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#Fallos Deducciones impositivas: No se admite deducir del impuesto a las ganancias los conceptos devengados de la obtención de fondos provenientes de la emisión y colocación de obligaciones negociables en los términos de la Ley 23.576

Partes: INC S.A. (TF 24.746 – I) c/ DGI s/

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 15-jul-2021

Cita: MJ-JU-M-133424-AR | MJJ133424 | MJJ133424

Es inadmisible deducir del impuesto a las ganancias los conceptos devengados con motivo de la obtención de los fondos provenientes de la emisión y colocación de las obligaciones negociables en los términos de la Ley 23.576 si las sumas no fueron destinadas a refinanciar pasivos afectados al desarrollo de actividades productivas.

Sumario:

1.-Es inadmisible deducir del impuesto a las ganancias los conceptos devengados con motivo de la obtención de los fondos provenientes de la emisión y colocación de las obligaciones negociables en los términos de la Ley 23.576, pues ha quedado acreditado que tales sumas no fueron destinadas a refinanciar pasivos afectados al desarrollo de actividades productivas, sino a cancelar el precio de compra de las acciones de una sociedad a su anterior dueño

2.-El art. 37 de la Ley 23.576, modificado por la Ley 23.962, admite la deducción de los intereses, actualizaciones, gastos y descuentos de emisión y colocación devengados por la obtención de los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables que cuenten con la autorización de la Comisión Nacional de Valores para su oferta pública, en la medida en que tales fondos sean aplicados al financiamiento de actividades productivas de la empresa emisora.

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3.-La deducción de los intereses y gastos practicada por la actora resulta improcedente según lo establecido en los arts. 17 , 80 y 81, inc. a , de la Ley del impuesto a las ganancias si el endeudamiento incurrido no tuvo por finalidad llevar a cabo operaciones dentro del giro comercial consistentes en generar ganancias gravadas a través de la explotación de supermercados, ni la de mantener o conservar su fuente, sino la de abonar el precio de compra de las acciones de una sociedad a su anterior dueño.

4.-Surge claramente de lo establecido en los arts. 17, 80 y 81, inc. a, de la Ley de impuesto a las ganancias que los gastos cuya deducción admite la ley en todos los casos, y con independencia del concepto de ganancia que se aplique a los sujetos del impuesto para determinar el gravamen respectivo, según la teoría de la ‘fuente’ o según la teoría del ‘balance’ son aquellas erogaciones dirigidas a la obtención de ganancias gravadas o al mantenimiento o conservación de su fuente.

5.-La aplicación del ‘principio de afectación patrimonial’ en materia de deducción de gastos que surge del inc. a del art. 81 la Ley del impuesto a las ganancias no queda limitada a las personas físicas y sucesiones indivisas -que tributan según la teoría de la ‘fuente’, es decir, sobre aquellos rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación-, sino que también se aplica a los sujetos ‘de la tercera categoría’ o ‘empresa’ -que tributan según la teoría del ‘balance’, es decir, sobre todos los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos obtenidos, cumplan o no el requisito de ‘habitualidad’ que implique la permanencia de la fuente y su habilitación-, los que, en consecuencia, no se encuentran autorizados para deducir sus gastos en forma promiscua según lo propone la tesis de la ‘universalidad del pasivo’

Fallo:

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 15 de Julio de 2021

Vistos los autos: «INC SA (TF 24.746 . I) c/ DGI»

Considerando:

1o) Que la Administración Federal de Ingresos Públicos -Dirección General Impositiva- determino de oficio la obligación tributaria de Supermercados Norte S.A. (antes Supermarkets Acquisition S.A., hoy INC S.A.) en el impuesto a las ganancias correspondiente a los periodos fiscales 1998 y 1999, ajusto los quebrantos declarados en 2000 y 2001, liquido intereses resarcitorios y aplico multa en los términos del art. 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) por el periodo fiscal 1999 (confr. resolución del 15 de diciembre de 2004, fs. 82/102).

