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#Fallos Protección de la mujer vs. ASPO: Se revoca el procesamiento dictado respecto de una mujer que se dirigía a realizar una denuncia por violencia de género sin su DNI en un colectivo urbano durante el ASPO

Partes: P. N. S. s/ violación de medidas – propagación epidemia (art. 205)

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Posadas

Fecha: 31-ago-2021

Cita: MJ-JU-M-134264-AR | MJJ134264 | MJJ134264

Se revoca el procesamiento dictado respecto de la mujer que se desplazaba sin su DNI en un colectivo urbano durante el ASPO, teniendo en cuenta que se dirigía a ver un abogado para denunciar a su pareja en un contexto de violencia de género.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar al recurso de apelación planteado con respecto al auto de procesamiento de la mujer que se desplazaba, sin su Documento Nacional de Identidad, en un colectivo urbano durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (‘ASPO’) producto de la pandemia de Coronavirus -establecido en virtud de la Ley 27.541 y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 (prorrogado por Decs. N° 325/20 , N° 355/20 y N° 408/20 )-, en orden a la autoría del delito de violación de las medidas dispuestas para impedir la introducción o propagación de una epidemia -art. 205 , CPen.-, si resulta necesario incorporar mayores elementos de juicio en el marco del procedimiento previsto en el art. 23 de la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, toda vez que la imputada manifestó que se iba a entrevistar con un abogado para denunciar a su pareja en un contexto de violencia de género y que este último había retenido su documento de identidad, sin que se le hubiera preguntado por la dependencia policial o fiscalía en la que habría quedado radicada tal denuncia, a los fines de agregarla al expediente.

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2.-Dada la necesidad de incorporar mayores elementos de juicio, debe revocarse el auto de procesamiento de la mujer que se desplazaba en un colectivo urbano, sin su Documento Nacional de Identidad, durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (‘ASPO’) establecido en razón de la Ley 27.541 y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 -prorrogado por los Decretos N° 325/20, N° 355/20 y N° 408/20-, en orden al delito previsto en el Artículo 205, Código Penal, si la encartada expuso que iba a entrevistarse con un abogado para denunciar a su pareja en un contexto de violencia de género y que este último había retenido su documento de identidad, sin que se le hubiera preguntado por la dependencia policial o fiscalía donde se habría radicado la denuncia, para su agregación al expediente, debiendo tenerse en cuenta que la Res. N° 15/20 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad considera supuestos de fuerza mayor, en cuanto al ASPO, todas aquellas situaciones por las cuales las mujeres o personas LGTTBI, solas o junto a sus hijos e hijas, salieran de sus domicilios para denunciar penalmente hechos de violencia, o se dirigieran a requerir auxilio, asistencia o protección por tal razón.

Fallo:

Posadas, a los 31 días del mes de agosto de 2021.

Y VISTOS:

El presente expediente, registro N° FPO 2486/2020/CA1 en autos caratulados «P., N. S. s/ Violación de Medidas – Propagación Epidemia (Art. 205)». CONSIDERANDO:

1) Que arriban las presentes actuaciones al conocimiento y decisión de este Tribunal con motivo del recurso de apelación articulado a fs. 18/23 contra la decisión recaída a fs. 15 a tenor de la cual se dictó el procesamiento sin prisión preventiva de N. S. P.

2) La Defensa Pública Oficial señala que lo resuelto carece de fundamentación, indicando que el a quo no ha valorado correctamente las circunstancias del hecho investigado. En ese sentido, plantea que tal como lo manifestó al momento de prestar declaración indagatoria, su asistida se encontraba circulando por la vía pública pese a la disposición del decreto presidencial del ASPO porque se dirigía en busca de ayuda al domicilio de su abogado, ya que había sido víctima de un hecho de violencia por parte de su pareja, encontrándose indocumentada debido a que su agresor le había retenido su DNI. Entiende que sin perjuicio del contexto mundial de emergencia sanitaria que nos encontramos atravesando, la valoración probatoria debe hacerse bajo la óptica de la perspectiva de género, sin revictimizar a su asistida con el peso de acreditar dichos o circunstancias sobre el hecho de violencia sufrida, aplicando un concepto probatorio amplio en búsqueda de un abordaje del caso respetuoso y protector de los derechos y garantías, como ser el acceso a la justicia y a una vida libre de violencia. En esa dirección sostiene que, desde el inicio de las medidas de control preventivas por la pandemia, los episodios de violencia de género han incrementado considerablemente debido al encierro de las mujeres violentadas con sus victimarios, restringiendo casi por completo las posibilidades de pedir auxilio y los medios disponibles para denunciarlos.Por otra parte, se agravia en orden al embargo dispuesto, por entender que resulta confiscatorio, lesionando el derecho de propiedad de su defendida. Finalmente, hace reserva del recurso de casación y del caso federal.

