fbpx

#Doctrina Rol del padre inocente ante denuncias de violencia y medidas de restricción hacia los hijos

Autor: Aiello de Almeida, M. Alba

Fecha: 6-ago-2021

Cita: MJ-DOC-16107-AR | MJD16107

Sumario:

I. Resumen. II. Derechos de la mujer. III. III. ¿Medida cautelar o medida autosatisfactiva?. IV. ¿Y el interés de los niños?. V. Padre inocente.VI. Necesaria intervención judicial.

Doctrina:

Por M. Alba Aiello de Almeida (*)

I. RESUMEN

El objetivo de este trabajo consiste en analizar la situación que se plantea ante la reiteración de denuncias falsas de violencia familiar, ya física o psíquica, que restringen el derecho de los niños de comunicarse con su progenitor y cercenan el derecho-deber de éste de mantener contacto con sus hijos. A partir del análisis, generamos propuestas para que la intervención judicial sea más activa y promueva acciones que eviten tales vulneraciones.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

II. DERECHOS DE LA MUJER

Si bien algunos colocan en el año 1789 el comienzo de la liberación femenina, al participar las mujeres en la Revolución Francesa junto con los hombres en la reivindicación de derechos, ha pasado mucho tiempo más hasta que en 1963 la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitara a la Comisión de los derechos de la mujer que elaborara una declaración sobre la eliminación de la discriminación contra ésta, la cual fue aprobada por la Asamblea en 1967.

La liberación femenina consiste en un movimiento social que tiene por objeto la eliminación de prejuicios y limitaciones que la sociedad ha impuesto a la mujer, para que ella pueda gozar de iguales derechos que el varón, con total libertad y sin ser sometida a discriminaciones.

En nuestro país, a más de múltiples avances en tal sentido y en el reconocimiento de derechos expresos, se ha dictado la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.En especial se ha puesto el acento en la violencia física y psicológica.

La ley define la violencia contra las mujeres como toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.

Hasta aquí podemos hablar de un logro que la sociedad debe aplaudir, pues siendo los seres humanos intrínsecamente iguales en dignidad, sean del sexo que fueren, es un deber de justicia respetar esa igualdad en todos los órdenes de la vida y, por ende, la paridad en el acceso a todos los derechos inherentes al ser humano.

En este caso, las mujeres se han hecho oír y han obtenido declaraciones y leyes que respaldan su derecho a la igualdad.

Es innegable que «los movimientos sociales constituyen nuevos fenómenos de participación y representan una corriente de aire fresco que bien puede tonificar las conciencias e impulsar la renovación social» (1).

Sin embargo, estamos viendo que, como ocurre muchas veces con las reivindicaciones contenidas durante largos períodos de tiempo, una vez que estallan y se instalan con alcances de conquista social, corren el riesgo de avasallar y atropellar los derechos de quienes habían protagonizado hasta entonces el rol del más fuerte, del victimario, provocando así una nueva desigualdad a la inversa.

¿Por qué afirmamos esto?Pues porque estamos viendo con cierta preocupación que, en aras de la protección tan necesaria de la mujer, con el fin de evitar que sea víctima de violencia de cualquier tipo, se está condenando a los hombres a una suerte de desprotección sin límites y a un cercenamiento de derechos elementales que les competen como personas y, muchas veces como padres.

Y nuestra preocupación es aún mayor, cuando advertimos que, como consecuencia directa de ese cercenamiento de derechos de los padres, se vulneran los derechos de los hijos menores.

Esta realidad es la que nos interesa analizar en este espacio, pues debe haber una forma razonable, equilibrada y justa de proteger a la mujer sin avasallar los derechos de aquellas personas que por ser varones son señalados como culpables de violencia aun siendo inocentes; sin olvidar que cuando son padres, también se avasalla el derecho de sus hijos.

