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#Doctrina Supresión de la legítima hereditaria

Autor: Ríos, Noé M.

Fecha: 20-ago-2021

Cita: MJ-DOC-16122-AR | MJD16122

Sumario:

I. Cuestiones preliminares. II. Introducción. III. Supresión de la legítima hereditaria. IV. Nuestro pensamiento. V. Conclusiones.

Doctrina:

Por Noé M. Ríos (*)

I. CUESTIONES PRELIMINARES

Antes de adentrarnos en el presente tópico, realizaremos la siguiente aclaración. Es preciso poner en conocimiento al lector que no somos expertos en la materia, sino solamente y como diría un gran profesor (1) de esta alta casa de estudios «doctrinarios curiosos e inquietos».

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Por lo que cualquier cuestionamiento de las verdades absolutas de nuestro derecho sucesorio, probablemente serán refutados por aquellos cuyos conocimientos superen los nuestros.

Uno de los motivos fundamentales que nos lleva a la revisión de la estructuración que poseen los esquemas de este instituto, proviene de advertir que nuestro Código Civil y Comercial pregona la autonomía de la voluntad del sujeto en los actos jurídicos y la legítima hereditaria no hace más que retacear cualquier ejercicio de la misma.

No nos referimos únicamente a los herederos legitimarios y a las muchas pautas que deben cumplirse en la elaboración de un testamento -el cual será atacado y echado por tierra si no se ajusta a la inflexión de las normas sucesorias- sino que también esa restricción se introduce y ramifica dentro de los actos inter vivos (2), por lo que consideramos que la libre disposición de bienes en vida del causante, es un ilusorio.

Debemos admitir que la reforma trajo un gran avance. A diferencia del Código Velezano, constitucionalizó el derecho privado y, como un indicio más que significativo de nuestra postura, aumentó la porción disponible. No tratamos de quitarle mérito, pero observamos que ese acrecentamiento fue con un ápice de inseguridad, prudencia o discreción.

En definitiva, esto último también nos sirve para argumentar a favor de la supresión de la legítima.

Precisamente no es la originalidad lo que destaca la temática que abordamos, pues la libertad o la limitación para disponer de los bienes mortis causa siempre ha generado polémicas.Además, se vincula directamente con la libertad de testar y el mayor o menor grado de autonomía que posee una persona al momento de hacerlo.

Hemos pasado décadas enfocados en una sola visión: defender la familia como institución aún después de la muerte de alguno de sus miembros. En su nombre se han elaborado innumerables herramientas para su protección.

Es por ello que no nos sorprende comprobar hasta qué punto se ha distorsionado aquel afán protectorio que incluso, por mencionar tan solo un ejemplo, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Rio Negro revocó (3) una sentencia de primera instancia, la cual consideró que el concepto de familia no se define por el ADN, sino por el afecto. La decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de la segunda circunscripción.

En este caso se le otorgó vocación hereditaria a quien no la tenía, y con buen tino, según nuestra opinión, el máximo tribunal provincial advirtió una incorrecta aplicación de las normas en las instancias anteriores.

El fallo en cuestión, que fue motivo de varios artículos periodísticos por el diario de mayor circulación de la provincia, no resulta para nada novedoso. Simplemente se aplicaron e interpretaron correctamente los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación.

Tratando de concluir estas cuestiones preliminares, es evidente que hoy en día se sigue cercenando la voluntad de los sujetos sin examinar que ya no hablamos de un único modelo de familia. Que los valores, la economía, la cultura, la política y el pensamiento de nuestra sociedad no son los mismos que primaban en la época de la promulgación del Código Civil, ni de cada reforma que siguió después.

En parte, en este asunto se aplica la reflexión del Dr.Fernando Shina, quien en uno de sus trabajos reflexiona «En los próximos años el Derecho va a estar en un estado de inquietante deliberación, cuestionando y derribando algunas verdades mitológicas que durante más de un siglo fueron postuladas como principios pétreos y hoy se muestran tan lábiles como una promesa de un amor estudiantil» (4). En efecto, coincidimos con el citado autor: es tiempo de asumir la perplejidad.

No podemos seguir hablando, indiferentes y hasta con cierta indolencia, de respeto a esa autonomía cuando la realidad nos muestra el desfasaje jurídico existente en torno a la regulación de la legítima.

Dedicamos demasiado tiempo pensando cómo evitar que un heredero no se quede sin su cuota parte, en vez de atender el real deseo de quien obtuvo aquellos bienes y derechos de los cuales no puede disponer con total libertad en vida ni como acto de última voluntad.

II. INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de los temas subsiguientes intentaremos aclarar algunos aspectos y conceptos que encarnan nuestro Derecho Sucesorio y a la temática sobre la que versa la presente exposición. Fundamentalmente nos referiremos a la sucesión testamentaria, a la sucesión legítima, el orden sucesorio, la legítima hereditaria y principalmente al por qué de la supresión o no de la misma.

Partamos de la premisa que nuestro lector tiene previo conocimiento acerca de la regulación por parte del derecho argentino sobre la disposición y transmisión de los bienes y derechos, que conforman el patrimonio de una persona, por causa de muerte a sus herederos. Ese instituto se denomina: Sucesión mortis causa y está contemplado en el libro quinto, bajo el nombre de «Trasmisión de derechos por causa de muerte», desde el art. 2277 al 2531 .

Con respecto a la sucesión, en el nuevo Código Civil y Comercial se destaca el artículo 2277.Esta norma, habla sobre su inicio y en cierta manera la define haciendo referencia al significado de la transmisión y su contenido.

El citado artículo dispone: «Apertura de la sucesión. La muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley. Si el testamento dispone sólo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se defiere por la ley».

De esta manera en el ordenamiento argentino existen dos formas de transmitir esos bienes.

Una de ellas es la sucesión testamentaria, la cual llama a suceder a través de un testamento válido, donde el testador manifestó su voluntad respecto de una parte de sus bienes. Solamente puede disponer de 1/3 de ellos, siempre atendiendo a la restricción de hacerlo sobre la totalidad para el caso que existan los denominados herederos legitimarios.

A ellos por ley les corresponde un porcentaje que no les puede ser negado por la voluntad del causante y se denomina «legítima hereditaria».

Es una limitación legal de orden público e irrenunciable antes de la apertura de la sucesión, inviolable, que recae sobre una porción del patrimonio del causante y cuenta con múltiples disposiciones que protegen su goce e intangibilidad. «Legítima es la parte del patrimonio del causante de la cual ciertos parientes próximos no pueden ser privados» (5) sin una causal de indignidad.

La sucesión testamentaria es la que prevalece en nuestro país.Cuando una persona fallece lo primero que debe verificarse es si existe o no testamento.

La segunda es la sucesión legítima o ab intestato y procede ante la falta de testamento realizado por el causante o en caso de haberlo, el mismo presente algún vicio o defecto de forma que lo torne nulo o anulable.

Como su nombre lo indica, y en palabras de Maffia (6), es la que proviene de la ley y llama a suceder a través de sus disposiciones, en un orden y condiciones de manera imperativa o supletoria a parientes cercanos del causante, exista o no testamento. Lo que significa: dada la necesidad de la elección de un sucesor y ante la ausencia de voluntad escrita del fallecido, es la ley la que suple esa voluntad designándolos.

De lo dicho con anterioridad, surge evidente la coexistencia de ambas formas, cosa que, por ejemplo, no sucedía en el Derecho Romano, en el cual no se permitía la concurrencia de los dos sistemas.

III.SUPRESIÓN DE LA LEGÍTIMA HEREDITARIA

Tal y como mencionáramos, la libertad absoluta para testar, ampliarla o restringirla a través de las porciones legítimas, ha sido el centro de debates y controversias doctrinarias que aún se mantienen vigentes, a pesar de haber transcurrido siglos desde el nacimiento de este restricto sistema en el derecho pretoriano.

Cabe recordar que fue la figura del pretor la que comenzó a reconocerla convirtiéndola en un deber de carácter legal, y termina por consumar la conversión de una legítima formal en una real, siendo la legislación justinianea la que luego reafirma tal institución (7).

Por nuestra parte debemos hacer hincapié en que no opinamos diferente a quienes afirman que la creación del sistema de legítimas hereditarias está íntimamente ligada con la protección de la familia como institución básica de la sociedad (8).

Podemos comprender este tipo de inclinación legal y su prevalencia si nos situamos en la época y en el contexto del código de Vélez Sarsfield, donde el promedio de vida de las personas era menor que el actual y generalmente (con un tinte netamente patriarcal) al morir el sustento de la familia, existían hijos menores y un cónyuge que mayormente pendían del acervo hereditario.

Demás está decir que en el siglo XXI la familia ya no queda circunscripta al modelo de antaño, cuyo eje es el matrimonio entre hombre y mujer. Ya no hablamos de un hogar de economía netamente agrícola y artesanal. La sociedad evolucionó y es justamente por ello que el derecho también se halla en la obligación de hacerlo.

En defensa de la supresión de la legítima, se alegan derechos fundamentales como ser la libertad, el desarrollo personal del individuo, razones de índole familiar como el ejercicio de la autoridad y potestad paterna. Razones económicas tendientes a evitar la excesiva fragmentación del patrimonio y los conflictos entre herederos.

