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#Doctrina El proceso civil liberado

Autor: Agnello, Pablo S. –

Fecha: 8-jun-2021

Cita: MJ-DOC-15917-AR | MJD15917

Sumario:

I. Planteo. II. La dirección del cambio. III. Este programa es muy pesado. IV. El proceso civil debe ser liberado. V. La liberación del proceso civil.

Doctrina:

Por Pablo S. Agnello (*)

I. PLANTEO

En un podcast anterior (1), habíamos esbozado en qué incide lo informático o digital en lo procesal, en qué no es sólo una nueva modalidad material, sino que implica un cambio de paradigma (2), es decir, en el mindset, en el modo de pensar y ejercer la materia procesal.

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Y lo interesante a destacar es que este cambio, no viene de la planificación legislativa, se impone desde la espontaneidad del progreso de la vida en libertad, de la mano de la informática no sólo como comunicación sino, como acostumbro a llamar, como un «exocerebro» (3), ya que implica no sólo hardware (computadoras, celulares, tablets, etc.) sino software (programas que no sólo ayudan sino que sustituyen cada vez más muchos de nuestros esfuerzos intelectuales, como la llamada «inteligencia» artificial, el manejo del big data, etc.), y esto, a no dudarlo, implica que estamos de lleno dentro del campo de la potencia de las ideas con efectos multiplicados a lo exponencial si lo comparamos con lo que ya fue un salto de calidad para la humanidad con la imprenta de tipos móviles de Gutenberg que implicó que dispongamos masivamente de los libros físicos.

Y claro, usted ya podrá anticipar que, como hemos dicho en el podcast citado, si el proceso puede ser considerado como un tipo de razonamiento, judicial en nuestro caso, donde se pautan a grandes rasgos los elementos básicos a respetar para considerar un resultado (sentencia) aceptable, no hay forma de evadir la evidencia de cómo un nuevo modo de pensar, razonar y actuar, influido por lo informático, no pueda incidir en el curso de la evolución del derecho procesal civil real y concreto.

II.LA DIRECCIÓN DEL CAMBIO

¿Dónde buscamos el derecho?, me refiero al derecho real y concreto que se impone por la contundencia de los hechos producto de la interacción de las personas en la vida cotidiana, y el uso de las tecnologías es un ejemplo.

Nos hemos acostumbrados a mirar las normas, las leyes que, como se sabe, vienen detrás de los hechos, y además con destino a caducidad más temprano que tarde por la velocidad del progreso.

Para muestra basta un botón dice el refrán popular, y como tal tiene presunción de llevar razón (4), piénsese nomás en un caso real y concreto en nuestro campo, en cuantas provincias, donde rige una misma ley al mismo tiempo, un mismo código de procedimientos civil y comercial, sin embargo, lo que en una ciudad se estila hacer por costumbre (usus foris) en otra ni siquiera se lo hace, y lo que una ciudad puede considerarse válido o nulo, en otra un planteo similar no tendría acogida alguna.

Puede verse entonces que esas diferencias bajo una misma legislación, se pueden analizar desde la fuerza del derecho consuetudinario, por las características propias de las reglas de común entendimiento, más allá de su acierto o error, es una realidad la distinta aplicación de una misma norma escrita (5).

Retomando el planteo inicial, dónde buscamos el cambio que implica lo informático, en las reglas generales de la existencia, en las máximas de la experiencia, lo podríamos resumir, en lo consuetudinario, lo que pasa en la realidad, y cuya mejora se adapta mejor a los cambios que la rigidez de pesadas normativas barrocas en exceso reglamentaristas con destino de pronta caducidad por desuetudo o peor, como impedimento del progreso oportuno.

Lo informático viene desde la potencia de los hechos.

La dirección del cambio la debemos buscar desde lo real a la legislación, ya no rígidamente desde lo legislado sobre la vida real (6).

III.«ESTE PROGRAMA ES MUY PESADO»

No es nuevo el hecho que viene siendo denunciado desde hace ya mucho tiempo, que hemos trocado el derecho por una hiperinflación legislativa, que genera no sólo dificultades extras para los operadores del derecho, sino para las personas en la vida real y cotidiana (7), afecta negativamente desalentando el progreso en la vida social.

