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#Fallos Supuesta adquisición de vehículo: Daño moral a favor de una consumidora por la nulidad del contrato de adhesión ya que la publicidad resultó ser engañosa y la información brindada era escasa

Partes: L. F. V. c/ Sistema Free S.A. s/ sumarísimo

Tribunal: Juzgado Civil y Comercial de Salta

Fecha: 4-abr-2022

Cita: MJ-JU-M-136836-AR | MJJ136836 | MJJ136836

Supuesta adquisición de vehículo: Daño moral a favor de la consumidora ante la nulidad del contrato de adhesión ya que la publicidad resultó engañosa y la información brindada escasa.

Sumario:

1.-Corresponde declarar la nulidad del contrato de adhesión celebrado porque la publicidad efectuada por la demandada resulta engañosa, y la escasa información brindada a la actora al momento de la contratación no le permitió un correcto conocimiento del contrato, que no era la suscripción de un contrato para la adquisición de un automotor sino la locación de un vehículo por un módulo de tiempo y la participación en un sorteo mensual llamado ‘beneficios especiales’, todo lo cual repercutió negativamente en la conformación del consentimiento de la consumidora al momento de la celebración del contrato, ya que si hubiera sido debidamente informada respecto del objeto de la contratación, no habría celebrado el contrato en los términos en que lo hizo.

2.-Procede la reparación del daño moral a favor de la consumidora que suscribió un contrato de adhesión que no fue acorde a sus expectativas, en virtud de la información absolutamente confusa e incompleta por parte del proveedor.

3.-La condena por daño punitivo es procedente si la demandada demostró una actitud desaprensiva hacia los derechos de la consumidora, porque mediante la violación del derecho constitucional de información, logró la suscripción de un contrato con un objeto distinto al ofrecido por su vendedor en el domicilio particular de aquella, no cumplió con su obligación legal de entregar un ejemplar del contrato al momento de la celebración, y la información brindada posteriormente a través de diversos canales, resultó sumamente confusa y engañosa.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Salta, 4 de abril de 2022.

Y VISTOS: Estos autos caratulados «L, F V vs. SISTEMA FREE S.A. – Sumarísimo»; Expte. No 728295/21, de este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Undécima Nominación; y R E S U L T A N D O

