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#Fallos Mala praxis médica: El daño en el sistema nervioso que padece el paciente es una consecuencia de la intervención quirúrgica llevada a cabo por el médico demandado, de acuerdo a las pruebas periciales desarrolladas

Partes: F. J. C. c/ ITOIZ S.A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: K

Fecha: 17-jun-2021

Cita: MJ-JU-M-133014-AR | MJJ133014 | MJJ133014

Se admite una demanda de mala praxis porque la prueba pericial arrojó que el daño en el sistema nervioso que padece el actor es una consecuencia de la intervención quirúrgica llevada a cabo por el médico demandado. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la demanda de mala praxis, ya que de la prueba pericial se tiene por comprobada la relación causal entre la actuación del galeno y las secuelas que presenta el actor, pues el acto quirúrgico se llevó a cabo negligentemente, ya que ocasionó el compromiso nervioso que presenta aquel.

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2.-La conducta desplegada por el médico demandado trasunta una negligencia pasible de responsabilidad por las consecuencias disvaliosas sobrevinientes, pues vínculo causal existe cuando se advierte o colige una omisión médica y/o no aplicación del tratamiento debido, siendo deber del profesional disponer de los medios y las diligencias que -normal y ordinariamente- pueden llevar a un resultado exitoso.

2.-Tanto el nosocomio como la obra social accionados, responderán por el incumplimiento de la obligación tácita de seguridad que funciona con carácter accesorio de la obligación principal de prestar asistencia idónea por medio de personal y facultativos de su cuerpo médico.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de junio del año 2021, hallándose reunidos los Señores Vocales integrantes de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de conocer en el recurso interpuesto contra la sentencia dictada en los autos caratulados «F., J. C. C/ I. S.A. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS», habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden del sorteo de estudio, el Dr. Osvaldo Onofre Alvarez dijo:

I.- Vienen los autos a este Tribunal, con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia dictada a fs. 965/1006, habiendo expresado agravios la actora a fs. 1036/1042; siendo respondidos a fs. 1044/1047, 10481050, 1051/1052 y 1053/1056, los respectivos traslados conferidos.

II.- Antecedentes.

J. C. F., se presenta a fs. 30/63 y entabla demanda de indemnización por daños y perjuicios, en virtud de la mala praxis de la que -expone fuera víctima el día 3 de abril del año 2010, en las instalaciones del Sanatorio I. sito en la calle Alsina 174, partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Reclama por las graves lesiones incapacitantes sufridas, el pago de la suma de argentinos oro setecientos veintisiete con cuarenta y nueve centavos (argentinos oro 727,49), equivalentes -a la fecha de la presentación- a la suma de pesos un millón setecientos cuarenta y ocho mil ($ 1.748.000,00) al nosocomio mencionado, al Dr. J. G. D., a la «Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación» y cita en garantía a la firma «Seguros Médicos S.A.» (por la responsabilidad profesional atribuida al Dr. D.) y a la empresa «Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.» (por la responsabilidad endilgada al aluido Sanatorio I.).

Expresa las razones que lo llevan a accionar contra cada demandado: Al Dr. J. G. D.le imputa haber llevado a cabo la conducta médica específica que constituye la mala praxis reprochada. Al Sanatorio I., dónde recibió la atención y se le designó como médico al Dr. J. G. D., a quien él no eligió, sino que el establecimiento se lo adjudicó, siendo -al tiempo de los hechos- un dependiente del nosocomio, o bien, un profesional del cual éste se servía para llevar a cabo su cometido. A la Obra Social Unión Personal, que intermedia entre las personas que requieren una atención médica y quienes prestan esos servicios, contratando prestadores y presentando una cartilla de donde deben concurrir sus adherentes para atender sus patologías; al formar estas cartillas eligen prestadores y tienen responsabilidad, a la vez que ejercen una facultad de supervisarlos.

Relata los hechos acecidos y detalla que -después de un importante traumatismo de rodilla derecha que sufrió jugando al fútbol- el día 19 de noviembre del año 2009- se dirigió a la Clínica I., que le corresponde por su obra social.Allí, fue atendido por un especialista en traumatología, el Doctor D., quien -luego de examinarlo y solicitar estudios complementarios- arribó al diagnóstico de rotura de ligamentos cruzados de rodilla derecha, informándole que el cuadro era de resolución quirúrgica.

Señala que, al presentarse el paciente a la consulta con dicho galeno, no presentaba ningún tipo de antecedente neurológico, sensitivo, ni motor en el miembro inferior lesionado; lo que puede acreditarse con la vida deportiva que llevaba, a más que ello resulta confirmado por el traumatólogo, al no registrar nada en la ficha de la consulta ni en los antecedentes personales pre-quirúrgicos.

Arguye que, depositando su confianza y teniendo en cuenta la importancia de la relación médico paciente, decide operarse con el profesional tratante, para poder solucionar la dolencia y -de tal modo- resolver los problemas personales y laborales que dicha patología le aparejaba.

Recrea que, el día sábado 3 de abril del año 2010, fue intervenido quirúrgicamente y dado de alta al día siguiente por el traumatólogo, refiriéndole que el procedimiento había sido exitoso y que no tenía complicaciones. Así, se retiró con indicación de reposo, analgésicos y control por consultorios externos. Señala que, el día lunes 5 de abril del mismo año, comenzó a sentir una dificultad al pisar con el pie derecho, que refería como una falta de sensibilidad o parestesia; motivo por el cual consultó al especialista que lo operó, confirmando éste dicha patología postquirúrgica, como consta en la indicación por escrito de la derivación a un neurólogo.

Argumenta que fue, a partir de allí, comenzó un largo camino de tratamientos de kinesiología, que no tuvieron resultados positivos, ya que el daño neurológico producido resultó ser irreversible. El traumatólogo le había seccionado las conexiones nerviosas.La degeneración del nervio («muerte o necrosis del nervio»), produce las alteraciones sensitivas que sufre y que han sido confirmadas por medio del electromiograma indicado y realizado por el neurólogo.

Deja expresado -claramente- que el proceder negligente del traumatólogo en el acto quirúrgico, le ha dejado las secuelas neurológicas permanentes que padece.

Resultó con una neuropatía permanente del miembro inferior derecho en el curso de la cirugía de rodilla por rotura de ligamentos cruzados que le realizó el médico codemandado, al no proceder conforme a las reglas de la buena praxis quirúrgica.

Señala que se presentó el día de la intervención, con la rodilla sin ninguna neuropatía que pudiera contraindicar dicho procedimiento y se le habían realizaron todos los controles de rutina pre-quirúrgicos para que el galeno decida que se encontraba en condiciones de ser operado. En tales condiciones, la única forma por la cual el paciente pudo contraer la neuropatía, fue durante el acto quirúrgico, por la deficiente técnica en la realización de la operación. Alega que su único mal era la rotura de ligamentos cruzados que se solucionaría con una intervención de rutina, totalmente libre de riesgos. En cambio, ahora perdió la sensibilidad de su pierna derecha por debajo de la rodilla y debe someterse -varias veces a la semana- a tratamientos de kinesiología con el propósito de evitar que sus músculos se atrofien; a más que ya no puede hacer deportes, por el gran dolor que sufre. En concreto, mientras realizaba un procedimiento de artroscopia, el especialista lesionó los nervios del actor, que perdió de manera irrecuperable la sensibilidad de su pierna derecha; que la operación artroscópica puede haberse efectuado con un maguito hemostático y tensión del miembro, por más tiempo de una hora, o se habrá apretado el nervio con algún elemento sólido que le provocó la lesión.

Afirma que existe una relación de causa a efecto entre la realización de la cirugía y el daño ocurrido.Recrea que existe, efectivamente, causalidad adecuada; toda vez que se configuran circunstancias graves, precisas, convergentes y concordantes que demuestran que la lesión padecida por el actor fue provocada por el Dr. D., cuando lo operó de la pierna derecha en el sanatorio I.

Señala que el deber de buena praxis, imponía al codemandado informar a su paciente si es que existe la posibilidad de que -aun realizando la operación con una técnica quirúrgica perfecta- pueda perder la sensibilidad de la pierna cuya rodilla se intervendría; impone, además, realizar el procedimiento con la pericia y el cuidado necesario para evitar cualquier consecuencia dañosa. Contrariamente, no ejecutó ninguna de las dos; ni, tampoco, informó o efectuó la intervención galénica correctamente; por el contrario, actuó con negligencia, impericia e imprudencia, incumpliendo los deberes a su cargo.

Aduce, asimismo, que el sanatorio contrajo responsabilidad refleja por dicho proceder. Señala que el paciente establece, con el establecimiento asistencial, un vínculo contractual por el que recae -en cabeza del nosocomio- la obligación de seguridad; aquél puede atenderse en sus instalaciones, con la garantía de que no resultaran daños a su salud como consecuencia de las atenciones sanatoriales que se le brinden.

En el caso, el centro de salud I., falló en su deber de seguridad y es responsable por los daños sufridos por el actor. Individualiza el incumplimiento de dicho actuar, en los déficits o fallas que presentó la institución al momento de su atención- independientes de la mala praxis incurrida por sus médicos- y que consiste -entre otras facetas- en: la carencia de método, manual de funcionamiento o instructivos claros, que produjeron la mala praxis; la falta de buen funcionamiento, ya que sus efectores o personas de las que se vale para prestar la atención, no cumplieron la obra debida y causaron daño.Debe explicar y demostrar que el daño no es consecuencia de su falta de infraestructura y de organización, ni de la omisión de prestar medicina según las normas del arte y de la ciencia.

En cuanto a la obra social Unión Personal, su vigilancia no fue adecuada, ya que no verificó que en el Sanatorio I. se estuvieran brindando prestaciones conforme a protocolos de excelencia o la supervisión no fue con el suficiente buen criterio como para impedir malas praxis como la que motiva esta acción; por lo que también debe ser declarada responsable por los daños sufridas por el reclamante.

Destaca que le fue ocasionada una prematura y traumática lesión, con disminución funcional, por el profesional de la salud en su mal ejercicio de la medicina y que, las secuelas orgánicas incapacitantes para los naturales y espontáneos movimientos, unidos al daño y afección psicológica e integral ha provocado un perjuicio inconmensurable, cuyo daño moral no puede calificarse menos que mayúsculo. Entiende que tales daños y perjuicios sufridos, deben ser resarcidos pecuniariamente en forma integral.

Discrimina los rubros reclamados: gastos efectuados por medicamentos, farmacia, enfermeras, laboratorio, honorarios médicos y curaciones ($ 10.000); futuros gastos de tratamiento -kinesiológico y psicológico- ($ 701.200); daño material: físico y psíquico ($ 518.400) y dañ o moral ($ 518.400); importes que, señala, no constituyen un límite; toda vez que V.S. podrá apartarse para fijar cuantías mayores. Todo ello, con más intereses -desde la fecha del hecho hasta el momento del efectivo pago- y costas.

Funda en derecho, ofrece prueba y peticiona se haga lugar a la demanda en todas sus partes.

A fs. 333/ 357, comparece -por apoderado- el «Sanatorio Profesor I. S.A.» y contesta la acción incoada.Tras una negativa pormenorizada de los hechos expuestos en el escrito de inicio, brinda su propia versión de lo acontecido.

Sostiene que, el día 20 de noviembre del año 2009, el paciente consulta en el servicio de Ortopedia y Traumatología, por traumatismo de rodilla derecha, constatándose pulsos periféricos presentes y simétricos, con dolor a la palpación. Se realizó radiografía, se colocó férula y se dieron pautas de alarma, indicándose control por consultorios externos. Relata que el día 9 de febrero del año 2010, dicho servicio informa gonalgia derecha, con gran sensación de inestabilidad y se deriva al doctor D.

Explicita que, con fecha 19 de marzo del año 2010, el doctor D. refiere «Ruptura de ligamento cruzado anterior -LCA- (yo operé al hermano)». Las dos rodillas con inestabilidad. Se solicita pre-quirúrgico. El día 16 de abril del año 2010, el mismo profesional informa «Prequirúrgico bien. Pido endoboton». En fecha 30 de abril de ese mismo año, el galeno consigna «Se opera el lunes 3/05/2010». En dicha data se realizó la artroscopía de rodilla derecha, más plástica de Ligamento Cruzado Anterior, otorgándose el alta sanatorial el día 4 de mayo del año 2010, sin complicaciones. Con 7 de mayo del año en curso es revisado por el doctor D., comprobando «Herida bien.

Comienza movilidad. Control en 72 horas». El día 11 de mayo de ese año, en la primera semana del postoperatorio, se asienta que la rodilla está bien, dolor en la pantorrilla, se solicita ecodoppler, el cual descarta trombosis venosa profunda; se indica reposo y control en 72 horas. El día 14 de mayo del año 2010, D. consigna «Herida bien. Se indica fisiokinesioterapia (FKT)». El día 21 de mayo del año citado, el facultativo retira los puntos. El día 4 de junio, D. asienta: «.30 días de postoperatorio LCA. Contractura en flexión y manifiesta insensibilidad en talón. Visto con especialista de pie sin encontrar déficit. Sigue con FKT.Se insiste con elongación.». En fecha 18 de junio de 2010, F. manifiesta adormecimiento del pie que no cede, «.Al examen reconoce tacto y pinchazo. Se solicita EMG. En la rodilla dolor patelar y 0 de valor en cuádriceps. Indico disminuir actividad personal.».

Narra que, por electromiograma del día 15.07.2010, informe de sugestivo de neuropatía leve mielínica en territorio tibial posterior derecho, sin denervación actual.

El 23 de julio, el Dr. D. indica «.Electromiograma déficit a nivel de nervio tibial posterior derecho. El paciente manifiesta solo síntomas sensitivos al bañarse y secarse con la toalla. No dolor ni déficit motor. Se interconsulta con neurólogo quien sugiere Síndrome del Túnel Tarsiano. Se medica con Pregabalina 75 mg cada 12 horas.». Luego, el día 9 de agosto del año 2010, F. concurre al Servicio de Ortopedia y Traumatología con el doctor Crivela. Se advierte «.Gonalgia. AINES, reposo. Control por consultorios externos.».

Resalta que, si bien el paciente continúa atendiéndose en el nosocomio hasta la actualidad, solo volvió a consultar al Servicio de Ortopedia y Traumatología, al doctor Rodríguez Cacace, el día 8 de octubre del año 2011, por una mordedura de perro, habiendo abandonado el seguimiento de su operación con los profesionales tratantes.

Considera que en la demanda se hace un planteo sin fundamento técnico alguno y se señalan datos inexactos. Advierte que la fecha es errónea y que difícilmente a las 48:00 hs de un postoperatorio de una artroscopia de rotura de ligamentos cruzados, se comience con apoyo. Sostiene que la primera mención a un trastorno sensitivo se hace el día 04.06.2010, a los treinta (30) días del postoperatorio, cuando consta que manifiesta insensibilidad en el talón. Señala que el paciente siguió control con su médico, quien solicitó estudios y realizó -el día 23.07.2010- interconsulta con neurólogo, quien sugirió Síndrome de túnel tarsiano.Se refiere a la patología planteada por el especialista.

