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#Fallos Accidente de trabajo: Se desestimó extender solidariamente la condena por el accidente sufrido por el trabajador a la empresa coaccionada, al haberse acreditado que entre las codemandadas había mediado una vinculación comercial

Partes: Schroeder Horacio Adolfo c/ Logística DCN S.A. y otros s/ Daños y perjuicios

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 8-mar-2021

Cita: MJ-JU-M-131507-AR | MJJ131507 | MJJ131507

Deducida la acción de derecho común, los presupuestos de la responsabilidad deben ser establecidos con arreglo a las normas que la integran, lo cual descarta la posibilidad solidaria que emerge del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia en cuanto desestimó la pretensión de extender solidariamente la condena por el accidente sufrido por el actor a la empresa coaccionada, al haberse acreditado que entre las codemandadas había mediado una vinculación comercial, no configurándose los presupuestos de solidaridad establecidos en los arts. 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que se reclamó por los daños y perjuicios derivados de un siniestro laboral con fundamento en la responsabilidad civil extracontractual en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Velezano, y no por incumplimientos verificados en el marco del contrato de trabajo.

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Fallo:

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.787, «Schroeder, Horacio Adolfo contra Logística DCN S.A. y otros. Daños y perjuicios», con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Kogan, Genoud.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la pretensión deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 702/728).

Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 748/783).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

I. El tribunal de grado admitió la demanda que el señor Horacio Adolfo Schroeder promovió contra Logística DCN S.A., mediante la cual procuraba el pago de una indemnización integral por los daños y perjuicios derivados de la incapacidad que contrajo a consecuencia del infortunio que sufrió el día 15 de julio de 2009. Rechazó, en cambio, la pretensión de extender solidariamente la condena a la codemandada Víctor Masson Transporte Cruz del Sur S.A. (v. fs. 702/728).

II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia que el tribunal a quo violó, interpretó y aplicó erróneamente los arts. 19 de la Constitución nacional; 5 del Pacto de San José de Costa Rica; 12 inc.3 y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo; 519, 907, 1.069, 1.086, 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340); 34 inc. 4, 36 inc. 2 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita.

II.1. Inicialmente alega que es absurda la conclusión del tribunal de grado que rechazó la pretensión de extender solidariamente la condena a la codemandada Víctor Masson Transporte Cruz del Sur S.A.

II.1.a. De un lado, porque juzgó que no se daban en autos los presupuestos para atribuirle responsabilidad en los términos del art. 1.113 del Código Civil (ley 340).

En este aspecto argumenta que dicho órgano jurisdiccional afirmó en la sentencia que el actor prestaba tareas sobre elementos (camiones y sus partes) de propiedad de dicha empresa -aunque con herramientas proporcionadas por Logística DCN S.A.-, pero con las constancias obrantes en la causa quedó acreditado que dichas labores representaban una actividad riesgosa -consistente en instalar, mantener, reparar, y desinstalar equipos de comunicación satelital, de alarmas, sensores y todos los elementos adicionales del sistema (trabapuertas, chapas protectoras de cableados, etc.)- que estaba a cargo y beneficiaba a ambas accionadas.

Explica que no pudo válidamente el sentenciante juzgar como riesgosa o peligrosa a la herramienta -amoladora angular- con la cual se accidentó, ya que, por una parte, los elementos considerados aisladamente no constituyen en sí mismos objetos riesgosos o peligrosos, sino de acuerdo o conforme a su utilización y, por la otra, fue el desarrollo de la actividad prestada el que hubo de constituirla en ese carácter.

De allí que, sostiene, si dicha actividad era en beneficio de ambas accionadas, siendo estas dueñas o guardianas de la misma (la que, además, es riesgosa y peligrosa), al no haberse acreditado ningún eximente de responsabilidad, no queda otra alternativa que adjudicarles responsabilidad civil objetiva en la causación del daño.

