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#Fallos Caso ‘Verbitsky’: La SCBA se propone abordar la problemática sobre el hacinamiento que sufre la población carcelaria local, adoptando decisiones graduales y de efectos progresivos, organizadas en un programa, dando cumplimiento a lo ordenado por la CSJN

Partes: Verbitsky Horacio – Representante de centro de estudios legales y sociales s/ habeas corpus – recurso de casación

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 3 de mayo de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137046-AR|MJJ137046|MJJ137046

Voces: CÁRCELES – APLICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES – DIVISIÓN DE PODERES – HÁBEAS CORPUS – FACULTADES Y DEBERES DEL JUEZ – INCONSTITUCIONALIDAD – INTERNOS – CONDENADOS – PRISIÓN PREVENTIVA – PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD – DERECHO A LA DIGNIDAD – POLICÍA PROVINCIAL – PODER EJECUTIVO PROVINCIAL – CONSTITUCIÓN NACIONAL – PODER JUDICIAL PROVINCIAL – DERECHOS HUMANOS – FALLOS DE LA CORTE SUPREMA – PROCESADOS – RÉGIMEN PENITENCIARIO – CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS – PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS – CONSTITUCIONES PROVINCIALES

Caso ‘Verbitsky’: a partir de una serie de decisiones graduales y de efectos progresivos, organizadas en un programa, con fomento del diálogo institucional, la SCBA se propone abordar la problemática que plantea el hacinamiento que sufre la población privada de su libertad en establecimientos penitenciarios locales, dando cumplimiento a lo ordenado por la CSJN.

Sumario:
1.-Corresponde que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires adopte una serie de decisiones graduales y de efectos progresivos, organizadas en un programa, para superar la situación de hacinamiento que sufre la población privada de su libertad en establecimientos penitenciarios locales, a fin de lograr un piso de aceptabilidad en las condiciones de alojamiento de procesados y condenados, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante su sentencia del 13 de mayo de 2021.

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2.-Los órganos jurisdiccionales de la Provincia de Buenos Aires deben llevar acabo la revisión periódica de la situación de las personas detenidas en procesos bajo su jurisdicción, valorando la necesidad de mantenerlas en dicha situación o adoptar medidas de cautela o de ejecución de la pena menos lesivas, acorde al mérito de cada situación particular y siempre que las circunstancias del caso lo ameriten; en este marco, deben evaluar la pertinencia de acudir al sistema de monitoreo electrónico en los supuestos en que pudiere razonablemente tener lugar, de conformidad con las leyes vigentes, atendiendo a la disponibilidad y confiabilidad de esos instrumentos técnicos.

3.-Con relación al uso de las dependencias policiales de la Provincia de Buenos Aires para la detención de personas, el Poder Ejecutivo provincial debe fijar e informar, por trimestres consecutivos, a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal de Casación Penal, sin necesidad de intimación alguna, el cupo máximo y decreciente de personas alojadas en comisarías -dentro de los treinta días corridos-, pudiendo delegar tales cometidos en alguna autoridad responsable del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, teniendo en cuanta que la reducción y cese de detenidos en comisarías por razón del traslado a unidades del Servicio Penitenciario, al tiempo que regulariza una situación anómala, contribuye a la solución del problema del hacinamiento de quienes se encuentran privados de su libertad y favorece a la seguridad ciudadana, habida cuenta de que el personal de la Policía que se desafecte de las tareas de custodia de detenidos podrá ser destinado a labores de prevención y persecución del delito.

4.-Los órganos jurisdiccionales de la Provincia de Buenos Aires deben avanzar en un plan de implementación de audiencias de debate con especial enfoque en los privados de libertad que tengan mayor tiempo en prisión preventiva, considerando que el mayor número de detenidos aún se encuentra en situación de procesado sin sentencia de condena firme y muchos de ellos, incluso, están todavía a la espera de la celebración del juicio oral o de una definición de su estado procesal a través de algunas de las soluciones alternativas que ofrece el sistema -suspensión del proceso a prueba, juicio abreviado, etcétera-; dicho programa debe coordinarse y articularse con la Oficina de Gestión de Audiencias para su mejor instrumentación, a fin de atender cabalmente la garantía de todo justiciable a un proceso sin dilaciones indebidas -arts. 8.1 y 7.5 , Convención Americana sobre Derechos Humanos-, debiendo evaluar la posibilidad de imprimir acuerdos alternativos al juicio oral cuando pudieren resultar una solución pertinente y adecuada a las circunstancias de cada caso.

5.-El Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, a través de las autoridades competentes, debe comunicar a la Suprema Corte de Justicia su posición y diagnóstico sobre el estado de situación de las condiciones de habitabilidad y el cupo que corresponde a cada unidad penitenciaria y alcaidía habilitada y en construcción del sistema dependiente del Servicio Penitenciario local, con indicación de los parámetros seguidos para tal determinación, debiendo comprender tal información los aspectos edilicios, de servicios e instalaciones, condiciones de higiene y sanitarias, alimentación, seguridad, esparcimiento, capacitaciones: educación y laborales.

6.-Es necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires cuente con la implementación y ejecución del Plan de Infraestructura propuesto por el Poder Ejecutivo sobre la creación, modernización o ampliación de nuevas plazas en Unidades Penales y Alcaidías del Servicio Penitenciario provincial, así como su adecuado seguimiento, debiendo esta última agencia gubernamental establecer un cupo razonable que permita asignar, en las actuales circunstancias críticas, el mejor espacio disponible por persona alojada, y garantizar -entre otras cosas- el descanso, la higiene, salubridad, adecuada provisión de alimentos y medicamentos, ventilación, iluminación, áreas de esparcimiento y de fomento de la educación y trabajo de los lugares de alojamiento, que contribuya progresivamente a dejar atrás los indicadores anómalos en materia de condiciones de encierro, susceptibles de trastocar la pena a cumplir en inhumana o degradante.

7.-Frente al acuciante problema de sobrepoblación carcelaria, no deben desestimarse algunas posibles soluciones de especie que permitan descomprimir las unidades penales con mayor número de detenidos por sobre su cupo óptimo en beneficio de otras que, quizás, por estar más alejadas del ejido urbano, se encuentran en mejores condiciones; a tal efecto, es dable promover el estudio de determinados incentivos por ‘desarraigo’ y convenios con unidades penales del Servicio Penitenciario Federal o de otras provincias si, con la anuencia del interesado, contribuyen al acercamiento familiar o algún otro beneficio para el privado de libertad.

8.-El carácter complejo, dinámico y multicausal del grave problema que refleja la situación de superpoblación y hacinamiento en las cárceles y comisarías de la Provincia de Buenos Aires configura un estado de cosas lesivo e inconstitucional que debe ser remediado a partir de la implicación a conciencia de los diversos actores institucionales comprometidos en la materia y que, de no revertirse, a más de provocar la responsabilidad internacional del Estado, agravará el menoscabo al mandato de raíz constitucional que impone asegurar condiciones dignas de detención a quienes están privados de su libertad -arts. 18 y 75, inc. 22 , CN.; 5° , Declaración Universal de Derechos Humanos; 5° , Convención Americana de Derechos Humanos; 7° y 10 , Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención Internacional contra la Tortura; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos-.

