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#Doctrina Una reflexión sobre cómo se cumple la obligación internacional de la República Argentina de luchar contra la violencia de género

Autor: Gerosa, Aldo H.

Fecha: 3-sep-2021

Cita: MJ-DOC-16152-AR | MJD16152

Sumario:

I. Introducción. II . Planteo de la cuestión a reflexionar. III. Poder Judicial .III.1. Los problemas. III.2. Una conclusión sobre el particular. III.3. Alguna propuesta de mejoramiento o solución. IV. Poder Ejecutivo. IV.1. La práctica de los organismos públicos. IV.2. Una posible respuesta. V. Poder Legislativo. V.1. Las cosas por hacer. V.2. La cuestión de las sanciones penales por hechos de violencia u odio de género a legislar. V.3. La posibilidad de salidas alternativas. VI. Conclusiones.

Doctrina:

Por Aldo H. Gerosa (*)

I. INTRODUCCIÓN

La República Argentina, y con ella todas sus provincias, ha asumido el compromiso internacional de luchar contra la violencia de género, prevenirla, investigarla, juzgarla y sancionarla conforme a la ley interna.

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Estableció en este marco, algunos delitos propios de esta forma de violencia (femicidio y homicidio agravado por odio de género o su expresión) y puso agravantes para otros tipos penales (todas las formas de lesiones, que son agravadas por violencia de género), como, así también, puede la violencia de género ser un elemento cuantificador de las penas en otros casos (art. 41 CP: «1º. La naturaleza de la acción; 2º. y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad»).

Se han creado agencias del gobierno federal, de los gobiernos provinciales y de los municipales para atender los abusos sexuales a menores, la violencia de género, la igualdad de las distintas expresiones, identidades o manifestaciones de género; se dictaron leyes que procuran eliminar formas de discriminación por estos motivos. Existen consejos, observatorios u organismos similares que «controlan» la no ocurrencia de esas discriminaciones o que confeccionan estadísticas sobre los hechos de este tipo que se conocen en la sociedad, etc. En fin, hay una larga lista de acciones públicas o también privadas (las ONG que tienen por objeto estas cuestiones).

II. PLANTEO DE LA CUESTIÓN A REFLEXIONAR

La pregunta es si efectivamente se está cumpliendo con esta obligación internacional que, como Estado, hemos asumido voluntaria y libremente (nadie nos obligó) o, por el contrario, es una declamación que no tiene repercusión efectiva en las prácticas y en las conductas de los organismos públicos competentes. Obviamente, esto no se puede evaluar por los discursos o los dichos de las autoridades de cada uno de esos organismos sino por los resultados concretos de la realidad.Si esos resultados demuestran que efectivamente se previene, investiga, juzga y condena conforme a la ley a quienes resulten autores de este tipo de hechos, podríamos decir que la República (y sus provincias, en general) cumplen las obligaciones que han asumido frente a toda la humanidad. Al contrario, si esto no ocurre, la conclusión es que, como sociedad, le hemos mentido al mundo y nos mentimos a nosotros mismos. Nada hacemos o poco hacemos por erradicar la violencia de género, y, deberíamos temer, que tampoco otras formas de violencia.

Usemos una palabra menos dura que la de mentira, digamos que solamente hemos engañado al mundo y nos engañamos a nosotros mismos. Pero en realidad llegamos al mismo lugar.

Y para conocer esto lo que corresponde es, a mi criterio, analizar qué pasa en el movimiento diario del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y, por supuesto, del Poder Judicial.

III. PODER JUDICIAL

Es el poder del Estado que debe encargarse conjuntamente con las fuerzas policiales, de investigar los hechos que puedan configurar este tipo de violencia, y, con exclusividad, de juzgarla y sancionarla.

Obviamente, todas las provincias han organizado un sistema de persecución penal que permite incluir dentro de los objetos procesales de persecución las conductas que representan violencia de género.

Incluso, en muchos de ellos hay organismos judiciales especializados, refiriéndome a fiscalías penales especializadas en violencia de género y sexual.