2o) Que la posición del Fisco Nacional se fundó en considerar que la empresa había deducido improcedentemente intereses y gastos originados en la emisión de obligaciones negociables, en los términos de la ley 23.576 -con las modificaciones introducidas por la ley 23.962-, pues según el criterio del organismo recaudador la operación no se encontraba destinada a obtener, mantener y conservar ganancias gravadas. Para ello tuvo en cuenta que los fondos obtenidos mediante la colocación de los referidos títulos habian sido aplicados a la refinanciación de la deuda que la empresa había contraído previamente para cancelar el precio de compra de la totalidad del paquete accionario de Compañía Americana de Supermercados S.A. (CADESA).

La actora apelo la citada resolución ante el Tribunal Fiscal de la Nación (conf. fs. 112/143; y escrito de contestación de agravios a fs. 153/164).

3o) Que el mencionado tribunal (a fs. 286/288 vta.) revoco el ajuste efectuado por la AFIP. Para asi decidir considero, en síntesis, que la deducción de los conceptos impugnados era correcta, pues de la escritura que formalizo la fusión por absorción de CADESA por parte de Supermercados Norte S.A.surgía que el objeto social de esta última incluía las actividades financieras y de inversión, «entre las que están la emisión de obligaciones negociables» (fs. 288).

Asimismo, señalo que la ley 23.576 había creado un régimen tributario especial que prevalece sobre la ley del impuesto a las ganancias, por cuanto el art. 37 de aquella establece que la entidad emisora puede deducir la totalidad de los intereses en cada ejercicio en el tributo mencionado, en la medida en que se trate de obligaciones negociables colocadas mediante oferta publica con autorización de la Comisión Nacional de Valores. En otro orden de consideraciones, el Tribunal Fiscal preciso que en el art. 81, inc. a, de la ley de impuesto a las ganancias, el legislador matizo «el principio de pertenencia de la deuda con relación a las personas físicas y sucesión[es] indivisas, mientras que en las personas jurídicas parece haber prescindido de ello, existiendo solamente limitaciones en base a proporciones al monto del pasivo y del patrimonio neto» (fs. 288 vta.).

Contra dicha sentencia interpusieron sendos recursos de apelación la actora (exclusivamente en lo atinente a la imposición de costas, a fs. 290) y la demandada (fs. 294).

4o) Que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmo, por mayoría, la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación (fs. 361/364 vta.). Para resolver de ese modo sostuvo que la AFIP, en su escrito de expresión de agravios, reiteraba argumentos expuestos previamente ante el Tribunal Fiscal, sin hacerse cargo del tratamiento que el referido organismo jurisdiccional le había asignado al asunto sub examine, en particular, en lo atinente a la circunstancia de que el objeto social de la empresa comprendía las actividades financieras y de inversión, por lo que adquiría relevancia en el caso el régimen tributario especifico de la ley 23.576.En tal inteligencia, sostuvo que se tornaba innecesario el análisis efectuado por el organismo recaudador respecto a que los intereses en cuestión no eran deducibles por no tratarse de gastos necesarios a efectos de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas en los términos de los arts. 80 y 81 de la ley del tributo.

5o) Que, contra tal sentencia, el Fisco Nacional dedujo recursos ordinario y extraordinario de apelación. El primero fue declarado mal concedido por esta Corte, por entender que no estaba acreditado el requisito de la sustancia económica del agravio que supeditaba la procedencia de dicho recurso (fs. 469/471). Posteriormente la cámara, mediante el auto de fs. 478/478 vta., concedió el remedio federal. El recurso extraordinario obra a fs. 378/392 y su contestación por la actora a fs. 395/413 vta.

6o) Que el recurso planteado es formalmente admisible porque en autos se encuentra en disputa la inteligencia de normas de carácter federal, como lo son las de la ley del impuesto a las ganancias y las relativas al mencionado tributo incluidas en la ley de obligaciones negociables. También se han invocado causales de arbitrariedad que son inescindibles de los temas federales en discusión y deben ser tratadas conjuntamente (Fallos: 323:1625, entre muchos otros).

7o) Que el art. 17 de la ley del mencionado impuesto (t.o. en 1997 y sus modificaciones) prevé que para establecer la ganancia neta «se restaran de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga»

Por su parte, en concordancia con el concepto que surge de la norma transcripta, el art. 80 del referido ordenamiento legal, al fijar el criterio general en materia de deducciones, establece que «[l]os gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en ella, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restaran de las ganancias producidas por la fuente que las origina»(confr.primer párrafo, primera parte).