3) Que de conformidad a las constancias de fs. 26, fs. 27, fs. 28, fs. 29, fs. 30/32 y fs. 33, el recurso de apelación ha sorteado el examen de admisibilidad formal, fueron practicadas las notificaciones de rigor y el interesado dio cumplimiento al término de audiencia establecido por el art. 454 del C.P.P.N., todo lo cual habilita a este Tribunal a emitir pronunciamiento.

4) Un detenido examen de las constancias obrantes en autos lleva al Tribunal a adelantar criterio en orden al favorable acogimiento del recurso dada la necesidad de contar con mayores elementos de convicción. En ese sentido, y si bien los hechos cristalizados en el acta de procedimiento indican prima facie la configuración de los recaudos requeridos por el tipo penal del art. 205, cierto es que en autos se presentan particulares aristas que aconsejan adoptar medidas orientadas a incorporar a la causa extremos vinculados a los motivos por los cuales la encartada se encontraba en un colectivo urbano, pese a las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, en concreto, la denuncia que manifestó haber formulado en un contexto de violencia de género. A ese respecto, consta en el acta de procedimiento que el 04/05/20 a las 18:27 personal de Prefectura Naval Argentina se encontraba dando cumplimiento a los DNU 260/2020 ampliación de la emergencia Pública en materia sanitaria establecida por Ley Nº 27541; DNU 297/2020 mediante los cuales se dispuso el «Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio», con el objeto de proteger la salud pública y prorrogado por los decretos 325/2020, 355/2020 y 408/2020, marco en el cual y efectuando controles sobre la Avda. Rademacher y Avda. Cabred, interceptó un colectivo urbano de la empresa «Don Casimiro» en el cual se desplazaba N. S. P.quien manifestó que se encontraba en la vía pública porque se dirigía al centro a visitar a un amigo/abogado; sin contar con documentación personal ni autorización para circular. Así las cosas, y en oportunidad de recibírsele declaración indagatoria, la misma manifestó: «justamente ese día me iba a hablar con el abogado que es el Dr. Sergio Delgado, por un tema de violencia de género y bueno mi pareja me retuvo mi DNI por eso no la tenía conmigo, y al otro día fui a hacer la denuncia y eso la tengo que traer mañana para presentarla» (fs. 13/14). Sobre el punto, hemos de señalar que por Resolución 15/2020 (B.O. del 04/04/2020) el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tomó en consideración el especial contexto de pandemia y las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional, marco en el cual también valoró la normativa nacional e internacional en la materia, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y la Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, también se encuentra dentro de las obligaciones estatales garantizar el derecho a una vida libre de violencias en relación a las mujeres y a las personas LGTTBI.En función de ello, dicha Resolución 15/2020 estableció que de acuerdo al artículo 6°, inciso 6) del Decreto N° 297 «serán considerados como supuestos de fuerza mayor, todas aquellas situaciones por las cuales las mujeres o personas LGTTBI solas o junto a sus hijos e hijas salgan de sus domicilios a los fines de realizar las pertinentes denuncias penales respecto de hechos de violencia o se dirijan a requerir auxilio, asistencia o protección en razón de la situación de violencia que se encuentren transitando». En ese sentido, e independientemente del espontáneo compromiso por parte de la encartada de presentar la denuncia a fin de acreditar las razones por las cuales se encontraba circulando en un colectivo urbano, no consta que se le haya preguntado sobre la dependencia policial o fiscalía donde formuló la denuncia a efectos de librar Oficio orientado a su agregación al expediente como elemento de convicción. Si bien la defensa tampoco contribuyó a suministrar mínimos datos para individualizar la Dependencia estatal en que aquella se efectivizó dado el procedimiento previsto por el art. 23 de la Ley 26.485, lo cierto es que deberán adoptarse todas aquellas medidas idóneas que permitan la agregación a la causa de aquellos extremos mencionados por la encartada. Ello es así, teniendo en consideración lo establecido por el art. 1º de la Resolución 15/2020 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de fecha 04/4/2020, en función de la fecha del procedimiento consignada en el acta (04/5/2020) y la necesidad de contar con aquellos elementos de convicción que permitan una valoración integral del hecho sometido a juzgamiento. En mérito de lo expuesto, esta Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, RESUELVE: 1) HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto a fs. 18/23 por la Defensa Pública Oficial. 2) REVOCAR el Pronunciamiento recaído a fs. 15. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE conforme lo dispuesto por las Acordadas 31/11 y 38/13 de la C.S.J.N., hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública (Acordada 15/13 de la C.S.J.N.). Cumplido, remítanse los autos al Tribunal de Origen.

Dr. Mario Osvaldo Boldu-

Dra. Ana Lía Cáceres de Mengoni

(Jueces)

Dra. Marlene Raiczakowsky

(Secretaria Penal).

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