II.1.b.Por otra parte, señala que al promover la demanda en los términos del derecho común debió demostrar -y así lo hizo- los presupuestos de responsabilidad establecidos con arreglo a las normas que integran dicho régimen legal, aunque nada impedía que también fundamentara su pretensión en las disposiciones contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, continúa, si bien es cierto que en la especie se reclama por los daños y perjuicios con fundamento en la responsabilidad civil extracontractual, también lo es que tal planteo se originó en el acaecimiento de un infortunio de carácter «laboral», esto es, mientras se encontraba realizando tareas en beneficio de sus empleadores, quienes deben responder civilmente por el riesgo de dicha actividad.

Alega que ambas normativas deben necesariamente «entrelazarse», ya que la responsabilidad civil surgió también de determinados incumplimientos en los que incurrió la parte empleadora que no sólo se hallaban vinculados a preceptos del derecho común, sino también a los de orden laboral.

Afirma que tampoco puede dejarse de lado que los elementos obrantes en autos y las conclusiones arribadas en la sentencia determinan la responsabilidad solidaria de Víctor Masson Transporte Cruz del Sur S.A. en base a los arts. 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo; normas que -dice- pueden invocarse conjunta o alternativamente.

Manifiesta que el objeto principal de la empleadora es el transporte de mercaderías por medio de camiones, pero el control y seguridad implica uno de los fines primordiales de cualquier empresa. De allí que, asevera, no puede sostenerse -tal como erróneamente hubo de hacerlo el tribunal de grado- que Víctor Masson Transporte Cruz del Sur S.A.podía desarrollar su actividad específica sin contar con los servicios de Logística DCN S.A., pues, como quedó probado con las declaraciones testimoniales -que no se transcribieron ni registraron en el acta de audiencia de vista de la causa-, cuanto menos debió considerarla secundaria o accesoria de la principal y circunscripta a los fines empresarios, ya que si los sistemas de seguimiento satelital no eran instalados o funcionaban deficientemente, los camiones no se encontraban en condiciones para viajar.

Aduce, que, si para el proceso productivo o servicio que brinda una empresa, el trabajo efectuado por los dependientes que provee el subcontratista son indispensables o, incluso, se incorporan a la cadena de ejecución (como en el presente), resulta evidente la existencia del marco de responsabilidad solidaria que establece el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Explica que el juzgador no efectuó un análisis valorativo explícito de la totalidad de la prueba, ni determinó si concurrían en el caso los presupuestos fácticos que exige el citado precepto. Tampoco -añade- expuso las razones por las cuales juzgó que las tareas desplegadas por el promotor del pleito no se constituyeron en una actividad que resultaba coadyuvante para el cumplimiento de los fines de la principal, siendo que, del propio contrato suscripto entre ambas codemandadas, de las declaraciones testimoniales y del escrito de responde surge el vínculo entre las actividades.

Por otra parte, entiende que el tribunal de la instancia ordinaria también incurrió en una errónea interpretación del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En tal sentido, expone que el señor Schroeder fue contratado por un tercero (Logística DCN S.A.) para ser proporcionado a la firma Víctor Masson Transporte Cruz del Sur S.A., por lo que debió ésta última ser considerada su empleadora directa, debiendo en consecuencia responder solidariamente con la contratante por la responsabilidad civil que le cabe por la tarea riesgosa que desempeñara.

II.2.Se agravia, asimismo, del quantum indemnizatorio determinado en la sentencia de grado, señalando al respecto que se fijaron montos irrisorios que no resarcen adecuadamente el daño sufrido en la salud.

II.2.a. Refiere que, si bien el tribunal de trabajo utilizó una fórmula de matemática financiera para calcular el importe representativo de la indemnización por daño material, tomó como parámetro a la remuneración mensual devengada al momento en que ocurrió el infortunio, esto es, la correspondiente al mes de abril de 2009.