Después, al enunciar las deducciones admitidas, el inc. a, del art. 81 dispone que «[d]e la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá[n] deducir: a) [l]os intereses de deudas, sus respectivas actualizaciones y los gastos originados por la constitución, renovación y cancelacion de las mismas» A continuación, el segundo párrafo especifica que «[e]n el caso de personas físicas y sucesiones indivisas la relación de causalidad que dispone el artículo 80 se establecerá de acuerdo con el principio de afectación patrimonial», en virtud de lo cual «solo resultaran deducibles los conceptos a que se refiere el párrafo anterior, cuando pueda demostrarse que los mismos se originen en deudas contraídas por la adquisición de bienes o servicios que se afecten a la obtención, mantenimiento o conservación de ganancias gravadas».

En este punto es pertinente aclarar que, contrariamente a la conclusión a la que se llega en la sentencia del Tribunal Fiscal -confirmada por el a quo, y que se reseña en el considerando 3o in fine de la presente la aplicación del citado «principio de pertenencia «o «principio de afectación patrimonial «en materia de deducción de gastos que surge del inc. a del art.81 no queda limitada a las personas físicas y sucesiones indivisas .que tributan según la teoría de la «fuente», es decir, sobre aquellos rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación., sino que también se aplica a los sujetos «de la tercera categoría «empresa» que tributan según la teoría del «balance», es decir, sobre todos los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos obtenidos, cumplan o no el requisito de «habitualidad» que implique la permanencia de la fuente y su habilitación., los que, en consecuencia, no se encuentran autorizados para deducir sus gastos en forma promiscua según lo propone la tesis de la «universalidad del pasivo».

En efecto, la referida norma fue introducida en la ley del impuesto -en el inc. a, del art. 74 del ordenamiento entonces vigente, antecedente originario del actual inc. a, del art. 81- por la ley 23.260. Surge del mensaje del Poder Ejecutivo que acompaño el respectivo proyecto que la incorporación expresa del principio de «afectación patrimonial» se circunscribió al caso de la «imposición personal» o a «los contribuyentes del impuesto personal» -en la terminología empleada por el citado mensaje- en la inteligencia de que respecto de estos -es decir, de las personas físicas y sucesiones indivisas- la regulación del impuesto entonces vigente «no exige relación de causalidad con las rentas gravadas» para la deducción de los intereses de deudas. En el referido informe se entendió que tal situación en muchos casos representaba «verdaderas desgravaciones», lo cual constituía una «excesiva liberalidad», que carecía de «justificación técnica» y que no estaba respaldada «por consideraciones de carácter económico o social», por lo cual se propuso restringir esa posibilidad (confr. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, año 1985, 27a reunión – 4 de septiembre de 1985, pag.4178).

En tales condiciones -y al margen del acierto o del error de la consideración del aludido mensaje en cuanto a que las normas del tributo entonces vigentes permitieran a las personas físicas y sucesiones indivisas deducir los intereses con la referida amplitud- lo cierto es que la norma introducida por la ley 23.260, dirigida a la mencionada categoría de sujetos del impuesto, tuvo como inequívoco propósito el de hacer explicita respecto de ellos la aplicación de la «relación de causalidad» que surge del art. 80 -como regla general para que sea admisible la deducción de intereses- estableciendo que se lo haría, específicamente para tales sujetos, «de acuerdo con el principio de afectación patrimonial»; es decir, mediante la demostración de que las erogaciones en cuestión se originan en deudas contraídas por la concreta adqu isición de bienes o servicios afectados al fin aludido. En consecuencia, carece de todo sustento afirmar que la norma reseñada -el inciso a del art. 81- haya derogado o alterado el principio general de deducción mencionado en el art. 80 para los «sujetos empresa».

La inteligencia expuesta es la que mejor se concilia con el principio -reiteradamente mencionado por el Tribunal- según el cual el alcance de las leyes impositivas debe determinarse computando la totalidad de las normas que las integran, para que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con las reglas de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 295:755; 302:661; y 307:871, entre otros).

8o) Que de las normas transcriptas, y de una consideración sistémica de la regulación del impuesto, se extrae como conclusión que los gastos cuya deducción admite la ley -en todos los casos, y con independencia del concepto de ganancia que se aplique a los sujetos del impuesto para determinar el gravamen respectivo, según la teoría de la «fuente» o según la teoría del «balance»- son aquellas erogaciones dirigidas a la obtención de ganancias gravadas o al mantenimiento o conservación de su fuente.Asi resulta claramente de lo establecido en los arts. 17, 80 y 81, inc. a, de la ley del tributo.