En nuestro ámbito procesal, se viene diciendo que necesitamos un proceso ágil y funcional no sólo para los operadores del derecho, abogados y jueces, sino para las partes principalmente, realzarlos como usuarios y destinatarios del servicio de administración de justicia, y no sólo como expectantes externos de la peripecia de sus propios asuntos.

Por eso, tomando las ideas planteadas hasta aquí, lo de la dirección del cambio y la inflación legislativa (8), sorprende cómo se insiste en proyectos de reforma donde no sólo se mantiene tal inercia de hiper reglamentación detallada al extremo en los códigos -en vez de hacer menos normas con reglas más claras y generales adaptables a los cambios o desarrollos-, sino también en clausurar las válvulas de escape necesarias para adaptarse a los cambios más rápido y efectivo que desde el trámite legislativo para cada modificación necesaria que requiere la práctica real del derecho procesal civil, me refiero por ejemplo a la delegación de reglamentaciones en la Corte Suprema, las que se debieran ampliar antes que acortar.

En concreto, la sofisticación se encuentra en la concreción de mayor simplicidad, no al contrario, y la tecnología que nos ha mejorado nuestra existencia en tantos aspectos y en lo procesal civil, es una prueba de ello.

No obstante, no hay que confundirse, no es una cuestión sólo cuantitativa, es cualitativa, no se puede llegar a la simplicidad sin conocer, reconocer y trabajar con la complejidad de la realidad de las cosas.

Por ello, se requiere conocer más las bases, los valores, los principios, las reglas, la complejidad de lo procesal civil, y no al revés, otra vez, la informática es pruebade ello.

IV. EL PROCESO CIVIL DEBE SER LIBERTADO

Sentís Melendo, y con cita en Chiovenda entre otros, nos enseñó que «la prueba es libertad» (9).

Y si como enseña Chiovenda, que «íntimamente ligada con la función de la prueba está la forma del proceso» (10), fuerza es concluir que el proceso debe participar de la misma esencia.

Ese reconocimiento de la libertad probatoria, tiene la contrapartida de que limita al juzgador en la disponibilidad del caso que pertenece a las partes (11), ya hemos mencionado en otra publicación sobre este aspecto identificado también en muchos casos como una etapa del propio derecho debatido, más aún en el caso de nuevas figuras jurídicas novedosas (12).

Las reglamentaciones del proceso civil, se han apartado en gran medida de este necesario reconocimiento que debemos retomar para recalibrar la visión de hacia dónde pretendemos evolucionar.

Esta situación se la llama de diversas formas, «obsolescencia» «vetustez» o «desactualización» (13), que requiere «modernidad» o «actualización» con pie en lo actual en todos los demás ordenes de la vida, que en definitiva en eso consiste también la cosa juzgada, «definida por Chiovenda como «un bien de la vida reconocido o negado por el juez» (14).

Si el proceso es el sistema por el cual se llega a reconocer un bien de la vida, no puede menos que estar a tono actual con la vida real.

V.LA LIBERACIÓN DEL PROCESO CIVIL

Ahora, con lo dicho, podemos vislumbrar un aspecto donde lo informático puede ampliar, y de manera exponencial, el campo de disposición de las partes en un litigio judicial civil (15).

Nos referimos en este caso a la elección del fuero judicial dónde litigar (16).

Y esto puede tener implicancia tanto desde el punto de vista de la estructura judicial como desde el punto de vista de la participación directa de las partes con independencia del lugar físico donde se encuentren.

Desde el primer punto de vista, se aprecia que un sólo juez con varias oficinas de gestión en cada localidad lejana con un puñado de empleados podrá prestar un mejor servicio de administración de justicia más real y dinámico que las actuales estructuras manifiestamente desapegadas de la realidad y evolución cotidiana.

Por el otro lado, para las partes, al contar con la posibilidad de participación por vía telemática con independencia del lugar en que se encuentren, implicaría un salto de mejora en la concreción real del derecho al debido proceso, sino preguntémonos cuántas personas desisten de hecho de reclamar en justicia por la inversión de tiempo, traslados, costos reales en su vida cotidiana.

