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#Fallos Comisiones médicas: El proceso debe continuar ante el Juzgado de origen pues si bien Corrientes adhirió al sistema de comisiones médicas, en la localidad donde se domicilia el trabajador no existen tales organismos

Partes: Rodriguez Leopoldo Pascual c/ Prevención ART S.A. s/ Laboral

Tribunal: Cámara de Apelaciones de Curuzú Cuatiá

Fecha: 26-oct-2021

Cita: MJ-JU-M-134950-AR | MJJ134950 | MJJ134950

Se ordena continuar el curso de la instancia judicial por ante el Juzgado de origen respecto de una demanda por un accidente de trabajo, porque si bien la Provincia de Corrientes adhirió al sistema de Comisiones Médicas, en la localidad donde se domicilia el trabajador no existen tales organismos.

Sumario:

1.-Por inexistencia de comisiones médicas, sus delegaciones o dependencias accesibles, en las ciudades cabeceras de la tercera y de la cuarta circunscripción judicial, esto es, en las ciudades de Curuzú Cuatiá y Paso de los Libres, las disposiciones del Título I de la Ley 27.348 , no pueden operar en sus ámbitos territoriales, puesto que no se ha cumplido con la adecuada y suficiente cobertura geográfica que asegure a los trabajadores domiciliados en ellas accesibilidad a las comisiones médicas a fin de determinar la naturaleza laboral del accidente -o profesional de la enfermedad, en su caso- y eventualmente del porcentaje de discapacidad y de las prestaciones correspondientes, competencia que ha de permanecer en los jueces y tribunales integrantes del Poder Judicial de la provincia de Corrientes que actuaren en esos ámbitos territoriales.

2.-Conforme los lineamientos trazados por el art. 2°, inc. a) de la Ley 6429 de Corrientes, si alguna de sus cabeceras es excluida u omitida como referencia para la constitución de las comisiones médicas o sus delegaciones sea de modo permanente o transitorio o de cualquier otra forma que permita el rápido y fácil acceso de los trabajadores domiciliados en cada una de las circunscripciones, evidentemente no se está cumpliendo -por lo menos en el ámbito del territorio de las circunscripciones cuya cabeceras fueran olvidadas- con la adecuada y suficiente cobertura geográfica que impone la ley provincial de adhesión al sistema.

3.-No todos los trabajadores argentinos se ven compelidos a transitar por las comisiones médicas; tampoco todos los trabajadores correntinos, ya que en las ciudades cabeceras de sus circunscripciones tercera y cuarta no se han constituido, de modo alguno, comisiones médicas, delegaciones o dependencias a las cuales acceder como lo dispone la Ley 6429 de Corrientes como condición o reserva para la operatividad del sistema.

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4.-Si el acceso a las comisiones médicas, es garantía efectiva de acceso rápido y automático al goce de las prestaciones dinerarias del sistema, los únicos trabajadores perjudicados por discriminación son los trabajadores domiciliados en estas olvidadas circunscripciones judiciales que no tienen en la ciudad cabecera de comisiones médicas, delegaciones o dependencias a las cuales acceder.

5.-Si el trabajador es realmente un sujeto de preferente tutela constitucional, en un caso como el presente en el que se admite que sufrió un accidente de trabajo del que pudo quedar con incapacidad, cuya determinación en el trámite de las comisiones médicas que habría iniciado por la ART ya se habría frustrado sin posibilidad cierta y real de su intervención, no puede menos que habilitarse la instancia judicial en la que determinar si existe o no incapacidad, su grado y las prestaciones dinerarias procedentes, en su caso.

Fallo:

Curuzú Cuatiá, 26 de octubre de 2.021.-

NÚMERO: 127

Y VISTOS: Estos autos caratulados: «RODRIGUEZ LEOPOLDO PASCUAL C/ PREVENCION ART S.A. S/ LABORAL», Expte. CXP 14.614/21 (19.433/21), y;

CONSIDERANDO:

1°) Que, a través de su letrado y apoderado Dr. Fernando Aníbal Domínguez, el señor Leopoldo Pascual Rodríguez (actor), realmente domiciliado en la localidad de Mariano I. Loza del Departamento Mercedes de esta Provincia de Corrientes, en fecha 26 de marzo de 2021 promueve demanda laboral por el accidente de trabajo que alegó haber sufrido el 4 de marzo de 2020 en el establecimiento «La Victoria» (Dpto. Curuzú Cuatiá) en el que habría desempeñado tareas laborales de carácter rural. Demandó a Prevención ART S.A. por el cobro de prestaciones dinerarias del sistema de riesgos del trabajo afirmando padecer un determinado porcentaje de incapacidad (10%). Expresamente formuló el planteo de inconstitucionalidad de la competencia de las comisiones médicas (cap. VII) con fundamento, particularmente, en la inidoneidad de tales órganos administrativos para determinar su grado de incapacidad así como el carácter permanente o transitorio de aquélla, lo que corresponde, según sostuvo, sólo al Juez.

