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#Fallos Mi vecina la asesina: Se admite una demanda de daños contra quien profirió amenazas de muerte a una vecina

Partes: C. R. M. c/ A. M. E. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: C

Fecha: 25-feb-2022

Cita: MJ-JU-M-136227-AR | MJJ136227 | MJJ136227

Se admite una demanda de daños contra quien profirió amenazas a una vecina.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la demanda de daños, ya que los dichos de los testigos alcanzan para entender que la materialidad y la autoría de las manifestaciones amenazantes se encuentran suficientemente demostradas

2.-La determinación de someterse a la suspensión del juicio a prueba, que puede responder a diversas motivaciones, incluida la legítima decisión de liberarse de la angustia que para algunos conlleva encontrarse sometido a un juicio penal, no implica el reconocimiento de hechos ni de derechos como tampoco supone la admisión de la autoría ni la participación en los hechos por los cuales se ha formado la investigación.

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3.-El hecho de que la decisión de someterse a la suspensión del juicio a prueba no implica el reconocimiento de los hechos, ello no impide examinar las demás constancias arrimadas a la investigación penal para alcanzar la misma conclusión, aunque por una vía diversa.

4.-Corresponde rechazar el daño psíquico, ya que la pericia arrojó en sus conclusiones que la actora no presentaba un síndrome psiquiátrico y que tampoco se encontraban limitadas las aptitudes psíquicas preexistentes.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a _ de febrero de 2022, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala «C» de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil para conocer del recurso interpuesto en los autos «C., R. M. c/ A., M. E. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS», nro. 49.469/2016, respecto de la sentencia dictada el 23 de agosto de 2021 (v. aquí), el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo (v. aquí), resultó que la votación debía efectuarse en el orden siguiente: Sres. jueces de cámara Dres. Trípoli, Converset y Díaz Solimine.

Sobre la cuestión propuesta el Dr. Trípoli dijo:

i) Antecedentes de la causa:

a) El reclamo objeto de la pretensión tiene origen en los sucesos relatados en el escrito de demanda, donde la parte actora relata que su vivienda se emplaza en el inmueble ubicado en Chile 665, de esta ciudad, en el cual habita hace 20 años. En ese ámbito, el 12 de noviembre de 2014, fue destinataria de las amenazas formuladas por la Sra. M. E. A., quien reside en la habitación nro. 5 del mismo lugar. Manifiesta que, por medio de dichas manifestaciones, la Sra. A. le hizo saber que le procuraría una golpiza, sin motivo alguno y con alto grado de verosimilitud, a las que no respondió de ninguna manera. Añade que la situación se repitió el 7 de marzo de 2015, aunque de modo más agresivo.

En esta nueva oportunidad, la demandada la amenazó de muerte y profirió su advertencia blandiendo un cuchillo de gran tamaño. Explica que, frente a este escenario, en resguardo de su integridad, formuló la respectiva denuncia ante las autoridades, la que originó la formación de la causa nro. 19.910/2014, donde se imputó a la Sra. A. el delito de amenazas tipificado en el artículo 149 del Código Penal. Manifiesta la Sra. C. que, en dicho marco, la demandada obtuvo la suspensión del juicio a prueba al ofrecer la realización de tareas comunitarias y el pedido de disculpas, que no las aceptó por entenderlas insuficientes. b) Al comparecer en el proceso y responder el traslado de la demanda (v. aquí), la Sra. A. formuló una negativa pormenorizada de los acontecimientos afirmados en la pieza inaugural y, específicamente, desconoció haber pronunciado las amenazas mencionadas por la parte actora en esa presentación. Al mismo tiempo, aportó su propia versión de los sucesos, en función de los cuales atribuyó a la Sra. C. un comportamiento absolutamente alejado de las pautas de la buena vecindad y le adjudicó la adopción de actitudes arrogantes e intolerantes que generaron disturbios con otros vecinos. Puntualiza que su familia es hostigada permanentemente por la Sra. C. por diversos motivos y describe el comportamiento de la Sra. C. como descortés, malhumorado y procaz, el que adopta con todos los vecinos, por lo que optó por ignorarla con la finalidad de evitar discusiones. Sin embargo, expresa que, arbitrariamente, la Sra. C. radicó una denuncia por supuestas amenazas cuando, en realidad, solo medió una discusión que se suscitó luego de que consultó a la Sra. C., de buena manera, si no había visto un billete de cien pesos ($100) que pensó que se le había caído en el pasillo. Aclara que esta pregunta no fue tomada de buen modo por la Sra. C., quien comenzó a insultarla y a señalar que haría lo posible por lograr que ella y su familia se fueran del lugar. Expone que, en el marco de la denuncia penal en trámite, sin reconocer en absoluto el delito que se le imputaba, solicitó la suspensión del juicio a prueba con el objeto de finalizar una situación que, francamente, le traía problemas, sobre todo porque debía dedicarse al cuidado de su bebé y a las tareas del hogar. En ese ámbito, ofreció sus disculpas a la Sra.C., que no fueron aceptadas, pero al cumplir las tareas establecidas en el juzgado penal, se decretó su sobreseimiento mediante las resoluciones que cita.