9.-Si bien no atañe al Poder Judicial diseñar la política criminal ni carcelaria provincial o definir los pormenores de su ejecución en orden a su acierto o conveniencia, siendo la misión más delicada que le compete respetar la órbita de su jurisdicción sin desbordarla ni menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes, es interés de la Judicatura velar por la correcta articulación institucional entre las áreas de seguridad y justicia del Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, actores centrales del sistema penal, en procura de obtener resultados valiosos en materia de cuidado y bienestar de la seguridad ciudadana, aplicando prudentemente los criterios de oportunidad -art. 56 Bis , Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-.

10.-El respeto por el deslinde de atribuciones entre los poderes del Estado no enerva la intervención de la autoridad judicial cuando, en la ejecución de las políticas públicas, se afecta el contenido esencial de los derechos consagrados en el texto constitucional o en normas de esa misma jerarquía, debiendo tenerse presente que el Artículo 18 de la Constitución Nacional pone en cabeza de los jueces el control del cuidado de la vida y dignidad de los privados de libertad al disponer, respecto de las cárceles, que deben ser sanas y limpias, y que toda medida que conduzca a mortificar a los condenados más allá del alcance de la pena ‘hará responsable al juez que la autorice’, en forma análoga a lo que dispone el Artículo 30 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

Fallo:
AUTOS Y VISTOS:

La sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 13 de mayo de 2021, en el marco de las actuaciones «CSN1469/2014/RH1 Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus», que declaró procedente el recurso extraordinario federal incoado por el Consejo de Defensores de la Provincia de Buenos Aires en el expediente de referencia, revocó el fallo recurrido – emanado de esta Suprema Corte en P. 123.904, del 29-VII2014- y remitió la causa para que «se dicte uno nuevo con arreglo a lo expresado» en su decisión y asimismo, la dictada el siguiente 20 de mayo del mismo año en P. 117.445 -y acum. P. 117.551-, estableciendo que al caso resultaban aplicables las consideraciones del reciente fallo «Verbitsky», Y CONSIDERANDO:

I.1 En el fallo de fecha 13 de mayo de 2021 la Corte Suprema de Justicia de la Nación destacó muy especialmente lo resuelto en el punto cuarto de la parte dispositiva de la primera sentencia dictada el 3 de mayo de 2005 (Fallos:328:1146) «. en cuanto se ordenó a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y al resto de los tribunales de la jurisdicción hacer cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importase un trato, cruel inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado Federal». El Alto tribunal recordó que aquel pronunciamiento fijó «. ciertos parámetros destinados a diseñar un modelo de solución, con la explícita intención de inaugurar una etapa de búsqueda y ejecución progresiva de los remedios adecuados para lograr la reparación efectiva de tales violaciones constitucionales», enfatizando la especial «recomendación de que se otorgase amplia participación a todos los actores involucrados, sobre la base de considerar que ‘las políticas públicas eficaces requieren de discusión y consenso'» (ibidem, considerando 26). Después de exponer que este Tribunal, luego de aquel fallo de 2005 tomó diversas medidas y decisiones encaminadas a satisfacer el litigio en ciernes para finalmente dar por concluido en el ámbito jurisdiccional el trámite del expediente originario, señaló que el procedimiento aplicado a los habeas corpus exige que se agoten las diligencias tendientes a hacer efectivo su objeto. En ese discurrir, refirió que el camino transitado desde aquella primera sentencia no ha logrado los resultados esperados, desde una perspectiva enfocada en el análisis de la continuidad y magnitud de las disfuncionalidades del sistema que -cuando menos- deben comenzar a ser mitigadas. Y añadió que los datos aportados daban cuenta de «la persistencia de la situación de superpoblación en el ámbito carcelario provincial y su crecimiento exponencial». De modo que consideró que resultaba necesario completar aquella senda de ejecución de la sentencia del primigenio caso P. 83.909 en cuanto se le encomendó a esta Corte local «una tarea que debería mantenerse vigente mientras persistan las condiciones carcelarias que obligaron.» al dictado de ese fallo.

II.1.Vueltos los autos a este Tribunal el 27 de mayo de 2021, el titular de la Secretaría Penal dispuso la incorporación material a las actuaciones principales de la causa P. 123.904-HC y, de acuerdo a la categorización efectuada en CSJ 1469/2014/RH1, su agregación a la causa P. 83.909 (v. fs. 4.661). Asimismo, se requirió la remisión del habeas corpus oportunamente tramitado en el Juzgado de Garantías n° 2 de La Plata. Y, también, se libró oficio electrónico a la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad, por intermedio de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de esta Corte (cfe. Ac. 4019, 30/04/2021), para que, en el plazo de 10 días, informara las medidas adoptadas para implementar lo resuelto en el decisorio dictado el 19/XII/2007 in re «Verbitsky», en lo concerniente al punto dispositivo 4), debido a su conformación como estructura específica en el área de gobierno del Tribunal para centralizar la información frente al vastísimo universo de situaciones en continua fluctuación en torno de la problemática en ciernes (v. fs. 4.661).

II.2.Una vez satisfechas otras medidas de trámite esta Suprema Corte, por resolución del 17 de junio de 2021, y frente a la convicción acerca de la necesidad de escuchar a las partes, resolvió designar una 4 audiencia -efectuada por medios digitales- para que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Defensoría Oficial ante el Tribunal de Casación Penal, la Procuración General de la Suprema Corte y el Poder Ejecutivo bonaerense, añadiendo luego en carácter de Amigo del Tribunal a la Comisión Provincial por la Memoria (cf. resol. de 23/VI/2021; v. fs.4.747/4.749), expusieran -por medio de sus representantes- las propuestas de ejecución vinculadas al punto dispositivo 4) de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 3 de mayo de 2005, de acuerdo con lo que se desprende de la emitida el 13 de mayo de 2021 (v. fs. 4.644/4.660).

II.3. Con ese objeto, el 12 de julio del pasado año se celebró la referida audiencia, aportando cada uno de las partes involucradas las minutas respectivas (v. fs. 4.752/4.756; 4.767/4.771 vta.; 4.772/4.778; 4.780/4.786; 4.816/4.822; 4.867/4.907; 4.924/4929; 4.930/4.933 y 4.936/4.939) invitándoselas a una primera reunión de trabajo para el siguiente día 16 de julio de 2021.

II.4. En la segunda audiencia se reunieron todos los convocados, dando inicio a la conformación de un espacio de consenso, con miras a acordar los puntos esenciales del programa de cumplimiento del fallo en cuestión.

II.5. Producto del intercambio realizado en dicha audiencia, a propuesta de los miembros del tribunal que participaron del acto, se acordó un modelo de trabajo preparatorio e informativo, de características colaborativas, estructurado en cuatro grandes temas que configuran en lo esencial el objeto del presente proceso y de lo resuelto por la Corte Suprema de la Nación, a saber: a) Acceso a la información y formulación de indicadores; b) Condiciones de Habitabilidad de los privados de libertad; c) Ingresos y egresos al sistema penal; y, d) Situación de personas detenidas en dependencias policiales. Cada uno de esos temas debían ser abordados por un grupo de análisis coordinado por un funcionario de este Tribunal. Con esa lógica se realizaron distintas reuniones de trabajo recibiéndose aportes relacionados en las diversas áreas, muy particularmente, acerca de la desocupación gradual y progresiva de los detenidos en dependencias policiales, con especial prioridad, respecto de aquellas cauteladas y/o inhabilitadas.A ello se agregó la información proveniente del Plan de Infraestructura Penitenciaria puesto a consideración por el Poder Ejecutivo de la provincia, sobre adecuación de las plazas existentes y la incorporación progresiva de nuevas, con preferencia en la creación de nuevas Alcaidías.

