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#Fallos Excusa absolutoria: Se sobresee a una mujer imputada por el delito de trata de personas, ya que aquella misma había sido víctima durante 20 años de la trata con fines de explotación, afectando su libertad de autodeterminación

Partes: B. Y. V. s/ Infracción art. 145 ter – conforme art. 26. ley 26.842

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Sala/Juzgado: B

Fecha: 22-oct-2021

Cita: MJ-JU-M-134944-AR | MJJ134944 | MJJ134944

Sobreseimiento por aplicación de la excusa absolutoria prevista en el art. 5 de la Ley 26.364 respecto de una mujer imputada por el delito de trata de personas, ya que aquella misma había sido víctima durante 20 años de la trata con fines de explotación, afectando su libertad de autodeterminación.

Sumario:

1.-Los delitos que podría haber cometido la encartada fueron el resultado directo de su condición de víctima de la trata con fines de explotación sexual a la que fue sometida durante veinte años.

2.-El art. 5 de la Ley 26.364 ha previsto una excusa absolutoria por la cual las personas que han sido objeto del ilícito de trata de personas, estarán exentas de pena por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de su condición; existe una presunción de la restricción de la libertad de autodeterminación de la víctima de trata frente a la comisión de un delito.

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3.-El deber de declarar la no punibilidad prevista en el art. 5 de la Ley 26.364 debe ejercerse con la mayor celeridad posible, pues ante la presencia de una víctima del delito de trata de personas, surge de inmediato el deber del Estado de protegerla como víctima y brindarle todas las herramientas necesarias, como asistencia médica, psicológica, laboral, para que pueda recuperarse y salir de la situación traumática y de extrema vulnerabilidad en la que seguramente se encuentra desde hace mucho tiempo.

4.-Mientras una persona es víctima de trata, resulta claro que carece de libertad de autodeterminación, ahora bien, al momento en el que una persona deja de ser victimizada, ello no implica, que de manera automática vaya a recuperar inexorablemente su libertad de autodeterminación; todo lo contrario, tras prolongados períodos de victimización, subsiste con mucha frecuencia, profundas secuelas psicológicas, que según el caso, permiten sostener que la libertad de autodeterminación, solamente se llegaría a recuperar tras un periodo considerable de tiempo, y conforme a la premura de la asistencia psicológica que reciba.

5.-Los delitos que podría haber cometido la encartada fueron el resultado directo de su condición de víctima de la trata con fines de explotación sexual a la que fue sometida durante veinte años, porque es sabido que aunque estas mujeres alcancen mediana confianza por parte de sus proxenetas, y les asignen otras tareas, no dejan de ser explotadas y lo que hacen le genera importantes ingresos a sus explotadores, nunca a ellas.

6.-No surge de las constancias de autos constancia alguna que indique que la imputada hubiese pertenecido a una cultura distinta, con lo cual no se ha configurado el error de prohibición directo e insalvable culturalmente condicionado; máxime cuando, el ilícito enrostrado a la prevenida -trata de personas- conlleva una grave violación en desmedro de derechos fundamentales, con jerarquía claramente superior al ‘derecho a la identidad cultural’.

7.-Condenar a la imputada implicaría una revictimización de una víctima de trata hipotéticamente reconvertida en victimaria dado que por su condición e historial de vida, conduce a sostener que no ha tenido posibilidades asequibles de orientar su conducta con libertad de autodeterminación debido a secuelas irremediables de su personalidad (del voto del Dr. Ávalos).

8.-No corresponde la aplicación de la excusa absolutoria prevista en el art. 5 de la Ley 26.364, ya que no surge del relato de la imputada, que haya estado en esa época siendo víctima de trata (Del voto en disidencia del Dr. Sánchez Torres).

Fallo:

Córdoba, 22 de octubre de dos mil veintiuno.-

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: «B.Y.V. – INFRACCIÓN ART. 145 TER – CONFORME ART. 26. LEY 26.842» (EXPTE. Nº 24921/2015/11/CA7), venidos a conocimiento de la Sala B de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la señora Fiscal Federal, doctora María Marta Schianni (v. fs. 1774/1775vta.), en contra de la resolución dictada por el señor Juez Federal de Villa María, doctor Roque Ramón Rebak, con fecha 5 de setiembre de 2019, obrante a fs. 1759/1767vta., en la que decide: «RESUELVO: I. II.-HACER LUGAR al planteo efectuado por la Defensora Pública Oficial ante esta sede, y en consecuencia DICTAR EL SOBRESEIMIENTO TOTAL Y DEFINITIVO de Y.V.B. de condiciones personales obrantes en autos, respecto del hecho imputado en estos obrados, el que encuadra prima facie en el delito calificado como «Trata de Personas con fines de explotación sexual – agravada por haber sido perpetrada mediante engaño, violencia, amenazas, abuso de situación de vulnerabilidad, intimidación, pluralidad de autores y por haber sido consumada la explotación», delito previsto y reprimido por el art. 145 ter inc. 1, 5 y 7 segundo párrafo del C.P. en función del art. 145 bis del C.P. -texto según ley 26.842-, de conformidad a lo previsto por el art. 336 inc. 5 del Código Procesal Penal de la Nación, con la expresa declaración que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado».

Y CONSIDERANDO:

I.- El hecho enrostrado a Y.V.B. ha sido descripto en la requisitoria fiscal obrante a fs. 402/405 y en el decisorio de esta Alzada de fecha 7 de noviembre de 2018 Fecha de firma: 22/10/2021 recaído en estos autos, de la siguiente manera.

«En la localidad de Las Talitas (Prov.De Tucumán), con fecha que si bien no puede precisarse con exactitud habría tenido lugar entre el mes de enero y febrero del año 2015, Y.V.B. mediante abuso de la situación de vulnerabilidad habría captado y acogido con fines de explotación sexual en su vivienda de calle 27 Las Talitas, provincia de Tucumán, a la presunta víctima G.Y.R., de 18 años. Asimismo, en la ciudad de Río Tercero (Cba.), en fecha no determinada con exactitud, pero que habría ocurrido entre los meses de febrero y mayo de 2015, Y.V.B. mediante engaños habría acogido por el tiempo ininterrumpido de tres semanas con fines de explotación sexual a la presunta víctima G.Y.R., de 18 años, en un inmueble donde funcionaba un prostíbulo. La maniobra ilícita fue ejercida con violencia verbal, física y amenazas. Que esa finalidad habría sido consumada, por cuanto la víctima habría ejercido bajo intimidación la actividad sexual a cambio de dinero que siempre le fue retenido por Y.V.B. La imputada se habría aprovechado de la vulnerabilidad de G.Y.R. alojándola en ese lugar falto de higiene en estado de cautiverio, sin suministrarle alimentos, ejerciendo en todo momento control sobre su persona y suministrándole estupefacientes.».

II. El señor Juez Federal, mediante la resolución impugnada, no hizo lugar al sobreseimiento solicitado por la defensa técnica de la imputada Y.V.B. por aplicación de la excusa absolutoria establecida en el artículo 5 de la Ley de Trata.

Fundamentó dicha decisión en las conclusiones del informe elaborado con fecha 4 de julio de 2018 por la Lic. en Psicología Agostina Nazar y la Lic. en Trabajo Social Evangelina Irrazabal, profesionales dependientes de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Córdoba (v. fs.1562/1581).