ii) El pronunciamiento apelado. a) En la sentencia dictada por el Sr. Juez de la causa, se admitió el reclamo deducido por R. M. C. y, por eso, se condenó a M. E. A. a pagar la suma de pesos trescientos mil ($300.000) más los intereses, que se liquidarían desde el 12 de noviembre de 2014 hasta la fecha del pronunciamiento a la tasa del 8% anual por haberse expresado el resarcimiento según valores actuales, y, a partir de entonces, según la tasa activa promedio que publica el Banco de la Nación Argentina, todo dentro de los diez (10) días, bajo apercibimiento de ejecución. También, se impuso a la parte demandada el pago de las costas del juicio.

b) En apoyo de su decisión, luego de anunciar que examinaría el entuerto a la luz de las previsiones del Código Civil derogado, porque los acontecimientos se desarrollaron durante la vigencia de dicho ordenamiento, el Sr. Magistrado expuso que, según las constancias de la causa penal, las declaraciones testificales y el no impugnado dictamen del perito psiquiatra resultaba que, como consecuencia de la agresión verbal proferida por la Sra. A. hacia la Sra. M. C., la segunda sufrió daños en su integridad espiritual y que no era dudoso que la primera había sido la autora de tales amenazas.

Al enunciar las razones que respaldaban dichas conclusiones, el Sr. Juez indicó que los datos que ofrecía la investigación penal eran suficientes para tener por acreditada la realidad de las amenazas. Explicó que, sostener que no se profirió ninguna amenaza y defender que era la parte actora quien la hostigaba importaba contradecir los términos del requerimiento de suspensión de juicio a prueba y, en especial, el pedido de disculpas expresado en ese ámbito.Específicamente, con relación al artículo 76 bis del Código Penal, según la redacción dada por la Ley 26735, que expresa que la solicitud de suspensión del juicio a prueba no implica confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil, el Sr. Magistrado entendió que ello no impedía que la disculpa expresada en sede penal pudiera ser tomada como un reconocimiento de los hechos imputados. De esta forma, aun cuando descartase el valor probatorio de los testimonios de Graciela del Valle Juárez y Rodolfo Marcelo C. en función de su evidente vinculación con la parte actora y por la sospecha que generaba la dudosa posibilidad de que hubieran apreciado los hechos de violencia, el juzgador indicó que no encontraba dudoso que aquel pedido de disculpas encerraba una confesión de los hechos.

Con relación a las declaraciones de los testigos citados a este expediente, entendió que sus manifestaciones no eran suficientes para contradecir la conclusión que alcanzaba.

iii) El recurso de la parte demandada. a) El pronunciamiento dictado por el Sr. Magistrado a cargo del Juzgado Civil nro. 98 ha sido apelado por la parte demandada (v. aquí).

