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#Fallos Notificaciones electrónicas: Es válido remitir una cédula de notificación electrónica un día inhábil, y el receptor tiene la carga de ingresar al sistema en la pestaña de ‘mis cédulas recibidas’, además de que se pueda ver -o no- en ‘mis novedades

Partes: Piva Julián Ignacio c/ Telecom Argentina S.A. s/ Amparo

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 10-feb-2022

Cita: MJ-JU-M-136577-AR | MJJ136577 | MJJ136577

Es válido remitir una cédula de notificación electrónica un día inhábil, y el receptor tiene la carga de ingresar al sistema en la pestaña de ‘mis cédulas recibidas’, además de que se pueda ver -o no- en ‘mis novedades’.

Sumario:

1.-Siendo que es factible remitir notificaciones en cualquier día y hora, el destinatario no se encuentra eximido de consultar la pestaña ‘Mis eCédulas recibidas’; no basta con consultar la pestaña ‘Mis novedades’, desde que claramente el rango de fechas de la información que allí se impacta es acotado.

2.-No se vislumbra la existencia de mala fe del actor, al remitir la Cédula de notificación el día 4 de enero, ya que el sistema lo permite, los trescientos sesenta y cinco días del año, y ello es positivo, pues permite acelerar la tramitación de los procesos; además de que no es desconocido por los profesionales, quienes no sólo pueden remitir cédulas de notificación, sino también presentar escritos también en cualquier día y hora, sin perjuicio del momento en que dichos actos comienzan a surtir ciertos efectos.

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3.-Si bien existen principios procesales de raigambre constitucional, no puede dejar de repararse en el carácter instrumental del proceso, que debe ser entendido como un gran acto de comunicación.

4.-El Letrado de la demandada, si bien no podía ser anoticiado a través de ‘Mis novedades’ de la cédula, si consultaba en el primer día hábil posterior a la Feria Judicial de Enero de 2021, podía hacerlo consultando el Sector ‘Mis eCédulas recibidas’.

5.-Si bien el servicio de ‘Novedades’ no constituye un acto de mera cortesía en favor del usuario, no releva al usuario de indagar si ha recibido cédulas de notificación con anterioridad a los últimos cinco días corridos que se impactan en él.

6.-La ausencia de un sistema procesal que sea acorde a la nueva realidad que nos toca transitar, y que esté dotado de las flexibilidades necesarias para adaptarse al cambio constante en materia tecnológica, ha provocado la necesidad de efectuar adaptaciones inmediatas mediantes los Acuerdos del TSJ.

7.-Los Acuerdos del TSJ no colisionan con el CPCC de Córdoba, sino que solamente lo adaptan a un mecanismo no previsto, y mucho más eficiente, ampliando -incluso- el rango temporal en orden a los plazos que comienzan a correr luego del diligenciamiento de la cédula.

8.-El cambio social que han producido las tecnologías de la comunicación y la información es de una magnitud tal que resulta imposible comprenderlo totalmente aún, cuando no tomar razón de las constantes modificaciones que se van produciendo; la pandemia ha potenciado este efecto, ya que incontables aspectos de nuestra vida cotidiana se han visto alterados, y para siempre, por el empleo de la tecnología en los actos comunicacionales.

Fallo:

CÓRDOBA, 10/02/2022.

Y VISTOS:

1.- Estos autos caratulados: «PIVA, JULIÁN IGNACIO C/ TELECOM ARGENTINA S.A. – AMPARO», Expte. Nº 6611110, venidos a esta Sede con motivo del recurso de apelación subsidiario interpuesto por la parte actora en contra del Auto Nº 110 del 12/04/2021, en razón del recurso de reposición con apelación en subsidio interpuesto por el impugnante en contra del decreto del 12/02/2021, ambos dictados por la Sra. Jueza de 1ª Instancia y 10ª Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad.

En el decreto del 12/02/2021 se resolvió: «Córdoba, 12/02/2021. A lo solicitado, atento que el despacho de la notificación que menciona ha sido diligenciado un día inhábil, a mérito de lo dispuesto por el art. 45, art. 142 del CPC y Acordada N° 1103 Serie A del 27/06/2012, previamente acredítese notificación en forma y se proveerá».

En el Auto Nº 110, se resolvió: «1º)Rechazar el recurso de reposición articulado por el Dr. Julián Piva y mantener el proveído atacado confirmando lo ordenado en dicha pieza.

Conceder la apelación deducida en subsidio por ante la Excma. Cámara Civil y Comercial de Cuarta Nominación interviniente, donde deberán comparecer las partes a proseguirlo, bajo apercibimiento. 2º) Imponer las costas por el orden causado. No regular honorarios a los letrados intervinientes (art. 26, contrario sensu, ley 9459). Protocolícese, hágase saber y dese copia». Texto Firmado digitalmente por: CASTAGNO Silvana Alejandra, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, Fecha: 2021.04.12.

2.- Llegados los autos a este Tribunal, con fecha 18/08/2021 el apelante expresó agravios, los que fueron contestados por la parte demandada con fecha 09/09/2021, quien solicitó el rechazo del recurso interpuesto.

Con fecha 14/09/2021 evacuó el traslado corrido la Sra.Fiscal de las Cámaras Civiles, Comerciales y Laborales de esta Ciudad, quien manifestó que por tratarse de una cuestión netamente procesal -que no debe resolverse por las normas de naturaleza ambiental señaladas- resulta materia ajena a la órbita formal de competencia de esta Fiscalía y, por lo tanto, no corresponde emitir dictamen.

3.-Con posterioridad este Tribunal dicta el siguiente decreto: «CORDOBA, 2/11/2021. En razón de la situación jurídica planteada en autos, y como Medida para Mejor Proveer (art.

325 del CPCC), líbrese oficio al Tribunal Superior de Justicia a fin de que informe, por la dependencia a su cargo que corresponda, y de manera descriptiva, el funcionamiento del apartado «Novedades» del sistema de Extranet del SAC, mediante el cual se anoticia a los usuarios de tales circunstancias, indicándose: 1) Las características de dicha herramienta informática; 2) El tiempo por el que permanece vigente y visible dicho aviso de «Novedades», indicándose cuál es la información que se comunica a los destinatarios y, de ser posible, se adjunte el gráfico que tales destinatarios pueden ver; 3) Específicamente se informe, para el caso en que producidos una notificación u otro acto (que impacta en la herramienta «Novedades») otorgados en día inhábil, en qué momento en que dicho acto es reflejado en la herramienta, esto es, si la funcionalidad indicada se activa de manera inmediata (aun cuando el día sea inhábil), o bien en el día hábil inmediato posterior al acto. Notifíquese de oficio y cúmplase»; haciéndose lugar a la ampliación de la medida ordenada, a petición de la parte actora, mediante el decreto del 04/11/2021.

Con fecha 16/12/2021 se dispone la agregación de la respuesta a la suplicatoria de parte del Área de Modernización, Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica del Poder Judicial de Córdoba, la que se adjuntó digitalmente.

Ambas partes, con fecha 28/12/2021 evacuaron el traslado corrido en los términos del art.325 del CPCC.

4.- Cumplimentados los demás trámites de ley, queda la cuestión en estado de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO:

I.- LO SUCEDIDO EN LA CAUSA. LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y SU

CONTESTACIÓN. LO ACTUADO EN ESTA SEDE.

1.- Con fecha 30/12/2020 se dicta la sentencia Nº 219, en la que se resolvió:

«I) Hacer lugar a la acción de amparo promovida por el Sr. Julián Ignacio Piva en contra de Telecom Argentina SA, y en consecuencia, ordenar a la demandada que proceda -en el plazo de noventa días- a desmantelar las instalaciones correspondientes al soporte de antena ubicadas en calle Pastor Taboada N° 107/115 de Barrio Las Flores de esta Ciudad, y arbitre las medidas de acción necesarias para restablecer el medio ambiente alterado en la zona referenciada, lo cual deberá ser acreditado en autos, bajo apercibimiento de la aplicación de astreintes para el caso de incumplimiento (arg. art. 804 del Cód. Civ. y Com.).-.- II) Exhortar a la demandada para que -en el caso de que provea a la relocalización de dicha estructura con autorización de la autoridad nacional de aplicación- tal accionar tenga lugar luego de dar efectivo cumplimiento a la normativa vigente (provincial y municipal) para este tipo de emplazamiento, a los fines de evitar la reiteración de la conducta disvaliosa que fue objeto del presente pronunciamiento.- II) Imponer las costas a la parte demandada vencida (art. 130 del CPC). Regular los honorarios de los Dres. Gabriel O. Baudino y Julián I. Piva, en conjunto y proporción de ley, en la suma de suma de pesos equivalentes a sesenta jus, esto es: cien mil setecientos sesenta y uno ($ 100.761). No regular honorarios al Dr. Carlos Luis Mancini atento lo dispuesto por el art. 26, contrario sensu, ley 9459.- Protocolícese, hágase saber y dese copia».

Texto Firmado digitalmente por: CASTAGNO Silvana Alejandra, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, Fecha: 2020.12.30.

2.- Con fecha 04/01/2021 el Dr. PIVA notifica (mediante ECédula) dicha resolución, a los Dres.BAUDINO y MANCINI (este último, apoderado de la demandada).

3.- Con fecha 11/02/2021 el Dr. PIVA solicita se expida una copia de dicha sentencia, a los fines del art. 124 de la ley 9459.

4.- El Tribunal de 1ª Instancia provee en los siguientes términos: «CORDOBA, 12/02/2021. A lo solicitado, atento que el despacho de la notificación que menciona ha sido diligenciado un día inhábil, a mérito de lo dispuesto por el art 45, art 142 del CPC y Acordada 1103 Seroe A deñ 27/06/2012, previamente acredítese notificación en forma y se proveerá».

5.- Es en contra de este decreto que la parte actora promueve recurso de reposición con apelación en subsidio, con fecha 22/02/2021.

Impreso el trámite de ley (decreto del 25/02/2021), la parte demandada evacua el traslado corrido con fecha 05/03/2021.

Cumplimentados los demás trámites de ley, se dicta el Auto Nº 110, el 12/04/2021.

6.-Remitida la causa a este Tribunal, la parte actora apelante expresa agravios con fecha 18/08/2021.

Aduce, como primer agravio: «Incorrecta interpretación del régimen de «notificaciones electrónicas» – Su notoria desviación del marco legal – Contradicción entre los actos anteriores y la actuación procesal posterior contrariando la doctrina de los «Actos Propios».

Indica que el acto que se ataca adolece de graves yerros en su fundamentación, habiendo incurrido la a quo en una interpretación errónea del régimen legal de notificaciones electrónicas que se aparta notoriamente del régimen legal.

Asimismo, la errónea aplicación de la ley que ha efectuado en el acto que se ataca, incluso contradice sus propios actos realizados en este proceso.

