostiene que la cuantificación del daño queda sometida más que en cualquier otro supuesto al prudente arbitrio judicial y que la víctima debe arrimar elementos que convenzan al Juez de la existencia del daño moral, de la alteración disvaliosa del espíritu; del dolor, sinsabores o sufrimientos; amarguras o desazones (confr. Jorge Mosset Iturraspe y Miguel Piedecasas, Código Civil Comentado, Doctrina – Jurisprudencia- Bibliografía, Responsabilidad Civil, arts. 1066/1136, Ed. Rubinzal Culzoni, 2003, pág. 113/113vta.).

En el caso, de las constancias agregadas al expediente y las conclusiones de la pericia médica dan cuenta del daño provocado por la electrocución del cuerpo del actor y que sus lesiones -tanto físicas como psíquicas- se han consolidado. Debe apreciarse también la afectación a los sentimientos del accionante que se genera como consecuencia de los dolores que sufre en las zonas afectadas y las limitaciones funcionales apuntadas por el perito médico en el informe «supra» señalado. Sobre el punto, referenció el examen de psicodiagnóstico y precisó sobre la reacción vivencial anormal neurótica con manifestación depresiva de grado II-3 relacionado con el accidente que presenta el Sr. Arias (ver fs. 234vta.).

Destáquese que el accionante, mientras se encontraba caminando por la vía pública sufrió la electrocución de su cuerpo al desprenderse un cable de alta tensión del tendido eléctrico, el que cayó en su cabeza y lo dejó tumbado en el suelo con las incapacidades físicas y psicológicas antes reseñadas.Pues, no dudo del temor fundado e inquietud espiritual que debe recaer en su persona al momento de tener que efectuar el depósito de confianza que todo ser humano ejecuta al salir a transitar de manera libre y sana las calles de su ciudad sin resultar ser brutalmente dañado en su integridad.

Me interesa agregar, que considerando la incapacidad del actor, la gravedad del hecho de autos en sí mismo, situación que lo afectó y lo afectará de por vida, asimismo su proyección en el aspecto anímico, la edad al tiempo de sufrir el accidente, y, en ejercicio prudencial y razonable de la facultad que confiere el art. 165 del C.P.C.C.N., propongo al acuerdo elevar la suma otorgada por daño moral y en consecuencia, fijarla en $300.000.- (pesos trescientos mil).

VI.- Corresponde abordar la crítica que efectuó la parte actora respecto al contrato de seguro que vincula a «Edesur S.A.» y a la citada en garantía «Caja de Seguros S.A.». Al respecto, cuestiona la franquicia deducible que poseen las partes y solicita de manera genérica la nulidad y/o inconstitucionalidad de toda cláusula contractual que se oponga a la obligación de que toda actividad riesgosa debe contar con un seguro de responsabilidad civil.

Ante todo, destaco que la sentencia apelada se expidió claramente sobre la responsabilidad de ambas demandadas y el vínculo que las une a través del contrato de seguro, motivo por el cual -en caso de corresponder, la parte actora- en la etapa de ejecución deberá acreditar que los daños aquí reconocidos quedan excluidos de la condena impuesta a Edesur y de dicha cobertura asegurativa.En concreto, deberá demostrar el agravio concreto que ello le ocasionaría en la hipótesis de quedar la víctima sin resarcimiento por el hecho de marras.

Sobre el punto, el juez de primera instancia condenó a la firma Edesur a abonar la condena recaída en autos y, habida cuenta la relación contractual que la vincula con la compañía aseguradora, instrumentada mediante la póliza n° 15768 que luce agregada a fs. 49/70, extendió la condena a la citada en garantía, lógicamente que en la medida del seguro previsto y de acuerdo con los límites y al alcance de la cobertura asumidos por la empresa (conf. art. 118 de la Ley 17.418). Así pues, no se advierte en este estado procesal en que aspecto ello le causa gravamen a la recurrente, pues las aseveraciones resultan conjeturales y ello conlleva a declarar desierto el recurso.

No obstante lo expuesto y por si alguna duda cabe, realzo que la causa fuente de la obligación de la «Caja de Seguros S.A.» es el contrato suscripto con el asegurado y es en los términos de dicho contrato que la aseguradora ha sido traída al presente juicio, por lo que condenarla más allá de los límites establecidos en el contrato resultaría contrario a lo establecido por el art. 118 de la Ley de Seguros (cfr. C.S.J.N. Fallos: 338:1252 ).

Asimismo, cabe señalar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma de jerarquía legal constituye un acto de suma gravedad que debe ser considerada como última «ratio» del orden jurídico, por lo que esa declaración requiere no sólo la aserción que la norma impugnada cause agravio, sino también la demostración de tal agravio, que sirve de fundamento a la impugnación en el caso concreto (conf., C.S.J.N. 9/4/81, Aranda de Casanova Ana O. y otr. c/ Hermida Baldomero; id., 30/4/81, Falcon Javier I.c/ Gobierno Nacional, Ministerio de Defensa). Por eso se dice que en la pretensión de inconstitucionalidad el juez está habilitado tanto para pronunciarse sobre el alcance de las normas constitucionales pertinentes, cuanto para valorar los hechos y las pruebas invocadas en apoyo de la infracción (conf., Palacio, L.E., Derecho Procesal Civil, T. V, Actos Procesales, pág. 20, ap. «c» in fine).