Tras esa descripción, arguye que no consta en la Historia Clínica que se haya usado un manguito hemostático, pero que -aun suponiendo que el mismo fuera aplicado- debió ser colocado por encima de la rodilla; mientras que el nervio lesionado nace por debajo de dicha articulación y en forma profunda, de lo que se deduce que el inexistente manguito jamás pudo lesionar el nervio, tratándose de una cuestión puramente anatómica. En lo inherente a la posibilidad de compresión por un objeto duro, eso determinaría una neuropatía traumática, cuya aparición sería precoz. En el caso de referencia, los síntomas se presentan a los treinta (30) días posteriores al acto quirúrgico, por lo que considera que -claramente- nos hallamos ante una neuropatía mielínica leve, mostrando que el mecanismo es una compresión progresiva del nervio.

Explicita que sólo es posible plantear hipótesis etiológicas sin sentido, puesto que el paciente no volvió a examinarse con el profesional tratante o con el neurólogo que realizó la interconsulta, impidiendo estudiar la causa de la patología. Destaca como llamativo que no haya referencias a síntomas neurológicos en todas las consultas que tiene el actor con distintos profesionales del Sanatorio I., habiendo constancia de atención en dicho centro hasta el mes de enero del año 2015. Similares ausencias de registro se presentan en dos internaciones posteriores efectuadas en el mismo establecimiento, poniendo de resalto que resulta sugestivo que el paciente se haya seguido atendiendo en la institución a la cual le adjudica una presunta mala praxis.

Concluye explicitando que el reclamante presenta un síndrome del túnel tarsiano de etiología incierta, pero sin relación alguna con la cirugía artroscópica realizada, habiendo recibido -inicialmente- un tratamiento conservador.Recalca que no ha existido una conducta profesional reprochable por parte de ninguno de los profesionales que le brindaron atención y, por tanto, no existió violación de los deberes asistenciales ni de seguridad del sanatorio.

Seguidamente, analiza los rubros por los que se reclama y las cuantías requeridas, impugnando la liquidación practicada.

Cita en garantía a la firma Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. Funda en derecho. Ofrece prueba y peticiona el rechazo de la acciona entablada, con costas.

A su turno, comparece -por medio de apoderado- la mencionada empresa «Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.» -fs. 372/383-, quien contesta la citación en garantía cursada. Reconoce la existencia de la relación de seguro a través de la cual cubre la responsabilidad civil por mala praxis de «Sanatorio Profesor I. S.A.», cuyos términos opone -en especial el límite de cobertura por siniestro, el agregado anual y la franquicia a cargo del asegurado-.

Tras la pormenorizada negativa de los hechos expuestos por el demandante en el escrito inicial, hace referencia a los principios jurídicos aplicables a la controversia.

Luego, transcribe las consideraciones médico legales efectuadas por el consultor técnico de su parte y expone la historia clínica completa del actor, la que -señala- determina con claridad objetiva que las manifestaciones relatadas en la demanda no se ajustan a la realidad de los hechos que se informan. Entiende que no es cierto que se hayan seccionado las conexiones nerviosas del reclamante. Por el contrario, enfatiza, el actor jamás exhibió o presentó -ya sea por consultorios externos o en las otros internaciones- síntomas o signos en la rodilla operada lo que prueba que carece de toda veracidad el reclamo allegado.

Considera que, pese a la extensión del escrito inicial, no se aportan precisiones en el mismo sobre la culpa que -en forma vaga e indeterminada- se imputa al profesional interviniente.Que, siendo que el factor de imputación aplicable al médico es subjetivo, debe probarse su culpa para convocar su responsabilidad, así como también la del establecimiento asistencial y de la obra social. Ello resultaría ser así porque para que estas puedan ser responsabilizadas -en virtud del deber de seguridad- es condición necesaria que exista culpa médica; punto sobre el cual -advierte- no se postula en forma técnica correcta la culpa, formulando y reiterando, vagas imputaciones de negligencia, inadecuada técnica quirúrgica, etc., sin marcar -concretamente- en qué consistieron las omisiones o los errores en que se habría incurrido. Entiende que no basta con señalar un supuesto resultado desfavorable, porque aun cuando así fuera, ello no implicaría -por sí- culpa galénica.

En cuanto al daño reclamado, remarca que no ha mediado conducta alguna de su parte o de su asegurado que pueda sustentar la acción y -por otro lado- cuestiona la procedencia de los rubros y las sumas perseguidas, que configuran -a su criterio- un manifiesto exceso.

Funda en derecho, ofrece prueba y solicita que, oportunamente, se rechace la demanda, con costas. A fs. 470/472, hace lo propio -en su carácter de aseguradora- de la Obra Social demandada.

A fs. 385/395, se presenta -por apoderado- mencionada «Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación» e integra el contradictorio.

Tras la negativa efectuada, expone los hechos según las constancias médicas disponibles. Refiere que, el día 20 de noviembre del año 2009, el actor se dirigió a la Clínica I., donde realizó una consulta a Ortopedia y Traumatología por traumatismo de rodilla derecha. Reproduce, seguidamente, la contestación de demanda efectuada por dicho nosocomio, para concluir que el paciente presenta un síndrome del túnel tarsiano de etiología incierta , que no tiene relación alguna con la cirugía artroscópica realizada. Arguye, así, que no existió mala praxis.

Funda en derecho; ofrece prueba y peticiona el oportuno rechazo de la pretensión, con costas.

Por su parte, a fs.417/440, se presenta -por apoderado- la firma «Seguros Médicos S.A.» y contesta la citación en garantía que le fuera cursada. Reconoce la cobertura asegurativa respecto del Dr. J. G. D. y opone los términos contractuales de la póliza, en especial el límite de cobertura y la franquicia a cargo de su asistido.

Luego, niega la plataforma fáctica expuesta en la presentación liminar y efectúa el relato de lo acontecido, para concluir señalando que el señor F., sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que se lo estudió y se le propuso el correspondiente tratamiento acorde a la patología que presentaba. La reparación de dicha estructura es por medio de una cirugía denominada plástica quirúrgica. Presentó una alteración nerviosa, la cual fue tratada en consonancia con el cuadro presentado, no pudiendo culminar el tratamiento el médico; toda vez que el actor no acudió a los controles oportunamente indicados.

Además de sostener la improcedencia de la acción impetrada, impugna la liquidación practicada. Indica que ninguna de las circunstancias expuestas como fundamento de los rubros reclamados, guarda relación de causalidad adecuada con la intervención profesional. Por otro lado, controvierte la totalidad de los conceptos requeridos, por exorbitantes.

Funda en derecho, ofrece prueba y solicita que, al sentenciar, se rechace la acción, con costas.

Por último, a fs. 482/506, el Dr. J. G. D. contesta la demanda entablada. Niega -de manera puntual y particular- los hechos expuestos por el actor.

Advierte que los sucesos no acaecieron como los relata la parte reclamante.

Indica que el paciente fue derivado por el Dr. Manfrin a su consulta, presentando ruptura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, con maniobras de inestabilidad francamente positivas. Continúa explicitando que esa primera consulta fue el día 19 de marzo del año 2010. El día 25 de ese mes, fue evaluado por un nefrólogo, el cual le informa que evoluciona «toque» renal por deshidratación y diuréticos. Refiere que la Dra.Zambrano -médica cardióloga del nosocomio- efectúa el riesgo quirúrgico pertinente, en el cual se manifiesta como dato positivo que es hipertenso, medicado con 20 mg. de enalapril diarios. La cirugía a realizar era una plástica de ligamento cruzado anterior con control artroscópico de rodilla derecha, a ejecutarse en el Sanatorio I. Recrea que la intervención cursó sin complicaciones intraoperatorias, ni en el postoperatorio inmediato, siendo dado de alta al día siguiente -en las condiciones habituales- sin manifestar dolencia alguna.

Refiere que el primer control postoperatorio se le efectuó el día 7 de mayo del año 2010, con inspección de heridas dentro de los parámetros normales y se lo citó en 72:00 horas. Acota que, la siguiente revisión, fue consumada el día 11 de mayo del año 2010 y, allí, manifestó dolor en la pantorrilla. Teniendo en cuenta que llevaba una semana de postoperatorio, solicitó la realización de un ecodoppler para descartar una trombosis venosa profunda. En la siguiente consulta -día 14 de mayo de 2010- al actor se le indicaron sesiones de fisioterapia para la rehabilitación de su rodilla derecha. Con fecha 21 de mayo del año 2010, se procedió a sacarle los puntos, dejándose constancia de las dificultades que presentaba el paciente para movilizar la rodilla. En dicha oportunidad, no hubo ninguna manifestación de otro tipo de síntomas, tal como surge de la Historia Clínica.

Agrega que, en la atención llevada a cabo el día 4 de junio de del año 2010 -a un mes de la operación- el paciente refirió insensibilidad en la zona del talón. En esa misma oportunidad se procedió a realizar interconsulta con el Dr. Fabián Randazzo (especialista de pierna y pie del sanatorio), quien no encontró déficit alguno tras su examen; razón por la cual el paciente continuó con su rehabilitación de rodilla. En la visita siguiente, del día 18 de junio de 2010, F.manifestó parestesias en el pie, por lo cual lo examinó con el tacto y pequeños pinchazos con aguja. En dicha oportunidad -afirma- el paciente reconoció y discriminó ambos estímulos con normalidad, no obstante, le solicitó un electromiograma con velocidad de conducción motora y sensitiva. Dicho examen se realizó el día 15 de julio del año 2010, arrojando como resultado «Informe sugestivo de neuropatía leve mielínica en territorio del nervio tibial posterior derecho, sin denervación actual».

Detalla que, al concurrir el día 23 de julio de 2010, el paciente se apersonó con el electromiograma, y él consignó en la historia clínica: «.Electriomiograma déficit a nivel de nervio tibial posterior derecho. El paciente manifiesta sólo síntomas sensitivos al bañarse y secarse con la toalla. NO DOLOR NI DÉFICIT MOTOR.». Se realizó nueva interconsulta con el doctor Randazzo, quien sugirió el diagnóstico de síndrome del túnel tarsiano y medicarlo con pregabalina 75 mg.; circunstancia que -de tal modose cumplió o se ejecutó, prescribiéndolo.

Advierte que, luego de dicha ocasión, J. C. F. no concurrió más a la consulta, abandonando el tratamiento indicado.

Impugna la liquidación. Alude que los planteos de los rubros indemnizatorios no guardan relación de causalidad adecuada con su intervención profesional. Luego, se detiene en cada uno de los rubros reclamados.

Continúa con el tratamiento de la naturaleza jurídica de la relación entre el médico y el paciente y señala que no se configuran en el caso los presupuestos de responsabilidad civil. Ofrece prueba y peticiona el rechazo de la acción instaurada, con costas.

III.- La sentencia.

El Sr.Juez «a-quo» propició el rechazo de la demanda articulada, con costas.

Para así decidir, entendió el magistrado que la pericia médica producida es inconsistente, no guarda fundamentos disciplinarios, ni brinda respuesta concreta a una considerable proporción de impugnaciones; siendo la prueba rendida con relación a la cuestión de fondo, esto es, la responsabilidad atribuida, puesto que los restantes elementos ilustran sobre el pretendido daño imputable o temáticas anexas.

Destaca el juzgador que, el extenso escrito de demanda, vierte consideraciones médico-legales de todo tipo, pero -en concreto- omite especificar en qué consistió la mala praxis imputada o cual fue -taxativamente- el error del galeno accionado.

Considera que el actor omitió todo dato relativo al yerro que corresponde atribuir al profesional de la salud, siendo que puso el acento sobre las consecuencias disvaliosas del acto quirúrgico; lo que no resulta suficiente para hacer operativas las instituciones jurídicas de la responsabilidad médica. Resalta que no puede -en su pronunciamientoinferir la «causa petendi», de la escasa prueba producida y poder suplir -de tal modo- la carencia de elementos esenciales del reclamo.

Recalca que, en todo momento, el perito de oficio manifestó que la operación era la alternativa correcta ante el cuadro postraumático del actor, lo cual está claramente objetivado por los informes de la resonancia magnética; o -lo que es lo mismo- la articulación fue reparada en forma correcta. Entiende que no se encuentra acreditado que se haya seccionado nervio alguno, sino la presencia de una neuropatía mielínica, que puede tener -entre otras causas- una etiología compresiva.

Advierte que, mucho menos se ha comprobado, que se hubiera utilizado un manguito hemostático.Profundizando lo predicho sostiene que la utilización de ese dispositivo fue expresamente negada al integrar el contradictorio, a lo que suma que no se propusieron puntos de pericia en tal sentido, ni se aportó casuística o bibliografía médicas en torno a la utilización inexorable o al menos habitual, de un torniquete en ese tipo de intervención quirúrgica; a la par que, tampoco, se ha expuesto -como un hecho- el lugar en el que ese elemento, hipotéticamente, se ubicaría para la cirugía y -por ende- si su uso sería idóneo para generar esa especie de lesión neurológica. De hecho, argumenta, se le aplicó anestesia peridural y el procedimiento completo duró dos horas, no siendo dable suponer que -de haberse utilizado- el citado manguito hemostático haya sido ajustado todo ese lapso, sino el suficiente para mantener el campo quirúrgico visualmente libre.

Insiste en que no está probada la culpa del profesional o de su equipo interviniente, ni está siquiera invocado el accionar culposo de los mismos. No hay prueba alguna -concluye- que permita atribuir la neuropatía a una maniobra incorrecta en la cirugía o yerro que- ni siquiera- se invocó.

En el caso bajo examen -redunda- solo se puede hablar de suposiciones hipotéticas no comprobadas, puesto que -insiste- la indicación quirúrgica, el procedimiento operatorio y el control posterior, fueron los adecuados y -si bien la complicación existe y se la ha comprobado- está ausente la inexcusable demostración de que ello obedece a un error profesional; resultando, entonces, imposible de soslayar -deduce- la indiscutible causalidad entre el daño y las omisiones a la «lex artis» que muy lejos están -a su criterio- de encontrarse verificadas.

En definitiva, ausente de comprobación el imprescindible error médico, concluye que la demanda no tendrá favorable acogida. Afirma, asimismo, que aun cuanto el resultado ha sido -a no dudarlo- disvalioso, no le es posible atribuir responsabilidad a persona alguna.En ese contexto, señala que la totalidad de los restantes planteos, devienen abstractos.

IV.- Los agravios:

La accionante cuestiona que el «a-quo» rechace la demanda por descartar la validez de la pericia médica producida, fundándose en consideraciones de tipo médicocientíficas que realiza -entiende- sin estar calificado de modo alguno y, en lugar de solicitar medidas para mejor proveer o pedir explicaciones al profesional actuante, declara que no hay pericia y que -consecuentemente- no se ha probado en juicio la relación causal y el daño.

Asimismo, critica que el fallo omita valerse del principio de las cargas probatorias dinámicas, que considera plenamente aplicable en la especie, siendo que las demandadas no han probado que el acto quirúrgico no causara el daño, ni que el actor lo haya padecido antes de la operación; por lo que correspondía hacer lugar a la demanda. Peticiona -en su caso- se fije una audiencia a fin de que el especialista en neurología que produjo el informe descartado por el juez «a quo» se haga presente para brindar las explicaciones o aclaraciones que V.E. considere necesarias con el fin de dilucidar la cuestión debatida. Subsidiariamente, solicita se habilite la producción de prueba en esta segunda instancia, ordenando la confección de una nueva experticia médica en la especialidad neurología.