En efecto, y conforme lo prescribe el art. 4º del Acuerdo Reglamentario TSJ «A» 1103/12, «Las notificaciones mediante cédulas digitales dirigidas al domicilio electrónico constituido quedarán realizadas y perfeccionadas cuando, luego de ser confeccionado el texto del proveído o resolución y cumplimentados los requisitos del art.146 del CPCC, se encuentren en condiciones de ser visualizadas y accedidas por el destinatario, mediante el uso del Sistema de Administración de Causas del respectivo Fuero, y queden disponibles para aquéllos en el servicio Extranet (Mis eCédulas), del sitio oficial del Poder Judicial de Córdoba en Internet, luego de vencido el aviso de término de tres días descripto en el Considerando VIII. B.b) y aún cuando el destinatario no haya accedido para tomar conocimiento de la providencia o resolución, en los plazos indicados. Las cédulas emitidas por este medio se considerarán suscriptas por el funcionario que firmó el proveído o resolución que se notifica».

En este sentido y conforme la manda legal prevista, la comunicación mediante cédula electrónica en general queda disponible en el servicio Extranet (Barandilla Virtual – Mis eCédulas Recibidas), del sitio oficial del Poder Judicial de Córdoba en Internet, resultando una carga en cabeza de los letrados consultarlo periódicamente, siendo responsabilidad de los mismos el no haber accedido para tomar conocimiento de la notificación de la providencia o resolución.

El letrado de la parte demandada aduce que no tenía obligación de consultar su SAC por encontrarse de «feria», argumento que ha sido acogido por la sentenciante. Siguiendo con esta paralelismo, el letrado de la demandada tampoco se hubiera anoticiado eventualmente de una habilitación de feria, puesto que siguiendo con su razonamiento, no habría tenido la «carga» de revisar su barandilla virtual por encontrarse de feria.

Es cierto que en el campo «Mis Novedades» del servicio de extranet se mantiene la visualización por cinco días corridos. De tal modo, las notificaciones concretadas, por ejemplo, el 30 de diciembre de 2020 (hábil) fuera del horario de oficina, que los letrados no vieron en ese día, es que tampoco figuran en «Mis Novedades» al momento de la reanudación de la actividad tribunalicia.Ello evidencia que la ubicación tanto de novedades en punto a actos procesales que se van concretando, cuanto respecto de notificaciones que se reciben, no libera a los profesionales de la carga de consulta del SACM, desde que la imposición de la novedad equivale a un mensaje de cortesía que en modo alguno sustituye la notificación que se encuentra en » Mis eCédulasRecibidas» sin tal límite temporal.

En el parangón que formula el letrado de la demandada, «Mis eCédulasRecibidas» equivalen al papel que debió ver al reintegrarse a la actividad, precisamente porque es de público conocimiento que al estar las novedades sólo por cinco días corridos, existe siempre el riesgo de que haya alguna notificación, o algún decreto que quede notificado conforme lo dispone el art. 153, CPCC, lo que determina que no es ese aviso de cortesía lo que determina la vigencia de los plazos, sino la existencia de la actuación a la que los letrados pueden -y deben- acceder (Cám. 7ª Civ. Com. Cba., «Banco de la Provincia de Córdoba S.A. c/ Gaz S.A. – Ordinario – Consignación», Expte. 5781418, Auto Nº 32, 09/03/2021).

En concreto, el servicio de novedades brindado durante cinco días de la cédula, no sustituye «la barandilla virtual» en donde se encuentran disponibles las notificaciones. El letrado, aun cuando no las vea en esa bandeja de novedades tiene la carga de revisar en el servicio extranet (Mis eCédulasRecibidas), del sitio oficial del Poder Judicial de Córdoba debiendo necesariamente consultar que cédulas están cargadas.

Adviértase, que incluso el letrado puede acotar el rango de fechas, pudiendo consultar las cédulas recepcionadas durante un periodo de tiempo que el establece, conforme la opción que el sistema le permite.En el caso en concreto, nada le impidió al letrado de la parte demandada haber podido consultar aquellas cedulas recepcionadas desde el 30/12/2020 y hasta el 11/02/2021, siendo esta una opción más que el sistema le permitía.

De igual manera, la a quo aduce que el sistema de notificación mediante cédulas electrónicas requiere «.de la implementación de un sistema que requiere de cierta adaptación y gradualidad.» y sigue en su tesitura aduciendo que «.el accionar de la parte actora ha colocado a la demandada en una situación de desventaja respecto de las posibilidades con las que sí hubiera contado de practicarse la notificación en el lapso de actividad judicial, lo cual justifica la decisión de requerir una nueva notificación» y culmina afirmando que: «A la par de reconocer las invaluables ventajas que conlleva la tecnología, también es necesario mantener plena conciencia de ciertas aristas que implican la posibilidad de que se presenten situaciones de desconocimiento y falta de manejo pertinente, descuidos o inadvertencias que es más difícil que ocurran al contar con un medio o material físico y aprehensible como el papel.Por ello se predisponen mecanismos para paliar esas vicisitudes y acompañar a los operadores para que comprendan, manejen e internalicen el nuevo sistema y asimilen un nuevo modelo de proceso».

No deja de llamar la atención el razonamiento de la judicante, puesto que la notificación electrónica del acto sentencial, no ha sido el único acto procesal cuya notificación se practicó mediante cédula electrónica en este proceso, no siendo una novedad para los letrados intervinientes en esta causa.

Advierta V.E., que los decretos dictados en fecha 09/12/2020, 17/11/2020, 03/11/2020, 01/10/2020 y 22/02/2019 fueron notificados también mediante cédulas electrónicas, lo que denota que la cédula en cuestión mediante la cual se notificó el acto sentencial, mal pudo ser una «novedad» para el letrado de la demandada, el cual ya había recibido notificaciones electrónicas.

El acto sentencial de la judicante, incluso resulta contrario a su propio comportamiento, puesto que la cédula electrónica mediante la cual se notificó el acto sentencial, no ha sido la única que ha sido practicada en horario inhábil.

En efecto, el decreto dictado en fecha 01/10/2020 el cual dice «CÓRDOBA, 01/10/2020.

Atento a lo solicitado por la Sra. Fiscal interviniente y a los fines normados por el art. 58 del CPCC, fíjese día y hora de audiencia para el próximo día 21/10/2020 a las 12:00 hs.

Oportunidad en que deberán comparecer las partes en forma personal conjuntamente con sus letrados y la Sra. fiscal solicitante María Angélica Jure. Notifìquese», nos fue notificado mediante cédula electrónica por la funcionaria María Alejandra Zucchi bajo el usuario ZUCCHI210 el día 02/10/2020 a las 15:21 hs.Obsérvese que el día en que se practicó la notificación era viernes ya habiendo concluido la jornada laboral tribunalicia.

Es decir, con el mismo criterio que ha aplicado la a quo, la notificación en cuestión de este decreto debió haber sido declarada inválida, circunstancia que no ha acontecido.

Esta conducta expuesta por la judicante entre el acto procesal precedente -notificación practicada por una funcionaria del tribunal en horario inhábil- y el acto que se ataca -donde se declaró la invalidez de una notificación practicada en horario inhábil- determina una imposibilidad de adoptar con carácter posterior una conducta que lo contradiga.

La confianza implícita en la doctrina de los actos propios permitía generar en esta parte, la creencia de que el acto procesal que se practicó resultaba valido.

De igual manera, dice, debe advertirse, que incluso se practicó la notificación electrónica de una resolución dictada previamente al inicio de la pandemia de Covid19.

En efecto, el decreto de fecha 22/02/2019, también fue notificado a las partes mediante cédula electrónica por la funcionaria María Alejandra Sánchez Alfaro, ello bajo el usuario SANCHEZ1234.

Toda esta serie de cuestiones, denotan a las claras, que la notificación electrónica de la Sentencia Nº 219 dictada en autos, la cual se practicó en fecha 04/01/21, lo ha sido en un total ajuste al marco normativo, habiéndose la judicante apartado notoriamente del régimen legal con el dictado del acto que le agravia, ello sin perjuicio de la incoherencia expuesta en los propios actos precedentes realizados en este proceso por la misma en contraste con el dictado del Auto Nº 110.

Es por lo expuesto, que solicita se revoque por contrario imperio el Auto Nº 110 de fecha 12/04/2021 y se tenga por válida la cédula electrónica cursada en fecha 04/01/2021 mediante la cual se notificó la Sentencia Nº 219 dictada en fecha 30/12/2020.

Como segundo agravio, denuncia «Inexistencia de gravamen – La falta de diligencia en el letrado de la demandada».Indica que resulta necesario destacar que la implementación del sistema de cédulas electrónicas tiene por objetivo primordial que las partes puedan tomar conocimiento de las resoluciones que le son notificadas lo más rápido posible, siendo su objetivo -entre otros- contribuir a la inmediatez.

Es por ello que el plazo de este tipo de notificaciones que son cursadas y recepcionadas en la casilla de extranet de cada uno de los letrados y/o auxiliares, comenzará a correr una vez vencido el «aviso de término» de tres (3) días hábiles, que comienza a correr desde las 00:00 hs. del día hábil siguiente a la fecha de la eCédula y hasta las 24:00 hs. del último de los tres días.

De las constancias de autos surge, que el letrado de la demandada ha contado con la posibilidad de anoticiarse de la eCédula cursada desde el día de su recepción, es decir el 01/04/2021 y hasta el día 11/02/2021 -antes de las 10 hs.-, por lo que ha contado con más de un mes calendario para conocer -si es que no lo había hecho entonces- que le había sido notificada la sentencia dictada en autos, pues cabe destacar que los primeros tres días hábiles posteriores al receso judicial correspondiente al mes de enero sólo empezaron a correr con el aviso de término de la cédula en cuestión.Difícilmente hubiera contado con tanto tiempo de tratarse de una resolución notificada por cédula papel, con lo cual mal puede habérsele violentado derecho de defensa alguno, determinando ello que no existiría detrimento alguno.

La nulidad por la nulidad en si misma carece de todo sentido si no hay agravio que la acompañe.

De igual manera, el letrado si hubiese efectuado un uso adecuado y diligente del SAC, se hubiese anoticiado de la cédula en cuestión, tal como hacen todos los letrados que obran de manera diligente.

En efecto, la comunicación mediante cédula electrónica en cuestión quedó disponible en el servicio Extranet (Barandilla Virtual – Mis eCédulas Recibidas), del sitio oficial del Poder Judicial de Córdoba en Internet, y resultaba una carga del letrado consultarlo periódicamente, siendo responsabilidad del mismo el no haber accedido para tomar conocimiento de la notificación de la providencia o resolución.