Por otra parte, hizo lugar al planteo efectuado por la Defensora Pública Oficial, y en consecuencia, dictó el sobreseimiento total y definitivo de la mencionada imputada, respecto del hecho que se le enrostra, provisoriamente calificado como «Trata de Personas con fines de explotación sexual – agravada por haber sido perpetrada mediante engaño, violencia, amenazas, abuso de situación de vulnerabilidad, intimidación, pluralidad de autores y por haber sido consumada la explotación», delito previsto y reprimido por el art. 145 ter inc. 1, 5 y 7 segundo párrafo del C.P. en función del art. 145 bis del C.P. -texto según ley 26.842-, de conformidad a lo previsto por el art. 336 inc. 5 del Código Procesal Penal de la Nación, con la expresa declaración que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado.

Para así resolver, sostuvo que la encartada actuó bajo error de prohibición directo e insuperable, culturalmente condicionado.

Fundamentó su posición en los términos del informe psicológico antes referido, del cual se desprende que la historia personal de la encartada la habría llevado a naturalizar los hechos investigados en autos y a repetir patrones de conducta.

III. A) En contra de dicha resolución interpuso recurso de apelación la señora Fiscal Federal, doctora María Marta Schianni (v. fs. 1774/1775vta.).

Se agravió por el sobreseimiento dictado en favor de Y.V.B. en los términos del art. 336, inc. 5 del C.P.P.N., en virtud de que la nombrada actuó bajo un error de prohibición directo e insuperable, culturalmente condicionado.Al fundamentar su postura sostuvo que la resolución del Juez de instrucción se apoya en argumentos que no responden a una correcta interpretación y aplicación del supuesto eximente aplicado, lo que condujo a una conclusión equivocada.

Manifestó que la decisión del Tribunal resulta arbitraria, pues se basa en un análisis errado del supuesto error de prohibición aplicado.

Señaló, en tal sentido, que la eximente en cuestión no resulta ajustable en este caso, pues no se utiliza el concepto «cultura» dado por la Real Academia Española y porque se trata de una respuesta política frente a la heterogeneidad cultural.

B) Ante esta Alzada, el señor Fiscal General interino, doctor Carlos María Casas Nóblega, efectuó el informe previsto por el art. 454 del C.P.P.N. mediante el escrito glosado a fs. 1809/1811vta.

De manera preliminar, remitió a los argumentos expuestos por la señora Fiscal Federal, dándolos por reproducidos.

De igual modo, efectuó una reseña del decisorio del Juez de instrucción dictado con fecha 4 de julio de 2018, el pronunciamiento de esta Alzada de fecha 7 de noviembre de 2018 y los términos del informe pertinente ordenado en esta última decisión jurisdiccional.

Como fundamento de la postura del M.P.F. puntualizó en primer lugar que la decisión en crisis se basa en una construcción teórica doctrinaria no prevista en la legislación de fondo ni de forma, carece de fundamentación lógica y legal adecuada, que no cumple con las prescripciones del art.123 del ritual.

Al respecto, señaló que el magistrado no da razones de porqué sería cultural, directo ni insuperable, aplicando erróneamente una figura doctrinaria sin que se trate de una persona de una cultura en particular comprobada, que le impida a la encartada comprender acabadamente la criminalidad del acto o su internalización o comprensión interna o invencible.

Por otra parte, destacó la contradicción lógica entre el auto de mérito dictado por el Juez de instrucción con fecha 4 de julio de 2018 y el decisorio impugnado, habida cuenta de que en aquel se tuvo por materialmente probada la participación criminal de B.

C) Ante esta Alzada, la señora Defensora Pública Oficial, doctora María Mercedes Crespi, efectuó el informe previsto por el art. 454 del C.P.P.N. mediante el escrito obrante a fs. 1813/1819.

Al contestar agravios, compartió el criterio del Juez de instrucción, en cuanto a que su defendida actuó bajo un error de prohibición, directo e insuperable, culturalmente condicionado.

En apoyo de su postura, destacó términos del informe psicológico pertinente, en el cual se pone de relieve la trascendencia de la familia en el aprendizaje de los primeros patrones de funcionamiento social, los cuales se reflejan en la interacción social.

Asimismo, puntualizó que la supuesta contradicción entre la decisión impugnada y el anterior pronunciamiento del Juez de instrucción dictado con fecha 4 de julio de 2018, alegada por el señor Fiscal General, resulta improcedente de conformidad a las prescripciones del art. 454 del C.P.P.N.

Por otra parte, sostuvo la procedencia de la excusa absolutoria del art. 5 de la Ley de Trata.En tal sentido, trajo a colación los lineamientos trazados sobre el particular por la Defensora General de la Nación, los cuales se encuentran en absoluta sintonía con las directrices plasmadas por la Procuración General de la Nación.

De igual modo, recordó que el propio Fiscal General expresó que se ha dispuesto una investigación sobre los padecimientos y abusos de los que ha sido víctima su defendida.

Destacó los conceptos plasmados oportunamente por esta Alzada en el pronunciamiento de fecha 7 de noviembre de 2018 y los términos del informe psicológico oportunamente efectuado como consecuencia del referido decisorio.

Solicitó que se declare infundado el recurso de apelación del señor Fiscal Federal y que se rechace por ser el resultado de una errónea aplicación de la Ley de valoración de los elementos de prueba.

Sostuvo que, ya sea por aplicación de la excusa absolutoria del art. 5 de la Ley 26.842, o por entender que su defendida actuó bajo un error de prohibición, directo e insuperable, culturalmente condicionado, corresponde confirmar el sobreseimiento de su asistida.

Finalmente, efectuó reserva del caso federal.

IV.-Realizado el sorteo del orden en que los magistrados intervinientes emitirán su voto, según certificado actuarial obrante a fs. 1823, corresponde expedirse en primer término a la señora Jueza de Cámara, doctora Liliana Navarro, en segundo lugar al señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sánchez Torres y en tercer lugar al señor Juez de Cámara, doctor Eduardo D.Ávalos.

La señora Juez de Cámara, doctora Liliana Navarro, dijo:

I.-Con la finalidad de lograr una mayor claridad expositiva, entiendo que el caso bajo e studio amerita que se efectúe una breve reseña de la secuencia de los sucesivos decisorios y demás actos procesales realizados a lo largo de la instrucción en estos autos, que tuvieron lugar de manera previa al decisorio en crisis y guardan vinculación directa con la materia de controversia a resolver en el presente recurso.

Con fecha 4 de julio de 2018, el señor Juez Federal de Villa María, ordenó el procesamiento con prisión preventiva de Y.V.B. y embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $ 50.000 (cincuenta mil pesos), por considerarla supuesta autora del delito de trata de personas con fines de explotación sexual – agravada por haber sido perpetrada mediante engaño, violencia, amenazas, abuso de situación de vulnerabilidad, intimidación, pluralidad de autores y por haber sido consumada la explotación (art. 145 ter inc. 1, 5 y 7 segundo párrafo del C.P. en función del art. 145 bis del C.P. -texto según ley 26.842-).

Asimismo, no hizo lugar al pedido de sobreseimiento efectuado por la Defensora Pública Oficial por aplicación de la excusa absolutoria establecida en el artículo 5 de la Ley de Trata.

Con fecha 7 de noviembre de 2018, esta Sala B del Tribunal revocó el procesamiento con prisión preventiva dictado en contra de la nombrada en orden al referido delito, como así también, el embargo dispuesto sobre sus bienes.

