fbpx

#Fallos Abogados: Se revoca una sentencia que tuvo por no contestada la demanda en virtud de que el letrado de la parte demandada incumplió a tiempo con el pago de los aportes previsionales y del bono Ley 8480 de Buenos Aires

Partes: A. F. F. y otro/a c/ D. P. D. A. y otro/a s/ Acción de despojo

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata

Sala/Juzgado: III

Fecha: 18-jun-2021

Cita: MJ-JU-M-132876-AR | MJJ132876 | MJJ132876

Se revoca la sentencia que tuvo por no contestada la demanda en virtud de que el letrado que asistía a la parte demandada incumplió a tiempo con el pago de los aportes previsionales y del bono Ley 8480 de Buenos Aires.

Sumario:

1.-El incumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas a los profesionales del derecho no puede instantáneamente perjudicarse al justiciable, más aún, cuando teniendo en cuenta la emergencia sanitaria imperante, no fue anoticiada de una situación tan gravosa para el ejercicio de sus derechos en su domicilio real; importa un verdadero exceso ritual manifiesto sancionar directamente a la parte por una omisión exclusiva del abogado, dispuesta en su exclusivo beneficio y ajena al régimen procesal propiamente dicho.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

2.-No puede decirse que el demandado fue negligente en el cumplimiento del pago de los aportes previsionales cuando los mismos son de obligación exclusiva de su abogado, y no se anotició en su domicilio real de la intimación que podría privarla del regular ejercicio de sus derechos posibilitándole, al menos, una oportunidad para reencausar el normal desarrollo del proceso; no obstante ello, cumplimentó el pago de las cargas previsionales y fiscales aunque tardíamente.

3.-La sanción dispuesta por el incumplimiento de las obligaciones tributarias del abogado, en atención a lo normado en los arts. 7 , de la Ley 8480, y 15 de la Ley 6716 de Buenos Aires, según Ley 10.268 , no puede coartar de forma tajante el acceso a la justicia, como verbigracia sucede cuando se lo declara rebelde o se dan por perdidos sus derechos, ya que esto lesiona un valor jurídico de categoría superior y más relevante.

4.-Al imponer una sanción como es que se tenga por no contestada la demanda a raíz del incumplimiento de las obligaciones tributarias del abogado, el Sr. Juez de Grado ha agregado otra consecuencia que no fue prevista por el legislador, agravando así la situación del peticionante con su afectación al legítimo derecho de defensa en juicio.

Fallo:

En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en el acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: «A. F. F. Y OTRO/A C/ D. P. D. A. Y OTRO/A S/ ACCION DE DESPOJO» habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Nélida I. Zampini y Rubén D. Gérez.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes

CUESTIONES:

1) ¿Es justa la sentencia del 12/3/2021?

2) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:

I.- Dicta sentencia el Sr. Juez de Primera Instancia, resolviendo: a) dejar sin efecto la parte pertinente de la resolución del 26/2/2021 en lo que refiere al trámite de contestación de demanda; b) luego de computar los plazos -véase el proveído de fecha 26/11/2020 notificada automáticamente por Secretaría e intimando a que en el plazo de 3 días adjunte el bono y anticipo previsional, venciendo con cargo el día 02/12/2020-, concluir que la presentación realizada por el Dr. Rincón el 03/12/2020 se encuentra fuera de término; c) hacer efectivo el apercibimiento contenido en la resolución de fecha 26/11/2020, y en consecuencia, tener por no realizada la presentación de fecha 17/11/2020 (Pl.CAMdP «Bco.Liniers Sudamericano SA c/ Hacikyan Armenak s/ quiebra s/ Inc. revisión» – Reg.345-S del 21-10-99); y d) teniendo en cuenta la forma que se resuelve, no dar tratamiento a la apelación en subsidio interpuesta.

II.- Dicho pronunciamiento es apelado con fecha 17/3/2021 por el Dr. Jorge Alberto Rincón, invocando el art. 48 del C.P.C.por la parte demandada, fundando su recurso en el mismo escrito con argumentos que merecieron respuesta de la contraria con fecha 5/4/2021.

III.- Agravia al apelante que se le haya tenido por no contestada la demanda, lo que conlleva a la supresión automática de las garantías constitucionales del debido proceso, el derecho a ser oído y de igualdad ante la ley.