Advierte que el primer juzgador realiza consideraciones que solo tienen el efecto de ponderar negativamente la labor pericial sin fundamento, conocimiento médico o experiencia en la especialidad neurológica para tener certeza científica sobre ello y decida fallar en autos sin la opinión de ningún médico. Señala que, tras una larga disertación en la que el decisorio ataca el dictamen y las contestaciones a las diversas impugnaciones realizados por el Dr. Sproviero, desconoce las conclusiones a las que éste arriba.Señala que existe facultad del magistrado de ponderar la validez de las pruebas producidas y expedirse sobre ello, pero que -en el «sub lite»- el único medio probatorio procesalmente adecuado para demostrar la relación de causalidad y la entidad de los daños sufridos, es la pericia medica anulada en sus efectos.

Arguye que su parte fue diligente en ofrecer dicha prueba, los puntos periciales y en instar su producción, quedando con esta decisión, en estado de indefensión, causando ello un gravamen idéntico al rechazo de la oferta probatoria; de modo tal que se lo priva de la posibilidad de demostrar en juicio los hechos alegados. Refiere que el profesional actuante ha sido aceptado como experto por la Cámara de Apelaciones y fue sorteado y designado por S.S. Los vicios en la producción del informe que se reprochan, no deben incidir o decidir la pérdida de un derecho de la actora.

Reitera que, conforme emerge de los principios procesales antes señalados y al decidir el juez que la pericia medica carece de validez, debió considerar que los demandados no demostraron -de modo alguno- que el acto quirúrgico (hecho que sabemos puede -efectivamente- provocar los daños sufridos por el actor) no haya causado la lesión neurológica que sufriera; ponderando las demás pruebas incorporadas. Ello resulta ser así, enfatiza, porque no consta que el actor haya presentado una neuropatía antes de la realización del acto quirúrgico. La prueba testimonial agregada (a la que el magistrado de grado no se refiere en su sentencia), acredita que el actor cambió su forma de vida y abandonó la práctica de deportes luego de la intervención de que se trata.

En definitiva, concluye que el sentenC.te -por recurrencia y aplicación de los reseñados principios de la carga dinámica de la prueba- debió hacer lugar a la demanda y condenar a los accionados.Concluye enfatizando que la condena en costas sobreviniente, le causa un gravamen adicional; toda vez que, no solo se vio privado de la oportunidad de producir prueba, habiendo sido diligente y oportuno en su oferta e impulso, sino que -también- es penado como perdedor en el proceso. Por ello, entiende que, para el improbable supuesto de que no se aceptara como probada la relación de causalidad, claramente se genera una situación de duda, en la que sería justo y equitativo que las costas sean impuestas por su orden.

Por lo afirmado, solicita se declare válida la pericia producida, haciéndose lugar a la demanda en todas sus partes. Subsidiariamente, se requieran explicaciones adicionales al perito médico, a fin que proceda a ampliar y explicar su informe en cuanto a criterio de V.E. fuera necesario, o bien, se ordene la realización de una nueva pericia en esta alzada, a fin de evacuar la totalidad de los puntos ofrecidos por las partes.

V.- Ahora bien, en cuanto al pedido de deserción del recurso interpuesto por la contraria, corresponde recordar que en la sustanciación de la apelación la observancia de los requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos, aun frente a la precariedad de la crítica del fallo apelado; directiva que tiende a la armonía en el acatamiento de los requisitos legales y la aludida garantía de la defensa en juicio y delimitar restrictivamente el ámbito de las sanciones que importan pérdida o caducidad de los derechos del apelante (conf. CNCiv., Sala E, del 24/9/74, LL 1975-A-573; íd. Sala G, del 10/4/85, LL 1985-C-267; conf. CNEsp. Civ. y Com. Sala I, del 30/4/84, ED 111-513).

Teniendo en cuenta ello y dado que no se advierte que la expresión de agravios en cuestión se haya apartado, en lo sustancial, de los principios fijados en el art.265 del Código ritual, corresponde desestimar lo solicitado.

VI.- Atento la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (Ley n° 26.994 y su modificatoria Ley n° 27.077), de conformidad a lo previsto en su art. 7 y teniendo en cuenta la fecha de los hechos ventilados en autos, es que resultan de aplicación al caso las normas del Código Civil de Vélez.

He de adelantar que, un estudio completo y acabado de las pruebas agregadas al expediente, analizadas y valoradas -en su conjunto- con el prisma de la sana crítica (arts. 386 y 477 del CPCCN), me lleva a disentir con la solución del «a-quo» y las razones que lo condujeron al rechazo de la demanda.

Se destaca que el juzgador debe arribar a la verdad jurídica que -al decir del maestro A. Morello- no es la verdad absoluta y abstracta, sino el estado subjetivo del juez, cuyo acceso a esa verdad (certeza), se ha ajustado a un procedimiento reglado y a pautas y guías lógicas de experiencia y sociológicas (Estudios de Derecho Procesal Civil; t. I; Buenos Aires 1998, Abeledo-Perrot; p. 102 y siguientes).

En nuestro sistema, el concepto de prueba está integrado con la atribución de las partes, la función del magistrado y el resultado que debe consagrar la sentencia.

Para los litigantes, prueba es el conjunto de elementos, autorizados por la ley, para demostrar que la versión de los hechos, respectivamente expresada en los escritos de constitución del proceso, es exacta. Para el juez es una función de aportación, selección y valoración de los indicados elementos, con el fin de establecer que, aquellas versiones, son las exactas -verdad formal- o, donde proceda, la que -efectivamente- coincide con la realidad -verdad material-. Siempre debe ser sobre las «versiones dadas por las partes». Reitero: el objeto de la prueba está constituido por los hechos invocados en las alegaciones de las partes, en tanto sean controvertidos. Es decir, afirmados por una y desconocidos por la otra y conducentes.

Al decir de E.Zannoni, «.El incumplimiento imputable a la obligación contractualmente asumida (que en su ámbito propio constituye el ilícito al que se imputa la obligación resarcitoria: arts. 520 y 521 del Código Civil), trasciende como el hecho al que el art. 1109 vincula la obligación de reparar desde que, por culpa o negligencia del incumplidor, se ha ocasionado ‘un daño a otro.» (autor citado, El daño en la responsabilidad civil, p. 141).

Como se advierte, debe necesariamente analizarse la relación del galeno actuante con el paciente, a fin de determinar si existió incumplimiento de la prestación médica y -en su caso- relación causal ´-de ese obrar- con el daño acaecido tras la intervención quirúrgica, lo que -acreditado- originará la responsabilidad frente al accionante.

Se ha recurrido a los principios generales del art 512 del C. Civil en los supuestos de responsabilidad profesional, a la que se define como aquélla en la que incurre el que ejerce una profesión, al faltar a los deberes especiales que ésta le impone; requiere -para su configuración- de los mismos elementos comunes a cualquier responsabilidad civil. Ello quiere decir que, cuando el profesional incurre en la omisión de las diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación; ya sea por impericia, imprudencia o negligencia falta a su obligación y se coloca en la posición de deudor culpable -art. 512 del C. Civil- (Suprema Corte de Bs As en «Rivero y Hornos c. Echalde, Norberto y otro «, daños y perjuicios del 22/12/87; también otros citados aprobatoriamente por Ghersi, Carlos, en «Responsabilidad por prestación médico asistencial», p.343 y sgtes., entre otros).

Se ha señalado, como nota característica del profesional, la habilidad en el desempeño de su actividad; que ésta se encuentre reglamentada y suponga habilitación previa, su presunción de onerosidad y que se ejerza con autonomía técnica y sujeción a la colegiación, a normas éticas y a potestades disciplinarias (Alterini, Atilio, López Cabana, Roberto, «la Responsabilidad civil de los profesionales», en «Las responsabilidades profesionales»- Libro homenaje al Dr. L. Adorno, pág. 659, Ed. Platense, 1992).

La Corte Nacional, al valorar en el caso de los médicos, ha remarcado que el deber jurídico de obrar se compone, no sólo con la carga de actuar con la prudencia y el pleno conocimiento impuesto por las normas del Código Civil, sino con las que establecen los ordenamientos particulares, propios de los profesionales del arte de curar -v.gr. Código Internacional de Ética Médica, Declaración de Ginebra, etc.- (Fallos : 306.187 y JA, 1984-II-373; CS 24.10.1989 , «Amante Leonor y otros c. Asociación Mutual Transporte Automotor», JA: 1990-II,127).

El régimen legal aplicable es el derivado de la órbita contractual, por cuanto -la mayoría de las veces- se trata d e la inejecución de un previo acuerdo de voluntades ente la víctima y el profesional. Ello no excluye supuestos específicos y excepcionales de responsabilidad extracontractual, en los que no media convención entre las partes.

Por ejemplo -entre otros- si la acción resarcitoria es promovida «iure propio» por los damnificados indirectos por la muerte de la víctima (Bueres, Alberto «Responsabilidad civil de los médicos», p. 42, Ed. Abaco, Bs As, 1979).

La responsabilidad médica constituye parte especial de la responsabilidad profesional y -al igual que ésta- se halla sometida a los mismos principios que la responsabilidad en general, siendo erróneo considerar que el médico sólo debe responder en casos de falta notoria de pericia, grave negligencia o imprudencia, ignorancia inexcusable, grosera inadvertencia o graves errores de diagnóstico y tratamiento.Cuando el profesional incurre en la omisión de las diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación, ya sea por impericia, imprudencia, se coloca en la posición del deudor culpable.

La culpa, en sentido genérico, es objeto de dos sistemas de apreciación: la valoración en concreto o subjetiva, por la que se merita con relación al sujeto mismo, atendiendo únicamente a sus condiciones personales y a las demás circunstancias de tiempo y lugar en que actuó; y la valoración en abstracto u objetiva en la que el parámetro de comparación está dado por la previsibilidad general de un patrón o tipo medio: el hombre común, el buen padre de familia, etc. (Orgaz, Alfredo, «La culpa», ed Lerner, Bs As, 1970; Bustamante Alsina, Jorge «Teoría General de la responsabilidad civil», pág 48, nota 4).

Puntualiza el citado tratadista Orgaz que ambos sistemas no son antagónicos, sino que se complementan; la apreciación abstracta u objetiva no prescinde por completo del examen de la naturaleza de la obligación y de las circunstancias del caso, ni la apreciación en concreto deja de comparar la conducta del agente con la de un individuo de diligencia normal («La culpa», cita en nota 22, pág. 133).

El juez debe -ante todo- examinar el caso concreto con toda su constelación fáctica y, luego, confrontarlo con la conducta que -en tal evento- había observado un hombre prudente (Cazeaux-Trigo Represas, «Derecho de las Obligaciones», t. III, p. 161, ed Platense, 1970), o sea que -en definitiva- el art 512 del C. Civil consagra un sistema mixto -concreto y abstracto- (Bueres, Alberto, «Resp. Civil de los médicos», p.208).

El aludido publicista Trigo Represas sostiene que -para apreciar la culpa- ha de acudirse al «buen profesional» de la especialidad, ya que deben armonizarse las directivas del art. 512 del C.C. con las del 902 para la esfera aquilina y con el art 909 de ese cuerpo legal para el ámbito contractual.Por ende, el adiestramiento específico que supone la condición profesional, genera un especial deber de obrar con más prudencia y conocimiento («Nuevas reflexiones sobre responsabilidad civil de los médicos», LL, 1984 C, p. 586).

En cuanto a la prueba de la culpa -como principio regulador- deberá ser demostrada por el acreedor, sin perjuicio de la importancia que tienen, como medio probatorio, las presunciones judiciales, o bien y en ciertos casos, la denominada teoría de las cargas probatorias dinámicas:

Queda en claro que, en la responsabilidad médica, como regla general, nos encontramos frente a obligaciones de medios, con lo cual no basta -pues- con revelar la mera infracción estructural; o sea, la causación del daño médico, para deducir «sic et simpliciter» el elemento subjetivo (culpa).

Es que, en las obligaciones de medios, existe un doble juego de intereses; en todo caso un interés dual, que forma parte integrante del objeto del deber prestacional.

Estos intereses pueden ser denominados como final y primario. El interés final, que es el aspirado por las partes, resulta aleatorio (en el caso médico, la curación definitiva) y -por tanto-. el deudor no está en condiciones de asegurarlo. Concordantemente con ese interés final, aparece el interés primario que se satisface con el esfuerzo del «solvens» en tanto se traduzca en una actividad prudente y diligente.Este último interés (el primario) basta para que se considere que el proyecto de la prestación se ha cumplido; con lo cual la sola falta de obtención del interés final, no es suficiente para patentizar la responsabilidad del deudor.

A la luz de lo expuesto, no cabe duda que -en la responsabilidad médicaasumiendo los profesionales -«ab initio»- obligaciones de medios y para que quede comprometida su responsabilidad debe haberse acreditado que no se ha cumplido con el fin primario; esto es, la actividad prudente y diligente del galeno.

Como quedó dicho, en lo referido a la prueba de la culpa del médico, se aplican las reglas generales del «onus probandi». No obstante, las dificultades probatorias acusadas que debe sortear -con frecuencia- el malquistado para poner a las claras la culpa del médico, recondujeron a la doctrina a conferir un elevado valor, quizás como en ninguna otra materia, a las presunciones judiciales -«praesumptio hominis»-. Habrá que demostrar hechos que generen «indicios» para extraer de ellos la culpa de manera indirecta. A lo más, cabrá concebir que existe un aligeramiento de la actividad probatoria y una concreción a los jueces de posibilidades para apreciar las circunstancias implicadas sobre la base de la equidad (CNCiv., Sala D, 28/2/96, in re «G.F.M. y otro c/ Centro Médico Lacroze y otros») En cuanto a la obra social co-accionada, en la especie no puede obviarse de señalar que la misma tiene un deber de seguridad con su afiliado, el que -como obligación tácita- se encuentra comprendido en el contrato asistencial.

La institución sanitaria tiene, asimismo, una obligación de seguridad por la eficacia del servicio de salud (cfr. Lorenzetti, «Responsabilidad civil del médico y establecimientos asistenciales», en Derecho de Daños, Homenaje al profesor Moset Iturraspe, pág. 532). Dicho deber de seguridad, encuentra adecuado fundamento en la buena fe contractual del art.1198, primer párrafo del C.C., traduciéndose -en lo que atañe al paciente- en su creencia de que el cuidado y la previsión de lo convenido, lo pondrán al resguardo de daños que pudiera ocasionarle -a su persona- la ejecución del contrato; máxime cuando se trata de actuar sobre el cuerpo y la salud.