Alega que tal forma de proceder resulta abiertamente desajustada con la realidad, ya que, durante los últimos diez años, el país ha padecido un proceso inflacionario de público y notorio conocimiento y, con ello, una grave depreciación monetaria.

Con sustento en la doctrina legal que cita, expone que no debe confundirse la actividad de estimar los rubros indemnizatorios a fin de reflejar los valores actuales de los bienes a los que refieren, con la utilización de aquellos mecanismos de actualización, reajuste o indexación de montos históricos. Estos últimos -indica- suponen una operación matemática, en cambio la primera sólo expresa la adecuación del valor a la realidad económica del momento en que se pronuncia el fallo.

En suma, peticiona que a los efectos de determinar la indemnización por daño material (lucro cesante), debe necesariamente tomarse en consideración a parámetros más cercanos a la sentencia.En el caso, el haber mensual devengado en relación a la categoría laboral que detentaba el señor Schroeder según la escala salarial actualmente vigente del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Sin perjuicio de lo expuesto solicita que, de no utilizarse dicha remuneración, se recurra -cuanto menos- al importe representativo del salario mínimo vital y móvil existente al momento de dictar el nuevo pronunciamiento; o bien, al sueldo que le hubiera correspondido percibir en la fecha en que la Comisión Médica local otorgó el alta médica y fijó el grado de incapacidad, esto es, el 12 de abril de 2012.

II.2.b. Se agravia, además, de la parcela del decisorio en la que se utilizó como uno de los componentes de la fórmula matemática a los sesenta y cinco años, ya que, sostiene, la realidad indica que en ocasiones muy excepcionales los hombres culminan su actividad laboral cuando se encuentran en edad de jubilarse. Cita a la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelacione s del Trabajo elaborada en la causa «Méndez» para sustentar su postura de que debe tomarse en cuenta la edad de setenta y cinco años.

II.2.c. Asimismo, manifiesta que al método de cálculo del cual hizo mérito el tribunal para cuantificar el resarcimiento se debe incorporar el porcentaje de incapacidad psicológica del 10% que fuera determinada por el perito, ya que fue dejada de lado con el único argumento de que el daño psíquico es generalmente reversible, siendo ello una mera suposición que no tiene certeza ni fundamento científico alguno.

II.2.d.Finalmente, aduce que los montos fijados en concepto de daño moral y pérdida de chance también son manifiestamente exiguos, injustos y desproporcionados con la magnitud de las lesiones derivadas del infortunio.

Señala que en este aspecto el fallo es portador de una carencia absoluta de análisis sobre dichos rubros, limitándose el juzgador a transcribir dogmáticamente conceptos, pero sin adaptarlos al caso particular, al punto que ni siquiera indicó el criterio utilizado para su determinación, sin explicar además por qué se apartó tan groseramente de lo peticionado en demanda.

II.2.e. En base a todo lo expuesto, solicita que se revoque la sentencia de grado en lo que resulta materia de agravio, condenándose a las demandadas de autos a abonar al actor en concepto de daño material, lucro cesante, daño moral y pérdida de chance, una suma que permita reparar íntegramente el grave perjuicio padecido a consecuencia del accidente de trabajo. Ello, teniendo en consideración las constancias obrantes en la causa y la realidad actual.

III. El recurso no prospera.

III.1. En lo que concierne al primer agravio traído, considero que su improcedencia luce manifiesta.

III.1.a. Al promover la demanda el actor sostuvo que «Las accionadas Logística DCN y Cruz del Sur son responsables en los términos del art. 1.113, 1.109 y 1.198 del Código Civil.». Indicó que «.la responsabilidad se basa en diversos factores de atribución, tanto objetivos como subjetivos, que se ubican en cabeza de la empleadora demandada en estos autos y de la responsable solidaria en los términos de los arts. 29 y 30 LCT, equiparando en este punto a Cruz del Sur SA con la empleadora directa puesto que al momento del accidente mi mandante se encontraba efectuando tareas para dicha firma en bienes de su propiedad» (dem., fs. 102).

