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#Fallos Transporte de carga: El operador logístico responde por la pérdida de la mercadería, ya que es un contrato atípico regido por la voluntad de las partes, por el que asumió proveer un servicio integral, incluido la contratación del seguro

Partes: Industria Metalúrgica Sud Americana IMSA c/ Overseas Argentina S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 2-ago-2021

Cita: MJ-JU-M-134104-AR | MJJ134104 | MJJ134104

Las normas regulatorias del contrato de transporte deben aplicarse para juzgar la responsabilidad por la pérdida de la mercadería si la única tarea requerida por el actor fue el transporte internacional, mientras que las demás obligaciones asumidas por el demandado en el “contrato de operación logística” pueden estimarse como una mera prestación accesoria del objeto principal.

Sumario:

1.-El constante cambio en las tecnologías y las exigencias del comercio sobre celeridad, seguridad y eficiencia, traen consigo una necesidad de adaptación de las prácticas comerciales y derivan en la creación de estructuras empresariales que cumplen con tareas cada vez más específicas. Tales cambios han impactado también en la clásica figura del transportista y han hecho surgir nuevos sujetos llamados operadores, agentes de carga o freight forwarders. Simplificación de trámites y mayor rapidez en la circulación de mercaderías o aprovisionamiento de materias primas, con la directa consecuencia de abaratar costos de producción, confieren sustento al interés económico de quienes requieren la prestación de esta clase de servicios.

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2.-El operador logístico, a diferencia del transportista, es una empresa especializada en la prestación de una amplia variedad de servicios logísticos, que pueden incluir, entre otros: wharehousing o almacenamiento, distribución o cross docking, transporte, planificación, etc., todo ello a cambio de un precio que será determinado según la complejidad de las tareas asumidas. Esta figura exorbita ampliamente la figura del simple transportista o distribuidor, según el caso, para ejecutar una disciplina omnicomprensiva denominada operación logística.

3.-La especificidad del objeto del contrato de operación logística (COL) es la nota distintiva del mismo ya que la multiplicidad de prestaciones de carácter logístico y modalidades de dicho contrato es lo que en definitiva le otorga una identidad propia e irrepetible. No se trata de una mera acumulación de prestaciones separadas entre sí, sino de un contrato distinto a todos los demás conocidos actualmente en donde las mismas se encuentran íntimamente conectadas proveyendo un servicio integral por parte de un experto en la materia como lo es el operador logístico.

4.-Los prestadores logísticos no encuentran abrigo en ninguna figura específica de nuestra legislación; se trata de un contrato innominado -atípico- que en ese carácter se encuentra regido por la voluntad de las partes y las demás normas generales de los contratos, los usos y costumbres y las normas que rigen a los contratos afines y compatibles.

5.-La tipicidad contractual puede consistir en una creación más o menos original de una nueva figura o bien, como es frecuente en la práctica empresarial, derivar de la combinación de elementos típicos de otros contratos regulados legalmente o no. De esta manera, el aspecto más arduo reside en distinguir el tipo de responsabilidad adjudicable al Freight forwarder, que solo puede ser identificada en el caso concreto en virtud de las obligaciones comprometidas y las tareas efectivamente desarrolladas. Ello impone el análisis de las circunstancias que enmarcaron la negociación.

6.-La doctrina de la apariencia de derecho se refiere a la situación tal como de hecho se manifiesta a los terceros en un determinado momento: la situación creada por la apariencia resulta de circunstancias objetivas y tiene por efecto asimilar lo que aparece a lo que es. Naturalmente, la tutela de la confianza desaparece, no solamente en los casos en que el tercero se encuentre en situación de mala fe, o sea que conociese la irrealidad del negocio (o del acto), sino también cuando él, empleando la diligencia común, habría podido reconocer la irrealidad del negocio (o del acto) (arg. art. 1431 del CCivCom.). En tales casos, la apariencia no puede predominar sobre la realidad.

7.-La teoría de la seguridad dinámica ha sido desarrollada tomando como punto de partida que la norma jurídica debe buscar la seguridad como una de las exigencias fundamentales de la vida social. La ley, cuando existe conflicto de intereses, debe inclinarse hacia la seguridad de aquél interés que sea más digno de ser protegido.

8.-La teoría de la apariencia del derecho requiere una situación por la cual, quien ha confiado razonablemente en una determinada manifestación jurídica y se ha conducido conforme a ella, tiene derecho a contar con tal manifestación, aunque no corresponda a la realidad.

9.-Debe admitirse que en el tráfico comercial moderno y fundamentalmente en los contratos celebrados entre empresas, en innumerables ocasiones las soluciones encuentran su debido cauce a través de la aplicación de las teorías de la apariencia, privilegiando la buena fe de los terceros que celebran contratos con quienes aparentan asumir una posición económica determinada que no resulta coincidente con la realidad.

10.-La celeridad del tráfico exige adoptar fórmulas que primen la seguridad sobre la certeza o justicia. Es por ello que, en el orden mercantil, se infiltran numerosas disposiciones que asocian resultados jurídicos a la apariencia de situaciones, independientemente de la realidad de las mismas y así lo ha entendido la doctrina al sostener que debe protegerse la buena fe, manifestada en la confianza depositada en la apariencia.

11.-El ordenamiento jurídico protege por imperio del principio de la buena fe, la aceptación de las consecuencias derivadas de un estado jurídico que no se basa sólo en una declaración de voluntad, sino en la apariencia de una situación jurídica. Aquél a cuyo cargo produce efectos tal apariencia, debe haberla producido o mantenido de modo a él imputable, y la parte beneficiada debe haber confiado en la apariencia. La consecuencia es que, respecto de la parte beneficiada ha de considerarse realizado o subsistente el efecto jurídico de que se trata, esto es que se coloca tal como corresponde a la situación por ella supuesta.

12.-En los casos de responsabilidad por apariencia jurídica, se trata de una responsabilidad derivada de las propias declaraciones de voluntad expresas o tácitas imputables al sujeto de que se trate. Se trata de una responsabilidad por la confianza, no en el ámbito de la teoría del negocio jurídico, sino como complemento de la responsabilidad derivada de los negocios jurídicos.

13.-La teoría de la apariencia es descripta por un autor español como la afirmación de que los actos realizados por una persona engañada, por una situación jurídica que es contraria a la realidad, pero que presenta exteriormente las características de una situación jurídica verdadera, son definidos y oponibles como lo serían los actos fundados en situaciones absolutamente regulares.

14.-Quien ha dado lugar o ha consentido una situación engañosa -en virtud de una situación jurídica aparente- aunque haya sido sin el deliberado propósito de inducir a error, no puede hacer que su derecho prevalezca por encima del derecho de quien ha depositado su confianza en aquella apariencia.

15.-El concepto de la buena fe-creencia dentro del campo jurídico, se ofrece a través de la adquisición de derechos que si adolecen de vicios, al provenir de actos cumplidos de buena fe, se cubren sus deficiencias, vgr., en la representación, en beneficio de quien lo posee: la buena fe reemplaza en su potencia creadora los elementos objetivos considerados necesarios para la validez del acto.

16.-La aplicación de la buena fe-creencia, con relación específica a la representación aparente (en el caso de por ejemplo: la realización de la denuncia ante el productor) merece algunas aclaraciones, puesto que no corresponde exagerar la influencia de aquella convirtiendo los derechos en meras creencias, porque ello implicaría confundir los derechos con una de sus fuentes, que, por lo demás, reviste una naturaleza subsidiaria, ya que atempera simplemente los rigores de ciertos principios absolutos, como el nemo dat quod non habet. Por lo que, si corresponde reconocer el valor de la buena fe-creencia como fuente de derecho, es necesario: por una parte, que haya un fundamento real y serio para la formación de tal creencia. Es menester constatar el valor de los factores externos, ya que los hechos, según se hayan manifestado, son los que deben provocar la apariencia del derecho.

17.-Aquel a cuyo cargo produce efectos la apariencia, debe haberla originado de un modo a él imputable, y, la parte beneficiada debe haber confiado ‘razonablemente’ y ‘normalmente’ observando la ‘diligencia’ del tráfico. Es decir, no podrá alegarse cuando el desconocimiento del verdadero estado de las cosas proviene de una carencia de diligencia culpable.

18.-El contrato de transporte debe ser definido como la convención por la cual una persona, llamada anteriormente acarreador y actualmente transportista, se obliga, mediante una remuneración a entregar en otro lugar una cosa que se le ha remitido.

19.-El objeto del contrato de transporte es el desplazamiento en forma segura a riesgo del transportista de una cosa o persona de un lugar a otro.

20.-El transporte supone que el transportador se hace cargo de los objetos que le son entregados. El transportista tiene, asimismo, la guarda de los objetos, y la obligación de conducir la mercancía a su punto de destino por el itinerario convenido y en su defecto por el habitual, dentro del plazo convenido.

21.-El porteador es entonces aquel sujeto que se obliga frente al cargador a transportar la cosa de manera profesional o como empresa, asumiendo los riesgos de su actividad comercial, cuya obligación solamente se puede considerar cumplida cuando se perfecciona la entrega en las condiciones de tiempo y lugar convenidas.

22.-El transportista está obligado a la entrega de la cosa transportada en el mismo estado en que las recibió, conforme constancia de la carta de porte. Esta obligación de entrega se clasifica como una obligación de resultado, en tanto su cumplimiento específico se materializa únicamente entregando la cosa transportada en el lugar y en el tiempo convenido en forma expresa o tácita. La falta de entrega en el lugar y tiempo convenido hace presumir la responsabilidad del deudor.

23.-El transportista solamente podrá liberarse de responsabilidad probando la ruptura de la relación de causalidad entre su obrar y los daños sufridos por la carga, siendo así indiferente la diligencia prestada por el cargador. Solamente habrá ruptura del nexo causal cuando se acredite la llamada ‘causa ajena’, esto es: el vicio propio de la cosa, el caso fortuito, la fuerza mayor, la culpa de la víctima (el porteador) o el hecho de un tercero por quien no deba responder. Se trata entonces de una obligación de resultado que, al igual que todas las formas de responsabilidad objetiva, conlleva una inversión en la carga de la prueba.

24.-El transportador se libera igualmente de responsabilidad si prueba que la pérdida o la avería se debe a un acontecimiento insuperable e imprevisible que no le es imputable.

25.-El contrato de transporte es considerado como un contrato fungible en tanto el porteador puede efectuarlo por sus propios medios y con su propia empresa, o valiéndose de los medios de otros y de una organización ajena. Así, aun cuando el cargador contrata con un solo transportista, el hecho de que el porteador contrate a su vez con otros transportistas para efectuar el transporte al que se obligó es una situación de subcontratación regulada por el art. 163 del CCom.

26.-La directiva del art. 163 del CCom., en cuanto dispone que ‘cuando el acarreador no efectúe el transporte por sí, sino mediante otra empresa, conserva para con el cargador su calidad de acarreador y asume, a su vez, la de cargador para con la empresa encargada del transporte’, es una solución lógica y responde a los principios generales en materia contractual, ya que el convenio lo ha celebrado quien recibe el encargo de efectuar el transporte, debiendo responder, por tanto, de su adecuada realización, corriendo por su cuenta y riesgo la derivación de sus obligaciones como transportista, y la elección que haga de la persona o empresa que en definitiva realice el transporte; conserva, pues para con el cargador la vinculación contractual original, sin perjuicio de la nueva postura que asume respecto del encargado del transporte; con éste lo une una nueva vinculación contractual, no existiendo causal que justifique su liberación de las obligaciones y responsabilidades anteriores contraídas.

27.-Si un agente de carga se anuncia al público como un transportador, a través de su papelería, de sus tarjetas, de su publicidad, lo más probable es que la persona que acuda a sus servicios lo haga bajo la convicción de que realmente está tratando con un transportador y no con un agente, es decir, con un mandatario o intermediario. Al anunciarse como transportador, el mensaje que el agente de carga transmite a sus clientes es que se responsabiliza por sus mercancías, que las va a transportar en tiempo y forma a su destino, lo que lleva a indicarnos que sin lugar a dudas asumen la obligación de custodia sobre ellas.

28.-El tipo corriente de la obligación es el de la obligación de resultado, que consiste en el compromiso asumido por el deudor de conseguir un objetivo o efecto determinado; es el ‘resultado’ que espera obtener el acreedor.

29.-La clasificación entre obligaciones de medios y de resultado se refleja en un diverso régimen probatorio acerca de la culpa del deudor. En las obligaciones de resultado, el acreedor no tiene que probar la culpa del deudor; le basta probar el incumplimiento, es decir, que el ‘resultado’ prometido no se ha logrado; si el deudor quiere exculparse y quedar exento de responsabilidad debe mostrar que la frustración del resultado que integra el objeto de la obligación, proviene de un caso fortuito o fuerza mayor y el régimen probatorio es siempre el mismo: al acreedor que quiere hacer valer una responsabilidad contractual le incumbe probar el ‘incumplimiento’ del deudor, sin necesidad de demostrar además que tal incumplimiento le es ‘imputable’ al deudor, pues ello es lo que la ley presume.

30.-Quien ha probado el incumplimiento del deudor en una obligación de resultado no necesita probar además su culpa ya que aquella será presumida por la ley en virtud de la existencia del incumplimiento, por lo cual, quien quiera eximir su responsabilidad deberá acreditar la existencia de causa ajena, es decir, un caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima o el hecho de un tercero por quien no deba responder.

31.-La limitación de la reparación y la tarifación del daño no es ajena a nuestro sistema jurídico -vgr. Indemnizaciones laborales-; sin embargo, resulta una excepción a la regla de la reparación integral y en virtud de aquello corresponde, por tratarse de un contrato innominado, recurrirr a las normas generales que rigen los contratos.

32.-En materia de incumplimiento contractual, quien no cumple con su obligación, la cumple mal o a destiempo, debe indemnizar al acreedor todos los daños y perjuicios que le haya ocasionado la inejecución. La indemnización está integrada por estos dos elementos: a) El daño emergente, es decir, el daño efectivamente sufrido por el acreedor con motivo del incumplimiento y ¸b) el lucro cesante, es decir, la utilidad o ganancia que ha dejado de percibir el acreedor con motivo del incumplimiento.

33.-Si bien es cierto que el operador logístico que se compromete a la realización del transporte asume una obligación de resultados respecto a la entrega de la mercadería en el tiempo y lugar designados por el cargador, no corresponde limitar su responsabilidad como si aquel fuese el único rol desempeñado en el contrato por lo cual, encontrándose contestes las partes sobre el carácter innominado del acuerdo arribado y la amplitud de sus obligaciones, no puede este tribunal apartarse del principio general de reparación integral del daño.

34.-Para admitir la procedencia del lucro cesante y genéricamente la de cualquier daño, es preciso que se haya acreditado la existencia de un perjuicio cierto. Ello porque resulta insuficiente la posibilidad abstracta del daño desde que no puede acordarse derecho a una indemnización sobre la base de suposiciones.

35.-El lucro cesante resarce la privación o frustración de lucros o ganancias que, de haberse cumplido la obligación en tiempo propio, habría obtenido el acreedor. Se trata de una probabilidad objetiva debida y estrictamente comprobada de las ventajas económicas justamente esperadas conforme las circunstancias del caso. Su reparación no se apoya en una simple posibilidad de ganancia, ni constituye un enriquecimiento sin causa para el acreedor o una pena para el que debe abonarlo.

36.-El resarcimiento por daños y perjuicios tiene por finalidad remediar el desequilibrio de orden jurídico mediante el establecimiento de la situación patrimonial perdida por la actitud imputada mediante el reclamo indemnizatorio; por ello, quien alega su pretensión de daño debe sujetarse no solo a indicar la cantidad de dinero reclamada sino los distintos rubros que la componen, con sus estimaciones aproximadas, juntamente con la mención del criterio o bases tomadas en cuenta para ello, todo lo cual debe ser corroborado mediante las probanzas correspondientes.

37.-Más allá de que la responsabilidad se enmarque como contractual o como extracontractual, y que el factor de atribución resulte objetivo o subjetivo, será dirimente para resolver la contienda la prueba de la existencia de un daño. No basta acreditar la violación del contrato o la ley, sino se prueba, además, la existencia de un daño cierto, con la significación específica y limitada que nuestro CCiv. da al daño: menoscabo de valores económicos o patrimoniales (daño material, 1068 ) o lesión a bienes extrapatrimoniales (daño moral, 1078 ).

38.-En materia de daños patrimoniales, el simple hecho del incumplimiento por si solo no es causa de responsabilidad, si el presunto acreedor no prueba los daños sufridos como consecuencia de él, ya que la reparación en nuestro derecho no tiene carácter de pena sino de indemnización, circunstancia por la cual ésta debe medirse por el daño y no por la culpa en que hubiese incurrido el responsable.

39.-La capitalización, también conocida como anatocismo, es una operación a través de la cual se agregan al capital los intereses vencidos para constituir una unidad productiva de nuevos accesorios (v.gr. ‘interés compuesto’). Esta mecánica supone que ambas deudas -por capital e intereses originarios- subsistan como tales y, a su vez, produzcan nuevamente intereses.

40.-El art. 770 del CCivCom. prohíbe el anatocismo salvo en los casos previstos en sus cuatro incisos. Concretamente, el inciso b permite la capitalización de intereses cuando la obligación se demande judicialmente, estableciendo que en dicho caso la acumulación de intereses opera desde la fecha de la notificación de la demanda. No se hace referencia respecto de la periodicidad con que deberán capitalizarse los intereses.

41.-No existe duda alguna de la aplicabilidad del supuesto del art. 770 inc. ‘b’ del CCivCom. que habilita el anatocismo cuando aquello se demande judicialmente, con la limitación que la acumulación tendrá lugar desde la fecha de la notificación de la demanda, aunque debe quedar claro que su práctica no implica convertir los réditos en capital: el capital sigue siendo capital y los intereses devengados persisten como intereses. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los dos días del mes de agosto de dos mil veintiuno, reunidos los Señores Jueces de Cámara fueron traídos para conocer los autos «INDUSTRIA METALURGICA SUD AMERICANA I.M.S.A. S.A.C. E I. C/OVERSEAS ARGENTINA SA C/ORDINARIO» EXPTE. N° COM 19626/2016 en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Vocalías N° 18, N° 16, N° 17.

Se deja constancia que las referencias de las fechas de las actuaciones y las fojas de cada una de ellas son las que surgen de los registros digitales del expediente.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada del 09/09/2020?

El Sr. Juez de Cámara Dr. Rafael F. Barreiro dice:

I. Antecedentes de la causa

1. INDUSTRIA METALURGICA SUD AMERICANA I.M.S.A. S.A.C. E I.promovió demanda por daños y perjuicios contra OVERSEAS ARGENTINA SA por la suma de ciento ochenta y un mil doscientos veinte dólares americanos con siete centavos (U$S 181.220,07) con intereses y costas.

Afirmó que su reclamo se fundaba en la deficiente prestación del servicio de logística y contratación de seguro que llevaron a la pérdida de mercadería y el rechazo del siniestro por la aseguradora.

Explicó que era una empresa dedicada a la fabricación de conductores eléctricos y alambres esmaltados de cobre con planta en Merlo, provincia de Buenos Aires.

Relató que el día 11/05/2015 compró ocho embalajes de alambrón de cobre libre de oxígeno a su proveedor radicado en Chile, Cobre y Aleaciones Escocia SA, con un peso total de 25.430 Kg, valuados en U$S 171.357,19 -todo ello instrumentado mediante factura digital n° 22 del 13/05/2015, y nota de crédito de exportación electrónica n° 24 del 04/06/15 por U$S 2.505,58-. Aclaró que la nota de crédito respondía a un saldo a favor previo por otras operaciones comerciales.

Indicó que la mercadería fue abonada mediante dos Swifts de giro internacional datado el 08/06/15 y 09/06/15, con constancias emitidas por el Banco Comafi.