Debe, igualmente, destacarse que la función específica primordial de toda obra social o medicina prepaga consiste -precisamente- en la prestación médica integral u óptima, para lo cual cuenta con la afluencia de medios económicos que administra, a fin de organizar adecuadamente aquel servicio y -en ello- ha de contemplarse la competencia, idoneidad y dedicación de los profesionales que se incorporen al mismo, incluidos los especialistas, así como todo personal afectado. De igual modo y con parigual alcance, la aptitud de los medios empleados y toda la infraestructura del servicio médico; toda vez que cada individuo que requiere atención médica pone en acción a todo el sistema y un acto fallido -en cualesquiera de sus partes-, sea en lo que hace a la faz de la prestación médica en sí o en la faz sanitaria; sea en el contralor de una u otra, en la medida que pudiera incidir en el restablecimiento del paciente, demorándolo, frustrándolo definitivamente o tornándolo más difícil, más riesgoso o más doloroso, necesariamente ha de comprometer la responsabilidad de quien tiene a su cargo la dirección del sistema y su contralor (conf. CSJN, 29/3/84 «González, Orono de Leguizamón c/ Federación Trabajadores Jaboneros y Afines, LL 1984-B-393 y ss.) Cabe destacar -al mismo tiempo- que el vínculo existente entre aquéllas, la clínica y el galeno, resulta irrelevante; ya que su eventual responsabilidad deriva del incumplimiento de brindar el servicio debido, sea cual fuese la modalidad de contratación adoptada con el prestador del servicio de salud. Ello es así, atento al efecto relativo de los contratos, los que no pueden beneficiar ni perjudicar a terceros -art.503, 1195, 1199 «in fine», sgtes. y concs. del Código Civil- que determinan -en definitiva- que el afiliado que no concurrió a aquel otorgamiento, resulte un extraño con relación a dicho contrato y que -por ello- no le puede ser oponible (Trigo-Represas, Ob. Cit., p. 400/01).

Tampoco habrá de omitirse de señalar -como destacara mi distinguido colega Dr. Oscar J. Ameal en su voto en los autos «Steinbaum, Marcos c/ Federación Médica Gremial de la Capital FEME s/ daños y perjuicios», expte. N° 44610/2003- que «.en el acto médico, el aspecto social aparece en el objeto si se acepta la dicotomía entre objeto fin social y objeto fin individual, o bien en la causa final si se entiende como finalidad jurídica, económica y social del negocio. Estos motivos, al igual que el respeto a la persona humana y la necesidad de protección del consumidor en cuanto a la asistencia galénica (que por ser el más débil posee connotaciones sociales – art.42 CN -), justifica también la extensión que acuerdo al deber jurídico tácito de seguridad, en el caso se impone.».

En tal sentido, se ha sostenido que las cuestiones que se susciten en materia de interpretación contractual que involucren la protección del usuario, deben resolverse mediante la aplicación de los institutos particulares o de las normas de la ley n° 24.240, en el orden de prelación que imponga la solución más beneficiosa para aquél, máxime si se tiene en cuenta que la Constitución Nacional -reformada en el año 1994- ha elevado los derechos del consumidor al rango de jerarquía supralegal.

Con las observaciones mencionadas, analizaré las constancias incorporadas a la causa, a fin de determinar la eventual responsabilidad médica en el supuesto de autos.

Destaco el derecho elemental del juzgador de no seguir a las partes en todos y cada uno de los argumentos que esgrimen en resguardo de sus pretensos derechos, limitándose a escoger e ntre aquéllos que guardan relación directa con la litis y que revisten sustancial importancia para la justa solución del diferendo (cfr. Corte Sup., ED 18-780; CNCiv., Sala D, ED 20-B-1040; Sup. Corte de Bs.As., Ed 105-173; esta Sala, expte. N° 114.223/98, entre muchos otros).

Resulta indiscutido en autos que el actor, J. C. F. -por intermedio de su Obra Social «Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación»- asistió al «Sanatorio Profesor I. S.A.», donde fue atendido por ruptura del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha e intervenido quirúrgicamente por el Dr. J. G.D., para resolver la patología.

A los fines de analizar la actuación médica del especialista en traumatología, en la intervención quirúrgica de fecha 03.05.2010 (pese que en la demanda, erróneamente, se consignara 03.04.2010) y en el posoperatorio, a raíz de las dolencias que el actor presentó con posterioridad a dicha operación -neuropatía del miembro inferior derecho- resulta relevante la prueba pericial médica producida.

A fs. 704/710 de autos, obra el informe allegado por el Dr. Jorge José M. Sproviero, médico legista designado de oficio. En los antecedentes de autos de interés médico-legal de su informe, describe los hechos e indica que: «.Después de un fuerte traumatismo en su rodilla derecha por practicar deporte (fútbol), ocurrido el 19/11/2009, el actor concurre a la consulta por su Obra Social. Allí fue evaluado por un traumatólogo, quien luego de examinarlo y solicitarle los estudios correspondientes, le diagnosticó rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Le informó al actor que el manejo de esa patología requería de tratamiento quirúrgico. El paciente se operó el 3/04/2010 y, al día siguiente, fue dado de alta. A las 48 hs. del acto quirúrgico, el Sr. F. J. C., concurrió a la consulta por referir parestesias en la extremidad operada (trastornos de la sensibilidad), razón por la que fue derivado a interconsulta con el neurólogo. El mencionado profesional, luego de examinarlo, le solicitó un electromiograma que informó lesión nerviosa.» Asentó que «.El Sr. F. J. C., de 54 años de edad.refiere limitaciones funcionales en su rodilla derecha con sensación de inestabilidad y pérdida de la sensibilidad por debajo de la rodilla derecha.» Al examen de columna y miembros inferiores, refiere que «.El actor sube y baja escaleras, aunque con dificultad. Le es imposible mantenerse en pie sobre su miembro inferior derecho.

Marcha: talones y puntas de pie, con dificultad. Los ejes tanto en el plano sagital como frontal no demuestran alteraciones.No se constata diferencia de longitud de los miembros, clínicamente ni a la medición de los mismos desde espina ilíaca anterosuperior hasta maléolo tibial. A nivel de la rodilla derecha, se observan incisiones quirúrgicas (artroscopia). Las caderas presentan igual conformación y están dentro de parámetros normales. En ambas rodillas, se palpan relieves óseos y depresiones dentro de parámetros normales En los tobillos, se visualizan maléolos iguales y simétricos. A la palpación: No hay dolor a la percusión de ambos trocánteres mayores. No hay hipotrofia en ambos muslos. Movilidad de caderas: La movilidad de ambas caderas es simétrica y se encuentra dentro de parámetros normales. Movilidad de las rodillas. Rodilla izquierda: movilidad conservada. Rodilla derecha: eleva la pierna sobre el muslo con dificultad. Franca disminución de la fuerza en pierna derecha. La movilidad de los tobillos se encuentra dentro de parámetros normales.

Maniobras: Se realizan maniobras semiológicas para valorar la columna lumbar:

Lasegue y Wassermann: negativas. Se realizan maniobras semiológicas para cadera siendo las mismas simétricas y de caracteres normales. Se realizan maniobras semiológicas de ambas rodillas. Rodilla izquierda: sin particularidades. Rodilla derecha: Impresiona con cierta inestabilidad. Posición de cuclillas: si bien logra la posición, necesita de ayuda para levantarse. Sensibilidad: se encuentra alterada en diferentes partes de la pierna derecha (cara anterior, interna y externa). Pulsos periféricos: Los pulsos femorales, poplíteos y pedios se encuentran conservados. Si bien no se observa atrofia muscular en la pierna derecha, se debe a que el actor entrena únicamente esa pierna en el gimnasio.».

En cuanto a los estudios complementario requeridos, consta que «.Con posterioridad al examen clínico pericial, se solicitaron los siguientes estudios complementarios de diagnóstico: -Electromiograma con velocidad de conducción de miembros inferiores. -Resonancia Magnética Nuclear de rodilla y pierna derechas. De los exámenes complementarios efectuados, se desprende: Resonancia Magnética Nuclear de rodilla y pierna derechas (16/11/2016): Rodilla derecha, edema óseo subyacente a ambos platillos tibiales.Artefactos metálicos derivados de los elementos de fijación del ligamento cruzado anterior. Dicho neoligamento se observa de forma, tamaño y dirección normales. Ligamento cruzado posterior de características normales. Degeneración hialina grado III del cuerno posterior del menisco interno.

Menisco externo sin alteraciones. Ligamentos alares, tendón rotuliano y cuadricipital sin alteraciones. Ambos colaterales, sin imágenes patológicas. Pierna derecha- Partes bL.s de características normales. No se observa lesión del paquete vásculo- nervioso. Electromiograma con velocidad de conducción de miembros inferiores (12/12/2016): Los hallazgos electromiográficos no mostraron signos de compromiso neurógeno deficitario radicular actual. Electromiograma con velocidad de conducción de miembros inferiores (18/03/2017): El estudio de la neuroconducción motora de los nervios peróneo y tibial posterior en forma bilateral, fue normal en los segmentos explorados. El estudio de la neuroconducción sensitiva del nervio sural en forma bilateral, se halló inexcitable. El estudio de la neuroconducción del nervio peróneo superficial derecho, mostró prolongación de la latencia distal y disminución de la velocidad de conducción con SNAP (potenciales de acción sensitivos) hipovoltados.

Conclusión: La presencia de SNAP hipovoltados, con velocidad de conducción disminuida del nervio peróneo superficial derecho, podría sugerir una neuropatía focal sensitiva de éste (antecedente quirúrgicó) .».

En las consideraciones médico legales de su dictamen, el experto determinó que: «.De las constancias de autos, del examen físico practicado en mi consultorio el día 11 de julio de 2016 y de los estudios complementarios realizados al actor y que se adjuntaron al expediente, surge que el Sr. F. J. C., presenta alteraciones en la marcha, dificultad para lograr posiciones habituales (cuclillas) y trastornos de la sensibilidad en su pierna derecha. Este conjunto de manifestaciones clínicas, aparecieron en el actor luego de su operación de rodilla derecha.».

En los puntos a considerar por el perito médico, puntualizó que «.1) El electromiograma realizado al actor con fecha 18/03/2017, informó compromiso del nervio peróneo superficial derecho.2) El actor presenta dificultad para elevar la pierna sobre el muslo y franca disminución de la fuerza en pierna derecha. A su vez, la marcha del Sr. F. J. C. es disbásica, mostrando cierta inestabilidad al caminar a expensas de su rodilla derecha. La sensibilidad en la cara anterior, interna y externa de la pierna derecha, se encuentra alterada. Por lo expuesto, el actor presenta una incapacidad del 15% por inestabilidad de la rodilla derecha con hidrartrosis y alteraciones en la marcha. La lesión del nervio peróneo superficial genera una incapacidad del 7,5% (Baremo Listado de Enfermedades Profesionales, Decreto N° 658/96). 3) El actor no necesita otros tipos de tratamientos. 4) La posibilidad real de una total recuperación es poco probable. Por el tiempo transcurrido, las secuelas están consolidadas. 5) Los estudios prequirúrgicos investigan o informan sobre posibles alteraciones en otros sistemas y aparatos que no incluyen componentes del sistema nervioso periférico. 6) Las lesiones nerviosas en la cirugía de rodilla son infrecuentes.

La bibliografía médica menciona que este tipo de complicaciones se presenta en menos del 1% de los casos y podrá deberse a trauma directo, síndrome compartimental (aumento de la presión en un área o compartimiento inextensible), daño secundario al uso de torniquete y el síndrome de dolor regional complejo. 7) Acorde con la documentación revisada, no consta que el actor presentara trastornos neurológicos previos a la cirugía. 8) En todo acto médico y especialmente en los procedimientos quirúrgicos, el consentimiento informado ilustra al paciente sobre el objetivo de la cirugía, el procedimiento a realizarse y las eventuales complicaciones que puedan ocurrir durante el acto operatorio. 9) Sí, el actor padece una neuropatía sensitiva permanente.».

Concluyó señalando que «.Desde el punto de vista físico, el actor presenta a nivel de su miembro inferior derecho, dificultad para realizar determinados movimientos y lograr ciertas posiciones naturales. La marcha es inestable a expensas de su rodilla derecha. Por otra parte, la sensibilidad en parte de la pierna derecha, también se encuentra alterada.Siguiendo la modalidad de las capacidades restantes, presenta una incapacidad física parcial y permanente del 21,37%.».

En la contestación a las impugnaciones a fs. 738/743, el galeno explicó que «. Al actor se le realizaron las maniobras del cajón y bostezo de la rodilla derecha (que no mostraron anormalidades de consideración). En el escrito, traté de hacer hincapié, en aquellas manifestaciones clínicas que encontré alteradas, como la marcha disbásica, la dificultad para flexionar y extender la rodilla operada, la imposibilidad de sostenerse de pie sobre el miembro inferior derecho, la limitación en lograr la posición de cuclillas, etc. En todas estas acciones, se observó un funcionamiento anormal de la rodilla derecha. L a valoración de la sensibilidad en el miembro inferior operado del actor, se realizó tanto por semiología, como por métodos complementarios de diagnóstico. En cuanto a la primera, se colocó al actor tanto en decúbito dorsal y ventral (boca arriba y abajo), haciendo uso de elementos romos y punzantes para diferenciar el ‘tocar’ del ‘pinchar’. La sensibilidad táctil es explorada con un algodón o en todo caso con el dedo. (Cambier J, Masson M, Dehen H: Semilogia de la sensibilidad. Páginas 1 – 21. En Manual de Neurología Ed. Masson, 1983) .».

Advirtió el diestro que «.Llama la atención, que habiendo sido el objetivo de la cirugía realizada por el Dr. D. J., restablecer la estabilidad de la rodilla derecha, le solicitara al Sr. F. J. C. un electromiograma de miembros inferiores.

¿Cuál era le necesidad de realizar este estudio, si la operación había sido exitosá Es una indicación habitual solicitar esta práctica luego de una cirugía de rodillá.este estudio no se realiza rutinariamente en este tipo de operaciones. El 15/07/2010 se le realizó al actor el estudio mencionado que paso a describir: «Informe sugestivo de neuropatía leve, mielínica, en territorio de nervio tibial posterior derecho, sin denervación actual». El informe está indicando un funcionamiento, por lo menos anormal, del nervio mencionado.El Dr. D. J.no realizó la valoración semiológica de los territorios nerviosos de la extremidad afectada, tal como indica la técnica y como lo hiciera este perito durante el examen clínico pericial, dado que en ningún momento lo mencionó en su escrito. Solicitó directamente el electromiograma. Llama la atención que el Dr. D. J. no haga ni una referencia a las molestias que refería el actor, desoyendo los comentarios que le transmitía el Sr. F. J. C.Omitió mencionar la conclusión del estudio realizado el 18/03/2017 que paso a transcribir: ‘La presencia de potenciales de acción sensitivos hipovoltados, con velocidad de conducción disminuida, del nervio peróneo superficial derecho, podría sugerir una neuropatía focal sensitiva de éste (antecedente quirúrgicó)’. Los hallazgos clínicos se correlacionan con el dato del estudio solicitado. Esta lesión no es reciente, sino que no fue correctamente diagnosticada en los estudios previos.quien realizó este último estudio, deja como interrogante una alternativa (antecedente quirúrgicó) y no varias (es decir, un listado de posibilidades). La fundamentación científica es clara y contundente. En cuanto a la ausencia de diferencias en la masa muscular de ambas extremidades, el actor remarcó especialmente la necesidad de ejercitar la extremidad afectada, con el objetivo de recuperarla. El Sr. F. J. C., había notado una diferencia de volumen en la masa muscular de su miembro inferior derecho, a pesar de ser diestro. Por tal motivo, el actor ejercitó con esmero, el miembro inferior operado. Dicha extremidad debería tener un volumen (tanto en el muslo como en la pantorrilla) ostensiblemente mayor que la extremidad izquierda. El examen físico realizado al actor mostró que la masa muscular de ambas extremidades, eran semejantes. Entre los ejercicios que realizó el actor para mejorar la masa muscular de la extremidad operada figuran:-Camilla de frente (con levantamiento de pesos progresivos) -Sentadillas a una sola pierna con mancuernas (el movimiento no se realizaba con facilidad ya que provocaba molestias). En relación a lograr la posición de cuclillas, la posibilidad de concretarlo lo transforma en un hecho habitual, especialmente en un sujeto que practicaba deportes. Pero, en última instancia, la frecuencia no determina la importancia de una acción o movimiento, sino la imposibilidad de realizarlo. Y para el actor, el caso mencionado (la posición de cuclillas) se transformó en un impedimento.».

