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#Fallos Poco profesional: Se multa a los abogados que instaron a un trabajador a aceptar la representación letrada para asistir a la audiencia del SECLO, recomendada por el estudio jurídico que representaba a su empleadora

Partes: R. R. S. D. M. c/ Colegio Publico de Abogados de Capital Federal s/ ejercicio de la abogacia – ley 23187 – art 47

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: IV

Fecha: 24 de mayo de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137189-AR|MJJ137189|MJJ137189

Se multa a los abogados que instaron a un trabajador a aceptar la representación letrada, para asistir a la audiencia del SECLO, recomendada por el estudio jurídico que representaba a su empleadora.

Sumario:
1.-Corresponde confirmar la sanción de multa impuesta a cada uno de los abogados, en los términos del art. 45, inc. c , de la Ley 23.187 pues el único argumento expuesto por el recurrente no logra demostrar arbitrariedad o ilegalidad algunas que justifiquen dejar sin efecto o modificar la decisión que se impugna; en efecto, aun teniendo en cuenta la declaración efectuada por el trabajador, lo cierto es que no alcanza para desvirtuar el hecho de que aquél accedió a la asistencia profesional del recurrente como consecuencia de la recomendación y gestión realizada por el letrado que representaba a la empleadora y que formaba parte del mismo estudio jurídico.

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2.-Teniendo en cuenta que se encuentra por demás demostrado el estrecho vínculo laboral que existía entre ambos letrados, mal puede afirmar el recurrente que el accionar que llevaron a cabo en forma conjunta ante el SECLO, uno ejerciendo la representación de la empleadora y el otro asistiendo profesionalmente al trabajador, con el fin de ratificar el acuerdo de desvinculación laboral celebrado entre las partes, no hubiese importado una violación a los principios más elementales de lealtad, probidad y buena fe, que rigen el ejercicio de la profesión.

3.-Sin perjuicio de lo expuesto por los encartados respecto de que el acuerdo en cuestión habría sido previamente consensuado por la propietaria de la empresa y su empleado, tornándose sus gestiones una mera formalidad, lo cierto es que se aprecia con facilidad el conflicto de intereses que acarreaba su proceder y el riesgo de que se viera afectado el derecho del trabajador a ser debidamente asesorado sobre los alcances e implicancias legales de tal convenio.

Fallo:
Buenos Aires, 24 de mayo de 2022.

VISTO:

El recurso directo de apelación deducido por el actor el 2/2/2021 contra la resolución de la Sala II del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal del 1º/7/2021; y CONSIDERANDO:

1º) Que, las actuaciones se iniciaron a raíz de la comunicación cursada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, en virtud de los hechos acontecidos en el marco del expediente 61953196/18 de la Unidad de Acuerdo Espontáneos del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), en el que la firma Pneuma SRL, representada por el abogado Oscar José Ferreyra, y el Sr. Nicolás Mauricio Saavedra, asistido por el letrado S. D. M. R. R., informaron la celebración de un acuerdo de desvinculación laboral entre las partes, que pretendían ratificar formalmente.

En particular, se denunció que al momento de «efectuar las preguntas determinadas en el Artículo 1 inc. a), b) y c) de la citada norma, respecto Si el trabajador es libre de prestar el consentimiento en el caso; Si le fueron explicados los alcances del mismo. y Si ha elegido libremente al letrado que le asiste en este acto. Acto seguido se deja constancia sobre la respuesta inequívocamente negativa de la parte TRABAJADORA.», circunstancia que motivó la suspensión de la audiencia y la elevación de las actuaciones a la Unidad de Asesoría Legal a sus efectos (cfr. p. 34/67 del documento digital incorporado a las actuaciones el 4/3/2022, correspondiente al exp. adm. 31066/19).

2º) Que, tras formularse lo respectivos descargos y producirse diversos medios de prueba, el 1/7/2021, la Sala II del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal impuso a cada uno de los mencionados abogados una sanción de multa de cincuenta mil pesos ($50.000), en los términos del artículo 45, inciso c, de la ley 23.187 (cfr. p.192/208 del doc. ant.cit.).

Para resolver de ese modo, después de relatar los antecedentes del caso, señaló que:

– no correspondía tener en cuenta la «sobrevenida declaración del trabajador, donde se desdice de los hechos que ha ratificado en dos oportunidades.», toda vez que no había sido efectuada ante la autoridad competente y no resultaba suficiente para apartarse de las «inequívocas expresiones» realizadas con anterioridad.