Un informe comparativo entre países sobre los juicios civiles virtuales (17) llevados a cabo especialmente por las limitaciones de desplazamiento por las declaradas emergencias sanitarias en 2020, dan cuenta cómo se han debido adaptar y echar mano incluso de normas generales o de delegación reglamentaria en cabeza de las Cortes, para abordar y permitir diferentes actos procesales de forma remota.

Lo que evidencia dos cosas, por un lado que en gran medida no es cuestión de grandes reformas legislativas, sino al contrario, de pocas normas adaptables y delegadas en su reglamentación por las propias Cortes que conocen de primera mano las necesidades de adaptación de las procedimientos, y por el otro lado, que muchas formalidades que requerían el desplazamiento o presencia física de las partes o sus abogados, no son sino merasformas que han perdido razón de ser, es decir, por cumplir un rito muchas veces se consume tiempo y energía vital que podría realizarse más eficazmente sin entorpecer el desarrollo de la vida normal de las partes, piénsese cuántas veces para una audiencia se requiere la presencia física de la parte lo que implica viajes, tiempo y dinero, cuando se podría llevar a cabo permitiendo que la parte participe de forma remota desde el lugar del mundo donde se encuentre, con las debidas garantías.

El impacto de la computación en la litigación (18) es una realidad aún a pesar de las legislaciones innecesariamente sobrecargadas y anticuadas (19).

La posibilidad de disposición la podemos encontrar en la prórroga de competencia territorial que en general está permitida en materia disponible (20), así que puede imaginarse fácilmente cómo la litigación digital podría ampliar el campo de elección de las partes de litigar, por diversos motivos, como ser el de elegir un juzgado más especializado de otra localidad que no cuente en su lugar de residencia, o con reputación de eficiencia.

Para finalizar, los negocios jurídicos procesales (21) pueden ser una apertura en el sentido aquí planteado, las partes podrían acordar el modo de llevar a cabo el juicio en aspectos telemáticos o informáticos con las condiciones por ellas consensuadas, tanto para el impulso del proceso como para la producción de la prueba misma.

Se encuentran en marcha proyectos de reforma en materia procesal, oportunidades para que ideas como las presentes, desde la cosmovisión de lo procesal informático puedan calar positivamente para cambiar, o permitir el cambio.

Un ejemplo comparativo de dos proyectos de reforma al CPCC de Santa Fe (en realidad un proyecto y un nuevo anteproyecto), da una oportunidad de aplicar lo aquí postulado.

Con relación a los negocios jurídicos procesales un proyecto (22) dice «Artículo 29 – Las partes pueden celebrar negocios jurídicos procesales que impliquen la modificación del procedimiento previsto en este Código, siempre que no se encuentrecomprometido el orden público y se estén debatiendo derechos disponibles. Estos negocios requerirán aprobación judicial. También pueden convenir la renuncia al derecho de apelar cuando el objeto de la controversia sea susceptible de enajenación o transacción. No podrá convenirse la renuncia al recurso de nulidad».

Un nuevo anteproyecto (23) dice «Artículo 29 – Acuerdos procesales. Las partes pueden celebrar, en procesos donde se permita la autocomposición del litigio y en tanto no concurra una inobservancia del orden público, acuerdos procesales que puedan determinar una modificación de las normas procesales. Tales acuerdos pueden adecuar el proceso a las particularidades del conflicto y especificar el alcance de las cargas, facultades y deberes procesales de las partes. De oficio o a requerimiento de parte, el juez debe controlar la validez de los acuerdos debiendo negar su aplicación en los casos en que lo pactado resulta nulo, supone un abuso del derecho, importa el sometimiento a un contrato de adhesión, coloca en indefensión manifiesta a alguna de las partes, o alguna de ellas se encuentra en manifiesta situación de vulnerabilidad, o dilata o entorpece la resolución del conflicto o supone colusión o fraude en relación a terceros. En caso de que la cláusula cuestionada sea aislada, accesoria, secundaria o no afecte la razón de ser del acuerdo o su alcance, se debe declarar la inaplicabilidad solamente de esa cláusula. Cuando en estos acuerdos intervengan sujetos o bienes de tutela preferente, la jueza o juez debe ejercer un escrutinio agravado para su aprobación. Idéntico reparo se debe observar cuando se trate de conflictos colectivos, donde también debe controlarse que los acuerdos no supongan violentar los recaudos mínimos que componen el debido proceso colectivo.Los acuerdos no pueden afectar el principio de preclusión».