Que en actuación 5389621 la Dra. Ivanna Alessandra Crescini, en el carácter de apoderada de la señora F V L, interpone demanda contra Sistema Free S.A. por nulidad contractual y daños y perjuicios. Relata que el día 1 de abril de 2015 se apersonó en el domicilio de su mandante el señor José Francisco Rocha, promotor y vendedor de la empresa demandada, ofreciéndole la adquisición de un vehículo 0 km a su elección que se le adjudicaría al pagar la cuota no 48. Que en esa oportunidad también le expresó que tenía la opción de retirarse del plan y que la empresa se comprometía a devolverle todas y cada una de las cuotas pagadas. Refiere que el vendedor le dijo que el sistema funcionaba como una caja de ahorros. Aduce que su mandante es una persona de escasos recursos que sólo percibe una pensión por discapacidad y que proviene de una zona rural ubicada en el departamento de Anta. Que solo estudió hasta segundo grado y tiene una patología de insuficiencia renal encontrándose en lista de espera de Incucai, por cual, tiene el carácter de consumidora hipervulnerable lo que queda más acentuado al tratarse de una venta domiciliaria.Continúa diciendo que frente a la posibilidad de adquirir su primer 0 Km que la ayudaría a transportarse al Centro de Diálisis de Salta, donde realiza su tratamiento médico, o que en caso de finalizar el contrato, al pagar las 48 cuotas, se le devolvería el dinero aportado al sistema de ahorros como promocionó el vendedor, la señora L firmó la solicitud no 00036734, orden no 24.554, por un bien tipo VW Gol Trend base 1.6. Afirma que durante la vigencia del vínculo contractual a su mandante se le brindó la posibilidad de tener el bien durante 3 días, ante lo cual la nombrada creía que de tratarse de un estímulo por estar al día con las cuotas, y que la demandada lo promocionaba en sus redes sociales como un beneficio exclusivo para clientes. Refiere que abonó por las 48 cuotas un total de $ 42.020. Que desde la cuota 0 hasta la cuota 42 los importes fueron cobrados a través de su tarjeta de crédito Naranja y desde la cuota 43 hasta la 48 pagó en la sucursal de Sistema Free de la ciudad de Salta. Relata que al pagar la última cuota, la demandada no le adjudicó el bien, sino le ofreció la posibilidad de acceder a un crédito para adquirirlo, previo análisis crediticio, pero como su situación económica no se lo permitía, decidió finalizar su relación con la empresa. Que, entonces, al apersonarse en la sucursal y comunicar su decisión de rescindir el contrato, el empleado que la atendió le dijo que debía enviar una carta documento a la casa central y que una vez recibida se le devolvería el dinero abonado, lo que nunca sucedió. Continúa diciendo que lo expuesto motivó que realizara denuncia ante la autoridad consumeril por falta al deber de información, publicidad engañosa y trato indigno, ofreciendo la empresa reintegrar menos de la mitad del capital aportado por su mandante por gastos administrativos que no fueron justificados.Destaca que con ese dinero debía viajar a la Ciudad Autonóma de Buenos Aires a realizar un tratamiento producto de su enfermedad renal con la posibilidad de trasplante estando en la lista de espera de Incucai, lo que no pudo lograr por el incumplimiento de la demandada. Aclara que nunca se le entregó el contrato con las condiciones generales por lo cual inició medida preparatoria que tramitó en Expte. No 703886/20. Que al tomar conocimiento de las condiciones contractuales su mandante advirtió que no estaba pagando un vehículo 0 Km, sino que alquilaba su uso por una vez al año abonando un canon mensual para ello. Así cómo también que podría adquirir el vehículo mediante un sorteo estímulo o mediante la entrega de un crédito a tales fines. Afirma que esas condiciones contractuales contienen cláusulas abusivas que importan renuncias a los derechos de los consumidores, tales la cláusula 8 de uso de imagen y 9 de prórroga de jurisdicción. Posteriormente describe leyendas que se encontrarían en boletas de pago y revista «Notifree» y que inducirían a la creencia de estar adquiriendo un 0 Km, por las razones que allí expone a las que cabe remitir por razones de brevedad. Formula consideraciones respecto del deber de información, destacando como lo habría incumplido la demandada, publicidad engañosa, trato indigno, cláusulas abusivas, prórroga de jurisdicción, derecho de uso de imagen, ausencia del derecho de revocación y venta domiciliaria, a las que cabe remitir por razones de brevedad. En concepto de daño material solicita la devolución de la suma de $ 42.535,14, más intereses. Por daño moral pide la suma de $ 100.000 por los fundamentos allí expuestos y solicita se aplique daño punitivo en la suma $1.000.000 por las razones que allí expone, reproduciendo doctrina y jurisprudencia, a lo que cabe remitir por razones de brevedad. Hace reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita se haga lugar a la demanda, con costas.En actuación 5663985 se celebra la audiencia prevista por el 503 del CPCC, a la cual comparece la actora junto a su letrada apoderada y la Dra. Claudia Benavidez en representación de Sistema Free S.A., quien en dicha oportunidad contesta demanda por escrito tras haber fracasado la instancia conciliatoria. En actuación 5662756 obra agregada la contestación de Sistema Free S.A. en la cual niega todos y cada uno de los hechos expuestos por la actora, excepto aquellos expresamente reconocidos por su parte y solicita el rechazo de la demanda, con costas. Formula consideraciones respecto del funcionamiento de los servicios que presta su mandante a las que cabe remitir por razones de brevedad. Expone su relato de los hechos y refiere que de la actitud asumida por la actora se advierte que entendió todos y cada uno de los términos del contrato suscripto; que no existió una información deficiente, abuso de derecho o de confianza así como tampoco engaño en la buena fe contractual de la accionante. Relata que Sistema Free S.A. no es una empresa proveedora de planes de ahorro para la adquisición de vehículos 0 Km sino una empresa de servicios única en Argentina que brinda soluciones de movilidad y se encuentra patentada en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. Destaca que el escrito de demanda no explica concretamente de qué manera su representada ha incumplido lo acordado vulnerando los derechos de la accionante, y afirma que, por el contrario, fue debidamente asesorada desde el inicio respecto del objeto del contrato y los beneficios especiales. Señala que la empresa brinda amplio asesoramiento y trato digno y respetuoso a través de sus agentes de venta explicando detalladamente el objeto contratado y los servicios disponibles y enviando a sus clientes la carpeta institucional y bimestralmente los notifree junto con el cupón del canon locativo. Agrega que también tienen servicio de información complementaria a través de la página web, correo electrónico y mediante línea telefónica gratuita.Afirma que la actora llegó a la contratación luego de haber sido informada del objeto y servicios que brinda Sistema Free S.A., no existiendo de parte de su representada incumplimiento al deber de información, abuso de su buena ni trato indigno o inequitativo. Además dice que se le ofreció la devolución de lo abonado, deducidos los gastos administrativos, como se encontraba convenido, pero la actora no aceptó. Refiere que la contraria aduce tener poca educación pero su mandante obró de buena fe, contratando con una persona adulta y con plena capacidad para suscribir el contrato. Concluye diciendo que no existen elementos de cargo que permitan dar crédito a las afirmaciones vertidas contra su mandante por lo que se debe rechazar la demanda. Posteriormente, impugna y rechaza los rubros indemnizatorios por carecer de causa legal y constituir un abuso del derecho. Cuestiona la procedencia del punitivo por los motivos que allí expone, a los que cabe remitir en honor a la brevedad. Ofrece prueba y solicita se rechace la demanda, con costas. Producida la prueba ofrecida, y habiendo presentado las partes sus alegatos dictamina el señor Fiscal Civil, con lo que queda la causa en estado de ser resuelta, al encontrarse firme y consentido el llamado de autos para sentencia.