II.6. En virtud de la encomienda definida en la audiencia del 16 de julio próximo pasado, los coordinadores de los distintos grupos de análisis elevaron al Tribunal los documentos finales en los que se relevan los trabajos desarrollados, con las respectivas minutas o anexos que dan cuenta de la labor desplegada, y que lucen agregadas a fs. 50.51/5.093. Ante la incorporación de ese material, se 6 estimó pertinente escuchar nuevamente a los interesados, esta vez sobre el contenido de los informes presentados. De allí que el 27 de diciembre de 2021, el Tribunal fijó nueva audiencia con todas las partes involucradas (v. fs. 5.108/5.109).

II.7. El 16 de febrero de 2022, se celebró dicha audiencia, según acta obrante a fs. 5.176, en la que las partes formularon sus peticiones a efectos de su consideración para el momento de decidir el programa de cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte federal el día 13 de mayo de 2021.

II.8. Por fin, el 22 de febrero siguiente se recibieron de parte del titular del Juzgado de Garantías n° 2 del departamento judicial La Plata las actuaciones labradas en el marco del habeas corpus colectivo N° 06- 00-000004-14-00 presentado por el Consejo de Defensores de la provincia de Buenos Aires a favor de los detenidos alojados en la jurisdicción referida, que constan de 59 cuerpos y 37 agregados (v. fs. 5.214).

III. Antes de explicitar las primeras determinaciones resolutorias para esta nueva etapa del expediente «Verbitsky» -P. 83.909-, es dable dejar sentado que tanto lo actuado en el ámbito jurisdiccional desde la primigenia sentencia dictada por el máximo Tribunal nacional el 3-V-2005 (Fallos:328:1146) hasta el dictado de la decisión del 19-XII-2007 en dicha causa (reg. bajo el n° 250), como lo proseguido en el área de gobierno, muy en particular, en el marco de la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad creada al efecto (conf., apdos. 4° y 5°de la mentada Res. del 19-XII-2007; y los Acuerdos n°s. 3390 -de 8-X-2008-, y 3523 -de 15-XI-2010-), han puesto en evidencia la preocupación del tribunal por la problemática en cuestión. Se sucedieron actuaciones ante diversas peticiones, iniciativas, requerimientos de informes y reuniones institucionales, y se multiplicaron las resoluciones y acordadas. Incluso, a lo largo de estos años, un importante caudal de medidas emanadas de diversos órganos jurisdiccionales se conformó en pos de garantizar los derechos constitucionales que asisten a quienes se encuentran privados de su libertad. Como puso de relieve la Corte federal en la sentencia que determina estas actuaciones de ejecución, no es conveniente «. rehusa[a]r de la utilidad del caudal fáctico-probatorio reunido en la instancia de origen durante todo este período, del fructuoso aporte de las partes intervinientes y de las prácticas jurisdiccionales que, en mayor o menor medida, han iniciado el proceso de remoción de las indignas condiciones carcelarias que produjeron el estado de cosas que se pretende revertir» (cons. 7°, último párrafo). Con todo, lo cierto es que las co ndiciones generales que presenta la problemática enjuiciada no evolucionaron en un sentido positivo.

IV.1. Deviene insoslayable insistir en el carácter complejo, dinámico y multicausal del grave problema que refleja la superpoblación y hacinamiento en las cárceles y comisarías de jurisdicción provincial. Situación que, por lo demás, se encuentra admitida por las partes de este litigio (v. fs.4.752; 4.767; 4.772; 8 4.781 y 4.816) y configura un estado de cosas lesivo e inconstitucional que debe ser remediado, en gran medida, a partir de la implicación a conciencia de los diversos actores institucionales comprometidos en esta materia. Semejante cuadro de situación, de no revertirse, a más de provocar la responsabilidad internacional del Estado, agravará el menoscabo al mandato de raíz constitucional que impone asegurar condiciones dignas de detención a quienes están privados de su libertad (arts. 18 y 75 inc. 22° de la Constitución nacional; 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención contra la Tortura ONU; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos). Desde esa perspectiva, ni un solo factor ni una sola autoridad gubernativa congregan la capacidad de respuesta frente a los acuciantes hechos del caso, ni absorben el centro de la responsabilidad para conjurarlos.

IV.2.a. Como fuere es perceptible que la ausencia de un diagrama de política criminal, consensuado como un acuerdo de Estado, que tienda a proveer lo conducente para la solución de los problemas de inseguridad que aquejan a la sociedad, constituye uno de los factores, ajenos al núcleo del quehacer jurisdiccional, sobre el que debe ponerse en la mira por parte de los poderes políticos.

b. En la Provincia de Buenos Aires la cantidad de personas detenidas representa una tasa de encarcelamiento muy superior a la media nacional; por momentos la supera en más del cincuenta por ciento (50%). Esas condiciones de detención, influidas por varios factores, en ocasiones parecen contribuir a la reproducción del delito, más que a la reinserción social de los penados. Cierto es que los guarismos habían empezado a encaminarse para el año 2007.Por entonces el número de personas alojadas en dependencias policiales se había reducido prácticamente a la mitad y el total de la población carcelaria en alrededor del quince por ciento (15%). Mejora que se experimentó por algunos años tras del cierre en vía jurisdiccional de esta causa otrora dispuesto por este Tribunal. Pero, luego, promediando del año 2012, por diversos factores, la situación volvió a deteriorarse. Ese empeoramiento es particularmente perceptible en el último decenio. De ello dan suficiente cuenta las minutas presentadas por las partes (v. fs. 4.767; 4.775; 4.877/4.883 -en particular el Informe sobre evolución de personas privadas de libertad período 2000-2021 por lugar de alojamiento presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fs. 4847/4858). Hacia finales de 2019, según obra en el primer informe presentado en junio de 2020 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos local, el sistema carcelario registraba 52.503 detenidos. De ese universo 45.398 personas se encontraban alojadas en cárceles y alcaidías, 10 4.196 en dependencias policiales y 2.909 bajo el sistema de monitoreo electrónico. Para entonces, la tasa de superpoblación se ubicaba en alrededor del ciento diez por ciento (110%). Esa cantidad de personas detenidas superaba a los 315 individuos detenidos cada 100.000 habitantes. Ese incremento no ha tenido como correlato el mejoramiento de los guarismos sobre los números de delitos, cada vez con rasgos más violentos, ni el cambio de la percepción, extremadamente negativa, que la sociedad tiene sobre tal problemática. Así, al 1 de abril del corriente año el estado de situación es de 54.818 detenidos alojados en la totalidad del sistema carcelario, con un desagregado de: 47.065 en la órbita del servicio penitenciario provincial (Unidades Penales y Alcaidías); 3.338 con prisión domiciliaria bajo el sistema de monitoreo electrónico; y 4.415 en dependencias policiales. Ello según datos suministrados el 27 de abril en curso, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia (v. fs.5216/5222).

IV.3. Con arreglo a un principio acuñado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no le atañe al poder judicial diseñar la política criminal ni carcelaria provincial o definir los pormenores de su ejecución en orden a su acierto o conveniencia. La misión más delicada que le compete es la de respetar la órbita de su jurisdicción, sin desbordarla, ni menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes, evitando su avance en desmedro de otras facultades, en pos de la armonía del ordenamiento institucional (Fallos: 155:248; 311:2580; 320:2851; 324:2315).

IV.4. Ello no obsta a que sea de interés de la judicatura velar por la correcta articulación institucional entre las áreas de seguridad y justicia del poder ejecutivo y el ministerio público, actores centrales del sistema penal, en procura de obtener resultados valiosos en materia de cuidado y bienestar de la seguridad ciudadana, aplicando prudentemente los criterios de oportunidad (art. 56 bis, CPP). En esa senda, se destaca la propuesta de la Procuración General de recordar el oportuno dictado de la Resolución n° 918/19 -art. 2°-, relativa a los primeros momentos de la trayectoria en el encierro, que en la actualidad transcurren por lo general en dependencias policiales. Se propicia «revitalizar» la aplicación por parte de los Agentes fiscales del mecanismo del art. 161 del Código Procesal Penal (ley 11922 y sus modifs.). De igual modo, es adecuado lo dispuesto por la Resolución Proc. Gral. n° 56/20, que encomienda a «. los señores Agentes Fiscales y Fiscales Generales, . analizar en cada caso particular la pertinencia de articular instrumentos recursivos respecto de decisiones jurisdiccionales que rechacen o dejen sin efecto medidas coercitivas». Todo ello, bajo la premisa del criterio de ultima ratio respecto de la imposición de medidas cautelares durante la sustanciación del proceso (conf. arts. 18, Const. nac.; 144 y 3° del CPP).

IV.5.Huelga remarcar que el respeto por el deslinde de atribuciones entre los poderes del Estado, 12 recordado en el apartado IV.3 más arriba, no enerva la intervención de la autoridad judicial cuando en la ejecución de las políticas públicas se afecta el contenido esencial de los derechos consagrados en el texto constitucional o en normas de esa misma jerarquía (Fallos 328:1146, cit., art. 75 inc. 22, Const. nac.). La Constitución nacional, como se dijo, pone en cabeza de los jueces el control del cuidado de la vida y dignidad de los privados de libertad al disponer, respecto de las cárceles -que deben ser sanas y limpiasy que toda medida que conduzca a mortificar a los condenados más allá del alcance de la pena «hará responsable al juez que la autorice» (art. 18 Const. nac.). Con análoga finalidad, el texto constitucional de la provincia dispone que «Las prisiones son hechas para seguridad y no para mortificación de los detenidos. Las penitenciarías serán reglamentadas de manera que constituyan centros de trabajo y moralización. Todo rigor innecesario hace responsable a las autoridades que lo ejerzan» (art. 30 Const. Prov.).

V. En vista de lo decidido por la Corte Suprema en el citado pronunciamiento del 13 de mayo del pasado año, así como de la necesidad de dar el más amplio cumplimiento a lo establecido en el punto dispositivo 4) de la sentencia dictada el 3-V-2005, los responsables institucionales comprendidos en el asunto deben profundizar el diálogo y confluir en sus voluntades a fin de revertir un estado de cosas que lleva décadas. Y deben hacerlo en tiempos posibles y razonables. Para ello, es preciso transitar un camino secuencial y progresivo en orden a la adecuada consecución de los objetivos trazados. La hondura del problema descarta soluciones sencillas e inmediatas. De allí que un elemental criterio de racionalidad debería aunar a los diversos actores involucrados.De todos ellos se esperan acciones mancomunadas que tiendan, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la reversión de este crítico cuadro de sobrepoblación carcelaria, a partir de un abordaje realista y de la programación de acciones a desarrollarse a lo largo del tiempo, junto con la publicidad de los avances que se vayan produciendo.

VI. Esa comprensión del asunto explica el motivo por el cual el cumplimiento de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la aludida sentencia de 2021 no puede agotarse en un solo pronunciamiento mandatorio. Por el contrario, el propósito ambicionado en tal decisión derivará en su caso de -y, por tanto, ha de incardinarse en- un menú de determinaciones organizadas en un programa. Se trata de articular un encadenamiento o sucesión de medidas en etapas y, también, de profundizar el diálogo interinstitucional, con las partes y con los demás participantes en este proceso, los actuales y los que fueren a convocarse. Algunas de las determinaciones podrán requerir de ajustes, según lo vaya aconsejando la evaluación continua. El programa de cumplimiento ha de ser lo suficientemente flexible como para atender a esa nota de adaptabilidad, así como para sostenerse en el 14 tiempo, calibrando las adecuaciones que imponga la realidad de cada momento. Habrá soluciones viables en el corto plazo; otras demandarán la atención de factores más complejos con un horizonte medianamente próximo de solución; mientras varias más serán alcanzables en un plazo mayor. En todo caso, la mirada ha de enfocarse en el objetivo definido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: la superación del hacinamiento de la población privada de su libertad de modo de lograr un piso de aceptabilidad en las condiciones de alojamiento de procesados y condenados. Ello conlleva el deber de efectuar el monitoreo constante de la curva de crecimiento del sistema y de su correlación con sus funcionalidades objetivas.No sobreabunda reiterar que cualquier camino que se emprenda en esta ardua materia habrá de perfeccionar su chance de efectividad si cuenta con espacios de entendimiento entre los poderes del Estado. En ello se cifra la posibilidad añadida de revertir un cuadro de situación crítico, y hacerlo en condiciones de perdurabilidad.

VII. Pues bien, en el marco de lo reseñado, corresponde, en primer lugar, aprobar lo actuado por los funcionarios del Tribunal que coordinaron los grupos de diálogo y análisis temático participativo, sobre Indicadores y Relevamiento de la Información; Ingresos y Egresos al Sistema Carcelario; Condiciones de Habitabilidad de los privados de libertad y Situación de detenidos en Comisarías, conformados a partir de lo acordado en las audiencias de fechas 16 de julio y 6 de agosto de 2021.

VIII. De igual modo, habiendo tomado directo conocimiento de las conclusiones brindadas y demás peticiones formuladas por las partes en la audiencia del 16 de febrero del corriente año, cabe tenerlas por recibidas.

IX. En lo que importa para la decisión del caso y a tenor de lo antes explicitado, el programa de cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 13 de mayo de 2021 (en adelante PCS), transitará por medio de una serie de decisiones graduales y de efectos progresivos, y que sólo pueden tener adecuado encauzamiento al amparo de instituciones específicas, con el objeto de revertir el estado de cosas inconstitucional que caracteriza a la situación de las personas privadas de libertad en la Provincia.

X. En el considerando 9° del primer fallo de fecha 3 de mayo de 2005, la Corte federal expresó su preocupación por el uso abusivo en la utilización de la prisión preventiva, el que, sumado a la demora en la tramitación de los juicios, se dijo, conlleva al confinamiento de una cantidad adicional de detenidos tanto en las cárceles, como en las comisarías.Aun cuando en algunas franjas temporales esta situación fue mitigada, se presenta como una problemática constante que debe afrontarse y revertirse.

XI. Por muy conocido que fuere, cabe recordar que la prisión preventiva no puede convertirse en una pena anticipada y que, conforme fluye del art. 18 de la 16 Constitución nacional, es la última ratio. De tal presupuesto -y en función de los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de mentas- se deriva la importancia de su uso racional, así como, v.gr. del empleo de medidas alternativas.