III.1. LOS PROBLEMAS

Aquí comienzan los problemas.Porque «violencia de género» es un concepto demasiado amplio que va desde un femicidio y sus tentativas, pasando por lesiones gravísimas, graves o leves agravadas por violencia de género, coacciones, amenazas y una forma particular de violencia que es la violencia económica, por ejemplo, la falta de pago o cumplimiento de los convenios o de las disposiciones judiciales sobre cuotas alimentarias de hijos menores de edad (incumplimiento de los deberes de asistencia familiar).

Esto último es particularmente trascendente porque recarga a la madre con la obligación de mantener a los hijos con sus ingresos o con sus solos esfuerzos, en tanto que el padre elude esta obligación, lo que generalmente tiene la única intención de castigar o lastimar a la madre. Por lo tanto, es claro ejemplo de una conducta motivada por la violencia de género que, en estas épocas de crisis económica y social, es grave. Aunque, en verdad, lo es en toda circunstancia porque los/las menores no tienen ninguna responsabilidad en las peleas o diferencias de los padres siendo que ambos tienen la obligación de cuidarlos y asistirlos. Y de no generar situaciones que puedan redundar en daños psicológicos o traumas a aquellos/llas.

Si observamos el funcionamiento del sistema judicial penal nos encontramos con que este tipo de causas no tienen un tratamiento especial y, por lo tanto, los hechos investigados y acreditados con la evidencia suficiente o, y si quiere, con el grado de convicción suficiente para acusar y llevar a juicio, no son tratados con la debida celeridad.Es clara y uniforme la conducta de los organismos del poder judicial (por otro lado está justificada en la situación actual), de atender primero los casos con personas privadas preventivamente de libertad, que corresponden a los delitos más graves, esto es en el tema de la violencia de género, femicidios o sus tentativas, abusos sexuales con acceso carnal, corrupción de menores, promoción de la prostitución de menores, explotación económica de la prostitución ajena aunque sea de mayores o, incluso, lesiones gravísimas agravadas por violencia de género. Pero la gran mayoría de casos que se presentan en la realidad no llega ese nivel y nos encontramos con supuestos de lesiones leves agravadas reiteradas o amenazas y aún coacciones simples, donde los imputados no se encuentran privados de libertad (porque difícilmente tengan antecedentes previos que ameriten tal grado elevado de cautela para proteger el proceso).

Y, entonces, si el imputado llega en libertad a la etapa preliminar al juicio, el juicio propiamente dicho se demora, porque se privilegian (reitero, con justificación) las causas que tengan presos, que son las más graves.

En este estado de situación, vemos que los casos con imputados de delitos menos graves llegan a juicio tres o cuatro años después de iniciada la investigación, fecha para la cual la víctima y sus allegados o familiares entienden que la justicia se ha desinteresado de su situación y, por lo tanto, buscan una solución distinta o diferente al conflicto penal. Todos sabemos que esta solución pasa por: o someterse nuevamente al poder del agresor, cuyo objetivo es obtener nuevamente el control de la víctima para comenzar el proceso de perverso de violencia sobre ésta y eventualmente sobre hijos/jas o allegados/das; o someterse a penurias económicas y psicológicas propias del desamparo en que se encontraría la mujer y sus menores.

III.2.UNA CONCLUSIÓN SOBRE EL PARTICULAR

Por lo tanto, una conclusión (grave) que podemos hacer es que el sistema judicial no brinda respuestas satisfactorias a la violencia que se genera contra las mujeres. Especialmente en tiempo «oportuno».

III.3. ALGUNA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO O SOLUCIÓN

La mejor manera sería dotar a la estructura judicial de magistrados especializados en esta temática, del mismo modo que, en el ámbito extrapenal, existen jueces especializados con competencia en derecho laboral, de familia, comercial, etcétera. Esto permitiría crear una respuesta judicial (en principio) eficiente y presta, con funcionarios capacitados a tal efecto. Es decir, sumar jueces con competencia especializada, como hay fiscalías especializadas en la materia.

Pero sabemos que ello implica una erogación presupuestaria que no siempre es posible ni los encargados de hacerla están dispuestos porque no visualizan la necesidad. No se comprende muchas veces la seriedad, urgencia y gravedad de estas problemáticas por aquellas personas que no están inmersas en las mismas y no tienen la vocación de darles alguna solución razonable, en plazos adecuados. Es una solución a largo plazo, una meta a imponerse en el largo plazo.