Hoy nos enfrentamos ante una realidad que ni jueces ni fiscales niegan. Cuando una mujer realiza una denuncia por supuesta violencia familiar, esa sola manifestación es válida para que se adopten medidas de restricción de contacto y, consiguientemente, se involucre a los niños en ella.

Es cierto que, ante la incertidumbre y la posibilidad que la denuncia sea verdadera, nadie se anima a correr el riesgo de ser responsable de males mayores por no haber adoptado ninguna medida restrictiva.

En tales supuestos, aunque la denuncia no haya sido verídica, podríamos admitir cierta dosis de injusticia residual, en protección o para evitar un mal mayor.

No obstante ello, cuando en una misma relación y generalmente en un mismo expediente judicial, se suceden las denuncias por supuestos actos de violencia que nunca son probados y se extienden las restricciones de contacto a los niños, quienes dejan de ver a su padre por meses y aún años, cabe preguntarse por qué la actitud de jueces y defensores de menores se vuelve mecánica, irreflexiva y, hasta indiferente.

III.¿MEDIDA CAUTELAR O MEDIDA AUTOSATISFACTIVA?

Cabe también interrogarse si las continuas medidas de restricción pedidas por una mujer denunciante de violencia, las cuales se extienden a los hijos menores, son medidas cautelares o, en realidad, actúan como medidas de carácter autosatisfactivo.

¿Por qué digo esto? Porque en general, vencido el plazo de la medida de restricción decretada, nada se hace en relación a ella ni a los hechos que supuestamente la habrían motivado. Esto indicaría que la medida se agota en sí misma.

Sin embargo, no podemos olvidar que para que procedan las medidas autosatisfactivas se requiere una fuerte verosimilitud del derecho con grado de certidumbre acreditada al inicio de la acción, es decir que el interés tutelable debe ser manifiesto.

Y esto no se exige a la mujer denunciante en casi ningún caso.

Recordemos que nos estamos refiriendo a las falsas denuncias y no a aquellas que tienen fundamento en un claro acto de violencia contra la mujer o, eventualmente, los hijos menores. Esa denuncia entonces ¿en qué se basa? En general, en cualquier nimiedad que se le ocurra denunciar en contra del supuesto autor de violencias que es el padre de sus hijos, cuando el interés de los niños de ser protegidos contra presuntos malos tratos del padre, debe sustentarse en la verosimilitud de los hechos invocados.

No se realizan esfuerzos para determinar la verosimilitud de las denuncias de la madre; no existen análisis exhaustivos de los antecedentes del caso; si se comprueba la disfuncionalidad de la pareja eso parecería ser razón suficiente para dictar medidas de restricción que involucran a los hijos menores. El fundamento más fuerte de dichas medidas lo constituye «el relato de la mujer».

Ante ello, sólo queda al denunciado la prueba negativa, la cual resulta de imposible producción. Sin embargo, no se completa el círculo con la exigencia a la denunciante para que pruebe los hechos invocados para obtener la restricción.Por eso sostengo que se ha dado a esas medidas el carácter de medidas autosatisfactivas, pues parecería que se interpreta que ellas se agotan en sí mismas y, sin embargo, no se exige la prueba de la verosimilitud del derecho que caracteriza la condición para el dictado de tales medidas y, al mismo tiempo, se ignora el impacto que producen en los menores.

Mientras la cuestión jurídica sea soslayada se sigue perpetuando la reiteración de denuncias livianas e infundadas, que afectan a padres e hijos menores, sin dar solución a un problema que se está convirtiendo en muy grave en nuestra sociedad.

Los jueces deben analizar la naturaleza jurídica de las medidas que se dictan como consecuencia de una denuncia de violencia y resolver si les darán el tratamiento de medidas autosatisfactivas o de medidas cautelares.

Si optan por lo primero, deberán exigir a la denunciante la acreditación de la verosimilitud del derecho con grado de certeza, de forma tal que al adoptar la medida ésta se agote en sí misma y haga cosa juzgada.