A mayor abundamiento, existen otros principios y valores, a los cuales adherimos, que hacen valer la libertad del causante.Ellos son la honestida d, la libre decisión, la utilidad y el respeto al orden público, obviamente interpretado este último de manera diferente al que se entiende en nuestro derecho sucesorio actual.

Pero entre todos ellos destacamos como principales el derecho a la libertad y sumamos el derecho a la propiedad, ambos de raigambre constitucional. El resguardo de estos derechos no debe interpretarse necesariamente como una desprotección a la unidad familiar. Resulta irrazonable dar por sentado que para protegerla deben destinársele 2/3 del patrimonio del causante.

La evolución social exige una nueva concepción del derecho sucesorio, con miras a una actualización acorde a nuestros tiempos y a las situaciones emergentes que requieren mecanismos diferentes a los utilizados hasta ahora.

El Estado debe actualizar sus normas, adecuarlas a las exigencias sociales y seguir protegiendo una unidad familiar que permita el libre desarrollo individual de sus miembros, sin intervenir en los actos de última voluntad cuando hay un testamento válido.

Consideramos que la intervención del Estado debería respetar sin más la voluntad del causante. Si la sucesión testamentaria es la que prevalece en nuestro país, es necesario que aboguemos por fomentar una cultura del testamento y solo en caso de ausencia del mismo o invalidez, seguir las reglas, orden y porcentajes de la sucesión ab intestato. Deviene imprescindible la existencia de una libertad total al momento de testar.

IV. NUESTRO PENSAMIENTO

Llegados a este punto y asumiendo que aún queda un largo camino por recorrer hasta la eliminación de la legítima testamentaria, cabe preguntarnos: ¿es realmente necesario que el Estado determine a quién transmitir los bienes y derechos pasando por alto la real voluntad del testador?

Recordemos que, en la mayoría de los casos, el patrimonio es fruto del esfuerzo de toda una vida, y en varias ocasiones nos enfrentamos con relaciones familiares complejas.

Utilizando ejemplos coloquiales, encontramos hijos que han sido abandonados por sus padres, o viceversa. Hijos que no se vinculan con sus progenitores y llegado el momento de abrir el proceso sucesorio, todos hacen valer sus derechos.En esos casos, ¿quién alega una causal de indignidad?

También suele suceder que uno de los hijos tiene la posibilidad de acceder a estudios universitarios fuera de su ciudad natal, se convierte en profesional y pierde contacto con su familia inmediata, mientras que el otro decide quedarse con sus padres, resignando su vida personal hasta el fallecimiento de los mismos. O una persona que opta por vivir con algún hermano o con alguno de sus tíos (dando por sentado que hay herederos legitimarios) y al momento de fallecer, si no hay testamento que les designe la porción disponible, no obtienen nada.

Entonces nos preguntamos: en el primer caso ¿es justo que hereden por igual?, y en el segundo ¿es justo que aquel que estuvo toda su vida sin tener contacto con sus ascendientes y/o descendientes, no se le permita designar como único heredero a quien estuvo toda la vida a su lado?

Es que en los ejemplos utilizados, ni siquiera existe opción de realizar la mejora dispuesta en el artículo 2448 de nuestro Código Civil y Comercial. En el primero porque ese hijo que decidió quedarse no tiene una discapacidad y en el segundo, por la sencilla razón de no estar contemplado. Cabe aclarar que consideramos insuficiente la redacción de este artículo, temática que será abordada en los próximos párrafos.

El artículo en cuestión dispone: «Mejora a favor de heredero con discapacidad: El causante puede disponer, por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, de un tercio de las porciones legítimas para aplicarlas como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad.A estos efectos, se considera persona con discapacidad, a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral».

Nuestro lector podrá observar que se encuentra influenciado de principio a fin por la solidaridad familiar, por un punto de vista totalmente asistencialista para aquel que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, pero ¿solamente quien presenta una discapacidad se encuentra en estado de vulnerabilidad?

Y nos volvemos a preguntar: si el fundamento de la mejora es la «solidaridad familiar» y, teniendo en cuenta que nuestro derecho de familia pasó a llamarse «Derecho de las Familias» -en plural- y, considerando que ya no estamos en el siglo XVIII, ¿por qué no se concede la posibilidad de mejorar a quien el testador desee independientemente de la discapacidad?

Entendemos que tanto la insuficiencia del artículo como la contradicción a los fundamentos de su redacción, surgen evidentes. Todas las razones expuestas justifican sobradamente la necesidad de un cambio de paradigma y la supresión de la legítima, aunque ello implique una reforma de carácter estructural.

