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#Doctrina La importancia de los alimentos provisorios en el procedimiento de violencia familiar

Autor: Ortiz, Diego O.

Fecha: 28-oct-2021

Cita: MJ-DOC-16250-AR | MJD16250

Sumario:

I. Introducción. II. Consideraciones generales de la medida. III. El tratamiento de la medida en las leyes de violencia. IV. Código Civil y Comercial de la Nación. V. La relación de la medida con la violencia económica. VI. Aspectos prácticos de la medida. VII. Cierre.

Doctrina:

Por Diego O. Ortiz (*)

I. INTRODUCCIÓN

Una de las asignaturas en el procedimiento de violencia familiar es que la autoridad judicial contemple todas las situaciones de violencia y resuelva medidas más allá de las conocidas (cese de actos perturbatorios, prohibición de acercamiento y/o contacto·), ya que no se trata solo de poner paños fríos a las llamaradas (como por ejemplo las situaciones de violencia físicas y/o psicológicas denunciadas), sino intentar que ese fuego nunca reviva ya que si no se resuelve otro tipo de medidas probablemente la mujer en situación de violencia tenga que retornar al hogar por motivos económicos. Una de esas medidas para evitar que las llamas no revivan es la fijación de una cuota de alimentos provisorios.

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II. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA MEDIDA

La obligación alimentaria de los progenitores respecto de sus hijos se sustenta en el deber asistencial emergente de la responsabilidad parental. Dicha responsabilidad no cesa ni se suspende por la existencia de una denuncia, por lo tanto, la autoridad judicial debe garantizar que en este procedimiento que la obligación subsista.

La fijación de una cuota de alimentos provisorios en este contexto tiene carácter de urgente. Sobre este último adjetivo hay que trabajar, en la búsqueda de fundamentos conceptuales y/o procesales de la medida que lo entiendan de esa manera.

Si bien la cuota alimentaria provisoria es de menor cuantía que una definitiva, solventa las necesidades alimentarias básicas de los niños en este contexto. Estos derechos no pueden esperar los resultados de una acción de fondo y su incumplimiento podrían reproducir nuevamente situaciones de violencia económica, psicológica y simbólica hacia la progenitora que tendría que recurrir a otras fuentes como préstamos a terceros, nuevos trabajos y labores para alimentar a sus hijos/hijas a pesar que la ley establece esta posibilidad y que la responsabilidad se encuentra en cabeza de ambos progenitores.

III.EL TRATAMIENTO DE LA MEDIDA EN LAS LEYES DE VIOLENCIA

Las leyes de protección contra la violencia familiar generalmente tratan el tema de manera específica, aportando cuestiones de fondo y/o forma.

El art. 4 de la ley 24417 establece que el juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia, las siguientes medidas cautelares: d) Decretar provisoriamente alimentos. Cuando se sancionó esta ley fue pionera y actualmente tiene vigencia operativa. De este artículo podemos decir que la medida se sostiene con los hechos de violencia o como también se dice, la medida es la consecuencia judicial de los hechos (entre ellos podrían ser situaciones de violencia económica).

En el ámbito de provincia de Bueno Aires, el art 7(reF:LEG3660.7) de la ley 12569 ( modificada por la ley 14509 ) expresa que el juez o jueza interviniente deberá resolver de oficio o a petición de parte, teniendo en cuenta el tipo de violencia y con el fin de evitar su repetición, algunas de las siguientes medidas: g) Ordenar la fijación de una cuota alimentaria de acuerdo a los antecedentes obrantes en la causa y según las normas que rigen la materia. Esta ley también fue innovadora porque completaba a la 24417 . Este artículo al decir que la medida se va tomar acorde al tipo de violencia, relaciona directamente los hechos denunciados con la medida. Seguidamente se sostiene que la medida se va tomar para evitar que una situación de violencia se repita. Lo que podríamos pensar la ligazón entre esta evitación de reiteración y los alimentos provisorios.Más adelante se sostiene que esta medida se va tomar de acuerdo a los antecedentes obrantes de la causa, lo que nos informa es que la misma se va tomar no solo por el hecho actual de violencia sino por la existencia de antecedentes civiles (como procesos de alimentos e incidentes de aumento y/ reducción entablados previamente) y/o penales (como por ejemplo una causa penal de incumplimiento de deberes de asistencia familiar). Finalmente se sostiene que la medida se resuelve conforme las normas comunes que rigen la materia, de esta manera nos debemos remitir a los aspectos generales del tema, como el concepto de responsabilidad parental, obligaciones, alimentos, contenido de la prestación, proceso, etc. Esto último es un argumento más que demuestra que la medida no está desconectada de la importancia de garantizar los alimentos de los menores de edad.

El art. 7 bis establece que en caso de incumplimiento de las medidas impuestas por el Juez, Jueza o Tribunal se dará inmediatamente cuenta a éstos, quienes podrán requerir el auxilio de la fuerza pública para asegurar su acatamiento, como así también evaluar la conveniencia de modificar las mismas, pudiendo ampliarlas u ordenar otras. Frente a un nuevo incumplimiento y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, el juez o jueza podrá aplicar alguna/s de las siguientes sanciones.

Este artículo da la pauta que el incumplimiento de la medida (como la fijación de una cuota de alimentos provisorios), debe ser sancionado (y ahí podemos pensar en la imposición de medidas conminatorias de alcance civil y/o penal frente al incumplimiento de la medida en el procedimiento) más allá de la intervención penal por el delito de desobediencia.