Además, en virtud de los considerandos oportunamente desarrollados, se dispuso que el Juzgado de instrucción realizara un informe psicológico exhaustivo, a cargo de la Secretaría de Lucha contra la violencia a la Mujer y Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, que conforme los parámetros pertinentes, estableciera si al momento de los hechos -enero a mayo de 2015-, la prevenida Y.

V.B.tenía o no libertad de autodeterminación, al menos con el grado de probabilidad.

En cumplimiento de lo dispuesto por este Tribunal, el Juzgado de instrucción encomendó la realización de un Informe a la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, el cual fue realizado por la Licenciada en Psicología Agostina Nazar y la Licenciada en Trabajo Social Evangelina Irrazabal, facultativas dependientes de la referida institución (v. fs. 11562/1571).

En el referido informe, se concluyó: «.A partir de la única entrevista realizada a V.Y.B., es posible observarla predispuesta al diálogo y a sostener dicho espacio donde esta se permite plasmar el relato de su historia de vida y su situación actual. Se evidencia atención estable, su memoria estaría conservada, además de un discurso claro y ordenado; siendo relevante destacar el aspecto desafectado del mismo. Relata sucesos traumáticos vivenciados en su niñez, adolescencia y juventud con la marcada desconexión emocional entre lo vivido y lo sentido.

A raíz de lo expresado por Y., es posible evidenciar que, a lo largo de su vida, especialmente en la infancia y adolescencia, ésta habría atravesado por reiteradas experiencias traumáticas (abuso sexual, explotación sexual, violencia psicológica, física y de género).del relato de la señora V.Y.B. en el período de tiempo comprendido entre los meses de enero a mayo del año 2015, se infiere que su libertad de autodeterminación pareciera no haber sido obturada en parámetros de libertad o restricción ambulatoria, comunicación, mediación de violencia o coacción, abuso de poder, falta de accesos a sus bienes, intimidación y retención de documentos. Pero, sí es necesario destacar el fuerte impacto en la construcción de su subjetividad habiendo sido víctima de trata con fines de explotación sexual siendo menor de edad.Se deduce que Y., podría haber repetido patrones de conducta de los que ella misma ha sido víctima, todo ello se ha observado en la naturalización de los hechos por la cual se encuentra privada de su libertad.

En virtud de dicho informe 1)- La señora Fiscal Federal, doctora María Marta Schianni, mediante el dictamen glosado a fs. 1588 solicitó el procesamiento de Y.V.B. en orden al delito que se le enrostra; 2)- la Defensa Técnica de la prevenida sostuvo nuevamente que corresponde ordenar el sobreseimiento de la misma por aplicación de la excusa absolutoria del art. 5 de la Ley de Trata. Subsidiariamente, solicitó el sobreseimiento de su asistida por entender que la misma actuó bajo error de prohibición directo e insuperable, culturalmente condicionado.

Con fecha 5 de septiembre de 2019 el Juez Federal de Villa María, dictó nuevamente resolución en la cual no hizo lugar al pedido de sobreseimiento por la aplicación de la excusa absolutoria del art. 5 de la Ley de Trata y dictó el sobreseimiento total y definitivo de la nombrada por error de derecho insuperable, culturalmente condicionado, art. 336 inc. 5 del CPPN.

Fundamentó su decisión en los términos que se desprenden del informe elaborado por la Secretaría de Lucha contra la Violencia de la Mujer y Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de la provincia de Córdoba, el cual consigna que las circunstancias de haber sido víctima durante años del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y de abusos sexuales, trajeron aparejadas como consecuencia, un fuerte impacto en la construcción de la subjetividad de la imputada.

Por tal motivo, entendió que resulta probable que la prevenida haya repetido patrones de conducta de los que fue víctima, con la consiguiente naturalización de los hechos imputados.

II. Así las cosas, debe establecerse si la imputada Y.V.B.actuó bajo error excluyente de la culpabilidad y, a consecuencia de ello, si corresponde o no el dictado de su sobreseimiento en los términos del artículo 336, inciso 5, del CPPN, según lo ha decidido el Juez.

El «error de prohibición», recae «sobre la existencia misma de la norma punitiva o sobre su alcance, así como sobre la existencia, condiciones de aplicación y extensión de las normas permisivas -causas de justificación-«.

Por su parte, y para que proceda como causal de sobreseimiento, resulta imprescindible determinar su vencibilidad o invencibilidad, pues «Si, durante el desarrollo de la investigación penal preparatoria o en virtud de nuevos elementos probatorios ingresados al proceso antes del inicio del debate, se verificare que el autor del injusto actuó bajo un error de prohibición inevitable, el sobreseimiento procede sin lugar a dudas, por la inculpabilidad del procesado.» (Macagno Mauricio Ernesto; 2020; El sobreseimiento en el proceso penal; 1ª Edición; Hammurabi; pág. 106).

Así las cosas, cabe determinar si la imputada habría realizado la conducta descripta en el requerimiento de instrucción persuadida en que tal acción resultaba lícita.En otras palabras, si habría llevado a cabo el hecho delictivo, sabiendo lo que hacía y creyendo que estaba permitido, o en la creencia equivocada de que no estaba prohibido.

Cabe señalar, para el caso que se analiza, que el instituto de «error de prohibición invencible, culturalmente condicionado» invocado por la defensa, carece de entidad normativa dentro de nuestro ordenamiento legal vigente, a pesar de que jurisprudencial y doctrinariamente cuenta con un claro reconocimiento, como consecuencia lógica del «derecho a la identidad cultural» y la necesidad de dar una respuesta genuina a la «heterogeneidad cultural».

Entonces, resulta necesario deslindar con absoluta precisión conceptual, que se entiende por «cultura», pudiendo precisar que consiste en el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.

Sentado ello, cabe destacar especialmente, que de conformidad al entendimiento mayoritario de la jurisprudencia nacional y el criterio adoptado pacíficamente por autorizada doctrina, el instituto en cuestión, esto es, el error de prohibición culturalmente condicionado, consta de dos elementos: 1) elemento subjetivo: lo que el imputado creía al momento del hecho; 2) elemento normativo:invocación de una cultura diferente.

En esta línea de pensamiento, corresponde puntualizar que el instituto del «error de prohibición invencible culturalmente condicionado» se configura sólo en los casos en los que se verifique la siguiente concatenación de «causa-efecto»: a) el autor pertenece a una cultura distinta, lo que provoca en su intelecto una dificultad de comprensión de la norma de una magnitud tal, que le impide internalizarla, independientemente de que la conozca, o no; b) la falta de internalización de la norma excluye la reprochabilidad de la conducta.

En el caso bajo examen, no surge de las constancias de autos constancia alguna que indique que la imputada hubiese pertenecido a una cultura distinta, lo que impide establecer la relación de causalidad antes referida y, como consecuencia de ello, es criterio de esta magistrada que en este caso no se ha configurado el error de prohibición directo e insalvable culturalmente condicionado.

Cabe destacar que el referido instituto encuentra su fundamento en el reconocimiento del valor cultural de poblaciones originarias, más no de bandas dedicadas al delito o asociaciones ilícitas.

En suma, en el caso de autos el Juez de instrucción no ha demostrado que el error sea de naturaleza «cultural», habida cuenta de que nada indica que la prevenida pertenezca a una cultura distinta, de igual modo, tampoco se ha acreditado que sea insalvable ni directo.

