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#Doctrina El nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes

Autor: Esperanza, Silvia L.

Fecha: 6-jul-2021

Cita: MJ-DOC-16048-AR | MJD16048

Doctrina:

Por Silvia L. Esperanza (*)

A través de la ley 6556 publicada en el B.O. en fecha 13 de mayo de 2021, la provincia de Corrientes cuenta con un nuevo Código Procesal Civil y Comercial que entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2021.

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El cuerpo normativo fue redactado por una comisión de especialistas (1) convocados por la H. Cámara de Diputados al efecto y que tuvo como fuente primordial el Anteproyecto de Nación del año 2019.

Seguidamente, mencionaremos los aspectos más relevantes que convierten al Código en uno de los más modernos del país.

Así diremos en cuanto al juez, se adapta a un rol más activista dotado de deberes y facultades, por ej.: «En las audiencias preliminar y final la presencia ininterrumpida del juez será un requisito ineludible e indelegable y cuya inobservancia determinará nulidades absolutas. La nulidad puede ser deducida o declarada de oficio en cualquier oportunidad procesal» (2); «conducir el proceso activamente, tomará de oficio todas las medidas necesarias para concentrar las actividades procesales y evitar su paralización» (3); «dar al proceso o a la postulación el trámite que corresponda cuando el iniciado por la parte no resulte adecuado para la mejor solución del conflicto» (4); «realizar aun de oficio, los ajustes razonables necesarios y tomar las acciones positivas a su alcance a los efectos de proteger a las personas en condición de vulnerabilidad» (5); «ordenar fundadamente las medidas de prueba necesarias para el esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos respetando el derecho de defensa de las partes» (6); «disponer las diligencias que persigan evitar nulidades y decretarlas de oficio cuando correspondan» (7).

Con respecto a las partes y en consonancia con el art. 284 del Código Civil y Comercial -libertad de las formas-, se destaca la designación del letrado por instrumento privado con firma del otorgante y consentimiento del representante legal (8). En referencia al patrocinio se estableció que:«El abogado que actúa como patrocinante podrá realizar todos los actos procesales sin necesidad de firma» (9), el mismo artículo establece en qué casos deberá autorizar expresamente. De igual manera, el aspecto vinculado al domicilio que: «deberá denunciar su domicilio real y el electrónico del abogado que lo asista o represente, de conformidad con las normas de superintendencia del Superior Tribunal de Justicia. Ambos requisitos han de cumplirse en la primera actividad procesal, ya sea presentación escrita o en audiencia» (10).

En cuanto a los tipos de procesos, cesa la tradicional denominación de ordinario, sumario y sumarísimo. El proceso ordinario -a partir el 1 de diciembre de 2021-, se designará proceso ordinario por audiencias (11) y, el sumarísimo sustituido por el proceso abreviado (12), es decir ha sido suprimido el proceso sumario. Es de destacar que el primero de los procesos presenta singulares notas, entre las que sobresalen las dos audiencias que se denominan preliminar y final (se cambió el nombre a la audiencia de vista de causa), además, la «exposición sucinta del caso que harán los letrados de las partes durante un lapso no superior a 10 minutos» (13). Se incorpora el proceso monitorio (14) documentado para «las pretensiones basas en instrumentos públicos o instrumentos privados reconocidos judicialmente, o con firma certificada por escribano público de cuyo contenido surja el derecho en que se funda» (15) y para la ejecución fiscal (16). En cuanto al proceso ejecutivo (17) la novedad radica en que la intimación de pago se realizará por cédula.

En lo referente a nulidades, cautelares, recursos y prueba, las innovaciones son las siguientes:

a) Nulidades: se regulan las nulidades relativas y absolutas. Así también, la nulidad por contenido de los actos procesales, en este último, es importante resaltar que «la carga de demostrar se impone a quien alegue lo contrario» (18). De igual manera lo referente a la «Pretensión de revisión de cosa juzgada por nulidad de sentencia firme» (19).

b) Cautelares: en síntesis, las innovaciones refieren: (i) anticipo provisorio de la sentencia:que el «objeto se superponga en todo, o en parte, con la pretensión sustancial deducida» (20); «se podrá disponer la anticipación interina del objeto total o parcial de la pretensión» (21). Es este punto quedamos en minoría, nuestra propuesta era legislar correctamente la Tutela Anticipada de Urgencia con el fin de evitar cualquier confusión con las medidas cautelares y las autosatisfactivas; (ii) Petición de parte o de oficio: «Se decretarán a pedido de parte, salvo que las circunstancias del caso o norma expresa autoricen su dictado de oficio» (22); (iii) Temporalidad: «El juez podrá fijar un plazo para la vigencia de las medidas cautelares» (23), (iv)Juez incompetente: «Solicitada una medida cautelar el juez, aun cuando se considerare incompetente, deberá pronunciarse por su admisión o rechazo» (24). En línea con lo dispuesto en el art. 10 del Código Civil y Comercial «Abuso del derecho», se legisló la «Pretensión anticautelar» (25) con el fin de evitar el abuso de medidas cautelares, de esta manera la provincia de Corrientes es pionera en cuanto a su regulación a nivel nacional.