El art. 8 plantea que el Juez o Jueza interviniente deberá requerir un informe efectuado por profesionales de diversas disciplinas o equipo transdisciplinario para determinar los daños económicos o de otro tipo sufridos por la víctima, la situación del peligro y medio social y ambiental del grupo familiar. La interesada podrá solicitar otros informes técnicos.Este artículo habla de intervención institucional para determinar daños (entre ellos los económicos que pueden sustentar el mantenimiento de la medida). También se habla de un concepto de la temática más que interesante para pensar, que es la transdisciplina, la creación de un saber común independientemente de los aportes de cada disciplina.

La ley 26485 amplía los tipos de violencia y reconceptualiza la modalidad de violencia doméstica. Dentro de los tipos, debemos conocer los conceptos de violencia económica, psicológica y/o simbólica para abrir la multiplicidad de temas que esto encierra. El art. 26 denominado, «Medidas preventivas urgentes», establece que: a) Durante cualquier etapa del proceso el/la juez/a interviniente podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar una o más de las siguientes medidas preventivas de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres: b.5. En caso de que se trate de una pareja con hijos/as, se fijará una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes obrantes en la causa y según las normas que rigen en la materia. Este artículo es el antecedente de la ley 12569, por eso nos remitimos al análisis anterior.

El art. 27 denominado, facultades del/la juez/a establece que el/ la juez/a podrá dictar más de una medida a la vez, determinando la duración de las mismas de acuerdo a las circunstancias del caso, y debiendo establecer un plazo máximo de duración de las mismas, por auto fundado. Este artículo trata sobre la convergencia de las medidas acorde al caso.La posibilidad judicial de resolver varias medidas en torno al principio de utilidad, celeridad de las actuaciones y economía procesal.

Como agregado importante, además del plexo normativo específico de las leyes de protección, teniendo en cuenta al sujeto de protección alimentado y su edad, se aplica la normativa de niñez y adolescencia conformada internacionalmente por la Convención sobre los Derechos del niño, las Leyes 26.061 (Decreto 215/2006) y 13.298 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

IV. CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

Desde su aparición, el Código Civil y Comercial viene a aclarar con nuevos términos e incorporaciones de postulados, esta responsabilidad alimentaria de los progenitores. El Código plantea el concepto de responsabilidad parental, como el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo. El art. 639 del CCivCom enumera y establece los principios generales que rigen la institución y se pueden aplicar en el procedimiento de violencia en el que se resuelve la medida: a) el interés superior del niño; b) la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo (a mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos); c) el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. El art. 646 del CCivCom plantea los deberes de los progenitores, como cuidar del hijo, convivir con él, prestarle alimentos. Desde el art. 706 al 711 del CCivCom se establecen los principios procesales para aplicar en los procesos de familia, inclusive en el procedimiento de violencia familiar.

V. LA RELACIÓN DE LA MEDIDA CON LA VIOLENCIA ECONÓMICA

El art.5 de la Ley 26.485, dentro de los tipos de violencia, define a la económica, como aquella que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de: a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. El art. 5, inc. c, del Decreto reglamentario 1011/2010 sostiene que en los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos/as y estos/as vivan con ellas, las necesidades de los/las menores de edad se considerarán com prendidas dentro de los medios indispensables para que las mujeres tengan una vida digna.

La situación de violencia de este tipo se da frente a la negación de alimentos (el concepto de violencia se refiere a cualquier conducta, ya sea una acción u omisión). Nos referimos al incumplimiento del deber alimentario. Este debe tener ciertas características para configurarlo como una situación de violencia económica. Debe ser continuo, deliberado e intencional. Cuando planteo la continuidad, me refiero a la persistencia en el tiempo, al abandono palmario de las obligaciones alimentarias. Lo deliberado se refiere a un acto voluntario e injustificado por parte del progenitor y la intencionalidad alude al ánimo de incumplir, a pesar de saber que debe hacerlo.

VI. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA MEDIDA

A pesar que la medida está establecida en las leyes, pueden surgir inconvenientes en la práctica para implementarla. Puede suceder que el o la profesional consulte el expediente a los fines de conocer la respuesta a la petición alimentaria en este contexto y se anoticie de la siguiente resolución:«Atento lo peticionado y dado lo acotado de la materia que se trata deberá recurrir a la vía que corresponda». Esta última frase podría ser un retroceso procesal notorio ya que pretendería el inicio para la actora (persona en situación de violencia) de un proceso de fondo para la fijación de una cuota de alimentos, cuando se estaría solicitando otra cosa (la fijación de una cuota de alimentos provisoria en un expediente de denuncia de violencia familiar). Esto es importante desde el plano conceptual (el mero planteo alimentario) como procesal (que ese planteo este enmarcado en un procedimiento de violencia).

La petición de la medida no se da para resolver una cuestión anexa de fondo a lo pedido, sino que integra y está inserto al mismo. El inicio de una acción de fondo supondría la necesidad de acudir a otros tiempos y gastos que no condice con la urgencia en la decisión que atañe a los derechos alimentarios de estos niños, niñas y adolescentes en un contexto de violencia de género en su modalidad familiar.

Con respecto a la otra frase: «dado lo acotado de la materia», comparto lo de acotado debido a que el procedimiento en el que se solicita la medida es breve, especial y cautelar. Sin embargo, estos adjetivos no pueden servir como justificativo para rechazar la medida prevista expresamente en la norma. De hecho, sería un contrasentido jurídico en donde las leyes especiales prevén un mecanismo expeditivo para la resolución de medidas de protección (como la de alimentos provisorios) pero dado lo breve del mecanismo la autoridad judicial rechace la petición.

VII. CIERRE

Como cierre de lo expuesto, debemos analizar la importancia y especialidad de esta medida que permite garantizar los derechos alimentarios en este contexto.

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(*) Abogado, Profesor Universitario en Ciencias Jurídicas, Especialista en Violencia Familiar, autor de libros y artículos de su especialidad.

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