Si somos coherentes con lo aquí postulado, y nos colocamos en la posición de manifestar nuestra preferencia, y resulta manifiesta que la primera redacción es de nuestra elección, por resultar más sintética y adaptable al desarrollo y evolución que demuestre ser mejor en la práctica, y por alentar antes que desalentar por sumarle riesgosos condicionamientos rígidos.

VI. CONCLUSIÓN

Los derechos pertenecen a las partes (24), este debe necesariamente reflejarse en el proceso como libertad de disposición de las partes en la medida de lo posible dentro de cada categoría (25) de derechos (26), lo procesal informático abre campo, tanto desde el derecho judicial o de la estructura de la administración de justicia, como desde la potencialidad de disposición del mismo proceso civil, al desarrollo de las propias partes con las herramientas digitales, desde la elección del fuero aún fuera de la jurisdicción de su domicilio, impactando en los conceptos de jurisdicción y competencia judicial con su posibilidad de prórroga, como en el desarrollo o adaptación del mismo proceso, con los negocios jurídicos procesales, como la ventana de oportunidad en que el proceso civil pueda evolucionar en la realidad concreta de la vida.

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(1) AGNELLO, Pablo S.: «Un visión macro de lo procesal informático», Revista Temática del Derecho Procesal y Procesal Informático N° 2 / Marzo 2021, p. 83, Podcast, Colección Actualidad, Cita: MJ-MJN-117607-AR|MJN117607 , Microjuris Argentina, 29/03/2021.

(2) En el sentido del «conocido físico e historiador de la ciencia Thomas Kuhn (Ohio 1922) autor de la obra «La estructura de las revoluciones científicas», cuya primera edición data de 1962.Merced a la publicación de dicho libro se popularizó el término paradigma -que es equivalente a arquetipo- que se utiliza a partir de aquél con el significado de un conjunto de creencias, valores, experiencias y argumentos compartidos por la mayoría de una comunidad científica durante un tiempo histórico determinado». Peyrano, Jorge W. En «El cambio de paradigmas en materia procesal civil», http://www.academiadederecho.org/biblioteca/biblio display cont.cgi?wid persona=63

(3) Tomado en contraste con lo que en biotecnología, tomado de la zoología y biología, se llaman los exoesqueletos; en lo esencial, apuntamos a los datos no sólo confidenciales por secreto profesional, sino privados y sensibles que denotan nuestros pensamientos más personalísimos, nuestros modos de razonar y hasta pueden dar una idea del perfil psicológico de a quien pertenecen, entre otros desarrollos aplicados.

(4) HUIZINGA, Johan: «El Otoño de la Edad Media», Alianza Editorial, Madrid, sexta reimpresión 2010, p. 306.

(5) Cuya puerta de entrada podría analizarse a su vez en la llamada «premisa mayor inarticulada» que acuñara con visos de universalidad, el juez estadounidense Oliver Wendell Holmes.

(6) LEONI, Bruno: «Lecciones de filosofía del derecho», Madrid, España: Unión Editorial S.A., 2003. Traducción de: Juan Marcos de la Fuente, Título original: Lezioni di filosofía del diritto, (Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003). Pueden verse estos temas, en «la rebelión de Antígona contra el tirano Creonte en la tragedia de Sófocles, citada también por Aristóteles en un pasaje famoso, no es sólo una rebelión sentimental de quien invoca las costumbres antiguas.; es también, por decirlo así, de sentido común.. Los juristas dogmáticos (si los hubiera habido en tiempos de Creonte) habrían considerado como jurídica únicamente la norma de Creonte y como antijurídico el comportamiento de Antígona» «se presenta como conflicto entre un «derecho escrito» y un «derecho no escrito». En realidad, el conflicto es más profundo (no se trata, claro está, de una cuestión grafológica) y nos demuestra que la concepción del derecho escrito entendido como proposición lingüística es una concepción limitada. .» p. 181«en realidad se ha revindicado la existencia de un derecho no escrito como derecho en el sentido ordinario del término, y por tanto se ha basado en una concepción del derecho que no se agota simplemente en la categoría de las normas (entendidas como las proposiciones lingüísticas perfectamente identificables de las que se ocupan los juristas dogmáticos)» p. 182