Por otra parte, además de no haberse configurado el instituto del error de prohibición directo e insalvable, culturalmente condicionado, independientemente de ello, en el presente caso, tampoco resulta aplicable.

Efectivamente, si se analiza el caso de autos desde un enfoque de carácter axiológico que merite los derechos e intereses jurídicos en juego, corresponde puntualizar que el «error de prohibición invencible culturalmente condicionado «, consiste en una respuesta de naturaleza política frente a la «heterogeneidad cultural».

Entonces estamos frente a un «instituto» que adquirió entidad jurídica por vía jurisprudencial ante la necesidad de conferir vigencia efectiva y no retórica al «derecho a la identidad cultural».

Al respecto, cabe acotar que dicho derecho cede antederechos fundamentales de superior jerarquía, tales como la vida, la libertad, la integridad corporal, etc.

Es decir, que el ilícito enrostrado a la prevenida B. conlleva una grave violación en desmedro de derechos fundamentales, con jerarquía claramente superior al «derecho a la identidad cultural».

En virtud de todo lo expuesto, en el caso de autos entiende esta magistrada que no se configura el instituto del «error de prohibición directo e insalvable culturalmente condicionado», por el cual el Juez de Villa María otorgó el sobreseimiento de la inculpada B., en los términos del art.

336 inc. 5 del CPPN.

III. Ahora bien, cabe analizar la solicitud de sobreseimiento por aplicación de la excusa absolutoria prevista en el art. 5 de le ley 26364 -modificada por ley 26.842- peticionada en reiteradas oportunidades por la Defensora Oficial de Villa María, y por la Dra. Crespi, Defensora Oficial ante este Tribunal de Alzada.

Al respecto, el referido art. 5º de la ley 26.364 expresamente dice: «las victimas de trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata. Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que las damnificara».

Resulta claro que la ley ha previsto una excusa absolutoria por la cual las personas que han sido objeto del ilícito de trata de personas, estarán exentas de pena por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de su condición. Esa es a mi entender la naturaleza jurídica de la cláusula de no punibilidad establecida en el art.5 de la ley 26364, y en consecuencia estaremos ante la presencia de un delito (acción, típica, antijurídica y culpable), en donde la ley decide eximir al responsable del delito de pena, por cuestiones distintas de la responsabilidad, como pueden ser las cuestiones de política criminal.

En ese sentido, comparto las afirmaciones efectuadas por el Fiscal General a cargo de la Procuraduría para Combate de la Trata y Explotación de personas, Dr. Marcelo Colombo, en la publicación del INECIP «¿Qué hicimos con la trata? Un recorrido por las principales políticas públicas de trata sexual en Argentina, cuando señala que el legislador ha clasificado a la víctima de trata como una de las más vulnerables del sistema y, mediante esta cláusula, ha entendido su situación como un obstáculo para la imputación penal. Esta interpretación, tiene además coherencia con la redacción del art. 34 del Código Penal que bajo la proposición «no son punibles» abarca las diferentes exclusiones del ilícito y de la culpabilidad. (INECIP -Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales- «¿Qué hicimos con la trata? Un recorrido por las principales políticas públicas de trata sexual en Argentina.

1° Edición, La Plata, 2013, p. 305) Entendemos que la ley de trata a través de la incorporación de esta excusa absolutoria, pretende darle una solución a la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas de trata antes, durante y luego de los hechos que las tienen como víctima, estableciendo de esta manera la norma una presunción legal, esto es: que los delitos cometidos por víctimas de trata como resultado directo de su condición de víctimas no merecen reproche penal y ofrece una solución legal:la no punibilidad.

Entonces a mi entender, para que la norma no sea letra muerta, y realmente sea operativa, es necesario comprobar dos cosas, una que la persona que cometió el hecho delictivo que se le atribuye es víctima de trata de personas, y dos, que ese hecho delictivo tiene una relación causal directa con su condición de víctima.

Ahora bien, estimo que, el legislador ha sido claro tratando de evitar la revictimización de las víctimas de trata, lo cual no se lograría sometiéndolas a largos procesos judiciales, e inclusive a un juicio, para declarar la no punibilidad de los hechos que se le reprochan, por ser evidente su condición de víctima de trata y la relación directa de causalidad del ilícito reprochado con esa condición.

En tal sentido, considero que la solución propuesta por el distinguido jurista Sebastián Soler, al tratar la oportunidad procesal de la aplicación de una excusa absolutoria, cuando señala que «. la circunstancia de que sea una mera causa de impunidad, no significa, que deba instruirse proceso y llevarlo a sentencia. Esto importa una fea confusión acerca del objeto de un proceso, que no es otro que comprobar un hecho punible. Desde el momento que se ha establecido la imposibilidad de la aplicación de una pena, el proceso debe sobreseerse sea cual fuere el estado o grado en que la causa se encuentre.» (SOLER, Sebastián, Derecho Penal Argentino, IV, Actualizador Manuel A. Bayala Basombrío, TEA, Buenos Aires, 1988, p. 182.

Esta es la solución que a mi entender responde a la voluntad del legislador, y que resulta acorde a los compromisos asumidos por el Estado argentino, en la normativa internacional, de brindar asistencia integral y tutela gratuita a las víctimas del delito de trata de personas.

Estimo que hasta la fecha, la doctrina y la jurisprudencia no son pacíficas en interpretar la naturaleza jurídica del instituto previsto por el art.5 de la Ley 26.364, pues mientras algunos entienden que lo exime de culpabilidad porque la persona víctima de trata no posee poder de autodeterminación, otros, entre quienes me enrolo, consideramos que en realidad la excusa absolutoria excluye de punibilidad a la víctima de trata de la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata.

No obstante, la diferente conceptualización de la cuestión, no impide la aplicación de la cláusula en la medida que se configuren los presupuestos de su procedencia, y en consecuencia el deber de declarar la no punibilidad debe ejercerse con la mayor celeridad posible, pues si estamos en presencia de una víctima del delito de trata de personas, tal como lo he manifestado anteriormente, surge de inmediato el deber del Estado de protegerla como víctima y brindarle todas las herramientas necesarias, como asistencia médica, psicológica, laboral, para que pueda recuperarse y salir de la situación traumática y de extrema vulnerabilidad en la que seguramente se encuentra desde hace mucho tiempo. Al respecto comparto plenamente los argumentos del juez del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 3 de Mar del Plata, cuando al resolver la aplicación de la excusa absolutoria del art. 5º de la ley 26364, señala «.El Poder Judicial debe velar por la plena vigencia de las garantías constitucionales y convencionales, por lo que no corresponde que intervenga poniendo un vallado extra y entorpeciendo una concreta situación que requiere asistencia psicológica y social urgente, pues cualquier magistrado llamado a comprobar una causal de no punibilidad supeditaría el ejercicio de un derecho expresamente reconocido por una convención internacional y la ley (como es el deber de asistencia a las víctimas de trata de personas y delitos sexuales) a un trámite judicial innecesario y carente de sentido.» («Av.Pta.inf.ley 26364, causa Nº 6127, Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº3 de Mar del Plata, 15/3/2013).