– se hallaba debidamente acreditado que el abogado S. D. M. R. R. había asistido al Sr. Nicolás Mauricio Saavedra en la ratificación ante el SECLO del acuerdo celebrado con Pneuma SRL, representada por el letrado Oscar José Ferreyra; y que, en el momento pertinente, el funcionario interviniente consultó al Sr. Saavedra sí se le habían explicado los alcances del acuerdo y sí había elegido libremente al profesional que lo asesoraba, a lo que contestó que «no», motivo por el que se dio por finalizado el acto.

– también fue demostrado que el letrado Ferreyra contactó a su colega R. R. para que patrocinara al Sr. Saavedra, dado que éste último le había manifestado que no tenía abogado.

– que «ese vínculo preexistente entre ambos letrados, hizo perder transparencia al acto, dando la apariencia de legalidad, a un acto viciado de nulidad, toda vez que el Sr. Saavedra estuvo asistido por un letrado elegido por la contraria quitándosele la posibilidad de conocer los alcances del acuerdo, sus derechos y optar libremente».

– que «si bien el Dr. Ferreyra le preguntó si tenía un abogado, y el Sr.Saavedra contestó que no, nunca se le dijo que debía buscar uno, sino todo lo contrario, se le ofreció la asistencia de un profesional aprovechándose de su desconocimiento acerca de las leyes aplicables y los riesgos que asume al suscribir un acuerdo de desvinculación asistido por un letrado que no eligió libremente».

– que la conducta de los encartados contravenía las normas éticas, en tanto uno «representó de modo ficticio al trabajador» y el otro «lo contactó para que se limitara a suscribir una ratificación de acuerdo».

– ambos suM.dos pretenden atribuir responsabilidad al Sr.

Saavedra sin reparar en «el hecho de que el Dr. R. R., a pedido del Dr.Ferreyra, concurrió al Ministerio de Trabajo al solo efecto de suscribir un documento para intentar dotar al instrumento de legalidad».

– aun cuando pretenden justificar su accionar en que el acuerdo ya había sido consensuado con la propietaria de la firma Pneuma SRL y que la ratificación ante el SECLO era tan sólo una formalidad, los profesionales «no pueden desconocer la necesidad de que el trabajador cuente con asesoría letrada neutral», y «que cualquier arreglo directo con la empleadora o con un letrado de la empresa lo coloca en desigualdad y lo perjudica».

Por tales razones, concluyó que correspondía sancionar a los letrados denunciados por haber infringido lo dispuesto en los arts. 6º, inc. a, y e; 10, inc. a; y 44, inc. e, g, y h, de la ley 23.187; y en los arts. 6º; 10, inc. a, y g; 19, inc. a, y f; y 22, inc.a, del Código de Ética.

A los fines de graduar la sanción, consideró que, aunque no tenían antecedentes disciplinarios, no podía soslayarse su antigüedad en el ejercicio de la profesión y que ambos letrados, «aprovecharon la vulnerabilidad del trabajador y la necesidad de éste para hacerse de la indemnización que le correspondía; se aprovecharon de esto antes de concurrir al Seclo; durante la audiencia de ratificación de acuerdo y posteriormente a ello, presentaron una declaración del trabajador, a los efectos de mejorar sus posiciones procesales en este sumario».

3º) Que, contra esa resolución, el 2/12/2021, el abogado S. D. M. R. R. dedujo el recurso que prevé el art. 47 de la ley 23.187 (cfr. p. 1/4 y 231/233 del doc. ant. cit.).

Sostiene, en esencia, que en la decisión recurrida se produjo en una grave afectación a su derecho de defensa, toda vez que se omitió ponderar en forma adecuada el valor probatorio de la declaración del Sr.Saavedra, en la que expresamente reconoció que mintió sobre los hechos que darían sustento a la sanción, deslindando de responsabilidad a los encartados.

Por tal motivo, entiende que la conclusión a que arribó el Tribunal de Disciplina no cuenta con sustento probatorio alguno y sólo refleja una clara animosidad en su contra, y la arbitrariedad de lo decidido.

4º) Que, corrido en esta instancia el traslado pertinente, el 5/4/2022, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal lo contestó solicitando el rechazo de la apelación deducida.

5º) Que, el 11/4/2022, emitió su dictamen el señor Fiscal General.

6º) Que, así las cosas, resulta oportuno recordar que esta Cámara tiene dicho que las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina remiten a la definición de faltas deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales o inespecíficos, que si bien no resultarían asimilables en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente bajo un régimen de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los titulares del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que los envuelve a todos (confr. Sala I, «A. I., W. A. c/ Colegio Público de Abogados del Capital Federal», sent. del 29/8/00; Sala III, «Escudero, Roberto Franklin c/ CPACF», sent. del 27/07/09; esta Sala, «Ponce, Azucena Isabel c/ CPACF (Expte 23056/08)», sent. del 4/08/11 y «Gaineddu, Juan D. c/ CPACF (19930/22960)», sent. del 17/04/12, entre otras).