(7) El paroxismo lo estamos viviendo desde antaño con las llamadas normas de emergencia, y desafío al lector si se puede saber con certeza qué se puede o no hacer y cómo, desde salir a trabajar o viajar, permisos, requisitos, alcance territorial, lo que hemos dado en denunciar como un trocamiento de la norma de legalidad, privacidad, reserva o autonomía personal del art. 19 CN. Ver lo desarrollado en Agnello, Pablo Salvador, «Michele Taruffo y su gran advertencia, no ser unos pobrecitos culturales», Nota de doctrina, Microjuris Argentina, MJ-DOC-15878-AR | MJD15878, 8 de abril de 2021.

(8) RISOLÍA, Marco A.: «Soberanía y crisis del contrato» tesis doctoral 1946, la inflación de la ley produce el deterioro de la ley, igual que en el plano monetario, Abeledo Perrot, 1958.

(9) SENTÍS MELENDO, Santiago: La Prueba. Los grandes temas del derecho probatorio. Colección Ciencia del Proceso, Directores | Hugo Alsina, | Eduardo J. Couture, | Alfredo Velez Mariconde y Santiago Sentis Melendo, 1a ed., Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América E.J.E.A., 1978. «La prueba es libertad», págs. 9 y 22; «La Libertad se manifiesta respecto de todos los temas, capítulos o problemas.» pág.23.

(10) CHIOVENDA, Giuseppe: Istituzioni di diritto processaule civile», Trad. de la 2a. ed. italiana y notas de derecho español por Gómez Orbaneja, E., v. 1, Vol. Tomo I, Madrid: Revista de Derecho Privado, 1936.-xxiv. p. 139

(11) Puede verse desde el concepto mismo de acción como fuera definida por Chiovenda como derecho potestativo, que genera un estado de sujeción de los demás, en este caso, del juez respecto de lo que legítimamente acuerdan las partes sobre el proceso civil que decidan llevar a cabo, con los límites de orden público procesal. «. aceptando el lado sustancial de la teoría de WACH, definí la acción como un derecho potestativo (1903)» Chiovenda, Giuseppe, «Instituciones de derecho procesal civil» «Istituzioni di diritto processaule civile», Trad. de la 2a. ed. italiana y notas de derecho español por Gómez Orbaneja, E., v. 1, Vol. Tomo I, Madrid: Revista de Derecho Privado, 1936.-xxiv, p. 24.

(12) AGNELLO, Pablo S.: «Todo registrado, ¿todo solucionado?. La prueba informativa, los automatismos impropios y la materia jurídica», Nota de doctrina, Microjuris Argentina, MJ-DOC-15729-AR | MJD15729, 29 de enero de 2021, «el proceso puede ser también una continuación de aquel desarrollo existencial de un derecho que no había terminado de definirse, ya sea por novedoso o por nuevas costumbres o por nuevos instrumentos o prácticas disruptivas y que las partes han traído como pleito.»

(13) PEYRANO, Jorge W.: «Teoría y práctica de los negocios jurídicos procesales». Disponible en http://faeproc.org/doctrina/atene o-de-estudios-del-proceso-civil-de-rosario/

(14) «la cosa juzgada es un bien de la vida reconocido o negado por el juez.» Chiovenda, Giuseppe, «Instituciones de derecho procesal civil» «Istituzioni di diritto processaule civile», Trad. de la 2a. ed. italiana y notas de derecho español por Gómez Orbaneja, E., v. 1, Vol.Tomo I, Madrid: Revista de Derecho Privado, 1936.-xxiv, p.404.