Adujo que, en virtud de dicha operación, requirió los servicios de logística de la accionada -Overseas Argentina-, una empresa dedicada a la logística, almacenamiento y transporte internacional como parte del grupo económico Overseas Group, que contaba con una vasta red de agentes a nivel global.

Detalló la totalidad de las obligaciones asumidas por Overseas, entre las cuales destacó: el transporte terrestre de las mercaderías en camión, el contrato de un seguro por eventuales riesgos y la entrega de los insumos a IMSA.

Indicó quienes intervinieron en la formalización del contrato electrónico y explicó que, a fin de cumplir con sus deberes, la empresa subcontrató a la firma «Unidas Transportes Ltda» quien también subcontrató a un proveedor chileno «AMV Transportes Ltda».

Contóque, tras acreditarse el pago, Overseas gestionó la carga del cobre para el 11/06/15; emitió y confeccionó la Carta de Porte Internacional; comunicó el chofer y camión designados para el transporte; y coordinó los trámites para la liberación de la mercadería en la Aduana chilena «Los Andes». Asimismo, aseguró el cargamento a través de Hanseatica Compañía de Seguros SA con una cobertura todo riesgo formalizada en póliza n° 5629 – certificado 96469- emitida el 08/06/15 por una suma total asegurada de U$S 174.557,19.

Dijo que el día 11 de junio de 2015 se procedió entonces, a la carga del camión patente YT2054 conducido por el Sr. Ojeda Baez, empleado de AMV, y que al día siguiente se coordinaron los trámites ante la aduana chilena de «Los Andes».

A continuación, narró que el día 15 de ese mes y año recibió un correo electrónico de la accionada comunicando que el día 13 el camión que transportaba la mercadería, tras pasar la aduana chilena, había desbarrancado y caído a un precipicio de 200 metros, mientras circulaba por la ruta CH-60.

Indicó que, como consecuencia de lo ocurrido, Overseas procedió a realizar los trámites y denuncias frente a la aseguradora Hanseatica – oportunidad en que remitió copia del certificado de cobertura a su parte-, al mismo tiempo que inició las tareas de rescate de la mercadería, mediante la contratación de la firma de salvateadores «Comercial Excedent’s Ltda» – investigación que concluyó el día 17/06/15 con el hallazgo de un único rollo de alambrón en estado incierto-.

Afirmó que, como consecuencia de lo ocurrido y ante el total desconocimiento de los particulares, remitió correos electrónicos y cartas documento intimando al recupero de la mercadería o la gestión para el cobro del seguro contratado.

Informó que luego de un mes, el 13 de julio, recibió una misiva de Hanseatica notificando el rechazo del siniestro denunciado. Enumeró los argumentos expuestos por la compañía de seguros, a saber:a) que la mercadería no se encontraba en el camión al momento del desbarrancamiento según pericia mecánica; b) que no había prueba que la mercadería haya sido cargada a ese camión; c) la falta de activación de custodia satelital exigida en la póliza; d) la omisión de instar denuncias penales para la investigación de los hechos y la falta de protesto ante el transportista.

Respondió a los argumentos de la aseguradora y manifestó desconocer su sustento fáctico. Indicó que no había recibido copia de la mencionada pericia mecánica, que estaba sorprendido por la supuesta falta de carga de la mercadería en el camión y que, en virtud de ello, nunca había sospechado la realización de un fraude por parte de la accionada y los transportistas.

También dijo ignorar los términos de la póliza contratada por Overseas que imponían la carga de custodia satelital, y más aún el incumplimiento de la misma, e imputó a la tomadora el deber de cumplir con los términos del contrato para hacer efectivo el seguro.

Aclaró que el conductor del camión había denunciado policialmente el desbarrancamiento y que no existió denuncia por el supuesto robo de la mercadería porque no tenía sospechas de su acaecimiento.

Contó que, como consecuencia del rechazo, exigió las pertinentes explicaciones a la accionada y la intimó a solucionar el problema con la aseguradora, sin embargo ésta respondió negando todo y deslindando su responsabilidad en los hechos.

Destacó que, en contradicción con sus anteriores dichos, el 22/07/15 Overseas realizó formal protesta por carta documento contra Unidas Transporte Ltda -su empresa subcontratada- donde la responsabilizó por los daños.

Adujo que, ante este panorama, procedió a investigar lo sucedido, momento en que se enteró que la mercadería había sido efectivamente cargada en el camión del Sr.Ojeda en la planta de Cobre y Aleaciones Escocia el día 11/06/15; y que los trámites de salida de la Aduana también se habían llevado a cabo, documentación cuyos datos coincidían con la Carta de Porte emitida por Overseas.

Refirió a la denuncia policial realizada por el conductor Ojeda ante la policía de Los Andes y destacó que, según sus dichos, el siniestro habría acaecido en virtud de un desperfecto técnico del camión, lo que evidenciaba, a su modo de ver, una deficiente prestación del servicio.

A continuación, analizó el informe técnico de la aseguradora, que resultaba incongruente con la denuncia antes mencionada, y especuló que, entonces, el desbarrancamiento había sido ocasionado intencionalmente para disimular la previa sustracción del cargamento.

Desmenuzó la información obtenida, y detectó una incongruencia entre la patente del camión donde se habría cargado la mercadería según la guía de despacho -patente YT-2054 (semirremolque 6070)-, y aquella que se habría utilizado para el cruce de la Aduana chilena de acuerdo a la Declaración de Tránsito Aduanero y la declaración policial del chofer – patente HX-7032-.

Cuestionó la verosimilitud del informe de la aseguradora por haber sido emitido por un consultor técnico contratado por ella misma.

Relató que, ante la falta de acción de Overseas tras desligarse de responsabilidad, se comunicó con el proveedor para instar las acciones penales tendientes a esclarecer la verdad material de los hechos, motivo por el cual el 23/09/15 el gerente comercial de Cobre y Aleaciones Escocia SA formuló denuncia penal y acompañó el informe técnico de la aseguradora.

Dijo que, en el marco de dicha causa, declaró el Sr.Salazar Pérez – representante legal de AMV- quien manifestó que acudió personalmente luego del siniestro el día 13 de junio y que en los siguientes días la Compañía de seguros procedió al retiro de la carga del camión «percatándose que faltaban al menos 4 rollos de alambrón de cobre».

Explicó que, ante la imposibilidad de esclarecimiento de los hechos, la Fiscalía resolvió el archivo de la causa.

Esbozó algunas hipótesis sobre lo que podría haber ocurrido en el caso, y afirmó que en todos esos casos cabía atribuir responsabilidad a Overseas por los daños ocasionados, a saber: a) que el desbarrancamiento haya sido por un desperfecto técnico y la mercadería haya sido sustraída por terceros con posterioridad al hecho; b) que el desbarrancamiento haya respondido a un obrar culposo del conductor; c) que la mercadería haya sido robada después de acaecido el siniestro con la complicidad de la compañía de seguros; d) que la sustracción de los rollos haya sido con la complicidad de Overseas o la Transportista subcontratada y/o de la empresa de salvateadores contratada por Overseas; y e) que el siniestro haya sido provocado dolosamente a fin de ocultar y disimular el robo perpetrado con anterioridad al desbarrancamiento -donde se hallaría implicado, mínimamente, el chofer del camión-.

Analizó la responsabilidad civil de la accionada.Sostuvo que la obligación asumida (cargar, transportar y entregar la mercadería) debía ser encuadrada como una obligación de resultado por lo que la falta de entrega por las fallas cometidas por las subcontratadas y sus dependientes era directamente imputable a la demandada, no habiéndose configurado una excepción de caso fortuito o f uerza mayor.

Argumentó que, si el siniestro había ocurrido por un defecto en el camión, la responsabilidad de Overseas se debía a la mala elección del transportista (responsabilidad subjetiva) y por el daño provocado por el riesgo o vicio de la cosa (responsabilidad objetiva); en cambio si aquél encontraba fundamento en la conducta culpable (por negligencia o imprudencia) o dolosa del chofer, también resultaba responsable civilmente por el hecho del dependiente de una empresa subcontratada.

A continuación, imputó a la demandada el incumplimiento del deber de rescate y recupero de la mercadería. Dedujo que, en el supuesto en que el cargamento haya sido sustraído con posterioridad al accidente, era la accionada quien cargaba con la responsabilidad de custodiar y proteger los insumos en su poder, y de procurar su recupero, por lo que debió, como mínimo, mantener custodiada la zona hasta el momento en que se apersonó la empresa de salvataje y los inspectores de la aseguradora. Sin embargo, no existían pruebas de que aquello haya sucedido.

Por otro lado, también adjudicó responsabilidad a la demandada por no haber cumplimentado el deber de custodia satelital impuesto en la póliza.Insistió en que el transporte de la mercadería y la contratación del seguro eran a cargo de Overseas, quien conocía los términos de la póliza por ella contratada y tenía la responsabilidad cumplir con las obligaciones allí dispuestas para obtener el pago ante un eventual siniestro.

Destacó la falta absoluta de explicaciones frente a las intimaciones cursadas para saber si se había cumplido con la custodia satelital del camión, y que se trataba del principal argumento en virtud de la hipótesis elaborada por Hanseatica de robo de la mercadería previo al intencional desbarrancamiento.

Reiteró que recién conoció las condiciones de la póliza con posterioridad a la ocurrencia del siniestro.

Solicitó al magistrado se evalúe la legitimidad del argumento utilizado por la aseguradora para el rechazo del siniestro, en tanto manifestó que la medida de custodia satelital era trascendental para evitar el robo de la mercadería.

En igual sentido, adjudicó a la demandada la responsabilidad por no haber procurado todas las medidas legales, avisos y protestos tendientes a preservar los derechos de repetición de la compañía aseguradora -también esgrimida como causal de rechazo de la cobertura-. Insistió en que su responsabilidad se derivaba de su carácter de tomadora, conocedora de las condiciones de la póliza.

Solicitó la citación como tercero interesado de Hanseatica. Fundó su proceder en el total desconocimiento de los extremos fácticos que llevaron al rechazo del siniestro, en virtud de la negativa de Overseas de brindar información al respecto, y solicitó la condena de la compañía aseguradora para el caso que la demandada demostrara la ilegitimidad de las razones brindadas para denegar la cobertura.

Impugnó las conclusiones arribadas en el informe técnico del Sr. Rojas. Explicó que se contradecía con las pruebas obtenidas que demostraban que la mercadería sí había sido cargada al camión y realizados los trámites de liberación ante la aduana de Los Andes.Disputó la fuerza probatoria del dictamen por tratarse de un empleado de la aseguradora.

Cuestionó la relación de causalidad entre la falta de custodia satelital y el robo de la mercancía -especialmente si esto había sucedido con posterioridad al desbarrancamiento-.

Indicó que, a diferencia de lo postulado por la aseguradora, la denuncia policial del hecho fue oportunamente realizada por el chofer del camión; por otro lado, su parte, por intermedio de Cobre y Aleaciones Escocia, formuló la pertinente denuncia penal ante la fiscalía local de Los Andes -causa que fue luego archivada por inexistencia de elementos relevantes para continuar la investigación- e intimó a Overseas, quien a su vez realizó protesto a su subcontratada Unidas Transportes Ltda.

Detalló los daños reclamados. Principalmente reclamó por la pérdida de mercadería la suma de U$S 171.357,19 -según monto de la factura de importación n° 22-. Aclaró que ese era el valor real de la pérdida, a pesar de que el pago fue por un monto levemente inferior en virtud del descuento de una nota de crédito por operaciones previas entre las partes, y que coincidía con el valor consignado en los documentos de importación y con la suma asegurada.

Solicitó se le indemnice también por la suma de U$S 180 abonado en concepto de gastos, impuestos y comisiones bancarias por las transferencias realizadas.

Por último requirió se condene a la accionada al pago de U$S 9.682,88 por el lucro cesante.Explicó que, como consecuencia del accidente no pudo contar con la mercadería y debió realizar una nueva compra que fue entregada por la empresa Southcross Logistics SA el 11/08/2015, esto es 57 días después de la fecha de entrega originaria pactada con Overseas el 15/06/2015.

Explicó que la rotación de la materia prima en la empresa tenía un ciclo de duración promedio de 60 días, que 57 días equivalen a una rotación del 0.95% de la materia prima, con relación al ciclo completo; que el margen de ganancias promedio, a partir de la fabricación de esa materia prima, oscilaba en el 5,95% del valor real; lo que arrojaba un total de pérdida de U$S 9.682,88.

Solicitó que a todos los rubros se adicionen los correspondientes intereses.

Practicó liquidación y ofreció prueba.

2. OVERSEAS ARGENTINA SA se presentó a fs 393/441, contestó demanda y solicitó su íntegro rechazo, con costas.

En cumplimiento del imperativo procesal, realizó una pormenorizada, minuciosa y categórica negativa de los hechos expuestos por su contraria, y se expidió en forma concreta respecto de la documentación allí acompañada.

En primer término, postuló la existencia de un error conceptual de la actora sobre el rol de Overseas y que la acción debería ser por incumplimiento contractual contra la aseguradora por rechazo infundado de la cobertura.

Opuso defensa de falta de legitimación pasiva. Negó ser la transportista que incumplió con la entrega y afirmó ser un mero intermediario que actuó como agente por cuenta y orden de IMSA para acercarla a posibles transportistas y aseguradoras.

Aseveró que simplemente acercó a la accionante un presupuesto de la empresa AMV Transportes Ltda y que fue aquella quien seleccionó y aprobó a la transportista.Negó haber emitido la carta de porte, dijo que tal tarea era específica de la empresa que realiza el traslado de la mercadería por carretera y que eso lo hizo AMV.

Explicó que su intermediación encuadraba en la figura del operador logístico o forwarder y que en tanto no emitió el documento de transporte no puede ser responsabilizado como transportador.

Argumentó haber dado cabal cumplimiento a la totalidad de sus obligaciones en tanto constató que la empresa contratada para realizar el viaje contaba con todas las habilitaciones necesarias.

Solicitó el rechazo de la demanda en su contra.

A continuación, consideró que la verdadera cuestión a dilucidar era el incorrecto rechazo del siniestro por parte de Hanseatica.

Manifestó que en esta cuestión también se desempeñó como intermediario, que todas las previsiones de la póliza eran adecuadas a la Ley de Seguros y que cumplió con la obligación de denunciar el siniestro dentro del plazo legal.

Cuestionó el informe emitido por el Sr.Rojas por tratarse de un instrumento unilateral emitido sin intervención se su parte, desconoció su carácter de ingeniero mecánico automotriz, y denunció su falta de registración como liquidador de siniestros y averías ante la SSN.

Indicó que la carta de porte, como título de crédito, demostraba que la mercadería había sido cargada dentro del camión e iniciado el viaje, y que idéntica conclusión podía obtenerse de la denuncia policial efectuada por el gerente de Cobre y Aleaciones Escocia SA y de las copias de los libros de entrada y salida de mercaderías de esa empresa, obtenidas por la actora, todo ello coincidente con la declaración del chofer del camión al reportar el siniestro ante los carabineros de Chile.

Negó la necesidad de custodia satelital del vehículo, en tanto consideró que, de acuerdo al frente de póliza, aquella condición sólo era requisito para los envíos por vía terrestre dentro del territorio nacional.

Indicó que en tanto el accidente se produjo en el país vecino, la defensa no podía ser esgrimida.

Tachó de abusivo e inválido por ser contrario al frente de póliza el agregado al certificado de cobertura que decía «seguimiento satelital todo el trayecto» y solicito tenerlo por no escrito.

Sostuvo que la compañía agregó dicha cláusula en forma subrepticia al momento de enviar el certificado de cobertura a IMSA, cambiando así, las condiciones particulares de la cobertura tornándola en más gravosa.

Apuntó que, a todo evento, la mencionada cláusula no preveía penalidad alguna ante su incumplimiento por lo que no podía afectar el derecho del asegurado.

Afirmó que, a todo evento, el sistema de custodia satelital no podría haber sobrevivido el desbarrancamiento del camión y que no había relación de causalidad adecuada entre el incumplimiento y el siniestro.

Dijo que las circunstancias de tiempo y lugar en que ocurrió el siniestro tornaban inaccesibles la custodia física de la mercadería y la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad.Criticó también el argumento de la aseguradora relativa a la omisión de instar las denuncias penales pertinentes. Refirió a las distintas denuncias realizadas y afirmó que la empresa estaba intentando poner en cabeza del beneficiario cargas no previstas en el contrato.

Manifestó que resultaba dificultoso instar y seguir una denuncia en un país ajeno y consideró que no importaba quien realizó la denuncia, sino su interposición.

Respecto a la falta de protesto, esgrimió que resultaba innecesario por dos motivos: a) por ser el desbarrancamiento y la pérdida de la mercadería un hecho conocido por la transportista antes que por el dueño de la carga siendo el protesto para los casos en que el acarreador desconoce el daño sobre los efectos; y b) por la exención de responsabilidad al transportista fijada en la propia póliza que impide a Hanseatica ejercer la acción de regreso, Concluyó que el rechazo del siniestro resultó improcedente.

Destacó que la compañía de seguros jamás comunicó el rechazo del siniestro a su parte como tomadora, sino solamente a la beneficiaria, en incumplimiento de los términos de la póliza. Consideró que, en virtud de ello, el siniestro había sido aceptado tácitamente respecto a su parte.

Impugnó la liquidación practicada por el actor.

Negó que el monto de la mercadería en plaza fuera el denunciado por su contraparte y solicitó se aplicaran las pautas establecidas en el código de comercio y la ley de seguros para su determinación.

Se opuso al reclamo por gastos, impuestos y comisiones bancarias por tratarse de pagos normales de sus operaciones.

Tachó de improcedente el lucro cesante reclamado.Aseveró que no existía una fecha de entrega determinada, que en el transporte de mercadería sólo se debía indemnizar la mercadería al valor en plaza y que, conforme a la ley de seguros, tampoco resultaba indemnizable por no estar expresamente pactado.

Subsidiariamente postuló que la mercadería de reemplazo fue comprada tan solo 15 días después de la supuesta fecha de entrega incumplida, no 57, y que la demora en la entrega le era ajena.

Se opuso a la fijación de intereses a la tasa activa del banco nación por tratarse de una demanda en Dólares Americanos y requirió la aplicación de una tasa del 6% anual sin capitalizar.

Solicitó la citación del representante legal local de AMV Transportes Ltda. como tercero interesado en los términos del art. 94 CPCCN, por ser el único capaz de aclarar lo sucedido en el caso de marras. Hizo reserva de repetir contra aquél cualquier indemnización que pudiera fijarse a favor de IMSA en su contra, por ser el responsable por la guarda de la mercadería.

Ofreció prueba y formuló oposición contra algunos medios propuestos por la actora.

3. A fs.647/669 se presentó la tercera citada en garantía, Hanseatica Compañía de Seguros SA, y solicitó el rechazo de la demanda.

Inicialmente cuestionó la actitud asumida por la asegurada y la tomadora quienes habrían intentado minimizar su responsabilidad en el incumplimiento de las condiciones de la póliza contratada, y representarla como una compañía desaprensiva que injustificadamente rechazó el siniestro.

A continuación reconoció: la existencia de la póliza, la ocurrencia del siniestro dentro del plazo de cobertura, la autenticidad del certificado de cobertura acompañado, la denuncia del siniestro formulada y el rechazo del mismo mediante CD N° 663475738/663475769.

Negó genérica y específicamente los restantes hechos expuestos por las otras partes del pleito.

Relató que el día 20/02/2014 Overseas contrató la póliza n° 5629 de seguro de transporte de mercaderías con vigencia del 17/2/14 al 17/2/17, y que el día 08/06/2015 incorporó, en su carácter de tomador, a IMSA SA como beneficiario mediante certificado de cobertura n° 96469.

Informó que de ambos instrumentos surgía el deber de custodia de la mercadería mediante seguimiento satelital todo el trayecto.