9o) Que, sentado lo que antecede, corresponde dejar establecido que esta Corte no comparte el criterio expresado en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal en cuanto alli se sostiene que no cabe concluir que la operación realizada pueda considerarse ajena al giro comercial de la actora y que, en consecuencia, los gastos que ella irrogo -los intereses devengados por el pasivo asumido para realizarla- no puedan ser deducidos en el balance fiscal de la firma, por lo que resultarían inatendibles los argumentos del Fisco en cuanto a que los referidos gastos no poseen la vinculación necesaria con la fuente productora de beneficios, o bien que los ingresos obtenidos como consecuencia de tales pasivos no fueron volcados al capital de trabajo o a actividades generadoras de beneficios gravados (confr. dictamen cit., acápite V, pagos. 6 in fine y 7).

En efecto, tal como surge de las constancias documentales incorporadas a la causa, Supermarkets Acquisition S.A. fue constituida el 12 de septiembre de 1996 con el objeto exclusivo de llevar a cabo actividades de inversión. Su principal accionista era una sociedad constituida en las Islas Cayman controlada indirectamente por The Exxel Group III (Cayman Islands) Inc., otra entidad societaria constituida en la referida jurisdicción (conf. fs. 10/19). El 27 de noviembre de 1996 Supermarkets Acquisition S.A. aprobó sendos contratos de préstamo por valor de u$s 84.000.000 y u$s 125.000.000 para abonar el precio de compra de la totalidad de las acciones de CADESA e inmediatamente después -el 29 de noviembre de 1996- resolvió emitir obligaciones negociables por un importe de hasta u$s 150.000.000 -que el 25 de enero de 1997 amplio hasta la suma de u$s 220.000.000- a fin de cancelar los prestamos mencionados (conf. act. adm., «Prestamo puente . Convenio de credito bancario . III/III», fs. 473 y 524/525). Posteriormente Supermarkets Acquisition S.A.absorbió a CADESA, sociedad con la que se fusiono a partir del 30 de junio de 1997, cambio su denominación social por la de Supermercados Norte S.A. y adapto su objeto social a las actividades que venía desarrollando CADESA. A este último efecto se reformo el estatuto social de Supermercados Norte S.A. a fin de que la empresa pudiera realizar las siguientes actividades: a) desarrollos comerciales de consumo masivo, b) industriales, c) comerciales, d) inmobiliarias y e) financieras y de inversión (conf. fs. 30/37 y 38/79).

10) Que, con tal comprensión, corresponde concluir que la deducción de los intereses y gastos practicada por la actora resulta improcedente según lo establecido en los arts. 17, 80 y 81, inc. a, de la ley del impuesto a las ganancias, por cuanto la compra del paquete accionario de CADESA no integro el conjunto de operaciones o negocios (confr. vocablo ergio, 5a acepción, versión electrónica de la 23a edición del «Diccionario de la lengua española», D.L.E. 23.2: actualización, diciembre 2018) generador de ganancias desarrollado por Supermercados Norte S.A. Al respecto cabe hacer notar que dos meses después de su constitución, Supermarkets Acquisition S.A. adquirió la totalidad de las acciones de la empresa CADESA, con la que se fusiono siete meses después para continuar las actividades de esta última, principalmente, la venta minorista de artículos de consumo a través del sistema de supermercados. A ello cabe agregar que la actora no alego ni acredito haber realizado otras actividades distintas de la señalada precedentemente durante el periodo examinado en autos. En consecuencia, cabe concluir que el endeudamiento incurrido por Supermarkets Acquisition S.A.no tuvo por finalidad llevar a cabo operaciones dentro del giro comercial efectivamente desplegado por Supermercados Norte S.A., consistentes en generar ganancias gravadas a través de la explotación de supermercados, ni la de mantener o conservar su fuente, sino la de abonar el precio de compra de las acciones de CADESA a su anterior dueño.