2°) Que, admitida formalmente la demanda por la señora Jueza de primera instancia, le da curso ordenando su traslado. Prevención ART S.A. (demandada) se presenta por medio de su letrada y apoderada Dra. Geraldine Chatelet de Páparo, contesta el planteo de inconstitucionalidad y, a la vez, opone excepción de previo y especial pronunciamiento por inadmisibilidad de la acción solicitando se declare la incompetencia del tribunal del trabajo, la inadmisibilidad de la demanda y el archivo de la causa, por no haber agotado el actor la vía administrativa previa como recaudo formal específico para la procedencia de la acción intentada de conformidad al art.4° de la ley (provincial) 6429 y el decreto (provincial) 2594 de 2019 que aprobó el convenio de adhesión entre la Provincia de Corrientes y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), operando las disposiciones de aquélla a partir de los 90 días de su suscripción, esto es, a partir del 22 de enero de 2020.

3°) Que, la señora Jueza de primera instancia recibe el planteo de la demandada como «de inadmisibilidad de la acción expuesto en la demanda» (sic) y le da curso confiriéndole traslado al actor; éste, al contestarlo, entre otras consideraciones generales sobre la competencia de las comisiones médicas, sostiene que se lo debe rechazar toda vez que en este caso no se han dado cumplimiento a los requisitos de la ley 6429 en cuanto a la adecuada y suficiente cobertura geográfica que asegure la accesibilidad a la prestación del servicio en todo el territorio provincial, puesto que en la ciudad de Curuzú Cuatiá (cabecera de la 3ª circunscripción judicial) no existe ninguna comisión médica que pueda servir como instancia previa para agotar la vía administrativa.

4°) Que, por Resolución N° 39 de fecha 17 de junio de 2021, la señora Jueza de primera instancia hace lugar al planteo de la demandada y declara la inadmisibilidad de la demanda interpuesta por el señor Rodríguez en los términos del art. 4° de la ley 6429, mandando al accionante cumplir con la instancia prejudicial establecida en dicha norma. Las costas fueron impuestas por su orden. En rigor, lo que debió resolver es su competencia o no para entender en la cuestión, puesto que la admisibilidad formal de la demanda ya estaba resuelta con su despacho por Prov. N° 670 de fs. 27, firme y consentida, precluyendo la cuestión en el proceso laboral. Como fuere, argumentó que nuestra provincia se acogió a la normativa que prevé la intervención previa y excluyente de las comisiones médicas, adhiriéndose no de forma total sino con un sistema propio (arts. 2 a 4, ley 27.438 y art.2°, ley 6429). Con invocación del fallo «Estrada» de la CSJN, sostuvo que aquél no impide ni dificulta al trabajador el acceso a la jurisdicción sino que tiene una finalidad protectoria porque tiende a asegurar una más rápida percepción de sus acreencias; sujeto todo a una posterior revisión judicial a través de la acción laboral ordinaria, garantizándose así los derechos del trabajador.

5°) Que, en lo que interesará analizar aquí, esto es, en lo que respecta al cumplimiento o no de la adecuada y suficiente cobertura geográfica que asegure la accesibilidad del servicio en todo el territorio provincial que promete el art. 2°, inc. a), de la ley 6429, la señora Jueza de primera instancia respondió el planteo del actor diciendo que «el PE provincial por decreto N° 2594 le otorgó a la delegación de la comisión médica de Goya competencia territorial sobre las circunscripciones judiciales segunda y tercera, por lo que [no] es cierto lo señalado por el actor que no habría una comisión médica para la tercera circunscripción judicial». Concluyó que habiendo accionado el señor Rodríguez con posterioridad a la puesta en vigencia del sistema y no existiendo constancias que el actor haya agotado la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio, corresponde, por imperio legal, declarar inadmisible la demanda en los términos del art. 4° de la ley 6429, debiendo cumplirse con la instancia prejudicial.

6°) Que, apela el actor y se agravia expresando, en síntesis, lo siguiente:a) el sometimiento obligatorio a la decisión de un órgano administrativo vulnera los principios básicos del sistema de riesgos del trabajo y del derecho laboral, que son de orden público y tiene como agente natural de su control al Juez, por lo que la ley 6429 es claramente inconstitucional; b) en concreto, la instancia administrativa previa, no lo protege ni asegura una más rápida percepción de sus acreencias, pues desde que recibió el alta médica jamás tuvo contacto ágil y rápido con la ART que no le indicó que debía concurrir a una comisión médica, organismo que depende de la voluntad del Poder Ejecutivo que incluso, por pandemia, puede decidir cerrarlas, como ocurrió, quedando desprotegido; c) la ley 6429 prevé que se tome como referencia, a fin de la adecuada y suficiente cobertura geográfica, las ciudades cabeceras de cada circunscripción judicial, hecho que no se da respecto de esta ciudad de Curuzú Cuatiá, que no cuenta con una comisión médica; d) la ciudad de Goya, cuya comisión médica actuaría abarcando también esta 3ª circunscripción judicial, se encuentra en (pandemia) fase 2 decretada por el PE por lo que de no variar nunca podría ingresar a aquélla ciudad.