Aunque no podemos olvidar que la llamada medida autosatisfactiva ha sido rechazada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2), argumentando que no es correcto otorgar una medida con carácter definitivo sin respetar el principio de bilateralidad.Falcón afirma que la medida autosatisfactiva es una tutela cautelar anticipada que no se agota con su despacho favorable, sino que el proceso debe continuar hasta la sentencia que ponga fin al conflicto de manera definitiva (3).

Estas conclusiones son fácilmente comprensibles porque admitir lo contrario echaría por tierra los principios del debido proceso.

Si optan por lo segundo, podrán ser más laxos en la acreditación de la verosimilitud del derecho, pero deberán exigir que, una vez adoptada la medida por la urgencia que el caso aparente requiera, la denunciante acredite, aunque sea sumariamente, los hechos invocados en su denuncia.

En la actualidad nada de esto ocurre y esa actitud displicente en cuanto a la naturaleza jurídica de las medidas que se adoptan, permite el juego perverso que instrumentan algunas mujeres que por venganza u otras emociones negativas hacia su ex pareja o hacia el padre de sus hijos, deciden destruirlo por medio de falsas denuncias de violencia, ante las cuales la única e invariable respuesta judicial es dictar medidas de restricción de contacto y, si hay niños, involucrándolos a ellos en las mismas medidas; con lo cual se interrumpe la relación paterno-filial con todos los perjuicios que ello acarrea a las criaturas.

IV. ¿Y EL INTERÉS DE LOS NIÑOS?

Resulta pueril imaginar que dicho interés está cubierto disponiendo medidas de restricción respecto del padre, sobre todo, cuando no se llega a demostrar la veracidad de las denuncias realizadas por la progenitora.

La jurisprudencia es clara al respecto:«Para suprimir el derecho de visitas deben existir causas graves, debidamente acreditadas, que pongan en peligro la salud física o moral de lo s menores, pues se trata de una medida que debe aplicarse restrictivamente, porque importa impedir al padre o a la madre, en su caso, ejercer el contralor sobre la formación y educación de sus hijos, privando, a su vez a éstos, del afecto del progenitor» (4).

Sin embargo, sin esa necesaria acreditación, los jueces imponen sin límite restricciones a la comunicación paterno-filial, cuando estas inciden negativamente en el desarrollo de los niños.

«El ejercicio del régimen de visitas no es sólo un derecho del padre que no ejerce la guarda, sino también un derecho del menor a estar con el progenitor con quien no convive, siendo necesario tal contacto ya que su mejor formación depende en gran medida del mantenimiento de las figuras paterna y materna, en tanto que la falta de una de ellas representa una carencia espiritual de variadas consecuencias» (5).

No sólo los jueces saben esto. Los estudiosos han profundizado en la necesidad de los niños de mantener adecuada comunicación paterna y, por supuesto, tienen derecho a que esa figura no se degrade.

Según el profesor Vitz, cuando la figura paterna está presente «los niños mejoran desde el punto de vista de la actividad cognitiva, presentan menor angustia emocional, son menos propensos a deprimirse y corren menos riesgo de caer en el crimen, las drogas y las bandas delincuentes» (6).

«El efecto de la ausencia de padre en la salud y bienestar de los niños es muy negativo.Diversos estudios muestran cómo la carencia de padre está en la base de la mayoría de los problemas sociales actuales más urgentes, desde la pobreza y la delincuencia, hasta el embarazo de adolescentes, abuso infantil y violencia doméstica» (7).

En la generalidad de los casos de falsas denuncias de violencia, a esa ausencia del padre en esos prolongados y sucesivos lapsos de interrupción de la comunicación, se agrega la devaluación que la madre, que ha denunciado maliciosamente, incorpora de la figura paterna; extremo éste que muchas veces no se tiene en consideración en las decisiones judiciales adoptadas.