En el «mientras tanto» (el tiempo necesario para lograr los convencimientos, los cambios culturales y mentales y los fondos presupuestarios necesarios para esta justicia – jueces- especializada), no debemos cesar de pensar otras alternativas y casi como «pensando en voz alta», se me ocurre que podría significar un avance implementar dentro de los organismos judiciales ya existentes y a través de las normas jurídicas que correspondan, un sistema de tratamiento particular para estos casos que no los deje ubicados en la larga cola de espera para tener fecha de juicio oral.

Una forma que me parece sencilla sería que cada organismo que, dentro de la estructura del poder judicial, tenga la facultad y el deber de fijar fechas para los juicios orales y públicos (en la provincia de Santa Fe, se designa como Oficina De Gestión Judicial) determine periódicamente (mensual, bimestral o trimestralmente) la cantidad de casos que han quedado, al finalizar ese período, en condiciones de ser citados a juicio oral y público y, luego, establezca qué proporción se vincula a supuestos de violencia de género, fijando las audiencias de debate (a partir del momento en que la agenda judicial que se encuentre libre) en la misma proporción que para los demás, sin importar si se trata de causas con o sin presos. Ejemplo:

Período: trimestral.

Meses comprendidos: enero a marzo.

Total de casos en condiciones de fijarse audiencia de debate al 31/03: 100 (número redondo que simplifica la comprensión);

Total de casos de violencia de género, con o sin presos preventivos: 33 (33 %);

Total de otros casos con o sin presos preventivos: 67 (67 %);

Período desde el cual la agenda judicial está disponible para fijar audiencias de debate: 01 de agosto del mismo año;

Cantidad de juicios penales posibles por mes: 12;

Juicios de casos de violencia de género que deberían agendarse por mes:4 (3,96 = 33 % del total);

Juicios de otro tipo de casos penales que deberían agendarse por mes: 8.

En la actualidad, los 12 casos se seleccionan entre los que tienen detenidos en prisión preventiva y según la antigüedad o prolongación de esta situación cautelar, por lo que es muy probable que ningún lugar se conceda a los delitos de violencia de género o sexual.

Otro ejemplo: en el distrito judicial n° 4 de la Circunscripción Judicial n° 4 de la provincia de Santa Fe, donde ejerzo mi función, el Colegio De Jueces De Primera Instancia en lo Penal se integra por 5 magistrados, los órganos fiscales por 4, 2 titulares y 2 adjuntos, repartidos en dos unidades fiscales distintas, una de ellas dedicada a la violencia de género y sexual. Las salas disponibles para realizar juicios son dos, pero por las medidas de distanciamiento social, queda una sola disponible. Y los defensores públicos son solamente dos. Está explicación tiene que ver con la cantidad de juicios penales que pueden realizarse al mismo tiempo, que por las razones indicadas es relativamente baja.

En el curso de este año, desde 01/02/2021 al 31/07/2021 se me han designado 3 juicios, y solamente uno tiene que ver con abuso sexual. Los otros dos por robos con uso de armas y causar lesiones graves, casos que son anteriores a mi designación como jefe de la UFE. Y el de abuso sexual, porque el 10/08/2021 vence la prórroga extraordinaria de la preventiva del acusado. Sino, hubiera esperado para más adelante.

Hasta el 08/07/2021 (último día hábil previo a la feria judicial de invierno) presenté 9 acusaciones y realicé 3 audiencias preliminares. Concluí con sentencia 3 procedimientos abreviados, todos por delitos contra la propiedad y uno, por el mismo tipo de delito, espera audiencia de procedimiento abreviado.

El cronograma tentativo que se manejaba para el período 01/08/2021 al 31/12/2021, aún no aprobado por la Oficina De Gestión Judicial, contenía 8 juicios para el firmante de los cuales sólo 2 corresponden a delitos sexuales o de género (25 %). Y por delitos graves, incluso uno donde venció el máximo de la preventiva aplicable conforme la ley procesal.