7°) Que, la demandada contesta el recurso de apelación y solicita su rechazo, con costas. Defiende la operatividad de la ley 6429 y la intervención de las comisiones médicas en estos casos como instancia administrativa previa y obligatoria a la demanda judicial. Al efecto señala lo que estima es una marcada y notable particularidad del sistema provincial, que prescinde de obligar al trabajador a interponer un recurso ante la Comisión Médica Central, dándole la opción de promover acción ante los tribunales ordinarios con competencia en materia laboral correspondientes al domicilio del trabajador.Entre otras consideraciones, cita la Resolución N° 97/2019 de la SRT que sumó a la Comisión Médica de la ley 24.241 con funcionamiento en la ciudad de Corrientes, dos delegaciones para el territorio de la Provincia de Corrientes, entre ellas la de la ciudad de Goya, con competencia territorial sobre las circunscripciones judiciales segunda y tercera.

8°) Que, la impugnación de la intervención previa, obligatoria y excluyente de las comisiones médicas en la determinación de la naturaleza laboral del accidente -o profesional de la enfermedad, en su caso- y eventualmente del porcentaje de incapacidad y de las prestaciones correspondientes -aspectos estos últimos que interesan en el caso pues la existencia y naturaleza laboral del accidente no aparece controvertido-, sustentada en la inidoneidad de esos órganos administrativos y otras cuestiones generales que impedirían el ejercicio del debido derecho de defensa del trabajador y, en definitiva, el rápido acceso a la tutela judicial efectiva, es una cuestión que ha sido zanjada, por el momento, tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes.

9°) Que, así, en los autos «Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Pogonza, Jonathan Jesús c/ Galeno ART S.A. s/ accidente – ley especial», resuelto por la CSJN en fecha 2 de septiembre de 2021, ese tribunal juzgó que: «En síntesis, el propósito del procedimiento ante las comisiones médicas es que el acceso de los trabajadores enfermos o accidentados a las prestaciones del régimen de reparación sea rápido y automático, para lo cual se asigna la tarea de calificación y cuantificación de las incapacidades derivadas de los riesgos del trabajo a especialistas en la materia que actúan siguiendo parámetros preestablecidos.Ello permite considerar que los motivos tenidos en cuenta por el legislador para conferir a las comisiones médicas el conocimiento de tales cuestiones mediante la ley 27.348 (complementaria de la ley de riesgos del trabajo) están razonablemente justificados ya que reconocen fundamento en los objetivos previamente declarados en las leyes 24.557 y 26.773 que organizaron -en cumplimiento de un mandato constitucional el sistema especial de reparación de los accidentes y las enfermedades laborales».

10) Que, por su parte, nuestro STJ siguió la misma línea al pronunciarse, al día siguiente del fallo de la Corte, 3 de septiembre de 2021, en la causa «Insaurralde Lisandro c/ Prevención ART s/ Indemnización laboral» (Expte. N° VXP 9610/20, Sent. Lab. N° 133). Se juzgó que las comisiones creadas satisfacen «las exigencias de independencia e imparcialidad a los efectos de la materia específica y acotada que el régimen de riesgos del trabajo les confiere; incorporando el sistema resguardos básicos de debido proceso que contribuyen al control de la activi dad administrativa y la participación de las partes, en especial, de los damnificados con patrocinio letrado gratuito y obligatorio y que los honorarios y gastos en que incurriera el trabajador estén a cargo de la aseguradora; además de establecer la ley un plazo razonable, perentorio para que la comisión médica se pronuncie, siendo también ello garantía para el damnificado pues le asegura que su petición se decida con la premura necesaria; y que las funciones que cumplen tendientes a la determinación del carácter profesional de la enfermedad o el infortunio, en la fijación del porcentaje de incapacidad resultante y en la definición de las prestaciones dinerarias de la ley en cada caso particular (art.1, ley 27.348) encuentra suficiente fundamento en el propósito tenido en miras por el Congreso de la Nación al organizar el sistema cual fue de dotarlo de celeridad y automaticidad al trámite de acceso a la cobertura, sin desconocerse, claro está, que la decisión final sobre tales extremos le corresponde ala justicia ordinaria, por lo cual la garantía del juez natural se encuentra debidamente resguardada con la intervención de los tribunales del fuero del trabajo según la ley de procedimiento laboral de la provincia».

11) Que, como puede apreciarse, no se expidió nuestro STJ en el fallo precitado sobre la satisfacción, sólo con las delegaciones creadas en las ciudades de Goya y Santo Tomé, cabeceras de las circunscripciones segunda y quinta que componen el mapa judicial de la Provincia, del lineamiento del sistema provincial referido a la adecuada y suficiente cobertura geográfica -no demográfica- que asegure la accesibilidad de los trabajadores correntinos a la prestación del servicio de las comisiones médicas, así como con la necesaria referencia a cada una de las ciudades cabeceras del mapa judicial de la provincia, que prevé la ley 6429 en su art. 2° inc. a), particularmente las de las tercera y cuarta circunscripciones judiciales: Curuzú Cuatiá y Paso de los Libres, respectivamente. Precisamente, eso es lo que pone en cuestión el agravio preciso y concreto del apelante. Aunque no será lo único a analizar pues, como se verá, el caso presenta aún otra particularidad.