11) Que a ello corresponde agregar que la pretensión de la empresa actora tampoco resulta viable bajo la ley de obligaciones negociables pues, tal como se expone a continuación, y contrariamente a lo expresado en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, la deducción efectuada no se ajusta a las disposiciones del citado régimen legal, en razón de que el destino de los fondos obtenidos mediante el mecanismo de financiamiento alli contemplado se aparta de los fines tenidos en cuenta por el legislador al momento de su sanción.

12) Que, en efecto, el art. 36 de la ley 23.576, modificada por la ley 23.962, establece que las obligaciones negociables alli previstas serán: «objeto del tratamiento impositivo establecido a continuacion siempre que se cumplan las siguientes condiciones y obligaciones:

1. Se trate de emisiones de obligaciones negociables que sean colocadas por oferta publica, contando para ello con la respectiva autorización de la Comisión Nacional de Valores.

2. La emisora garantice la aplicación de los fondos a obtener mediante la colocación de las obligaciones negociables, a inversiones en activos físicos situados en el pais, integración de capital de trabajo en el pais o refinanciación de pasivos, a la integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la sociedad emisora cuyo producido se aplique exclusivamente a los destinos antes especificados, según se haya establecido en la resolución que disponga la emisión, y dado a conocer al público inversor a través del prospecto»

A continuación, y luego de la enumeración de las exenciones impositivas que consagra el art. 36 bis de la citada ley, el primer párrafo de su art.37, sustituido por la ley 23.962, establece que:

«[l]a entidad emisora podrá deducir en el impuesto a las ganancias en cada ejercicio la totalidad de intereses y actualizaciones devengados por la obtención de los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables que cuenten con la autorización de la Comisión Nacional de Valores para su oferta publica»

Y agrega que:

«serán deducibles los gastos y descuentos de emisión y colocación»

13) Que expuesto lo que antecede, corresponde puntualizar que, concordemente con la finalidad de los gastos cuya deducción admite la ley del impuesto a las ganancias, según resulta de lo expuesto en los considerandos 7o y 8o de este pronunciamiento, las ventajas impositivas que consagra el régimen de la ley 23.576 tienen por objeto facilitar la obtención de fondos del mercado de capitales para destinarlos exclusivamente al financiamiento de actividades productivas por parte de las empresas privadas. El mencionado propósito surge de la lectura del informe de las comisiones de Finanzas, de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General de la Honorable Cámara de Diputados que, en oportunidad de analizar el mensaje y el proyecto de la ley 23.576, pusieron de relieve que el esquema de financiamiento mencionado configuraba para los ahorristas un instrumento de renta fija «que ofrece además la alternativa de mayores ganancias en cuanto la performance de las acciones de la sociedad emisora se incremente por la mejor estructura de capital que esta consiga y [por] el rendimiento de los proyectos o actividades a los que se destina el producido del empréstito» En el mismo sentido se señalo que la implementación legal del citado mecanismo importaba dar «un paso esencial para la recreación del mercado de capitales sobre bases solidas y estables, posibilitando la orientación de ahorro genuino hacia actividades productivas» (conf. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, año 1987, 38a reunión 18 de noviembre de 1987, pagos.4119/4120). Durante el debate parlamentario dicho objetivo fue puesto de relieve incluso por legisladores de otros sectores políticos, que apoyaron la iniciativa oficial. Asi, el diputado Matzkin expreso que la finalidad del proyecto de ley era «otorgar a la empresa privada un instrumento mas para ver si la podemos enmarcar en la patria productiva, sacandola de la patria financiera en la que hoy se desenvuelven innumerables actividades» (idem, 39a reunión . 26 de noviembre de 1987, pag. 4155). De igual modo se pronunció el diputado Lamberto, quien sostuvo que «[e]ste Parlamento debe procurar que por medio de esta norma se capte ahorro nacional para financiar el desarrollo de empresas argentinas, pero a la vez debe ser implacable cuando ese ahorro se utilice para otros fines» (idem, pag. 4157).