C O N S I D E R A N D O

I. En forma previa al tratamiento de la cuestión debatida en autos, atento que el día 1 de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación (cf. ley 27.077), aprobado por ley 26.994, cabe formular las siguientes consideraciones. El efecto inmediato previsto en el art. 7 del CCyC se da respecto de las situaciones regladas por la ley, y no así en las relaciones regladas por los particulares, en las cuales debe distinguirse la ley imperativa de la supletoria (cf. Kemelmajer de Carlucci, «La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes», ed. Rubinzal Culzoni, p.36). En la primera rige la aplicación inmediata, mientras que en el caso de leyes supletorias las nuevas normas sólo serán aplicables a los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigencia. En definitiva, la nueva norma de carácter supletorio no afecta la situación jurídica pendiente de origen contractual, la que continuará regida, en todo lo que hace a su constitución, modificación o extinción, como también en lo relativo a sus consecuencias anteriores o posteriores, por la ley vigente al tiempo de la celebración del contrato (Kemelmajer de Carlucci, ob. cit., p. 47), salvo en caso de normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. En base a lo expuesto, la cuestión debatida en autos será examinada a la luz de lo dispuesto por la ley 24.240 y normativa derogada, salvo que resulte de aplicación alguna norma en particular del Código Civil y Comercial de la Nación.

II. Por otra parte, cabe recordar que los jueces no se encuentran obligados a hacerse cargo de la totalidad de las alegaciones formuladas o de las pruebas producidas, pudiendo desechar aquellas que consideren innecesarias o inconducentes en relación con el objeto del proceso (CSJN, Fallos 250-36; 302-253; E.D. 99-544; Rep. E.D. 18-780, n° 29; CNCiv., Sala A, L.L. 112-492; Id., Sala B, L.L. 1975-D-365; Id., Sala C, L.L. 1978B-663, 34.593-S; citados por Palacio y Alvarado Velloso: «Cód. Proc. C. y C. de la Nac.», Santa Fe, Rubinzal y Culzoni, tomo 4, 1989, pág. 406 citados por CApelCCSalta, Sala III, fallos año 2007, fo 577).

III. Sentado ello, cabe destacar que los artículos 42 de la Constitución Nacional y 31 de la Constitución Provincial, consagran la protección de los derechos del consumidor.Conforme lo dispuesto por el artículo 1.092 del Código Civil y Comercial de la Nación se entiende por consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, quedando equiparada a esta figura quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Proveedor es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios (art. 2 de la ley 24.240); relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario (art. 3 de la ley de defensa al consumidor y art. 1.092, 1o parte del CCyC). El derecho del consumidor es un área del derecho protectorio, de base constitucional, que tiene manifestaciones en todos los ámbitos en base a un orden público que se impone en las relaciones jurídicas, tanto para proteger, como para ordenar la sociedad en base a principios de sociabilidad (Lorenzetti, Ricardo L. «Consumidores». Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2.003, págs. 35 y sgtes.) Esta rama del derecho, ha nacido para llevar protección al débil jurídico. Su antecedente radica en la situación de minusvalía en que se ve colocado el hombre moderno al interactuar con proveedores de bienes de consumo; y su corpus está integrado por un conjunto de mecanismos jurídicos específicos, desarrollados para paliar esa situación de hiposuficiencia y prevenir el acaecimiento de menoscabos a los derechos de los consumidores. (Rusconi, Dante. «Manual de Derecho del Consumidor». Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2.009, pág. 1).

IV.En autos, la señora F V L demanda a Sistema Free S.A. a fin de que se declare la nulidad del contrato celebrado, con devolución del monto abonado y daños y perjuicios. La relación contractual existente entre la señora L y la sociedad Sistema Free S.A., la que no fue cuestionada en autos, se instrumentó mediante solicitudes de adhesión no 00036734 y 00011632, cuyos originales se encuentran reservados en Secretaría y tengo a la vista. Cabe destacar que tampoco se encuentra controvertido el pago de 48 cuotas por parte de la actora por la suma total de $ 42.020,14. La nulidad del contrato pretendida por la consumidora se fundamenta, en suma, en que con motivo de la publicidad engañosa desplegada por la accionada y falta de información se habrían conducido a la señora L a la celebración del contrato con un vicio en su voluntad, consistente en un error esencial respecto de la naturaleza misma del contrato. Compulsada la prueba arrimada a la causa surge que la actora adhirió a la solicitud de contrato n° 00036734 abonando las cuotas mediante la modalidad de débito a través de la tarjeta de crédito Naranja. De las condiciones contractuales de la referida solicitud surge que el objeto del contrato es el alquiler de un vehículo por módulos de tiempo llamados kits, pudiendo utilizar el kit elegido una vez cada doce meses contados a partir del primer pago del canon mensual establecido. Además, la señora L suscribió la solicitud n° 00011632 titulada «beneficios especiales» de la cual se desprende que los clientes que efectúen el pago en término del canon mensual tienen derecho a participar en un sorteo mensual por el bien descripto en la cláusula segunda -Gol Trend- correspondiente al kit base.