c) Recursos: a pesar de no ser frecuente que un Código contenga conceptos, en el caso de los recursos y para evitar cualquier tipo de confusión y, a la vez, con lenguaje claro, se define los efectos de la concesión y trámites del recurso de apelación. A partir de la entrada en vigencia los efectos son suspensivo y no suspensivo y trámite inmediato o diferido (26). Como regla, trámite diferido de las apelaciones en el procedimiento previo a la emisión de la sentencia de mérito. Contra el pronunciamiento definitivo, el recurso tiene efecto suspensivo y trámite inmediato. Las excepciones se dan en tres supuesto: 1) que la sentencia recurrida está basada en fallos de la CSJN, doctrina legal del STJ o plenario de la Cámara; 2) que la recurrida verse sobre derechos sensible y, 3) cuando a ley disponga lo contrario.

d) Prueba:se incorpora «Pruebas en soportes distintos al papel» (27): (i) Ofrecimiento, «las partes podrán ofrecer como medio de prueba: registrados, documentos electrónicos, digitales e instrumentos particulares no firmados, obrantes en cualquier tipo de soporte», (ii) Reconocimiento: «La parte contraria deberá reconocer o desconocer expresamente la autenticidad, la integridad y la exactitud del contenido de los registros. La parte contraria propondrá las medidas probatorias que estime pertinentes para desacreditar la autenticidad, integridad y exactitud del contenido de los registros», (iii) Facultades del juez: «el órgano judicial deberá adoptar los medios necesarios para asegurar la guarda, conservación y reproducción de la prueba para evitar que se produzcan alteraciones de la misma».

Por último, resaltamos la incorporación de las TICs en el proceso. Así se regula lo referente al expediente, escritos, domicilio, notificaciones, oficios y subasta electrónicos, para su entrada en vigencia el Superior Tribunal de Justicia deberá dictar la respectiva reglamentación de acuerdo con lo dispuesto en el cuerpo normativo hasta tanto «.se cumplirán en soporte papel y se regirán por las normas del Código anterior» (28) .

A partir del 1 de diciembre de 2021 la provincia de Corrientes contará con un código moderno, ágil y escrito en un lenguaje sencillo que responde a las necesidades del Siglo XXI. De todos depende que el nuevo cuerpo normativo cumpla con sus objetivos y no se convierta en letra muerta.

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(1) Integrada por representantes de: a) Superior Tribunal de Justicia, b) Ministerio Público, c) Circulo de Estudios Procesales «Dr. José Virgilio Acosta», d) Colegio de Magistrados y Funcionarios, e) Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ), f) Colegios de Abogados, g) Facultad de Derecho de la Cuenca del Plata, h) Universidad Católica de Salta -delegación Corrientes-, i) Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste y, j) Asociación de Mujeres Juezas de la República Argentina (AMJA).

(2) Art. 56, Deberes de los jueces, inc. d)

(3) Art. 56, inc. c)

(4) Art. 56, inc. e)

(5) Art. 56, inc. h)

(6) Art. 56, inc. m)

(7) Art. 56, inc. p)

(8) Art. 22, Tipo de formas, inc.b)

(9) Art. 23. Abogado patrocinante, primer párrafo

(10) Art. 30. Domicilio

(11) Arts. 438 a 467

(12) Arts. 468 a 474.

(13) Art. 465, inc. c)

(14) Arts. 516 a 523

(15) Art. 516. Proceso monitorio documentado

(16) Art. 571. Procedimiento. «La ejecución fiscal tramitará por el proceso de estructura monitoria.»

(17) Art. 524 a 562.

(18) Art. 142.

(19) Art. 143. Pretensión de revisión de cosa juzgada por nulidad de sentencia firme.

(20) Art. 163. Oportunidad y recaudos, segundo párrafo.

(21) Art. 202. Medidas cautelares anticipatorias.

(22) Idem, nota 19

(23) Art. 172. Plazo y carácter provisional.

(24) Art. 173. Medida decretada por juez incompetente.

(25) Art. 203. Pretensión anticautelar.

(26) Art. 384. Recursos. Concesión. Efectos y trámites.

(27) Arts. 246 a 248.

(28) Disposición Transitoria VII. Aplicación de las tecnologías de la información y comunicación. TIC.

(*) Especialista en Derecho Procesal, UNNE. Magíster en Derecho y Magistratura Judicial, Universidad Austral. Secretaria de Jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Coordinadora del Círculo de estudios procesales «Dr. José Virgilio Acosta» de Corrientes. Miembro fundador de la Federación de Ateneos de Estudios Procesales. Consejera Regional de la Asociación Argentina de Derecho Procesal.

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