(15) «La facultad de disposición, he añadido yo, tiene su fuente en el derecho general de la personalidad, y más exactamente, en la capacidad de obrar; esta capacidad, puesta en relación con los derechos particulares subjetivos que pueden ser objeto de disposición, da lugar a otras tantas facultades concretas de disponer, que viven paralelamente, junto a los derechos, autónomas, no obstante su carácter instrumental». Chiovenda, Giuseppe, «Instituciones de derecho procesal civil» «Istituzioni di diritto processaule civile», Trad. de la 2a. ed. italiana y notas de derecho español por Gómez Orbaneja, E., v. 1, Vol. Tomo I, Madrid: Revista de Derecho Privado, 1936.-xxiv, p. 321

(16) Marcamos «donde», porque precisamente el concepto territorial como punto de conexión indispensable, es lo que pone en crisis lo digital, las distancias tienden o no gravitar en el ejercicio de cada vez más actos de nuestra vida cotidiana, y el proceso civil no puede quedar desconectado de la realidad donde aplica.

(17) «Virtual Civil Trials», April 2020, LL File No. 2020-018927, The Law Library of Congress, Global Legal Research Directorate, http://www.law.gov

(18) CARRINGTON, Paul D.: Virtual Civil Litigation: A Visit to John Bunyan’s Celestial City. Duke University School of Law, 1999. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=148568 (https://ssrn.com/abstract=148568)

(19) SONDERGAARD, Karen G.: «La adaptación del proceso judicial bonaerense en pandemia» Revista Temática del Derecho Procesal y Procesal Informático N° 1 / Diciembre 2020, p. 6.

(20) En Santa Fe, art. 138 del Código Procesal Civil y Comercial, y en relación con el art. 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ley 10.160, con limitaciones en torno a las pautas de demandabilidad y con distinción de jurisdicciones a su vez.

(21) PEYRANO, Jorge W.: «Teoría y práctica de los negocios jurídicos procesales». Disponible en http://faeproc.org/doctrina/ateneo-de-estudios-del-proceso-civil-de-rosario/

(22) PROYECTO DE LEY N° 34413 – CD – DB – y acums.N° 35042 PE-MENSAJE 4704 y 36778 -SEN- de Santa Fe.

(23) ANTEPROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (Versión final para consultas, comentarios y propuestas) COMISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA DESIGNADA POR RESOLUCIÓN N° 549/20 DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD de la Provincia de Santa Fe.

(24) Puede verse desde el concepto mismo de acción como fuera definida por Chiovenda como derecho potestativo, que genera un estado de sujeción de los demás, en este caso, del juez respecto de lo que legítimamente acuerdan las partes sobre el proceso civil que decidan llevar a cabo, con los límites de orden público procesal. «. aceptando el lado sustancial de la teoría de WACH, definí la acción como un derecho potestativo (1903)» Chiovenda, Giuseppe, «Instituciones de derecho procesal civil» «Istituzioni di diritto processaule civile», Trad. de la 2a. ed. italiana y notas de derecho español por Gómez Orbaneja, E., v. 1, Vol. Tomo I, Madrid: Revista de Derecho Privado, 1936.-xxiv, p. 24

(25) AGNELLO, Pablo S.: «Todo registrado, ¿todo solucionado?. La prueba informativa, los automatismos impropios y la materia jurídica», Nota de doctrina, Microjuris Argentina, MJ-DOC-15729-AR | MJD15729, 29 de enero de 2021, respecto de las categorías de derechos involucrados: derechos individuales, derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto intereses individuales homogéneos.

(26) También es de provecho en este aspecto, el análisis procesal Chiovenda distinguiendo conforme categorías de derechos, en lo que respecta a los fundamentales i.e. «Derechos absolutos.- no hay cambio de acción si se pasa de un título de adquisición a otro: en la citación podemos limitarnos a afirmar la propiedad. Lo mismo puede decirse de los otros derechos absolutos: vemos en el hecho actual de la existencia de un hombre la causa de los derechos de libertad o de personalidad, sin pensar en su nacimiento, sino como modo de probar su existencia.» Chiovenda, Giuseppe, «Instituciones de derecho procesal civil» «Istituzioni di diritto processaule civile», Trad. de la 2a. ed. italiana y notas de derecho español por Gómez Orbaneja, E., v. 1, Vol. Tomo I, Madrid: Revista de Derecho Privado, 1936.-xxiv, p. 394

(*) Abogado, Notario, Mediador, Especialista en Derecho Procesal Civil (FCJS-UNL). Docente universitario.

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