En su expresión de agravios (v. aquí), oportunamente respondida por la parte actora (v. aquí), se atribuye al sentenciante incurrir en una errada interpretación de lo preceptuado en el Art. 76 bis del Código Penal. La parte demandada expone que, por ser una persona sin recursos económicos, con el objeto de poner fin a la situación planteada, aunque pidió disculpas, esta actitud no significó confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil, ya que solamente buscó la suspensión del juicio a prueba sin reconocer haber amenazado a la denunciante. Entiende que acudir a la suspensión del juicio a prueba no implica presunción de responsabilidad, porque el artículo 76 bis del Código Penal expresamente prevé que el pedido no implica confesión o reconocimiento de la responsabilidad civil.Por esta razón, afirma que el afectado no puede esgrimir esta solicitud para eximirse de probar en el proceso civil los extremos fácticos que perfilen la procedencia de la reclamación resarcitoria, que en el marco de este juicio civil no se han probado, ni con las pericias ni con los testigos. Por ende, en sede civil, la suspensión del juicio a prueba requerida en la causa penal no libera a la parte demandada de la carga de acreditar la configuración de los presupuestos para la procedencia de responsabilidad civil, como el daño, el factor de atribución, el nexo de causalidad y la ilicitud. iv) El examen de la cuestión.

a) La carga que impone el Art. 265 del CPCyCN. 1) Se ha dicho en doctrina que la expresión de agravios consiste en la fundamentación destinada a impugnar la sentencia con la finalidad de obtener su modificación o su revocación.

Concretamente, se trata del acto procesal en el cual el sujeto que recurre un pronunciamiento adverso expresa los motivos de su apelación refutando, total o parcialmente, las conclusiones de la sentencia respecto de los hechos y de la valoración de la prueba o de la aplicación de las normas jurídicas (cfr. Palacio, Derecho Procesal Civil, tomo V, pág.

261). En esta dirección, se ha entendido que la expresión de agravios tiene la trascendencia de una demanda destinada a abrir la segunda instancia, pues sin ella el tribunal se halla imposibilitado de verificar la justicia o injusticia del acto apelado (Costa, A., El Recurso Ordinario de Apelación, pág. 152).

Ocurre que, como norma, la segunda instancia depende de lo actuado en la de origen, a cuyo efecto se requiere el cumplimiento de la carga de expresar los agravios, lo que supone refutar las conclusiones a las que ha llegado el juzgador o juzgadora de la instancia inicial.Es por ello que el tribunal de alzada no puede excederse del límite impuesto por los recursos concedidos, desde que la vía recursiva no tiene por finalidad proporcionar un nuevo examen integral del litigio, sino un examen de la justicia de las decisiones apeladas y, en consecuencia, las cuestiones que el apelante excluye al fundamentar el recurso quedan vedadas al conocimiento de los jueces de segunda instancia (cfr. Santi, en Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Concordado con los Códigos Provinciales, Higthon – Areán [directoras], Hammurabi, tomo 5, p. 240).

2) Normativamente, el contenido de la expresión de agravios está consagrado en el artículo 265 del Código Procesal, el que sintetiza brevemente la constante jurisprudencia de las cámaras de apelaciones sobre el punto al ordenar que deberá contener «una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas», constituyendo esta directiva una carga jurídica que le corresponde a quien apela. En este sentido, resulta fundamental que, en todo recurso de apelación, se encuentre presente esta «crítica concreta y razonada» como modalidad de la argumentación que persigue demostrar los errores que porta la sentencia en el ámbito fáctico o jurídico. Esa carga se cumple mediante la indicación detallada de los errores, omisiones y demás deficiencias que pudiera reprochar el apelante al pronunciamiento recurrido, así como la refutación de las conclusiones de hecho y de derecho en las que fundó el juez su decisión.

3) Examinada la expresión de agravios desarrollada por la parte demandada según esta perspectiva, observo que dicha pieza contiene el desarrollo de un discurso recursivo que satisface exitosamente la carga referida, con independencia de cuál sea su resultado concreto una vez analizados sus términos.

b) El fondo del asunto. La responsabilidad.1) El apropiado examen de la controversia impone recordar con anterioridad a toda otra indagación que el Código Penal de la Nación, en su Título XII, denominado «De la suspensión del juicio a prueba», incorporado por la Ley 24316, para lo que ahora interesa, expresa en su artículo 76 bis que «[e]l imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba» y que «[a]l presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente». A su vez, el artículo 76 quater dispone que «[l]a suspensión del juicio a prueba hará inaplicables al caso las reglas de prejudicialidad de los artículos 1101 y 1102 del Código Civil, [.]».