Por eso, comparto el criterio de Soler, al considerar la sinrazón de perseguir un delito con un proceso cuando el hecho no es punible, pues por razones de otra naturaleza el legislador lo ha eximido de la pena, sea para preservar vínculos familiares o como en el caso que nos ocupa, por razones de política criminal, pero en ellos resulta evidente que existe mayor interés del Estado de conservar los lazos familiares o de ayudar a la víctima que de castigarla por un delito cometido como consecuencia de su condición y en relación directa con la misma.

Concretamente, siguiendo esta concepción, la norma excluye la punibilidad a la víctima de trata de la comisión de cualquier ilícito que sea el resultado directo de haber sido víctima de trata, pero tal como lo señalara anteriormente no exige simultaneidad, es decir que en ese mismo instante o momento estaba siendo explotada como víctima de trata de personas. Considero que la voluntad del legislador ha sido proteger en sentido amplio a quien es víctima de trata en el presente, pero también en un tiempo pasado, porque la recuperación de lo vivido como víctima de una explotación sexual, no será inmediata.

Entiendo además, que en el art.5 de la ley 26.364 existe una presunción de la restricción de la libertad de autodeterminación de la víctima de trata frente a la comisión de un delito, circunstancia acabadamente demostrada en el caso concreto.

Los delitos que podría haber cometido la encartada B., fueron el resultado directo de su condición de víctima de la trata con fines de explotación sexual a la que fue sometida durante veinte años, y tal como lo señale anteriormente la ley no exige simultaneidad, porque es evidente que las consecuencias del sometimiento de la víctima se prolongaran en un período de tiempo mayor o menor, o quizás no logren superarse nunca, y la persona sólo aprenda a sobrevivir con esos episodios traumáticos de por vida, lo que forjaran su personalidad. Por esta razón es que la ley considera que la víctima de trata y a raíz de los padecimientos que ha sufrido no merece ningún reproche penal por los delitos cometidos a consecuencia directa de su condición.

Dicho en otras palabras, y tal como lo sostuve en mi voto del 2018, mientras una persona es víctima de trata, resulta claro que carece de libertad de autodeterminación, ahora bien, al momento en que una persona deja de ser victimizada, ello no implica que automáticamente vaya a recuperar inexorablemente su libertad de autodeterminación.

Debo agregar que en el análisis individual de los casos de víctimas de trata con fines de explotación sexual resulta imperativo efectuar el abordaje con una perspectiva de género y derechos humanos, en consonancia con el sistema universal e interamericano de Derechos Humanos, y nuestro propio bloque de constitucionalidad establecido en el art. 75 inc.22 de la Constitución Nacional. A nivel internacional la norma marco para definir la Trata de personas, fue el Protocolo de Palermo (1979), sin perjuicio de que se produzcan con estos ilícitos de suma complejidad y de carácter trasnacional, violaciones a prácticamente todos los derechos humanos reconocidos por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos:el derecho a la libertad, a la integridad y seguridad de la persona; el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la libertad de circulación; el derecho a fundar un hogar y una familia; el derecho al mayor nivel posible a la salud; el derecho a la educación. Es decir que la ley 26.364 vino a saldar una deuda pendiente que el Estado argentino, tenía con la comunidad internacional en relación a las obligaciones de persecución y represión contra los delitos de trata de personas y la debida asistencia a las víctimas.

Así, nuestro país, en virtud de los compromisos internacionales asumidos sanciona la ley 26.364 (2008) que tiene por objeto adoptar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, y de asistir y proteger a sus víctimas. Asimismo, esta norma fue modificada en diciembre del 2012 por la ley 26.842, con importantes avances hacia la protección de las víctimas, como es suprimir la exigencia de que mediaren medios comisivos como el engaño, el fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coacción para que se configure el delito, en el caso de víctimas mayores de edad, para que se configure el delito de trata de personas y la excusa absolutoria, que exime a la víctima de trata de la imposición de una pena por los delitos cometidos como consecuencia directa de haber sido víctima de trata, a la vez que crea distintos programas destinados a la asistencia, protección y recuperación integral de la víctima.

Ahora bien, la Defensora Oficial de Villa María ya antes del pronunciamiento del señor Juez de primera instancia de fecha 4 de julio del 2018, insta el sobreseimiento de la inculpada Y.B. por aplicación de la excusa absolutoria prevista en el art.5 de la Ley 26.364; por cuanto entendió que la aplicación de una pena en este caso significaría volver a victimizar a una mujer que ya ha sufrido los embates de la violencia de género (fs. 954/957), argumentos que fueron ampliamente desarrollados por la Defensora Oficial ante este Tribunal, Dra. Mercedes Crespi, con cita de doctrina y jurisprudencia.

En cumplimiento de lo dispuesto por este Tribunal de Alzada, el juzgado de instrucción encomendó la realización de un informe psicológico exhaustivo a la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de personas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, el cual fue realizado por la Lic. en Psicología Agostina Nazar y la Lic. en Trabajo Social Evangelina Irrazabal, facultativas dependientes de la referida institución a efectos de que estableciera si al momento de los hechos, esto es mayo del 2015, la prevenida B. tuvo o no libertad de autodeterminación, de conformidad a lo requerido por el juez instructor, al menos con el grado de probabilidad (v. fs. 1562/1571).

En dicho informe, se concluyó: «.A partir de la única entrevista realizada a V.Y.B., es posible observarla predispuesta al diálogo y a sostener dicho espacio donde esta se permite plasmar el relato de su historia de vida y su situación actual. Se evidencia atención estable, su memoria estaría conservada, además de un discurso claro y ordenado; siendo relevante destacar el aspecto desafectado del mismo.

Relata sucesos traumáticos vivenciados en su niñez, adolescencia y juventud con la marcada desconexión emocional entre lo vivido y lo sentido.A raíz de lo expresado por Y., es posible evidenciar que, a lo largo de su vida, especialmente en la infancia y adolescencia, esta habría atravesado por reiteradas experiencias traumáticas (abuso sexual, explotación sexual, violencia física, psicológica y de género) y agregan, el vivenciar acontecimientos estresantes o situaciones vitales adversas, principalmente en etapas de desarrollo como la infancia y la adolescencia, pueden impactar y afectar biológica, psicológica y socialmente a una persona. Los sucesos traumáticos vivenciados pueden inferir negativamente en la calidad de vida y afectar en la vida cotidiana, así como en las relaciones sociales. Los efectos por la experimentación de un acontecimiento traumático de forma crónica, pueden ser profundos, ya que estarían implicados y afectarían a los significados cruciales de la vida de una persona».

Agrega el informe, «.Del relato de la señora V. Y.

B. en el periodo de tiempo comprendido entre los meses de enero a mayo del año 2015, se infiere que su libertad de autodeterminación pareciera no haber sido obturada en parámetros de libertad o restricción ambulatoria, comunicación, mediación de violencia o coacción, abuso de poder, falta de acceso a sus bienes, intimidación y retención de documentos. Pero, si es necesario destacar el fuerte impacto en la construcción de su subjetividad habiendo sido víctima de trata con fines de explotación sexual siendo menor de edad. Se deduce que Y., podría haber repetido patrones de conducta de los que ella misma ha sido víctima, todo ello se ha observado en la naturalización de los hechos por la cual se encuentra privada de su libertad».

Tal cual se advierte en el nuevo informe incorporado por el instructor, las conclusiones de las profesionales intervinientes en más o en menos son idénticas al de la Lic. en Psicología Victoria Fernández Núñez de D.G.N. (fs. 979/vta.).