12) Que, en el citado fallo, nuestro STJ advierte que «Tampoco puede soslayarse las condiciones y modalidades de funcionamiento de las Comisiones técnicas creadas en la provincia (mediante convenio de adhesión entre el gobierno local y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la nación y aprobado por Decreto 2594/2019 en ejercicio del art. 162 incs. 1 y 2 de la Constitución provincial) las que deberán ajustarse a los lineamientos trazados en el art.2 de la ley 6429». Es decir, como lo advierte Schick cuando refiere a la ley 10.456 de Córdoba -anterior a la local y, evidentemente, su modelo-, la adhesión provincial se efectuó con «ciertas reservas y condiciones», entre las cuales se destaca como central y enunciada en primer término en los lineamientos previstos en el citado artículo 2° de la ley 6429, la de la «adecuada y suficiente cobertura geográfica». De este modo, es la ley la que exige, como condición de operatividad de las disposiciones del Título I de la ley 27.348 en todas las circunscripciones judiciales del territorio provincial, que coincidan «el mapa judicial de la Provincia con la existencia equivalente de Comisiones Médicas, evitando el caos que trae aparejado la creación de Comisiones Médicas en inferior número a los Tribunales existentes, y sobre todo sin concordancia con la jurisdicción» (Schick, Horacio, Régimen de infortunios laborales, 4ª ed, David Grinberg, Buenos Aires, 2017, p. 191). Es que una de las serias censuras vertidas sobre la ley 27.348, que no fue materia del pronunciamiento de la CSJN en el caso «Pogonza» ni de nuestro STJ en el caso «Insaurralde», es que obliga a la mayoría de los trabajadores del país -dañados en su salud- a trasladarse realizando incluso extensos viajes dentro del territorio provincial en procura de las prometidas -como rápida y automática- prestaciones del sistema, implicando una denegatoria de justicia. «Resultando obvio que la cuestión no se salva con el pago de mezquinos ‘viáticos’, ya que sin perjuicio de resultar vejatoria la imposición de esa clase de peripecias a los dañados para acceder a una indemnización por lesión a la salud, ningún trabajador puede dejar su domicilio y a su familia para cumplir con los caprichos de un legislador que pretende retrotraer el acceso al reclamo a condiciones paupérrimas, cuando existen tribunales laborales en las distintas jurisdicciones» (Formaro, Juan J., Reformas al Régimen de Riesgos del Trabajo, Hammurabi, Buenos Aires, 2017, p.149).

13) Que, entre otras razones, es por ello que el art. 2° de la ley 6429 encomendó al Poder Ejecutivo provincial «celebrar convenios de colaboración y coordinación con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a los fines de que las comisiones médicas jurisdiccionales instituidas por el artículo 51 de la Ley Nacional Nº 24241 actúen en el ámbito de la provincia de Corrientes como instancia pre jurisdiccional, cumpliendo con los lineamientos de gestión que fija el presente artículo. Para garantizar su cumplimiento se debe establecer un mecanismo de supervisión conjunto a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y del Poder Ejecutivo Provincial». El mismo artículo previó que las comisiones médicas dentro de la Provincia de Corrientes, «deben ajustar su actuación sobre la base de los siguientes lineamientos: a) adecuada y suficiente cobertura geográfica asegurándose la accesibilidad a la prestación del servicio en el territorio de la Provincia de Corrientes. A tal fin se deben tomar como referencia para la constitución de las comisiones médicas las cabeceras de cada circunscripción judicial existente, que conforman el Mapa Judicial de la Provincia de Corrientes». Es decir, la adecuada y suficiente cobertura geográfica que exige la ley 6429 como lineamiento general del sistema operante en la Provincia, se concreta con la referencia que necesariamente debe tomarse para la «constitución de las comisiones médicas»; estos es, las ciudades cabeceras de cada circunscripción judicial de la Provincia. No se trata de una vaga referencia a las circunscripciones judiciales ni a alguna o algunas de sus ciudades cabeceras, sino a cada una, expresión («cada») que denota un conjunto de cabeceras de circunscripciones judiciales cuyos miembros deben considerarse uno a uno sin excluir ninguno.