III.1.b. En su escrito de responde la codemandada Víctor Masson Transportes Cruz del Sur S.A.efectuó una negativa de los hechos invocados por el promotor del pleito en su postulación inicial y relató, en lo que aquí interesa, que no resultaba responsable solidaria de eventuales obligaciones de Logística DCN S.A.; ni que fueran aplicables al caso las disposiciones de los arts. 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 343).

Opuso falta de legitimación pasiva argumentando que el actor jamás había prestado servicios correspondientes a la actividad normal y específica de dicha empresa; no habiendo suscripto un contrato comercial con Logística DCN S.A. para la prevención, mantenimiento y reparación de camiones, sino que -aseveró- tal vinculación, tuvo por objeto la realización del control satelital de todas las unidades (v. fs. 344).

Expuso que correspondía rechazar la invocación del accionante de haber sido contratado por Logística DCN S.A. para cumplir tareas a órdenes de Víctor Masson Transportes Cruz del Sur S.A., cual si fuera aquella una agencia de colocación de personal; no existiendo tampoco intermediación de ninguna especie (v. fs. 345).

En otro orden, señaló que la solidaridad invocada con sustento en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo también resultaba improcedente, pues conforme las disposiciones del citado precepto, se requiere como presupuesto primario la cesión total o parcial de establecimientos, o bien la contratación o subcontratación de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica de la empresa, no verificándose en el caso ninguna de tales circunstancias con relación a la firma Víctor Masson Transportes Cruz del Sur S.A. (v. últ. fs. cit.).

Explicó que esta última desarrolla su actividad con una flota de camiones y, para tal cometido, adquiere neumáticos, combustible, seguros y, entre otros servicios, contrata sistemas de control y seguridad satelital para el monitoreo y detección de alarmas mediante sensores y/o pulsadores, instalándose estos dispositivos en cada uno de los rodados para cumplir con el fin de dicho servicio.Tales elementos -explicó- son instalados por Logística DCN S.A., quien posee la exclusiva propiedad de los mismos y los entrega en comodato. En síntesis, concluyó que nos encontramos ante un típico contrato de prestación de servicios, donde una de las partes provee a la otra un sistema de seguridad de seguimiento satelital de vehículos, conviniéndose un precio y demás condiciones habituales (v. fs. 345 vta.).

Finalmente, manifestó que jamás había dado instrucciones, órdenes o directivas al señor Schroeder (ni a ningún dependiente de Logística DCN S.A.), ni abonado importe alguno, no verificándose en el caso las notas típicas que definen al contrato de trabajo, esto es; la dependencia jurídica, económica y técnica (v. fs. 346).

III.1.c. Ingresando a analizar este tramo de la controversia, al responder el interrogante planteado en la sexta cuestión del veredicto el tribunal de grado sostuvo que «El actor extiende la demanda a Transportadora Cruz del Sur S.A., en virtud de lo dispuesto por el art. 29 y 30 LCT, principalmente por estar [.] efectuando tareas para dicha firma al momento de sufrir el accidente y fue contratado para prestar servicios a la misma debiendo ser considerado empleado directo de aquel que utilice o aprovecha su prestación (art. 29 LCT).»; también «.en los términos del art. 30 de la LCT toda vez que la actividad desplegada por el actor no solo era efectuada en las instalaciones de dicha firma ubicada en la Ruta 3 Sur, sino que se tradujeron en trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia de la empresa.» (fs. 709 vta.).

En tales condiciones, y luego de valorar lo expuesto en los escritos constitutivos del proceso, las tareas desarrolladas por el señor Schroeder que tuvo por acreditadas en la primera cuestión del veredicto, así como la prueba obrante en la causa (instrumento de fs.30/32; exhorto n° 1.332 y declaraciones testimoniales de los señores Schneider y Barsky), el a quo juzgó demostrado que las demandadas se vincularon comercialmente a los fines de proveer un sistema de control y seguridad satelital a través de la detección de alarmas mediante sensores y pulsadores a vehículos de propiedad de Víctor Masson Transporte Cruz del Sur S.A., llevándose a cabo dicho servicio con el monitoreo remoto de las unidades de transporte, siendo el accionante quien colocaba tales dispositivos (v. fs. 711 vta.).