En concreto, el servicio de novedades brindado durante cinco días de la cédula, no sustituye «la barandilla virtual» en donde se encuentran disponibles las notificaciones. El letrado, aun cuando no las vea en esa bandeja de novedades, tenía la carga de revisar en el servicio extranet (Mis eCédulasRecibidas), del sitio oficial del Poder Judicial de Córdoba debiendo necesariamente consultar que cédulas estaban cargadas.

Adviértase, que incluso el letrado pudo acotar el rango de fechas, pudiendo consultar las cédulas recepcionadas durante ese periodo de tiempo. Nada le impidió al letrado de la parte actora hacer dicha consulta, lo que de haber sido diligente, hubiera podido advertir la cédula en cuestión.

Asimismo, si el requerimiento de que las eCédulas deban ser despachadas un día hábil fuera una formalidad ad solemnitatem como parecería aseverar el Tribunal, ¿no debería dicha exigencia encontrarse presente en el marco regulatorio de dichas notificaciones? ¿No debería el mismo sistema impedir que el suscribiente pueda despachar una cédula electrónica un día inhábil?La afirmativa resulta la única respuesta lógica a tales interrogantes.

Lo real y cierto, es que el letrado de la demandada no ha sido un litigante diligente. Contó con más de un mes calendario donde pudo consultar el SAC, en sus diferentes opciones que este brinda, y poder advertir la cédula en cuestión.

Ha sido su propia impericia, la que determinó que no advirtiera la cedula, no pudiendo ni debiendo esta parte acarrear con su manifiesta falta de diligencia.

Es por lo expuesto, que solicita se revoque por contrario imperio el Auto Nº 110 de fecha 12/04/2021 y se tenga por válida la cédula electrónica cursada en fecha 30/12/2020 mediante la cual se notificó la Sentencia Nº 219 dictada en fecha 30/12/2020.

Formula reserva del Caso Federal.

7.- La parte demandada contesta la expresión de agravios en los siguientes términos.

Con cita de doctrina, afirma que es cierto que la apelación en trámite fue deducida en subsidio del recurso de reposición (artículo 363, primer párrafo, CPCC), y, por lo tanto, lo que se impugna es el proveído que a juicio del recurrente le causa agravio, pero no es menos cierto que como la reposición fue resuelta en contra de la pretensión del recurrente, lo que debe ser atacado es, precisamente, la resolución que dispuso rechazar la revocatoria articulada.Cita doctrina y jurisprudencia en su apoyo.

Manifiesta que efectúa estas consideraciones porque el escrito de expresión de agravios de la apelante, no hace foco, no toma realmente como blanco, la resolución que rechazó la reposición, ni efectúa una crítica razonada, concreta y suficiente de los fundamentos de lo resuelto, sino que reitera los argumentos introducidos al deducir la reposición, sin mucho más.

En efecto, en el llamado primer agravio, anunciado, como incorrecta interpretación del régimen de «notificaciones electrónicas», atribuye a la decisión cuestionada, incurrir en notoria desviación del marco legal, y contradicción entre los actos anteriores (de la jueza a quo) y la actuación procesal posterior contrariando la doctrina de los «Actos Propios».

Tanto el pomposo título como el contenido de la expresión de agravios, no son otra cosa que una reiteración de los argumentos esgrimidos al introducir la revocatoria y no una crítica a los fundamentos de lo resuelto.

A tal punto ello es así, que cita lo que prescribe el art. 4º del Acuerdo Reglamentario A- 1103/12 del mismo modo que lo hizo al deducir la reposición, lo que le permite concluir en que «la comunicación mediante cédula electrónica en general queda disponible en el servicio de Extranet (Barandilla Virtual – Mis eCédulas Recibidas), del sitio oficial del Poder Judicial de Córdoba en Internet, resultando una carga en cabeza de los letrados consultarlo periódicamente», siendo responsabilidad del letrado no haber accedido para tomar conocimiento de la notificación de la providencia o resolución.

El recurrente no computa que la a quo tuvo en cuenta una amplia fundamentación para decidir como hizo. Luego de transcribir lo resuelto en 21 puntos, afirma que la apelante no ha efectuado una crítica concreta y razonada de cada uno de los argumentos del decisorio recurrido.Es decir que como anuncia en el título que ha mediado una incorrecta interpretación del régimen de notificaciones electrónicas y que ha mediado una desviación del marco legal, su cometido crítico o la actividad de refutación de la apelación que le exige como carga la fundamentación de la misma, debió demostrar que el decisorio no supera un test de racionalidad, esto es, que la solución normativa propuesta no es lógicamente compatible con las normas del sistema. En otras palabras que es una decisión apartada del marco normativo (cabe recordar que se fustiga la decisión con una imputación dogmática de «desviación del marco legal») y por tanto inconsistente con las normas del sistema.

El libelo recursivo no efectúa un examen encaminado a efectuar esta demostración. Por el contrario, se apalanca en un dispositivo en particular, en la manda legal (sic) que dispone que como la comunicación electrónica queda disponible en el servicio de Extranet (Barandilla Virtual – Mis eCédulas Recibidas), del sitio oficial del Poder Judicial de Córdoba en Internet, constituye una carga en cabeza de los letrados consultarlo periódicamente para tomar para tomar conocimiento de la providencia o resolución; y el no hacerlo, tiene como resultado que se lo tenga por notificado aunque no haya accedido para tomar conocimiento de la providencia o resolución.

Pues bien, la iudex a quo partió de la base de que el recurso de reposición deducido en contra de la providencia que ordena que se practique una nueva notificación de la sentencia a la parte demandada atento que la notificación electrónica fue efectuada en un día inhábil. Que tuvo lugar, los primeros días del receso judicial correspondiente a la feria de enero de 2021 y que la notificación electrónica es otro mecanismo de notificación regulado a partir del AR Serie «A» Nº 1103/12 puede incluirse en el art.143, inciso 1 del CPCC y de que no cabe duda que los días de feria judicial son «inhábiles» y que los plazos se interrumpen durante su vigencia y que lo que debe ser desentrañado es si corresponde estar a la actuación realizada durante el receso, o bien requerir, una nueva notificación que permita al receptor gozar de la plenitud de los medios previstos para asegurar el conocimiento de la existencia de la notificación.

Teniendo en cuenta que el sistema de notificaciones establecido por el CPCC no ha sido derogado, se impone una interpretación integradora de ambos sistemas, sin olvidar la valoración de la trascendencia de los actos, lo que la ha llevado a considerar inválida el intento de notificación de marras y, consecuentemente, ordenar una nueva.

La expresión de agravios del apelante, al no hacerse cargo de los argumentos del fallo, de todos, sin refutar ninguno, resulta anodino y por tanto, no constituye fundamentación suficiente de la apelación.

No abona la postura del quejoso que refiera que el presentante, letrado de la demandada, aduzca que no tenía obligación de consultar el SAC en la feria judicial, argumento que acepta fue acogido por la sentenciante, porque «siguiendo con este paralalelismo» tampoco -dice- se había anoticiado de una habilitación de feria puesto que, según el razonamiento del presentante, no habría tenido eventualmente la «carga» de revisar su barandilla virtual.

En efecto, los abogados no tienen la carga de entrar al SAC durante la feria judicial.Si se habilitara la feria en un expediente en trámite en el que tuviera intervención y fuera menester notificar a la contraria (la mayoría de las actuaciones en la feria judicial son in-audita parte), la notificación se efectúa en el domicilio real o a riesgo de la parte que lo solicita.

Pero no es el caso porque el argumento del recurrente es que la notificación producida en día inhábil por la feria judicial, queda perfeccionada porque queda disponible para los letrados en el servicio extranet.

Insiste con el argumento sin hacerse cargo, y por tanto refutar, los fundamentos desarrollados en el decisorio partiendo de la base de que como el sistema de notificaciones electrónicas no se inhabilitó durante la feria judicial, correspondía examinar su validez. Como lo ha rememorado en el acápite anterior, la juzgadora, pone en evidencia, que en el presente caso, el actor apelante pretendió notificar el 04/01/2021, al comienzo de la feria judicial, por vía electrónica, y que esta posibilidad «como el ejercicio de cualquier derecho o prerrogativa debe ser realizado en un ámbito de regularidad y conforme las previsiones que determine el Tribunal (art. 1º – AR 1103), lo que implica que deban integrarse las normas establecidas por el código adjetivo (v.gr. arts. 42, 44, 45, 145 del CPCC) y las nuevas prescripciones emanadas en pos de la implementación de las modernas tecnologías a la práctica judicial» (cfr. fs. 4v de la resolución recurrida, renglones 1/5).

Es de destacar que las normas citadas del CPCC establecen que los actos procesales se practicarán en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad, a menos que fuesen especialmente autorizadas por el tribunal (art.42, CPCC), En el artículo 44, se establece que los jueces pueden habilitar los días y horas inhábiles, sin recurso alguno, cuando hubiere riesgo de quedar ilusoria una providencia judicial o de frustrarse por la demora, alguna diligencia importante para acreditar o asegurar el derecho de los litigantes o cuando el asunto fuera urgente, es decir, cuando la demora pudiera tornarlas ineficaces y perjudicar a la parte o existiera imposibilidad material de practicar la medida en otro tiempo.

El apelante no expresó ni en esta instancia ni al deducir la reposición, cuáles serían los motivos para pretender notificar durante la feria judicial, ni siquiera explicó cuál sería la utilidad de hacerlo en esa oportunidad y no el primer día luego del receso judicial.

Cabe anotar que el primer artículo del capítulo referido a las notificaciones en el CPCC, establece que las providencias o resoluciones judiciales no obligan si no son notificadas con arreglo a la ley.

Es decir, el recurrente no hace blanco en el decisorio que analiza la cuestión desde una perspectiva integradora, considerando que no es válida la notificación hecha un día inhábil en la feria judicial, no solo por las normas del CPCC que cita sino porque la providencia que dispuso que se debía practicar una nueva notificación se basa en la necesidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos del litigante que fue notificado recién comenzado el lapso de inactividad judicial por la feria judicial, no pudiendo soslayar esta circunstancia desde que ese accionar de la parte actora ha colocado a la demandada en una situación de desventaja respecto de las posibilidades con las que hubiera contado de practicarse la notificación en el lapso de actividad judicial.

Ello justifica, la decisión de requerir una nueva notificación, máxime frente a la entidad del acto que se anoticia -nada menos que la resolución sobre el fondo del amparo- y la consecuencia que implica en cuanto a la pérdida de derechos de uno de los litigantes (v.gr., recurrir el resolutorio enuso del derecho a la doble instancia).

Considera relevante que el libramiento de la cédula electrónica no se ha producido en cualquier día inhábil del período de actividad judicial sino en un día inhábil durante el receso anual de enero y que la primera feria que transcurre luego de implementarse la posibilidad del letrado mediante eCédula y sin intervención de la autoridad pública.