Señaló que «.El Sr. F. J. C. tenía diagnóstico de rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha al momento de consultar al Dr. D.la plástica del ligamento cruzado anterior por artroscopia, es el tratamiento indicado para este tipo de lesiones.No surgen de la historia clínica de internación ni del parte quirúrgico, datos sobre la presencia de complicaciones en el procedimiento quirúrgico.». Rotuló que «.El actor no abandonó el tratamiento kinesioterápico tempranamente. Lo realizó durante casi un año en otra institución, Instituto COTA, ubicado en la localidad de Avellaneda.».

Sintetizó que «.la incapacidad encontrada en el Sr. F. J. C., se encuentra sustentada en los antecedentes sufridos por el actor y que están documentados en los autos de la presente demanda, la anamnesis y el examen clínico realizados al actor en mi consultorio con fecha 11/07/2016 y los resultados de los estudios complementarios de diagnóstico que le indicara para completar mi evaluación y poder realizar el informe solicitado. por lo expuesto, sostengo las conclusiones vertidas en el informe pericial presentado oportunamente.».

En la contestación de fs. 758/759, el Dr. Sproviero manifestó que «.El cuadro que motivó la atención del actor en el Sanatorio I.fue rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha.el tratamiento propuesto (cirugía) es acorde a la patología que presentaba el actor.La indicación de tratamiento quinesiológico es acorde para toda cirugía ortopédica, pero puede ser insuficiente si se sospecha sintomatología nerviosa, tal como surge del informe del electromiograma.». En su respuesta de fs. 763/764, reiteró consideraciones ya efectuadas, al igual que a fs. 766/767, agregando allí que «.El síndrome del túnel tarsiano es una patología del tobillo. Al actor se le hizo diagnóstico de rotura de ligamentos cruzados, es decir, una patología de la rodilla. 10.

Las causas pueden ser locales (es decir del tobillo) o sistémicas.».

En la ampliación de fs. 761, el perito determinó que «.sobre la necesidad de ampliar los porcentajes de incapacidad, mediante el agregado de los factores de ponderación, este perito había asignado al actor, una incapacidad física parcial y permanente del 21,37 %. En relación a los factores de ponderación, debo decir que agregarán.a la incapacidad ya mencionada (por dificultad leve para realizar tareas y edad) .una incapacidad del 2,56%.».

En la contestación complementaria de fs. 786/787, marcó el experto que «.En el parte quirúrgico no están descriptas complicaciones intra-operatorias. En el parte quirúrgico no figura la utilización de manguito hemostático. Acorde con lo manifestado por el actor, los primeros síntomas neurológicos ya estaban presentes en el primer control posoperatorio.no recuerda que le hubieran dado un diagnóstico por los síntomas que presentaba. De todas formas, en orden del Sanatorio I., encabezamiento con el apellido del actor (F.), se describe lo siguiente:

«Paciente que presenta síntomas de hipoestesia (disminución de la sensibilidad) en pierna derecha. Interconsulta Neurología. Firmada y sellada por el Dr. J. D.». Y en la complementaria de fs. 789/790, consta «.Se transcribe copia mecanográfica del parte quirúrgico: Paciente en decúbito dorsal. Asepsia y antisepsia de piel. Campos según técnica.Toma de injerto (semitendinoso – recto interno) homolataeral, se prepara en mesa. Portales habituales. Rótula con lesión condral grado III. No presenta lesiones meniscales. Plástica del intercóndilo. Se reseca muñón del ligamentro cruzado anterior. Se tuneliza tibia y fémur. Paso injerto y fijo en fémur con sistema de fijación cortical y en tibia con tornillo RSI y grapa IQL. Lavado. Hemosuctor.». Alega que «.la técnica empleada por el profesional se ajustó a la patología del paciente.».

Asimismo, en la contestación complementaria de fs. 795/796, el Dr. Sproviero expresó que «.Posterior a la cirugía, el actor comentó al Dr. D. J., sobre molestias en el miembro inferior operado. El mencionado profesional, en orden del Sanatorio I., encabezamiento con el apellido del actor (F.), escribió lo siguiente: ‘Paciente que presenta síntomas de hipoestesia (disminución de la sensibilidad) en pierna derecha. Interconsulta Neurología.’ Firmada y sellada por el Dr. J. D. (copia mecanográfica). El 15/07/2010, el médico tratante, Dr. D. J. solicitó un electromiograma. El Dr. Daniel E. Malchik, informó: electromiograma y velocidad de conducción sugestivos de neuropatía, leve mielínica en territorio del nervio tibial posterior derecho, sin denervación actual.». Reprodujo que «.La indicación de tratamiento quinesiológico es acorde para toda cirugía ortopédica, pero puede ser insuficiente si se sospecha sintomatología nerviosa, tal como surge del informe del electromiograma. En cuanto a la interconsulta con otra especialidad, debo decir que el 23/07/010, el médico tratante le indicó al actor Pregabalina 75. La interconsulta con Neurología es apropiada en estos casos.Actualmente el Sr. F. J. C., presenta alteraciones en la marcha, dificultad para lograr posiciones habituales (cuclillas) y trastornos de la sensibilidad en su pierna derecha.».

Ahora bien, este Tribunal en la resolución de fecha 4.08.2020, desestimó el pedido de apertura a prueba requerido por la actora en su memoria, destacando que -sin perjuicio de la extemporaneidad del planteo efectuado (conf. art.260, primer párrafo del CPCC)- la cuestión articulada no se encuentra comprendida dentro del marco cognoscitivo que establece la norma mencionada en su inc. 2°, en tanto no ha mediado denegatoria de la prueba invocada, ni -tampoco- declaración alguna de negligencia, puesto que la pericial médica fue producida, sustanciadas las respectivas impugnaciones y -en su devenir- valoradas por el «a-quo» en los términos del art. 477 del CPCC. Ello se determinó, sin perjuicio de las facultades del Tribunal, de adoptar -de considerarlo necesario- las medidas pertinentes a fin de resolver sobre las cuestiones formuladas en autos (art. 36, inc. 4to. del CPCC).

En este sentido, con fecha 27.11.2020, en uso de las facultades conferidas por el a rt. 36 inc. 4 del Código Procesal y como medida para mejor proveer, se encomendó al perito designado de oficio -Dr. Jorge José M. Sproviero- que, en base a las pruebas agregadas, documentación y estudios aportados a la causa -con especial referencia a la historia clínica del Sanatorio I.- se sirva informar, expresa y fundadamente: 1) Si existe nexo causal entre el acto quirúrgico realizado al actor J. C. F., por el codemandado Dr. J. G. D., con fecha 03.05.2010 y la neuropatía sensitiva que se enuncia en la experticia de fs. 704/710 y contestaciones a las impugnaciones a fs. 738/743, 758/759, 763/764, 766/770, 786/787, 789/790, 792/793 y 795/796, respectivamente; y 2) Precise si una acción u omisión del profesional pudo haber producido el resultado dañoso por el que aquí se reclama.

En la presentación digital del 17.12.2020, el galeno aludido refirió que «.viene a responder en esta nueva instancia, a solicitud de V. S., sobre el caso en cuestión, en base a las pruebas agregadas, documentación y estudios aportados a la causa. Antes de responder las preguntas que se me hicieran en esta instancia, considero oportuno agregar en este escrito, algunos comentarios, que considero esenciales. Comentarios anatómicos:Las articulaciones son el conjunto de partes bL.s y duras por medio de las cuales se unen dos o más huesos próximos [Testut L.: Artrología, página 87. En, Compendio de Anatomía Descriptiva. Ed. Salvat, Barcelona. 1979]. Estas áreas anatómicas son de gran requerimiento funcional y, por lo tanto, presentan una rica inervación. Para el caso que nos ocupa, me concentraré en la articulación de la rodilla derecha del actor. Desde un punto de vista didáctico, imaginemos a la rodilla como una semiesfera, cuya base, en vez de ser plana, está ahuecada y entonces, distinguiremos: Una región anterior (rotuliana), una posterior (poplítea) y una intermedia (articulación de la rodilla, propiamente dicha) [Testut L.: Rodilla, página 451. En Compendio de Anatomía Topográfica. Ed. Salvat, Barcelona. 1927].

Descartaré todos los elementos anatómicos que encontramos habitualmente en una rodilla, enfocando la atención en los nervios del área mencionada. Como concepto general, debo decir, que la rodilla recibe la inervación del plexo sacro. Este plexo se origina de las ramas nerviosas que abandonan la médula espinal entre el nivel lumbar cinco (L5) y el nivel sacro cuatro (S4). La rama terminal de este plexo es el nervio ciático mayor, que al llegar al hueco poplíteo (región posterior de la rodilla), se divide en dos ramas, los nervios ciático poplíteo externo o nervio peroneo [fibular] común y el ciático poplíteo interno o nervio tibial. Toda la inervación de la articulación que nos ocupa deriva, directa o indirectamente, de estos dos últimos nervios. Así es, que del nervio ciático poplíteo interno o nervio tibial se desprenden, como rama lateral el nervio safeno externo o sural y el nervio tibial posterior como rama terminal. En cuanto al nervio ciático poplíteo externo o nervio peroneo [fibular] común, termina en dos ramas, el nervio peroneo [fibular] superficial y el nervio peroneo [fibular] profundo.No es mi intención ahondar en conceptos anatómicos en esta presentación, pero por considerar el tema tedioso fuera del ámbito médico, omití estos detalles en el informe pericial; hecho que derivó, a mi juicio, en confusiones e interpretaciones erróneas. En esta ocasión, me vi obligado a mencionar gran parte de las estructuras que inervan a la rodilla, incorporando las diferentes formas en que son mencionadas tanto en la literatura médica como por los profesionales (nombre latino y español), habiendo subrayado aquellos nervios, que se describen en los estudios complementarios solicitados al actor, ya sea por el médico de cabecera del Sr. F. J. C. (Dr. J. D.), los médicos interconsultores y quien suscribe. Importa decir, que los nervios nombrados, son tan solo una parte de los que transcurren por este sector corporal (rodilla), que los concentra en un espacio de 12-15 cm. de largo, 8-10 cm. de ancho y 4-6 cm. de espesor. Se debe hacer notar, que los cambios de nombres de varias de las estructuras nerviosas detalladas (troncos, ramas laterales y terminales), obedecen a particulares razones anatómicas que exceden un escrito de esta naturaleza; debiéndose entender esta red nerviosa más como una unidad funcional y no como elementos aislados.» Continuó expresando «.Comentarios clínicos pre operatorios: -19/11/2009: el Sr. F. J. C. se lesionó la rodilla derecha practicando deporte.

-20/11/2009: el actor consultó con traumatólogos del Sanatorio I., quienes le diagnosticaron traumatismo cerrado de rodilla. No se mencionaron otras lesiones.

Tratamiento sintomático. Seguimiento por consultorios externos. -03/02/2010: nueva consulta con traumatólogos del Sanatorio I., Diagnóstico: gonalgia (dolor de rodilla) con gran sensación de inestabilidad. No se mencionaron otras lesiones. Se derivó al actor al Dr. J. D.-19/03/2010: el Dr. J. D. diagnosticó ‘ruptura de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha’. No se mencionaron otras lesiones en la historia clínica del actor. -16/04/2010: se solicitaron al accionante, estudios pre-quirúrgicos.Comentarios operatorios: -03/05/2010:se realizó artroscopía de rodilla derecha más plástica del ligamento cruzado anterior (Dr. J. D.). Parte quirúrgico: escueto, pero completo.

(Incorporado al expediente por quien suscribe, en Contesta impugnación [Complementaria]. -04/05/2010: se decidió alta sanatorial del actor. Seguimiento ambulatorio.Comentarios clínicos pos operatorios: -07/05/2010: primer control.

Herida limpia. Comienza movilidad. -11/05/2010: nuevo control. El actor refiere dolor en la pantorrilla derecha (cara posterior de la pierna). Se conjetura sobra la posibilidad de trombosis venosa profunda (aunque el accionante nunca había tenido manifestaciones clínicas que permitieran sospecharla [aumento del tamaño de la extremidad inferior, enrojecimiento, diferencia de temperatura entre extremidades, deambulación precoz, etc]. Recordar que se escribió en la historia clínica, que ‘la herida estaba limpia’). El Eco Doppler (estudio ecográfico de miembros inferiores para evaluar estructuras vasculares) realizado por el Dr. Helio Gazzia.descartó esa patología. -14/05/2010: se inició fisioterapia para rehabilitar la rodilla.-21/05/2010: se mencionan dificultades para movilizar la rodilla derecha. El Dr. J. D. no refiere otras patologías. -04/06/2010: el Dr. J. D. consigna ‘Un mes de la cirugía. Insensibilidad en talón derecho. Interconsulta con especialista de pie (Dr. Randazzo), sin encontrar déficit’. -18/06/2010: el Sr. F. J. C., manifestó «adormecimiento» [parestesias] del pie derecho, que no cede. En la rodilla, dolor patelar (en cara anterior o rotuliana de la rodilla operada). Se indicó al actor electromiograma. -24/06/2010: el actor decidió realizar una consulta con otro traumatólogo (Dr. Jorge Lucio Graziano) quien diagnosticó: Parestesias (trastornos de la 4 sensibilidad) en territorio de L5-S1, posquirúrgica. Solicito electromiograma urgente (recetario firmado y sellado por el mencionado profesional y adjuntado al expediente). -15/07/2010: resultado de electromiograma ‘informe sugestivo de neuropatía leve mielínica, en territorio tibial posterior derecho’. Es importante aclarar que la palabra neuropatía significa ‘daño nervioso’. -23/07/2010: el Dr. J. D.informó al actor, que ‘existe un déficit a nivel del nervio tibial posterior’. Sin fecha, pero en recetario del Sanatorio I., se detalló lo siguiente: F. Paciente que presenta síntomas de hipostesia (disminución de la sensibilidad) en pierna derecha. Interconsulta neurología. Firmado y sellado, Dr. J. D. Se realizó una nueva interconsulta (llama la atención que no figura el nombre del profesional consultado) y se ‘sugiere’ que el cuadro del actor es Síndrome del Túnel Tarsiano. El síndrome del túnel tarsiano es una neuropatía periférica ocasionada por compresión del nervio tibial posterior por causas extrínsecas (secuelas de fracturas previas, trauma directo o repetido de la porción posterior del pie, esguinces de tobillo a repetición, artritis reumatoidea, sobrepeso, pie plano) o intrínsecas (cualquier lesión que ocasione disminución del espacio en el que se encuentra alojado el nervio tibial posterior, várices venosas de los miembros inferiores, tendones accesosrios, etc.).