El relato de la inculpada B., al momento de ejercer su defensa material (fs.869/870) y los resultados de los informes psicológicos practicados en autos por las distintas profesionales actuantes, me permite concluir que V.Y.B. tuvo una vida marcada por situaciones traumáticas desde niña, sometida primero al abuso sexual en el ámbito familiar, expulsada de su hogar a los 12 años, ejerciendo la prostitución desde esa temprana edad para sobrevivir, con las graves consecuencias que esto conlleva, como la vejación, la tortura, la explotación sexual de manera abusiva, la coacción, la violencia física, psicológica y de género.

Sometida a la explotación sexual por diferentes proxenetas, en distintos lugares del país, algunos menos crueles que otros, tal cual surge de su propio relato, donde señala no sólo el sometimiento a la explotación sexual excesiva, vejatoria, sino su padecimiento a situaciones verdaderamente crueles, como golpes, encadenamientos, quemaduras de cigarrillos en su cuerpo, y el suministro de diverso tipo de drogas para que resistiera y brindara mayor rendimiento y más ganancias para sus explotadores.

Sin dudas, las cicatrices en el cuerpo de esta mujer, resultado de los golpes, de los encadenamientos y de las quemaduras realizadas por los clientes o su proxeneta, podrán curarse con el tiempo, pero no será fácil que la misma supere las huellas del horror en su psiquis y su vida emocional. A esta altura, es de preguntarse, ¿Qué más necesitamos para entender que la inculpada B. era una víctima de trata con fines de explotación sexual?Y en consecuencia, como toda víctima de trata, es víctima de una fuerte restricción en su libertad de autodeterminación y dignidad personal.

Que tal como lo señalara en mi voto en noviembre del 2018, al referirme a la situación de la inculpada en estos autos, «mientras una persona es víctima de trata, resulta claro que carece de libertad de autodeterminación, ahora bien, al momento en el que una persona deja de ser victimizada, ello no implica, que de manera automática vaya a recuperar inexorablemente su libertad de autodeterminación».

Todo lo contrario, tras prolongados períodos de victimización, subsiste con mucha frecuencia, profundas secuelas psicológicas, que según el caso, permiten sostener que la libertad de autodeterminación, solamente se llegaría a recuperar tras un periodo considerable de tiempo, y conforme a la premura de la asistencia psicológica que reciba.

En definitiva, y tal como lo vengo señalando, las formas de abuso y explotación sexual a las que ha sido sometida B., permite confirmar que la misma ha sido víctima de trata, y los sometimientos y situaciones inhumanas que ha padecido por más de veinte años, desde su niñez, han producido secuelas irremediables en su personalidad por lo que no es posible afirmar que la misma haya recuperado su autodeterminación en tan corto espacio de tiempo.

De esta manera, considero que los delitos que podría haber cometido la encartada B., fueron el resultado directo de su condición de víctima de la trata con fines de explotación sexual a la que fue sometida durante veinte años, porque es sabido que aunque estas mujeres alcancen mediana confianza por parte de sus proxenetas, y les asignen otras tareas, no dejan de ser explotadas y lo que hacen le genera importantes ingresos a sus explotadores, nunca a ellas.

Dicho en otras palabras, tal como lo sostuve en mi voto del 2018, mientras una persona es víctima de trata, resulta claro que carece de libertad de autodeterminación, ahora bien, al momento en que una persona deja de servictimizada, ello no implica que automáticamente vaya a recuperar sin más, su libertad de autodeterminación, sin que por ello pierda su condición de víctima en el sentido fijado por la ley en su art. 5º.

Por último, estimo oportuno señalar que los operadores judiciales, además de dar cumplimiento cabal a la ley 26.364, y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos vigentes con rango constitucional en nuestro sistema jurídico, lo cierto es que en los casos concretos bajo estudio, no debemos mirar hacia otro lado, la situación real y palmaria de las personas víctimas de trata de explotación sexual y evitar conforme los resortes legales que disponemos, que no se las someta a largos procesos judiciales, revictimizándolas con repetidos análisis y entrevistas para comprobar su condición de víctima, impidiendo de esta manera el pronto y adecuado auxilio que el Estado debe brindar a las víctimas de estos delitos para lograr su recuperación integral y resocialización, y que se logre finalmente, que después de años de padecimientos, puedan formar una familia, tener un trabajo, y en definitiva alcanzar una vida digna.

En tal sentido, comparto las expresiones de la Dra.

Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación, cuando señala: «.es posible que sea por los conceptos discriminatorios que aún persisten en las y los operadores de justicia. En este sentido, es necesario remover los prejuicios y estereotipo de género que imponen un ideal de víctima, conforme al cual, para ser reconocidas como tales, las mujeres deben comportarse de un modo determinado. Si la «víctima» no responde a ese prejuicio de débil, casi inactiva, necesaria de protección (.) quedan excluidas de la debida y necesaria protección legal» (MARTÍNEZ, Stella Maris «Criminalización de víctimas de trata de personas» disertación en el XII Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal, Tucumán, 29 de junio de 2012. Citado en la publicación del Ministerio Público de la Defensa «EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS.Herramientas para los defensores públicos». Ed. Libro X, Buenos Aires, 2014, p. 40.

Resulta fundamental para resolver con justicia la situación de las víctimas de trata, tener empatía con las circunstancias de vida por la que han atravesado estas mujeres, que seguramente estará lejos de las que hemos vivido quienes tenemos que intervenir en estas causas. Solo de esta manera podremos dar un adecuado y rápido tratamiento a la situación de las víctimas de un delito tan aberrante como lo es la trata de persona, y apuntar los recursos hacia los tratantes, hacia los verdaderos responsables de la explotación sexual de estas mujeres, que conforman importantes organizaciones criminales mediante las cuales obtienen cuantiosas ganancias.

IV.- Por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución dictada con fecha 5 de septiembre de 2019, por el señor Juez Federal de Villa María, en cuanto dispuso el sobreseimiento total y definitivo de Y.V.B., debiendo modificarse la causal en virtud de hacerse lugar a la excusa absolutoria prevista en el art. 5º de la Ley 26.364 solicitada por la defensa, art. 336 inc. 5, último supuesto, del CPPN. Así voto.

El señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sánchez Torres, dijo:

Llegan los autos a estudio del suscripto a efectos de resolver acerca del recurso de apelación interpuesto por la Sra. Fiscal Federal de Villa María, en contra del sobreseimiento dispuesto en favor de Y.V.B. con fecha 5.09.2019 por el Sr. Juez Federal de esa ciudad.

I. Como primera cuestión, debe señalar que adhiero a las consideraciones expuestas por la colega preopinante en el punto II de su voto, en cuanto a que no se encuentra configurado en autos el instituto de «error de prohibición directo e insalvable culturalmente condicionado» que fuera aplicado por el juez de primera instancia al disponer el sobreseimiento de la imputada B. Comparto las reflexiones y fundamentos dados por la Dra.Navarro y entiendo, de la misma forma, que no cabe su aplicación al caso de autos.

Al respecto, quiero agregar que conforme reconocida doctrina, «Concurre un error de prohibición cuando el sujeto, pese a conocer completamente la situación o supuesto de hecho del injusto, no sabe que su actuación no está permitida.» (conf. Roxin Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, 1997, Ed. Civitas, pág 861).