Los extremos apuntados hacen que la valoración del caso deba realizarse en función del deber de colaboración especial de todos los operadores para evitar acciones que comprometan el efectivo ejercicio de los derechos de las partes y procurar en todos los casos, salvaguardar el debido proceso.

El recurrente no refuta, ninguno de estos argumentos, ni siquiera el que es central y determinante, en el sentido de que para resolver la cuestión no se debe desconocer que el sistema de notificaciones establecido por el CPCC no ha sido derogado «por lo cual se impone una interpretación integradora de ambos sistemas, sin olvidar la valoración de la trascendencia de los actos».

En realidad, en la expresión de agravios, no se han introducido aserciones que controviertan, estrictamente refuten, como es carga del recurrente, los fundamentos de la decisión cuestionada y eso que la argumentación de la sentenciante incluye un reproche a su conducta procesal emplazado en el cuadrante de la buena fe y al incumplimiento del deber de colaboración por parte de quien se alza contra lo resuelto. Es más, frente a ese reproche, ni siquiera se intenta una explicación acerca de las razones por las que pretendió notificar la resolución sobre el fondo del amparo durante la feria judicial, o peor aún, al comienzo de la misma.

Tampoco introduce ninguna explicación sobre la situación de ventaja y allanamiento al derecho de defensa de la otra parte, implicados en la pretensión de llevar adelante el acto procesal de comunicación en un día inhábil e inhábil por la feria judicial de enero.El letrado actor que pretende aleccionarlo sobre la regulación de la notificación electrónica, nada dice acerca del fundamento para realizar un acto procesal de notificación sobre una resolución trascendente, durante el receso de la actividad judicial, sin tener en cuenta, lo que establecen los artículos 42, 43, 44, 142 y cc del CPCC que, como apunta la juzgadora proveyente, no han sido derogados, ni pueden serlo, ni fue ese el designio de los acuerdos reglamentarios del Tribunal Superior de Justicia.

Es más, frente a las consideraciones razonables que efectúa la resolución cuestionada sobre el alcance de las disposiciones reglamentarias sobre el sistema de notificación electrónica, expresa que le «llama la atención el razonamiento de la iudicante, puesto que la notificación electrónica del acto sentencial, no ha sido el único acto procesal cuya notificación se practicó mediante cédula electrónica en este proceso, no siendo una novedad para los letrados intervinientes en esa causa», y cita los decretos dictados en el expediente que fueron notificados mediante cédulas electrónicas lo que denota que la cédula mal pudo ser una «novedad» para el letrado de la demandada, el cual ya había recibido notificaciones electrónicas». Argumento que realmente me sorprende porque lo que la juzgadora sostiene es que el sistema de gestión electrónico de las causas, e inclusive, de notificación de los actos procesales, requiere de un proceso de adaptación y de gradualidad y no que el presentante padezca una especie de disminución de sus aptitudes para manejarse en el mundo virtual, ni que sólo tenga esta causa judicial en la que deba cursar las peripecias de la electrónica.

Es un argumento discriminatorio, probablemente fundado en su edad -setenta y ocho (78) años- pero no tiene en cuenta que desde hace más de diez años en jurisdicciones como Chubut y Tierra del Fuego y, en la justicia federal, interviene en muchas causas que tramitan por medios electrónicos, de modo tal que no se lo puede tomar como extraviado en el mundo digital.Desde ya que nunca ha recibido una notificación electrónica en una feria judicial.

En suma, el recurrente no se hace cargo de los argumentos de la sentenciante para refutarlos, siendo que, se ha fundado en criterios o principios generales pero referidos al caso concreto, criterios que racionalmente explicados resultan válidos para resolver conflictos sustancialmente idénticos, extremo que sin dudas, fortalece la consistencia de la resolución.

El recurrente que no ha dado ninguna explicación acerca de las razones por las que entendió que podía intentar notificar durante la feria judicial de enero, tampoco aborda una refutación sobre el argumento del decisorio que finca en las consecuencias de considerar válido ese acto procesal, negativas para el derecho del demandado. La jueza las analizó y ello constituye un elemento que justifica la decisión. De ella deriva que no puede dejar de computar el desmedro para el derecho de la parte del proceso por el acto por lo menos disfuncional incurrido por la contraria.

La falta de argumentos contra la decisión que surgen de la expresión de agravios es porque, la misma ha sido correcta, justificada en un criterio general de interpretación que conjuga las disposiciones del código adjetivo con la regulación del sistema de notificaciones electrónicas.

Los criterios generales establecidos por la jueza de 1ª Instancia, son adecuados para resolver este caso, sin agravio para ninguna de las partes y enderezado a aplicar correctamente el régimen normativo.

El recurrente menciona que la jueza ha vulnerado la confianza implícita en la doctrina de los actos propios «que permitía generar en esta parte, la creencia de que el acto procesal que se practicó resultaba válido» y alude al decreto dictado en fecha 01/10/2020 que fue notificado mediante cédula electrónica por la funcionaria María Alejandra Zuchi el día 02/10/2020 a las 15:21, observando «que el día que se practicó la notificación era viernes ya habiendo concluido la jornada laboral tribunalicia».

Pues bien, el argumento parte de una base errónea esa notificación fue practicada endía hábil (los viernes lo son y no fue feriado, no laborable ni feria) y en hora, también hábil (art. 43 del CPCC).

Es decir, el embate del recurrente no logra conmover lo resuelto y en modo alguno es procedente la petición que «se revoque por contrario imperio el Auto Nº 110 del 12/04/2021 y se tenga por válida la cédula electrónica cursada en fecha 04/01/2021 mediante la cual se notificó la sentencia Nº 219 dictada el 30/12/2020».

El escrito de expresión de agravios (punto II.b) se titula «inexistencia de gravamen» – La falta de diligencia en (sic) el letrado de la demandada.

Tampoco este capítulo de las quejas del recurrente constituye una crítica concreta y razonada a los fundamentos de lo resuelto, sino el simple desarrollo de un punto de vista que no tiene en cuenta que la resolución atacada se expide en sentido contrario con fundamento que ha transcripto, y que era su carga (como letrado diligente) si pretende que se revoque lo resuelto, demostrar que la decisión es errónea.

En este acápite señala que el sistema de cédulas electrónicas tiene por objetivo primordial que las partes puedan tomar conocimiento de las resoluciones que le son notificadas «lo más rápido posible», siendo su objetivo -entre otros- contribuir a la inmediatez (sic).

Es cierto que la implementación de la notificación electrónica reduce los tiempos, lo que es importante en aras de la celeridad, pero también lo es que se pretenden beneficios relacionados con la seguridad, la optimización en el uso de recursos y la disminución del impacto ambiental, relacionado con la disminución del uso del papel, extremos todos que computa el Acuerdo Reglamentario Nº 1103, en su fundamentos. La «inmediatez» probablemente se refiera a la posibilidad para los auxiliares y letrados de generar directamente del sistema las cédulas con los requisitos del art.146 del CPCC.

Pero estos beneficios de la notificación electrónica no importa otorgar una patente que los abogados manejemos la flexibilidad del sistema para realizar un acto tan importante como la notificación, sin observar las pautas fijadas por la ley procesal que, claramente, la reglamentación no puede alterar ni derogar, tal como la decisión recurrida, relaciona en la sentencia y que no debe volver a reiterar.

El embate del recurrente no es contra la decisión sino contra su persona, atribuyéndole falta de diligencia y de pericia, porque según su postura apodíctica contó con la posibilidad de anoticiarme de la eCédula desde el día de su recepción, el 04/01/2021, y hasta el día 11/02/2021, antes de las 10 hs., por lo que ha contado con más de un mes calendario para conocer que le había sido notificada la sentencia dictada en autos y que difícilmente hubiera contado con tanto tiempo si se hubiere tratado de una cédula de papel, con lo cual mal puede habérsele violentado el derecho de defensa, lo que determina -asevera- que no existe detrimento alguno y que «la nulidad por la nulidad en sí misma carece de todo sentido si no hay agravio que la acompañe».

Añade que «de igual manera, el letrado si hubiese efectuado un uso adecuado y diligente del SAC, se hubiese anoticiado de la cédula en cuestión, tal como hacemos todos los letrados que obramos de manera diligente».

En la resolución atacada se brinda una adecuada respuesta a este planteo, y es más, se enfatiza en que el actor pretendió notificar nada más y nada menos que la sentencia, en un día inhábil y no de cualquier día inhábil como un feriado o un fin de semana, sino de la feria judicial de enero, y para colmo a comienzos de la misma, con lo que obstaculizó el uso del SAC, dado que reanudada la actividad judicial, no aparecían en el sistema las alertas que ha introducido el propio sistema,en aras de favorecer o permitir gozar de la plenitud de los medios previstos para asegurar el conocimiento de la existencia de la notificación.

La argumentación del recurrente en este punto no es más que una reiteración de lo que invocara al deducir la reposición por lo que en este escrito, no refuta ni se hace cargo de la argumentación del deci sorio que señala que mediando el receso resultante de la feria judicial no tenía, en su condición de letrado, la carga u obligación de ingresar al SAC y fenecida la misma, reanudada la actividad judicial, por el accionar del actor en el juicio, estuvo en una posición de desventaja porque no aparecieron los avisos y alertas propios del sistema que no han sido puestas como misceláneas sino para formar parte del bagaje de recursos para imponerse de las notificaciones recibidas.

La resolución cuestionada explica y lo hace muy bien, que si se ingresa a «Mis eCédulas recibidas» aparece el listado histórico de las cédulas. Lo que hacen los letrados diligentes (entre los que se incluye), todos los días, es ingresar a las é-cedulas recibidas ese día. De lo contrario, se listan todas las cédulas históricas.En su caso como patrocina causas en toda la provincia, es la única forma de verificar las notificaciones producidas ese día.

El hecho es que lejos de haber incurrido en una negligencia o en una impericia, sufrió los efectos de una actuación no abastecida, como lo puntualiza la resolución, de un obrar enmarcado en la buena fe.

El letrado recurrente incurrió en un abuso aprovechando que el SAC no deshabilita la posibilidad de notificar durante la feria judicial, aunque ello, no le confiera validez a la notificación efectuada en esa oportunidad, como concluye el decisorio, ordenando que se practique una nueva.

Los interrogantes que formula al final son meramente retóricos y la respuesta está en el CPC y en una interpretación integradora como lo ha hecho la a quo y que el recurrente no ha refutado.

En realidad, los interrogantes que se formula han tenido cabal respuesta en la resolución recurrida y aun en el escrito de contestación de la reposición.

Formula reserva del Caso Federal.