Corresponde además, puntualizar que no es función de los jueces el efectuar declaraciones generales o abstractas sino que la misma queda circunscripta a determinar si existió agravio constitucional en el caso concreto sometido a su jurisdicción (conf., Fallos 184:358; 260:83; 265:365).

En la especie, conforme lo expuesto debo señalar que en este estado del proceso no se consigna en la tacha de constitucionalidad de la norma que se indica el perjuicio que se le pudiera producir a la parte accionante de lo que se sigue el rechazo de la articulación deducida por su parte.

VII.- Resta considerar la queja de la empresa de energía eléctrica referida al punto de partida de los intereses cuestionado en el punto II.3 del memorial de fecha 29/11/21; como así también el agravio de la parte actora referido a la tasa de interés aplicable, en el cual peticiona que se aplique el doble de la tasa activa (conf. escrito de fecha 18/11/21).

Destaco que en su memorial Edesur S.A. refiere que todos los montos indemnizatorios fueron fijados a valores actuales, ello no es así, pues de la lectura del decisorio impugnado se desprende que fueron establecidos a valores históricos y de allí el interés fijado en considerando VII. Igual razonamiento se siguió en el presente voto.

Ahora bien, en lo relativo al hito inicial de los accesorios, el Tribunal en reiteradas ocasiones ha señalado que tales accesorios deben comenzar a correr desde el día del accidente -en este caso el 12/10/16- pues fue en ese preciso instante en que los daños aquí admitidos quedaron configurados como daños definitivos (conf. arg.Causa 3.387/96 del 05/07/2005 y sus citas, causa n° 7.202/04 del 28/08/2007).

Con relación a la tasa de interés, sin perjuicio de que se trata de un tema que no fue sometido a consideración del magistrado de la anterior instancia al iniciar demanda (ver fs. 10/18vta., y más precisamente a fs. 10 tercer párrafo) y lo normado por el art. 277 del Código Procesal, cabe recordar que se ha resuelto en innumerables casos que sólo la tasa activa compensa la pérdida de la privación del capital (ver Sala III, causa 6.370/92 del 06/04/95; esta Sala, causas 6.378/92 del 08/08/95; 1.707/94 del 10/10/95; 43.204/95 del 30/11/95; Sala I, causa 6.595/92 del 26/05/ 94; 2.469/92 del 22/11/1994; 21.960/94 del 22/06/99).

Dicho esto, en lo referido a la tasa activa fijada en la sentencia apelada, conviene señalar que las distintas Salas integrantes de esta Cámara han unificado el criterio, mudando de la tasa pasiva a la tasa activa, con lo cual se produce una situación equiparable a un plenario virtual (conf. esta Sala, causa n° 15.868/16 del 08/02/21, Sala I, causas n° 3434/10 del 08/08/17, causa n° 88125/13 del 04/02/21, causa n° 1535/17 del 15/07/21, Sala III causas n° 6533/10 del 17/02/16, entre otras).

Más aún, frente a un planteo similar al que aquí se formula juzgué que la pretensión de la actora de fijar una tasa de interés equivalente al doble de la tasa activa no puede ser acogida desde que carece de todo sustento jurídico y fáctico (conf.causa 2378/14 del 25/02/21). Por tales motivos, corresponde confirmar la tasa de interés aplicable y el cómputo de los accesorios establecidos en el decisorio impugnado.

VIII.- Voto, en síntesis, por confirmar el pronunciamiento apelado, salvo en lo atinente al monto establecido para resarcir el «daño moral» el que se fija en la suma de $300.000.- con costas de Alzada a cargo de la parte demandada perdidosa toda vez que resultó sustancialmente vencida y en atención a que no encuentro mérito para apartarme del principio objetivo de la derrota contenido en el art. 68, primera parte del C.P.C.C.N.

Los doctores Florencia Nallar y Alfredo Silverio Gusman por razones análogas a las expuestas por el doctor Eduardo Daniel Gottardi adhieren al voto que antecede.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala, RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, salvo en lo atinente al monto establecido para resarcir el rubro «daño moral» el que se fija en la suma de $300.000.- con costas de Alzada a cargo de la parte demandada perdidosa toda vez que resultó sustancialmente vencida y en atención a que no se encuentra mérito para apartarse del principio objetivo de la derrota contenido en el art. 68, primera parte del C.P.C.C.N.

Establecidos que sean los honorarios en la anterior instancia, se procederá a regular los correspondientes a la Alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

EDUARDO DANIEL GOTTARDI

JUEZ DE CAMARA

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

JUEZ DE CAMARA

FLORENCIA NALLAR

JUEZ DE CAMARA

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