En la sentencia, luego de hallar verificados los presupuestos de atribución de responsabilidad civil objetiva de la empleadora (Logística DCN S.A.), declaró procedente la acción vinculada al pago de la indemnización integral reclamada, y desestimó la pretensión de extender solidariamente la condena a Víctor Masson Transporte Cruz del Sur S.A. por juzgar que, conforme había quedado comprobado en el fallo de los hechos, entre las codemandadas medió una vinculación comercial (v. fs. 724 vta.).

Sin perjuicio de ello, estimó que no se configuraban en el presente los presupuestos de solidaridad establecidos en los arts. 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que en autos se reclamó por los daños y perjuicios derivados de un siniestro laboral con fundamento en la responsabilidad civil extracontractual en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Velezano, y no por incumplimientos verificados en el marco del contrato de trabajo (v. fs. 724 in fine y 725).

Adunó que el infortunio no había acontecido siquiera en la sede de la coaccionada, ni se invocó ni probó que dicha firma fuera dueña o guardiana de la máquina amoladora que le provocó el daño al señor Schroeder (v. fs. 725).

A mayor abundamiento, explicó que si bien son muy distintas las fuentes de la responsabilidad solidaria que establecen las normas citadas, el art.29 de la Ley de Contrato de Trabajo contempla el supuesto de provisión de mano de obra por un tercero a favor de una empresa principal, para que éste se sirva de los servicios del trabajador debiendo el intermediario aparecer cumpliendo la función de una agencia de colocación, supuesto que no concurre en la especie (v. fs. cit.).

Y respecto del art. 30 del mismo ordenamiento legal, señaló el sentenciante que tampoco se hallaban acreditados los presupuestos a los que dicho precepto condiciona su aplicación, pues, no obstante haberse acreditado que Víctor Masson Transporte Cruz del Sur S.A. mantuvo una vinculación comercial con Logística DCN S.A., quien se encargaba del monitoreo y detección de alarmas mediante sensores y/o pulsadores provenientes de las unidades de transporte vigiladas, siendo -como se dijo- que el actor era quien colocaba dichos elementos en los vehículos utilizados, juzgó que las tareas efectuadas por Schroeder no eran correspondientes a la actividad normal y especifica de la primera de las empresas mencionadas, ya que consideró a la misma accesoria sin la cual era posible el desarrollo de la específica, como lo es, la prestación del servicio de transporte de carga (v. fs. 725 in fine y vta.).

III.1.d. A partir de lo que motivó el alzamiento recursivo, lo determinante del caso es que, habiéndose fundado la condena del empleador en las disposiciones del Código Civil vigente al momento de los hechos debatidos en autos que regulan la responsabilidad extracontractual (v. sent., fs. 714/716), no es posible extenderla solidariamente hacia el contratista con base en los preceptos de la legislación laboral.

III.1.e. Tiene dicho esta Corte, desde antigua data, que la pretensión de una condena solid aria formulada con sustento en normas laborales es inatendible cuando se ejercita la acción de derecho común para obtener reparación por las consecuencias de un accidente de trabajo (causas L. 64.163, «López», sent. de 15-XII-1998; L. 116.857, «P., R. A.», sent. de 27-VIII-2014 y L.117.025, «Q, J. A.», sent. de 4-III-2015).

Más específicamente, este Tribunal ha resuelto que, deducida la acción de derecho común, los presupuestos de la responsabilidad deben ser establecidos con arreglo a las normas que la integran, lo cual descarta la posibilidad solidaria que emerge del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (causas L. 39.018, «González», sent. de 5-VII-1988 y L. 52.561, «Serrano», sent. de 13-IX-1994).