Señala que no obstante haber realizado los aportes correspondientes, aunque tardíamente, se sanciona a su parte con la pérdida de derechos fundamentales de raigambre constitucional.

Alega que el primer juzgador confunde las cuestiones ajenas al proceso netamente arancelarias y fiscales con la contestación de demanda y reconvención, aplicando -a instancias de la contraria- una grave sanción que vulnera abiertamente su derecho de defensa juicio.

Concluye indicando que también en oportunidad de rechazarse la reconvención deducida su parte interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio en fecha 11/3/2021, no obteniendo tratamiento alguno. Cita doctrina y jurisprudencia.

IV) Pasaré a analizar los agravios planteados.

Cabe puntualizar que el Sr. Juez de Primera Instancia tuvo por no contestada la demanda en virtud de que el letrado que asiste a la parte demandada incumplió a tiempo con el pago de los aportes provisionales y del bono ley 8480 -apercibimiento del 26/11/2020, efectivizado con fecha 12/3/2021-.

La parte demandada enfoca sus premisas argumentales sosteniendo que por el solo incumplimiento del pago del jus previsional -art.13 ley 6716- y del bono ley 8480, no puede sufrir la pérdida de su derecho a contestar la demanda de autos, máxime cuando dicha carga previsional y fiscal fue efectivamente cumplida aunque tardíamente.

Sin entrar en el análisis constitucional de estas normas que imponen obligaciones tributarias a los profesionales del derecho en desmedro, ante su incumplimiento, de derechos constitucionales de los justiciables -defensa en juicio y debido proceso-, considero que por la gravedad de la sanción, que pone en juego la validez o temporaneidad del escrito de contestación de demanda, no puede instantáneamente perjudicarse al justiciable, más aún, cuando teniendo en cuenta la emergencia sanitaria imperante, no fue anoticiada de una situación tan gravosa para el ejercicio de sus derechos en su domiciilo real.

El art. 3 de la ley 8480 (modif. Ley 10596 y 12277) como el art. 13 de la ley 6716 (modif. por la ley 12.268) imponen obligaciones fiscales y previsionales exclusivas de los profesionales del derecho.

La primera de las normas citadas, establece a los abogados la carga de abonar, además de la cuota anual -establecida en el arts. 53, de la ley 5177-, un derecho fijo al iniciarse o contestarse cualquier gestión judicial.

La otra, impone al afiliado la obligación de abonar, al iniciarse toda actuación profesional, la cantidad de un jus previsional como anticipo y a cuenta del diez por ciento que fija el inc. a) del artículo 12, aporte que conforma, además de otros, el capital de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires (art. 12 ley 6716).

Ahora bien, tanto el art. 7 de la ley 8480, como el art.15 ley 6716, según ley 10.268, contienen una sanción por el incumplimiento del pago del bono y el jus previsional, que es el de no dar trámite alguno a las peticiones formuladas.

Como se advierte, es una sanción que se origina por el incumplimiento del pago de tributos previsionales y fiscales exclusivos de la actividad profesional y ajeno al campo procedimental donde se enmarca la participación de los justiciables.

A ello cabe agregar que este Tribunal de Alzada tiene dicho que previo al desglose de la contestación de demanda por la falta de pago del bono ley 8480 y del aporte previsional, debe notificarse la intimación por cédula a la parte en su domicilio real, trámite que no ha podido llevarse a cabo teniendo en cuenta las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria.

De este modo, sancionamos al justiciable por el incumplimiento de una obligación de naturaleza previsional y tributaria fiscal -no procesal- que es exclusiva del abogado que la asiste jurídicamente (argto. Art. 12 bis, 13 ley 6716, modif. ley 10268; art. 3 y 7 ley 8480; conf. C.S.J.N. sent. 320:1523 del 15/07/1997, «Romano, Francisco J. c. Baquero, Eduardo J.», pub. La Ley Online, cita Online: AR/JUR/6081/1997; sent. 320:2740 del 10/12/1997, «Tartaglia, Néstor Raúl y otra c. Baquero, Eduardo José», pub. La Ley Online, cita Online: AR/JUR/6109/1997, voto en disidencia de los Dres. Eduardo Moline O´Connor y Guillermo A. F. López), y en segundo lugar, porque importa un verdadero exceso ritual manifiesto sancionar directamente a la parte por una omisión exclusiva del abogado, dispuesta en su exclusivo beneficio y ajena al régimen procesal propiamente dicho.