«El régimen de visitas o derecho de comunicación previsto en las disposiciones sobre patria potestad se concede para fortalecer las relaciones afectivas y en beneficio de ambos, los progenitores y los niños. Por ello, en principio, los tribunales en sus fallos deben propiciar la comunicación más fluida posible entre éstos, pues es casi redundante recordar que todo niño necesita mantener una estrecha relación con ambos padres para su adecuada y mejor formación. Los dos roles, el materno y el paterno, resultan fundamentales a lo largo de la vida del niño en la estructuración de su identidad. El régimen de visitas debe analizarse desde la perspectiva del niño siguiendo la lógica de la Convención sobre los Derechos del Niño que en su art. 9 inc.3 establece que los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño» (8).

Es muy grave que aún la iniciativa del padre de interesarse por sus hijos, sea calificada por la madre como actitud de hostigamiento, aunque se hubiera cumplido el plazo de la restricción impuesta y ello, justifica una nueva denuncia y su consecuente medida de restricción.

Ya lo señalaba el juez Cárdenas y lo recogen autores como Fabiana Quaini, «Los antecedentes y estadísticas marcan que la misma Justicia aparece como funcional a una perniciosa práctica que en su mayoría no solo producen un vano desgaste jurisdiccional por el que no solo «se gana tiempo», sino que además ya se ha establecido como un artilugio facilista mientras los padres tienen que seguir gratuitamente un ingrato periplo en sede penal» (9).

Esas medidas que resultan funcionales a la perniciosa práctica implementada por la madre de hijos menores que denuncia falsamente al padre, no contribuye a respetar el superior interés de los niños.

V.PADRE INOCENTE

El abuso de las denuncias ha convertido al tema de la violencia familiar en una caza de brujas.

Creemos que en este tema se replica el síndrome del converso, pues toda conversión conlleva un exceso de nueva identificación para borrar la procedencia, como ocurriera en los tiempos de la Santa Inquisición con el inquisidor Torquemada quien se convirtió en uno de los más crueles e intransigentes a la hora de juzgar a los que como él no eran de ascendencia católica.

En la cuestión que atañe a la conquista de las mujeres de sus derechos y libertades, se nota una especie de ensañamiento hacia los varones, como si todos ellos sin excepción, fueran protagonistas de las violencias sufridas otrora.

Esto se replica en los medios de comunicación los cuales, en aras de acompañar la victoria femenina y los logros alcanzados, levantan y sostienen la bandera de que todo varón es sospechoso de comportamientos violentos, por el solo hecho de ser varón. De allí que, cuando una denuncia llega a los estrados de la justicia, se aplica la restricción de contacto respecto de la mujer y de los hijos, sin que pareciera ser necesario investigar nada más.

Y es este círculo perverso el que hay que romper.

Por supuesto que la justicia debe actuar en forma inmediata y eficaz para evitar cualquier desenlace perjudicial, tanto para la mujer como para los niños, cuando existe una amenaza de violencia.Pero, al mismo tiempo, como todos sabemos y los jueces también, que en las rencillas de parejas juegan muchos factores subjetivos y anidan muchos sentimientos encontrados, muchos de ellos negativos, se torna necesario que los magistrados puedan tomar distancia tanto de la revancha del converso, como de la presión de los medios de comunicación y sean capaces de analizar las situaciones con la suficiente objetividad que les permita adoptar aquellas medidas que resguarden a los niños de las consecuencias de las disputas entre sus padres.

Ello debe ser así, dada la obligación que tiene el Estado de velar por la atención y cuidado de los niños y adolescentes. La sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, se ha manifestado de manera contundente en este sentido, incentivando a los jueces a actuar de manera activa y aún oficiosa: «En casos en donde se encuentren involucrados niños, niñas o adolescentes, limitarse a la aplicación rigurosamente técnica de pautas formales llevaría a desentenderse del hecho de hallarnos operando sobre derechos indisponibles. Nótese que la Ley 26.61 los declara irrenunciables, lo que lleva a privilegiar el principio opuesto al dispositivo y, en consecuencia, las facultades de las partes cederán paso a las facultades judiciales. Vale decir, el orden público es el que se impone y, con él, el deber de los jueces de actuar oficiosamente.