No obstante las diferentes lecturas que se propusieron acerca de la citada disposición, cuando tal precepto establece que el imputado, al formular la solicitud, debe ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil, pese a la tentación de entender a partir de clásicos criterios civilistas que, si medió una oferta por parte del imputado en sede penal, por algo será, contra esa inclinación debe afirmarse que, en rigor técnico, la determinación de someterse a la suspensión del juicio a prueba, que puede responder a diversas motivaciones, incluida la legítima decisión de liberarse de la angustia que para algunos conlleva encontrarse sometido a un juicio penal, no implica el reconocimiento de hechos ni de derechos como tampoco suponela admisión de la autoría ni la participación en los hechos por los cuales se ha formado la investigación (cfr. Highton, E. I., «La suspensión del juicio a prueba («probation») y el proceso civil», en Revista de Derecho de Daños, 2002-3, Rubinzal Culzoni, págs. 136 y sgtes.).

2) Según esta aproximación, aunque cabría descartar la derivación formulada por el juzgador al entender, en sentido contrario al texto legal, que el pedido de disculpas de la Sra. A. supone un reconocimiento de los hechos que le fueron imputados en el ámbito de la causa penal y que, por lo tanto, no era dudoso hallar en aquel pedido de perdón una confesión de los hechos que motivaron la promoción de estas actuaciones, esta comprensión del marco legal bajo el cual encuadran los hechos objeto de juzgamiento no impide examinar las demás constancias arrimadas a la investigación penal para alcanzar la misma conclusión, aunque por una vía diversa. En efecto, si bien el sentenciante entendió que la solución se alcanzaba «aun descartando los testimonios de Graciela del Valle Juárez y Rodolfo Marcelo C.» por su evidente vinculación con la actora y porque le resultaba altamente llamativo que desde el inmueble vecino hubieran podido apreciar los dos hechos de violencia, pese a lo señalado por la parte demandada en su expresión de agravios en cuanto acompañaba al juez en esta manifestación, al menos en esto que le favorecía, de estimar insuficientes dichos testimonios, en mi opinión, pese a la oportunidad que este proceso otorgaba para incorporar elementos de juicio destinados a controvertir las manifestaciones de tales sujetos, no se observa arrimado material de convicción que autorice a descartar la relevancia de los dichos aportados por dichos individuos al comparecer al fuero penal. Antes bien, en ausencia de disposición legal que determine la invalidez de los testimonios de tales sujetos en sede civil ——no se trata de los parientes excluidos por el Art.427 del CPCyCN—— y ante a la inexistencia de datos en contrario que permitan sospechar de la sinceridad de sus afirmaciones, aun cuando se valore ese material con el rigor indispensable (cfr. Art. 456 del CPCyCN) y en el conjunto de los restantes elementos de juicio a la luz de las reglas de la sana crítica (cfr. Art. 377 del CPCyCN), sus dichos alcanzan para entender que, como sostuvo el sentenciante al expedirse sobre el particular, la materialidad y la autoría de las manifestaciones amenazantes se encuentran suficientemente demostradas.

Por consiguiente, a mi juicio, la crítica emprendida por la Sra. A., aunque en parte efectiva, no alcanza para desactivar la conclusión alcanzada por el juzgador.

c) La indemnización. El importe fijado en concepto de daño moral. 1) Para desestimar la configuración de la incapacidad psíquica aducida por la parte actora en apoyo del respectivo resarcimiento, el sentenciante destacó que el tratamiento psicoterapéutico realizado por la Sra. C. no resultaba suficiente para tener por probada la existencia del daño psicológico.