Indicó que, conforme surgía del intercambio de correos electrónicos, desde un primer momento su parte solicitó la custodia permanente de la mercadería a fin de minimizar los daños, puso a disposición los formularios de denuncia e informó los datos del investigador del siniestro en territorio chileno -IIS-.

Afirmó que, instantes después, se contactó con el Sr Araya -de IIS Chile- y requirió al tomador que coordinara el lugar de traslado de la mercadería siniestrada para su clasificación (con o sin daños).

Informó que dos días más tarde comunicó la intervención de un perito accidentológico para averiguar las causales del siniestro y que ni la tomadora ni la beneficiaria mostraron interés en participar del procedimiento, ni se opusieron al mismo.

Adujo que, corolario del informe pericial, decidió rechazar el siniestro y comunicarlo al beneficiario.En paralelo, habiéndose encontrado un rollo de mercadería en el lugar del siniestro, se encomendó su recupero a la empresa Comercial Exedent’s Ltda.; sin embargo, la accionante habría rechazado dichos valores mediante correo electrónico a Overseas SA -sumas que continuaban a su entera disposición-.

Refirió al rol de las partes en el contrato de seguro y las obligaciones que pesaban sobre ellas en virtud de aquel. Afirmó que la tomadora, como profesional en el trasporte de mercadería y los servicios de logística, era experto en la contratación de este tipo de seguros y no podía desligar su responsabilidad alegando ser un mero intermediador.

Sostuvo que la accionada tuvo labores más importantes que la simple contratación de la cobertura. Criticó los intentos de Overseas de deslindarse del rol de transportista pero, a su vez, intentar ampararse en las cláusulas contractuales que eximen de responsabilidad a quien reviste ese carácter.

Consideró que la actora no podía escudarse en su desconocimiento del contrato para escudar su responsabilidad en el incumplimiento ya que, como asegurada, tenía iguales cargas y obligaciones que el tomador, conforme la cláusula 5 de las condiciones generales.

Refirió a las cláusulas de la póliza y enumeró todas aquellas que, a su criterio, resultaban aplicables al caso.

Explicó que la firma IIS se desempeñó como comisario de averías, no como liquidador; que la demandada no opuso observación alguna a su designación; y que se trataba de una firma con reconocido prestigio en el país vecino.

Destacó que tampoco se objetó el informe en tiempo oportuno y que las infundadas críticas esbozadas en este pleito resultaban extemporáneas.

Transcribió numerosas partes del informe técnico que fundaban su decisión de rechazar el siniestro denunciado, haciendo particular hincapié en aquellas que demostraban la falsedad del relato del conductor y permitían a su parte concluir que no existió ninguna falla con los frenos del camión y que, al momento de desbarrancar, aquél no contenía la carga que denunciaba llevar.

Fundó una por una las causalesesgrimidas para declinar la cobertura. Primero manifestó que el camión resultaba tener otra chapa patente que aquella mencionada en la Guía de despacho n° 3434 (HX 7230 en lugar de YT-2054 donde se habría cargado la mercadería). Seguidamente destacó que ni la Carta de Porte ni el MIC/DTA ni el Documento único de Salida del Servicio de Aduanas de Chile contaban con las firmas y sellos pertinentes.

Insistió en que, incluso de haber existido principio de ejecución, las mercaderías no se encontraban cargadas en el camión al momento del siniestro.

A continuación, explicó que la condición de custodia satelital todo el trayecto era parte del contrato desde el año 2014 -y de sus anteriores emisiones- y que no fue, como adujo el accionado, incorporada en forma subrepticia al emitir el certificado de cobertura.

Afirmó que Overseas no era un mero intermediario y que, tal como manifestaba en su página web, era una empresa dedicada a y experta en el transporte de mercaderías, por lo cual le era aplicable el art.902 CCiv.

Postuló que IMSA y Overseas actuaron con franco desinterés para minimizar los riesgos de un siniestro, como lo habrían hecho de no contar con cobertura alguna.

Contradijo a la demandada en cuanto a la existencia de relación de causalidad entre la falta de custodia satelital y la ocurrencia del siniestro y manifestó que su omisión facilitó la sustracción de la mercadería en forma previa al desbarrancamiento.

Descartó la posibilidad de un robo perpetrado con posterioridad al siniestro por tratarse de un área de difícil acceso y de una mercadería muy pesada para poder sacar en tan poco tiempo, mas consideró que aquél sí había tenido lugar con anterioridad al desbarrancamiento, por lo que el sistema de custodia satelital podría haber alertado de la detención.

Adujo que IMSA y Overseas no cumplieron con el deber previsto en la LS 72 en tanto no sólo no custodiaron la carga una vez ocurrido el hecho, sino que además no instaron las denuncias para obtener el esclarecimiento de los hechos.

Restó total importancia a la denuncia realizada por el chofer en tanto se trataba de una declaración unilateral que, además, no mencionaba el robo de la mercadería y resultaba ser contradictoria con otras declaraciones dadas a lo largo de la investigación.

Tampoco consideró suficiente la acción penal instada por Cobre y Aleaciones en tanto la denuncia se hizo más de tres meses después de los hechos y con posterioridad al rechazo del siniestro.

Sostuvo que el cumplimiento de esta carga era esencial para preservar los derechos de repetición de su parte contra el transportista terrestre, lo que estimó convalidado por las propias acciones del demandado al remitir CD a Unidas Transportes Ltda.-más allá de sus intentos de desconocer importancia al protesto en su conteste-.

Tachó de desaprensiva y temeraria la actitud asumida por las aseguradas respecto de su carga de minimizar y evitar el riesgo y proteger las acciones de recupero.

Aclaró que Overseas había renovado recientemente su póliza y continuaba su relación comercial en total armonía, lo que tornaba en incomprensible la actitud asumida en su contra al contestar demanda.

Impugnó la liquidación practicada y solicitó que, en caso de una eventual condena, aquella se limite en los términos del seguro contratado.

Asimismo, solicitó el rechazo de la aplicación de intereses a la tasa activa del BNA por tratarse de una condena en dólares estadounidenses.

Fundó en derecho y efectuó reserva de citar en carácter de tercero a AMV Transportes Ltda. y requirió se convoque en su carácter de aseguradora de responsabilidad civil de Overseas Argentina a la firma Assekuransa Cia de Seguros SA. Ofreció prueba.

4. A fs. 757/762 se presentó AMV Transp ortes Ltda. y exigió el rechazo de la demanda incoada.

Negó genéricamente los hechos y documentos traídos por IMSA.

Reconoció expresamente la ocurrencia del siniestro del día 13/06/2015 en la ruta CH-60 donde el camión patente HX-7032, semirremolque JA-6070, que transportaba 8 bobinas de alambre de cobre desbarrancó y cayó a un precipicio de 200 metros.

Desechó cualquier tipo de participación en los hechos o que el vehículo haya provocado el accidente o los daños reclamados.

Afirmó que el accidente se debió a un caso fortuito configurado por el desperfecto mecánico y que el conductor carecía de responsabilidad alguna.

Adujo que Unidas Transportes Ltda.jamás requirió custodia satelital del vehículo y que en la Carta de Porte por ella firmada contaba con cláusula de eximición total de responsabilidad al transportista sin posibilidad de repetición por pérdidas o daños.

Al igual que las restantes demandadas impugnó la liquidación practicada.

Opuso defensa de falta de legitimación pasiva por carecer la actora relación contractual directa con su parte.

Ofreció prueba.

5. Assekuransa SA se presentó como citada en su carácter de aseguradora de responsabilidad civil de Overseas Argentina SA bajo la póliza RLA-039 y manifestó que mantendría indemne a la parte hasta el límite del aseguro contratado.

Respecto del siniestro y los hechos de autos, remitió a la contestación de su asegurada.

Se limitó a realizar ciertas precisiones respecto de la cobertura otorgada.

Afirmó haber tomado conocimiento de los hechos a través de la denuncia de su representada.

Aclaró que correspondía a la actora la prueba del incumplimiento y del daño, y que su deber de indemnidad sólo se activaba si se acreditaba que ese incumplimiento estaba comprendido dentro de la póliza como riesgo cubierto.Asimismo indicó que solamente configuraban incumplimientos válidos los derivados de las prestaciones expresamente pactadas por las partes más allá de la amplitud de riesgos cubiertos por su parte a favor de Overseas (extremo que respondía a la diversidad de tareas llevadas a cabo por la accionada que no necesariamente eran aquellas comprometidas a favor de IMSA).

En consonancia con las manifestaciones de su asegurada, sostuvo que el rol de aquella en el convenio se limitó a la mera intermediación sin comprometerse como transportista -hecho que demostraría la emisión de la Carta de Porte por AMV-.

Destacó que el vehículo utilizado no era de propiedad de la accionada, ni rentado por ella, y que tampoco era el chofer dependiente de la misma por quien debiera responder.

Negó la existencia de responsabilidad personal de Overseas en los hechos de autos y tachó de improcedente cualquier otra responsabilidad que pretendiese atribuirse a ella.

Tildó de formalista la postura asumida por Hanseática y afirmó que era el incumplimiento de ésta última -quien habría cobrado la prima y rechazado el siniestro indebidamente- la que llevó a las partes a litigar.

Solicitó la aplicación de la cláusula 4° -acápite 4.4- de las Condiciones Generales de la póliza, titulada «Responsabilidad por error u omisión», que establecía un límite de U$S 100.000 por reclamo, más intereses y costas proporcionales.

Por otro lado, aclaró que, en caso de una eventual condena, también existía una cláusula, la número 22, que limitaba la responsabilidad al precio de mercado de los insumos transportados, por lo que no se encontraba incluido el lucro cesante aquí reclamado.

Finalmente informó que la franquicia pactada ascendía a la suma de U$S 600.

Insistió en la limitación de su responsabilidad a los límites de la póliza y a la aplicablidad de la cláusula 4.4 al caso.

II.La sentencia de grado El magistrado de grado emitió su pronunciamiento el día 09/09/2020 haciendo lugar parcialmente a la demanda promovida por IMSA contra Overseas Argentina SA condenándola al pago de U$S 168.851,61 más intereses declarándola ejecutable contra Assekuransa Compañía de Seguros SA en la medida del seguro y rechazando la acción intentada contra Hanseática Cía. De Seguros.

Para así resolver el magistrado consideró que, incontrovertidos la contratación del servicio logístico de la demandada y el acaecimiento del siniestro, restaba dilucidar: a) la naturaleza de las obligaciones asumidas por Overseas, b) la responsabilidad de aquella en el siniestro y c) si correspondió rechazar o no el siniestro denunciado; para eventualmente delimitar la procedencia de los rubros y el alcance de la condena.

Sobre el primero de los puntos estimó que la obligación del transportista consistía en una obligación de resultado que hacía presumir su culpa por el mero incumplimiento y sólo permitía al sujeto eximir su responsabilidad ante caso fortuito o fuerza mayor.

Ponderó los correos electrónicos acompañados por la actora aplicando la presunción del Cpr. 388 como consecuencia de la negativa de la demanda a acompañarlos, pese a ser una correspondencia relacionada a los negocios debatidos en autos.Asimismo estimó que el desconocimiento de los emails había sido meramente genérico sin desconocer categóricamente los remitentes y las direcciones a las que se dirigieron, máxime cuando había quedado acreditado que quienes en ellos figuraban eran sus dependientes.

Refirió a las múltiples declaraciones testimoniales haciendo especial referencia a sus reconocimientos y desconocimientos de los correos electrónicos traídos, y concluyó la autenticidad de los documentos acompañados, particularmente del intercambio realizado los días 4 y 5 de junio de 2015.

Juzgó que del intercambio de mails se desprendía en forma clara que el servicio comprometido excedió la mera intermediación y que Overseas SA se involucró en toda la logística del transporte, hecho que coincidía con el objeto social de la empresa.

Sumado a ello observó que la accionada cotizó y cobró un único precio global por el servicio y jamás envió cotizaciones de diversas transportistas y/o seguros para ser considerados por IMSA. Por todo ello, desestimó la defensa de falta de legitimación pasiva.

Consideró que el rol desempeñado por Overseas, pese a no encontrarse expresamente previsto en nuestro ordenamiento jurídico, podía ser encuadrado adecuadamente en la figura del artículo 163 del Código de Comercio.

A continuación también consideró los extractos de la página web de la demandada donde se promocionaba como operadora logística y ofrecía hacerse cargo de transporte terrestre local e internacional a través de su propia estructura y nuevamente estimó que los desconocimientos y negativas practicadas debían ser estimadas como un reconocimiento en los términos del Cpr.356 1° párr, especialmente en tanto no fueron tachadas de falsas ni demostrado el real contenido de la página de la empresa -extremos que contrariaban el deber de colaboración de las partes en juicio-.

Aplicó la teoría de la apariencia ya que no existía constancia alguna que permitiera concluir que Overseas comunicó fehacientemente que solamente se desempeñaría como intermediario o agente.

Finalmente estimó que, como se trataba de una obligación de resultado, no habiéndose comprobado la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor, el mero incumplimiento hacía a la demandada responsable por los daños provocados.

A continuación, analizó el reclamo incoado contra la aseguradora Hanseática y destacó que no había sido posible esclarecer las circunstancias y la mecánica del siniestro, por lo que no se había demostrado lo injustificado del rechazo de la cobertura, especialmente en tanto no existe controversia respecto al incumplimiento del deber de custodia satelital.

Razonó que la exigencia de custodia satelital todo el trayecto no podía ser considerada abusiva ni contraria a la buena fe como pretendió Overseas en tanto encontraba relación al riesgo cubierto.

Especificó que, la falta de claridad respecto de las circunstancias que rodearon el desbarrancamiento impedía descartar la relación de causalidad entre el incumplimiento del deber de custodia y el siniestro. A mayor abundamiento, determinó que pese a la imposibilidad de ese sistema de evitar o disminuir el riesgo de sustracción de las mercaderías, aquél si habría permitido: detectar el cambio de vehículo, o la falta de combustible suficiente para realizar el trayecto y, según los dichos del perito liquidador, la ubicación y trayectoria realizada por el vehículo.

Respecto a AMV Transportes Ltda.determinó que nada podía decidirse sin afectar el principio de congruencia, en tanto el actor no la demandó ni le imputó responsabilidad alguna, sino que se trató de una citación a pedido del demandado.

Finalmente, juzgó que Assekuransa debía responder y mantener indemne a su asegurada por aplicación de la cláusula 2.1 de la póliza relativa a la pérdida y daños de la mercadería de terceros durante un transporte terrestre en vehículos de empresas subcontratadas, ya que, si bien la omisión de contrato de custodia satelital fue el motivo de declinación de la cobertura de Hanseática, no fue la causa utilizada para atribuir responsabilidad a Overseas en el presente litigio, siendo aquella el incumplimiento de la obligación de resultado asumida. En consecuencia, decidió que la condena sería ejecutable contra Assekuransa SA hasta el límite previsto en la cláusula 22.1.1. de hasta U$S 500.000 por reclamo y hasta un máximo de U$S 1.000.000 por año.

Finalmente evaluó los rubros reclamados y decidió: a) hacer lugar al daño emergente por la suma efectivamente abonada de U$S 168.851,61 – resultante del valor de la mercadería facturado U$S 171.357,19 menos la nota de crédito de U$S 2.505,58- con más los intereses a una tasa del 7% anual desde la fecha del siniestro (el 13/06/2015); b) rechazar la indemnización requerida en concepto de lucro cesante en virtud de la limitación de indemnización prevista por el artículo 179 del Código de Comercio.

Impuso las costas del pleito a Overseas Argentina en su carácter de vencida, incluidas aquellas generadas por la citación d e los terceros:

Hanseatica, Assekuransa y AMV.

Reguló honorarios.

III. Las quejas IMSA, Overseas y Assekuransa interpusieron recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia.

1.IMSA en su memorial del 15/12/2020 postuló diversos agravios, la mayoría de ellos fueron con el objetivo de mantener su derecho ante la eventual revocación o modificación de la condena como consecuencia de los recursos de sus contrarias.

En primer término, criticó la limitación de la responsabilidad a Overseas por el incumplimiento de la obligación de resultados y no por los mayores y eventuales incumplimientos que justificaron el rechazo de cobertura por Hanseatica.

A continuación, también en forma subsidiaria y para el caso en que no se mantenga la condena contra Overseas, se quejó del rechazo de responsabilidad a la aseguradora antes mencionada y solicitó su condena.

Respecto de la condena a Assekuransa, si bien coincidió con las conclusiones arribadas por el a quo, solicitó que, en caso de modificarse la condena, también resultaba aplicable al caso la cláusula de cobertura por errores u omisiones de Overseas por un límite de U$S 300.000.

Se agravió concretamente por el menor monto de condena establecido para el rubro daño emergente ya que, a su entender, la existencia de una nota de crédito por operaciones anteriores no afectaba el tenor del daño real causado, que ascendía a U$S 171.357,19. Asimismo denunció la omisión de evaluar el gasto por comisiones bancarias de U$S 180.

También recurrió el decisorio en cuanto rechazó la indemnización pretendida en concepto de lucro cesante. Afirmó que el rol revestido por la demandada fue el de Operador Logístico Integral y que en tanto superaba a un mero transportista tradicional, no resultaban aplicables plenamente las regulaciones relativas a dicha figura.

Destacó las diferencias entre el tradicional transportista terrestre y el actual operador logístico integral, y manifestó que las cargas asumidas por este último resultaban ser mucho mayores, por lo que no correspondía la limitación de responsabilidad prevista en el art.179 CCom.

Refirió a la prueba tendiente a acreditar la totalidad de los daños padecidos por este concepto, especialmente las conclusiones esbozadas por el perito ingeniero.

Posteriormente se agravió de la tasa de interés impuesta por considera exigua, y solicito se aplique una tasa equivalente al 15% anual y/o al mayor porcentaje que pueda determinar la alzada. Asimismo solicitó la aplicación del art. 770 inc. B CCCN relativa al anatocismo.

Por último, requirió se aclare que la condena, fijada en dólares americanos, debía ser cancelada en esa moneda prohibiéndose la cancelación en moneda nacional, en tanto las pólizas de seguros contratadas por Overseas con Hanseatica y Assekuransa se encontraban estipuladas en dicha moneda.

Aseveró que, de habilitar a la contraparte a abonar la condena en moneda nacional al tipo de cambio o cotización «oficial» se provocaría un grave daño a su parte quien no obtendría un verdadero resarcimiento de los gastos erogados.

Apeló los honorarios por altos.

2. Overseas Argentina SA también se alzó contra el decisorio del 09/09/2020 y presentó su memorial con fecha 15/12/2020.

Inicialmente cuestionó el encuadre jurídico de las cuestiones traídas hecha por el a quo, particularmente en punto a las prestaciones comprometidas por los sujetos intervinientes y las responsabilidades emergentes de los contratos y el siniestro.

Se agravió de la decisión de no incluir en la condena a AMV pese a haber sido la transportista que efectivamente disponía del camión, designó al conductor, emitió la carta de porte y tuvo bajo su guarda la custodia del cargamento.Afirmó que fue el único transportista contractual y efectivo por ser el emisor de la carta de porte, y que, en caso de dictarse sentencia condenatoria por falta de entrega de las mercaderías en destino, no podía ser omitida como responsable por ser quien generó el hecho reclamado.

Transcribió ciertos artículos de la ley 24.653 del año 1993 y del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre que consideró tornaban superfluo el análisis realizado por el magistrado, quien omitió los requisitos, autorizaciones y documentos necesarios para ser considerado transportista terrestre internacional entre Chile y Argentina e insistió en lo esencial de su condena.

Postuló que era carga de AMV demostrar que el incumplimiento no fue su culpa ya que cargaba con una obligación de resultado.

Refirió a la obligación tácita de seguridad del transportista y a la imposibilidad de exonerarse de dicha responsabilidad en virtud de cláusulas unilateralmente impuestas en la Carta de Porte, las que tachó de arbitrarias y abusivas.