Los judicantes no pueden cerrar los ojos ante la realidad y mirar para otro lado cuando se les exhibe una afectación significativa de los derechos de los niños o adolescentes entrampados en una problemática familiar compleja, por lo que deben desempeñar un rol activo y comprometido en la causa. La natural condición de dependencia en la que se hallan los niños y adolescentes hace necesario que las instituciones contribuyan a un resguardo intenso y diferencial, y particularmente cuidadoso, de los derechos y garantías que les asisten; con el consecuente deber de los jueces a que ese resguardo tenga una efectividad directa como mandato de la Constitución.El deber de priorizar la atención y cuidado de los niños y adolescentes no se encuentra exclusivamente a cargo de sus representantes necesarios (que ocasionalmente -voluntaria o involuntariamente- pueden operar en contra de sus asistidos) o del Ministerio Público, sino que es un deber del Estado que todos sus poderes deben atender activamente.

El Poder Judicial se erige así no sólo en garante de tales derechos, sino en partícipe activo del obrar del Estado en este sentido; mientras que la omisión en el dictado de las disposiciones pertinentes -ante niños en estado de riesgo- comportaría un directo incumplimiento de los deberes a su cargo, involucrando incluso la responsabilidad del Estado; y ello en atención a los compromisos asumidos ante la comunidad internacional.

El magistrado posee aptitud plena para disponer medidas, incluso de oficio, en tanto se encaminen a dar plena garantía a la tutela y/o restitución de derechos que los niños o adolescentes que le pudieran estar siendo vulnerados. Esto en virtud de las previsiones de los arts. 706 y 709 del CcivCom., que consagran la tutela judicial efectiva y el principio de oficiosidad. En tanto existan niños o adolescentes afectados, el tribunal de familia tiene la obligación de no permitirse mirar para el costado, por lo que corresponde que se involucre a los fines de procurar alternativas de abordaje que permitan sanear las derivaciones patológicas del conflicto entre los adultos, buscando garantizar la salud psíquica y emocional de los hijos. El derecho de los hijos a no ser separado de sus padres y a tener adecuada comunicación con ellos, se encuentra garantizado por los arts. 9.1 y 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y por el art. 11 de la Ley 26.061, que dispone que los niños tienen derecho a la preservación de sus relaciones familiares, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados.A su vez, siguen la misma orientación los arts. 652 , 646 y cc. del CCivCom» (10).

A partir de este enfoque sería bueno pensar cuáles pueden ser las intervenciones de los jueces para hacer posible la protección de los menores de edad que les ha sido encomendada por las convenciones internacionales y por las legislaciones locales. Y, de paso, para poder decantar aquellas denuncias verídicas de las otras que enrostran violencia a un inocente.

VI. NEC ESARIA INTERVENCIÓN JUDICIAL

Para terminar con el circuito vicioso que significa enunciar sin acreditar hechos = medida de restricción de contacto = condena a priori de quien debe presumirse su inocencia hasta demostrar lo contrario = cercenamiento de derechos inalienables de los menores = avasallamiento de los derechos paternos, deben ponerse en acto los recursos con los que cuentan los jueces para dar cumplimiento cabal a las obligaciones que tanto las Convenciones Internacionales, como el Código Civil y Comercial y la ley 26.061 les imponen.

1- En primer lugar, adoptar la decisión jurídica de saber si al tomar medidas de restricción se está ante una medida autosatisfactiva o ante una medida cautelar, y actuar en consecuencia, como ya lo hemos analizado.

2- En uno u otro caso, y sobre todo ante la reiteración sucesiva de denuncias de violencia, exigir la prueba de la verosimilitud del derecho y de los hechos.