Conforme estas directrices, no acierta el quejoso cuando, denunciando la violación y errónea interpretación de los arts. 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, sostiene que el a quo debió extender la condena a Víctor Masson Cruz del Sur S.A. aplicando una normativa extraña a la que debe regir en el reclamo impetrado en la demanda con basamento en el derecho civil.

III.2. En otro orden, el cuestionamiento dirigido a refutar la base salarial que el tribunal de grado estableció para cuantificar el resarcimiento por daño material no puede tener favorable recepción.

III.2.a. Esta Corte ha declarado que es facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria la elección de las pautas que consideran adecuadas cuando se trata de establecer el monto de la indemnización por un infortunio de trabajo cuya reparación se reclamó por vía del derecho común y en tal supuesto la configuración del absurdo debe apreciarse estrictamente (causas L. 107.430, «Medina», sent. de 30-X-2013; L. 116.645, «C., C. C.», sent. de 1-VII-2015; L. 117.778, «Abadie», sent. de 18-V-2016; L. 119.580, «Mendieta», sent. de 2-III-2017; L. 117.653, «G., M. S.», sent. de 14-II-2018 y L. 119.299, «Moroño», sent. de 28-II-2018).

Ha señalado también, que tal vicio exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L.106.275, «Spitale», sent. de 13-VI-2012; L. 107.358, «López», sent. de 15-VII-2015; L. 115.518, «Colotta», sent. de 29-VI-2016 y L. 117.470, «Burcez», sent. de 11-X-2017).

III.2.b. Puesto a decidir sobre el monto del resarcimiento debido, el tribunal de origen estimó justo ponderar -a los fines de la reparación del daño material (daño emergente y lucro cesante) experimentado por el señor Schroeder- que en relación al daño emergente, el mismo es monetario y fácil de medir: consiste en los gastos en los que la víctima haya tenido que incurrir como consecuencia directa del daño sufrido. Esas erogaciones, probadas o, si tal fuera el caso, estimadas de acuerdo con las circunstancias, han de ser restituidas en su totalidad (arts. 1.078, 1.083, 1.086 primera parte, Cód. Civ. -ley 340-).

Señaló el a quo que sobre este rubro en particular y conforme lo establecido al votarse la quinta cuestión del veredicto, cabía mencionar que tales prestaciones, tratándose de un accidente de trabajo, pesaban sobre la aseguradora de riesgos del trabajo contratada por el principal (arts. 1 inc. «b», 20, 26, apdo. 1 y 3 inc. «d», ley 24.557), y en ese sentido se había demostrado que dicha entidad abonó prestaciones en especie con motivo del infortunio que importaron un costo de $25.526,10 por lo que estimó que tal componente del daño había sido cubierto con las mismas.

En relación al lucro cesante (art. 1.086 parte final, Cód.Civ.) señaló que también era monetario, aunque más aleatorio; que comprendía la diferencia entre los ingresos que pueda calcularse que la víctima tendrá a partir del daño sufrido y aquellos que pueda estimarse que habría tenido si el daño no se hubiese producido.

Añadió que esta parte del daño se ha pretendido medir mediante fórmulas que toman como punto de partida el ingreso de la víctima; lo extiende durante toda su vida útil y calcula una suma de dinero que, percibida de inmediato e idealmente depositada a una tasa de interés reducida (de tal modo de conservar tentativamente el poder adquisitivo del dinero en el que está expresada), le permita hacer retiros periódicos equivalentes al porcentaje de pérdida de ingreso resultante del cálculo del daño.

Así, indicó, es menester tener en cuenta la edad del actor, como las remuneraciones que percibía al tiempo de toma de conocimiento de la minusvalía y el grado de ésta, toda vez que la reparación debe abarcar la pérdida de capacidad de ganancia del operario hasta que se encuentre en condiciones de acceder a una jubilación ordinaria y mediante una suma de dinero que, mantenida a valores constantes, produzca un interés neto o renta equivalente al perjuicio ocasionado y durante el tiempo señalado.