V. En este contexto la accionante solicita se declare la nulidad de la solicitud de contrato n° 00036734.Argumenta a tal fin que, la conducta desplegada por la sociedad demandada la indujo en un error esencial, pues contrató en el entendimiento de que adquiría un automóvil 0 km que le sería adjudicado al abonar la cuota n° 48; y que tenía la opción de retirarse del plan, con devolución de las cuotas pagadas. Por otro lado, aduce que en el momento de la contratación la demandada no le entregó el contrato donde se establecen las condiciones generales de contratación, sino solo la solicitud de débito automático con tarjeta de crédito no 01268 obrante en las copias certificadas del expediente administrativo no 0030231-209292/19 de la Secretaría de Defensa del Consumidor. Así las cosas, examinada la prueba documental arrimada a la causa, se advierte que en la referida solicitud de débito -reitero, única documentación entregada a la actora al momento de la celebración del contrato-, se indica que los débitos allí autorizados sería imputados a pagos por «canon Sistema Free S.A.». Es decir, no obra aclaración alguna respecto de la naturaleza de dicho canon. Ademas cabe destacar que también se observa en la parte superior de dicho formulario la leyenda «0 Km – Alquiler – Créditos». Por otra parte, del expediente de la Secretaría de Defensa del Consumidor, que tengo a la vista, se desprende que la actora solicitó expresamente a la demandada, el envío del contrato por adhesión. No obstante ello, se celebraron tres audiencias en sede administrativa respecto de las cuales la demandada sólo asistió a la segunda, sin acompañar la documentación requerida, limitándose a presentar un escrito donde desconoció los hechos afirmados por la actora, explicó el funcionamiento de los servicios que brinda y efectuó una propuesta al sólo efecto conciliatorio, la que no fue aceptada (cf. actas de fechas 9/10/2019, 20/11/2019 y 7/1/2020). Cabe destacar que dicha falta de cumplimiento respecto de la entrega del contrato motivó que la accionante tuviera que iniciar las diligencias preparatorias que tramitaron bajo el Expte.No 703886, caratulado «L, F V c/ Sistema Free S.A. s/ Diligencias Preparatorias», a fin de que la sociedad demandada acompañe el contrato de adhesión suscripto. En este contexto, debe tenerse particularmente en consideración la mecánica empleada para la contratación, esto es que tanto las tratativas previas como la propia celebración del contrato se realizó en el domicilio de la actora, donde el vendedor llegó imprevistamente y ofreció a la consumidora su celebración, circunstancia que si bien fue negada por la accionada en su escrito de contestación de demanda, se encuentra corroborada con la declaración testimonial del señor Luis Roberto Juárez, quien declaró que la contratación se llevó a cabo en Cerrillos, en la casa de su ex suegro, encontrándose él allí en el momento que llegó la gente de Sistema Free (cfr. actuación 5663985). En estos casos, los tratos se realizan casi inmediatamente, el consumidor no tiene posibilidad de comparar las condiciones que se le ofrecen con las que rigen en el mercado para bienes o servicios similares, a lo que debe agregarse que la falta de información del consumidor es prácticamente absoluta. Dice Bercovitz Rodríguez Cano: «A ello hay que añadir la agresividad que en ocasiones muestran los vendedores, que da lugar a una presión psicológica, que a veces incita al consumidor a realizar la operación propuesta, incluso con la única finalidad de conseguir que el vendedor se marche. A todo ello hay que unir otro aspecto igualmente significativo, como es el de la incidencia que esta modalidad de venta tiene en la intimidad de las personas, al acceder el vendedor, sin haber sido previamente requerido para ello, al domicilio particular» (cf. Juan M. Farina en «Defensa del consumidor y del usuario», ed. Astrea, Buenos Aires, 2011, pág. 360). Bien puede decirse que en estos casos el vendedor «se lanza a la caza y captura de clientes» fuera de su establecimiento.El dato significativo es que el oferente trata de realizar su negocio sea como fuere, y hace su oferta fuera del local comercial, yendo a la búsqueda y encuentro del posible cliente (cf. Juan M. Farina en ob. cit, pág. 361). Se advierte así, que en este tipo de operatorias los consumidores son sorprendidos por el proveedor, quien por medio de la insistencia y argucia, incita a los consumidores a la celebración del contrato, que no era si quiera buscado por ellos, tal como aconteció en el sub examen, lo que coloca a la accionante en un especial estado de vulnerabilidad. Así las cosas, y conforme lo expuesto, no puede pasarse por alto el hecho de que la celebración del contrato se produjo en el domicilio de la actora, quien, conforme logró acreditar en autos con expediente no 0120047-134072/2021 remitido por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología reservado en Secretaría, cursó sólo primer grado de instrucción primaria.