3- Siempre, ante una reiteración sucesiva de denuncias debe someterse a los adultos en disputa a una pericia psicológica o psiquiátrica, según corresponda al caso, con el objeto de detectar la factibilidad de los hechos denunciados. Sabemos de las restricciones presupuestarias de las que es víctima el Poder Judicial y muchas veces los organismos estatales que prestan colaboración en este tipo de abordajes, y que ello conlleva grandes demoras en las intervenciones profesionales.

Por ello, en este sentido, deberá requerirse la conformidad de las partes involucradas para que se designen peritos de oficio que realicen la tarea profesional.No me cabe duda que ningún hombre acusado injustamente de violencia familiar se negará a afrontar ese gasto si cuenta con recursos económicos para ello.

4- Idéntica medida que la anterior deberá adoptarse con los hijos menores, no sólo para registrar eventuales rastros de violencia, sino también y muy especialmente, para otorgarles contención. Los jueces no pueden ignorar que cuando los niños son separados de la comunicación paterna por una denuncia realizada por la madre, quien les provee la información sobre las razones de ese desarraigo es la misma persona que ha denunciado al padre. No es necesario gastar tinta explicando qué motivaciones brindará la madre a sus hijos. Todos las conocemos o, al menos, las imaginamos.

5- Es más, lo que comienza como un informe profesional puede convertirse en terapia, de ser ello necesario y los jueces pueden y deben exigirla. La terapia bajo mandato judicial ha sido receptada por la ley 26.061. En ese sentido, el art. 37, inc. F , relativo a las medidas de protección que deben adoptarse en los casos de «amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o varias niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, con el objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias» (art. 33 ), faculta a ordenar «tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o de alguno de sus padres, responsables legales o representantes».

6- Los niños tienen el derecho de ser oídos (art. 3, inc. b) ley 26.061) y ello significa que no resulta legítimo que se adopten sucesivas e interminables medidas de restricción sin que el defensor de menores ni el juez hayan tomado contacto con ellos y los hayan escuchado.Y ello debe ocurrir desde temprana edad, pues no es necesario que el niño tenga madurez suficiente para que puedan descubrirse sus reacciones cuando se le habla de mamá y de papá.

7- En casos como los que nos preocupan, en que las denuncias se reiteran sin descanso y las medidas de restricción de contacto se renuevan sucesivamente, debería exigirse a ambos adultos que aporten prueba testimonial, mediante la cual los jueces podrán valorar los comportamientos de ambos progenitores. Un buen interrogatorio en presencia del juez no deja mucho margen para la mendacidad.

8- Debe recordarse que existe la posibilidad de designar un abogado del niño, tal como lo establece el artículo 27 de la ley 26.061, la cual le otorga el derecho: «A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya» . ¡Y vaya si el proceso en el que se impide la comunicación con el progenitor no lo incluye!

9- Cuando aún queden dudas y se considere necesario mantener medidas de restricción de contacto hacia la madre, los jueces deberán arbitrar los medios para que ello no sea motivo de extensión a la comunicación del padre con los hijos, pues deben tener presente que las separaciones de la pareja parental o la poca presencia del padre, constituyen vivencias de pérdidas y duelo que producen sentimientos encontrados de tristeza, depresión, angustia, rabia, que pueden incidir en conductas transgresoras, rebeldes, obstaculizadoras de una adecuada comunicación, repercutiendo negativamente en el aprendizaje. La influencia paterna interviene en el desarrollo de aptitudes diferentes a las que aporta la madre, particularmente en el establecimiento de relaciones sociales.

Será cuestión de arbitrar medios que permitan al padre comunicarse con sus hijos sin tomar contacto con la madre de los niños.O la entrega a través de un familiar o amigo intermediario; que la madre los deje en un establecimiento público o privado especialmente designado por el juez y el padre los retire de allí y tantos otros modos que podrían preverse.

10- Puede darse el caso que aún se albergara la duda si la comunicación con el padre podría ser ocasión para que los niños sufran algún tipo de violencia. Aun así, la solución no es dejar al niño sin esa relación. Pueden buscarse formas de contacto vigilado, ya sea que se desarrolle en un ámbito institucional o con la compañía de alguna asistente social o funcionario especializado quien, a su vez, deberá observar el desarrollo de las entrevistas para informarlas en el expediente.