8.- Del informe producido en razón de la Medida para Mejor Proveer ordenada por este Tribunal, surge lo siguiente:

«-La sección de novedades en SAC para auxiliares se muestran las novedades DE LOS ULTIMOS 5 DÍAS CORRIDOS, de los expedientes donde el usuario es parte, las ecédulas recibidas, los préstamos o las fianzas. En el caso de las e-cedulas, la novedad se refleja de manera inmediata una vez emitida.

-El sector de «MI BARANDILLA VIRTUAL» – «MIS E-CEDULAS», contiene TODAS las ecedulas que el usuario haya recibido. En este sector se pueden consultar con distintos filtros:

Nro.Expediente, Localidad, dependencia o por rango de fechas -Si la e-cedula fue emitida el día 04-01-21, a partir de ese mismo momento y sin fecha límite se encuentra en el sector de «MI BARANDILLA VIRTUAL» – «MIS E-CEDULAS RECIBIDAS»,

Se adjuntan varios «print de pantalla», graficando lo informado.

9.- Al evacuar el traslado corrido, la parte actora manifiesta que conforme surge del informe brindado por el Área de Modernización, Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica del Poder Judicial de Córdoba agregado mediante proveído de fecha 16/12/21 «Si la e-cedula fue emitida el día 04/01/21, a partir de ese mismo momento y sin fecha límite se encuentra en el sector de «MI BARANDILLA VIRTUAL» – «MIS E-CEDULAS RECIBIDAS» (el destacado le pertenece).

Es decir, lo informado por la entidad oficiada se corresponde con lo expuesto oportunamente por su parte en la expresión de agravios de fecha 18/08/21: el letrado de la demandada fue notificado de la Sentencia Nº 219 dictada en fecha 30/12/20 mediante cédula cursada en fecha 04/01/21 y pudo advertirla hasta el día 11/02/21, tarea que no ha llevado a cabo en virtud de su propia negligencia.

Advierte que el letrado de la parte demandada contó con treinta y siete -37- días corridos en el que pudo haber entrado a su SAC -como cualquier abogado diligente- y haber advertido de la existencia de la cédula en cuestión. No resulta una muletilla recordar que la nulidad por la nulidad en sí misma no prospera, si no existe perjuicio que la acompañe. Cabe preguntarnos en que otra circunstancia un letrado pudo contar con treinta y siete -37- días para anoticiarse de un acto sentencial, siendo la respuesta a dicha conjetura de tal obviedad que la exime de mayores comentarios.

De igual manera, circunstancia que no resulta menor, el letrado de la parte demandada en ningún momento ha manifestado que de haberse anoticiado «correctamente» del acto sentencial este hubiera apelado efectivamente dicho decisorio. Advierta V.E.que en todos los actos procesales de la parte demandada en ningún momento ha expresado que hubiera apelado la sentencia. Nuevamente se veo obligado a recordar que la nulidad por la nulidad en sí mismo no prospera, circunstancia que también ha sido soslayada por la a quo.

Lo real y cierto, es que si el letrado de la demandada hubiera revisado en su sistema SAC la sección de «MI BARANDILLA VIRTUAL» – «MIS E-CEDULAS RECIBIDAS» al reactivarse la actividad tribunalicia luego del receso de verano -es decir, desde el 01/02/2021 al 11/02/2021- el mismo habría advertido la existencia de la cédula, no obstante -insiste- no lo ha hecho por su falta de diligencia, la que bajo ningún concepto puede ser suplida por el Tribunal a quo sin violentar la paridad procesal que debe regir en toda contienda judicial ni afectar la garantía constitucional del debido proceso. Lamentablemente, el abogado litigante debe ser diligente, y el Dr. Carlos Mancini no lo ha sido, debiendo asumir las consecuencias de sus actos.

Asimismo, debe destacarse que conforme lo informado por el Área de Modernización, Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica del Poder Judicial de Córdoba el letrado mencionado pudo en el sector de «MI BARANDILLA VIRTUAL» – «MIS E-CEDULAS», consultar con distintos filtros: Nº Expediente, Localidad, dependencia o por rango de fechas.

Es decir, tuvo en todo momento a disposición las numerosas herramientas que brinda el sistema para acotar el marco de búsqueda de la cédula en cuestión, lo que no ha hecho por su falta de diligencia.

El Dr.Carlos Mancini al momento de evacuar los agravios expuestos por esta parte manifestó lo siguiente «Es más, frente a las consideraciones razonables que efectúa la resolución cuestionada sobre el alcance de las disposiciones reglamentarias sobre el sistema de notificación electrónica, expresa que le llama la atención el razonamiento de la iudicante, puesto que la notificación electrónica del acto sentencial, no ha sido el único acto procesal cuya notificación se practicó mediante cédula electrónica en este proceso, no siendo una novedad para los letrados intervinientes en esa causa», y cita los decretos dictados en el expediente que fueron notificados mediante cédulas electrónicas lo que denota que la cédula mal pudo ser una «novedad» para el letrado de la demandada, el cual ya había recibido notificaciones electrónicas. Argumento que realmente me sorprende porque lo que la juzgadora sostiene es que el sistema de gestión electrónico de las causas, e inclusive, de notificación de los actos procesales, requiere de un proceso de adaptación y de gradualidad y no que este letrado padezca una especie de disminución de sus aptitudes para manejarse en el mundo virtual, ni que sólo tenga esta causa judicial en la que deba cursar las peripecias de la electrónica».

Debo poner de resalto, que a esta parte le consta que el Dr. Carlos Mancini no padece «disminución» alguna de sus aptitudes ni es un profano «en el mundo virtual» -tal es así que es el letrado apoderado de la compañía líder en comunicaciones móviles e internet- y que esta parte en ningún momento ha pretendido dejar traslucir tamañas afirmaciones, ofreciendo -nobleza obliga- las disculpas correspondientes en caso de que así lo haya entendido.

Pero lo real y cierto, es que quién sí lo ha hecho ha sido la a quo al afirmar en el Auto Nº 110 de fecha 12/04/2021 que:»A la par de reconocer las invaluables ventajas que conlleva la tecnología, también es necesario mantener plena conciencia de ciertas aristas que implican la posibilidad de que se presenten situaciones de desconocimiento y falta de manejo pertinente, descuidos o inadvertencias que es más difícil que ocurran al contar con un medio o material físico y aprehensible como el papel. Por ello se predisponen mecanismos para paliar esas vicisitudes y acompañar a los operadores para que comprendan, manejen e internalicen el nuevo sistema y asimilen un nuevo modelo de proceso».

En tal sentido, resulta oportuno traer a colación otro pequeño esbozo de lo que el Dr. Mancini expuso al evacuar el traslado de los agravios expresados por esta parte. En dicha ocasión el mismo sostuvo: «.que desde hace más de diez años en jurisdicciones como Chubut y Tierra del Fuego y, en la justicia federal, intervengo en muchas causas que tramitan por medios electrónicos, de modo tal que no se me puede tomar como extraviado en el mundo digital». Es decir, es el mismo letrado quien admite que cuenta con vasta experiencia en la utilización del sistema de expedientes electrónicos, por lo que surge de manera prístina que la única razón por la que el mismo no se habría «anoticiado» de la Sentencia Nº 219 notificada mediante cédula electrónica de fecha 04/01/2021, ha sido su propio obrar negligente y no por los errados motivos expuestos por la a quo.

En tal sentido y a modo de corolario, resulta necesario reiterar que el servicio de novedades brindado durante cinco días de la cédula, no sustituye «la barandilla virtual» en donde se encuentran disponibles las notificaciones.El letrado, aun cuando no las «vea» en esa bandeja de novedades tiene la carga de revisar en el servicio extranet (Mis eCédulasRecibidas), del sitio oficial del Poder Judicial de Córdoba debiendo necesariamente consultar que cédulas están cargadas, como así también que lo que determina la vigencia de los plazos no es el aviso de cortesía, sino la existencia de la actuación a la que los letrados pueden -y deben- acceder (Cám. 7ª Civ. Com. Cba., «Banco de la Provincia de Córdoba S.A. c/ Gaz S.A. – Ordinario – Consignación», Expte. 578 1418, Auto Nº 32, 09/03/2021).

En definitiva, de manera ostensible, ha quedado debidamente acreditado que el acto sentencial motivo de expresión de agravios ha sido errado, en cuanto el letrado de la parte demandada mal pudo tener un agravio cuando contó con un plazo de -ni más ni menos- que de treinta y siete (37) días corridos para «anoticiarse» de la cédula que lo notificó de la sentencia, y en ninguna de sus presentaciones posteriores ha hecho alusión a que de haber advertido la cédula en cuestión habría apelado la sentencia, por lo que resulta indisimulable que no ha existido agravio alguno que permitiera a la a quo dictar el errado acto que motiva la actuación de esta alzada.

De igual manera, el Dr.Carlos Mancini tampoco es un profano en el uso de las notificaciones electrónicas, con lo que mal pudo necesitar de «mecanismos para paliar esas vicisitudes y acompañar a los operadores para que comprendan, manejen e internalicen el nuevo sistema y asimilen un nuevo modelo de proceso», tal como falazmente expuso la a quo.

En definitiva, V.E., deberá acoger el recurso de apelación incoado por esta parte con la debida imposición de costas.

10.- Por su parte, la demandada indica que contesta el traslado corrido en los términos del artículo 325, in fine del CPCC respecto del oficio diligenciado dirigido al Superior Tribunal de Justicia, respondido el 15/12/2021, informalmente por Claudia Esteban, sin otra indicación que la pertenencia a «Modernización – Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica».

No surge del tenor de la nota remitida a la Sra. Secretaria, el cargo ni la función desempeñada, ni por cierto, un indicio de su habilitación profesional.

El informe se ha producido en dichos términos, y si bien es cierto, se solicitó al Tribunal Superior que informara por la dependencia a su cargo que corresponda, no cabe duda que debió responderse «de manera descriptiva» sobre cada uno de los puntos solicitados, por el funcionario a cargo de esa dependencia y no por una persona que no da referencia sobre su competencia y ámbito de responsabilidad. La respuesta debió brindarse punto por punto.

No hay nada nuevo en ella. En efecto, V.E. solicitó que se informara sobre el funcionamiento del sistema «Novedades» del sistema Extranet del SAC, mediante el cual se anoticia a los usuarios de tales circunstancias.

La respuesta dice que «la sección novedades en SAC para auxiliares se muestran las novedades DE LOS ÚLTIMOS 5 DÍAS CORRIDOS, de los expedientes donde el usuario es parte, las cédulas recibidas, los préstamos o las fianzas. Quiere ello decir que el apartado de «Novedades» las é-cedulas aparecen en forma inmediata de ser emitidas.Si lo fue el 04/01/2021, el mismo día y por el lapso de cinco días corridos, al usuario se le muestran las cédulas. Ergo, como aparecen durante cinco días corridos, después del quinto día no se visualizan en este sector «Novedades».