Llama la atención que esta ‘sugerencia’ diagnóstica (síndrome del túnel tarsiano) nunca fue confirmada, pudiendo hacerlo con una resonancia de tobillo, que permitiera ver alteraciones anatómicas a este nivel (fracturas, esguince de tobillo, tumores, etc.) que comprometieran al nervio en cuestión. -23/07/2010: El Dr. J. D., en recetario firmado y sellado por él, indica iniciar tratamiento con Pregabalina 75 mg. La pregabalina es una medicación que se utiliza para tratar (entre otros cuadros clínicos) el dolor neuropático, concepto que explica que dicha manifestación es la causa de una lesión o disfunción del nervio (Martínez Salio A y col.: Diagnóstico y tratamiento del dolor neuropático. Med Clin (Barc), 2009; 133 (16): 629-636). El Dr. J. D. comentó que el actor abandonó el tratamiento.».

A manera de síntesis, precisó «.- Que el actor sufrió traumatismo cerrado de rodilla derecha, que causó la ruptura del ligamento cruzado anterior. – Fue operado para resolver su patología de rodilla derecha.-A la semana de la operación (11/05/2010 y no al mes como pretenden sostener algunos letrados por las demandadas) el actor comenzó con parestesias (trastornos de la sensibilidad), comunicándoselo a su médico de cabecera (Dr. J. D.). – Este trastorno fue observado, clínicamente, por otro especialista (Dr. Jorge Lucio Graziano), quien ubicó la lesión en ramas del plexo sacro (L5-S1). -El electromiograma realizado al actor el 15/07/2010 por otro profesional, confirmó neuropatía (daño nervioso) en el territorio del nervio tibial posterior derech o. – El Dr. J. D. le comentó al actor, que ‘existe un déficit a nivel del nervio tibial posterior’.» Destacó el facultativo que «.no consta en la documentación adjuntada al expediente (historia clínica de ingreso del Sr. F. J. C.) alteraciones de la sensibilidad ni trastornos en el tobillo de la extremidad inferior derecha, que fueran dignas de mencionar, antes de la cirugía. En esta condición clínica, coincidieron todos los profesionales que asistieron al actor, incluso, quien lo operó.».

Añadió que «.Este perito repitió el electromiograma al actor. Dado que el primer estudio solicitado al Sr. F. J. C. (12/12/2016) discrepaba con el estudio previo (el electromiograma del 15/07/2010 informaba neuropatía [lesión nerviosa]) y con los hallazgos clínicos, se decidió repetir el electromiograma que, en esta oportunidad, confirmó el compromiso del nervio sural y peroneo superficial derechos. Se debe agregar, que la profesional que realizó el estudio (Dra. Cisneros Elisa, MN 119874) informó: ‘El estudio de la neuroconducción sensitiva del nervio sural en forma bilateral, se halló inexcitable.El estudio de la neuroconducción del nervio peróneo superficial derecho, mostró prolongación de la latencia distal y disminución de la velocidad de conducción con SNAP (potenciales de acción sensitivos) hipovoltados.

La presencia de SNAP hipovoltados, con velocidad de conducción disminuida del nervio peróneo superficial derecho, podría sugerir una neuropatía focal sensitiva de éste (antecedente quirúrgicó)’.».

En este punto, consideró necesario exponer que «.las lesiones de los nervios periféricos, se dividen en tres grados: -Neuropraxia: la lesión del nervio se produce por compresión. La evolución es favorable, recuperándose en el lapso de 3-6 semanas.

-Axonotmesis: la lesión se suele producir por estiramiento del nervio. El electromiograma demuestra reducción de los potenciales motores y sensitivos.

-Neurotmesis: la lesión se produce por sección del nervio. El electromiograma demuestra inexcitabilidad en el nervio seccionado. Es la lesión más grave, pues no hay posibilidad de regeneración nerviosa. El electromiograma realizado al actor el 15/07/2010, informó sobre inexcitabilidad y disminución de la velocidad de conducción nerviosa de manera inobjetable.».

Seguidamente, el Dr. Sproviero respondió los puntos solicitados por este Tribunal en la medida para mejor proveer reseñada «ut supra». Exteriorizó así que: «. 1) El acto quirúrgico ocasionó el compromiso nervioso que presenta el Sr. F. J. C. A criterio de este perito, existe relación causa-efecto, porque: -El actor no tenía antecedentes de otras patologías asociadas; situación observada por todos los profesionales que examinaron al actor antes de la cirugía de rodilla y que fuera asentada en documentos (historia clínica). -Los síntomas aparecieron precozmente en el accionante (a la semana de realizado el procedimiento). -Los estudios complementarios (electromiogramas) confirmaron el diagnóstico de lesión nerviosa, planteando que la misma podía explicarse por la cirugía. 2) El acto quirúrgico es la acción por la que el profesional pudo haber producido el resultado dañoso por el que se reclama.Por lo expuesto, sostengo las conclusiones vertidas en el informe pericial presentado oportunamente.».

Impugnadas que fueran las conclusiones volcadas por el perito de oficio en esta instancia, ello mereció las contestaciones del galeno de fecha 04.03.2021.

En dichas presentaciones, el facultativo manifestó, referente a la historia clínica, que «.incluyó la mayor cantidad de datos e información provistas por tal instrumento, para que, sumada a los hechos de autos, los hallazgos del examen clínico pericial y los resultados de los estudios complementarios solicitados, permitan sostener sus argumentaciones y conclusiones. todo acontecimiento verdaderamente importante que ocurre en la salud del actor (previo y/o actual), deberá registrarse en la HC del enfermo; máxime cuando surge de la institución en donde tuvo lugar la operación del actor y los detalles son brindados por compañeros (equipo de trabajo) del Dr. J. D. Así las cosas, la esencia de una pericia médica para el caso en cuestión, deberá estructurarse sobre los siguientes hitos: antecedentes clínicos pre y pos quirúrgicos (mediatos e inmediatos), detalles anatómicos, cirugía realizada, daño secundario, examen físico y exámenes complementarios.».

Amplió expresando que «.Los datos que aporta la HCl del Sr. F. J. C., confeccionada por médicos clínicos y traumatólogos del Sanatorio I., confirmaron de manera inequívoca, que el actor no es diabético y que no tiene patología traumatológica en otras áreas corporales (columna, pie derecho, etc.). Note V.S. que, hasta el 30/04/2010, ningún profesional médico del Sanatorio I. mencionó otra enfermedad asociada a la rotura del ligamento cruzado anterior, que la hipertensión arterial. El actor se operó el 3/05/2010. El parte quirúrgico adjuntado a la causa es escueto, pero completo.El 11/05/2010 (a la semana de la operación), el actor comenzó con dolores en la pierna, es decir, por debajo del área operatoria. Es a partir de esa fecha, que el Sr. F. J. C., le refiere al Dr. J.D., una serie de manifestaciones clínicas que nunca antes había experimentado (insensibilidad en el talón derecho, parestesias en el pie, dolor en la cara anterior de la rodilla, etc.). Para evitar repeticiones, remito a mi escrito anterior y a la HC presentada por el Sanatorio I. para su consulta.».

Por otro lado, consideró que «.Estando ausentes las manifestaciones clínicas de las complicaciones posoperatorias más frecuentes.ante la persistencia de los síntomas, se debe pensar en aquéllas que son menos frecuentes de observar. En este último grupo, están las complicaciones posoperatorias debidas a lesiones nerviosas, luego de una artroscopía de rodilla. ¿Por qué pensar en una lesión nerviosá: 1) Porque el Sr. F. J. C. le comentó al Dr. J. D. sobre este tipo de síntomas (insensibilidad en el talón derecho, parestesias en el pie derecho, dolor en la cara anterior de la rodilla, etc.). Datos extraídos de la HC. ¿Por qué pensar en una lesión pos quirúrgicá 1) Porque los síntomas aparecieron inmediatamente después de la operación (a la semana). 2) Porque era un cuadro clínico novedoso, ya que ninguno de los médicos que tuvieron oportunidad de examinar al actor, dejó constancia de su existencia en la HC; incluso el propio Dr. J. D. 3) Porque el único acontecimiento entre la internación del enfermo y la aparición de los síntomas, fue el acto operatorio. Deseo comentar en este punto, que el accionante consultó a otro traumatólogo por el malestar que lo aquejaba, el Dr. Jorge Lucio Graziano.quien diagnosticó parestesias (trastornos de la sensibilidad) pos quirúrgica y le solicitó un electromiograma urgente. (Documentación obrante en el expediente). Por otra parte. La indicación médica de reposo y analgésicos para mitigar el dolor ocasionado por la cirugía, sumado al tiempo necesario para metabolizar los fármacos anestésicos utilizados durante la artroscopía, alteraron la aparición clínica de su problema neurológico.Pero insisto, al no existir registro, ni constancia alguna de un nuevo golpe en el área operatoria, el único evento ‘traumático’ que sufriera el actor en todos esos días, fue la operación de rodilla.».

En cuanto a los estudios complementarios requeridos, señaló el diestro que «. De los tres estudios electromiográficos realizados al actor, dos fueron positivos para lesión nerviosa. Quien suscribe ya detalló los resultados de estas prácticas en escritos previos. Debo aclarar, que en el segundo estudio (12/12/2016), se evaluaron tan solo tres estructuras nerviosas. Por esta razón y debido a que existía una discrepancia entre los hallazgos del examen clínico pericial y los resultados del electromiograma, decidí reiterar el estudio. En el electromiograma del 18/03/2017, las estructuras nerviosas evaluadas fueron ocho, con los resultados ya conocidos y detallados oportunamente.En relación al primer estudio, el profesional mencionó que identificó ‘lesión en el territorio del nervio tibial posterior’. Debo recorda, que el nervio tibial posterior como el sural (safeno externo), derivan del mismo tronco nervioso; por lo que la expresión ‘lesión en el territorio del nervio tibial posterior’ debe interpretarse de manera más amplia (pensar más en unidad funcional nerviosa integrada y no en elementos nerviosos aislados, concepto aportado por quien suscribe en «Aspectos anatómicos» de su escrito anterior). Pero, más allá de estas consideraciones en más o en menos y de la sintética referencia incluida en la HC sobre el primer electromiograma, lo que no deja dudas, es la conclusión del informe, que dice:

‘sugestivo de neuropatía» que significa ‘sugestivo de lesión nerviosa’. Es importante remarcar que el propio Dr. J. D. fue quien le comentó al Sr. F. J. C., que existía un déficit en un nervio y con fecha 23/07/2010, en recetario firmado y sellado por él, le indicó iniciar tratamiento con Pregabalina al actor.La pregabalina es una medicación para calmar el dolor neuropático.Todos estos datos están incluidos en la HC y fueron mencionados por este perito en reiteradas oportunidades en sus diferentes escritos.».

Concluyó el perito explicitando que «.En relación a la causa, dos hechos podemos tomar como irrefutables: 1) El actor ingresó al Sanatorio I. para operarse de la rodilla derecha. El parte quirúrgico aportado al expediente, lo demuestra. Figura como cirujano, el Dr. J. D. 2) El actor comenzó con manifestaciones clínicas poco tiempo después de la cirugía en la extremidad inferior operada, que luego de descartar las complicaciones posoperatorias más frecuentes, se circunscribieron al plano neurológico. La lesión nerviosa fue evidenciada por diferentes profesionales, que tuvieron la oportunidad de revisar clínicamente al actor en distintos momentos de la evolució n de su enfermedad (en el posoperatorio inmediato, el Dr. Jorge Lucio Graziano, médico interconsultor); quien suscribe, durante el examen pericial y por quienes realizaron estudios complementarios de diagnóstico específicos (electromiogramas), como la Dra. Cisneros Elisa. Debería agregar al profesional que realizó el primer estudio electromiográfico, pero solamente se incluyó en la HC el resultado de esa práctica y no el nombre del médico. 3) A estos cuatro profesionales, debo agregar un quinto, el mismo Dr. J. D., quien no sólo le confirmó al actor que existía un déficit en un nervio de la extremidad operada, sino que le indicó iniciar tratamiento con tal fin. Sorprende que el Dr. J. D., no incluyera en sus evoluciones, el área de déficit neurológico en la extremidad del actor; pudiendo asentarlo en la HC ante la aparición de las parestesias y, desde luego, confirmada la lesión nerviosa y tomada la decisión de tratar farmacológicamente al accionante. Por todo lo expuesto y luego de analizar la documentación obrante en autos, los antecedentes clínicos pre y pos quirúrgicos del Sr. F. J.C., explicar los detalles anatómicos del caso, hacer referencias a la cirugía realizada, comentar las complicaciones posoperatorias ocurridas, examinar físicamente al actor y solicitar los exámenes complementarios, este perito confirma todos sus dichos y conclusiones, que se encuentran sustentadas en la evidencia médica vigente.».

En la contestación, de misma fecha, a las apreciaciones del consultor técnico de parte -Dr. E. Berizzo- sostuvo el facultativo imbursado que «.los comentarios del Dr. Berizzo se contradicen con los hallazgos clínicos que incorporaron los profesionales del Sanatorio I. en la HC del Sr. F. J. C., que descartaron cualquier tipo de enfermedad neurológica y osteoarticular previa. Sin el sustento clínico correspondiente, el consultor médico intentó dar a la patología nerviosa del actor, una ubicación en el tiempo imposible de precisar; que lo llevaron -como era esperable-, a cometer errores de concepto y criterio quirúrgico básicos.

Acorde a la bibliografía médica, las lesiones nerviosas pueden ocurrir luego de procedimientos quirúrgicos. Como regla, los síntomas y signos aparecen inmediatamente después del procedimiento. Los nervios más frecuentemente involucrados por procedimientos quirúrgicos en la extremidad inferior, son el nervio peroneo común, el genitofemoral y el peroneo superficial. Es posible revertir la aparición de los síntomas si se realiza la identificación temprana de la lesión y se instaura el tratamiento apropiado al caso.Lo contrario generará el déficit neurológico correspondiente.».

Se tiene entendido en la materia que, para evaluar un dictamen pericial, debe tenerse en cuenta la competencia del experto, los principios científicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y las demás pruebas y elementos de convicción que obran en la causa, todo lo cual configura el cuadro probatorio que habrá de ser tomado en cuenta al momento de decidir, conforme al artículo 476 del CPCC.

El Juez tiene amplia facultad para apreciar el contenido del dictamen pericial, si bien dicha prerrogativa no puede ser ejercida con discrecionalidad, toda vez que, para apartarse de las conclusiones allegadas, deben tenerse razones fundadas; siendo necesario que se aquilaten probanzas de similar o mayor rango técnico que desmerezca las conclusiones arrimadas en el peritaje -conf. CNCiv. Sala E, 26.11.2008, ar/jur/14658/2008. Idem, Sala F, 11.08.2014, ar/jur/44765/2014-.

Merece enfatizarse especialmente que -en este tipo de procesos- la prueba pericial deviene sumamente relevante. Considero que el informe del Dr. Sproviero, con las pertinentes aclaraciones que efectuara en esta instancia, presenta un análisis razonado, con bases científicas y conocimientos técnicos (conf. CNCiv, Sala D, en autos «Yapura, Gregoria Erminda c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A. s/ daños y perjuicios» expíe. libre N° 77.257/ 98, del 8/10/02; id. «Fiorito, José L. c/ Petersen José y otro s/ daños y perjuicios» expte. libre N° 105.505/ 97, del 20/09/91).