Y en relación al caso que aquí nos ocupa, entiendo plenamente aplicable el ejemplo dado por Roxin en cuanto ha sostenido que «Quien en nuestro círculo cultural ha aprendido en la primera juventud que hurtar y robar está prohibido, cuando se decida a realizar tales hechos, pensará a la vez forzosamente, sin reflexión alguna, en el carácter prohibido de su hecho. .» . A su vez, se señala que «.un ladrón naturalmente sabe que hurtar está prohibido, pero durante la ejecución dirige sus pensamientos al éxito del hecho y no a su carácter prohibido. Un conocimiento así es sin embargo suficiente para la conciencia de la antijuricidad.» (Roxin, ob. Cit., pág. 873/4).

Lo dicho, sumado a los argumentos dados por la colega preopinante, me permite descartar, que su accionar pueda ser fruto de un «error de prohibición directo e insalvable culturalmente condicionado».

II. Como segunda cuestión, y en cuanto al pedido efectuado al juez de primera instancia de sobreseimiento en virtud de la excusa absolutoria del art. 5 de la ley 26.364 el a quo, en el pronunciamiento apelado, señaló que tal normativa «sólo es aplicable ante supuestos de actos ilícitos y en tanto y en cuanto las presuntas víctimas hayan obrado coaccionadas o bien en supuestos en que su consentimiento haya estado viciado por falta de libertad de autodeterminación.» Entendió que de las constancias de autos surge que al momento de los hechos B. obraba en un contexto de libertad y no se encontraba obligada ni coercionada hacia la comisión del delito que se le imputa, encontrándose fuera del marco de protección que habilita la absolución del art.5 de la ley 26.364.

Comparto los argumentos dados por el a quo y de igual manera, entiendo que no corresponde la aplicación al caso de autos de la excusa absolutoria prevista en la referida norma.

Que, el art. 5 de la ley 26.364 establece que «Las víctimas de la trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata. Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que los damnificara».

Surge claro que el sentido de la no punición de estas conductas tiene como antecedentes directrices y convenios internacionales. En esa línea, el Convenio del Consejo de Europa para la acción contra la trata de seres humanos señala: «Las partes deberán prever, con arreglo a los principios fundamentales de su sistema jurídico, la posibilidad de no imponer sanciones a las víctimas por haber tomado parte en actividades ilícitas cuando hayan sido obligadas a ello». (conf. Consejo de Europa, Treaty Series N° 197, art.26, el resaltado me pertenece) En el mismo sentido, los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y trata de personas del año 2002 del ACNUR, en su punto 7 dispone que «las víctimas de la trata de personas no serán detenidas, acusadas ni procesadas por haber entrado o residir ilegalmente en los países de tránsito y destino ni por haber participado en actividades ilícitas en la medida en que esa participación sea consecuencia de su situación de tales».

Conforme lo señala la doctrina, si se considera que en los casos de trata de personas el consentimiento se encuentra anulado o viciado, «es lógico inferir que mientras persista esa situación no podrá atribuírsele a la víctima la comisión de otros delitos estrechamente vinculados con la actividad ilegal o que sean resultado directo de ella.» También se ha sostenido que en los casos de trata, la especial situación de vulnerabilidad de algunas personascomo ser, la extrema pobreza, la escasa educación, o la falta de trabajo-, es aprovechada por parte de las organizaciones que se dedican a ello «mediante el empleo de una metodología de sujeción del cuerpo y de la psiquis». Por ello, se entiende que «quien comete un delito encontrándose en esa extrema situación. difícilmente pueda discernir con libertad qué hacer y qué no, por más de que conozca la antijuricidad de la conducta», y no es posible exigirle un comportamiento distinto al desplegado (conf. Luciani, Diego Sebastián, Trata de persona y otros delitos relacionados, 1ra Ed., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2015, pág. 110/2).

Tal como surge de las constancias de autos, y en particular del informe obrante a fs. 1563/71, la imputada B., al momento de los hechos que se le atribuyen, vivía en una casa que había heredado de una tía, luego de haber terminado una relación de tres años en pareja con Juan Morales, con quien convivía junto a su hijo en el domicilio de él.Es decir, no surge de su relato, que haya estado en esa época siendo víctima de trata. Del mismo informe se desprende- y siempre según su propio relato- que viajó junto a su hijo a Río Tercero, un día después de que viajaran su madre y la víctima Y. Esto da cuenta también, a mi criterio, que la imputada B. tenía libertad de movimiento y no estaba bajo el sometimiento de otra persona. Lo mismo se induce de sus dichos respecto al alojamiento al llegar a esa ciudad, a la relación amorosa que inició y a su mudanza a la casa de esa persona. Es decir, reitero, B., al momento de los hechos que se le imputan, tenía libertad de acción y de decisión.

III. Dicho ello, es pertinente señalar que este Tribunal, al momento de resolver con fecha 7 de noviembre de 2018, sostuvo que era necesario determinar si la comisión de un hecho delictual por parte de una presunta víctima de trata se llevó adelante con libertad de autodeterminación.

Se señaló, para revocar el procesamiento dispuesto en su contra que, en base a la historia personal de la imputada, subsistían razonables dudas en cuanto a que a la fecha de los hechos hubiese tenido libertad de autodeterminación y, en razón de ello, se entendió que no era posible sostenerse con el grado de probabilidad requerido la participación responsable de Y.V.B. en el ilícito que se le enrostra, resultando necesario profundizar la investigación «a los efectos de confirmar o desvirtuar, si la imputada, al momento de los hechos investigados, habría actuado con libertad de autodeterminación.» Se dispuso, en tal oportunidad, ordenar al instructor la realización de un informe psicológico exhaustivo a fin de establecer si al momento de los hechos – enero a mayo de 2015-, la prevenida Y.V.B. tenía, o no, libertad de autodeterminación, al menos con el grado de probabilidad (conf.pronunciamiento de esta Sala B, de fecha 07.11.2018 en los presentes autos.) IV. Ahora bien, con posterioridad a la resolución reseñada, en cumplimiento de lo ordenado, el juzgado instructor ordenó la realización de un informe a la Secretaría de lucha contra la violencia a la mujer y trata de personas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, donde se concluyó: «.A raíz de lo expresado por Y., es posible evidenciar que, a lo largo de su vida, especialmente en la infancia y adolescencia, ésta habría atravesado por reiteradas experiencias traumáticas (abuso sexual, explotación sexual, violencia psicológica, física y de género).» (informe obrante a fs. 1562/71 obrante en el sistema Lex 100).