VI. En el marco de la relación de consumo que vincula a las partes, cabe recordar que pesa sobre el proveedor la obligación de suministrar información a la consumidor en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercial ización y toda otra circunstancia relevante para el contrato, debiendo ser ésta gratuita y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión. Esta consagración del derecho a la información para los consumidores tiende a proteger de manera real y efectiva la decisión que en definitiva vayan a adoptar con relación al consumo. En este sentido se ha dicho que «Un consumidor adecuadamente informado, consciente de las verdaderas características del producto que se le ofrece y de las condiciones de la operación comercial que debe realizar, tendrá la posibilidad de efectuar elecciones de consumo sustentadas en sus reales necesidades, adquiriendo productos y servicios verdaderamente útiles, adecuados a sus expectativas, necesidades y posibilidades económicas» (Rusconi, Dante, «Manual de Derecho del Consumidor», Buenos Aires:Abeledo Perrot, 2.009 pág. 194 y jurisprudencia allí citada). Es por ello que, para garantizar este derecho, la ley impone al proveedor la obligación de suministrar información en forma cierta, clara y detallada, en concordancia con las disposiciones constitucionales -arts. 42, Constitución Nacional, 1.100 Código Civil y Comercial, y 4 de la ley 24240- que requieren que la misma sea adecuada y veraz. Lorenzetti define el deber de información como el «deber jurídico obligacional, de diversa causa, que incumbe al poseedor de información vinculada con una relación jurídica o con la cosa involucrada en la prestación, o ateniente a actividades susceptibles de generar daños a terceros o a uno de los contratantes, derivados de dicha información, y cuyo contenido es el de poner en conocimiento de la otra parte una cantidad de datos suficientes como para evitar los daños o la inferioridad negocial que pueda generarse si éstos no son suministrados» («Consumidores». Santa Fe: Rubinzal Culzioni, 2.003, p. 172). De ahí que la relación existente entre el deber de información y la formación del consentimiento sea evidente. Conforme viene señalando la doctrina desde hace ya varios años, la carencia de información afecta principalmente al elemento «intención». En este sentido, explica Lovece que la falta de información, cuando se la relaciona con el conocimiento en concreto, es decir, con la intención, resta voluntariedad al acto en razón de que el desconocimiento de las circunstancias particulares del acto en concreto bloquea la representación de sus consecuencias. La omisión de la obligación de informar induce a la ignorancia del cocontratante sobre las circunstancias del acto particular y de sus consecuencias, afectando la gestación del obrar humano, por tanto, su intencionalidad, quebrando la estructura del acto voluntario. Por ello, la violación del deber de informar otorga al damnificado la posibilidad de demandar la nulidad del contrato o de una de sus cláusulas, más los daños y perjuicios que correspondiesen (art.37, ley 24.240). Y es que tal como sostiene la autora en cita, la información permite, en principio, la existencia de un acto en libertad, puesto que ésta puede verse condicionada por otros factores, como los económicos, culturales, el estado de necesidad, las presiones ejercidas desde el modelo de consumo, etcétera.