Algo debe quedar muy claro, la interrupción de la comunicación paterno filial debe ser la última ratio en un procedimiento judicial, cuando ya no existan dudas de qué hechos ocurrieron y en qué medida el padre es el responsable de los mismos. Nunca antes.

Quisiera terminar estas reflexiones con la cita de un informe elaborado por la profesora Calvo Charro, que son muy elocuentes y ayudan a prestar atención al problema planteado: «La masculinidad/paternidad está bajo sospecha y es tratada con hostilidad. En este ambiente, madres solteras, abandonadas, separadas o divorciadas intentan criar solas a sus hijos, en ausencia absoluta de un modelo paterno, con la creencia infundada de que ellas se bastan y sobran. Esta incomprensión hacia los hombres y sus especificidades está trayendo una serie de efectos perversos cuyas consecuencias todavía no hemos comenzado a percibir con claridad en España donde las políticas, medidas administrativas y simpatías sociales, siguen dirigiéndose exclusivamente hacia las mujeres; ignorando la profunda crisis por la que atraviesa la figura del padre capaz de provocar un desequilibrio en la sociedad de consecuencias muy graves en un corto plazo si no se toman medidas antes de que sea demasiado tarde» (11).

———-

(1) MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ, Valentín: Movimientos sociales y transformación de la sociedad.file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-MovimientosSocialesYTransformacionDeLaSociedad- 2508283.pdf

(2) Fallos 322:4520; 327: 4495 ; 330: 5251 ; 331: 2287

(3) FALCÓN, Enrique M.: «Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial», Rubinzal-Culzoni, 2006, t° IV, p. 887

(4) R. F.G. p/su hijo menor c/S. S. – régimen de visitas Tribunal: Cámara de Familia de Mendoza Fecha: 15-dic- 2017 Cita: MJ-JU-M-108590-AR,MJJ108590

(5) M. E. F. c/ P. S. L. – régimen de visitas Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza Sala/Juzgado: II Fecha: 26-may-2011 Cita: MJ-JU-M-65507-AR, MJJ65507

(6) Entrevista 07/10/19, Vida Universitaria, Universidad de Navarra,https://www.unav.edu/web/vida-universitaria/noticia-pestanas6/2019/10/07/el-vinculo- con-la-figura-paterna-es-clave-para-el-desarrollo-de-los-ni%C3%Blos?articleld=23495962

(7) INFORME TFW 2015-1 La importancia de la figura paterna en la educación de los hijos: estabilidad familiar y desarrollo social Abril 2015 Informe elaborado por María Calvo Charro:https://www.thefamilywatch.org/wp-content/uploads/lnforme20151.pdf

(8) Á. d. I. F. E. c/V. S. G. – régimen de visitas Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires Fecha: 16-mar-2011 Cita: MJ-JU-M-65264-AR, MJJ65264(ref: MJJ65264)

(9) Denuncia de abuso sexual: el nuevo ‘folklore’ en materia de denuncias irresponsables y falsas Autor: Quaini, Fabiana M. Fecha: 2-sep-2011 Cita: MJ-DOC-5497-AR, MJD5497

(10) CNCiv. Sala B. R. I. d M. A. P. – medidas precautorias. 28-ago-2015, MJ-JU-M-95526-AR, MJJ95526

(11) CALVO CHARRO, María: La importancia de la figura paterna en la educación de los hijos: estabilidad familiar y desarrollo social. Abril 2015. Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III Investigadora visitante en la Universidad de Harvard (Massachusets) y Profesora visitante en la Universidad William and Mary (Virginia)

(*) Abogada. Mag. en Mediación, Mediación Penal y Justicia de Menores. Co-Directora de la Maestría en Mediación de la Universidad de Alcalá. Secretaria Académica de Equipo IMCA.

A %d blogueros les gusta esto: