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#Doctrina La dificultad probatoria a la hora de solicitar una compensación económica por el cese de la convivencia

Autor: Durá, M. Florencia

Fecha: 17-05-2022

Colección: Doctrina

Cita: MJ-DOC-16575-AR||MJD16575

Voces: COMPENSACIÓN ECONÓMICA – UNIONES CONVIVENCIALES – VALORACIÓN DE LA PRUEBA – FACULTADES Y DEBERES DEL JUEZ – MEDIOS DE PRUEBA ELECTRÓNICOS

Sumario:
I. El instituto de la compensación económica derivada de la ruptura de la convivencia. II. Análisis del precedente jurisprudencial «P. C. L. C/ L. M. G. S/compensación económica». III. Conclusiones.

Doctrina:
Por M. Florencia Durá (*)

I. EL INSTITUTO DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA DERIVADA DE LA RUPTURA DE LA CONVIVENCIA

Con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación se abrió un nuevo espectro de reconocimiento de derechos destinados a lograr una igualdad real entre ambos géneros, que si bien ya era considerado en la jurisprudencia, no se encontraba regulado normativamente.

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Uno de los nuevos institutos que se incorporaron a nuestro ordenamiento es la compensación económica que aplica tanto para el caso del divorcio como para las rupturas de las uniones convivenciales, siendo esto último un gran avance que reconoce una realidad que se venía vislumbrando hace tiempo.

La compensación económica tiene como base el principio de solidaridad familiar, principio que rige en todo el derecho de familia.

Ella tiene como objetivo corregir las diferencias generadas durante la vida en común ante la elección del proyecto de vida en pareja, que se ve frustrado con la ruptura y genera así grandes desigualdades.

Estas desigualdades se producen a causa de que durante la convivencia se asignan roles de cierta manera que hacen que uno de los integrantes de la pareja resigne su vida profesional o laboral y que posteriormente le sea muy difícil reinsertarse y no tenga herramientas para su autosuficiencia.

Este instituto se encuentra previsto en el artículo Nro. 524 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación (1) y para que sea procedente el conviviente que desee reclamar debe haber sufrido un desequilibrio que le genere un empeoramiento de su situación económica y que tenga como causa la convivencia y su ruptura, iguales requisitos rigen en el caso de divorcio.

Para comprender si es procedente o no, es menester analizar cuál era la situación patrimonial de cada conviviente antes y después de la convivencia. En este análisis además de la capacidad económica, se debe tener en cuenta las posibilidades que tuvo cada uno de estudiar, ya sea la posibilidad de alcanzar un título o un posgrado ya que esto lo posicionaría de mejor manera para incorporarse en el mercado laboral.

A diferencia de la compensación económica que es posible solicitar al finalizar un matrimonio, en este caso el pago puede abonarse en una prestación única o por tiempo determinado, no pudiendo nunca superar el plazo de convivencia y puede ser excluida en caso de realizarse un pacto de convivencia. Vale aclarar que la viabilidad de la exclusión de este punto en un acuerdo es discutida actualmente por la doctrina.

Además de los presupuestos fácticos establecidos en el mentado artículo, en caso de que esta sea solicitada por vía judicial y no acordada por los convivientes, el juez debe tener en cuenta los siguientes puntos: el estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y a la finalización de la unión, la dedicación que cada conviviente brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos y la que debe prestar con posterioridad al cese, la edad y el estado de salud de los convivientes y de los hijos, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente que solicita la compensación económica, la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro conviviente y la atribución de la vivienda familiar.

Con respecto al plazo, establece que es necesario que se plantee antes del plazo de caducidad, este es de seis meses desde el cese de la convivencia.

En relación a lo mencionado ut supra, es importante resaltar que la normativa establece el mismo plazo de caducidad en caso de divorcio o cese de la convivencia, pudiendo considerarse a simple vista como un criterio neutro.Sin embargo, en el primer supuesto el plazo empieza a correr desde la sentencia que decreta el divorcio, de lo que se puede interpretar que en este caso el plazo es más extenso, ya que después de haber tomado la decisión de finalizar el matrimonio, los cónyuges inician el divorcio, y luego de un plazo, obtienen la sentencia.

Considero importante resaltar esta circunstancia ya que no es un tema menor ante una ruptura, con todo lo que ello implica, muchas veces, en el caso del cese de la unión convivencial, por no realizarse judicialmente, el asesoramiento jurídico se realiza después de un tiempo de duelo y de reacomodamiento, que suele exceder los seis meses y el derecho ya se encuentra caduco. Esta situación puede generar una gran disparidad y es susceptible de generar un grave perjuicio, dependiendo de las circunstancias fácticas que se planteen.

Si bien, considero que es un plazo muy corto el establecido para reclamar la compensación, comprendo que el fin del legislador es que todas las cuestiones accesorias a la ruptura de una relación, ya sea matrimonial o convivencial, sean resueltas con la finalización de la unión y no se postergue en el tiempo.