El conocimiento pleno de las diversas situaciones favorece la toma de decisiones a todo nivel; por lo que no puede tener limitaciones ni extrínsecas ni intrínsecas. En tanto que, quien posee un capital informativo se encuentra en una situación más ventajosa respecto de aquel que no lo posee, favoreciendo la coerción y el ejercicio del poder remarcando la desigualdad. (Lovece, Graciela «El derecho a la información de consumidores y usuarios como garantía de protección de sus intereses económicos y extraeconómicos» publicado en Revista de Derecho Privado y Comunitario. «Consumidores» Santa Fe: Rubinzal Culzoni, t. 1 2.009, cita online RC D 1132/2012). (CApelCCSala IV, fallo del 19/12/19, expte. No 618.955/18, publicado en la página del Poder Judicial de Salta). En este orden de ideas, cabe concluir que se encuentra acreditado que la demandada ha cumplido con su deber de información al momento de la celebración del contrato, repárese que -como se dijo-, un ejemplar de éste fue proporcionado recién con motivo de las diligencias preparatorias deducidas por la accionante.Resulta aplicable al sub examen, la doctrina sentada por nuestra Corte de Justicia Provincial en el sentido que la información es un resultado en sí mismo que debe ser probado por la empresa, con acreditación de su recepción, ya que a los fines probatorios y conforme a las reglas procesales es el obligado a suministrarla quien debe acreditar que informó, lo cual resulta lógico dado que el hecho negativo de la falta de información sólo puede ser probado por un hecho positivo, que únicamente la empresa está en condiciones de acreditar (Ghersi, Carlos A.; Weingarten, Celia, «Defensa del Consumidor – Tratado Jurisprudencial y Doctrinario», Tomo I, Editorial la Ley, Buenos Aires, 2011, pág. 234, citado por la CJSalta, Tomo 210:253). Asimismo, resulta insoslayable recordar que tratándose la presente causa de una acción de consumo, materia en la cual existe una firme tendencia a aplicar la teoría de la carga dinámica de la prueba, por considerarse que, dada la posición ventajosa del proveedor frente al usuario -que es la parte débil de la contratación-, por ostentar la información y todas las aptitudes técnicas para aportar los elementos de prueba necesarios para dirimir el conflicto suscitado, pesa sobre esa parte el máximo esfuerzo probatorio (cfr. Trigo Represas, F. – López Mesa, M., «Tratado de la Responsabilidad Civil», Buenos Aires, 2005, t. IV, p. 433; CApelCCSalta, sala IV, t. XXXIV, fo 570). Por otra parte, cabe decir que la información que la sociedad brindaría a suscontratantes a través de los llamados «notifree» y a través de su página web, no sólo se trataría de información posterior a la celebración del contrato, conforme surge de la documental que tengo a la vista, sino que además no reúne las características legalmente exigidas.En efecto, se observan frases cómo «Esperamos seguir cumpliendo el sueño de cientos de clientes para llegar a su 0 Km», «Adjudicado no paga más», «Tu 0 Km ya!!!»; y en las boletas de pago la leyenda en la parte posterior «Un único sistema con la posibilidad de acceder al 0 Km». Todas estas frases no clarifican de ninguna manera la naturaleza del contrato, o que lo que en realidad abona el consumidor es la locación de un vehículo por un módulo de tiempo denominado «kit» y la participación en un sorteo mensual llamado «beneficios especiales», por el contrario, inducen al error en el cual sustenta la accionante su demanda. Cabe destacar que si bien -como se dijo-, dicha documental es posterior a la celebración del contrato cuya nulidad se pretende, cabe tomarla como prueba indiciaria en los términos del art. 481 del CPCC, lo que sumado a la falta de información al momento de la celebración del contrato, conducen a concluir que -tal como alega la actora- la publicidad resulta engañosa, y la escasa información brindada no le permitió un correcto conocimiento del objeto del contrato. Corrobora dicha conclusión, la declaración testimonial del señor Luis Roberto Juárez -actuación 5663985- quien declaró que la gente de Sistema Free que se apersonó en el domicilio les ofreció un vehículo, que ellos eligieron un Gol Trend que tenían que pagar con tarjeta naranja a través de débito automático. Expresó además, que en esa oportunidad no recibieron información de un alquiler sino que les dijeron que después de varias cuotas, si abonaban puntualmente, les prestarían un auto por 5 o 6 días.Por todo lo expuesto, considero que la falta de información en la que incurrió la accionada, repercutió negativamente en la conformación del consentimiento de la consumidora al momento de la celebración del contrato, ya que si la señora L hubiera sido debidamente informada respecto del objeto de la contratación, no habría celebrado el contrato en los términos en que lo hizo. Sobre esta cuestión, el Código Civil y Comercial refiere que el error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto (art. 265). Siendo ello así, la pretensión de nulidad deducida en la demanda, debe prosperar.

VII. Por otra parte, es dable apuntar que el derecho a recibir un trato digno y equitativo, impone pautas de conducta, colocando una nota humanista en el sistema normativo, debiendo en caso de duda resolverse siempre a favor del consumidor, evitando las prácticas comerciales que eviten o nieguen sus derechos. De este modo, todas las circunstancias, los hechos o las situaciones en que se encuentre el consumidor antes, durante y después de formalizar un contrato de consumo, deben estar signadas por el respeto de parte del proveedor por los derechos del consumidor, debiendo tener en cuenta y considerar cabal y responsablemente (con cortesía y urbanidad) cuáles son los deseos del consumidor, las necesidades que pretende satisfacer, e informarlo y asesorarlo de buena fe en tal sentido, conforme a la oferta de bienes y servicios de que disponga el oferente, entre otros aspectos a considerar» (Kiper, Claudio M. en «Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada», p. 127); (CApelCCSalta, SALA V, T. XL-S, fo 399/424 ). El artículo 8 de la ley de defensa del consumidor dispone que «Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorios.». La disposición legal es la concreción del principio general de buena fe (art. 1198 del Cód.Civil) y del desarrollo de la exigencia constitucional que reconoce el derecho a los usuarios de bienes y servicios a «condiciones de trato dignas y equitativas» (art. 42 CN). Las constancias de la causa conducen a sostener que no se le dispensó a la actora un trato digno al haber sido inducida a un error esencial al momento de la celebración del contrato de manera domiciliaria, sino también expuesta no a la necesidad de efectuar reiterados reclamos tanto en la Secretaría de Defensa del Consumidor como en sede judicial, con todo el desgaste y pérdida de tiempo que tuvo que padecer.

VIII. Ahora bien, a los fines de la determinación del monto que deberá devolverse como consecuencia de la nulidad contractual, cabe decir que la actora reclama la suma de $42.535,14, integrada por los importes abonados a Sistema Free en concepto de cuotas y el valor de una carta documento que envió a la demandada a fin de rescindir el contrato. A fin de acreditar las sumas abonadas acompañó boletas de pago y recibos emitidos por la demandada, documentación que fue expresamente reconocida por la parte accionada en su escrito de contestación de demanda, motivo por el cual cabe hacer lugar a la devolución peticionada por la suma de $ 42.535,14, más sus intereses, los que se calcularán a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde la fecha de celebración del contrato y hasta su efectivo pago. Ello sin perjuicio de revisarse la tasa referida, en la oportunidad procesal pertinente, en caso de demostrarse la necesidad de su adecuación a nuevas realidades económicas.

IX. Sentado ello, cabe adentrar al análisis de la pretensión resarcitoria contenida en la demanda.En cuanto al daño extrapatrimonial cabe decir que el daño moral se caracteriza por su proyección interna y ha sido definido como toda modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir y que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél que se hallaba antes del hecho, provocando padecimientos físicos o en la perturbación de la tranquilidad y el ritmo normal de la persona (CApelCCSalta, Sala III, t. 2001, f° 482/485). Por otra parte, tratándose de un reclamo efectuado por una consumidora, debe tenerse en cuenta su particular condición de parte débil, que no sólo se evidencia al momento de contratar sino también cuando debe efectuar un reclamo por deficiencias del producto o servicio prestado por el proveedor, con lo cual se encuentra ante un panorama de mayores angustias al saberse en inferioridad de condiciones, ya sea patrimoniales o informativas, para lograr obtener la reparación del perjuicio sufrido (cf. CCivyCom Mar del Plata, sala III, 9/12/15, La Ley online AR/JUR/74467/2015 y jurisprudencia allí citada). Desde esta perspectiva es dable inferir que la situación en la que se vio inmersa la actora tras el accionar de la demandada le provocó padecimientos y aflicciones. Cómo ya se dijo la señora L suscribió un contrato que no fue acorde a sus expectativas, en virtud de la información absolutamente confusa e incompleta por parte del proveedor. Por otra parte, no puede soslayarse que en autos ha quedado acreditado, conforme informe del Dr. José Daniel Moreno que se encuentra reservado en Secretaría y tengo a la vista, que la accionante padece de insuficiencia renal crónica estadio V y se encuentra en tratamiento de diálisis. Sumado a ello, en sede administrativa se realizaron tres audiencias en las que no se llegó a solucionar el conflicto con lo cual debió recurrir a los estrados judiciales en busca de una solución, todo lo que conduce a tener por acreditado el daño moral.En lo concerniente a la fijación del quantum, el Máximo Tribunal de la Nación sentó que debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad, la entidad del sufrimiento causado, y que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 321:1117; 323:3614 y 325:1156, entre otros). El dolor humano es apreciable y la tarea del juez es realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido. Aún cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado. En este orden de ideas, el dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales (CSJN, «Baeza», 4:376). De este modo y ponderando las funciones sustitutivas y compensatorias de la indemnización de daño extrapatrimonial (cf. art. 1741 del CCyC) y las particularidades del caso ya expuestas, estimo razonable fijar la suma de $100.000, conforme fuera peticionado por la actora (cf. art. 165, CPCC).