En otro orden de ideas, cabe recordar que la diversa temporalidad de los acontecimientos puede darse como mera sucesión de hechos o como relación entre ellos. La causalidad importa una relación entre el antecedente y el consecuente, de manera que sea posible afirmar que el efecto es atribuible a la causa o -a la inversaque ésta determinó el efecto (conf. «Derecho de Obligaciones» Atilio Aníbal Alterini, Oscar José Ameal Roberto, M. López Cabana, pág.231).

Puntualmente, el actor indicó en el libelo de inicio que «.Resultó con una neuropatía permanente del miembro inferior derecho, en el curso de la cirugía de rodilla por rotura de ligamentos cruzados, que le realizó el médico codemandado, al no proceder conforme a las reglas de la buena praxis quirúrgica. Que se presentó el día de la intervención con la rodilla sin ninguna neuropatía que pudiera contraindicar dicho procedimiento y se le habían realizaron todos los controles de rutina pre-quirúrgicos para que el galeno decida que se encontraba en condiciones de ser operado. En tales condiciones, la única forma por la cual el paciente pudo contraer la neuropatía, fue durante el acto quirúrgico por la deficiente técnica en la realización de la cirugía.».

A la luz de las pruebas producidas, tengo por corroborada -en el caso bajo análisis- la relación causal entre la actuación del Dr. D. y las secuelas que presenta el Sr. F., de las que da cuenta la experticia médica. Clara y expresamente el facultativo determinó que «.El acto quirúrgico ocasionó el compromiso nervioso que presenta el Sr. F. J. C. A criterio de este perito, existe relación causaefecto.».

Entiendo así, que la conducta desplegada, trasunta negligencia pasible de responsabilidad, por las consecuencias disvaliosas sobrevinientes. El vínculo causal existe cuando se advierte o colige una omisión médica y/o no aplicación del tratamiento debido, siendo deber del profesional disponer de los medios y las diligencias que -normal y ordinariamente- pueden llevar a un resultado exitoso.

Debe enfatizarse, en orden a lo expuesto, la necesidad de examinar la cuestión a través del prisma de la causalidad adecuada. De este modo, corresponde establecerse, en el plano jurídico, si un suceso es causa de otro.Por consiguiente, es menester realizar -«ex post facto»- un diagnóstico de probabilidad en abstracto, inquiriendo si la acción u omisión que se juzga era -de suyo- idónea para producir normalmente ese hecho, según el curso natural y ordinario de las cosas (conforme Goldemberg Isidoro, citado por Silvia Y. Tanzi, Juan M. Alterini, «La Demanda de Daños», pág. 154).

Dicho juicio de probabilidad tiene virtualidad para no sólo establecer la existencia de una relación causal sino -además y con similar fruición- para precisar su consecuencia jurídica.

Se ha dicho, así, que la negligencia consiste en la conducta omisiva, contraria a las normas que imponen determinado comportamiento solícito, atento y sagaz; es decir, obra con negligencia quien no toma las debidas precauciones que imponían las circunstancias del caso (conf. Mosset Iturraspe, «Responsabilidad Civil del Médico», pág. 197); extremo que entiendo ha quedado configurado en autos en función de las consideraciones expuestas.

En consecuencia, se advierte -asimismo- que, tanto el nosocomio como la obra social accionados, responderán -en el caso- por el incumplimiento de la obligación tácita de seguridad que funciona con carácter accesorio de la obligación principal de prestar asistencia idónea por medio de personal y facultativos de su cuerpo médico.

En función de ello, propicio al Acuerdo revocar la sentencia apelada en cuanto rechaza la demanda instaurada; haciendo lugar a la misma, determinando la responsabilidad resarcitoria del Dr. J. G. D., el denominado «Sanatorio Profesor I. S.A.» y la «Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación», por los daños y perjuicios que experimentara el actor.

VII.-Se analizará seguidamente la procedencia y/o cuantía pecuniaria respecto de los rubros indemnizatorios reclamados.

He de advertir, a los fines de la estimación de los montos resarcitorios, que en la demanda las sumas peticionadas fueron supeditadas a «.lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos y del elevado criterio de V:S.» (conf. fs.50/56 vta.).

A) Incapacidad sobreviniente.

La incapacidad sobreviniente engloba y abarca a todas las limitaciones en la capacidad genérica que son consecuencia de las lesiones experimentadas por la víctima al producirse el accidente, exigiendo el resarcimiento del perjuicio patrimonial sufrido por el damnificado la consideración prudencial de los aspectos a ella referidos (edad, condición social, profesión u oficio, etc.), gozando el arbitrio judicial de un amplio margen de apreciación.

Así como toda disminución de la integridad física humana debe ser materia de resarcimiento, hay que admitir que cualquier merma de las aptitudes psíquicas de un individuo constituye, también, un daño resarcible.

En este aspecto, se configura la lesión psíquica mediante la alteración de la personalidad; es decir, la perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso y que entrañe una significativa descompensación que perturbe su integración en el mundo social.

En esa inteligencia, corresponde colegir la total autonomía e independencia entre el daño psíquico y el moral. Uno importa un detrimento a la salud psíquica e integra el concepto de incapacidad, mientras que el otro repercute en los sentimientos del damnificado.

Por otro lado, el tratamiento conjunto de ambos reclamos -daño físico y psíquico- no representa agravio para la reclamante, si son ponderados adecuadamente dichos conceptos.Entiendo, sí, que el tratamiento peticionado, corresponde sea m eritado de manera independiente.

Pues bien, en la determinación de la incapacidad sobreviniente, corresponde evaluar no sólo el aspecto productivo, sino la incidencia en la llamada «vida de relación»; detrimento que se encuentra contenido en este rubro indemnizatorio.

Para fijar el respectivo «quantum» indemnizatorio, se ha resuelto que debe tenerse en cuenta, no tan sólo de qué manera incide su gravitación en las aptitudes de la víctima para el trabajo futuro o en la frustración de obtener beneficios económicos, pues esa incidencia no es única, ni exclusiva a los fines resarcitorios, sino -además- de qué manera gravita en todos los demás aspectos de la personalidad de la víctima (v. esta Sala, Exptes. 101.557/97; 31.005/01; CNac.Civ., Sala F, 21/11/02, JA 2003-IVsíntesis; CCiv.Y Com. Morón, Sala 1a, 1/10/02, JA 2003-II-síntesis; Id., Sala 2a. 20/2/03, JA 2003-IV-262; C.NCiv., Sala H, 23/5/02, JA 2003-I-síntesis, entre muchos otros).

Ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, cuando el perjudicado resulta disminuido en sus facultades físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva, pues tal integridad tiene -en sí misma- un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la existencia (Fallos. 308:1109; 312:2412, S.621. XXIII, originario, 12-9-95).

Tal criterio se mantiene aún por aplicación de lo dispuesto por el art. 1746 del CCyCN. Ello, en tanto la norma conserva los criterios interpretativos que confieren al razonable arbitrio judicial la cuantificación del daño.A cuyo fin, deben ponderarse las circunstancias personales de la damnificada y la gravedad de las secuelas, que abarcan tanto el ámbito de trabajo, como de sociabilización.

Asimismo, cabe recordar que la relación de causalidad suficiente entre el hecho y el daño constituye uno de los presupuestos necesarios de la responsabilidad generadora del deber de indemnizar. La determinación de la dicha relación implica precisar la vinculación que existe entre el acto y sus consecuencias, con el objeto de fijar el alcance de la obligación de indemnizar que nace para el agente que cometió el ilícito.

En consecuencia, el daño para ser resarcido debe estar en relación causal adecuada con el acto del responsable, debiendo valorar el juzgador si concurren tales requisitos.

En este orden de ideas, se hace necesario ponderar que es, precisamente, la opinión de los expertos en la materia la adecuada para tener en cuenta a los efectos de estudiar la procedencia -o no- del rubro en cuestión.

A tal fin, cabe atenerse a las constancias obrantes en la causa e informes periciales consumados, que valoro y acepto en los términos de los arts.386 y 477 del C.P.C.C.N.

En su dictamen de fs. 704/710, -como quedó dicho- el experto designado de oficio, determinó, que «.el actor presenta una incapacidad del 15 % por inestabilidad de la rodilla derecha con hidrartrosis y alteraciones en la marcha. La lesión del nervio peróneo superficial genera una incapacidad del 7,5 % (Baremo Listado de Enfermedades Profesionales, Decreto N° 658/96.no necesita otros tipos de tratamientos.La posibilidad real de una total recuperación es poco probable. Por el tiempo transcurrido, las secuelas están consolidadas.Desde el punto de vista físico, el actor presenta a nivel de su miembro inferior derecho, dificultad para realizar determinados movimientos y lograr ciertas posiciones naturales. La marcha es inestable a expensas de su rodilla derecha. Por otra parte, la sensibilidad en parte de la pierna derecha, también se encuentra alterada.Siguiendo la modalidad de las capacidades restantes, presenta una incapacidad física parcial y permanente del 21,37 %.» y agregó, en la ampliación de fs. 761, que «.En relación a los factores de ponderación, debo decir que agregarán.a la incapacidad ya mencionada (por dificultad leve para realizar tareas y edad) .una incapacidad del 2,56 %.». Lo cual arroja un total -conforme método de la capacidad restante- de 23,38 %, de carácter parcial y permanente -como indicara el diestro-.

En lo que a la esfera psíquica respecta, en la experticia en la materia (fs.639/644), la profesional designada de oficio informó -en sus conclusiones médicolegales- que «.El actor presenta un estado psíquico concordante con la sintomatología de un Desarrollo Psíquico Postraumático. Tiene una relación de causalidad directa con el hecho que motivó las presentes actuaciones, es decir que, con criterio médico legal, puede afirmarse que el actor presenta en sentido ‘estricto’ Daño Psíquico.Esta patología determina un porcentaje de incapacidad, según el Baremo para Daño Neurológico y Psíquico de Castex & Silva:10% (2.6.7 PTSD Desarrollo Psíquico Postraumático moderado con incapacidad del 10 al 25%).

Presenta una incapacidad parcial y permanente; jurídicamente consolidada, como secuela psiquiátrica del hecho que motivó las presentes actuaciones.».

Determinó la profesional actuante que «.El actor no presenta antecedentes previos de depresión y el cuadro clínico es una respuesta reactiva frente a la injuria que causó el hecho de marras.».

Cuadra ponderar que, al presentar el coactora incapacidades múltiples, el porcentaje de minusvalía -con sujeción o basamento en el método de capacidad restante- culmina en una disminución del 31,14 % de las aptitudes totales, de carácter permanente.

Bajo ese orden de miras, es dable ponderar que es, precisamente, la opinión del diestro en la materia la adecuada para tener en cuenta a los efectos de estudiar la procedencia, o no, de los conceptos en tratamiento.

El examen físico y psíquico realizados al damnificado, los antecedentes de autos y los estudios llevados a cabo, conforman el sustento científico de los informes periciales. La solvencia de los profesionales para establecer la relación causal de las lesiones sufridas con las secuelas padecidas, resulta de su condición de técnicos en la materia.

Si bien es cierto que el Juez tiene plena o amplia facultad para apreciar el contenido del dictamen pericial -como quedo dicho- dicha prerrogativa no puede ser ejercida con discrecionalidad; toda vez que para apartarse de las conclusiones allegadas por el facultativo, deben tenerse razones fundadas; máxime cuando el mentado informe comporta -como quedó dicho- la necesidad de una apreciación específica en el campo del saber del idóneo y -para desvirtuarlo- es imprescindible contar con elementos de juicio que permitan descubrir el error o en el inadecuado uso que el facultativo ha hecho de los conocimientos científicos de los que por su profesión o título habilitante se lo supone dotado -conf. CNCiv. Sala M, 08.03.1993, DJ 1994-I, 483.Idem, Sala E, 19.03.2008, ar/jur/515/2008, reñidas con principios lógicos o máximas de la experiencia o que se contradicen con el restante material probatorio objetivamente considerado -conf. CNCiv Sala H, 04.12.2009, ar/jur//62898/2009-, falta de idoneidad o de basamentos científicos -conf. CNCiv Sala H, 25.10.2007, ar/jur/8874/2007-; siendo necesario, incluso, que se aquilaten probanzas de similar o mayor rango técnico que desmerezca las conclusiones arrimadas en el citado peritaje -conf. CNCiv. Sala E, 26.11.2008, ar/jur/14658/2008. Idem, Sala F, 11.08.2014, ar/jur/44765/2014-.

En virtud de lo expuesto, siendo aceptadas las conclusiones periciales -pese a las impugnaciones realizadas- y teniendo en consideración las condiciones personales del actor; en especial las relativas a su edad (48 años al momento del hecho), ocupación (comerC.te), condición socio-económica (conf. BLSG N° 88.197/2014/1), demás circunstancias que surgen de la causa (v. declaraciones testimoniales de Fernando Montenegro, fs. 605/606 y Javier León Torres, fs. 607/608), las objetivas del siniestro, lesiones y secuelas que sufriera, incapacidad físico-psíquica que presenta y el hecho que se indemniza -en forma autónoma- el tratamiento psicológico aconsejado -sobre lo que seguidamente se dirá-, es que si mi voto es compartido, propongo al Acuerdo hacer lugar al rubro, por el que se concede la suma de pesos un millón quinientos cincuenta mil ($ 1.550.000) conf. art. 165 del Cód.Procesal-.

B) Tratamientos kinésico y psicológico.

Sabido es que existiendo entre el daño y el accidente relación de causalidad y surgiendo de la peritación idónea al efecto la necesidad de apoyo psicológico, los responsables del hecho deben cargar con las erogaciones necesarias a fin de lograr la disminución de las secuelas producidas o evitar un agravamiento del cuadro.

Ello no obsta a que tenga lugar el resarcimiento por la incapacidad padecida, ni que exista por dicha causa duplicación de reparaciones, puesto que una cosa es resarcir la minoración permanente de aptitudes y otra distinta cubrir con una terapia adecuada la posibilidad de que empeore el estado del peticionante.

Sentado ello, la profesional actuante sugirió «.Requiere de tratamiento psicoterapéutico, que según mi experiencia y de acuerdo a la evolución clínica que presente, no debería ser menor a un año dado el evento dañoso y sus características.

El tratamiento debería contemplar: psicoterapia individual una sesión semanal.Sin el tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico, es de agravamiento.» (fs. 644).

En la contestación de fs.655, la experta respondió al pedido de explicaciones que «.No es del campo de la medicina, ni de la especialidad psiquiatría, aseverar ni hacer futurismos o pronósticos de certeza con respecto a resultados de un tratamiento.

Al día de la fecha y a la luz de los conocimientos actuales, los tratamientos mejoran de sobremanera la calidad de vida y su pronóstico evolutivo estará supeditado a la evolución en el devenir del mismo, pero cabe mencionar que las situaciones traumáticas como el evento de marras, generan en si un proceso con connotaciones patológicas, que no son eliminadas en su totalidad por una terapia, lo que constituirá, al no ser borrado de la vida anímica, una plataforma (vulnerabilidad psíquica) donde futuros conflictos pueden revestir mayor gravedad.».

En cuanto a los gastos terapéuticos, los mismos son resarcibles siempre que de acuerdo a la índole de las lesiones, surja o emerja previsible la necesidad de iniciar o de continuar algún tratamiento curativo o paliativo que resulte razonablemente idóneo para subsanar o ayudar a sobrellevar -siquiera parcialmente- las secuelas desfavorables del hecho.