Quiere decir, entonces, que una eCédula emitida durante la feria de enero, no estuvo en el sector novedades al terminar el receso, salvo que se haya emitido en alguno de los cinco días anteriores a la finalización de la feria. Por ejemplo, una eCédula emitida el 27 de enero, aparece en forma inmediata, el 27, 28, 29, 30 y 31, esto es, durante cinco (5) días corridos.

NO aparece una vez reanudada la actividad judicial, en este caso, desde el 1º de febrero.

Menos aún si fue emitida el 04/01/2021.

Respecto del sector «MI BARANDILLA VIRTUAL» – «MIS E-CÈDULAS» se afirma que este último («Mis eCédulas») contiene todas las eCédulas que el usuario haya recibido y se pueden consultar con distintos filtros. Nº de expediente, Localidad, dependencia o «por rango de fechas».

Es cierto que están todas las eCédulas recibidas. El tema es la consulta. El primer «filtro» implica que el usuario debe consultar sobre un expediente, con su número y parea enterarse de todas, hacerlo expediente por expediente en los que intervenga. Si consulta por «Localidad», por ejemplo, «Río Segundo», el sistema le trae todas las cédulas emitidas de alguna dependencia judicial de esa localidad. Lo mismo si pone «Córdoba», el sistema le muestra todas las eCédulas recibidas de todas las dependencias judiciales de la ciudad.

También se puede filtrar por «dependencia». Si el usuario selecciona un juzgado se le muestran y puede acceder a todas las eCédulas recibidas en expedientes radicados en ese juzgado.

Ahora bien.El informe dice que se puede filtrar también por «rango de fechas», lo que quiere decir, tal como resulta del casillero de fechas, poniendo «desde» tal fecha a tal otra.

Por ejemplo, si el usuario en el primer día después de la feria pone «desde 01/02/2021», le mostrará todas las eCédulas recibidas ese día y no las recibidas anteriormente durante la feria, de modo tal que para enterarse por el «rango de fechas», el abogado que retorna después del receso para enterarse de una eCédula recibida durante el receso de enero, debió requerir las eCédulas recibidas desde el 1º de enero y eso presupone que puede haber una notificación válida por eCédula recibida durante la feria.

El usuario, no tiene la carga de verificar si durante el receso le remitieron una eCédula, como no tiene la carga de requerir que le muestren todas las eCédulas recibidas desde una Localidad o dependencia. No es racional hacer ello. Abre el sistema todos los días para verificar las eCédulas recibidas ese día.

El usuario debe actuar según la ley. Lo dijo al contestar la reposición invocando el principio de legalidad de las formas procesales que determina, entre otros, el momento y oportunidad en que las actuaciones procesales deben cumplirse.

La notificación de una providencia o resolución judicial, es un acto procesal que debe cumplirse, bajo pena de nulidad, en días y horas hábiles (artículo 42, CPCC).

Según el mismo código (artículo 43) «Son días hábiles todos los del año, con excepción de los sábados, domingos y feriados, o los declarados inhábiles por leyes, decretos y resoluciones del Tribunal Superior de Justicia».

La ley orgánica del Poder Judicial Nº 8435 establece en los artículos 113 y 114, la denominada feria judicial.El receso de los Tribunales tendrá lugar desde el 1º al 31 de Enero de cada año, inclusive, y durante los ocho días hábiles que fije el Tribunal Superior de Justicia, en concordancia con el receso escolar de invierno.

Durante la feria los tribunales están en receso, es decir, suspenden sus actividades temporalmente. El artículo 113 dice que los tribunales «vacarán» durante el período de receso, lo que significa que se suspenden las actividades, salvo las que por razones de urgencia, habilite el cumplimiento de determinados actos procesales el Tribunal de feria.

Durante la feria judicial, entonces, la actividad de los tribunales y, consecuentemente, la tramitación de las causas se suspende. La única actividad que puede llevarse a cabo es la que habilita, no el tribunal de una causa, sino el Tribunal de feria designado por el Tribunal Superior de Justicia.

En consecuencia, durante el receso no puede tener lugar ninguna actuación eficaz en el proceso, por parte de sus órganos o de sus auxiliares.

Hay que tener en cuenta que el que notifica una providencia o resolución judicial, no es la parte, ni su letrado, sino el Tribunal y mal puede hacerlo si la tramitación de las causas está suspendida, como ocurre durante la feria judicial.El letrado está autorizado a suscribir la cédula y presentarla para su diligenciamiento (artículo 146 del CPCC, segundo párrafo), pero no es el que notifica sino que lo hace el Tribunal que adoptó la providencia, decreto o resolución.

La notificación es una actuación judicial, es un acto del proceso, y como tal, es más que obvio, que no puede tener lugar durante el receso del Tribunal.

En consecuencia, mediando la feria judicial, y por lo tanto, la inhabilidad de los días de la misma, así como no puede diligenciarse una cédula de notificación «en papel» por la oficina de notificadores de una resolución judicial, si no media habilitación, tampoco puede diligenciarse una notificación electrónica.

Claudia Esteban describe un sistema pero no se expide sobre la legalidad -porque ello compete al juez exclusivamente- de su utilización. También podría alguien describir el funcionamiento de la oficina de notificadores y cómo actúan en la feria y que durante la misma se pueden cursar notificaciones, indicando el procedimiento. Pero del hecho que exista un procedimiento para llevarlas a cabo, no se sigue que sea válida una notificación hecha en la feria sin que haya sido previamente habilitada por el Tribunal de feria.

La notificación electrónica no es una vía para eludir las expresas disposiciones del código de procedimientos.

La parte recurrente viene sosteniendo que como el sistema de administración de causas le permitió cargar la eCédula, las disposiciones legales que impiden cursarlas durante la feria, han quedado sin efecto, o no son aplicables, y por lo tanto, el medio empleado vendría a suplir lo que establece la ley, en orden a la exigencia de que las notificaciones se practiquen en días hábiles.

El principio de legalidad requiere que medie una norma que habilite un acto procesal durante la feria. La ley no lo autoriza sin resolución fundada del juez de feria. Tampoco el Acuerdo Reglamentario que instituyó las eCédulas.No podría hacerlo porque está contra la ley y el reglamento no puede modificarla. No existe una disposición que autorice a notificar durante la feria judicial sin obtener previamente su habilitación (extremo que surge de la ley).

El proceso está imbuido del principio de legalidad de las formas. En la estructura de un acto procesal se verifica la existencia de una forma y de un contenido. La forma del acto procesal es el modo como se exterioriza la declaración de voluntad en el proceso pero también es la oportunidad o momento en que el acto puede tener lugar.

En este caso, la notificación si bien no es legal se cursó. Sin embargo, no estuvo disponible, en día hábil, en la casilla de aviso de las cédulas electrónicas, esto es, a partir del primer día hábil, terminada la feria. Es de hacer notar que como la actividad judicial en nuestra provincia estuvo en receso durante la feria en enero, ni los jueces ni funcionarios de tribunales estaban obligados a ingresar al S.A.C., ni los letrados tenían la carga de hacerlo.

La notificación no se ha impuesto ni ha tenido lugar en día hábil y de ello se desprende su nulidad. No se puede convalidar de ninguna forma una actividad o actuación procesal, en un expediente judicial, realizada durante el receso sin habilitación del juez de feria.

La recurrente viene sosteniendo que si el requerimiento es que las eCédulas sean despachadas «un día hábil» como formalidad ad solemnitatem, dicha exigencia debería estar en el marco regulatorio de dichas notificaciones (por las notificaciones electrónicas), agregando, que en ese caso el mismo sistema debería impedir que «el suscribiente» pueda despachar una cédula electrónica un día inhábil.

La notificación, como ha explicado, es una actuación judicial y como tal debe practicarse en días y horas hábiles (artículo 42, CPCC), y no hay razón alguna para excluir a la notificación electrónica de ese régimen.En consecuencia, no es necesario que «el marco regulatorio» de dichas notificaciones, reitere o redunde, lo que el CPCC establece.

El hecho de que el sistema no impida despachar una cédula electrónica en un día inhábil no le otorga a la misma eficacia, si dicho despacho es contrario a la ley o causa un perjuicio al destinatario. Es lo mismo que cuando en el expediente se celebra una audiencia nula, v.g., por falta de notificación a una de las partes. El acto tuvo lugar pero es ineficaz.

El recurrente pidió la ampliación de la medida para mejor proveer. La solicitud tiende a evidenciar que en su condición de letrado de la demandada ha contado con la posibilidad de anoticiarse de la eCédula desde el día de su despacho el 04/01/2021.

Le impone una carga que no surge de la ley procesal. La eCédula al haberse cursado en un día inhábil por la feria judicial es nula y por lo tanto, no produce ningún efecto, y el propio tribunal interviniente así lo consideró.

Los letrados no tienen la carga de acceder al sistema durante la feria judicial. Al acceder al mismo culminada la feria, en el sector novedades tal como lo refiere el informe, no aparece ninguna novedad, relacionada con una notificación electrónica cargada el 04/01/21.

Con respecto, a la solapa «Mis cédulas recibidas», surge del informe que para filtrar por «rango de fechas», en el caso de una cédula emitida durante la feria, el usuario debe pedir expresamente las recibidas desde el comienzo de la misma, no es suficiente que lo haga desde que la actividad judicial se reanuda.

Existe otro argumento de peso. Desde el punto de vista material la irregularidad consistente en pretender notificar durante la feria en un expediente en el que no media habilitación alguna, impidió conocer la existencia de la comunicación.Si la notificación pretendió hacerse el 04/01/2021 y estuvo disponible durante un lapso de cinco (5) días en el SAC como cédulas electrónicas, no se concretó en esa fecha no sólo por su nulidad sino porque el presentante no accedió al sistema en el mes de feria -no tenía la carga de hacerlo-; y en los hechos, dice, estuvo en la imposibilidad de hacerlo como ha explicado -y demostrado- a raíz de su aislamiento por COVID.

Otro punto se refiere al «aviso de cortesía» y en esto se remite a lo que expresa la resolución apelada, no contradicha por el informe.

En ningún caso puede entenderse que la notificación existió y por tanto, aun siendo nula, que surtió sus efectos propios. Para que ello ocurra la eCédula debió anoticiarse de alguna manera, no depender de un acto del notificado, como ingresar a la casilla o solapa por Localidad o por expediente, o hacerlo por rango de fechas incluyendo las de las feria judicial. Los letrados no ingresan a la casilla todos los días expediente por expediente, ni tampoco solicitan los de toda la localidad, ni por dependencia. Eso no es racional. Piden sobre las eCédulas recibidas en el día.