Las acusaciones proyectadas para el mismo período son aproximadamente 8 o 9. Todas de violencia de género y sexual. Las mismas, sin lugar a dudas, quedarán para el segundo trimestre de 2022, si no se interponen casos más urgentes con detenidos preventivos. En su mayoría, son hechos de los años 2020, tal vez alguno de 2019.

Cantidad de legajos asignados al 07/07/2021: 716. Cantidad de asistentes de este fiscal: 4, de los que 1 es empleado de planta del Poder Judicial, 1 es pasante («reconocimiento» de $ 5.000 mensual, sin obra social, 20 horas de prestación de servicios semanales), 1 practicante (trabaja gratis, 15 horas semanales de «práctica laboral») y una asistente, profesional del derecho «contratada» por el Ministerio Público de la Acusación con 30 hs. Semanales de prestación de servicio profesional.

¡No es una estructura de personal que pueda dar respuesta seria y rápida a este tipo de cuestiones! (Ni la de mi Despacho ni la de la Oficina de Gestión Judicial que, por el distanciamiento obligatorio, la falta de otra sala audiencia de igual capacidad, y de autorización de la CSJ Sta Fe para realizar los debates en otros espacios de igual o mejor comodidad (auditorio del Colegio de Abogados y Procuradores, ofrecido por la Institución, del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, etc).

Por lo cual, es evidente que todos estos procesos no tendrán juicio dentro de los dos años de iniciados.La propuesta que dejo al debate es que de la totalidad de recursos humanos y materiales (sobre todo, jueces, empleados y salas de audiencias), periódicamente se destinen los que sean necesarios para atender casos de violencia de género con o sin presos preventivos en similar proporción a los demás casos penales, sean estos con o sin imputados cautelados preventivamente.

¿Es justo que las víctimas esperen tanto tiempo una respuesta del Estado? No, la justicia que el Estado ofrezca a víctimas de violencia de género, por las razones ya expresadas, debe ser eficiente, efectiva y en tiempo oportuno. Y no lastimar más a quien ya está sufriendo.

Por lo tanto, ideas como la que expongo, u otras superadoras, han de ser implementadas prontamente. Para que el Poder Judicial, que debe hacer justicia, no se vuelva injusto por lento, agravando o revictimizando a tantas personas inocentes.

IV. PODER EJECUTIVO

En cuanto al poder ejecutivo (entendiendo a los distintos ejecutivos provinciales y federal, aunque se replica igualmente en los municipios) se observa falta de pragmatismo y decisión para acercar auxilio y contención a estas víctimas tan especiales.

IV.1. LA PRÁCTICA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS

Concretamente y en la práctica, es muy frecuente ver mujeres que denuncian hechos constitutivos de delitos englobados en el contexto o concepto de violencia de género o de abuso sexual que no reciben el acompañamiento terapéutico y profesional e, incluso, económico suficiente para poder mantener en el tiempo la decisión de enfrentar a su victimario. Tampoco, asistencia para los hijos menores de edad que quedan con la madre refiriéndome no sólo a una ayuda alimentaria o económica sino también a la asistencia escolar, desde el traslado o búsqueda de los chicos de la escuela al domicilio o viceversa, el apoyo pedagógico o educativo de los niños y el favorecimiento de la permanencia en las escuelas. Que se agravó significativamente con la actual situación de pandemia porque la verdad es que la mayoría de los niños o un porcentaje muy cercano a la mitad carecen de conectividad a internet o la que tienen es deficiente y, por lo tanto, están impedidos de seguir clases en forma virtual.

Frente a esta situación, falta personal técnico capacitado para escuchar, comprender y orientar a este universo de víctimas, concretar ayudas efectivas en la realidad o de brindarles una terapia de fortalecimiento de la autoestima individual. Nada puede hacer el poder judicial que tampoco tiene estos recursos o los tiene de manera muy limitada.

IV.2. UNA POSIBLE RESPUESTA

En este ámbito lo ideal sería una reestructuración de la enorme cantidad de recursos personales que tienen los municipios, las provincias y los organismos federales de desarrollo social o justicia, mediante la constitución de equipos que actúen en el territorio concreto en forma coordinada y sin superponerse. Que es otro problema serio: la superposición de recursos estatales, aplicados al mismo fin por dos o más agencias públicas, dependientes de la misma o distinta jurisdicción. En minoridad es muy frecuente.