Sobre la base de tales premisas utilizó la siguiente fórmula de matemática financiera:a (1 + i)n -1

i (1 + i) n

Explicitó que «i» representa la tasa de interés calculada al 6% anual; «n» es la unidad de tiempo (períodos que restan para obtener la jubilación) y «a» es el retiro por período (equivalente a la disminución del salario anual provocado por la incapacidad). Por consiguiente y teniendo en cuenta que a la fecha del siniestro el actor, tenía treinta y nueve años, con una remuneración mensual devengada conforme convenio aplicable que ascendía a $1.871,18; que su incapacidad es permanente del 67,09% y que los años de vida útil estimados alcanzan a veintiséis, el monto de la indemnización actualizada a la fecha del pronunciamiento ascendía a la suma de $215.986,56.

III.2.c. El recurrente impugna dicho guarismo afirmando -en primer lugar- que «tomar una remuneración del actor que data de casi 10 años atrás resulta abiertamente desajustado a la realidad.»; más aún, agrega, dado «.el proceso inflacionario público y notorio mayor al 300% y una grave depreciación monetaria.» (fs. 769 in fine y vta.).

Postula que debe necesariamente tomarse parámetros más cercanos posibles a la fecha del dictado de la sentencia, esto es, en el caso concreto, el haber mensual que percibiría el actor al momento en que sea abonada la indemnización, considerando la categoría laboral ostentada por Schroeder al ocurrir el siniestro (auxiliar especializado A conforme CCT 130/75; v. fs. 772 vta. y 773).

También peticiona que, de no utilizarse el salario mensual en los términos expuestos, se considere «.como variable el salario mínimo vital y móvil actual de $9.500 o el que exista al momento de resolver.» (fs. 773 vta.).

En último caso, solicita que la indemnización integral sea estimada en relación a la remuneración que le hubiera correspondido percibir en la fecha indicada en la demanda, coincidente con la del alta médica otorgada por la Comisión Médica (abril de 2012; v. fs.774/775).

III.2.c.i. El propio relato de lo hasta aquí expuesto deja en evidencia la insuficiencia de la impugnación para neutralizar el mecanismo explicitado por el juzgador para arribar al valor en pugna.

En efecto, soslayando toda referencia a las razones esgrimidas en la sentencia, la crítica se circunscribe a un único aspecto, la pauta salarial pretérita, sin controvertir los motivos fundantes de la decisión de mérito.

Cobra virtualidad la doctrina de esta Corte que establece que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es insuficiente si el interesado omite efectuar una réplica integral a las conclusiones que fundamentan el pronunciamiento, soslayando impugnar los argumentos esenciales del fallo recurrido (causas L. 102.600, «Di Dío», sent. de 2-XI-2011; L. 111.323, «Sánchez», sent. de 22-VIII-2012; L. 105.151, «Navasal» , sent. de 24-VI-2015; e.o.).

III.2.c.ii. Se observa, además, que la argumentación por la que el recurrente postula que no se ha tenido en cuenta -al momento de establecer el importe indemnizatorio- la realidad imperante al tiempo del dictado de la sentencia, o el monto del salario mínimo vital y móvil vigente a esa fecha, constituye un enfoque novedoso respecto de los términos en que fue instaurado el reclamo (v. dem., fs. 113 vta.); lo cual también revela, con arreglo a conocida doctrina de este Tribunal, la manifiesta insuficiencia del agravio para obtener la modificación de lo decidido (causas L. 116.810, «L., M. A.», sent. de 24-VI-2015; L. 116.928, «Acuña», sent. de 5-VI-2019; e.o.).

III.3. La disconformidad que exhibe el agraviado respecto de la edad que fuera establecida como de cese de las actividades laborales (sesenta y cinco años), argumentando que en la actualidad la vida productiva de los trabajadores asciende mínimamente a los setenta y cinco años (v. fs.775in fine y 776), tampoco luce conducente.