Solicitó que, aun en caso de mantenerse la postura asumida respecto de AMV, las costas sean impuestas por su orden en virtud de las fundadas razones para su citación.

Se agravió en cuanto consideró que la falta de condena a AMV vulneraba derechos de raigambre constitucional, a saber: el derecho de defensa en juicio, el principio de legalidad y el principio de razonabilidad arbitrariedad.

De seguido se alzó contra la desestimación de la pretensión respecto de la aseguradora Hanseatica en virtud de la inexistencia de protesto y la falta de custodia satelital.

Criticó el decisorio en cuanto estimó que no se encontraba probada la ilegitimidad del rechazo, ya que consideró que correspondía a la aseguradora la prueba de que el rechazo fue fundado y no al asegurado.

Impugnó, al igual que en su contestación de demanda, uno por uno la totalidad de los argumentos esgrimidos al momento de rechazar el siniestro, a saber: la capacidad del Sr. Leonardo M.Rojas como liquidador por no encontrarse inscripto ante la SSN, y el informe por él presentado; que sí se encontraba demostrada la carga de la mercadería en el camión de AMV tanto por la Carta de Porte como por la demás documentación y prueba producida; que el protesto resultaba innecesario en tanto se trataba de un incumplimiento conocido de forma evidente por la transportista, cuyo pago resultaba irrepetible como consecuencia de la cláusula de exención de responsabilidad inserta en la póliza; que sí se realizaron denuncia policial -hecha por el chofer del camión tras el siniestro- y denuncia penal -hecha por el Gerente Comercial de Cobre y Aleaciones Escocia-; la inutilidad de la custodia satelital en zonas montañosas de difícil acceso, falta de relación de causalidad entre el hecho dañoso y la custodia satelital, la inaplicabilidad de la cláusula T10 al transporte fuera del territorio nacional, y su intrascendencia en casos en que no debe informarse la ruta a seguir con anticipación.

De seguido criticó la postura asumida por la aseguradora respecto de los restos de un rollo de alambrón de cobre recuperados del sitio del siniestro, y reprochó que pese a haber ofrecido las sumas derivadas del valor de rescate de las mercaderías, jamás las cuantificó ni acompañó documentación respaldatoria de la venta.Pretendió tener por reconocido tácitamente el siniestro en virtud de la aplicación del fallo plenario Caucholite como consecuencia de la designación de peritos liquidadores -hecho que habría purgado la caducidad-.

Solicitó se descuente, de las sumas a abonar por daños materiales, el valor actualizado en dólares de 3 rollos de alambrón de cobre.

Finalmente requirió la revisión de las costas por la citación de la aseguradora y exigió se impongan por mitades a su parte y a IMSA, para el caso de confirmación del decisorio.

Continuó su discurso criticando la condena en su contra.

Adujo que erró el a quo en el encuadre jurídico de su figura y que, por ende, la obligación asumida era de medios y no de resultado.

Reeditando sus anteriores argumentos dijo ser un mero intermediario que actuaba por cuenta y orden de IMSA para acercar a posibles transportistas terrestres y aseguradoras de carga y opuso defensa de falta de legitimación pasiva.

Argumentó haber cumplido todas las obligaciones inherentes al servicio para el que fue contratado, la intermediación, negó haber asumido la carga de transportar o resultado alguno.

Refirió a la prueba colectada y afirmó que pese a que su objeto social y su actividad declarada incluyeran el transporte terrestre, en la práctica era imposible que desempeñara ese rol ya que no se encontraba inscripta en la CNRT ni dentro de sus actividades según sus registros contables.

Analizó la responsabilidad a ella imputada por la parte actora y afirmó que solo podía imputársele responsabilidad por hechos como intermediadora o agente, pero no como transportista. Insistió en que su responsabilidad era de medios y que nada indicaba que la elección del transportista AMV hecha por su parte había sido deficiente.

Negó ser transportista por no haber sido quien emitió la carta de porte o haber subcontratado el servicio de una empresa de transporte.Indicó que la contratación del transportista fue «bajo las instrucciones, aprobaciones y especificaciones de IMSA» en su rol de agente de cargas o forwarder.

Solicitó la aplicación de las normas relativas al mandato y adujo que no había existido incumplimiento imputable a su parte.

Finalmente requirió que, en caso de mantenerse la condena, se reduzca la tasa de interés al 4% anual por tratarse de una condena en dólares americanos, que se modifique la fecha de mora a la fecha de notificación de traslado de la demanda por tratarse de la primera intimación de pago efectiva; y que se autorice el pago en moneda de curso legal al tipo de cambio vendedor mayorista que establezca el Banco de la Nación Argentina a la fecha del pago.

3. Por último se alzó contra la sentencia Assekuransa Cía. De Seguros SA.

Solicitó se tengan por reproducidas las quejas vertidas por su asegurada, a los que remitió por razones de brevedad.

Criticó particularmente la sentencia en cuanto consideró que Overseas debía ser condenada por incumplimiento de la obligación de resultado y asimilaba su res ponsabilidad a la de un transportista, lo que derivaba en la aplicación de la claúsula 22 de la póliza que establecía un límite de responsabilidad de hasta U$S 500.000 por incidente.

Sostuvo que la condena a su parte solo podría extenderse por los incumplimientos que eran propios de Overseas y, por ello, debía aplicarse el límite de la cláusula 4.4 por responsabilidad por error u omisión, ya que las únicas obligaciones asumidas en el caso fueron de medios como intermediadora.

IV. La solución A. Consideraciones preliminares 1. En primer término, diré que el análisis de los agravios esbozados por las apelantes no seguirá el método expositivo adoptado por ellas, y no atenderé todos sus planteos recursivos, sino aquellos que estime esenciales y decisivos para dictar el veredicto de la causa (Cfr. CSJN: «Altamirano Ramón c/ Comisión Nacional de Energía Atómica», del 11.11.1986; íd:»Soñes, Raúl c/ Administración Nacional de Aduanas», del 12.2.1987; Fallos: 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).

2. Como fuera referido ut supra, el magistrado de grado resolvió hacer lugar parcialmente a la sentencia incoada contra Overseas y su aseguradora de responsabilidad civil citada en garantía -Assekuransa- y rechazar el reclamo contra la aseguradora de la carga, Hanseatica.

Para así decidir, el sentenciante consideró que la accionada había incumplido con la obligación de resultado que sobre ella pesaba en su carácter de transportista contractual y aparente; que no cabía expedirse respecto de AMV en tanto no había sido demandada ni citada por el actor; y que el rechazo de cobertura realizado por la aseguradora resultó procedente por incumplimiento de las cargas contractuales -particularmente aquellas relativas a la necesidad de realizar protesto y proteger las acciones de regreso, y la contratación de custodia satelital durante todo el trayecto-.

Finalmente extendió responsabilidad a Assekuransa en los términos del artículo 22 de la póliza de responsabilidad civil por el incumplimiento de entrega de la mercadería.

Contra dicha solución se alzaron las accionadas y, subsidiariamente el actor, quienes postularon que no correspondió responsabilizar a Overseas por incumplimiento de obligación de resultados o como transportista, ya que se trataba de una intermediadora a quien le aplicaban las reglas del mandato. También postularon la necesidad de condenar a la transportista efectiva AMV por incumplimiento, ya que había sido oportunamente citada en los términos del artículo 94 CPCCN y no existía prueba para eximir su responsabilidad.Por último, insistieron en la ilegitimidad del rechazo de cobertura por parte de Hanseática por hallarse interrumpido el nexo causal entre el incumplimiento alegado y el daño padecido, ya que aun de haber contado con custodia satelital, el resultado de desbarrancamiento o incluso el robo, no podrían haber sido evitados.

En estos términos, no se encuentra debatida en autos la aplicabilidad de las normas de los códigos civil y de comercio, la falta de entrega de la mercadería y su desaparición «en tránsito», ni tampoco la contratación del transporte y el seguro por medios digitales a través de Overseas Argentina SA.

3. En primer término diré que resulta cuanto menos dudoso que la expresión de agravios de la demandada contenga un crítica concreta y razonada de los fundamentos empleados por el a quo para hacer lugar a la demanda contra los accionados. De su lectura se observa que no cumplió con las exigencias previstas en el cpr: 265. Obsérvese que se trata de una simple repetición de cuanto fuera expresado en los escritos de alegatos y de contestación de demanda.

Sin perjuicio de ello, y a fin de evitar una rigidez hermenéutica que pueda comprometer en algún punto el derecho de defensa en juicio, de raíz constitucional (CN: 18), procederé a tratarlos (CNCom, Sala B, «Charles Mario, c/ Albergoli, Myltoni V, s/ ordinario», del 06.07.89 esta Sala, 24.06.2010, «Cots Roberto Jorge c/ La Caja de Seguros SA, s/ ordinario»).

En estas condiciones, evaluaré en primer término la responsabilidad adjudicable a la demandada Overseas ya que la suerte de este agravio resultará determinante a la hora de responder las restantes quejas.

B. El rol de Overseas Argentina SA 1.Se encuentra controvertido entonces, el rol desempeñado por la demandada en el presente contrato.

De acuerdo a la versión dada por la actora en el escrito de inicio, ella contrató los servicios de operación logística directa y exclusivamente con la demandada, servicio que abarcaba una multiplicidad de tareas, especialmente el transporte y entrega de la mercadería -para lo cual habría emitido la carta de porte-, sin perjuicio que el acarreo fue subcontratado posteriormente a la empresa Unidas Transporte Ltda, y a AMV Transportes Ltda (transportista efectivo).

Según los dichos de la demandada, se trata de una empresa que reviste el rol de operador logístico, forwarder o agente de carga cuya figura se asimila al mandato y que, no sólo no emitió el conocimiento de carga que la convertiría en transportista contractual, sino que, solo se había comprometido a acercar a la cargadora con el transportista y la aseguradora obteniendo para ello presupuestos que fueron aprobados por la accionada.

Corresponde hacer una observación relevante: la defendida adoptó un planteo sinuoso e incoherente en relación a la concreta posición contractual asumida, pues en sus presentaciones en la instancia anterior y en la formulación de sus agravios adujo contradictoriamente haber actuado como agente, mero intermediario o forwarder. Ello significó aludir a tres relaciones contractuales de distinta naturaleza que es el aspecto central que debe elucidarse en esta decisión.

2. El vínculo jurídico establecido entre la partes puede calificarse como un contrato de operación logística (COL). Actora y demandada coinciden en atribuirle esa naturaleza aunque difieren en relación a los efectos que produjo en el caso.

Veamos, entonces, cuáles son los perfiles distintivos de este tipo contractual.

Como es sabido, el constante cambio en las tecnologías y las exigencias del comercio sobre celeridad, seguridad y eficiencia, traen consigo una necesidad de adaptación de las prácticas comerciales y derivan en la creación de estructuras empresariales que cumplen con tareas cada vez más específicas.Tales cambios han impactado también en la clásica figura del transportista y han hecho surgir nuevos sujetos llamados operadores, agentes de carga o freight forwarders. Simplificación de trámites y mayor rapidez en la circulación de mercaderías o aprovisionamiento de materias primas, con la directa consecuencia de abaratar costos de producción, confieren sustento al interés económico de quienes requieren la prestación de esta clase de servicios.

El operador logístico, a diferencia del transportista, es una empresa especializada en la prestación de una amplia variedad de servicios logísticos, que pueden incluir, entre otros: wharehousing o almacenamiento, distribución o cross docking, transporte, planificación, etc., todo ello a cambio de un precio que será determinado según la complejidad de las tareas asumidas. Esta figura exorbita ampliamente la figura del simple transportista o distribuidor, según el caso, para ejecutar una disciplina omnicomprensiva denominada operación logística.

En otras palabras, «la especificidad del objeto del COL es la nota distintiva del mismo ya que la multiplicidad de prestaciones de carácter logístico y modalidades de dicho contrato es lo que en definitiva le otorga una identidad propia e irrepetible (.), no se trata de una mera acumulación de prestaciones separadas entre sí, sino de un contrato distinto a todos los demás conocidos actualmente en donde las mismas se encuentran íntimamente conectadas proveyendo un servicio integral por parte de un experto en la materia como lo es el operador logístico» (cfr. Martorell, Ernesto E., Tratado de los contratos de empresa, T. II, págs, 1740 y ss., La Ley, Bs. As., 2016).

Como es fácil apreciar, estos prestadores no encuentran abrigo en ninguna figura específica de nuestra legislación; se trata de un contrato innominado -atípico- que en ese carácter se encuentra regido por la voluntad de las partes y las demás normas generales de los contratos, los usos y costumbres y las normas que rigen a los contratos afines y compatibles.Es pertinente tener en cuenta que la tipicidad contractual puede consistir en una creación más o menos original de una nueva figura o bien, como ocurre en este caso y es frecuente en la práctica empresarial, derivar de la combinación de elementos típicos de otros contratos regulados legalmente o no.

De esta manera, el aspecto más arduo reside en distinguir el tipo de responsabilidad adjudicable al Freight forwarder, que solo puede ser identificada en el caso concreto en virtud de las obligaciones comprometidas y las tareas efectivamente desarrolladas. Ello impone el análisis de las circunstancias que enmarcaron la negociación.

En ese marco, a mi juicio, se debe encarar el planteo de la demandada quien sostiene que deben aplicarse al caso las normas relativas al mandato. Ese argumento no fue admitido por el a quo quien, en consonancia con lo planteado por el actor, decidió ampararlo en la figura del transportista contractual en los términos del artículo 163 CCom aplicando al caso la teoría de la apariencia, cuestión que abordaré en primer término.

3. La doctrina de la apariencia de derecho se refiere a la situación tal como de hecho se manifiesta a los terceros en un determinado momento: la situación creada por la apariencia resulta de circunstancias objetivas y tiene por efecto asimilar lo que aparece a lo que es. Naturalmente, la tutela de la confianza desaparece, no solamente en los casos en que el tercero se encuentre en situación de mala fe, o sea que conociese la irrealidad del negocio (o del acto), sino también cuando él, emplean do la diligencia común, habría podido reconocer la irrealidad del negocio (o del acto) (arg. art. 1431).

En tales casos, la apariencia no puede predominar sobre la realidad (Messineo, F., Manual de Derecho Civil y Comercial, Tomo II: Doctrinas Generales, Ediciones Jurídicas Europa – América, Buenos Aires, 1979, pág.400).

La teoría de la seguridad dinámica ha sido desarrollada por Demogue, tomando como punto de partida que la norma jurídica debe buscar la seguridad como una de las exigencias fundamentales de la vida social. La ley, cuando existe conflicto de intereses, debe inclinarse hacia la seguridad de aquél interés que sea más digno de ser protegido.

Indudablemente esa apariencia debe ir acompañada de la buena fe que es primordial en esta clase de transacciones y la materia que forma su contenido se basa primordialmente sobre la autonomía de voluntad que impera en las obligaciones y en los contratos y se nutre de la savia del progreso y de la experiencia en las relaciones económicas, de derecho privado. En la doctrina moderna, y aún en ciertos preceptos legales, se tutela la buena fe y la legítima expectativa de quien tiene motivo a creer en la apariencia. Ha podido señalar así la Corte de Casación Italiana que «la teoría de la apariencia del derecho requiere una situación por la cual, quien ha confiado razonablemente en una determinada manifestación jurídica y se ha conducido conforme a ella, tiene derecho a contar con tal manifestación, aunque no corresponda a la realidad» (Satanowsky, Marcos, Tratado de Derecho Comercial, T. 3, pág. 314/315 y sus citas, Tipográfica Editora Argentina SA, Buenos Aires, 1957).

Admito pues, que en el tráfico comercial moderno y fundamentalmente en los contratos celebrados entre empresas, en innumerables ocasiones las soluciones encuentran su debido cauce a través de la aplicación de las teorías de la apariencia, privilegiando la buena fe de los terceros que celebran contratos con quienes aparentan asumir una posición económica determinada que no resulta coincidente con la realidad.

La celeridad del tráfico exige adoptar fórmulas que primen la seguridad sobre la certeza o justicia. Es por ello que, en el orden mercantil, se infiltran numerosas disposiciones que asocian resultados jurídicos a la apariencia de situaciones, independientemente de la realidad de las mismas (Jiménez Sánchez, Guillermo J.Lecciones de derecho mercantil, Ed. 13ª, Editorial Tecnos, Madrid, 2009 págs. 329).

Así lo ha entendido la doctrina al sostener que debe protegerse la buena fe, manifestada en la confianza depositada en la apariencia (José Puig Brutau, Estudios de Derecho Comparado, Barcelona, 1951, pág. 103).

Es que, el ordenamiento jurídico protege por imperio del principio de la buena fe, la aceptación de las consecuencias derivadas de un estado jurídico que no se basa sólo en una declaración de voluntad, sino en la apariencia de una situación jurídica. Aquél a cuyo cargo produce efectos tal apariencia, debe haberla producido o mantenido de modo a él imputable, y la parte beneficiada debe haber confiado en la apariencia. La consecuencia es que, respecto de la parte beneficiada ha de considerarse realizado o subsistente el efecto jurídico de que se trata, esto es que se coloca tal como corresponde a la situación por ella supuesta.

En estos casos de responsabilidad por apariencia jurídica, se trata de una responsabilidad derivada de las propias declaraciones de voluntad expresas o tácitas imputables al sujeto de que se trate. Se trata de una responsabilidad por la confianza, no en el ámbito de la teoría del negocio jurídico, sino como complemento de la responsabilidad derivada de los negocios jurídicos (Larenz, Karl, «Derecho Civil. Parte General», Madrid 1978, pág. 825).

Esta teoría de la apariencia es descripta por un autor español como la afirmación de que los actos realizados por una persona engañada, por una situación jurídica que es contraria a la realidad, pero que presenta exteriormente las características de una situación jurídica verdadera, son definidos y oponibles como lo serían los actos fundados en situaciones absolutamente regulares (conf. Bergamo, A., «Curso de Conferencias, Colegio Notarial de Valencia», 1945, pág.243).

Es por ello que, quien ha dado lugar o ha consentido una situación engañosa -en virtud de una situación jurídica aparente- aunque haya sido sin el deliberado propósito de inducir a error, no puede hacer que su derecho prevalezca por encima del derecho de quien ha depositado su confianza en aquella apariencia (CNCom., esta Sala, 11/12/12, «Ivicon SA c/Volkswagen Argentina SA y otro s/ord»).

Entonces, como he dicho, el concepto de la buena fe-creencia dentro del campo jurídico, se ofrece a través de la adquisición de derechos que si adolecen de vicios, al provenir de actos cumplidos de buena fe, se cubren sus deficiencias, vgr., en la representación, en beneficio de quien lo posee: la buena fe reemplaza en su potencia creadora los elementos objetivos considerados necesarios para la validez del acto.

Pero la aplicación de la buena fe-creencia, con relación específica a la representación aparente (en el caso de por ejemplo: la realización de la denuncia ante el productor) merece algunas aclaraciones, puesto que no corresponde exagerar la influencia de aquella convirtiendo los derechos en meras creencias, porque ello implicaría confundir los derechos con una de sus fuentes, que, por lo demás, reviste una naturaleza subsidiaria, ya que atempera simplemente los rigores de ciertos principios absolutos, como el nemo dat quod non habet. Por lo que, si corresponde reconocer el valor de la buena fe-creencia como fuente de derecho, es necesario: por una parte, que haya un fundamento real y serio para la formación de tal creencia. Es menester constatar el valor de los factores externos, ya que los hechos, según se hayan manifestado, son los que deben provocar la apariencia del derecho.