Si bien está pretensión requiere un esfuerzo para determinar el tipo y cantidad de recursos, las funciones que tendrán, los territorios y las cuestiones que cada uno de esos atenderá, no se trata de un objetivo imposible; es necesario y no hacer nada nos coloca en una situación peor que comenzar un trabajo complicado, largo y perfectible.

V. PODER LEGISLATIVO

V.1.LAS COSAS POR HACER

En el ámbito del poder legislativo, a más de las reformas en la organización de tribunales que más arriba comenté, que deben surgir de una ley para tener estabilidad y permanencia, es necesario consensuar qué hacer con la legislación penal de fondo para precisar semánticamente los tipos penales existentes (si es necesario) y analizar, discutir y, eventualmente, legislar aquellos que estuvieran faltando (como quiera llamarse, el acoso o persecución de la víctima por el autor, que se le aparece en todos los lugares donde aquella se encuentra, a modo de ejemplo).

Igualmente, responder seriamente a la pregunta sobre si ciertos delitos característicos de la violencia de género (lesiones leves a la salud física y mental de la víctima, violencia psicológica, por ejemplo) deben tener una respuesta punitiva más elevada o si es permisible para algunos tipos penales salidas alternativas diversas del juicio oral y público por procedimiento ordinario o por procedimiento abreviado.

V.2. LA CUESTIÓN DE LAS SANCIONES PENALES POR HECHOS DE VIOLENCIA U ODIO DE GÉNERO A LEGISLAR

En el primer sentido, de las sanciones a legislar, ha de discutirse y estudiarse con profundidad sí constituye suficiente mensaje motivador para la no realización de las conductas típicas, las penas con que se conminan las lesiones leves agravadas por el vínculo o por mediar violencia de género: 6 meses a 2 años de prisión podría no ser una amenaza seria para que exista una toma de conciencia y una motivación para dejar de cometer estos hechos. No se requiere fijar una escala mayor en meses o años de prisión sino, tal vez, agregarle una pena accesoria. Otro supuesto: las sanciones para quienes fraudulentamente eluden su obligación de pagar alimentos por sus hijos que han quedado conviviendo con el otro progenitor.

En atención al daño que ocasionan y la sensación de indefensión y desamparo, podría estudiarse la conveniencia de legislar el «acoso» por redes y mensajería Social.Es una conducta altamente destructiva para la psiquis de la víctima que termina expuesta en su intimidad o privacidad, perseguida cibernética, digital o físicamente, impedida de usar y disfrutar la tecnología de internet, etc.

Existiendo lo que suele llamarse «epidemia» (ahora «pandemia») de hechos de violencia de género, resulta justificado que las sanciones por los mismos sean elevadas sustancialmente. Es la única respuesta motivadora que puede brindar el sistema penal. Las penas son una herramienta del orden jurídico que pretende motivar a conductas en cierto sentido de las personas. No pueden ser irrazonables, es verdad, pero aumentarlas significativamente sin llegar a la irracionalidad es un método posible en situaciones que parezcan requerirlo. Cuan do bajen los casos, bajarán las penas.

Llevar la escala penal de las lesiones agravadas por violencia de género u odio de género o su expresión a: leves: 2 años a 6 años; graves, de 4 a 12 años y las gravísimas, de un mínimo de 6 años a un máximo de 20, en situaciones de crisis, no es irrazonable que la pena de una lesión gravísima agravada por violencia de género u odio de género o su expresión sea claramente más leve que un homicidio, pero igualmente elevada: de 6 años de mínimo (lesiones gravísimas agravadas) a 8 (homicidio), hay un 33,45 % en más para el homicidio (6 * 1.3345 = 8.007). En cuanto al máximo, la diferencia alcanzaría a 25 % (20 años * 1.25 = 25).

Se trata (a mi criterio), de una política estatal de persecución penal constitucionalmente válida y aplicable, en contextos de crisis. Y no es «inflación» penal ni «demagogia» puesto que responde a una situación apremiante real y su duración estará dada por la persistencia de aquella. Y porque hay una obligación estatal de luchar contra este tipo de conductas, con todos los medios disponibles. La legislación penal es uno de ellos, es válido y considerado pertinente por el derecho convencional.