La elección de las pautas que los magistrados consideran adecuadas a fines de establecer el importe indemnizatorio por la reparación integral del daño, constituye -por regla- una cuestión que le es privativa y ajena al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 102.276, «Cruz», sent. de 11-VII-2012; L. 107.804, «Vatrella», sent. de 11-XII-2013; L. 117.241, «Sandes», sent. de 5-III-2014; e.o.).

Tal anomalía no logra evidenciarse en la especie, pues, más allá de que pueda o no compartirse el método del que se valió el a quo para fijar el resarcimiento, el tribunal explicitó una metodología de cálculo que no puede ser revisada en casación, en tanto el quejoso no logra demostrar que en su aplicación hubiera plasmado un resultado notoriamente irrazonable o absurdo, con violación de las normas que rigen la reparación integral.

En este sentido, la quejosa no ha aportado ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica a una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 105.816, «C., A.», sent. de 8-VIII-2012; L. 110.785, «Dinapoli», sent. de 14-VIII-2013 y L. 116.941, «G., P. A.», sent. de 15-VII-2015).

III.4. Lo expuesto por el interesado al alegar que el tribunal de trabajo no computó el porcentaje de incapacidad fijado por el perito psicólogo (10%, derivado de una reacción vivencial anormal neurótica con manifestación obsesiva, depresiva, grado II), por juzgar que dicho profesional había manifestado que la patología era reversible mediante tratamiento, contrasta y se aparta ostensiblemente del razonamiento que condujo a dicho órgano jurisdiccional a resolver la contienda (definido por la circunstancia de no constituir un supuesto autónomo con relación al daño patrimonial y daño moral, quedando absorbido por estos; v. sent., fs.719/720), lo cual me exime de brindar mayores precisiones para solventar el rechazo de este tramo de la réplica.

III.5. Tampoco la crítica estructurada en torno a la suma determinada en concepto de daño moral resulta suficiente.

Esta Corte ha declarado que tanto el reconocimiento como la fijación de la indemnización por daño moral dependen del arbitrio judicial, y la suma que, en uso de facultades privativas, determine el tribunal del trabajo no puede conmoverse solo con la discrepante apreciación del recurrente, toda vez que es a los jueces de grado a quienes corresponde evaluar, en principio, la existencia de una lesión de sentimientos, de afecciones o de tranquilidad anímica configurativa de aquel (causa L. 81.909, «Aguirre», sent. de 6-X-2010; L. 118.642, «Torres», sent. de 15-VI-2016 y L. 119.652, «B., S. H.», sent. de 21-II-2018).

III.6. No mejor suerte ha de correr el último de los cuestionamientos traídos y que gira en torno al rechazo del rubro reclamado como «pérdida de chance».

Una vez más, las motivaciones que definen el contenido del agravio permanecen en el plano de la mera disconformidad personal y no satisfacen una réplica idónea susceptible de modificar lo resuelto, en tanto importaría la sustitución del criterio del sentenciante de grado.

Es oportuno recordar, que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para juzgar configurado el vicio de absurdo, porque es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que ponga de manifiesto la irracionalidad de las conclusiones establecidas por el tribunal de grado, y que debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (causas L. 94.507, «Rodríguez Betelu», sent. de 15-IV-2009; L. 112.200, «R., V. E.», sent. de 5-VI-2013 y L. 117.783, «Vázquez», sent. de 26-III-2015; entre muchas otras), cometido que -reitero- la recurrente no logra evidenciar en la especie.

IV.Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).

Voto por la negativa.

El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).

Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 «c», resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.

Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).

GENOUD Luis Esteban – JUEZ

KOGAN Hilda – JUEZA

PETTIGIANI Eduardo Julio – JUEZ

SORIA Daniel Fernando – JUEZ

DI TOMMASO Analia Silvia – SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

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