Ello así, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la infracción profesional es, como principio, facultad priM.de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar comportamientos que precisamente pueden dar lugar a la configuración de ese tipo de faltas, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria (Fallos: 304:1335 y 314:125 y esta Sala, «Pavicich, Gabriel Edgardo c/ CPACF (Expte 23862/08)», sent. del 23/02/12 y sus citas, entre otras).

7º) Que, en tales términos, cabe adelantar que el único argumento expuesto por el recurrente no logra demostrar arbitrariedad o ilegalidad algunas que justifiquen dejar sin efecto o modificar la decisión que se impugna, motivo por el que el recurso no puede prosperar.

En este sentido, nótese que, aun teniendo en cuenta la declaración efectuada por el Sr. Saavedra el 25/9/2019 en todos sus términos, lo cierto es que no alcanza para desvirtuar el hecho de que aquél accedió a la asistencia profesional del recurrente como consecuencia de la recomendación y gestión realizada por el letrado Oscar José Ferreyra, quien representaba a la firma Pneuma SRL y formaba parte del mismo estudio jurídico -o al menos así lo informaban públicamente, y aún lo siguen haciendo al día de la fecha, en el respectivo sitio web (cfr. p. 100 del doc. digital cit. y https://abogadooscarferreyra.com/profesionales)-. En este sentido, tampoco puede soslayarse que, conforme las constancias agregadas a la causa, ambos profesionales tienen denunciado el mismo domicilio legal por ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Moreno 455, piso 8º, dpto. e; cfr. p. 68 y 87 doc.digital cit.), circunstancia que evidencia aún más la relación preexistente entre ambos.

A mayor abundamiento, procede advertir que, aun en la hipótesis más favorable -de considerárselas como ciertas-, las justificaciones brindadas en torno al modo en que se habrían conocidos los referidos letrados y a la autonomía con que cumplen sus labores profesionales no resultan conducentes para desacreditar la entidad de los hechos que dieron lugar a la sanción cuestionada frente a la contundencia de los elementos probatorios detallados precedentemente.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que se encuentra por demás demostrado el estrecho vínculo laboral que existía entre ambos letrados, mal puede afirmar el recurrente que el accionar que llevaron a cabo en forma conjunta ante el SECLO, uno ejerciendo la representación de Pneuma SRL y el otro asistiendo profesionalmente al Sr. Saavedra, con el fin de ratificar el acuerdo de desvinculación laboral celebrado entre las partes, no hubiese importado una violación a los principios más elementales de lealtad, probidad y buena fe, que rigen el ejercicio de la profesión. En este sentido, sin perjuicio de lo expuesto por los encartados respecto de que el acuerdo en cuestión habría sido previamente consensuado por la propietaria de la empresa y su empleado, tornándose sus gestiones una mera formalidad, lo cierto es que se aprecia con facilidad el conflicto de intereses que acarreaba su proceder y el riesgo de que se viera afectado el derecho del trabajador a ser debidamente asesorado sobre los alcances e implicancias legales de tal convenio.

8) Que, en atención a la naturaleza del asunto, el resultado obtenido y la trascendencia económica de la cuestión en debate -vgr., el importe de la sanción impuesta-; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada durante la única etapa que tuvo trámite de este recurso directo (v.contestación del 5/4/2022), corresponde REGULAR en la suma de PESOS .($ .) -equivalentes a la cantidad de . UMA- los honorarios del letrado Juan Pablo Echeverría, quien actuó como letrado apoderado de la parte demandada (arts. 16, 19, 21, 29, 44, inc. a, 58, inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423; ac. CSJN 12/22; y art. 730, segunda parte, del CCC).

Se deja constancia que la regulación que antecede no incluye el Impuesto al Valor Agregado, monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la situación del profesional interviniente frente al citado tributo.

Por todo lo expuesto y de conformidad con el Sr. Fiscal General, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso, con costas (art. 68 del CPCCN); y 2) Regular en PESOS. ($ .) -equivalentes a la cantidad de .U.M.A; ac. CSJN 12/22- los honorarios del abogado Juan Pablo Echeverría de conformidad con lo dispuesto en el considerando 8.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO D. DUFFY

JORGE EDUARDO MORAN

ROGELIO W. VINCENTI

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