Las notificaciones hechas por oficiales públicos, como los notificadores, son instrumentos públicos.No revisten ese carácter las eCédulas emitidas por los abogados dado que no son oficiales públicos y además sólo son válidas si son hechas conforme a la ley procesal (artículos 289 y cc., del Código Civil y Comercial).

Es bien claro que se pretende esgrimir una actuación judicial no autorizada por Tribunal competente, hecha en perjuicio de su parte, vulnerando normas de carácter imperativo como son las que regulan la feria judicial, por lo que corresponde que se rechace el recurso deducido y se declare nula (o inexistente) la actuación procesal que se esgrime.

Resolver lo contrario, importa vulnerar las reglas del contradictorio e igualdad de las partes en el proceso que integran el derecho a la defensa en juicio (art. 18, CN).

II.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL RECURSO IMPETRADO.

1.- Admisibilidad formal del recurso. Los hechos.

Si bien existe, en parte, una reiteración de argumentos en el escrito apelativo, confrontándolo con el del recurso de reposición, lo cierto es que el primero satisface los mínimos requisitos para ser considerado una expresión de agravios en sentido técnico, razón por la cual corresponde desestimar el pedido de deserción técnica efectuado por el apelado, e ingresar al tratamiento del recurso.

No hay dudas ni controversia respecto a la plataforma fáctica del caso. La discusión transita, exclusivamente, por carriles jurídicos.

2.- Un nuevo paradigma, esencial para encarar el caso de autos. a.- Es sumamente relevante no perder de vista el contexto fenomenológico del problema.

En concreto, una «notificación» es un acto de comunicación. Suele identificarse al vocablo (notificación) con el instrumento o documento en el que se transmite la información, pero la cuestión es mucho más compleja de lo que aparenta en la superficie.

Desde el punto de vista de los elementos de la comunicación, nos encontramos con un emisor (en nuestro caso, el Dr. PIVA) que transmitió a un receptor (el Dr.MANCINI) un mensaje (lo resuelto en la sentencia), por un canal de transmisión de la información (un mecanismo informático), y en un marco contextual (en el caso, entre muchos otros elementos contextuales, pero determinante, la fecha del suceso; esto es, el 04/01/2021).

La comunicación exitosa se produce cuando el receptor del mensaje lo aprehende. Esto es, cuando toma efectivo conocimiento y lo comprende. b.- Sin embargo, y como el Derecho resuelve un conflicto de intereses jurídicos, moldea y reconstruye la realidad fenomenológica (así lo señalaba, magistralmente, ORGAZ), estableciendo ciertas reglas que en parte pueden desviarse de esta última.

En el caso que nos ocupa, son tres las cuestiones esenciales:

1) La «notificación», como acto procesal, se entiende practicada (sea cual sea su modalidad) si llega al efectivo conocimiento del destinatario, o si éste debe conocerla, aunque de hecho no haya sido así; 2) El impactante cambio que se ha producido por la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación (el reemplazo de la vieja tecnología -el papel y su necesidad de trasladarlo hasta el domicilio del desinatario- por la nueva -los recursos informáticos-); y las consecuencias de dichos cambios, que en el caso que nos ocupa se traducen en la posibilidad que el «Sistema» permite que el emisor remitael mensaje en día u hora inhábil (antes ello no era factible sin más, salvo excepciones) y que la recepción materialdel mensaje en el ámbito de incumbencia del receptor se produzca en ese mismo momento.

3) La regulaciónde este nuevo mecanismo, que no se encuentra previsto en el CPCC, sino en Acordadas del TSJ, que modifica o adapta (como se quiera) las reglas tradicionales en orden al momento en que la recepción de la eCédula surte efectos: tres días hábiles después de la efectiva recepción. Es claro que ello se debe a esta nueva manera de recibir el documento.El destinatario, en el marco de la cédula-papel, se encontraba con ella en su buzón, «debajo de la puerta»; y ahora ese encuentro lo es «dentro» de un ámbito electrónico de su exclusivo acceso. c.- El cambio social que han producido las tecnologías de la comunicación y la información es de una magnitud tal que resulta imposible comprenderlo totalmente aún, cuando no tomar razón de las constantes modificaciones que se van produciendo.

La pandemia ha potenciado este efecto. Incontables aspectos de nuestra vida cotidiana se han visto alterados, y para siempre, por el empleo de la tecnología en los actos comunicacionales.

En el marco de las relaciones jurídicas, los cambios han tenido y tienen su propia dinámica, no exenta del caos.

Fiel reflejo de ello es el meduloso racconto que efectúa la sentenciante de todas las acciones que se vio obligado a tomar el TSJ, a fin de adaptar los procesos a las restricciones y a la nueva realidad que impuso la pandemia, acelerando de manera notable el proceso de informatización de la tramitación de los procesos judiciales.

De lo contrario, el Servicio de Justicia se hubiera paralizado, con todo lo que ello implica. d.- Esta realidad, en nuestra opinión, ha dejado expuesta una situación que, a esta altura, adquiere rasgos de cierta gravedad.

En concreto: seguimos regidos por un Código Procesal inspirado -ideológica y sustancialmente- en la Ley de Enjuiciamiento Española del Siglo XIX, cuando ya han transcurrido dos décadas de este nuevo milenio. Como bien se ha dicho: «El problema es que, en la actual coyuntura, abogados y jueces tenemos que conectar criterios progresistas del siglo XXI con estructuras procesales del siglo XIX», tanto en lo sustancial, como en lo procesal (GONZÁLEZ ZAVALA, Rodolfo, «La protección en juicio del consumidor individual: el Anteproyecto del 2018», Sup.Especial Comentarios al Anteproyecto de LDC, 653, TR LALEY AR/DOC/656/2019).

Un Código (del año 1995) en el cual el expediente en soporte papel es el «medio tecnológico» mediante el cual se materializa el proceso; y que no podía ser de otra manera en ese momento y hasta hace muy poco tiempo. Y con un anclaje conceptual en principios y reglas que, en muchos casos, han quedado perimidos pues, definitivamente, las necesidades actuales de la Sociedad y la aceleración de los tiempos, han puesto en franca crisis varios de los postulados fundacionales del Proceso Judicial, y del Proceso Civil en particular.

Ante todo ello, se impone, no ya una «modificación» o «adaptación» de las normas procesales, sino una verdadera «refundación».

No cabe dudar de que el eje de la cuestión radica en sostener y apuntalar los Principios Procesales de raigambre constitucional, aunque adaptados a una nueva realidad.Para ello, no puede dejar de repararse en el carácter instrumental del proceso, que debe ser entendido -desde la óptica con que ahora observamos el problema- como un gran acto de comunicación: las partes «le dicen» al juez (en sus presentaciones); el juez «le dice» a las partes» (en sus resoluciones), a los peritos y demás auxiliares; las partes «se dicen» entre ellas (tanto en sus presentaciones, como -por ejemplo- cuando se despacha una cédula de notificación).

Pero, además de la definitivaincorporación de las nuevas tecnologías (que incluyen la Inteligencia Artificial, que está haciendo también su ingreso), otro mecanismo de comunicación (diferente al escrito) ha irrumpido, también para quedarse de manera igualmente definitiva: la oralidad.

El absoluto replanteo es necesario.

Visto desde esta óptica el proceso judicial, reiteramos, es un mega-acto de comunicación entre varios sujetos, integrado por infinidad de actos individuales de comunicación, y con diferentes canales de comunicación.

Ante todo ello, lo razonable es que las Autoridades correspondientes encaren, de manera decidida, sistemática, y con la intervención de todos los interesados y afectados, una reforma integral del sistema procesal.Con la participación, incluso, de profesionales en las Ciencias de la Comunicación y de las tecnologías implicadas, incluso también con aportes de la Sociología y la Filosofía.

Piénsese, por ejemplo, que la sola lectura de las Acordadas del TSJ revelan que la autoría intelectual de los cambios que se han introducido no es solamente emergente de profesionales del Derecho, sino que se nota claramente la intervención de quienes se desempeñan en las diversas Áreas Técnicas del Poder Judicial. Y no puede ser de otra manera: hoy, y valga la expresión, el expediente electrónico es el sistema nervioso central del Poder Judicial.

La ausencia de un sistema procesal que sea acorde a esta nueva realidad que nos toca transitar, y que esté dotado de las flexibilidades necesarias para adaptarse al cambio constante en materia tecnológica, ha provocado la necesidad de efectuar adaptaciones inmediatas mediantes los Acuerdos del TSJ.

Es claro, como lo expresa la parte demandada en esta apelación, que las normas del CPCC atinentes a las notificaciones (y tantas otras) siguen vigentes. Pero formalmente vigentes, no pudiendo ser aplicadas sin más, sino, como lo señala la Sra. Jueza de 1ª Instancia, integrándolascon «las nuevas prescripciones emanadas en pos de la implementación de las modernas tecnologías a la práctica judicial». e.- Existe, empero, una variable que trae aparejadas dificultades: el rango normativo de las diversas disposiciones. Es claro que, desde el punto de vista formal, mal podría un Acuerdo del TSJ lisa y llanamente derogar normas legales procesales.Pero también es claro que, sin la adopción de decisiones que permitan adaptarlos procesos a las necesidades a las que la realidad nos enfrenta, y ante la mora legislativa, el Sistema quedaría virtualmente paralizado.

Por cierto, en términos generales, puede observarse que la normativa ha sido cuidadosamente diseñada a fin de evitar trasponer dicho límite; por ejemplo, en nuestro caso, con el «período ventana» de tres días para que comience a correr el plazo que corresponda de acuerdo al mensaje que se notifique.

Es una situación dilemática. Si el legislador no encara el problema, necesariamente lo debe hacer el Poder Judicial, porque -de lo contrario- se produciría un efecto sumamente pernicioso: la denegación de Justicia. Es, analógicamente, lo que ha sucedido con las Acciones Colectivas. Salvo algunas pocas normas de fondo, no hay reglas procesales. Y la propia Corte Suprema ha dispuesto, en Acuerdos, sobre los aspectos básicos y más importantes, no sin antes hacer presente la mora legislativa.

Por ello, debe aplicarse los Acuerdos del TSJ en los que se ha dispuesto sobre muchas de las cuestiones que nos ocupan hoy, mediante el adecuado diálogo de las distintas fuentes, teniendo en cuenta que el límite infranqueable es la violación del Debido Proceso.

Lamentablemente, hasta tanto el legislador concrete esta nueva regulación, se presentarán conflictos como el que ahora nos toca resolver.

3.- El caso de autos. a.- Aquí la cuestión, finalmente, se reduce a determinar si fue válida o no la notificación de la sentencia practicada en la causa, mediante eCédula, con fecha 04/01/2021, por el Dr. PIVA al Dr. MANCINI.