El citado informe sostiene que la imputada «tenía conocimiento de las actividades de explotación a los que se dedicaba su madre [Silvia Fecha] y los contactos con los que ésta contaba. Ella mismo ha relatado que fue víctima de sus delitos siendo menor de edad, la cual en varias oportunidades la ha entregado a otros adultos para ser explotada sexualmente. Por lo que se puede entrever, Yenina podría haber estado en conocimiento de la situación de riesgo a la que exponían a [Y.R.]» Se agrega además que «resulta llamativo que a partir del segundo día que llegan a la ciudad de Rio Tercero, ella decide irse a convivir con el señor Matías Sosa. Ésta no intento tomar contacto con [la presunta víctima] de ningún tipo, siendo que ella y su madre eran las que la habían llevado, con el objetivo de un proyecto laboral y además Y. convivía en Tucumán [con la presunta víctima].Cabe destacar, que Y. ha relatado que su madre le estaba reclamando el costo del pasaje a la señora [Y.R], por lo que se podría deducir que [Y.R.] estuvo bajo un sistema de endeudamiento inducido, del cual Y.tenía conocimiento» Por último, el informe concluye señalando que «Del relato de la señora V.Y.B. en el período de tiempo comprendido entre los meses de enero a mayo del año 2015, se infiere que su libertad de autodeterminación pareciera no haber sido obturada en parámetros de libertad o restricción ambulatoria, comunicación, mediación de violencia o coacción, abuso de poder, falta de accesos a sus bienes, intimidación y retención de documentos. Pero, sí es necesario destacar el fuerte impacto en la construcción de su subjetividad habiendo sido víctima de trata con fines de explotación sexual siendo menor de edad. Se deduce que Y., podría haber repetido patrones de conducta de los que ella misma ha sido víctima, todo ello se ha observado en la naturalización de los hechos por la cual se encuentra privada de su libertad.» Entiendo que el informe referido, da respuesta al interrogante de esta Sala al momento de pronunciarse previamente, en cuanto se entendió necesario establecer si al momento de los hechos, Bañagasta tenía o no libertad de autodeterminación, al menos con el grado de probabilidad requerido en la instancia.

Habiéndose acreditado a mi criterio, con el grado de probabilidad requerido en la instancia, que la imputada habría actuado con libertad de autodeterminación (en parámetros de libertad o restricción ambulatoria, comunicación, mediación de violencia o coacción, abuso de poder, falta de accesos a sus bienes, intimidación y retención de documentos- conforme el informe citado-), entiendo que corresponde revocar la resolución apelada y ordenar su procesamiento por los delitos por los que fuera indagada.

Ello, toda vez que valorando la prueba reunida en autos, no advierto la existencia de un estado de certeza negativa que permita el dictado del sobreseimiento de la imputada y el cierre definitivo de la causa a su respecto.

Cabe recordar que el procesamiento, en su carácter de decisión judicial (art.306 del C.P.P.N.), es definido por la doctrina como el auto interlocutorio que examina la prueba colectada y que, en virtud de las reglas de la sana crítica, arriba a la convicción, sin necesidad de certeza plena, de la comisión de un delito y de la vinculación al mismo por parte de un imputado, sea en carácter de autor, partícipe o instigador. Y siendo que, por una modificación de circunstancias, resulta factible su revocación o modificación ulterior (art. 311 del C.P.P.N.), constituye, al fin y al cabo, una decisión meramente provisional (cfme. Clariá Olmedo, Jorge. Derecho Procesal Penal, T. II, actualizado por Carlos A. Chiara Díaz, Ed. Rubinzal-Culzoni, Bs.As., 2004, pág. 500 y ss; Cafferata Nores, José I. La prueba en el proceso penal, Ed. Depalma, Bs. As., 1994).

También cabe tener presente el modo en el que los diferentes estados intelectuales del juzgador actúan en cada segmento del proceso judicial, esto es, en relación con la verdad que se procura alcanzar. Es sabido que, en atención al dispositivo del art. 306 del C.P.P.N., el grado de convicción del juzgador se puede manifestar en las siguientes direcciones: caso en el que hubiese adquirido certeza negativa, corresponde el dictado del sobreseimiento del imputado, cuando resulta claro que la pretensión represiva se ha extinguido o carece de sustento (art. 336 del C.P.P.N., que contempla las situaciones de que el hecho no encuadra en una figura penal, o que media alguna causa de justificación, inculpabilidad, inimputabilidad, o excusa absolutoria); caso en el que el juez hubiese alcanzado el grado de probabilidad, tras lo cual se ha de ordenar el procesamiento del acusado, cuando hubiera elementos de convicción suficientes para estimar la concurrencia de un hecho delictivo y la presunta culpabilidad de aquél como partícipe del mismo (art.306 del C.P.P.N.) y, por último, el caso en el que se hallase en estado de duda, al no haber mérito para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseer, tras lo cual se ha de dictar un auto que así lo declare (art. 309 del C.P.P.N).

En función de ello, siendo que el auto de procesamiento no requiere de certidumbre concluyente acerca de la comisión de un ilícito ni tampoco de la participación del acusado en su producción para su procedencia, basta un juicio de probabilidad sobre los extremos fácticos y jurídicos de la imputación delictiva y la verificación de que los elementos de cargo resultan de mayor entidad que los exculpatorios.

Así entonces, el auto de procesamiento constituye un juicio lógico, de carácter provisional, que no reposa en la certeza necesaria para condenar, sino en una probabilidad de culpabilidad que justifica la prosecución de la causa y que obliga a revisar y relacionar los elementos de juicio reunidos por la instrucción, para determinar si los mismos alcanzan para afirmar, con dicho grado de probabilidad, la existencia material de los sucesos y la responsabilidad penal atribuida a la encartada B.

V. Por todo lo expuesto, entiendo que corresponde revocar la resolución dictada con fecha 5 de septiembre de 2019 por el señor Juez Federal de Villa María, en cuanto dispuso el sobreseimiento total y definitivo de Y.V.B. y ordenar su procesamiento por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual-agravada por haber sido perpetrada mediante engaño, violencia, amenazas, abuso de situación de vulnerabilidad, intimidación, pluralidad de autores y por haber sido consumada la explotación (art. 145 ter inc. 1, 5 y 7 segundo párrafo, en función del art. 145 bis del C.P.- texto según ley 26.842-). Sin costas.Así voto.

El señor Juez de Cámara, doctor Eduardo Ávalos dijo:

I.-Adhiero a la solución propuesta por la señora Jueza de Cámara doctora Liliana Navarro en atención a que su voto transluce una resolución de la cuestión debatida con perspectiva de género, como método jurídico de análisis que requiere constatar e identificar a la persona que se encuentra en una situación de desigualdad y valorar la posible adopción de medidas especiales de protección.

Estoy convencido que proceder de otra manera implicaría una revictimización de una víctima de trata hipotéticamente reconvertida en victimaria dado que por su condición e historial de vida, descripta suficientemente por quien lidera la votación, conduce a sostener que no ha tenido posibilidades asequibles de orientar su conducta con libertad de autodeterminación debido a secuelas irremediables de su personalidad.

Debo destacar que en el informe psicológico obrante en autos se establece que la aquí imputada podría haber repetido patrones de conducta de los que ella fue víctima en función de la naturalización de los hechos por los que aquí se le reprocha.

En estas condiciones tengo para mí que debe confirmarse el sobreseimiento de Y.V.B. debiendo modificarse la causal en función de la excusa absolutoria prevista en el art. 5° de la Ley 26.364. ASI VOTO.

Por ello; SE RESUELVE:

POR MAYORÍA:

I.-CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 5 de septiembre de 2019, por el señor Juez Federal de Villa María, en cuanto dispuso el sobreseimiento total y definitivo de Y.V.B., debiendo modificarse la causal en virtud de hacerse lugar a la excusa absolutoria prevista en el art. 5º de la Ley 26.364 solicitada por la defensa, art. 336 inc. 5, último supuesto, del CPPN.

POR UNANIMIDAD:

II. Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN).

III. Regístrese y hágase saber. Cumplimentado, publíquese y bajen.- LILIANA NAVARRO

Jueza de Cámara

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES

Juez de Cámara

EDUARDO D. ÁVALOS

Juez de Cámara (en disi dencia)

CELINA LAJE

Secretaria de Cámara

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