Hace muchos años que sostenemos esta teoría, pero atendiendo al ritmo lento de las modificaciones del Código Civil y Comercial de la Nación y, reiteramos, al largo camino que aún le queda por recorrer antes de una erradicación formal del sistema de legítimas, en el mientras tanto deben reconsiderarse algunos aspectos puntuales que permitan acometer una transformación de la normativa sucesoria.

En síntesis, es necesario reformular el concepto de solidaridad familiar. Atender la redacción del artículo 2448, promover la cultura del testamento y seguir ampliando la porción disponible hasta proponer, en forma categórica, la desaparición del instituto en crisis y quedar la intervención estatal circunscripta solamente a la sucesión ab intestato.

V.CONCLUSIÓN

El objetivo de nuestro análisis ha sido fundamentar por qué estamos en desacuerdo con el sistema de legítimas hereditarias, por qué debe suprimirse y por qué el Estado solo debe intervenir cuando el de cuius no haya expresado formalmente su voluntad. Quedará en nuestros amables lectores juzgar si hemos logrado nuestro cometido.

Teniendo a la vista todo lo antes expuesto podemos presentar las siguientes conclusiones:

i) Nuestro Código Civil y Comercial pregona la autonomía de la voluntad del sujeto en los actos jurídicos y la legítima hereditaria no hace más que retacear cualquier ejercicio de la misma.

ii) La libertad o la limitación para disponer de los bienes mortis causa siempre ha generado polémicas.

iii) Los fundamentos en favor del mantenimiento del sistema de legítimas como tal, están basados en la solidaridad familiar y la protección de la familia.

iv) Sostenemos que debe existir una amplia libertad para testar y disponer de los bienes y derechos, fundando nuestra teoría en el derecho a la libertad y a la propiedad, ambos de raigambre constitucional. No debe concebirse al resguardo de estos derechos como una desprotección a la unidad familiar.

v) Como sociedad hemos dedicado demasiado tiempo pensando cómo evitar que un heredero no se quede sin su cuota parte, en vez de atender el real deseo de quien obtuvo aquellos bienes y derechos de los cuales no puede disponer con total libertad en vida ni como acto de última voluntad.

vi) En el siglo XXI la familia ya no queda circunscripta al modelo de antaño. Ya no hablamos de un hogar de economía netamente agrícola y artesanal. Debemos tener en cuenta los profundos cambios sociológicos, políticos, culturales, económicos y jurídicos que se han producido desde la época codificadora.La sociedad evolucionó y es justamente por ello que el derecho también se halla en la obligación de hacerlo.

vii) Sostenemos esta teoría reformista, y atendiendo al ritmo lento de las modificaciones del Código Civil y Comercial de la Nación y al largo camino que aún le queda por recorrer antes de una erradicación formal del sistema de legítimas, consideramos que en el mientras tanto debieran reconsiderarse algunos aspectos puntuales que permitan acometer una transformación de su normativa sucesoria.

viii) La intervención del Estado debe circunscribirse al respeto de la voluntad del causante. Si la sucesión testamentaria es la que prevalece en nuestro país, debemos abogar por fomentar una cultura del testamento y solo en caso de ausencia del mismo o invalidez, seguir las reglas, orden y porcentajes de la sucesión ab intestato.

ix) En síntesis: debe existir libertad total al momento de testar.

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(1) Como suele decir en sus clases el Dr. Sobrino, Waldo Augusto. Profesor de grado y posgrado de la UBA.

(2) A modo de ejemplo: una donación puede resultar pasible de una acción de colación si atenta contra la legítima.

(3) «BICHARA, Eduardo Pedro s/SUCESION AB INTESTATO s/CASACION» (Expte. N° 29988/18-STJ-)». Provincia de Rio Negro.

(4) «Derecho y neurociencias. El futuro que ya empezó hace décadas. Un elogio al oxímoron jurídico» por FERNANDO SHINA. 19 de Septiembre de 2019. http://www.saij.gob.ar. Id SAIJ: DACF190158.

(5) BORDA, Guillermo A.: Tratado de Derecho Civil – Sucesiones- Tomo II, LexisNexis-Abeledo-Perrot, Buenos Aires 2003, pág.78.

(6) Dr. Maffía, Jorge Osvaldo.

(7) Novelas 18 y 115.

(8) Fornieles, Salvador: Tratado de las Sucesiones, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires 1958, pág. 98

(*) Abogada, Universidad Nacional del Comahue, Río Negro. Especialización en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente, UBA, (En curso). Diplomado en Compliance, Ética Corporativa y Dirección de Procesos de Integridad, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Mendoza, (En curso). Diplomado Internacional en Innovación y Relaciones Laborales Internacionales, Universidad del Caribe, Panamá.

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