Es claro que lo resuelto en el decreto primigenio, del 12/02/20201 importó, implícitamente, una declaración de nulidad de dicha notificación, al ordenarse que se practique una nueva, atento haber sido diligenciada en un día inhábil, y en razón de lo dispuesto por los arts.45 y 142 del CPCC y la Acordada 1103, Serie «A» del 27/06/2012.

b.- El abordaje del conflicto, en nuestra opinión, requiere tener presente las siguientes variables, que no son pocas:

1) Desde lo fáctico, el sistema permite el envío electrónico de una eCèdula en cualquier día y hora, incluso los inhábiles.

Importa un notable cambio en comparación con la cédula en soporte papel.

Ello se encuentra, incluso, previsto implícitamente en el Acuerdo 1103 desde que si bien no se menciona que el acto de emisión puede ser realizado en día inhábil, se dispone respecto del acto de recepción, en los siguientes términos: «El momento que marca la realización de la notificación mediante cédula digital y que perfeccionará la misma, es aquél que se produce luego de transcurridos tres días hábiles, desde que está disponible el texto a notificar para ser visualizado y accedido por el destinatario, con prescindencia de que éste ingrese o no a «Mis Cédulas de Notificación» del Servicio Extranet de Consulta de Expedientes y lea o no el texto del proveído o resolución motivo de la notificación».

2) Este Acuerdo tiene varios años de vigencia (casi 10), y este mecanismo de notificación se fue incorporando en los distintos Fueros a medida que se fueron materializando los avances tecnológicos efectuados por el Poder Judicial.

En lo que hace al Fuero Civil y Comercial, y como bien lo señala la sentenciante, el Acuerdo Nº 1582, «A» (21/08/2019) marcó el comienzo de su uso, el que se fue incrementando paulatinamente.

3) No cabe dudar de la validez constitucional de estas normas.

No colisionan con el CPCC, sino que solamente lo adaptan a un mecanismo no previsto, y mucho más eficiente, ampliando -incluso- el rango temporal en orden a los plazos que comienzan a correr luego del diligenciamiento de la cédula.

Debe siempre recordarse que el acto de la notificación se compone de dos actos comunicacionales, para quedar perfeccionado:emisión y recepción.

Ante ello, la circunstancia de que el acto de emisión se pueda realizar en día inhábil en lo que ahora interesa no afecta en nada los derechos de las partes, ya que ese acto por sí mismo es incompleto.

Falta la recepción.

Y en este punto se han ampliado los derechos del receptor, al disponerse esta elongación (en los hechos) del comienzo del cómputo de los plazos procesales.

4) Además, en este proceso de cambio continuo, se han ido incorporando nuevas herramientas para facilitar el acceso a la información. En el caso que nos ocupa, una «Alerta», consistente en una pestaña denominada «Mis novedades de los últimos cinco días corridos» que, como bien surge de las constancias de la causa (y ratificado ello luego por la Medida para Mejor Proveer ordenada por este Tribunal), le informa en el encabezado de lo acontecido en los cinco últimos días corridos (no días hábiles); además del e-mail «de cortesía» al que, voluntariamente, puede adherirse el usuario, a fin de recibir información por este otro canal de comunicación.

5) Que el Letrado de la demandada, si bien no podía ser anoticiado a través de «Mis novedades» de la cédula que nos ocupa si consultaba en el primer día hábil posterior a la Feria Judicial de Enero de 2021, podía hacerlo consultando el Sector «Mis eCédulas recibidas».

6) Lo dispuesto por los arts. 42 a 45, 142, 145 del CPCC. c.- Analizando las concretas circunstancias a las que nos enfrenta del caso de autos, y a la luz de las variables indicadas, llegamos a la conclusión de que corresponde revocar lo decidido.

Son varias las razones que nos llevan a tomar tal decisión.d.-Por empezar, y conforme ya se ha dicho, cabe ratificar lo señalado en orden a la validez del mecanismo de notificación electrónica, mediante la eCédula, reglamentado por las Acordadas del TSJ, integradas con las normas del CPCC.

El acto jurídico-procesal de «notificación», para surtir los efectos que le son propios, no queda perfeccionado con el acto jurídico de emisión (fue lo que se realizó en día inhábil), sino con el acto jurídico de recepción. Y debe entenderse que, sin perjuicio de que, materialmente (plano fáctico) el documento electrónico se remita de manera inmediata a su emisión, la recepción, como acto jurídico, se produce (y comienza a producir efectos) vencido el plazo de tres días hábiles indicado en el Acuerdo 1103.

Ello no invalidael acto de remisión y d eja -en este complejo diálogo de fuentes- en parte sin efecto lo dispuesto por el art. 42 del CPCC. No se trata ahora, únicamente, de que sea necesaria una «especial autorización del Tribunal» para otorgar el acto, como se prevé en la norma.

Todo esto supone (hay que decirlo) una mayor ventaja, comparativamente a lo que sucedía en el marco de la cédula de papel.

En esta última, la entrega material en el ámbito físico de incumbencia del destinatario surtía efectos casi inmediatos (desde las 00:00 hs. del día hábil inmediato posterior).

Hoy, el abogado (u otro operador incorporado al sistema) cuenta con más tiempo para tomar razón de que se le ha enviado una notificación.e.- De lo que se trata aquí es de que el mecanismo de remisión de la notificación permita al receptor del mensaje conocerlo, o haberlo debido conocer.

El servicio de «Novedades», si bien en nuestra opinión no constituye un acto de mera cortesía en favor del usuario, no releva al usuario de indagar si ha recibido cédulas de notificación con anterioridad a los últimos cinco días corridos que se impactan en él.

La claridadde la información es uno de sus requisitos esenciales (ello está plasmado en varios deberes jurídicos de informar, como sucede en el ámbito del consumo, o en las relaciones médico-paciente). Y, en el caso que nos ocupa, tal calidad se encuentra plasmada, y de manera notoria, en el encabezado de la «pestaña». En efecto, allí se indica: «Mis novedades de los últimos cinco días corridos».

En este marco, y siendo que es factible remitir notificaciones en cualquier día y hora, el destinatario no se encuentra eximido de consultar la pestaña «Mis eCédulas recibidas». No basta con consultar la pestaña anterior, desde que claramente el rango de fechas de la información que allí se impacta es acotado.

Y para ello, vale recalcarlo, cuenta con tres días hábiles, tiempo más que suficiente para efectuar las indagaciones correspondientes.

No se desconoce la realidad subyacente en el empleo de los mecanismos informáticos, de las «páginas», «aplicaciones», o mecanismos similares, sea cual sea su objeto o finalidad (comercialización, transmisión de información, realización de gestiones administrativas, judiciales, o lo que sea): el usuario medio, casi naturalmente, busca el camino más sencillo, «atajos» (si se quiere) que le brinda el sistema, a fin de perder el menor tiempo posible.

Estamos saturados y bombardeados de información, y cognitivamente los más serios estudios sobre este nuevo fenómeno afirman que ello reduce notablemente la capacidad de comprensión, y automatizan las acciones.

Pero, en el caso que nos ocupa, lo señalado no releva al destinatario, dentro de los tres días hábiles posteriores ala finalización de la Feria Judicial de Enero, de tomar el debido conocimiento de la existencia de actos como el que nos ocupa. f.- No cabe dudar, además, de la trascendencia del mensaje notificado (el acto sentencial), y que en el caso está en juego el Derecho de Defensa del apelado. Pero para nosotros es determinante la circunstancia de la existencia de este plazo de tres días, que brinda el tiempo suficiente para la indagación correspondiente (y ello forma parte de los deberes de conducta del abogado en el seguimiento de las causas que tiene a su cuidado); máxime si se tiene en cuenta que es sencillo acceder a la información. Entendemos que esta suerte de «plazo de gracia anticipado» permite equilibrar las cosas. g.- No se vislumbra (como veladamente lo sugiere el demandado) la existencia de mala fe del actor, al remitir la Cédula de notificación el día 04/01/2021. El sistema lo permite, los trescientos sesenta y cinco (365)- días del año, y -reiteramos- ello es positivo, pues permite acelerar la tramitación de los procesos; además de que no es desconocido por los profesionales, quienes no sólo pueden remitir cédulas de notificación, sino también presentar escritos también en cualquier día y hora, sin perjuicio del momento en que dichos actos comienzan a surtir ciertos efectos.

4.- Conclusiones.

Por todo ello es que, en definitiva, corresponde: a.- Admitir el recurso de subsidiario interpuesto por la parte actora en contra del Auto Nº 110 del 12/04/2021, en razón del recurso de reposición con apelación en subsidio interpuesto por el impugnante en contra del decreto del 12/02/2021, ambos dictados por la Sra. Jueza de 1ª Instancia y 10ª Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad. b.- En consecuencia, dejar sin efecto lo resuelto en el decreto del 12/02/2021, en el que se resolvió: «Córdoba, 12/02/2021.A lo solicitado, atento que el despacho de la notificación que menciona ha sido diligenciado un día inhábil, a mérito de lo dispuesto por el art. 45, art.

142 del CPC y Acordada N° 1103 Serie A del 27/06/2012, previamente acredítese notificación en forma y se proveerá». c.- Disponer la remisión de los presentes al Juzgado de 1ª Instancia, a fin de que se provea, conforme corresponda, a la petición efectuada con fecha 11/02/2021 por el Dr. Julián I. PIVA. d.- Imponer las costas de ambas instancias por el orden causado, atento la novedad y complejidad de la cuestión debatida, y por entender que los litigantes pudieron considerarse con motivos fundados para sostener sus respectivas posiciones.

Por todo ello, y lo dispuesto en el art. 382 del CPCC SE RESUELVE:

I.- Admitir el recurso de subsidiario interpuesto por la parte actora en contra del Auto Nº 110 del 12/04/2021, en razón del recurso de reposición con apelación en subsidio interpuesto por el impugnante en contra del decreto del 12/02/2021, ambos dictados por la Sra. Jueza de 1ª Instancia y 10ª Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad.

II.- En consecuencia, dejar sin efecto lo resuelto en el decreto del 12/02/2021, en el que se resolvió: «Córdoba, 12/02/2021. A lo solicitado, atento que el despacho de la notificación que menciona ha sido diligenciado un día inhábil, a mérito de lo dispuesto por el art. 45, art. 142 del CPC y Acordada N° 1103 Serie A del 27/06/2012, previamente acredítese notificación en forma y se proveerá».

III.- Disponer la remisión de los presentes al Juzgado de 1ª Instancia, a fin de que se provea, conforme corresponda, a la petición efectuada con fecha 11/02/2021 por el Dr. Julián I. PIVA.

IV.- Imponer las costas de ambas instancias por el orden causado.

Protocolícese, hágase saber y bajen.-

Texto Firmado digitalmente por:

OSSOLA Federico Alejandro

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2022.02.10

YACIR Viviana Siria

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2022.02.10

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