14) Que, conforme los lineamientos trazados por el art. 2°, inc.a) de la ley 6429, si alguna de sus cabeceras es excluida u omitida como referencia para la constitución de las comisiones médicas o sus delegaciones sea de modo permanente o transitorio o de cualquier otra forma que permita el rápido y fácil acceso de los trabajadores domiciliados en cada una de las circunscripciones, evidentemente no se está cumpliendo -por lo menos en el ámbito del territorio de las circunscripciones cuya cabeceras fueran olvidadas- con la adecuada y suficiente cobertura geográfica que impone la ley provincial de adhesión al sistema. Se dirá que la ley no dispone expresamente que deba constituirse una comisión médica en cada cabecera de circunscripción sino que se las debe tomar como referencia para su constitución; cabe replicar, preguntando: ¿de qué otro modo podría tomarse como referencia cada una de las ciudades cabecera para constituir una comisión médica en pos de la adecuada y suficiente cobertura geográfica que las torne accesibles si no es constituyendo en ellas una comisión médica, delegación o dependencia a la cual el trabajador pueda acceder?; ¿si el intérprete tuviere alguna duda si la disposición legal ordena constituir o no una comisión médica en cada una de las cabeceras de circunscripción judicial de la Provincia, si de garantizar la accesibilidad a ellas se trata mediante una adecuada y suficiente cobertura geográfica (finalidad, art. 2°, CCyC), la cuestión no debería resolverse a favor del trabajador (art. 9°, párr. 2°, LCT)?

15) Que, el decreto 2594 de fecha 16 de septiembre de 2019 aprobó el «Convenio de Adhesión suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Corrientes y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación» (B.O.N° 27.923, 16 de octubre de 2019). En dicho convenio, la adecuada y suficiente cobertura geográfica que aseguraría la accesibilidad a la prestación del (impuesto) servicio de las comisiones médicas, no integra los lineamientos enunciados en la cláusula 2ª, sino que es contemplado parcialmente en la cláusula 5ª, según la cual: «Sin perjuicio de la Comisión Médica establecida en la ciudad de Corrientes, las partes asumen el compromiso de constituir Comisiones Médicas y/o dependencias en las Ciudades de Goya y Santo Tomé, a fin de asegurar una adecuada cobertura geográfica de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 6.429». Y decimos que este lineamiento, particularmente establecido en el inc. a) del art. 2° de la ley 6429, ha sido contemplado parcialmente por el convenio aprobado por el decreto 2594, porque no toma como referencia geográfica, de modo alguno, «las [ciudades] cabeceras de cada circunscripción judicial existente» -que son cinco conforme lo prevé el art. 2° del decreto ley 26/2000 (LOAJ)-, sino sólo tres: Corrientes (primea circunscripción), Goya (segunda circunscripción) y Santo Tomé (quinta circunscripción), omitiendo otras dos: Curuzú Cuatiá (tercera circunscripción) y Paso de los Libres (cuarta circunscripción).

16) Que, a fin de cubrir el vacío territorial que surge del convenio aprobado por decreto 2594, la SRT extendió la jurisdicción de la delegación de la Comisión Médica N° 30 constituida en la ciudad de Goya a la tercera circunscripción judicial cuya cabecera es esta ciudad de Curuzú Cuatiá, y la de la delegación constituida en la ciudad de Santo Tomé a la cuarta circunscripción judicial cuya cabecera es la ciudad de Paso de los Libres (conf. Res. N° 56/2019 y N° 97/201 9). En cualquier caso, las ciudades de Curuzú Cuatiá y Paso de los Libres, cabeceras de la tercera y cuarta circunscripción judicial, no fueron, de modo alguno, tomadas como referencias -cada una de ellas- para la constitución de las comisiones médicas como lo dispone el inc. a) del art.2° de la ley 6429. De modo que esa extensión de competencia territorial de las delegaciones Goya y Santo Tomé que ensaya la SRT tiene justificación en la cláusula 5ª del convenio suscripto con el Poder Ejecutivo provincial, aprobado por el decreto 2594, pero éste, no tiene sustento en la ley 6429 que lo manda instrumentar, pues en lugar de comprometer la constitución de comisiones médicas y/o dependencias, sin perjuicio de la establecida en la ciudad de Corrientes, en las ciudades cabeceras de las restantes circunscripciones judiciales, lo hace sólo en dos, omitiendo la existencia de Curuzú Cuatiá y Paso de los Libres y de la accesibilidad que merecen los trabajadores que se desempeñan o domicilian en su ámbito territorial. No cabe duda que el decreto 2594, altera parcialmente la letra y el espíritu de la ley 6429 (condiciones y reservas que impuso para la operatividad de las disposiciones del Título I de la ley 27.438 en todas las circunscripciones judiciales), a través de la cual se expresó la soberanía del pueblo de la provincia, esencia de la forma republicana de gobierno, contraviniendo las disposiciones de los arts. 1°, 3°, 31, 162, inc. 2, y concs. de la Const. Prov.