Además, el juzgador mencionó que tampoco se encontraba demostrada la necesidad de realizar terapia con motivo de los hechos debatidos en esta contienda. Sin embargo, al examinar la indemnización reclamada a título de daño moral, el Sr. Juez ponderó que anunciar a otro su muerte, amenazarlo con sufrir un daño en su salud, molestarlo, intranquilizarlo, privarlo de la paz a la que tiene derecho era susceptible de producir angustias, malestares y hasta broncas, por lo que consideró que la Sra. C. padeció tales sufrimientos, no solo a raíz de lo declarado en ese sentido por los testigos ofrecidos por la parte interesada, sino también por las referencias del perito psiquiatra que informó que la actora presentaba signos y síntomas aislados que, si bien no llegaban a conformar un daño psíquico, podían ingresar en la categoría de daño moral. Asimismo, el juez de la instancia anterior indicó que tenía en cuenta las circunstancias personales de R. M.C., mujer de 58 años de edad y 51 al momento de la primera amenaza, soltera, madre de dos hijos y con estudios secundarios, como así también que vivía sola en el inmueble donde se desarrollaron los hechos, espacio en el que debió convivir con la Sra. A., y que ponderaba la gravedad de la amenaza y los temores y angustias que debió haber causado a la actora, en especial ante la latente posibilidad de cruzarse con la agresora, por lo que, en ejercicio de las facultades contempladas en el artículo 165 del Código Procesal, encontró razonable fijar el resarcimiento en la suma de trescientos mil pesos ($300.000) a valores actuales, importe que atiende de una manera razonable a las circunstancias del caso, a la par que revela aptitud para otorgarle satisfacciones sustitutivas y compensatorias del padecimiento espiritual padecido (arts. 1740 y 1741 del Código Civil y Comercial). Y aunque admitió que el monto era superior al reclamado, el Sr.Magistrado consideró que con ello no se violentaba el principio de congruencia, porque la cuantificación realizada en la demanda tenía una antigüedad superior a los cinco años y porque la parte actora había sujetado su reclamo a lo que en más o en menos resultase de la prueba.

2) La demandada apelante critica la decisión del juzgador, porque entiende que, de la prueba pericial, que reviste trascendental importancia, surge que allí se expresó que, aunque se constataba la existencia de signos y síntomas aislados y sufrimiento o dolor espiritual, estos elementos no alcanzaban para configurar un síndrome psíquico definido.

En ese nivel de consideraciones, la parte demandada añade que el importe otorgado por el daño moral en la suma de trescientos mil pesos ($300.000) más la incidencia de los intereses representa una reparación muy superior al monto reclamado por la actora de pesos cien mil ($100.000), por lo que considera no se ha respetado el principio de congruencia.

3) Es exacto que, en condiciones regulares, en ciertos aspectos de las contiendas que se dirimen en sede judicial el dictamen pericial asume un papel determinante para la dilucidación de aquellos asuntos que involucran cuestiones de índole técnica que escapan al saber jurídico de los jueces y de las juezas.

Por eso, en ausencia de elementos que habiliten a prescindir de las conclusiones de tales dictámenes, las decisiones deben ser tomadas sobre la base de las opiniones que proporcionan los auxiliares en asuntos propios de su conocimiento profesional.

En este supuesto, no se aprecia que el juzgador hubiera evaluado el resarcimiento perseguido a título de daño moral con prescindencia de la opinión del auxiliar, puesto que el dictamen, si algo determinó, fue la ausencia de indicadores que revelen secuelas de orde n psíquico conectadas con los sucesos relatados en el escrito inaugural.

Sobre la base de esta premisa, la crítica de la parte apelante luce infundada, por cuanto confiere al dictamen pericial un alcance que no surge de sus propios términos, por cuanto allí se expresóque se descartaba el daño psíquico y este asunto constituye una categoría distinta del daño moral. Cabría agregar a lo anterior que, como acertadamente se expresa en la sentencia apelada, la pericia arrojó en sus conclusiones que la actora no presentaba un síndrome psiquiátrico y que tampoco se encontraban limitadas las aptitudes psíquicas preexistentes. Y aun cuando el auxiliar del juez señaló que no era posible determinar un daño psíquico en la actualidad, en cambio, sí se podía constatar la existencia de signos y síntomas aislados y sufrimiento o dolor espiritual. Y sobre la base de lo cual finalizó señalando que, «[d]e todas formas la demostración de su existencia y su valoración no es objeto ni función del experto» (v. aquí).

4) Con independencia de lo anterior, considero que el importe fijado en la sentencia apelada debe ser reducido hasta su límite originario, puesto que, no obstante las razones suministradas por el Sr.Juez para apartarse del monto reclamado en el escrito de demanda y fijar un monto dos veces superior al allí previsto por la propia afectada, ha sido la demandante quien, luego de producidas las medidas de prueba, al formular su alegato sobre el resultado de tales diligencias, pudo manifestar sin necesidad de otras precisiones que «[e]l quantum reclamado deviene en (sic) totalmente prudente y congruente con las condiciones personales de mi parte, que no fueron negadas por la accionada» y, con esto, vino a ratificar la cuantía estimada al promover la demanda en agosto de 2016.