XII. A tono con lo expuesto, los órganos jurisdiccionales están llamados a llevar a cabo la revisión periódica de la situación de las personas detenidas en procesos bajo su jurisdicción (conf. reglas de actuación y parámetros legales, conf. arts. 159-160, 163, 165, 168 bis, 170 y ccdtes. del CPP y demás preceptos del Código Penal y leyes de ejecución penal de posible aplicación al caso), valorando la necesidad de mantenerlas en dicha situación o bien, adoptar medidas de cautela o de ejecución de la pena menos lesivas, acorde al mérito de cada situación particular y siempre que las circunstancias del caso lo ameriten.

XIII. En ese mismo marco, deberán evaluar la pertinencia de acudir al sistema de monitoreo electrónico en los supuestos en que pudieren razonablemente tener lugar, de conformidad con las leyes vigentes, atendiendo a la disponibilidad y confiabilidad de esos instrumentos técnicos, según lo informado desde la esfera del Poder Ejecutivo.

XIV.En lo que concierne a detenidos en dependencias policiales, vale remitirse, por su particular conexión con lo que aquí es materia de abordaje, a las actuaciones articuladas en el marco de la causa n° 100.983, de trámite ante la Sala V del Tribunal de Casación Penal, a tenor de la decisión del 1° de octubre de 2021, con especial compromiso respecto de aquellas personas privadas de libertad en comisarías respecto de las cuales pesan las medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cfr., CIDH MC 496/14 y MC 37/15). La atención de este aspecto del caso de autos es prioritaria. Entre otras razones porque su subsistencia anómala puede eventualmente comprometer la responsabilidad internacional del Estado ante las medidas dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en MC 496/14 y MC 37/15, aún no cumplidas, más que parcialmente. En el considerando 9° del fallo que nos ocupa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en remisión de lo decidido en las medidas cautelares por parte de la Comisión acerca de la necesidad de suspender el alojamiento de detenidos en comisarías, recalcó «.que tales recintos son centros concebidos para detenciones transitorias que no cuentan con la infraestructura ni los servicios básicos para asegurar condiciones dignas de detención». Refirió que «luego de la resolución en el fallo Verbitsky [en alusión al del 5 de mayo de 2005] y la implementación de diversas acciones, se ha incrementado nuevamente la población de personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires» (confr.resolución 31/2016 citada, punto III, parágrafo 26 in fine). Y que para completar el cuadro de situación derivado de la adopción de la medida cautelar aludida correspondía añadir que, a través de una resolución emitida durante el mes de febrero de 2019, la Comisión Interamericana dispuso ampliar su alcance a otras quince 18 comisarías ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, por encontrar suficientemente determinados idénticos riesgos sobre la vida y la integridad personal de las personas allí alojadas. Como factor diferencial en relación con lo dispuesto en la oportunidad anterior, señaló la Corte federal que, en este caso, «.la Comisión debió enfrentarse con la situación de sedes policiales en las que se alojaban detenidos a pesar de existir resoluciones judiciales que expresamente lo prohibían. Frente a esa circunstancia, el organismo dispuso -entre otras medidas solicitadas al Estado nacional- que se procediera a las clausuras, inhabilitaciones o cierres de las comisarías o dependencias policiales según las valoraciones de las entidades competentes que así lo habían ordenado (confr. resolución 4/2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictada el 11 de febrero de 2019; en particular, punto 64.b)».

XV. Por eso, en lo que atañe a esta particular problemática, corresponde, de un lado, reiterar la prohibición de alojamiento de menores de edad, mujeres embarazadas y enfermos en comisarías.

XVI. En adición, procede refrendar lo actuado hasta aquí por el Tribunal de Casación Penal en la citada causa n° 100.983, debiendo darse estricto cumplimiento a lo dispuesto en orden a los detenidos en la seccionales policiales cauteladas o inhabilitadas (conf. en part., aps. V y VI del fallo de 1-X-2021), a cuyo efecto esta Suprema Corte delega en dicho tribunal el cumplimiento de los trámites necesarios para la efectiva ejecución de esa parcela del programa de cumplimiento de la sentencia que nos ocupa (conf., aps. V a IX, íb.).

XVII.En función de lo que se viene desarrollando, el cese progresivo del uso de las comisarías como lugar de detención de personas privadas de libertad viene impuesto como deber exigible al Poder Ejecutivo. En tal sentido, como resultado del plan de construcción de Alcaidías aprobado y en ejecución por la Administración provincial habrán de incorporarse al sistema cerca de cuatro mil seiscientas (4600) plazas. Ello pone en evidencia la factibilidad del reemplazo de los espacios que actualmente se ocupan en dependencias policiales.

XVIII. Con ese objeto, cabe solicitar al Poder Ejecutivo la presentación actualizada al 1-IV-2022, del estado de avance del Plan de construcción de Alcaidías para su seguimiento por parte del Tribunal. Y, en ese marco, determinar que el titular de la Administración, a través de los órganos competentes, deberá actualizar la información referida en el punto anterior cada sesenta (60) días y comunicarla a esta Corte.

XIX. Como corolario de lo expuesto en relación con el uso de las dependencias policiales, el Poder Ejecutivo deberá fijar e informar a esta Corte y al Tribunal de Casación Penal, el cupo máximo y decreciente de personas alojadas en comisarías, dentro de los treinta (30) días corridos de notificada la presente. El titular de la Administración podrá delegar el establecimiento y comunicación indicados en alguna autoridad responsable 20 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El número y la evolución del cupo se establecerá por trimestres consecutivos. Fruto de la actualización de la información relevante (sobre el número de personas detenidas y del grado de avance del plan de construcción de unidades penitenciarias y alcaidías al que se hizo referencia), la señalada obligación deberá ser cumplida regularmente, sin necesidad de intimación alguna.La reducción y cese de detenidos en comisarías por razón del traslado a unidades del Servicio Penitenciario, al tiempo que regulariza una situación anómala, contribuye a la solución del problema del hacinamiento de quienes se encuentran privados de su libertad, y favorece a la seguridad ciudadana, habida cuenta de que el personal de la Policía que se desafecte de las tareas de custodia de detenidos podrá ser destinado a labores de prevención y persecución del delito.

XX. Respecto de las mujeres detenidas embarazadas o con hijos menores de edad también es importante traer a colación el contenido y alcance de la Norma Práctica para la aplicación de los arts.159, 163 y 165 del Código Procesal Penal comprendida en la Resolución de esta Corte n° 3342 del 11 de diciembre de 2019.

XXI. También forma parte de este estado de cosas que debe tender a modificarse, que el mayor número de detenid os aún se encuentra en situación de procesado sin sentencia de condena firme. Muchos de ellos incluso todavía a la espera de la celebración del juicio oral o de una definición de su estado procesal a través de algunas de las soluciones alternativas que ofrece el sistema (v.gr., suspensión del proceso a prueba; juicio abreviado; e.o.). En ese plano, es preciso instar a los órganos jurisdiccionales a avanzar en un plan de implementación de audiencias de debate con especial enfoque en los privados de libertad con mayor tiempo en prisión preventiva, el cual deberá coordinarse y articularse con la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para su mejor instrumentación, a fin de atender cabalmente la garantía de todo justiciable a un proceso sin dilaciones indebidas (arts. 8.1 y 7.5, CADH). También les atañe evaluar la posibilidad de imprimir acuerdos alternativos al juicio oral en aquellos casos en que pudieren resultar una solución pertinente y adecuada a las circunstancias de cada caso.

XXII.Uno de los factores que agravan el cuadro de situación examinado se vincula con la ausencia de una norma objetiva que defina estándares que la autoridad administrativa deba observar al determinar las condiciones de alojamiento y habitabilidad de los establecimientos carcelarios.