17) Que, por inexistencia de comisiones médicas, sus delegaciones o dependencias accesibles, en las ciudades cabeceras de la tercera y de la cuarta circunscripción judicial, esto es, en las ciudades de Curuzú Cuatiá y Paso de los Libres, las disposiciones del Título I de la ley 27.348, no pueden operar en sus ámbitos territoriales, puesto que no se ha cumplido con la adecuada y suficiente cobertura geográfica que asegure a los trabajadores domiciliados en ellas accesibilidad a las comisiones médicas a fin de determinar la naturaleza laboral del accidente -o profesional de la enfermedad, en su caso- y eventualmente del porcentaje de discapacidad y de las prestaciones correspondientes, competencia que ha de permanecer en los jueces y tribunales integrantes del Poder Judicial de la provincia de Corrientes que actuaren en esos ámbitos territoriales.Nos preguntamos si en el mismo territorio provincial pueden convivir dos sistemas (procesales), uno de acceso previo obligatorio a las comisiones médicas (primera circunscripción judicial) o sus delegaciones (segunda y quinta circunscripción judicial) y otro voluntario (tercera circunscripción pudiendo acudir a la delegación de la segunda, y cuarta circunscripción pudiendo acudir a la delegación de la quinta), y no vemos obstáculo. Piénsese, por ejemplo, en la vigencia progresiva y por circunscripción judicial del Código Procesal Penal de la Provincia aprobado por ley 6518.

18) Que, así como todos los habitantes de las distintas circunscripciones judiciales deberían gozar, en principio, de los mismos derechos y de las mismas condiciones de su ejercicio, de igual modo los ciudadanos (trabajadores) de cada provincia deberían gozar de los mismos derechos y de las mismas condiciones de su ejercicio (art. 8°, Const. Nac.), sin embargo, y sin dejar de advertir que las provincias se reservaron la atribución de dictar las normas de procedimiento, es la misma ley 27.348 la que habilita su operatividad o no en cada provincia, siendo que, por ejemplo, según informa http://www.fedpat.com.ar a junio de 2020, el sistema vigente parcialmente en nuestra provincia, del mismo modo rige en el país, pues ocho provincias argentinas no habían adherido ni habían tratado su adhesión, mientras que otras tres habían adherido pero dicha adhesión no era aún operativa. Es decir, no todos los trabajadores argentinos se ven compelidos a transitar, en casos como este, por las comisiones médicas; tampoco todos los trabajadores correntinos, ya que en las ciudades cabeceras de sus circunscripciones tercera y cuarta no se han constituido, de modo alguno, comisiones médicas, delegaciones o dependencias a las cuales acceder como lo dispone la ley 6429 como condición o reserva para la operatividad del sistema.Y si el acceso a ellas, como se pregona, es garantía efectiva de acceso rápido y automático al goce de las prestaciones dinerarias del sistema, los únicos trabajadores perjudicados por discriminación son los trabajadores domiciliados en estas olvidadas circunscripciones judiciales que no tienen en la ciudad cabecera de comisiones médicas, delegaciones o dependencias a las cuales acceder.

19) Que, sin perjuicio de que los trabajadores puedan acceder voluntariamente a las delegaciones de la ciudad de Goya o de la ciudad de Santo Tomé, según corresponda, que son las que el sistema actualmente pone a su disposición en contravención a un claro lineamiento impuesto legalmente por el art. 2°, inc. a) de la ley 6429, no parece razonable que la forma de compensar la injusta discriminación a la que son sometidos los trabajadores de los Departamentos de Mercedes, Curuzú Cuatiá, Sauce, San Martín, Paso de los Libres y Monte Caseros, sea la de imponerles obligatoriamente ese paso impidiéndoles el acceso a la tutela judicial que les garantiza el Poder Judicial por medio de los jueces y tribunales que los integran y que existen operativos, sino en el mismo domicilio del trabajador, por lo menos en la ciudad cabecera y otras de su circunscripción judicial.Existen Juzgados de primera instancia con competencia en materia laboral en las ciudades de Mercedes, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres y Monte Caseros.

20) Que, actualmente, trabajadores de Goya, Esquina, Lavalle o San Roque, por ejemplo, disponen de acceso a la delegación de la comisión médica N° 30 constituida en la ciudad de Goya; mientras que trabajadores de Santo Tomé, Gobernador Virasoro, Ituzaingó o Alvear, disponen de la delegación de la comisión médica N° 30 constituida en la ciudad de Santo Tomé. Pero los trabajadores de La Cruz, Paso de los Libres, Monte Caseros o Mocoretá, no tienen una comisión médica ni delegación ni dependencias en la ciudad cabecera de su circunscripción, sino que deben acudir a la delegación de Santo Tomé, distante unos 341 km en el caso de Mocoretá. Los trabajadores de Mercedes, Perugorría, Curuzú Cuatiá o Sauce, no tienen una comisión médica ni delegación ni dependencias en la ciudad cabecera de su circunscripción, sino que deben acudir a la delegación de Goya, en el caso de Sauce distante unos 249 km. De todos modos, la necesaria y suficiente cobertura geográfica -insistimos, no demográfica-, ha sido precisada y concretada por el legislador, quien condicionó la operatividad del sistema dispuesto en el Título I de la ley 27.438 a la existencia y funcionamiento accesible de una comisión médica en cada una de las ciudades cabeceras de las circunscripciones judiciales de la provincia.