X. En cuanto al daño punitivo peticionado cabe decir que «se tratan de sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro» (Pizarro, Ramón D., «Derecho de Daños», 2° parte, La Rocca Buenos Aires, 1993, pág. 291 y ss.citado por Cámara 4a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, 13/09/12, LLC 2012 (noviembre), 1050 con nota de Carlos Ghersi; JA 10/04/2013, 20; La Ley Online: AR/JUR/45063/2012; CApelCCSalta, sala V, t. XXXIII, fo 387). La Corte de Justicia de Salta, ha destacado que se trata de un instituto que sólo procede en supuestos de excepción ante circunstancias de grave vulneración de obligaciones contractuales o legales por parte de quienes en una relación de consumo revisten el carácter de proveedores de bienes o servicios; y señaló que «si bien la norma sólo sujeta la procedencia de esta sanción a la existencia de incumplimiento de cualquier obligación contractual o legal, cabe reparar que otorga plena discrecionalidad al juez, quien al momento de decidir su imposición debe tener en consideración las características y fines del instituto y, en este orden, si se presentan en el supuesto del que se trate, hechos graves o circunstancias que ameriten recurrir a ella»; concluyendo que debe ser la prudente apreciación judicial la que defina en cada caso los parámetros objetivos a tener en cuenta al aplicar la figura bajo análisis; y que el juez debe ser especialmente prudente al momento de decidir su imposición, aplicando el instituto en supuestos excepcionales en los cuales quien daña lo hace con el propósito de obtener un rédito o beneficio, o al menos, con un grave menosprecio para los derechos de terceros (cf. CJSalta, Tomo 183:191/202; Tomo 165:977/1002). A los fines de su procedencia debe tenerse en cuenta que es la reprochabilidad de la conducta de una parte, su intencionalidad o el grado en que refleja su indiferencia frente a los usuarios el punto central a tener en cuenta para la fijación de la sanción prevista en la norma. Siguiendo este criterio, que comparto, concluyo, luego del estudio de la causa, que se verifica una situación que amerita la condena del daño punitivo peticionado.En efecto, la demandada ha demostrado una actitud desaprensiva hacia los derechos de la consumidora, téngase en cuenta que mediante la violación del derecho constitucional de información, ha logrado la suscripción de un contrato con un objeto distinto al ofrecido por su vendedor en el domicilio particular de la consumidora; no ha cumplido con su obligación legal de entregar un ejemplar del contrato al momento de la celebración, y la información brindada posteriormente a través de diversos canales, resulta sumamente confusa y engañosa. Además, como ya se dijo, la señora L efectuó denuncia ante la Secretaría de Defensa del Consumidor, y requirió la entrega del contrato celebrado y compareció a tres audiencias, sin que la demandada proporcione la información requerida. Cabe destacar que la accionada recién acompañó una copia del contrato de adhesión celebrado, en oportunidad de ser requerido en sede judicial, en el marco de las diligencias preparatorias que tramitaron por ante el Juzgado a mi cargo. Todo ello, demuestra, como se dijo, un actuar en violación a los derechos de la consumidora que debe ser sancionado a fin de disuadir conductas como las descriptas y evitar de ese modo que se conviertan en un mecanismo para la captación de clientes, en desmedro del derecho constitucional de los consumidores. En consecuencia, desde la perspectiva expuesta en párrafos precedentes, y teniendo en cuenta la finalidad disuasiva de la sanción, concluyo que la conducta asumida por la accionada resulta a todas luces reprochable. Por ello, estimo ajustado a las circunstancias del caso imponer a la demandada una multa civil de $ 1.000.000.

XI.Por último, en cuanto a las costas, cabe recordar que «no constituyen un castigo, sino que importan un resarcimiento de los gastos que ha debido soportar la parte que tuvo que recurrir a la justicia a fin de obtener el reconocimiento de su derecho y tienden a que las erogaciones que han sido necesarias con motivo del proceso no graviten en definitiva en desmedro del derecho reconocido» (Roland Arazi, Jorge Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Rubinzal Culzoni Editores, año 2.007, t. I, Pág. 304; CapelCCSalta, Sala III, in re «Martínez Merello, Agustino vs. Volkswagen Argentina SA – Horacio Pussetto – Sumarísimo o verbal de Defensa del Consumidor.» Expte. No 400.298/13, consultado en el sitio on line del Poder Judicial de Salta), por lo que en base a ello y en virtud del principio general que rige la materia, cabe imponer las costas a la parte demandada (cf. art. 67 del CPCC). Por todo lo expuesto, R E S U E L V O

I. HACER LUGAR a la demanda interpuesta y en consecuencia DECLARAR la nulidad del contrato de adhesión celebrado entre la señora F V L y Sistema Free S.A. instrumentado mediante solicitudes no 00036734 y 00011632.

II. CONDENAR a Sis tema Free S.A. a abonar la suma de $42.535,14, con más sus intereses y la suma de $ 100.000 por daño moral, en el termino de diez días de consentida la presente.

III. IMPONER a la accionada una sanción pecuniaria de $ 1.000.000, la que deberá ser abonada dentro de los 10 días de consentida la presente.

IV. IMPONER las costas a la demandada. V. ORDENAR que consentida que fuere la presente, se remitan los autos a la Caja de Seguridad Social para Abogados y a la Dirección General de Rentas. VI. MANDAR se registre y notifique personalmente o por cédula a las partes y mediante remisión de autos al Ministerio Público Fiscal.

Fdo. Dra. María Fernanda Aré Wayar

Jueza.

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