XXIII. La mayoría de los espacios que habitan los detenidos están sobrepoblados. Es por ello indispensable propender a la progresiva adecuación de las condiciones de alojamiento de las personas privadas de libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense y también transitoriamente en los establecimientos policiales.

XXIV. Se impone, de un lado, contar con la implementación y ejecución, así como su adecuado seguimiento, del Plan de Infraestructura propuesto por el Poder Ejecutivo sobre la creación, modernización o ampliación de nuevas plazas en las Unidades Penales y Alcaidías del Servicio Penitenciario provincial.

XXV. Con similar relieve, a esta última agencia gubernamental le incumbe establecer un cupo razonable que permita asignar en las actuales circunstancias críticas, el mejor espacio disponible por persona alojada, y garantizar el descanso, la higiene, salubridad, adecuada provisión de alimentos y medicamentos, ventilación, iluminación, áreas de esparcimiento y de fomento de la educación y trabajo de los lugares de alojamiento, entre otros, que contribuya progresivamente a ir dejando atrás estos indicadores anómalos en materia de condiciones de encierro, susceptibles de trastocar la pena a cumplir en inhumana o degradante.

XXVI. Por tales motivos esta Corte promueve la conformación de los ámbitos necesarios para elaborar un programa de mejora sostenida de las condiciones de habitabilidad correspondientes a las personas privadas de su libertad, que deberá aprobar el Poder Ejecutivo. Tiene que elaborarse y regir en todo el sistema un conjunto de indicadores que delimiten la capacidad y condiciones de habitabilidad de cada unidad del servicio penitenciario y de las comisarías que, con carácter remanente, sigan siendo utilizadas para alojar detenidos. En un comienzo, los indicadores deberán tender a aproximarse a los valores consagrados en los instrumentos internacionales o nacionales elaborados para esta materia.Una vez consolidada esa fase inicial, se procederá a establecer los indicadores acordes a los estándares establecidos en la Resolución 16/21 del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (en adelante CNPT). El objetivo final importa la observancia de las normas internacionales (v.gr.: Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos adoptada por la ONU -1955- y actualizadas por Resol. 70/175 de 2015 -en adelante RMTR- , según lo determinara la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el primer fallo de esta causa, sent. de 3-V2005 (en esp., considerandos 39 y 40).

XXVII. Para la realización de tales propósitos, cobra relevancia que el Poder Ejecutivo, a través de las autoridades competentes, comunique a este Tribunal su posición y diagnóstico sobre el estado de situación de las condiciones de habitabilidad y el cupo que correspondiere a cada unidad penitenciaria y alcaidías habilitadas y en construcción del sistema dependiente del Servicio Penitenciario provincial, al 1-IV-2022, con indicación de los parámetros seguidos para tal determinación. La información indicada comprenderá los aspectos edilicios, de servicios e instalaciones, condiciones de higiene y sanitarias, alimentación, seguridad, esparcimiento, capacitaciones: educación y laborales.

XXVIII. Es igualmente necesario reforzar y generalizar todas las medidas que contribuyan a la reinserción social de la persona privada de libertad, potenciando los programas de contención a su egreso a 24 través del Patronato de Liberados y las áreas respectivas.

XXIX. Por otra parte es sabido que en este tipo de litigios la aplicación de un plan y la elección de una autoridad delegada, de expertos o una organización preexistente, instituidos de forma específica para su seguimiento, importa una característica saliente de la etapa de ejecución de la sentencia.A este respecto, la experiencia recogida al cabo de la evaluación de estas actuaciones torna necesario fortalecer institucionalmente y reconfigurar la unidad creada con tal propósito en el año 2007 (la Subsecretaría de Derechos Humanos de Personas Privadas de su libertad), cuya labor deberá ser complementada con la de otros órganos y sumarse a una institución superadora.

XXX. Entonces cuadra conformar una nueva institucionalidad en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia a los fines de una mejor realización del PCS, integrada por: a) un órgano de implementación y seguimiento principal del PCS; b) un área específica de articulación en el ámbito de la Secretaría Penal de la Corte y c) un observatorio participativo para interactuar con el órgano enunciado en el apartado a). A esos fines se encomendará a la Secretaría de Planificación, en consulta con la Secretaría Penal y la Subsecretaría de Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, todas de este Tribunal, la propuesta de conformación del órgano de implementación y seguimiento del PCS.

XXXI. La reestructuración del área antes mencionada conlleva la reforma de los Acuerdos 3390 del 8-X-2008 y 3415 del 22-XII-2008 -modif. por Ac. 3632 del 14-II-2013-, e.o. acorde a las nuevas exigencias y propósitos, que a la brevedad esta Corte ha de disponer. XXXII. Frente al acuciante problema actual de sobrepoblación carcelaria no deben desestimarse algunas posibles soluciones de especie que permitan descomprimir las unidades penales con mayor número de detenidos por sobre su cupo óptimo en beneficio de otras que, quizás, por estar más alejadas del ejido urbano, se encuentran en mejores condiciones. A tal efecto es dable promover el estudio de determinados incentivos por «desarraigo»; convenios con unidades penales del Servicio Penitenciario Federal o de otras provincias, si, con la anuencia del interesado contribuyen al acercamiento familiar o algún otro beneficio para el privado de libertad.

XXXIII.Es innecesario abundar en detalle sobre la multiplicidad de causas que han determinado el grave problema estructural de la superpoblación y hacinamiento en las cárceles y comisarías de jurisdicción provincial, porque, al margen de ser un hecho notorio, según se ha dicho, se encuentra admitido por las partes de este litigio e integra el material informado por los grupos de análisis. Ahora bien, la aplicación de la ley 23.737, a raíz de la adhesión de la provincia (ley provincial n° 13.392 de adhesión a la ley nacional n° 26.052) ha importado un nuevo factor de crecimiento de detenidos, cuya puesta en práctica adolece de un esquema de compensación de parte del Estado nacional. 26 Frente a la señalada circunstancia y en vista de la magnitud que exhibe el déficit de plazas adecuadas de alojamiento en todo el sistema del servicio penitenciario local, parece razonable exhortar al Poder ejecutivo de la provincia para que gestione y acuerde con las autoridades nacionales competentes un convenio y normas complementarias orientados a establecer que los detenidos por esa clase de delitos en jurisdicción provincial cursen sus detenciones en establecimientos del sistema penitenciario federal.

XXXIV. De otro lado, y en algún grado, el ciclo de reformas legislativas sancionadas en las últimas dos décadas parece haber contribuido a este fenómeno. La lectura de la generalidad de las leyes relativas a la materia penal correspondientes a dicho lapso evidencia que, en modo consistente, se han instituido nuevos delitos, o dentro de ellos se han adicionado supuestos de calificación, o elevado las penas o acotado las posibilidades de acceso a la libertad condicional.Es lo sucedido, entre otras, con las leyes 25.087; 25.189; 25.297; 25.390; 25.601; 25.742; 25.767; 25.815; 25.816; 25.882; 25.890; 25.892; 25.893; 25.928; 26.388; 26.394; 26.524; 26.634; 26.679; 26.683; 26.734; 26.738; 26.791; 26.842; 26.847; 26.904; 27.079; 27.147; 27.206; 27.347; 27.352; 27.375 y 27.436. Cierto es que la legitimidad democrática de estas determinaciones normativas resulta incuestionable. Con todo, apelando a la variabilidad de las circunstancias y a la consecuente adaptabilidad de los instrumentos regulatorios, así como al pluralismo que caracteriza al órgano legislativo, parece atinado comunicar al Congreso de la Nación Argentina el contenido de la presente sentencia, a fin de que si los representantes del pueblo de la Nación y de las Provincias lo estimaren pertinente, pueda evaluarse una adecuación de algunas de las normas citadas, de forma que, sin mengua de los fines que se tuvieron en miras al dictarlas, se mejore su congruencia con el principio de progresividad en la ejecución de las penas.