21) Que, el señor Rodríguez, actor en este caso, acudió a la Jueza con competencia en materia laboral de la ciudad de Curuzú Cuatiá, territorialmente competente en razón del lugar de trabajo, desarrollado en un establecimiento rural ubicado en el Departamento de Curuzú Cuatiá. Según la ley 6429, art. 2°, inc.a), en esta ciudad, donde existe el Juzgado al que acudió el trabajador, debería estar constituida una comisión médica por ante la cual el trabajador pueda transitar obligatoriamente la determinación de la existencia o no de incapacidad y, en su caso, la determinación del grado de incapacidad y las prestaciones dinerarias que le correspondan. Pero no la hay. Se lo manda a una delegación de la comisión médica n° 30 constituida en la ciudad de Goya, distante 167 km de ésta y 119 km de su domicilio, que no es el de su trabajo rural.

22) Que, particulariza el caso, además, que según lo alega el actor, desde su alta médica la ART demandada jamás se comunicó con él para otorgarle una junta médica para así determinar el grado de incapacidad que le había quedado. Evidentemente, que algo había quedado pendiente de determinar luego del alta médica lo corrobora lo alegado por la demandada quien a fs. 46vta dijo haber iniciado el Expte. N° 150238/20 ante la comisión médica «a fin de determinar si el actor padecía o no incapacidad». Según la demandada, la comisión médica habría comunicado al actor -trabajador rural en el Departamento Curuzú Cuatiá, que como tal, según el curso normal y ordinario de los sucesos, no es razonable suponer que acudía todos los días a su domicilio en Mariano I. Loza- que debía acudir -en el trámite de unas actuaciones no iniciadas por él- de modo virtual («hasta tanto se regularice la atención presencial en las Comisiones Médicas y sus Delegaciones») dentro de los quince días corridos bajo apercibimiento del archivo de las actuaciones.Se le habría hecho saber (no hay prueba fehaciente ni del envío de la comunicación ni de la recepción por parte del trabajador) de la suspensión de los plazos (sin noticia de su reanudación) y la concurrencia a la delegación de la comisión médica no era presencial sino a través de la Mesa de Entradas Virtual, aprobada por Res. SRT N° 44/20, a la que se accede a través de «Clave Fiscal». No parece fácil y rápido el acceso del señor Rodríguez a una delegación de la comisión médica n° 30 de Corrientes, constituida en la ciudad de Goya, ajena a la circunscripción judicial correspondiente a su domicilio y al lugar de su trabajo, en el marco de un trámite iniciado por la ART a fin de determinar si le quedó o no incapacidad; delegación de la comisión médica que no lo atendería personalmente sino de modo virtual, a través de la mesa de entradas a la que se accede por medio de una «clave fiscal», trámites electrónicos que no parecen accesibles a un trabajador rural que se desempeña en un establecimiento del interior de un Departamento provincial.

23) Que, la decisión que viene apelada supone que la vía administrativa ante la delegación Goya de la comisión médica n° 30, iniciada por la propia ART, se encuentra aún abierta y no agotada, pues lo manda a cumplir con la instancia prejudicial establecida en el art. 4° de la ley 6429. Sin embargo, la pendencia de dicha instancia administrativa que eventualmente el actor podría continuar, no fue acreditada; antes bien, todo parece indicar que se habría frustrado con la incomparecencia virtual del actor pese a la citación de la comisión médica cuya emisión y recepción tampoco fue acreditada.El sistema, formalmente, de acuerdo a los términos de las leyes, decretos, resoluciones, mensajes de elevación y considerandos, puede mostrarse como constitucional; pero la realidad de un trabajador rural del interior de la provincia como lo es el actor, quien pudo haber quedado con una incapacidad (como lo admite la demandada al dar intervención a la comisión médica) derivada del accidente que sufriera, demuestra lo contrario; demuestra que el sistema, en estos casos, es un obstáculo impeditivo de la tutela judicial efectiva de la salud del trabajador, por el sólo hecho de no anoticiarse en su domicilio distante del lugar rural de trabajo de una supuesta comunicación que le habría cursado una delegación de la comisión médica instalada en una ciudad que le es totalmente ajena, que no lo recibiría presencialmente sino virtualmente, a través de una mesa de entrada a la que sólo accedería mediante una «Clave Fiscal» que a su vez debería obtener siguiendo el procedimiento de la Resolución General N° 7313 de la AFIP.