5) Bajo estas circunstancias, en función de las características particulares inherentes a esta clase de reparación, donde, por definición, es la propia víctima la persona puntualmente indicada para determinar la profundidad de sus dolencias sentimentales como la dimensión de sus aflicciones espirituales y, por este camino, a considerar que es la única con aptitudes excluyentes para cuantificar en dinero la entidad de la angustia, el dolor, las molestias, la pérdida de tiempo e, incluso, un empeoramiento de la situación existencial objetivamente apreciable, entiendo que no corresponde admitir el importe establecido en el pronunciamiento apelado con invocación de los términos bajo los cuales había sido articulada la solicitud en función de la fórmula «y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse». Producto de las características apuntadas, en todo caso, la prueba aportada proporciona sustento al importe pretendido por la reclamante y, salvo supuestos excepcionales extraños a esta controversia, no permite acreditar un desmedro superior al delimitado por la propia víctima.

6) Es cierto que, según la disposición que incorpora el Código Civil y Comercial de la Nación, la referencia a las satisfacciones sustitutivas y compensatorias contenida en el artículo 1741 exige determinar el valor de los bienes o servicios que puedan producir, en la medida de lo posible, ese resultado.Para ello, debe individualizarse los bienes o servicios necesarios para compensar ese daño.

En este supuesto, sin embargo, aunque con vigencia a la época de iniciación de estas actuaciones, la parte actora no ha hecho referencia de ninguna manera, directa o indirecta, a bienes o servicios a partir de los cuales poder conmensurar el daño extrapatrimonial sufrido. Tampoco en el fallo apelado se suministra alguna referencia, siquiera tácita, a las pautas en función de las cuales se encontró la equivalencia entre aquellos pesos cien mil ($100.000) estimados en la demanda y los trescientos mil pesos ($300.000) fijados al conceder la indemnización a título de daño moral. En tal sentido, a raíz de las particularidades inherentes al daño moral, en las condiciones indicadas, la referencia valores actuales carece de la imprescindible correspondencia concreta que permita identificar la pauta objetiva sobre la base de la cual se procedió a la cuantificación de la indemnización.

En consecuencia, este aspecto de los agravios debe, a mi juicio, prosperar.

d) La condena en costas. 1) El Sr. Juez impuso las costas del juicio a la parte demandada con respaldo en el carácter resarcitorio que esta partida asume en procesos de daños y en función del criterio objetivo de la derrota que rige para la determinación del sujeto que debe cargar con ellas, de acuerdo con la regla que sienta el artículo 68 del Código Procesal.

2) La parte demandada esgrime que siempre ha mostrado una conducta procesal impecable como así también que, de igual modo, ha cumplido con su responsabilidad en debida forma, extremos que no debieron ser ignorados al decidirse la imposición de costas y distribuirlas por su orden, dado que, en su opinión, no existe razón para cargar con ellas si se toma en cuenta su actitud y la conducta procesal asumida durante todo el procedimiento.

Por consiguiente, si bien, en principio, la parte vencida en juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, la Sra. A.considera que existen situaciones que llevan a eximir total o parcialmente de esa responsabilidad al litigante vencido cuando el juzgador encuentre mérito para ello. En esta situación, entiende la parte demandada que el Sr. Magistrado «ha ignorado absolutamente el accionar del demandado debiendo haberlo hecho tal como ha sido enunciado».

3) La eximición total o parcial de las costas es una solución de carácter excepcional que sólo corresponde aplicar cuando existen razones muy fundadas y elementos de juicio suficientes para apartarse del principio rector que resulta del artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, según el cual, la parte vencida en el juicio debe pagar las costas respectivas y encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota (cfr. CSJN, Fallos, 319:3361, 321:724, entre tantos otros; CNCiv, Sala C, «Rodríquez c/ Autopistas Urbanas SA s/ ds. y ps.», del 6/12/2021, voto del Dr. Trípoli).