XXXV. En la esfera provincial, la tendencia de la legislación procesal penal ha sido sustancialmente la misma. Con escasas excepciones, como lo fue la ley 13.449, expedida a raíz de la exhortación co ntenida en la sentencia dictada en esta causa en el año 2005 (Fallos: 328:1146), las reformas sucesivas han marcado un rumbo preferentemente restrictivo en cuanto a las excarcelaciones y morigeraciones, como también en el ámbito de la ejecución de la pena (v.gr.leyes 12.085, 12.059, 12.278, 12.405, 13.177, 13.183, 13.260, 13.943, 14.128, 14.296 y 14.434, entre varias, a las que cabe sumar por sus efectos la ley 13.392). Corresponde pues, con el mismo alcance y lógica del apartado anterior, exhortar a la Legislatura provincial en coordinación con el Poder Ejecutivo a la conformación de una Mesa de Trabajo destinada a examinar la adecuación de la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y demás alternativas o morigeraciones a tales medidas cautelares y la legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los estándares constitucionales e internacionales. Para 28 un desarrollo fecundo de esta actividad, el diálogo plural, al igual que la consulta a las unidades académicas y docentes de derecho, a los colegios de abogados y magistrados, y a las instituciones y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la tutela de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y de los derechos de las víctimas de delitos, constituyen insumos altamente necesarios. De tal suerte, y de acuerdo a los principios que consagra la ley 15232, en los espacios institucionales pertinentes a conformarse se recabará la opinión de las organizaciones representativas de los derechos de las víctimas.

XXXVI. De otro lado, es menester instruir al Servicio Penitenciario de la provincia a optimizar la profesionalización de la elaboración de los Informes criminológicos, implementando mejoras y mayor celeridad en su confección, a fin de que se expidan en tiempo útil a los órganos jurisdiccionales requirentes. Sobre el particular esta Corte hizo saber su preocupación por el tema en ocasión del dictado de la Resolución n° 3341/19 del 11-XII-2019 en marco de expte. administrativo n° 3001- 22051/18 [Notas 1052/17; 93034/17, e.o.]. XXXVII.Para la consecución de los objetivos trazados en este pronunciamiento, este Tribunal entiende conveniente convocar al Comité Nacional para la prevención de la Tortura, a instituciones especializadas y expertos en la materia objeto de este proceso, a fin de que colaboren en relación con el PCS.

XXXVIII. Cuadra requerir al Poder Ejecutivo que, por intermedio de las áreas competentes, disponga la ampliación y profundización de los programas educativos para las personas detenidas, en todos los niveles de la enseñanza, incluyendo el aprendizaje de oficios, como herramienta indispensable para favorecer la resocialización y coadyuvar a la disminución de la tasa de reincidencia.

XXXIX. La necesidad de implicar a todos los actores institucionales comprometidos con el problema en materia de este expediente torna pertinente exhortar a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires a conformar una comisión o el órgano que se estimare más adecuado, a los fines de ejercer el seguimiento y la interacción con los órganos previstos en la presente causa para el PCS.

XL. De acuerdo al principio de publicidad de los actos de gobierno (art. 1°, Const. nac.) cabe instruir a la Subsecretaría de tecnología informática y el área de prensa y comunicación de la Corte para la presentación de la propuesta de diseño del sitio web específico para la consulta, análisis y seguimiento de los programas estatales relacionados con el PCS, gestión de la información y comunicación sobre los avances concretados o el estado de avance en su ejecución. XLI. Siendo una de las partes interesadas en el cabal cumplimiento de las determinaciones en curso, cabe comunicar el contenido de la presente a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires a fin de que, en su carácter de titular del Ministerio Público y en el ámbito de su competencia, adopte las medidas que estime pertinentes a efectos de coadyuvar al logro de esos 30 objetivos, atendiendo al alcance del fallo del Máximo Tribunal de la Nación.

XLII.Por fin, es menester poner en conocimiento de la presente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante forma de estilo. En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia RESUELVE:

1°. Aprobar lo actuado por los funcionarios de esta Suprema Corte que coordinaron los grupos de diálogo y análisis temático participativo, sobre Indicadores y Relevamiento de la Información; Ingresos y Egresos al Sistema Carcelario; Condiciones de Habitabilidad y Desalojo gradual y progresivo de detenidos en Comisarías, conformados a partir de lo acordado en las audiencias de fechas 16 de julio y 6 de agosto de 2021 y tener por recibidas las conclusiones brindadas y peticiones formuladas por las partes en la audiencia del 16 de febrero del corriente año. 2°. Declarar que el PCS, de acuerdo a lo establecido en el fallo del 13 de mayo de 2021 dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ejecutará por medio de una serie de decisiones y mediante la colaboración de instituciones específicas, con el objeto de revertir el estado de cosas inconstitucional que caracteriza a la situación de las personas privadas de libertad en la Provincia. 3°. Declarar que lo que aquí se decide comprende a las actuaciones en trámite por los legajos P. 117.445 y acum. P. 117.551 -UP 15 de Batán-, en sent. de 20-V-2021. 4°. En el marco de los objetivos generales establecidos en los considerandos de esta resolución, formular en este acto las primeras determinaciones del PCS, a saber:

I. Encomendar a los órganos jurisdiccionales la revisión periódica de la situación de las personas detenidas en procesos bajo su jurisdicción (cf reglas de actuación y parámetros legales, conf. arts. 159-160, 163, 165, 168 bis, 170 y ccdtes.del CPP y demás preceptos del Código Penal y leyes de ejecución penal de posible aplicación al caso), valorando la necesidad de mantenerlas en dicha situación o bien, disponer medidas de cautela o de ejecución de la pena menos lesivas, acorde al mérito de cada situación particular y siempre que las circunstancias del caso lo ameriten.

II. Reiterar la prohibición de alojamiento en comisarías de menores, mujeres embarazadas y enfermos.

III. Recordar que la prisión preventiva no puede funcionar como una pena anticipada, así como destacar la importancia de su uso racional, en cumplimiento de los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia dictada en esta causa el 3 de mayo de 2005 y del empleo de medidas alternativas o de morigeración.

IV. Ponderar particularmente el uso del sistema de monitoreo electrónico para los supuestos en que pudieren razonablemente tener lugar, de conformidad con las leyes vigentes, atendiendo a la disponibilidad de ese mecanismo informado desde la esfera del Poder Ejecutivo.

V. Recordar el contenido y alcance de la 32 Resolución de esta Corte n° 3342 del 11 de diciembre de 2019, acerca de las mujeres detenidas embarazadas o con hijos menores de edad.

VI. Instar a los órganos jurisdiccionales a programar la implementación de audiencias de debate con especial enfoque en los privados de libertad con mayor tiempo en prisión preventiva, a fin de atender cabalmente la garantía de todo justiciable a un proceso sin dilaciones indebidas (arts. 8.1 y 7.5, CADH). Con similar objeto, disponer que aquellos órganos evalúen la posibilidad de imprimir acuerdos alternativos al juicio oral en aquellos casos en que pudieren resultar una solución pertinente y adecuada a las circunstancias de cada caso.