Posteriormente, la ley 23.962 mejoro los beneficios impositivos contemplados en la ley 23.576 a fin de «producir un vigoroso crecimiento del mercado de títulos para sostener el financiamiento no inflacionario del crecimiento de la producción» En lo que resulta de interés para la solucion de la causa, se eliminaron los «límites a las deducciones de intereses, actualizaciones, gastos y descuentos de emisión y colocación» -establecidos originalmente en el primer párrafo del art. 37 de la ley 23.576 en «un importe mayor del que surja de aplicar sobre el monto de los títulos emitidos, una actualización equivalente a la variación del índice de precios al por mayor, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, con más el interés del ocho por ciento (8 %) anual»- y se habilito la posibilidad de deducir en cada ejercicio la totalidad de los referidos intereses, actualizaciones, gastos y descuentos de emisión y colocación (confr. Informe de las Comisiones de Economía, de Legislación General, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación sobre el proyecto de la ley 23.962, en:Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, año 1991, 6a reunión . 22 de mayo de 1991, pagos. 431, 432, 433). La finalidad de la reforma estuvo orientada a «repatriar capitales argentinos en el exterior» y a «financiar las inversiones productivas, aumentando el producto bruto interno y, por ende, la base imponible de las empresas» (conf. exposicion del miembro informante del proyecto de ley diputado Domínguez, idem, pag. 446). En idéntico sentido el diputado Baglini señalo que con la reforma se pretendía que «las empresas cuenten con un título en condiciones de competir con los títulos públicos para conseguir financiamiento reproductivo, es decir, un financiamiento dirigido no hacia una actividad especulativa sino hacia una actividad productiva» (Idem, pag. 452. El subrayado, en todos los casos, es del Tribunal).

14) Que cabe recordar que, en materia de interpretación de las leyes impositivas, el art. 1o de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) dispone que se debe atender al fin con el que han sido dictadas, criterio de hermenéutica que, con el alcance más amplio, ha sido reiterado por esta Corte al señalar que es misión del interprete indagar el verdadero sentido y alcance de la ley, mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la realidad del precepto y la voluntad del legislador, pues, cualquiera que sea la índole de la norma, no hay método de interpretación mejor que el que tiene primordialmente en cuenta la finalidad de aquella (confr. Fallos: 308:215, considerando 9o y su cita, entre otros).

15) Que de acuerdo con tales pautas, cabe concluir que el art.37 de la ley 23.576, modificado por la ley 23.962, admite la deducción de la totalidad de los intereses, actualizaciones, gastos y descuentos de emisión y colocación devengados por la obtención de los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables que cuenten con la autorización de la Comisión Nacional de Valores para su oferta publica, en la medida en que tales fondos sean aplicados al financiamiento de actividades productivas de la empresa emisora.

16) Que, en esa inteligencia de la citada norma, corresponde concluir que resulta inadmisible la deducción practicada por la actora de los conceptos devengados con motivo de la obtención de los fondos provenientes de la emisión y colocación de las obligaciones negociables sub examine, pues tal como surge de lo expuesto precedentemente tales sumas no fueron destinadas a refinanciar pasivos afectados al desarrollo de actividades productivas de Supermercados Norte S.A., sino a cancelar el precio de compra de las acciones de CADESA a su anterior dueño.

En efecto, como fue relatado en los considerandos 9o y 10 de la presente, la sociedad Supermarkets Acquisition S.A. -dedicada exclusivamente a realizar actividades de inversión- obtuvo los préstamos bancarios para efectuar aquella compra y cancelo ese pasivo mediante la emisión de las obligaciones negociables meses antes de tomar las siguientes decisiones: disponer la fusión por absorción con CADESA; cambiar la denominación social por la de Supermercados Norte S.A. y reformar su estatuto social para adaptar el objeto a las actividades que venía desarrollando la sociedad absorbida, esto es, la instalación y explotación de supermercados, hipermercados y actividades afines, que constituye la fuente de las ganancias respecto de las cuales se pretende la deducción de los gastos impugnados.

Consecuentemente, la aplicación de dichos fondos no cumple la finalidad necesaria de financiar actividades productivas de Supermercados Norte S.A. que esa entidad debe considerar a los fines de la deducción valida de los mencionados intereses y gastos de la base imponible del impuesto a las ganancias, en los términos de la ley 23.576, modificada por la ley 23.962.

Por ello, y habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Con costas de todas las instancias a la vencida (arts. 68 y 279 del Código Procesal y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase.

Firmado Digitalmente por HIGHTON Elena Inés – Firmado Digitalmente por MAQUEDA Juan Carlos – Firmado Digitalmente por ROSATTI Horacio Daniel

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