24) Que, según el art. 6° de la Res. SRT 298/17, iniciado el trámite de determinación de incapacidad por la ART, el trabajador es convocado a una audiencia en la sede de la comisión médica para un examen médico, conforme los recaudos y procedimiento previsto en la Res. SRT 179/15 cuyo art. 19 impone a la ART practicar al trabajador «de manera fehaciente la fecha de celebración de la audiencia médica en la Comisión Médica». Según el art. 35 de la primera, ante la segunda incomparecencia del trabajador al examen médico «dispondrá el cierre de las actuaciones, dejando expresa constancia que no se ha agotado la instancia administrativa dispuesta en el artículo 1° de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y notificará a las partes lo allí resuelto». De lo expuesto por la demandada en su contestación de demanda, particularmente en fs.47, se entiende que el agente interviniente en el trámite iniciado por la ART ante la comisión médica, a los fines de la determinación del grado de incapacidad del actor habría dispuesto el cierre de las actuaciones certificando que el trabajador no habría agotado la instancia administrativa por incomparecencia al examen médico. Sin embargo, de toda la prueba que bien pudo tener a disposición, como la que acreditare las notificaciones fehacientes cursadas al trabajador (incluso a su cargo, conf. Res. SRT 179/15, art. 19), o de la certificación que prevé el art. 35 de la Res. SRT 298/17 y de su notificación al trabajador, sólo acompañó copia simple de una supuesta misiva (sin firma) enviada por la SRT al actor «notificándole la apertura del expediente ante la Comisión Médica N° 30», y consintió que se llame autos y se resuelva su excepción sin despacharse la informativa a la SRT para que remita el Expte. N° 150238/20, prueba que por cierto, no ofreció en el marco de la excepción que opuso, sino en el cuerpo principal de la contestación de la demanda conjuntamente con la pericial médica a fin de que un perito médico determine si el actor padece alguna incapacidad y su grado.

25) Que, si el trabajador es realmente un sujeto de preferente tutela constitucional, en un caso como el presente en el que se admite que sufrió un accidente de trabajo del que pudo quedar con incapacidad, cuya determinación en el trámite de las comisiones médicas que habría iniciado por la ART ya se habría frustrado sin posibilidad cierta y real de su intervención (no fue acreditado), no puede menos que habilitarse la instancia judicial en la que determinar si existe o no incapacidad, su grado y las prestaciones dinerarias procedentes, en su caso.Lo que bien puede y debe hacerse en el ámbito de una causa judicial, pues sean las comisiones médicas en una instancia administrativa previa o sean los peritos médicos oficiales en una instancia judicial, ambos deben sujetarse, de igual manera, a una misma tabla de evaluación de la incapacidad. Recordemos aquí: «que la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo sancionada en 1995 subordinó su aplicación a que previamente se aprobara un baremo para la evaluación de las incapacidades laborales conforme al cual se determinaría el grado de incapacidad permanente a los efectos de establecer la cuantía de los resarcimientos tarifados (cfr. art. 8°, inc. 3, art. 40, inc. 2, ap. c, y disposición final primera de la ley). En cumplimiento de esa previsión legal se dictó el decreto 659/96 cuyo art. 1° aprobó la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales (anexo I). El texto de la LAT no dejaba lugar a duda acerca de la necesidad de aplicar dicha tabla para determinar el grado de incapacidad laboral permanente (cfr. art. 8°, inc. 3, cit.). Y esa obligatoriedad fue expresamente ratificada por la ley 26.773 del año 2012 que en su art. 90 dispuso que para garantizar ‘el trato igual’ a los damnificados cubiertos por el régimen especial de reparación tanto los organismos administrativos como los tribunales a los que le competa aplicar la LRT tienen el deber de ‘ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos [.] a la Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo del Decreto 659/96 y sus modificatorios o los que los sustituyan en el futuro’. Asimismo, que no puede perderse de vista que, según el art.1° de la ley 26.773, el sistema especial de reparación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es un ‘régimen normativo cuyos objetivos son la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias’. Y en aras de lograr esos objetivos el legislador estableció un régimen de prestaciones dinerarias tarifadas (cfr. capítulo IV de la LRT). Y como uno de los parámetros a tener en cuenta para el cálculo de las prestaciones tarifadas es el grado de incapacidad laboral, el legislador también dispuso que las incapacidades deben ser determinadas por la autoridad administrativa o judicial a la que le corresponda intervenir con arreglo a una misma tabla de evaluación» (STJ de Corrientes, Sent. Lab. N° 83, 02/07/2020, Expte. N° GXP 31982/17).

Por lo expuesto, SE RESUELVE: 1°) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor a fs. 65/66vta y, en consecuencia, revocar la Resolución N° 39 de fecha 17 de junio de 2021 dictada a fs. 60/61vta. 2°) Rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la demandada en el pto. 3 del cap. III del escrito de contestación de demanda, debiendo continuar el curso de la instancia judicial por ante el Juzgado de origen según su estado. 3°) Costas de ambas instancias a la excepcionante vencida (art. 87, LPL). 4°) Regístrese, insértese, agréguese copia al expediente, notifíquese y vuelvan los autos al Juzgado de origen.-

ae

Dr. César H. E. Rafael FERREYRA

JUEZ

CÁMARA DE APELACIONES

CURUZU CUATIA

Dr. Ricardo Horacio PICCIOCHI RIOS

JUEZ

CÁMARA DE APELACIONES

CURUZU CUATIA

Dra. María Isabel RIDOLFI

SECRETARIA

CÁMARA DE APELACIONES

CURUZU CUATIA

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