De otro lado, aquel a cuyo cargo produce efectos la apariencia, debe haberla originado de un modo a él imputable, y, la parte beneficiada debe haber confiado «razonablemente» y «normalmente» observando la «diligencia» del tráfico. Es decir, no podrá alegarse cuando el desconocimiento del verdadero estado de las cosas proviene de una carencia de diligencia culpable.(CNCom., Sala B 18/12/86 «Badell Jacinto c/Cía. de Seguros Unión Comerciantes». En igual sentido: Sala A, 28/12/06, «Catardo, Fernando c/La Economía Comercial SA de Seguros Generales s/ord»; Sala D, 06/06/07, «Witenko, Gregorio c/La Holando Sudamericana Cía. de Seguros s/sumario»; esta Sala, «Moreno Constantino Nicasio c/Aseguradora Federal Argentina SA s/ordinario», 01/08/2013).

En el caso que estamos juzgando no es necesario indagar acerca de la entidad de la diligencia que podría atribuirse a la actora cuando se estableció el vínculo porque, como se evidencia del relato incorporado a la demanda, admitió haber conocido que Overseas Argentina SA subcontrató a la firma Unidas Transportes Ltda, quien hizo lo mismo con un proveedor chileno AMV Transportes Ltda. Nada tuvo de aparente dicha delegación del acto material del transporte en tanto la demandante no adujo -ni demostróhaber actuado inducido por la confianza depositada en una realidad carente de sinceridad, que pudo haber sido configurada por quien contrató con ella.

En realidad, también parece innecesario profundizar la investigación en referencia a esa apariencia porque, tanto sea que haya existido como que no haya mediado su configuración, la responsabilidad de la demandada es evidente con base en las estipulaciones contractuales.

4. Como el fallo apelado se basó en la responsabilidad imputable al transportista, porteador o acarreador es preciso ponderar las reglas que la rigen y su aplicación a este caso.

Enseña Ripert, que el transporte es en sí mismo un hecho material de desplazamiento, la cosa desplazada se entrega en otro lugar (Georges Ripert, Tratado Elemental de Derecho Comercial, T. IV, págs.142 y ss, año 1954, Bs.As., Tipográfica Editorial Argentina).

El contrato de transporte debe, pues, ser definido como la convención por la cual una persona, llamada anteriormente acarreador y actualmente transportista, se obliga, mediante una remuneración a entregar en otro lugar una cosa que se le ha remitido.

El objeto del contrato de transporte es el desplazamiento en forma segura a riesgo del transportista de una cosa o persona de un lugar a otro (Rouillon, Adolfo A. N., Código de Comercio comentado y anotado, T. I, pág. 268, La Ley, Bs. As., 2005).

El transporte supone que el transportador se hace cargo de los objetos que le son entregados. El transportista tiene, asimismo, la guarda de los objetos, y la obligación de conducir la mercancía a su punto de destino por el itinerario convenido y en su defecto por el habitual, dentro del plazo convenido.

El porteador es entonces aquel sujeto que se obliga frente al cargador a transportar la cosa de manera profesional o como empresa, asumiendo los riesgos de su actividad comercial, cuya obligación solamente se puede considerar cumplida cuando se perfecciona la entrega en las condiciones de tiempo y lugar convenidas.

En palabras de Rouillon, el transportista está obligado a la entrega de la cosa transportada en el mismo estado en que las recibió, conforme constancia de la carta de porte. Esta obligación de entrega se clasifica como una obligación de resultado, en tanto su cumplimiento específico se materializa únicamente entregando la cosa transportada en el lugar y en el tiempo convenido en forma expresa o tácita. La falta de entrega en el lugar y tiempo convenido hace presumir la responsabilidad del deudor (op. cit., pág. 271).

El transportista solamente podrá liberarse de responsabilidad probando la ruptura de la relación de causalidad entre su obrar y los daños sufridos por la carga, siendo así indiferente la diligencia prestada por el cargador. Solamente habrá ruptura del nexo causal cuando se acredite la llamada «causa ajena», esto es:el vicio propio de la cosa, el caso fortuito, la fuerza mayor, la culpa de la víctima (el porteador) o el hecho de un tercero por quien no deba responder. Se trata entonces de una obligación de resultado que, al igual que todas las formas de responsabilidad objetiva, conlleva una inversión en la carga de la prueba.

Ripert refiere a las responsabilidades del transportista en los siguientes términos «el transportador se libera igualmente de responsabilidad si prueba que la pérdida o la avería se debe a un acontecimiento insuperable e imprevisible que no le es imputable» -ccom: 103 y 104- (Georges Ripert, op cit, págs. 142 y ss).

Existe cierta corriente doctrinaria y jurisprudencial, que no comparto por vía de principio, que exige la emisión de la Carta de Porte para considerar al sujeto transportista.

Sin embargo, la jurisprudencia argentina ha reconocido el carácter de transportista basado en el vínculo jurídico del operador con el cargador con prescindencia de quien realizó fácticamente el acarreo de la mercadería (transportador efectivo). Apoyada en el principio de autonomía de la voluntad de las partes ha puesto su acento en el vínculo jurídico, con prescindencia del fáctico para la determinación de este sujeto. Más aún, es precisamente a partir de la preeminencia de ese vínculo jurídico que ha establecido la naturaleza del contrato celebrado entre las partes y las legitimaciones activas y pasivas en el proceso, No son la titularidad del medio utilizado por el transportador ni el hecho de ejecutar la acción de transportar los que otorgan el carácter del transportista, sino que es el contrato, el vínculo jurídico el que finalmente otorga este carácter (Martorell, Ernesto E. op cit, p. 1593 y sus citas).

El contrato de transporte es considerado, entonces, como un contrato fungible en tanto, en palabras de Martorell, el porteador puede efectuarlo por sus propios medios y con su propia empresa, o valiéndose de los medios de otros y de una organización ajena (Martorell, Ernesto E., op cit, pag.1602).

Así, aun cuando el cargador contrata con un solo transportista, como sucede en el caso, el hecho de que el porteador contrate a su vez con otros transportistas para efectuar el transporte al que se obligó es una situación de subcontratación regulada por el art. 163 del Código de Comercio (cfr. Rouillon, op cit, p. 266).

5. Ahora bien, en el marco contextual descripto, debo adelantar que comparto las conclusiones de la decisión del a quo en cuanto aplicó la legislación relativa al contrato de transporte porque previene la invocación vacua de supuestas causales de exoneración.

Es que, tras una detenida lectura de las constancias obrantes en la causa, especialmente de los correos electrónicos donde se pactaron los términos de la contratación y se convinieron las tareas a desarrollar, el precio a abonar y los servicios requeridos, observo que la única tarea requerida por el actor fue la de transporte internacional de mercadería por carretera, mientras que el resto de las obligaciones asumidas -que integran el propósito del COL considerado como negocio de mayor amplitud- pueden estimarse como una mera prestación accesoria del objeto principal.

Véase aquí, en orden a precisar las obligaciones asumidas, que la actora, a través de su empleada administrativa, la Sra. Cynthia Martínez, requirió a la demandada la cotización de un transporte de mercadería de aproximadamente 25.000 tn. a realizarse por carretera desde Chile a Argentina con el específico requerimiento de que cuente con custodia armada una vez ingresado a territorio nacional. Dicha petición fue respondida con un correo de la Srta. Julieta Campitelli del día 05/06/2015 a las 02:20 pm donde acercaron una única cotización que informaba el precio por el servicio y las características del camión a utilizar, que lee:

«- FLETE TERRESTRE EN CAMION ABIERTO CON BARANDA Y LONA (de acuerdo a la mercadería adjunta): USD 3.200,00. **Demora de camión por día:USD 300 (por día por equipo)**

-SEGURO 0,45% CFR (flete + valor factura)

-CUSTODIA DESDE USPALLATA HASTA MERLO: $20 + IVA POR KM **LA CUSTODIA POR CADA HORA DE ESPERA, SU COSTO ES DE $ 350,00 + IVA**

-PAGO: SE ESTARA ENVIANDO LA FACTURA NI BIEN ARRIBE EL CAMION A PLANTA EN MERLO PARA QUE SE PROCEDA CON EL PAGO DE LA MISMA.

-ESTADIAS: 12 HS. LIBRES PARA CARGA Y DESCARGA.- 24 HS PARA CRUCE Y LIBERACION EN ADUANA DE ORIGEN.-

Confírmame si ya está OK así te mando a hacer el CRT URGENTE.» En los siguientes correos se lee que IMSA solicitó detalles del transporte, a lo que respondieron de Overseas con los datos de patente del camión y su semirremolque y los formularios del seguro, haciendo referencia incluso a «su oficina en Chile» (v. correo de Franco Ghirimoldi del día 08/06/15 a las 04:08 pm). Incluso se observa que fueron ellos quienes hicieron llegar al actor la copia de CRT tras requerirle la información necesaria para emitir dicho borrador.

No existe, en el intercambio de correos, ninguna mención a la incapacidad de llevar a cabo el transporte por cuenta propia, ni a la intervención de un tercero como transportador efectivo -o subcontratadoen virtud de la inexistencia de autorización administrativa para realizarlo por falta de inscripción o materialmente por la carencia de camiones propios, argumentos que integraron el planteo defensivo. Esto significa que Overseas Argentina SA tomó a su cargo las consecuencias de la traslación de las mercancías hasta su destino final, con independencia de quien la cumpliera efectivamente en razón de la aplicación de las reglas que contenía el CCom en relación a los empresarios de transporte.

Los Sres. Cynthia Martínez y Pablo Mazzanti, reconocieron la totalidad del intercambio de emails acompañados como anexo VI de la demanda.

Por su parte, de la prueba testimonial rendida por la Srta. Campitelli -cuya idoneidad es sostenida por la propia accionada- se desprende la autenticidad de los correos donde se fijaron las pautas de contratación (los obrantes a fs.128/43, 144/157 y 161/174) y la de la casilla institucional desde la cual fueron enviados (ver contestaciones a preguntas 1, 25). Asimismo, la testigo reconoció haber trabajado para Overseas, la calidad de empleados de los restantes sujetos intervinientes en las comunicaciones, y la intervención de su anterior empleador en la emisión de la CRT (v. contestación a la pregunta n° 17).

Debo remarcar aquí que la autenticidad de los emails referidos fue también verificada por el proveedor de servicio de hosting del actor – GEORED SA- mediante contestación de oficio del 04/09/18, y por el perito en sistemas, Sr. Leandro Stucchini, quien corroboró la autenticidad de los correos acompañados según los registros del actor y destacó que se trataba de documentos que se almacenaban en la forma en que habían sido generados, es decir sin posibilidad de alteración (ver pericia y contestación a las impugnaciones). Asimismo, aclaró, a pedido del actor, que pese a la imposibilidad de constatar los correos en la base de datos del demandado por inexistencia de backup previo al 08/06/15, y por el extravió de la computadora de Franco Ghirimoldi, que las direcciones de correo electrónico utilizadas para el intercambio efectivamente existieron pues de lo contrario aquel no habría podido llevarse a cabo.

Aclaro que en el caso no resultó suficiente para desvirtuarlos el desconocimiento de la documental realizado por la demandada, en cuanto no aportó prueba alguna tendiente a acreditar su falsedad o posibles omisiones, e intimada a acompañarlos, se negó alegando la confidencialidad, no acompañando ninguno de ellos.

Recuérdese que sobre el particular la Alzada de este fuero ha sostenido en reiteradas oportunidades que la irrestricta negativa de la demandada sobre los extremos en que se funda la demanda puede presentarse como un proceder contrario a la regla de la buena fe, según la cual es dable exigir frente a afirmaciones concretas del actor al menos una explicación fundada (CNCom, Sala D, 26/08/1999, «Palermo Autopartes SRL c/Julián Álvarez Automotores SA s/ordinario»); pues no es suficiente comoprincipio una cómoda negativa que comúnmente sólo tiende a poner a cargo de la contraparte la prueba de los extremos que por un elemental deber de lealtad en el proceso, corresponde sean inicialmente propuestos por las partes con claridad y veracidad.

Es que la correcta interpretación del cpr 356, en lo que hace a la forma de contestación de la acción, debe contener necesariamente la posición de la parte respecto a cada una de las afirmaciones. La mera negativa de los hechos con el propósito de provocar de esa manera la carga probatoria de la contraria, importa la transgresión de un elemental principio de buena fe procesal, pero lo que es aun peor, de falta de colaboración que se concreta en no expresar al tribunal a través de formas positivas, cuales han sido las reales circunstancias, a fin de que la litis pueda tratarse sobre pautas de verdad que posibiliten una sentencia justa. Y en la medida que ello no se cumpla, deberá aplicarse en la sentencia las consecuencias de la admisión procesal que prevé la citada norma instrumental (CNCom, Sala B, «López Arean Héctor c/ Alberto J. Armando SA», 05/07/1974).

Tampoco resultan atendibles las objeciones realizadas en las observaciones a la pericia, ya que, como tiene dicho esta Sala: si los datos brindados por el perito no son compartidos por los litigantes, deben estos probar la inexactitud de lo informado, resultando insuficientes las meras objeciones, pues es necesario algo más que disentir, es menester probar, arrimar evidencias capaces de convencer al juez que lo dicho por el especialista es incorrecto, que sus conclusiones son erradas o que los datos proporcionados como sostén de sus afirmaciones son equivocados.» (CCiv. y Com. Mar del Plata, sala II, 07.06.05, Esso SAPA c/ Norpetrol SA», LLBA 2005- 1260; criterio reiteradamente seguido por esta Sala F en » Ka Argentina SA c/Club Atlético Huracán Asoc. Civ.c/ord» del 21/12/2017, «Tegli Eduardo Rubén c/Liberty Seguros Argentina SA s/ord» del 09/03/2017).

De hecho, el relato de la declarante Campitelli respecto de la forma en que operaba Overseas -transcripto en los agravios vertidos por dicha parte- si bien puede demostrar que solo se encargaría de gestionar el transporte, también permite concluir que aunque la accionante podría haber desconocido la existencia de un transportista distinto -argumento que he rechazado antes- no alcanza para eximir de responsabilidad a la demandada quien, si se admitieran los términos del discurso defensivo, en ningún caso resultaría responsable ante la inejecución o deficiente ejecución de las obligaciones derivadas del contrato, porque cualquier daño no le sería imputable por no haber cumplido el acto material del transporte. Esa conclusión es inadmisible para quien ampulosamente se identificó como empresario internacional que actuó en la condición de freight forwarder pero que en rigor actuó simplemente como transportista, asumiendo obligaciones en ese carácter, mediante la subcontratación del traslado de la carga.

Un argumento más en desmedro de la oposición defensiva: si Overseas Argentina SA ha publicado la propia atribución de ser experta en tales menesteres, no puede ocultarse que presupuestó una cuantiosa cantidad de moneda extranjera para alcanzar un resultado deficiente solo a ella imputable, pues seleccionó un subcontratante inidóneo que, oportunamente, eligió a otro subcontratista que no contaba con medios operativos adecuados o exhibió una impericia notoria. En un vínculo contractual entre empresarios -todos los intervinientes deben ser considerados como tales- el desastroso resultado obtenido determina objetivamente la imputación de responsabilidad.

6. Lo aquí expuesto echa por tierra el relato intentado por la defendida quien dijo ser mera gestora a quien se le aplicarían las reglas del mandato.Vuelvo sobre la inconsistencia que significa invocar actuar como freight forwarder y a continuación alegar haber simplemente mediado entre la actora y el transportista efectivo quien, por lo demás, no parece haber tenido relación alguna con Overseas Argentina SA.

Es que, de la prueba referida no se desprende, como postuló el demandado, la existencia de una simple gestión que haya importado el acercamiento de múltiples presupuestos para la consideración de transportistas ni mucho menos opciones para la selección de la aseguradora, dos actividades que le habrían sido delegadas por la demandante. Para considerar aplicables al caso las reglas del mandato era indispensable probar no solo la existencia de intermediación, sino también el consentimiento de la calificada como mandataria para actuar de ese modo -esto es haberle encomendado la representación y establecido los límites de sus poderes-, extremos que no se encuentran acreditados en la causa.

Insisto en que no es posible eludir la percepción de que o bien su publicitada condición de experto en COLs es falaz, o bien sea que actuó negligentemente en la delegación material del traslado. Agrego, en abono de esa conclusión, que promocionarse como transportador y defenderse en base a la falta de inscripción como tal en la CNRT no puede tolerarse sin asignar las consecuencias de ese obrar engañoso, pero es claro que en ningún caso puede admitirse como excusa de la responsabilidad propia.

Esta reseña me convence del rol de transportista que corresponde adjudicar al demandado Overseas para apreciar la responsabilidad que debe atribuírsele, en los términos del referido art. 163 CCom.

En consecuencia, existe en el caso evidencia suficiente para tener por justificado el reclamo resarcitorio de la actora, que evidentemente pudo tener la legítima expectativa de recibir las mercaderías en condiciones adecuadas de uso y en tiempo adecuado para sus requerimientos productivos.Se llega de este modo al núcleo de la cuestión que debe decidirse que se vincula con el fundamento de la atribución de responsabilidad.

Resulta así aplicable al caso la directiva del artículo 163 del Código de Comercio que dispone: «cuando el acarreador no efectúe el transporte por sí, sino mediante otra empresa, conserva para con el cargador su calidad de acarreador y asume, a su vez, la de cargador para con la empresa encargada del transporte».

Esta solución adoptada por la citada disposición legal es lógica y responde a los principios generales en materia contractual, ya que el convenio lo ha celebrado quien recibe el encargo de efectuar el transporte, debiendo responder, por tanto, de su adecuada realización, corriendo por su cuenta y riesgo la derivación de sus obligaciones como transportista, y la elección que haga de la persona o empresa que en definitiva realice el transporte; conserva, pues para con el cargador la vinculación contractual original, sin perjuicio de la nueva postura que asume respecto del encargado del transporte; con éste lo une una nueva vinculación contractual, no existiendo causal que justifique su liberación de las obligaciones y responsabilidades anteriores contraídas (CNCom., Sala A, «D’Alessandro Juan M. c/Rapiflet, SRL y otro», 29/06/1972, LL 148-293).

Seguidamente enunciaré las razones que conducen a la admisión de este dispositivo legal y su inserción en el ámbito de la relación habida entre los litigantes principales.

7.En el sentido indicado recién se ha dicho que «La tendencia a condenar al agente de carga por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de transporte probablemente tenga parte de su fundamento en el hecho de que es el sujeto más visible en la relación con el generador de la carga.

Es el primer empresario que ve el cliente al contratar el transporte.

Muchos remitentes y destinatarios de carga de importación y exportación actúan bajo la convicción de que el agente de carga es, verdaderamente, quien le va a transportar sus mercancías y a quien confían sus mercaderías.

Aparte de esto, también es cierto que en algunas ocasiones el agente de carga actúa como transportador, se presenta como un transportador y no hace esfuerzo alguno por hacer notar la diferencia frente a su cliente, lo que hace procedente aplicar la «teoría de la apariencia».

Si un agente de carga se anuncia al público como un transportador, a través de su papelería, de sus tarjetas, de su publicidad, lo más probable es que la persona que acuda a sus servicios lo haga bajo la convicción de que realmente está tratando con un transportador y no con un agente, es decir, con un mandatario o intermediario. Al anunciarse como transportador, el mensaje que el agente de carga transmite a sus clientes es que se responsabiliza por sus mercancías, que las va a transportar en tiempo y forma a su destino, lo que lleva a indicarnos que sin lugar a dudas asumen la obligación de custodia sobre ellas (Romero, Federico, La responsabilidad del freight forwarder por las obligaciones emergentes del contrato de transporte, RDCO 2009 -A, 601, Cita Online: AR/DOC/5847/2013).

Y así sucede con la propia página web de la accionada quien específicamente asegura contar con un departamento de transporte terrestre propio para hacer frente a los requerimientos de sus clientes:

«Nuestro servicio propio de Transporte Terrestre nos ayuda a consolidar una experiencia completa de una sola parada para todas sus necesidades de envíos» (v.documentación incorporada por la actora en su contestación a la defensa de falta de legitimación pasiva).

Esa decisión no conduce en modo alguno al fraccionamiento de la relación compleja descripta con antelación. Aunque el COL excede la mera intermediación en el transporte de cosas, no es posible desconocer que el desplazamiento material de los insumos constituye justificación esencial de la celebración del contrato para el empresario requirente y su incumplimiento genera consecuencias que deben repararse. Ante la inejecución de las prestaciones convenidas es pertinente acudir a la interpretación cobijada en reglas jurídicas que prevén hipótesis basadas en parecidos perfiles de hecho.

Ciertamente no se trata de forzar la aplicación mecánica de disposiciones vinculadas con otros contratos típicos, sino de detectar las analogías pertinentes entre los tipos previstos y aquellos diseñados en base a la autonomía de la voluntad.

La conclusión no se altera si se toman como referencia los efectos jurídicos de las obligaciones de resultado, naturaleza que ostensiblemente tienen las emergentes del contrato que vinculó a las partes.

Dice Llambías que: «el tipo corriente de la obligación es el de la obligación de resultado, que consiste en el compromiso asumido por el deudor de conseguir un objetivo o efecto determinado; es el «resultado» que espera obtener el acreedor. (.) Para Demogue, y demás autores que lo siguen, la clasificación [entre obligaciones de medios y de resultado] se refleja en un diverso régimen probatorio acerca de la culpa del deudor. En las obligaciones de resultado, el acreedor no tiene que probar la culpa del deudor; le basta probar el incumplimiento, es decir, que el «resultado» prometido no se ha logrado; si el deudor quiere exculparse y quedar exento de responsabilidad debe mostrar que la frustración del resultado que integra el objeto de la obligación, proviene de un caso fortuito o fuerza mayor. (.) el régimen probatorio es siempre el mismo:al acreedor que quiere hacer valer una responsabilidad contractual le incumbe probar el «incumplimiento» del deudor, sin necesidad de demostrar además que tal incumplimiento le es «imputable» al deudor, pues ello es lo que la ley presume» (cfr. Llambias, Jorge Joaquín, Tratado de derecho civil. Obligaciones, T. I, p. 209 y ss., Ed. Perrot, Bs. As., 1978).

En otras palabras, quien ha probado el incumplimiento del deudor en una obligación de resultado no necesita probar además su culpa ya que aquella será presumida por la ley en virtud de la existencia del incumpl imiento, por lo cual, quien quiera eximir su responsabilidad deberá acreditar la existencia de causa ajena, es decir, un caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima o el hecho de un tercero por quien no deba responder.

8. Por todo lo expuesto, ninguna duda cabe que la responsabilidad adjudicable a Overseas es objetiva por la falta de entrega de la mercadería en virtud del incumplimiento de la obligación de resultado que sobre ella pesaba. En este sentido, se ha dicho que la obligación principal del forwarder que provee servicios de transporte también es considerada como de resultado (cfr. Martorell, Ernesto E., op. Cit, p. 1734), y no admite otras causales de exoneración que no sean la causa ajena debidamente probada.

De hecho, aún algunos autores que estiman aplicables las reglas relativas al mandato a la figura del agente de carga, ponen en su cabeza una responsabilidad de tipo objetiva por incumplimiento de una obligación de resultado: «Por nuestra parte, provisoriamente y para el caso, entendemos que el freight forwarder, en tanto forma de comisión de transporte, tiene una naturaleza jurídica que combina las figuras del mandato y la locación de obra siendo esto último importante para comprender que se compromete un resultado determinado»( Arias Cáu, Esteban J. – Nieto, Matías L., El contrato de Freigth Forwarder, su discutida naturaleza jurídica y un caso de responsabilidad, DCCyE 2013 (diciembre), 02/12/2013, 152 y su nota).

9.En virtud de todo lo expuesto corresponde desechar el agravio en cuestión y confirmar el decisorio de grado en cuanto reconoció legitimación pasiva y responsabilizó a Overseas SA por el incumplimiento de la obligación de entrega de la mercadería.

Cabe destacar en esta instancia que en nada modifican la solución propiciada los precedentes citados por la accionada, no solo por tratarse de fallos emitidos por tribunales de otras cámaras carentes de obligatoriedad para este tribunal (art. 303 del Cpr.), sino además por tratarse de extractos parciales emitidos en casos cuyos hechos difieren sustancialmente de aquellos traídos a estudio en la causa.

En los casos como el presente, en que la solución depende de la interpretación de los términos específicos del convenio por tratarse de un contrato innominado, como lo es el de operación logística, no corresponde la aplicación indiscriminada de antecedentes jurisprudenciales que pueden no guardar relación alguna con los hechos ventilados, y corresponderá un análisis pormenorizado de las constancias agregadas a la causa.

C. La responsabilidad de AMV 1. Se encuentra apelada por la accionada y su aseguradora de responsabilidad civil la decisión del a quo en tanto omitió condenar al transportista efectivo por el incumplimiento de la obligación de resultado que sobre él pesaba habiendo sido citada en los términos del 94.

A continuación brindó numerosos argumentos por los que consideró que la tercera era responsable directa por el incumplimiento.

2.Sin perjuicio de las extensas consideraciones realizadas por el apelante, considero que la solución de grado debe ser confirmada.

Es que, la circunstancia de que un tercero mediante la pertinente citación a instancia de parte haya actuado, no significa que adopte la investidura de sujeto pasivo de la pretensión deducida en la demanda, máxime cuando -como ocurrió indubitablemente en la especie- la accionante no ha querido demandarlo.

La intervención coactiva del tercero radica en la conveniencia de evitar que en la eventual acción regresiva el citado pueda argüir la exceptio mali procesus, de modo que la citación no transforma al tercero en un accionado mas contra el cual puedan extenderse los efectos de la condena, ni tampoco importa incorporar a la litis otra contienda en la que el defendido original pueda actuar como demandante frente al citado (CNCom, «Alnavi SA c/ Conapa Compañía Naviera Paraná SA s/ resolución de contrato», 3.5.05, Sala integrada doctores Butty, Viale, Monti; JA 7.9.05, Nº Sent.: 38827/93).

Como principio no procede dictar sentencia de condena respecto de quien fue citado como tercero a un proceso, puesto que no hay pretensión o acción deducida contra él. El tercero citado es «parte» en el proceso -en tanto que alcanzado por uno de los efectos de la sentencia: su autoridad de cosa juzgada- pero no es «parte demandada» susceptible de ser condenada. Por ende, el tercero citado, en tanto que no es parte demandada, tampoco puede ser absuelto de la demanda: la citación cumple su efecto -su único efecto, que es someter al citado a la autoridad de la cosa juzgada de la sentencia que se dicte- al ser dispuesta y notificada (CNCom, Sala D, «Massa Hnos.SRL, c/ Plantelimell SA, s/ordinario»,30.04.2002).

La presente decisión no importa una exoneración de la transportista efectiva a quien cabe reconocerle idéntica responsabilidad por el incumplimiento que al demandado en virtud del citado artículo 163 CCom.

Sin embargo, por las consideraciones arriba expuestas, la relación jurídica que vinculó a la transportista contractual y la transportista efectiva deberá ser materia de juzgamiento en otra oportunidad, particularmente en lo que hace a la validez y extensión de las cláusulas que limitaron la responsabilidad de AMV y a la posibilidad de repetición entre aquellas una vez concretado el pago al damnificado.

Como es sabido, el principio de congruencia (cpr: 163, 6°), consistente en la exigencia que obliga a establecer una correlación total entre los dos elementos definitorios del esquema contencioso (pretensión y decisión), existiendo una necesidad de total correspondencia entre ambos extremos que funciona como condicionante de un verdadero proceso (CNCom, Sala B, 20.5.05, «Banca Nazionale del Lavoro S c/ Deisernia, Ernesto s/ ejec.»; Sala E, 26.12.05, «Bime Electromecánica SA c/ Aycacyp ente coop. Ley 23979 – Reg. Nac. De armas s/ ord.»; Sala B, 1.6.06, «Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Zanca, Carlos s/ ejecutivo»; Sala D, 2.5.07, «Yuasa Inc. SA c/ Compañía de Teléfonos del Interior SA s/ ord.»).

Así, un pronunciamiento sería incongruente cuando carece de adecuación lógica entre las pretensiones y defensas de las partes y su parte dispositiva (cfr. Fenochietto, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. 1, pág. 134 y ss.).

El principio de congruencia se sustenta justamente en el derecho de defensa en juicio y de ahí que los poderes del juez estén limitados a los términos en los que las partes han constituido la litis (CSJN, Fallos: 325:2512 ; 327:1607 ; 327:3087 ; entre muchos otros).

En este sentido, el cpr:163, inciso 6° establece que la sentencia definitiva de primera instancia debe contener la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte.

Acorde con ello, el cpr: 34, inciso 4° dispone que es deber de los jueces fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia.

En virtud de lo expuesto -reitero- el pronunciamiento no puede extenderse a la tercera citada por la demandada, pues ello implicaría vulnerar el principio de congruencia (cpr: 163, 6°).

D. Los montos reclamados.

1. Se agravió la actora del monto otorgado en concepto de daño emergente y del rechazo del rubro lucro cesante.

Respecto del daño emergente, se quejó en tanto la indemnización no fue por el valor real de la mercadería siniestrada, esto es U$S 171.357,19, sino por el monto efectivamente desembolsado tras el descuento de la nota de crédito, esto es, U$S 168.581,61.

Afirmó que se encontraba debidamente acreditado el valor de la carga mediante la factura emitida por el proveedor el día 13/05/15 y el certificado de cobertura de Hanseática, y que el menor valor abonado en sus transferencias respondía a un saldo favorable a IMSA en virtud de otras operaciones comerciales y en nada alteraba el verdadero perjuicio sufrido – que equivalía al valor en plaza de la materia prima desaparecida-.

Asimismo requirió el pago de los USD 180 desembolsados por comisiones de las transferencias internacionales.

En punto al lucro cesante, sostuvo que las tareas de Overseas como operador logístico eran mucho más amplias que el mero transporte de la mercadería, y que por ello no cabía aplicarle el precepto del 179 CCom., extendiendo su responsabilidad a una indemnización integral.

2.Se discutió aquí la legislación aplicable a la figura de operador logístico, a los fines de determinar si las obligaciones que sobre él pesaban eran aquellas que corresponden a un transportista, debiendo ser juzgado en base al incumplimiento de una obligación de resultado, o las de un mandatario, respondiendo así por el incumplimiento de obligaciones de medios.

El magistrado de grado consideró aplicable la normativa relativa al contrato de transporte, en el artículo 179 CCom., que establece una excepción al principio general de la reparación integral en materia de daños y lo suplanta por una indemnización tarifada que limita los daños reparables y establece su forma de valuación en los siguientes términos: «La indemnización que debe pagar el conductor en caso de pérdida o extravío, será tasada por peritos según el valor que tendrían los efectos en el tiempo y lugar de la entrega, y con arreglo a la designación que de ellos se hubiese hecho en la carta de porte».

En virtud de aquel, la indemnización debida incluye únicamente el valor de la cosa transportada (art. 179) o solo su disminución (art. 180), lo que equivale al daño emergente. Quedan excluidos de la pretensión resarcitoria del cargador y/o destinatario los daños relacionados con el lucro cesante y el daño moral (cfr. Rouillon, Adolfo A. N., op cit,, p. 308).

La limitación de la reparación y la tarifación del daño no es ajena a nue stro sistema jurídico -vgr. Indemnizaciones laborales-; sin embargo, resulta, como dije anteriormente, una excepción a la regla de la reparación integral y en virtud de aquello corresponde, por tratarse de un contrato innominado, volver a las normas generales que rigen los contratos.

En materia de incumplimiento contractual, dice Borda que «quien no cumple con su obligación, la cumple mal o a destiempo, debe indemnizar al acreedor todos los daños y perjuicios que le haya ocasionado la inejecución. La indemnización está integrada por estos dos elementos:a) El daño emergente, es decir, el daño efectivamente sufrido por el acreedor con motivo del incumplimiento (.)¸b) el lucro cesante, es decir, la utilidad o ganancia que ha dejado de percibir el acreedor con motivo del incumplimiento (Borda, Guillermo A., Manual de derecho civil: Obligaciones, La Ley, Bs. As, 2012, p. 92/93).

3. Tal como expresé arriba, ver apartado A. relativo al rol de Overseas Argentina SA, el eje de la discusión entre las partes recae, pues ninguna disputa existe al respecto, sobre la contratación de un servicio integral de operación logística generador de un vínculo complejo dotado de rasgos diferenciales que le confieren un perfil jurídico diverso.

Así las cosas, si bien es cierto que el operador logístico que se compromete a la realización del transporte asume una obligación de resultados respecto a la entrega de la mercadería en el tiempo y lugar designados por el cargador, no corresponde limitar su responsabilidad como si aquel fuese el único rol desempeñado en el contrato.

Encontrándose contestes las partes sobre el carácter innominado del acuerdo arribado y la amplitud de sus obligaciones, no puede este tribunal apartarse del principio general de reparación integral del daño.

Procederé entonces a evaluar la prueba tendiente a acreditar su existencia y extensión.

4.a, El daño emergente A mi juicio, asiste razón a la actora en cuanto no correspondió limitar el rubro a los montos efectivamente desembolsados -acreditados mediante oficio del banco Comafi y prueba pericial contable-, sino imponerla por el coste real de la mercadería extraviada, así como también los gastos irrogados por las transferencias bancarias.

Habiéndose demostrado en autos que el pago de una suma inferior al valor de mercado respondió a la existencia de una nota de crédito por operaciones anteriores con la proveedora del alambrón -ver para ello la factura de exportación electrónica n° 22, la nota de crédito de exportación electrónica n° 24, la CRT CL053/2015, el DUS (todos ellos reconocidos por Cobre y Aleaciones Escocia SA mediante el exhorto de fs. 3145 y ss.), la póliza de seguros contratada, y la pericia contable en sus puntos 6 y 10 del cuestionario actora- y no a una menor valía de la mercadería, la indemnización debió proceder por el total detallado en dichos documentos.

Es que la compensación de la nota n° 24 en esta operación importó la extinción del crédito a favor de IMSA, y la confirmación del decisorio importaría una injusta disminución en el patrimonio del reclamante quien perdería sin motivo la suma contenida en la nota de crédito e infravaluando la mercadería.

En idéntico sentido, los gastos irrogados para la realización del pago de la mercadería deberán ser devueltos, en tanto el fracaso de la operación por la pérdida de la mercadería tornó necesario un nuevo desembolso por comisiones bancarias en las que no se hubiese incurrido de no ser por la frustración del transporte.

Consecuentemente considero pertinente elevar la indemnización pretendida en este concepto a la suma de U$S 171.537,19 (ciento setenta y un mil quinientos treinta y siete dólares americanos con diecinueve centavos). b.El lucro cesante Sobre este punto creo útil recordar copiosa jurisprudencia del fuero según la cual para que proceda -en principio- el resarcimiento de daños y perjuicios, debe acreditarse que han existido y son consecuencia directa e inmediata de un obrar negligente imputable a quien se atribuye su producción. El daño indemnizable no puede ser eventual o hipotético, debe ser cierto en punto a su existencia presente o futura. El solo peligro o amenaza de daño es insuficiente.

Para admitir la procedencia del lucro cesante y genéricamente la de cualquier daño, es preciso que se haya acreditado la existencia de un perjuicio cierto. Ello porque resulta insuficiente la posibilidad abstracta del daño desde que no puede acordarse derecho a una indemnización sobre la base de suposiciones.

El lucro cesante resarce la privación o frustración de lucros o ganancias que, de haberse cumplido la obligación en tiempo propio, habría obtenido el acreedor. Se trata de una probabilidad objetiva debida y estrictamente comprobada de las ventajas económicas justamente esperadas conforme las circunstancias del caso. Su reparación no se apoya en una simple posibilidad de ganancia, ni constituye un enriquecimiento sin causa para el acreedor o una pena para el que debe abonarlo. (CNCom., Sala B, 24.05.88, «Perez Lino c/Amparo Seguros». En igual sentido: Sala B, 08.09.06, «Carini, Angélica c/Carrefour Argentina s/ord.»; Sala A, 11.04.06, «Fabersil SA c/Antiguas Estancias Don Roberto SA s/ord.»; íd. 12.9.06, «Urre Lauquen SA c/Lloyds Bank -Blsa- Ltd. s/sum.»; Sala E, 17.12.09, «Salguero, Pablo c/ Trottar SA s/ ord.»).

Es principio en la materia que la procedencia del reclamo resarcitorio exige inexcusablemente la constatación de existencia del daño resarcible; que en la consideración metódica constituye el primer elemento de la responsabilidad civil, puesto que el problema sólo comienza a plantearse cuando existe un daño (cfr. Orgaz, A. El daño resarcible, M. Lerner, 1980, pág.13 y sig.).

El resarcimiento por daños y perjuicios tiene por finalidad remediar el desequilibrio de orden jurídico mediante el establecimiento de la situación patrimonial perdida por la actitud imputada mediante el reclamo indemnizatorio; por ello, quien alega su pretensión de daño debe sujetarse no solo a indicar la cantidad de dinero reclamada sino los distintos rubros que la componen, con sus estimaciones aproximadas, juntamente con la mención del criterio o bases tomadas en cuenta para ello, todo lo cual debe ser corroborado mediante las probanzas correspondientes (CNCom., Sala B, «Terren de Céspedes María c/Eves SA», 09.12.80).

En consecuencia, el daño no se presume, incumbiendo su prueba a quien invoca la condición de damnificado.

Más allá de que la responsabilidad se enmarque como contractual o como extracontractual, y que el factor de atribución resulte objetivo o subjetivo, será dirimente para resolver la contienda la prueba de la existencia de un daño. No basta acreditar la violación del contrato o la ley, sino se prueba, además, la existencia de un daño cierto, con la significación específica y limitada que nuestro Código Civil da al daño: menoscabo de valores económicos o patrimoniales (daño material, 1068) o lesión a bienes extrapatrimoniales (daño moral, 1078) (cfr. Orgaz, Alfredo, El daño resarcible, M. Lerner, editora Córdoba, Córdoba, 1992, Págs.13 y sgtes., Y nota n° 2).

Así, en materia de daños patrimoniales, el simple hecho del incumplimiento por si solo no es causa de responsabilidad, si el presunto acreedor no prueba los daños sufridos como consecuencia de él, ya que la reparación en nuestro derecho no tiene carácter de pena sino de indemnización, circunstancia por la cual ésta debe medirse por el daño y no por la culpa en que hubiese incurrido el responsable (CNCom., Sala B, «Terren de Céspedes María c/Eves SA», 09.12.80; esta Sala, 28/05/2013, «Repuestos Furlan Hnos SA c/Bankboston NA s/ord»).

Tal como fuera explicado por el perito ingeniero industrial en su informe, los alambrones de cobre eran la materia prima para la producción de transformadores eléctricos muy especiales que se realizaban a pedido, por lo cual recién ante el pedido del cliente se procedía a realizar la compra al proveedor chileno, así «Es de entender que la demora en la entrega de la materia prima retrasa la producción y obliga a reacomodar la programación de la producción, pudiendo traer aparejado perdidas económicas por capacidad ociosa, parada de planta, entre otras» (v. contestación a preguntas 2 y 3). Esta conclusión se atiene lógicamente al destino que la actora daría a los insumos adquiridos que, sencillamente expuesto, no es más que la integración a un proceso de producción que constituye el objeto de su actividad empresaria.

En ese sentido se expidieron el testigo Pablo Damián Mazzanti, gerente de IMSA, que en su respuesta n° 26 informó que «la materia prima, ese alambrón, es comprada solo para cumplir con la fabricación y comercialización de productos especiales que se fabrican a pedido de sus clientes, con lo cual la falta de esta materia prima ocasionó un corte en el ciclo productivo para abastecer la demanda de los clientes de IMSA» y la Sra.Roxana Marcela Kozlowicz, también empleada de la actora, que al ser preguntada sobre la afectación del proceso de producción contestó que «en general cuando falta un embarque de cobre se paran líneas productivas, incumplimientos con los clientes, eventualmente puede haber multas, depende la operación que se encuentre afectada».

Al ser consultado el citado experto para que se exprese sobre el rendimiento de ganancias promedio manifestó que, si se consideraba el costo marginal sin costos indirectos aquel se encontraba alrededor del 18,24% por kg de producto terminado, mientras que si se tomaba en cuenta el margen de ganancias total de la empresa el Estado de Resultados arrojaba un promedio de 5,95% -todo ello en base al ER del año 2015-.

Concluyó que resultaba razonable el monto reclamado en autos y que la falta de materia prima durante el lapso de 57 días pudo costarle a la empresa IMSA la suma de U$S 9.682,88.

Por su parte, los cálculos realizados por la perito contadora en el punto 21 de su informe arrojaban una utilidad bruta del 22.14% al 31/12/ 15 y del 20.38% al 31/12/16.

Ahora bien, la demandada, al momento de contestar la acción incoada impugnó la liquidación practicada para el rubro a estudio por considerar que no existía una fecha de entrega cierta para la mercadería; sin embargo, de la declaración de la Sra.Martínez surge que, dependiendo de la época del año, un transporte terrestre desde Chile a la planta de IMSA puede demorar entre tres y cuatro días.

Esa declaración resulta concordante con el reclamo efectuado mediante correo electrónico el día 15/06/15 reclamando información sobre el arribo de la mercadería, que había sido cargada el día 11/06 y salido rumbo a la aduana chilena al día siguiente, esto es tres días antes.

Por su parte, se encuentra también acreditado mediante oficios a la empresa Southcross Logistics la fecha de entrega de la nueva partida de insumos por idéntico kilaje.

Todo lo expuesto me convence de la razonabilidad del reclamo incoado y de las sumas reclamadas.

Propongo entonces, la admisión del agravio y la condena a Overseas Argentina SA al pago de la suma de U$S 9.682,88 en concepto de lucro cesante, que deberá abonarse dentro de los 10 días de quedar firme la presente.

Dicha suma devengará intereses desde la notificación de la demanda -el día en tanto no se encuentra acreditada la existencia de intimación previa y hasta el efectivo pago a la tasa determinada en el punto siguiente. c. La moneda de pago De conformidad con las quejas vertidas por el accionante respecto a la moneda de pago, resulta de aplicación al caso lo normado por el CCyCN: 765, que establece que la moneda extranjera no tiene carácter dinerario (como lo preveía la Ley de Convertibilidad 23.928 y el anteproyecto del Código). Por lo tanto, si la obligación se pacta en moneda extranjera, es considerada como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal.

Dicha solución se halla justificada también, a tenor de la normativa cambiaria vigente.No puede negarse al deudor la posibilidad de cancelar su obligación en moneda de curso legal conforme al tipo de cambio vigente a la fecha de pago, ya que un proceder diverso importaría contravenir la reglamentación en cuestión (v. esta Sala, 07/03/13, «Fazio Juan Martin c/Vegh Roberto Jorge s/ejecutivo»; 3/6/2014 «Distribuidora Belgrano Norte SRL c/ Cesce Argentina SA Seguros de Crédito y Garantía s/ord»).

A partir de allí, ha de conceder al demandado la posibilidad de cancelar el saldo de precio en pesos, conforme el tipo de cambio oficial al que puede acceder el particular para hacerse de moneda extranjera en el mercado que en el régimen legal actualmente vigente se conoce como «dólar solidario» (art. 35, Ley 27.541), sin la percepción adicional del 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales establecida por el BCRA reglamentada en la Resolución General AFIP 4815/2020 (cfr. CNCom, Sala A, 17/11/2020, «Bormar SA c/ Suarez Graciela del Carmen s/ ejecutivo»; esta Sala «Nanders SA s/quiebra s/Incidente de revisión de crédito de Carlini, Humberto Enrique y otros» del 23/03/21). d. El dies a quo, la tasa aplicable y la capitalización de los intereses Se quejaron ambas partes de la tasa de interés fijada para la condena en dólares americanos. Mientras la demandada requirió su disminución y que no superase el 4% anual, la accionante la consideró escasa y pidió su elevación al 15% anual o al mayor porcentaje que estime el tribunal. Asimismo, solicitó ésta última la aplicación del artículo 770 CCCN que prevé la capitalización de intereses.

Asimismo solicitó la demandada se modifique la fecha de mora al momento de la interposición de la demanda por no haber sido intimada al pago con anterioridad.

En primer término, diré que es criterio de este tribunal la procedencia de una tasa del 7 % anual para las condenas fijadas en dólares americanos.Si bien en épocas pasadas se juzgó razonable establecer dicha tasa en un 2% anual (cfr. «García María Teresa c/ Banco De La Provincia De Buenos Aires S.A. s/ ordinario», del 22.3.16 y «Donato Norberto Pedro c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires, s/ ordinario», del 14.4.16, entre otros), un reexamen de la cuestión, llevó a considerarla exigua y a readecuarla al 7% anual (v. esta sala, Tonni Juana Victorina c/Banco de la Provincia de Bs. As. s/ord» del 18.05.2017).

Dichos réditos deberán calcularse, en virtud de las consideraciones arriba expuestas sobre el rol de transportista contractual, desde el día 10/07/2015, fecha en que se comunicó al asegurado el rechazo del siniestro denunciado, y hasta su efectivo pago.

Sentado lo expuesto, cabe atender el reclamo de la actora de aplicar en la especie lo previsto por el art.770 inc. b del CCyC.

La capitalización, también conocida como anatocismo, es una operación a través de la cual se agregan al capital los intereses vencidos para constituir una unidad productiva de nuevos accesorios (v.gr. «interés compuesto»). Esta mecánica supone que ambas deudas -por capital e intereses originarios- subsistan como tales y, a su vez, produzcan nuevamente intereses (Fallos:304:226; CNCom, esta Sala, «G4S Soluciones de Seguridad SA c/ Síntesis Química SAIC s/ ordinario», del 17.10.19).

El artículo 770 del CCyC prohíbe el anatocismo salvo en los casos previstos en sus cuatro incisos. Concretamente, el inciso b permite la capitalización de intereses cuando la obligación se demande judicialmente, estableciendo que en dicho caso la acumulación de intereses opera desde la fecha de la notificación de la demanda. No se hace referencia respecto de la periodicidad con que deberán capitalizarse los intereses.

Existe debate en doctrina respecto del alcance de la norma señalada. Algunos autores y precedentes judiciales la interpretan en base a los derogados arts.569 y 570 del Código de Comercio y sostienen que se pueden acumular los intereses devengados desde la mora hasta la demanda judicial y con tal acto se cerraría la posibilidad de seguir acumulando intereses posteriores (CNCom, Sala E, «Matavos Mariana y otros c/ La Segunda Cooperativa LTDA de Seguros Generales s/ordinario, del 27.02.2019 y doctrina allí citada; íd., Sala B, «Bunader Claudia c/ SVA SACIFI y otros s/ ordinario» , del 4.09.2019).

Sin embargo, esa interpretación se contrapone a la letra de la norma, que fija como punto de partida para dicha capitalización el momento de notificación de la demanda (Hadad, Andrés O.- Rodriguez, Victoria, «Capitalización de intereses. Análisis Crítico del art. 770 del Código Civil y Comercial», AR/DOC/1733/2019 y doctrina allí citada).

No existe duda alguna de la aplicabilidad en la especie del supuesto del art. 770 inc. «b» del CCyCN que habilita el anatocismo cuando aquello se demande judicialmente, con la limitación que la acumulación tendrá lugar desde la fecha de la notificación de la demanda.

Lo que debe quedar claro es que su práctica no implica convertir los réditos en capital: el capital sigue siendo capital y los intereses devengados persisten como intereses (CNCom, esta Sala, «G4S Soluciones de Seguridad SA c/ Síntesis Química SAIC s/ ordinario», del 17.10.19).

Cabe recordar, a esta altura de la exposición, que la nueva ley resulta de aplicación inmediata cuando es imperativa o de orden público, debiendo prevalecer sobre cualquier pacto en contrario, pues los particulares no pueden acordar un régimen distinto (conf. Kemelmajer de Carlucci, ob. cit., pág. 31 y ss.).

Precisado ello, señalo que adhiero a la posición que interpreta que el CCyC: 770 es de orden público (véase, en tal sentido, Gianfelici Mario César y Gianfelici, Roberto Eduardo, «Anatocismo Judicial», publicado en SJA del 1.8.18; íd., Santarelli, Fulvio G., «El anatocismo en el régimen del Código Civil y Comercial», La Ley 2018-B , p.1045).

En tal orden de ideas, considero que, en la especie, debe aplicarse lo previsto por el CCyC: 770 inc. b) a los intereses producidos a partir de la interposición de la demanda, en tanto, a esa fecha, el nuevo ordenamiento ya se encontraba en vigencia. Es que, que los réditos no dejan de ser una consecuencia no agotada de las relaciones jurídicas y que, invariablemente, deben regirse por el nuevo código desde la fecha de su entrada en vigencia y en los términos allí previstos (conf. arg. art. 7, primer párrafo, del CCyC; en este sentido también esta Sala en»Díaz Víctor Alcides c/ Fiat Auto S.A. De Ahorro P/F Determinados y otros s/ ordinario», del 20.10.15, con cita de Moisset de Espanes, Luis; Irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3 (Código Civil), Ed. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1976, pág. 19).

Así las cosas, estimo que los intereses deben capitalizarse semestralmente desde la fecha de la notificación de la demanda de acuerdo a lo previsto por el art. 770 inc. b) del CCyC (esta Sala, «Barrionuevo María Rosa A c/Caja de Seguros SA y otros s/ordinario», del 19.8.2020).

E. Los límites de responsabilidad de Assekuransa 1. Assekuransa se alzó contra la sentencia de grado en tanto habría interpretado que existió subcontratación del transporte y que, consecuentemente, su cobertura debía regirse por los términos de la cláusula 22 de la póliza RLA-039 que fijaba un límite indemnizatorio de U$S 500.000 por siniestro.

Remitió a los agravios vertidos por su asegurada y consideró que, en tanto no correspondía categorizarla como transportista, tampoco debió aplicarse el referido precepto.Afirmó que solamente debía responder con el límite de U$S 100.000 impuesto en la cláusula 4.4 por los posibles errores u omisiones de Overseas en su rol de agente de cargas.

Lo cierto es que las consideraciones vertidas precedentemente respecto a la responsabilidad de Overseas como transportista contractual que subcontrató el traslado de la carga -a las que me remito- tornan abstracto el tratamiento de la queja a estudio y conllevan a su desestimación.

Por lo tanto, la decisión del magistrado en este punto ha de ser confirmada.

Debo aclarar aquí que en nada modifica la explicación de la aseguradora respecto a la limitación de cobertura al precio de venta de la mercadería -o, subsidiariamente USD 500.000-, ya que la condena de grado fijó la indemnización conforme a dichos parámetros.

F. El rechazo de cobertura de Hanseática 1. Finalmente se agravió Overseas de la decisión del magistrado de desestimar la acción contra la aseguradora de la carga.

Recuérdese aquí que, el rechazo de la pretensión respecto de la aseguradora Hanseatica se fundó en la constatación por parte del a quo de la inexistencia de protesto y la falta de contratación de la custodia satelital.

Contra aquello se alzó la accionada ya que estimó que no se encontraba probada la legitimidad del rechazo, y que la decisión del magistrado implicaba invertir la carga de la prueba poniéndola en cabeza del asegurado.

Impugnó, al igual que en su contestación de demanda, uno por uno la totalidad de los argumentos esgrimidos al momento de rechazar el siniestro, a saber: la capacidad del Sr. Leonardo M.Rojas como liquidador por no encontrarse inscripto ante la SSN, y el informe por él presentado; que sí se encontraba demostrada la carga de la mercadería en el camión de AMV tanto por la Carta de Porte como por la demás documentación y prueba producida; que el protesto resultaba innecesario en tanto se trataba de un incumplimiento conocido de forma evidente por la transportista, cuyo pago resultaba irrepetible como consecuencia de la cláusula de exención de responsabilidad inserta en la póliza; que sí se realizaron denuncia policial -hecha por el chofer del camión tras el siniestro- y denuncia penal -hecha por el Gerente Comercial de Cobre y Aleaciones Escocia-; la inutilidad de la custodia satelital en zonas montañosas de difícil acceso, falta de relación de causalidad entre el hecho dañoso y la custodia satelital, la inaplicabilidad de la cláusula T10 al transporte fuera del territorio nacional, y su intrascendencia en casos en que no debe informarse la ruta a seguir con anticipación.

Criticó también la falta de liquidación y rendición de cuentas sobre la venta de los restos encontrados y exigió la aplicación de la doctrina plenaria sentada en el caso Caucholite en virtud de la designación de peritos liquidadores, hecho que habría purgado la caducidad, e implicaría la admisión tácita del siniestro.

Solicitó el descuento del valor actualizado de 3 rollos de alambrón de cobre de las sumas a abonar por daños materiales.

2. En primer término diré que es en este punto donde se observa una sistemática reiteración de argumentos por parte de la accionada sin referencias concretas a las conclusiones del a quo que pretenden desvirtuar.

Adelanto que coincido plenamente con la decisión del magistrado de grado en este punto -a cuyas consideraciones me remito-.

Sin perjuicio de ello, pasaré a evaluar las quejas vertidas en la medida en que resulten procedentes a los fines de determinar la responsabilidad de la aseguradora.

3.Como una medida indispensable para que pueda haber sentencia de fondo o mérito que decida el litigio se consagra el principio de la carga de la prueba que indica al juez que cuando falte la prueba o ésta sea insuficiente, sobre los hechos en que debe basar su sentencia, debe resolver a favor de la parte contraria a la que tenía dicha carga (Devis Echandia, Hernando, Teoría General del Proceso, Tomo I, Editorial Universidad, Bs. As., 1984, p. 49).

Es que, como es sabido, la carga de la prueba actúa como un imperativo del propio interés de cada uno de los litigantes y quien no prueba los hechos arriesga la suerte del pleito.

El art. 377 del código procesal impone para el litigante que afirma un hecho la carga que implica probar lo aducido. La consecuencia de esta regla es que quien no ajuste su conducta a esos postulados rituales debe necesariamente soportar las inferencias que se derivan de su inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga por no verificados los hechos esgrimidos como base de sus respectivos planteos (CNCiv., Sala A, 1.10.81, «Alberto de Río, Gloria c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires», íd., Sala D, 11.12.81, «Galizzi, Armando B. c/ Omicron SA»; íd., 3.5.82, «Greco Jospe c/ Coloiera Salvador y otro»; CNCom, Sala A, 12.11.99, «Citibank NA c/ Otarola Jorge»; íd., «Filan SAIC c/ Musante Esteban», Sala B, 16.9.92, «Larocca Salvador c/ Pesquera Salvador»; íd., 15.12.89, «Barbara Alfredo y otra c/ Mariland SA y otros»; Sala E, 29.9.95, «Banco Roca Coop. Ltdo. c/ Coop.de Tabacaleros Tucumán Ltda.»).

En consecuencia, corresponde determinar sobre quien pesaba la prueba de la autenticidad o ilegitimidad de los argumentos vertidos por la aseguradora.

Prima facie puede decirse que la prueba de los incumplimientos pesaba en cabeza de la aseguradora, mientras que era deber de la demandada y, eventualmente del actor, acreditar que habían cumplido con los deberes a su cargo o que los rechazos eran infundados.

Encuentro adecuadamente probada la existencia de los incumplimientos juzgados por el a quo, cuanto menos al momento de enviar la carta documento rechazando el siniestro denunciado.

Véase que no cabe duda de la completa omisión de contratación de custodia satelital exigida en la póliza y en el certificado de cobertura y que, de acuerdo a las pruebas acompañadas a los escritos que trabaron la litis, el protesto realizado por CD y la denuncia penal ante la fiscalía chilena fueron efectuados con posterioridad a la notificación del rechazo.

Tampoco hallo fundamento alguno que me permita tener por justificados dichos incumplimientos, en tanto y en cuanto era deber de la demandada conocer los términos de la póliza y cumplir con las cargas que sobre ella pesaban, especialmente la contratación de la custodia satelital que es un requisito habitual de este tipo de transportes. Máxime cuando se trata de un seguro contratado más de un año antes de la ocurrencia del siniestro – a la cual de incorporó IMSA como beneficiario mediante certificado de cobertura n° 96469-, cuyos términos no fueron alterados, y que -según versión de la citada en garantía- contó con emisiones anteriores y posteriores al suceso de autos (v. póliza n° 5629).

De modo que, la intermediaria incurrió en incumplimiento, cumplió deficientemente las prestaciones que tenía a su cargo, y no adecuó su obrar al estándar de profesionalidad que le era requerido (arg.cciv 902).

Es de ponderar que no se puede merituar la conducta de la accionada con los mismos parámetros aplicables a un neófito, pues su actividad debe ajustarse a un «standard» de responsabilidad agravada acorde a su carácter profesional en la operación logística que, según sus propios dichos incluye la contratación de seguros para el transporte de mercadería por carretera.

Debo destacar en esta instancia que no existen probanzas tendientes a acreditar, ni siquiera el requerimiento de custodia satelital a AMV Transportes para el tramo de transporte dentro del país -lo que se adecuaría a la interpretación traída por la demandada de los términos de vigencia-; sin perjuicio de que su obligatoriedad para todo el trayecto, incluido el tramo internacional se encuentra explícitamente previsto en la cláusula T10 de las condiciones particulares de la póliza.

En la sección titulada «CLÁUSULAS PARA IMPORTACION Y/O EXPORTACION. TRANSPORTES TERRESTRES INTERNACIONALES», cuyos artículos se encuentran numerados con la letra T por delante, la T 10, referida a la custodia satelital determina que aquella constituye condición suspensiva que deberá cumplirse en todo momento y sin interrupción alguna durante todo el trayecto del transporte.

Así todo, no solo encuentro que la obligatoriedad de la cláusula era clara y preexistente, sino que, además, para mayor claridad, su exigibilidad fue puesta en negrita y en forma expresa al emitir el certificado de cobertura para esta carga concreta.

En palabras de Martorell: La falta de adopción de medidas concretas de seguridad tales como el monitoreo del transporte por seguimiento satelital, custodia armada, etc., podría configurar culpa grave del [operador logístico] siendo responsable por un eventual daño o robo a la carga.(.) En los supuestos en que la póliza (que asegura la mercadería transportada y que ha sido tomada por parte del dador de carga) incluya al operador logístico como asegurado adicional y exija medidas concretas de seguridad, su cumplimiento resulta indispensable para colocarlo en una buena posición frente a eventuales acciones de recupero (o rechazos de cobertura) por parte de la aseguradora (Tratado de los contratos de empresa, T. II, p. 1736 y ss., La Ley, Bs. As, 2017).

4. En estas condiciones, no cabe duda de que quien debía demostrar la interrupción del nexo de causalidad y la indiferencia del incumplimiento era quien lo alegó, es decir la demandada; y no existen elementos de juicio suficientes para validar su postura.

Si bien es cierto que el perito en accidentología vial manifestó que la contratación de la custodia satelital no permitía evitar ni disminuir el riesgo de sustracción de las mercaderías transportadas, y que el robo de la mercadería anterior al desbarrancamiento no se encontraban debidamente probados; esto no resulta suficiente para tener por interrumpido el nexo causal ni mucho menos para confirmar la absoluta inutilidad de la custodia satelital.

Asiste aquí razón a Hanseatica en punto a que, de haberse contratado la custodia, la empresa habría tenido posibilidades de conocer todas las maniobras realizadas por el camión, sus paradas y su trayecto exacto -extremos que el perito no pudo comprobar aquí por falta de documentación cierta-, y aquello podría haber ayudado a desvanecer las dudas originadas por el siniestro.

Asimismo, la existencia de custodia habría permitido conocer la ocurrencia del siniestro con anterioridad a la denuncia del tomador, habilitando así a la aseguradora a tomar las medidas pertinentes para la custodia de la mercadería, su rescate oportuno e incluso la investigación del siniestro con mayor proximidad a su ocurrencia.

Recuérdese que el prolongado tiempo transcurrido entre la verificación del investigador Rojas y el hecho dañoso fue motivo de reiteradas críticas por parte del experto designado en autos, en tanto, a su entender, obstaculizaba la recolecciónde indicios y evidencias de interés pericial para el esclarecimiento de los sucesos investigados (v. respuesta 2 del informe).

Por otro lado debo destacar que, si bien no se encuentra acreditado el robo previo de la mercadería, sí existe una duda razonable derivada del Informe del Sr. Rojas, de ciertas incongruencias en las declaraciones del chofer, y del inexplicado cambio de camión entre aquel que realizó el retiro de la mercadería y el que cruzó la frontera; y todo ello podría haberse evitado o esclarecido mediante la existencia de custodia satelital.

Es que su obligatoriedad no encuentra justificación únicamente en la posibilidad de recupero de los efectos transportados ante los posibles ataques por terceros, sino también como medio para desalentar conductas o maniobras fraudulentas por parte de las transportistas o sus choferes -como se sospechó en este caso-.

En estas condiciones, si bien no resulta posible afirmar que el hecho podría haberse evitado por la contratación de la custodia satelital, tampoco puede desestimarse su utilidad para el caso concreto.

Por todo lo expuesto, no resulta razonable que en un caso donde ambos sujetos revisten la calidad de profesionales en la materia, uno de ellos pretenda protegerse de sus severos incumplimientos contractuales, imponiendo la carga de la prueba a la contraria. Dicha actitud linda con un abuso de derecho que no puede ampararse.

5. Finalmente debo destacar la incongruencia del planteo recursivo de Overseas quien al impugnar el informe elaborado por el Comisario de Averías de la aseguradora, el Sr. Leonardo Rojas M., sostuvo que no resultaba válido por no estar aquél inscripto ante la SSN, pero que luego pretendió se reconozca su calidad de liquidador a los fines de considerar tácitamente aceptado el siniestro en los términos de la doctrina sentada en el plenario «Caucholite».

Sin perjuicio de la total carencia de importancia otorgada por el decisorio al informe referido, tampoco existen constancias de que el Sr. Rojas haya intervenido en carácter de liquidador de siniestros, sino únicamente como perito investigador de hechos de tránsito -v.el mencionado dictamen y la CD remitida por la aseguradora-.

6. Resta expedirse sobre el pedido de disminución de la condena por un valor equivalente a 3 rollos de alambrón a valores actuales.

El Artículo 181 CCom. Establece que «Si por efecto de las averías quedasen inútiles los efectos para la venta y consumo en los objetos propios de su uso, no estará obligado el consignatario a recibirlos, y podrá dejarlos por cuenta del porteador, exigiendo su valor, al precio corriente de aquel día, en el lugar de la entrega».

Si bien no existe evidencia real que permita tener por cierto el rescate de 3 rollos de alambrón, como sorpresivamente postula la demandada, si es cierto que la aseguradora pudo rescatar algo de la mercadería. De acuerdo a los correos electrónicos y las alegaciones de las partes, la entrega de esa mercadería fue debidamente ofrecida a IMSA quien la rechazó por encontrarse en un estado que imposibilitaba su incorporación al proceso productivo que fue el motivo determinante de su adquisición y de la relación entablada entre actora y demandada.

En tanto los restos fueron efectivamente liquidados por la aseguradora, quien ofreció el valor de rescate de las mismas en oportunidad de contestar demanda, corresponde ordenar su depósito en autos dentro de los 10 días de quedar firme la presente, a favor de la actora.

Su cuantía, una vez conocida, deberá ser deducida de la indemnización a abonar por Overseas y su aseguradora Assekuransa, quienes podrán requerir, de estimarlo necesario, la justificación del monto obtenido, las condiciones de venta y su adecuación a los valores de mercado para la mercadería en ese estado.

Resolver de otro modo implicaría un enriquecimiento indebido en cabeza de la aseguradora.

Por último, siendo que la demandada ofreció en todo momento el depósito, solo corresponderá la determinación de intereses para la falta de pago a término.Así, en tanto se desconoce completamente la cuantía y el tipo de moneda obtenida por la venta referida, los réditos deberán calcularse a la tasa activa que fija el Banco de la Nación para sus operaciones de descuento a 30 días (conf. esta Sala, «Moreno Constantino Nicasio c/Aseguradora Federal Argentina SA s/ordinario» , 01/08/2013).

G. Las costas 1. Queda por analizar los agravios vertidos por la demandada en punto a la imposición de costas hecha por el a quo.

Respecto a las costas derivadas de las citaciones a los terceros, tiene dicho esta sala que, si se demuestra que la citación del tercero es improcedente, las costas que se devenguen con motivo de su participación en la causa deben ser a cargo de la parte que promovió la intervención estéril, pues siendo así, queda en evidencia -en principio- un exceso en la defensa que redunda en detrimento del derecho ajeno (CNCom., Sala A, «Brañas Publicidad c/ Clan SA»30/06/1986; en igual sentido: Sala C, «Pisani de Sosa, Elena c/Rofa SA s/ord», 26/12/1996; esta Sala, «Navarro, Mauricio Osvaldo c/Compaigne Francaise D Pour Le Commerce Exterieur (COFACE Argentina) s/ord» del 02/06/2016).

Por ello, no caben dudas de que las costas por las intervenciones de AMV y Hanseatica han de pesar sobre el demandado. En punto a las costas generadas por la citación de esta última, no omito que aquello fue también solicitado por la actora al momento de promover demanda, sin embargo, dicha actitud encontró justificación suficiente en la falta de información brindada por el accionado respecto al cumplimiento de las cargas impuestas por la póliza.

Así las cosas, en atención al modo en que ha sido resuelta la cuestión, las costas de ambas instancias serán soportadas por Overseas Argentina SA.Es que, la condena en costa al vencido, constituye un resarcimiento que la ley conforme la prescripción contenida en el cpr 68, reconoce al vencedor para sanear su patrimonio de los perjuicios que le ocasione el pleito. La misma debe ser entendida como reparación de los gastos razonables y justos, generados durante el devenir del proceso para accionar o para defenderse.

Por tanto, el vencimiento lleva consigo tal condena principio éste resultante de la aplicación de una directriz axiológica de sustancia procesal, en cuya virtualidad debe impedirse que la necesidad de servirse del proceso se convierta en daño (CNCom, Sala B, 28/3/89, «San Sebastián c/ Lande, Aron»); es decir, es una institución determinada por el supremo interés que el derecho cuyo reconocimiento debe transitar por los carriles del proceso, salga incólume de la discusión judicial (CNCom, Sala B, 12/10/89, «De la Cruz Gutiérrez, Graciela María, c/ Círculo de Inversores SA»; esta Sala, 11/10/11, «Koldobsky Liliana Estela c/ Koldobsky Carlos David s/ ordinario»; íd., 10/07/12, «Galli, Horacio Alberto c/ Euroderm SRL, s/ ordinario», íd., 25/10/12, «Massa José Luis y Otro c/Standard Bank Argentina SA s/Amparo», íd., 14/03/2013, «Mielke Daniel Alberto c/Grove Felipe Rolando y otro s/ordinario»).

V. Conclusión Por todo lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas, propongo al Acuerdo: a) confirmar, por los argumentos aquí expuestos, en lo principal que decide la sentencia de grado; b) receptar la totalidad de los agravios vertidos por la demandante, y admitir parcialmente las quejas del demandado; modificando, en consecuencia, el decisorio de grado con los alcances dispuestos en apartados D. 4 a. b. c. y d., y F. 6; c) ordenar a Hanseatica Compañía de Seguros SA al depósito de las sumas correspondientes a los valores rescatados con los alcances dispuestos en el subíndice F. 6.; y d) imponer las costas de ambas instancias a la demandada sustancialmente vencida (arg. art. Cpr. 68).

Así voto.

Por análogas razones la Dra.Tevez adhiere al voto que antecede.

Disidencia parcial del Dr. Lucchelli:

Comparto sustancialmente la solución propuesta por mi distinguido colega Dr. Barreiro en su meduloso voto que abrió el acuerdo. Sin embargo, he de discrepar con su propuesta contenida en el punto 4.c Moneda de Pago.

Tal como sostuve en el precedente «Nanders SA s/quiebra s/Incidente de revisión de crédito de Carlini, Humberto Enrique y otros» del 23/03/21, a mi juicio el tipo de cambio que mejor refleja el valor real del dólar estadounidense es la cotización del dólar Bolsa o dólar MEP que surge de las publicaciones especializadas en finanzas. Sin embargo, considero que, por las razones de hecho que señalaré, en este caso ese criterio no resulta aplicable.

Ello se debe a que la actora no demostró el pago de la mercadería que fue objeto del malogrado transporte con dólares billete o dólares de libre disposición que tuviese depositados en el exterior sino que, del informe producido por el Banco Comafi a fs.978 pareciera que adquirió la moneda extranjera necesaria para pagar esa importación accediendo al Mercado Único y Libre de Cambios establecido en las regulaciones del BCRA. No soslayo que la accionante sostiene en su expresión de agravios que en la actualidad hay limitaciones para adquirir dólares pero en la época en que se efectuó el pago de la mercadería también existían restricciones de este tipo.

Por ello, en tanto no se ha demostrado que el actor no pueda adquirir los dólares en el mercado oficial para pagar una importación de materia prima como la que fue objeto de análisis en los obrados, en mi opinión no corresponde que se establezca otro cambio que el oficial para el caso de que la demandada haga uso de la facultad que le confiere el art.765 CCyC.

Salvo por este aspecto, coincido plenamente con la solución propuesta por el Dr. Barreiro.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:

Alejandra N.Tevez

Ernesto Lucchelli

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria de Cámara

Buenos Aires, 2 de agosto de 2021.

Y Vistos:

I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: a) confirmar, por los argumentos aquí expuestos, en lo principal que decide la sentencia de grado; b) receptar la totalidad de los agravios vertidos por la demandante y admitir parcialmente las quejas del demandado; modificando, en consecuencia, el decisorio de grado con los alcances dispuestos en apartados D. 4 a. b. c. y d., y F. 6; c) ordenar a Hanseatica Compañía de Seguros SA al depósito de las sumas correspondientes a los valores rescatados con los alcances dispuestos en el subíndice F. 6.; y d) imponer las costas de ambas instancias a la demandada sustancialmente vencida (arg. art. Cpr. 68).

II.HONORARIOS.

a. En atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Cód. Procesal, corresponde dejar sin efecto las regulaciones efectuadas en la instancia de grado y establecer los honorarios de los profesionales intervinientes adecuándolos a este nuevo pronunciamiento. b. Respecto a la aplicación temporal de la ley 27.423 y aun reconociendo la opinabilidad que ha suscitado particularmente esta temática (conf. Sosa, Toribio E., «Conflicto de leyes arancelarias en el tiempo» en diario La Ley del 1/2/2018; Quadri, Gabriel H. «La Nueva Ley de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia nacional y Federal» en diario La Ley del 13/12/2017) esta Sala ya ha asumido temperamento en el sentido de ponderar los trabajos al cobijo del ordenamiento legal vigente al tiempo de su realización (conf. 15/2/2018, «Predial Propiedades SRL c/Kandel Guy y otros s/ordinario», Exp. COM 34838/2013, entre otros).

Es decir, tendrá relevancia determinante que el profesional haya cumplido todos los actos y condiciones sustanciales para ser beneficiario de una retribución, cuya cuantificación jurisdiccional aunque resulte postrera, debe necesariamente referir y sujetarse a la actividad ya devengada como al plexo legal que regía en cada momento (conf. esta Sala «Kimei Cereales SA.c/Complejo Alimenticio San Salvador S.A. s/ejecutivo», del 7/6/18). c. Por otro lado, déjase aclarado que la base regulatoria, no se limita por la previsión del art. 730 del CCyCN ya que de ninguna manera la limitación de las costas afecta la aplicación e interpretación de las normas que rigen el auto regulatorio (conf. esta Sala, in re: «Predial Propiedades SRL c/ Kandel Guy y otros s/ ordinario» del 28/3/17). Será con posterioridad en el trámite -vgr. al instarse el cobro- donde, en todo caso, podría resultar operativa tal previsión normativa debiendo por ende impetrarse la cuestión. d. Al amparo de tal interpretación y por lo actuado bajo las previsiones de la ley 21.839 (TO Ley 24.432), ponderando la labor profesional cumplida, apreciada por su calidad, eficacia y extensión, como la naturaleza y monto del proceso -computándose los intereses como integrantes de la base regulatoria (conf. esta Sala «Vital Nora Angélica c/ Peñaflor S.A. s/ordinario», del 01/04/14) se establecen en ($.) los honorarios del Dr. Eduardo Ricardo Sequeiros; en ($.) los honorarios del Dr. Eduardo Ernesto Sequeiros, letrado apoderado y patrocinante de la parte actora; en ($.) los honorarios de la Dra. Paula Verónica Seijo letrada apoderada de «Hanseática» y en ($.) los honorarios de la Dra. María Laura Ugartemendia letrada apoderada de «AMV». e. Por otro lado, corresponde regular las incidencias que se resolvieron en págs. 892vta., 894, 894vta./895, 896/896vta., 896vta./897, 897vta./898. Dado que la mecánica aplicación de las alícuotas arancelarias previstas por la ley 21.839 daría lugar a la determinación de una remuneración para los profesionales materialmente excesiva y concretamente desproporcionada con las tareas incidentales efectuadas, habrá de retribuírselas de modo prudencial (art. 6 Ley 21839).

(i) por el incidente resuelto en pág. 892vta. con costas a «Overseas» y «Hanseática» vencidas, se establecen en ($.) los honorarios del Dr. Eduardo Ricardo Sequeiros, en ($.) los del Dr. Eduardo Ernesto Sequeiros; (ii) por el incidente resuelto en pág.894 con costas a «Overseas» vencida se establecen en ($.) los honorarios del Dr. Eduardo Ricardo Sequeiros, en ($.) los del Dr. Eduardo Ernesto Sequeiros; (iii) por el incidente resuelto en págs. 894vta./895 con costas a «Overseas» vencida se establecen en ($.) los honorarios del Dr. Eduardo Ricardo Sequeiros, en ($.) los del Dr. Eduardo Ernesto Sequeiros; (iv) por el incidente resuelto en págs. 896/896vta. con costas a «Overseas» vencida se establecen en ($.) los estipendios de la Dra. Paula Verónica Seijo; (v) por el incidente resuelto en págs. 896vta./897 con costas a «Overseas» vencida se establece en ($.) la remuneración de la Dra. Paula Verónica Seijo; (vi) por el incidente resuelto en págs. 897vta./898 con costas a «Assekuransa» vencida se establece en ($.) la remuneración de la Dra. Paula Verónica Seijo (ley 21.839, t.o. ley 24.432: 6, 7, 9, 11, 19, 33, 37 y 38). f. Por las actuaciones efectuadas a partir de la entrada en vigencia de la ley 27.423 y conteste con su calidad, resultado obtenido y monto del proceso -computándose los intereses como integrantes de la base regulatoria se fija en .UMA (equivalentes a $.) la retribución del Dr. Eduardo Ricardo Sequeiros, en . UMA (equivalentes a $.) la del Dr. Eduardo Ernesto Sequeiros, en . UMA (equivalentes a $.) la de la Dra. Paula Verónica Seijo; en . UMA (equivalentes a $ 438.064) las de la Dra. Alicia Beatriz Viayagra y en . UMA (equivalentes a $ 791.502) las de la Dra.María Laura Ugartemendia ambas letradas apoderadas de «AMV».

Por otro lado, se establecen en . UMA (equivalentes a $.) la remuneración correspondiente al perito ingeniero industrial Alejo Sebastián Guinjoan; en . UMA (equivalentes a $.) la del perito ingeniero en sistemas Leandro Stucchi; en . UMA (equivalentes a $.) la del perito liquidador de siniestros y averías Diego Sebastián Stella; en . UMA (equivalentes a ($.)) la del perito licenciado en accidentología Rodrigo Diego Izaguirre; en . UMA (equivalentes a $.) la de la perito contadora Silvia Ibis Orellana; en . UMA (equivalentes a $.) la del perito actuario Alejandro Francisco Bloise; en . UMA (equivalentes a $.) la del consultor técnico electromecánico propuesto por «Hanseática» César Ramírez; en . UMA (equivalentes a $.) la del consultor técnico licenciado en organización y técnica del seguro propuesto por «Overseas» Fernando Gabriel Tornato; en . UMA (equivalentes a $.) la del consultor técnico en seguros, liquidador de siniestros y averías propuesto por «Hanseática» Francisco Weil; y en 120 UHOM los estipendios de la mediadora, abogada Elena Dujmovic – Anexo III art. 1º del Decreto 1467/11, modif. por Decreto 2536/15- (conf. ley 27.423: 1, 3, 15, 16, 19, 21, 24 y 51; Ac. CSJN 12/2021 y art. 478 CPCCN). g. A los efectos de regular las restantes incidencias en el trámite, no puede ignorarse que la normativa relativa a los incidentes en la ley 27.423 (art. 47) fue vetada por el P.E.N. (art. 7 Dec. 1077/17), con lo cual, no existe a la fecha un precepto que contemple cómo deben remunerarse las tareas realizadas.

Desde esa perspectiva, entiende esta Sala que cabe su estimación de forma prudencial siguiendo las pautas del art. 16.

(i) por el incidente resuelto en págs. 1199/1200 con costas a la actora vencida, se fijan en . UMA (equivalentes a ($.)), los honorarios del Dr. Horacio Mohorade; (ii) por el incidente resuelto en págs. 1682/1683 con costas a «Hanseática», se establecen en .UMA (equivalentes a $.) los del Dr. Horacio Mohorade; (iii) por el incidente resuelto en págs.3266 y 3268 con costas a «AMV», se regulan en . UMA (equivalentes a $.) los del Dr. Eduardo Ricardo Sequeiros y en .UMA (equivalentes a ($.)) los del Dr. Eduardo Ernesto Sequeiros. (conf. Ac. CSJN 12/2021). h. Por las actuaciones de Alzada que motivaron la resolución que antecede, se fija en . UMA (equivalentes a $.) la retribución del Dr. Eduardo Ricardo Sequeiros, en .UMA (equivalentes a $.) la del Dr. Eduardo Ernesto Sequeiros, en . UMA (equivalentes a $.) la de la Dra. Paula Verónica Seijo; en . UMA (equivalentes a $.) la de la Dra. Alicia Beatriz Viayagra y en .UMA (equivalentes a ($.)) las de la Dra. María Laura Ugartemendia ambas letradas apoderadas de «AMV» (art. 30 ley cit.). i. La presente regulación no incluye el Impuesto al Valor Agregado, que pudiere corresponderle a los beneficiarios en razón de su condición, impuesto que debe ser soportado por quien tiene a su cargo el pago de las costas conforme la doctrina sentada por C.S.J.N. in re: «Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación» del 16/6/1993.

La adición corresponde previa acreditación de su condición de responsable inscripto frente al tributo.

Se fija en diez días el plazo conforme lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley 27.423.

III. Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015), cúmplase con la protocolización y publicación de la presente decisión (cfr. Ley N° 26.856, art. 1; Ac. CSJN N° 15/13, N° 24/13 y N° 6/14) y devuélvase a la instancia de grado.

Alejandra N. Tevez

Ernesto Lucchelli (en disidencia parcial)

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria de Cámara

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