V.3. LA POSIBILIDAD DE SALIDAS ALTERNATIVAS

¿Siempre y en todos los casos deben estar prohibidas o «no recomendadas» las salidas alternativas del proceso penal? ¿O hay casos en que pueden aplicarse? Y de ser así, ¿qué medio puede aplicarse y en qué condiciones?

Son temas concretos. El sistema procesal penal no soporta muchos juicios orales. La idea básica del sistema acusatorio adversarial es que la mayoría de los casos que caen dentro de el se acuerden mediante arreglos de las partes.

En violencia de género, es cierto que existe una diferencia de poder entre las personas involucradas en el conflicto. Ahora, ¿es verdad que no existen medios de equilibrar de modo estable las posiciones de ambas partes?

En mi práctica pude constatar que a veces el «violento», formulada la denuncia y comenzado el proceso penal, se va no sólo de la vivienda de la víctima, sino de la ciudad y de la vida de ésta. NO resulta razonable en este supuesto impedir la probation. Sobre todo, si hay informes serios psicológicos y sociales que no indiquen peligros fundados para la mujer y hechos constatados en cierto tiempo de que el autor ha cesado de atacar o molestar a aquella.

Entonces, obligar a plantear un juicio abreviado con condena condicional o ir a juicio oral no es una salida pragmática y útil al sistema, porque lo recarga de un caso no grave y, en principio, resuelto de otro modo. Y esto otro modo es preferible cuando en el tiempo, como digo, mostró eficacia y pacificación del conflicto.

Como este ejemplo, debe haber otros más a los que es necesario analizar, debatir y dar respuesta. El juicio penal no es un exorcismo que regenera la sociedad: es la última respuesta cuando otros medios menos graves y costos, menos dolorosos para las partes, no han podido prosperar. No es la primera arma. Y en estos casos, esa cuestión parece haberse invertido, en perjuicio de todos y todas, incluso del Estado.

V.CONCLUSIONES

Estas son algunas pocas cuestiones que deberíamos (seriamente) reflexionar para poder decir con fundamentos que estamos cumpliendo o tratando de cumplir con seriedad las normas internacionales que, como República, hemos suscripto y las normas jurídicas internas que nos hemos dado para prevenir, investigar y sancionar hechos que contengan esa forma tan perversa de violencia que es la violencia de género.

Estos temas no parecen estar en la agenda de nuestros legisladores nacionales o provinciales: no se observan debates profundos sobre la necesidad de reformar la legislación penal, actualizándola y, dentro de esa actualización, incluir todo este sector de hechos sobre los que estoy hablando. Es cierto que algunas iniciativas existen, pero no dejan de ser iniciativas personales, individuales, y de ninguna manera una cuestión que, con seriedad, enfrenten los distintos partidos y sectores políticos que integran nuestro Congreso Nacional.

Tenemos secretarías y ministerios para estas cuestiones, pero no se los observa gestionar seriamente (o eficientemente) los cambios necesarios para enfrentar con éxito la transformación cultural y social necesaria para disminuir las condiciones y causas que producen hechos de violencia u odio de género. Salvo que se piense que ello se consiga únicamente con el uso de lenguaje «inclusivo».

En tanto no comencemos como sociedad la construcción de políticas de Estado que apunten a resolver estos problemas y todos los demás que no he mencionado o que ni siquiera conozco o imagino que existen, estaremos en deuda con aquello que decimos habernos comprometido a hacer.

Y esta deuda se contabiliza en personas muertas, lesionadas gravemente, abusadas sexualmente, quebrantadas psicológica y espiritualmente, tal vez para toda la vida, etc.

Cada proyecto de vida que se rompe por estos hechos es una frustración irremediable que no tiene cura, que no tiene vacuna ni en primera ni en segunda dosis. Y peor, frente a lo cual, como Estado y sociedad, no estamos haciendo mucho.

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(*) Fiscal Titular. Jefe Unidad Fiscal de Violencia de Género, Sexual y Familiar Reconquista – Santa Fe.

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