En el informe pericial, el profesional actuante concluyó que «.el actor no necesita otros tipos de tratamientos.La posibilidad real de una recuperación es poco probable.las secuelas están consolidadas.» (fs.709).

Por lo expuesto y siendo aceptadas las conclusiones periciales señaladas (conf. arts. 386 y 477 del C.P.C.C.N), considerando 52 sesiones anuales y un costo que valoro y justiprecio en $ 1.000 por sesión, es que propongo al Acuerdo admitir el reclamo por «tratamiento psicológico», por el que se establece la suma de pesos cincuenta y dos mil ($ 52.000) -conf. art.165 del CPCCN- y rechazar, en función de lo indiciado por el perito médico, el efectuado por «tratamiento kinésico».

C) Daño Moral.

Existe daño moral indemnizable cuando hay una lesión o agravio a un interés jurídico no patrimonial, es decir un menoscabo a bienes extrapatrimoniales.

El derecho no resarce cualquier dolor, humillación, padecimiento, sino aquello que sea consecuencia de la privación de un bien jurídico sobre el cual el dolorido tenía un interés reconocido jurídicamente (conf. E. Zannoni, «El daño en la responsabilidad civil», p. 234/235; Brebbia, «Daño moral», pág. 47; art. 1078 del Código Civil).

El agravio moral está constituido por la lesión a las afecciones íntimas del damnificado, los padecimientos que experimenta, la duración de su convalecencia y la incertidumbre sobre el grado de restablecimiento.

Es así que, considerando las condiciones subjetivas del damnificado, las objetivas del evento, la entidad de las lesiones sufridas, la incapacidad que padece y demás circunstancias que surgen de la causa -internación, intervención quirúrgica, tratamientos de rehabilitación, etc.- es que propongo al Acuerdo hacer lugar al rubro, por el que se fija la suma de pesos cuatrocientos setenta mil ($ 470.000) -conf. art. 165 C. Procesal-.

D) Gastos de atención médica, farmacia y traslados.

Es dable recordar que, para la procedencia de tales reclamos, no se requiere prueba cierta y determinada y deben ser abonados cuando es presumible su existencia en virtud de la índole de las lesiones sufridas. Siendo ello así, la determinación de su monto ha de quedar librada al prudente arbitrio judicial por aplicación de lo dispuesto por el art.165 del Código Procesal, gravitando para ello factores tales como el lugar donde fue atendida la víctima, importancia y extensión de las lesiones, traslados que hubo de realizar durante su recuperación, etc.

Cabe dejar sentado que la circunstancia de la atención del damnificado tanto en hospital público o por intermedio de obras sociales, no implica la gratuidad de todos los medicamentos y prestaciones.Como así tampoco se necesitan acreditar las erogaciones por movilidad, cuando ello es en una medida prudente y se infiere del tipo de lesiones que le restringieron su movimiento en el período inmediato al hecho.

En virtud de las consideraciones expuestas, atento las constancias de la causa, meritando las lesiones que padeciera J. C. F. y los traslados que pudo efectuar durante su recuperación, es que propongo al Acuerdo admitir el reclamo, por el que se otorga la suma de pesos diez mil ($10.000) -art. 165 del Código Procesal-.

VIII.-Intereses.

Las sumas indemnizatorias fijadas devengaran intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina respecto de todos los rubros de condena, conforme lo establecido en el Acuerdo Plenario celebrado el día 20 de Abril de 2009 en autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios», en el que se resolvió dejar sin efecto la doctrina fijada en los fallos plenarios «Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao Walter y otros s/ daños y perjuicios» -del 02/08/93- «Alaníz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios» -del 23/03/04- y establecer la tasa de interés moratorio citada, con cómputo desde el inicio de la mora -aquí, desde el hecho- hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia, implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido; excepción que debe -en su caso- ser alegada y probada por la parte a quien afecta (principio dispositivo).

Por lo demás, el juez en la sentencia fija un quantum, lo que de ningún modo equivale al momento a partir del cual la obligación se hace exigible, teniendo en cuenta que la no liquidez de la suma no implica la no exigibilidad y, por tanto, es desde la mora -en el caso, el hecho – que resulta computable.Lo que se debe no es una suma determinada, sino la compensación que el acreedor tiene derecho a percibir como resarcimiento por el daño padecido, que se resuelve en una suma dineraria en el momento en que el juez, al dictar sentencia, fija su determinación y cuantificación. La naturaleza de la deuda (de valor) no cambia por el procedimiento que se realice (cuantificación).

En tal sentido, la circunstancia de tratarse en el caso de deudas de valor que se traducen en una suma de dinero como compensación del perjuicio producido y que el órgano jurisdiccional fija en la sentencia, no implica en modo alguno, que la fijación del quantum contenga mecanismos de actualización o cualquier otro que configure una repotenciación o indexación de deuda.

Por otra parte, los antecedentes mencionados y la doctrina plenaria recaída en autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c. Transportes Doscientos setenta S.A. sobre daños y perjuicios», no permiten diferenciar con respecto a la valuación con fundamento en la fecha de fijación de la cuenta indemnizatoria, ni tampoco atendiendo a la naturaleza de la obligación, ya que aquellos dispusieron una solución aplicable a todos los casos acorde a su generalidad.

Agregando que la salvedad que se hace al responder al interrogante referido a desde cuándo y hasta qué momento se fija la tasa moratoria que se formuló en el acuerdo del plenario predicho no es operante en este contexto; dicha salvedad queda confinada al hipotético caso de que, en el futuro, se autorizara la repotenciación de un capital de condena, lo que, en principio, no es posible hacer actualmente, en acatamiento del derecho vigente.

Es por ello que, desde el inicio de la mora -ya sea que la obligación pertenezca a la órbita contractual o aquiliana- hasta el cumplimiento de la sentencia, queda determinada una regla general: aplicar al cálculo de intereses moratorios (art. 622 del Código Civil) la tasa activa.Dicho aserto no admite cuestionamiento.

No obstante, aun derogadas en un futuro hipotético las leyes que prohíben la actualización por repotenciación de deuda, a efectos de otorgarle virtualidad a la excepción a la regla general resuelta en el plenario referido de «Samudio», es necesario que se den ciertos presupuestos: la coexistencia de un enriquecimiento de una parte y un empobrecimiento de la otra, la relación causal entre ambos e inexistencia de una justa causa que avale la variación operada entre los patrimonios del deudor moroso y su acreedor, que altere el significado económico del capital de condena por aplicación de una tasa distinta a la activa en el cálculo de los intereses moratorios, todo lo cual deberá ser debidamente solicitado y acreditado por el interesado.

Ello así, por cuanto la facultad morigeradora de oficio es propia cuando en virtud del principio de autonomía de la voluntad (art. 1197) las partes pactaron intereses punitorios exorbitantes en caso de mora del deudor, pero de ningún modo cuando se trata del supuesto contemplado por el anterior art. 622 del Código Civil, atento al principio dispositivo del proceso; la naturaleza patrimonial de la acción ejercida y las reglas respecto de la carga probatoria establecida en el art. 377 del Código Procesal.

IX.- La condena se extiende a las compañías aseguradoras, «Seguros Médicos S.A.» y «Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.», declarando inoponibles al damnificado, las franquicias y límites de cobertura de las pólizas invocados por las citadas.

Al respecto, este tribunal sostuvo la inoponibilidad de la franquicia a la víctima pactada entre los contratantes del seguro por aplicación analógica del plenario «Obarrio», desde que se encuentran en juego idénticos intereses a los que inspiraron aquélla doctrina legal, dictada con sustento en la función social del seguro y el adecuado resguardo a las víctimas.

Ello, por cuanto la aseguradora intenta eximirse del cumplimiento de una obligación hasta el límite de la suma o porcentaje fijado para la franquicia.Desde el ángulo de la autonomía privada, no puede admitirse que se esté en el terreno de la disposición de los particulares (art. 1137 y art. 1197 del Código Civil), el disponer de esa porción de la estructura obligacional, puesto que tal exención de responsabilidad está en contra de su función típica (art. 953 y art. 1198 del Código Civil) y resulta abusiva.

Como quedo dicho, el seguro de responsabilidad civil no tiene como propósito solo defender al asegurado evitándole una grave pérdida económica, sino resguardar a la víctima el resarcimiento rápido e integral del daño injustamente padecido. Lo contrario importaría la desnaturalización de la función del contrato de seg uro, al que cabe considerar como una relación de consumo contemplada por el art. 42 de la CN y normas concordantes, ley N° 24.240 y sus modificatorias (ley 26.361) ello, no solo por no contemplar los derechos del asegurado en procura de su indemnidad, sino primordialmente por verse afectados los intereses de los damnificados desvaneciéndose la garantía de una efectiva percepción de la indemnización por daños (Conf. arg. CNCiv. en pleno, 13/12/06, «Obarrio, M. Pía c. Micrómnibus Norte S.A.»).

El ya referido fin social fundamental que tiene el contrato de seguro, permite que los terceros damnificados obtengan el merecido resarcimiento de los perjuicios sufridos, en concordancia con una tendencia cada vez más firme en el moderno derecho de daños consistente en proteger a la víctima procurando que el daño injustamente causado sea debidamente reparado (CNCiv. esta Sala, «Speso Nora Esther y otro c/ Autopista del Sol SA y otros s/ daños y perjuicios», del 13 de diciembre de 2006).

Todo esto, sin perjuicio del derecho de reintegro o repetición por parte de las aseguradoras frente a sus asegurados, en virtud de lo que abonen a la víctima del daño en mayor medida al monto incluido como límite de la cobertura (CNCiv., esta Sala, en autos «Flores, L. R.c/ Giménez, M. O. s/ daños y perjuicios», del 28/5/2013, entre otros).

No se desconoce que nuestro Máximo Tribunal, a la hora de juzgar las responsabilidades del asegurador frente a cualquier tercero beneficiario, ha sostenido -en relación a la ley de seguros- la exigencia de mantener los términos del contrato (ver causas N.312.XXXIX «Nieto, Nicolaza del Valle c/ La Cabaña S.A. y otros» y V.482.XL «Villarreal, Daniel Alberto c/ Fernández, Andrés Alejandro y otros,» publicadas en Fallos 331:379 y 334: 988 -entre muchos otros casos-, doctrina que se siguió sosteniendo a pesar de la nueva composición, incluso con ampliación de fundamentos del Dr. Carlos Rosenkratz en autos: «Díaz, Graciela L. c. Evangelista, Jorge D. Pascual y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)» del 12/06/2018). Es decir, siempre ha seguido una línea que hace prevalecer, frente al tercero perjudicado, los límites del contrato celebrado entre el tomador del seguro y la empresa de seguros. Casualmente esta postura la expuso en la citada causa, donde previno esta Sala, autos «Flores c. Gimenez, Marcelino s. daños y perjuicios» (CSJN, 678/2013 (49-F)/CS1, del 6-6-2017) y en otros pronunciamientos (CSJN, «Tarante» Fallos 319:3489; «Yegros» Fallos 322:653). De esta manera, es dable inferir que la Corte no admite decisiones que se aparten de la solución legal que establece el art.

118 de la Ley n° 17.418.

Lo recién expuesto, debe también interpolarse con la realidad socio-económica de nuestro país que -en los últimos años- viene siendo sometida a un proceso de inflación de considerable magnitud que es de público conocimiento y esto hace que el límite de cobertura fijado en la póliza que aquí se analiza, resulta hoy en día manifiestamente insuficiente a los fines propios del seguro de responsabilidad civil (CNCiv., esta Sala, en autos «Guimil, V.Elizabeth Vanesa contra Unión General Armenia de Beneficencia s/ daños y perjuicios», entre otros).

Incluso podría aseverarse que se conforM. un supuesto de «no seguro» por insuficiencia de la suma asegurada (conf. Waldo Sobrino, «Consumidores de Seguros», publicado en La Ley, 2.009, pág. 278).

Cabe aclarar que, si bien el art. 303 del CPCC había sido derogado por la Ley n° 26.853, esta Sala tenía dicho que ello no resultaba operativo en virtud de lo dispuesto por el art. 15 de la mencionada normativa. Sin embargo, la Ley n° 27.500 que entró en vigencia el 10.01.2019, restableció la obligatoriedad de los fallos plenarios.

Por las consideraciones precedentes, siguiendo el principio fundamental del sistema de reparación de daños, en cuya virtud la compensación debe ser plena e integral, se propone al Acuerdo -como quedó dicho- decretar la inoponibilidad de las franquicias y límites de cobertura oportunamente opuestos, al damnificado.

X.- Costas.

En atención a la manera en la que prospera la demanda, corresponde imponer las costas -de ambas instancias- a las codemandadas y aseguradoras vencidas, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 del Código Procesal).

Por todo lo expuesto, si mi voto fuera compartido, propongo al Acuerdo: 1) Revocar la sentencia apelada, haciendo lugar a la demanda impetrada y, en consecuencia, condenar al Dr. J. G. D., al «Sanatorio Profesor I. S.A.» y a «Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación», a abonar al actor -en el plazo de diez días de quedar firme la presente- la suma total de pesos dos millones ochenta y dos mil ($ 2.082.000); con más los intereses establecidos en el considerando pertinente; lo que se hace extensivo a las firmas aseguradoras, la empresa «Seguros Médicos S.A.» y la firma «Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.», declarando inoponibles al damnificado las franquicias y límites pactados en las pólizas denunciadas; 2) Imponer las costas -de ambas instancias- a las coaccionadas y citadas en garantía vencidas (conf.art. 68 del Código Procesal).

El Dr. Oscar José Ameal y la Dra. Patricia Silvia Bermejo, por las consideraciones y razones aducidas por el Dr. Álvarez, votan en igual sentido a la cuestión propuesta. Ante mí. JULIO M.A. RAMOS VARDE (SECRETARIO).

Buenos Aires, 17 de junio del año 2021.

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad de votos el Tribunal decide: 1) Revocar la sentencia apelada, haciendo lugar a la demanda impetrada y, en consecuencia, condenar al Dr. J. G. D., al «Sanatorio Profesor I. S.A.» y a «Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación», a abonar al actor -en el plazo de diez días de quedar firme la presente- la suma total de pesos dos millones ochenta y dos mil ($ 2.082.000); con más los intereses establecidos en el considerando pertinente; lo que se hace extensivo a las firmas aseguradoras, la empresa «Seguros Médicos S.A.» y la firma «Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.», declarando inoponibles al damnificado las franquicias y límites pactados en las pólizas denunciadas; 2) Imponer las costas -de ambas instancias- a las coaccionadas y citadas en garantía vencidas (conf. art. 68 del Código Procesal).

Difiérase la regulación de honorarios para una vez aprobada en autos la liquidación definitiva (art. 279 CPCCN).

Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN.

La difusión de la presente resolución se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art.64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.

Notifíquese por secretaría y cúmplase con la comunicación pública dispuesta en las Acordadas de la C.S.J.N. 15/2013 y 24/2013. Oportunamente, devuélvase a la instancia de grado.

OSVALDO ONOFRE ALVAREZ

OSCAR JOSÉ AMEAL

SILVIA PATRICIA BERMEJO

JULIO M.A. RAMOS VARDE (SEC).

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