VII.Requerir al Poder Ejecutivo, a través de las autoridades competentes, comunique a este Tribunal su posición y diagnóstico sobre el estado de situación de las condiciones de habitabilidad y el cupo que correspondiere a cada unidad penitenciaria y alcaidías habilitadas y en construcción del sistema dependiente del servicio penitenciario provincial, al 1 de abril de 2022.

VIII. La información indicada en el punto anterior comprenderá los aspectos edilicios, de servicios e instalaciones, condiciones de higiene y sanitarias, alimentación, seguridad, esparcimiento, capacitaciones: educación y laborales.

IX. Disponer la conformación de una nueva institucionalidad en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia a los fines de la mejor realización del PCS, integrada por: a) un órgano de implementación y seguimiento principal del PCS, al que podrá integrarse la Subsecretaría de Derechos Humanos de Personas Privadas de su Libertad, según lo determine el Tribunal; b) un área específica de articulación en el ámbito de la Secretaría Penal de la Corte y c) un observatorio participativo para interactuar con el órgano mencionado en el apartado a), integrado por los organismos que, por los derechos del colectivo involucrado en el caso, han formado parte de los grupos de análisis constituidos en el año 2021 y las demás organizaciones y los expertos que este Tribunal estimare pertinente convocar en función de lo expuesto en el considerando XXXV.

X. Encomendar a la Secretaría de Planificación, en consulta con la Secretaría Penal y la Subsecretaría de Derechos Humanos de Personas Privadas de su Libertad, la propuesta de conformación del órgano de implementación y seguimiento del PCS, que deberá elevarse a esta Suprema Corte dentro de los quince (15) días corridos contados a partir del día de la fecha de la presente.

XI. En función de lo resuelto en los puntos anteriores serán reformados los Acuerdos 3390 del 8-X2008 y 3415 del 22-XII-2008 -modif. por Ac.3632 del 14- II-2013-, e.o., a efectos de mejorar el ordenamiento de la información correspondiente a los diversos Registros actualmente bajo la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Personas Privadas de su Libertad.

XII. Delegar al Tribunal de Casación Penal, ante el cual tramita la causa n° 100.983, la ejecución de las medidas aquí dispuestas y las que se adoptaren por esta Corte en el ámbito del actual proceso, at inentes a 34 la situación de las personas privadas de libertad alojadas en comisarías de la jurisdicción provincial y al estado o la utilización de estos locales policiales. El citado órgano penal coordinará sus actuaciones con las instituciones cuya creación se promueve en la presente resolución.

XIII. Establecer el cese progresivo del uso de las comisarías como lugar de detención de personas privadas de libertad y sustituirlas en lo pertinente y sustancialmente por las Alcaidías conforme al plan de construcción aprobado y en ejecución por el Poder Ejecutivo.

XIV. Solicitar al Poder Ejecutivo la presentación actualizada al 1 de abril de 2022, del estado de avance del Plan de construcción de Alcaidías para su seguimiento.

XV. Determinar que el Poder Ejecutivo deberá actualizar la información referida en el punto anterior cada 60 días y remitirla a esta Corte.

XVI. Disponer que el Poder Ejecutivo deberá fijar un cupo máximo de personas alojadas en comisarías conforme lo señalado en el Considerando XIX.

XVII. Encomendar al Poder Ejecutivo, a través de los órganos competentes, la programación y ejecución de medidas tendientes a la progresiva adecuación de las condiciones de alojamiento de las personas privadas de libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense. A tal efecto deberá definir los guarismos y etapas correspondientes sobre los cupos o plazas de cada unidad de detención, atendiendo al estado actual de sobrepoblación.

XVIII.Exhortar al Poder Ejecutivo para que gestione y acuerde con las autoridades nacionales competentes un convenio y las normas complementarias orientados a establecer que los detenidos por delitos comprendidos en la ley nacional 23.737, en jurisdicción provincial, con arreglo a ley provincial n° 13.392 de adhesión a la ley nacional n° 26.052, cursen sus detenciones o condenas en establecimientos del sistema penitenciario federal.

XIX. Exhortar a la Legislatura provincial en coordinación con el Poder Ejecutivo a la conformación de una Mesa de Trabajo destinada a adecuar la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y demás alternativas o morigeraciones a tales medidas cautelares y la legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los estándares constitucionales e internacionales.

XX. Comunicar la presente sentencia al Congreso de la Nación para que si lo estimare pertinente evalúe la razonabilidad de las diversas leyes penales que a lo largo de los últimos años restringieron las posibilidades de acceso a la libertad condicional u otras medidas del régimen de progresividad de ejecución de la pena privativa de libertad (v.gr.: leyes 27.375, reformas a la ley 24.660, e.o.).

XXI. Requerir al Servicio Penitenciario de la provincia la adopción de medidas orientadas a optimizar la profesionalización de la elaboración de los Informes criminológicos, implementando mejoras y mayor celeridad 36 en su confección, a fin de que se expidan en tiempo útil a los órganos jurisdiccionales requirentes.

XXII. Convocar al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, así como a instituciones especializadas y expertos en la materia objeto este proceso, para asistir al Tribunal en el PCS.

XXIII. Requerir al Poder Ejecutivo, por intermedio de las áreas competentes, disponga la ampliación y profundización de los programas educativos para las personas detenidas, en todos los niveles de la enseñanza, incluyendo el aprendizaje de oficios, como herramienta indispensable para favorecer la resocialización y coadyuvar a la disminución de la tasa de reincidencia.

XXIV.Exhortar a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires a conformar una comisión o el órgano que se estimare más adecuado, a los fines de ejercer el seguimiento y la interacción con los órganos previstos en la presente causa para el PCS.

XXV. Instar a los actores institucionales y no gubernamentales involucrados en la problemática objeto de las presentes actuaciones a comprometer sus mejores esfuerzos para revertir el estado de cosas abordado en la causa y para favorecer la efectividad del PCS.

XXVI. Instruir a la Subsecretaría de Tecnología Informática y la Dirección de Comunicación y Prensa de este Tribunal para la presentación de la propuesta de diseño del sitio web específico para la consulta, análisis y seguimiento de los programas estatales relacionados con el PCS, gestión de la información y comunicación sobre los avances concretados o el estado de su ejecución.

XXVII. Comunicar el contenido de la presente a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires a fin que, en su carácter de titular del Ministerio Público y en el ámbito de su competencia, adopte las medidas que estime pertinentes a efectos de coadyuvar al logro de esos objetivos establecidos en el fallo de fecha 13 de mayo de 2021 dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 5°.Poner en conocimiento de la presente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante forma de estilo. 6°. Regístrese, notifíquese a las partes interesadas, hágase saber y cúmplase (conf. resol Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 «c»; resol. SCBA 921/21). Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 02/05/2022 16:47:57 – KOGAN Hilda – JUEZA

Funcionario Firmante: 02/05/2022 16:53:11 – SORIA Daniel Fernando – JUEZ

Funcionario Firmante: 02/05/2022 19:17:25 – TORRES Sergio Gabriel – JUEZ

Funcionario Firmante: 03/05/2022 09:02:04 – GENOUD L. Esteban – JUEZ 38

Funcionario Firmante: 03/05/2022 09:03:14 – MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel – SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

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