Asimismo, esta diferencia podría considerarse como una discriminación a las parejas que deciden no formalizar su vínculo y no unirse en matrimonio.

También, es importante tener en cuenta que la fecha de la sentencia de divorcio no genera dudas, sin embargo, diferente es el caso de la determinación de la fecha de ruptura en una unión convivencial y puede llevar a ciertos problemas especialmente en materia probatoria. Más aún a la luz de la complejidad de las relaciones humanas, y las rupturas y reconciliaciones sucesivas que pueden acontecer antes de darle finalización a un proyecto de vida en común de una pareja. Situación que se presenta en el caso que analizaremos a continuación. Por último, con respecto al plazo me gustaría aclarar que actualmente contamos con precedentes jurisprudenciales que hacen lugar a pretensiones interpuestas en un plazo mayor a seis meses, esto en pos de bregar por una protección a la parte más vulnerable de la relación y garantizar así los derechos. Sin embargo, estos casos deben entenderse como excepcionales y su aplicación es limitada, este criterio no podría ser utilizado de manera amplia ya que corremos el riesgo de que se realicen abusos del derecho.

II. ANÁLISIS DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL «P. C. L. C/ L. M. G. S/ COMPENSACIÓN ECONÓMICA» (2)

Tal como mencionamos ut supra la cuestión relativa al plazo para solicitar una compensación económica en el caso de la ruptura de las uniones convivenciales suele generar diversas controversias y dificultades a la hora de probar la fecha de separación.

En el presente caso, se plantea además que la forma de probarlo no es la correcta. A continuación, analizaremos ambas cuestiones.

El demandado al notificarse de la solicitud de compensación económica realizada por su ex conviviente, plantea la caducidad del plazo para realizarlo. Al momento de resolver en primera instancia se rechaza su pedido. Sin embargo, este apela.

A fin de dar una respuesta el Tribunal recurre en un primer momento a un expediente conexo con el de la compensación económica, que es un expediente por el que tramitó un caso de violencia familiar, en el cuál el mismo demandado según sus dichos ante la psicóloga del juzgado se había separado hace dos meses.

Esta manifestación condice con los dichos de la actora en otro expediente y con el envío de una carta documento por parte del demandado informando su nuevo domicilio.

Sin embargo, en el presente juicio, el demandado aporta capturas de pantalla de Whatsapp que dan cuenta que la separación fue en una fecha distinta a la que manifiesta la actora a la hora de incoar el reclamo.

Empero, el Tribunal cuestiona la forma en la que fue aportada la prueba. Los chats de Whatsapp, en este caso, fueron plasmados en un acta notarial, según lo que el demandado le exhibía al notario, sin presencia de la actora.

Los magistrados consideran que este no es un medio probatorio idóneo, sino que se deberían haber acompañado las copias como documental y luego solicitar una pericial o un reconocimiento judicial.

Aunque, si bien, en algunos casos fueron admitidas las capturas de pantallas aportadas de esta manera, en ellos se probó que era imposible recurrir a otra forma probatoria. A diferencia de este caso, en la cual el demandado no explica ni demuestra la dificultad para tomar la decisión de reemplazar este tipo de prueba.

Considerando lo expuesto, y las demás situaciones de hecho mencionadas en las que la actora y el demandado coinciden que su separación ocurrió en otra fecha, el tribunal desestima el planteo realizado por el demandado.

III. CONCLUSIONES

La compensación económica es un instituto incorporado recientemente por el Código Civil y Comercial de la Nación, sin embargo, ya hay varios precedentes que nos indican los lineamientos que debemos seguir a la hora de solicitarla.

Como analizamos ut supra, una de las cuestiones más complejas que presenta este instituto, es la cuestión probatoria.

Sin embargo, a fin de sortear estos obstáculos debemos recurrir a otros artículos del Código que nos darán luz a la interpretación de esta figura.

Así el art. 710 y siguiente, establece que en los procesos de familia rigen los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. Aceptando también en estos procesos a los parientes como testigos. Además de ello, es importante valerse de precedentes jurisprudenciales a fin de vislumbrar cómo los auxiliares de justicia aplican estos principios, ya que en casos como el analizado rechazan esta postura valiéndose de otras justificaciones para denegar la prueba.

Es por ello que considero que si bien la inclusión de este instituto en nuestra normativa es muy favorable en cuanto avanza al reconocimiento de situaciones de hecho que permanecían ocultas, su aplicación de manera clara en la práctica va a llevar un tiempo y los abogados tenemos que ser los primeros en plantear soluciones novedosas y creativas a la hora de aplicarlo.

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(1) Ley Nro. 26.994, Código Civil y Comercial de la Nación, promulgada el 7 de octubre del año 2014.

(2) «P. C. L. C/ L. M. G. S/compensación económica» , 20/5/2021, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Nación, Departamento Judicial de Morón.

(*) Abogada. Maestranda de Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia en la Universidad de Buenos Aires. Desempeña funciones en la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Justicia y Seguridad CABA y de manera independiente.

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