4) Sobre esta cuestión, además, debe entenderse que las costas del juicio integran la indemnización reparadora del daño causado y deben ser impuestas, por consiguiente, al sujeto lesionante, toda vez que la naturaleza resarcitoria de la pretensión y el principio de la reparación integral justifican esta solución (cfr. CNCiv, Sala C, «Suárez c/ Micro Ómnibus Mitre SA Línea 318 s/ ds. ps.», del 9/6/2020, voto del Dr.Díaz Solimine).

5) Bajo estas pautas, cualquiera sea la intención que la parte demandada haya querido exteriorizar al invocar en apoyo de la solicitud de eximición parcial de las costas haber seguido una «conducta procesal impecable» o «haber cumplido con su responsabilidad en debida forma», no se advierte de los antecedentes del pleito la presencia de mérito de alguna entidad para apartarse del criterio general que rige en la materia con fundamento en el hecho objeto de la derrota, el que incluso impera aun cuando el reclamo indemnizatorio no prospere en toda su extensión, según se indicó.

En efecto, por un lado, aunque el resarcimiento fue admitido en una medida distinta de la solicitada, los presupuestos de la responsabilidad civil quedaron acreditados y, por otro lado, si bien con un alcance diverso del expresado en el escrito inaugural, la contienda arroja claramente un litigante vencido, que no es otro que la parte demandada.

Por lo tanto, al observarse cumplidos los presupuestos que determinan la imposición de las costas a la parte vencida y al no apreciarse la presencia de una razón de excepción que justifique atemperar esa respuesta, este aspecto de los agravios no puede ser acompañado.

Por ende, en mi parecer, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la parte demandada y, en consecuencia, reducir el importe de la indemnización concedida a título de daño moral a la suma de cien mil pesos ($100.000) y confirmarla en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravios, con costas de alzada en el orden causado en función de la recepción parcial de los agravios, extremo que permite entender que se configura la presencia de éxitos parciales de entidad equivalente en los términos del Art. 71 del CPCyCN.

ASÍ VOTO.

Los Dres. Converset y Diaz Solimine adhieren por análogas razones.

Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, 25de febrero de 2022.

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, por unanimidad, se RESUELVE:1) Admitir parcialmente el recurso de apelación deducido por la parte demandada y, en consecuencia, reducir el importe de la indemnización por daño moral a la suma de pesos cien mil ($100.000) y confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y ha sido objeto de agravios. 2) Distribuir las costas de alzada por su orden.

3) En atención al mérito, valor e importancia de las tareas, monto en juego y de conformidad con los arts. 6, 7, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 y arts. 16, 19, 21, 25, 29, 51, 59, 61 y cc. de la ley 27.423 y arts. 279 y 478 del Código Procesal, se regulan los honorarios a favor del Dr. Luis Fandiño en la suma de $.-por los trabajos realizados bajo la vigencia de la ley 21.839- y en .UMA ($.) por los realizados bajo la vigencia de la ley 27.423; los de la Dra. María Teresa Debórtoli en la suma de $. y . UMA ($.) respectivamente y los del perito psiquiatra Saúl Félix Salischiker a . UMA ($.).

De conformidad con lo dispuesto en el Anexo C: Anexo III, del decreto 1467/2011 reglamentario de la ley 26.589 con la modificación establecida en el decreto 2536/2015 Anexo 1, art. 2, D) -vigente a la fecha de la regulación se establece la retribución fijada a favor de la mediadora Dra. María Antonia Scarriota en .UHOM ($.), en tanto ella deriva de expresa disposición legal.

Por la labor de Alzada, de conformidad con lo establecido por los arts. 30 de la ley 27.423, se regulan los honorarios del Dr. Luís Fandiño, en . UMA ($.) y los de la Dra. María Teresa Debórtoli, en .($.), los que deberán abonarse en el plazo de diez días (cfr. arts. 30 y 54 de la ley 27.423). 4) El presente acuerdo fue celebrado por medios virtuales y la sentencia se suscribe electrónicamente, de conformidad con lo dispuesto en los puntos 2, 4 y 5 de la Acordada 12/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada 15/2013) y devuélvase.

PABLO TRÍPOLI.

JUAN MANUEL CONVERSET

OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE

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