Tener por no contestada la demanda se debe al incumplimiento de un recaudo que no es de naturaleza procesal -carácter previsional-, y su falta de pago acarrea la afectación del normal desarrollo del proceso, privando al demandado de la adecuada y oportuna tutela de los derechos que le asisten (arts.18 de la Constitución Nacional, 15 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As. y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

En estos casos, el Tribunal Superior de la Provincia ha resuelto en reiteradas oportunidades que «La causal del excesivo rigorismo no supone soslayar, en modo alguno, el riguroso cumplimiento de las normas adjetivas, sino que pretende contemplar la desnaturalización de su uso en desmedro de la garantía de la defensa en juicio, en los supuestos en que la incorrecta aplicación de un precepto de tal índole venga a frustrar el derecho de fondo en juego» (SCBA Ac. 92798 del 14/2/2007, 90306 del 4/5/2005, entre otras).

Por otro lado, la doctrina del exceso ritual manifiesto cede en los casos en que el normal desarrollo del proceso se vea afectado a causa del comportamiento negligente de la parte (argto. jurisp. SCBA C. 99847 del 14/4/2010, 97778 del 25/2/2009, entre otras), cosa que desde ya no se da en autos.

No puede decirse que el demandado fue negligente en el cumplimiento del pago de los aportes previsionales cuando los mismos son de obligación exclusiva de su abogado, y no se anotició en su domicilio real de la intimación que podría privarla del regular ejercicio de sus derechos posibilitándole, al menos, una oportunidad para reencausar el normal desarrollo del proceso; no obstante ello, cumplimentó el pago de las cargas previsionales y fiscales aunque tardíamente.

Debe recordarse que la labor jurisdiccional no se encuentra formalmente dirigida al cumplimiento de pautas fiscales o cobro de derechos profesionales. Extremar su cumplimiento en desmedro de los intereses de las partes determinan, en este caso en particular, un exceso formal que hace perder el norte de su actividad, que no es otro que el de encontrar una solución justa al conflicto planteado.

Ahora, si bien los arts.18, de la ley 6716, según texto 10268, y 7, de la ley 8480, responsabilizan a los jueces y tribunales por el incumplimiento en el pago de estos anticipos, aportes y contribuciones, lo cierto es que contamos -también nos incluimos- con otras alternativas menos gravosas para las partes a los fines de exigir su cumplimiento.

En este enfoque, la sanción dispuesta en atención a lo normado en los arts. 7, de la ley 8480, y 15 de la ley 6716, según ley 10.268, no puede coartar de forma tajante el acceso a la justicia (art. 15 de la CPBA), como verbigracia sucede cuando se lo declara rebelde o se dan por perdidos sus derechos, ya que esto lesiona un valor jurídico de categoría superior y más relevante (conf. Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, «Pautas Interpretativas sobre la aplicación de la ley 8480.», Cdad. de La Plata, octubre de 2003, pág. 8 y sgts.; art. 18 Const. Nac., 9 y 15 Const. Pcia. y art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica; jurisp. CSJN fallos 316-247, 319-672 entre otros jurisp. esta Cámara en acuerdo plenario, causa N° 110619 RSD 345/99. del 21/10/1999).

Al respecto, se ha resuelto que «(.) ninguna de dichas normas – refiriéndose a la ley 6716 y 8480-, que imponían en el caso una conducta omitida por el abogado, puede entenderse en el sentido de rehusar a las personas patrocinadas o representadas por aquél (que no son obligadas a dicha conducta), el primordial derecho a ser oídas por este Poder (arts.10, 11, 15 y conds.de la constitución provincial), resultando de aplicación analógica el art.252 del CPCC.» (Cám. Apel. Civ. y Com. de San Isidro, causa N° 65070 RSD 86/95 del 27/4/1995).

Las partes tienen el derecho de ser oídas sin restricciones improcedentes, de modo que resulta incorrecto todo fundamento legal que le impida tal ejercicio, afectando la inviolabilidad de la defensa en juicio consagrada en el art.18 de la C.N.

Por otra parte, las leyes 8480 y 6716, según ley 10.268, no contienen como sanción que no deba oírse a la parte representada o patrocinada, ni tampoco impone que se tenga por no presentado escrito alguno, menos aún el de contestación de la demanda (conf. Juan Manuel Hitters – Silvina Cairo, «Honorarios de Abogados y Procuradores», Edit. Lexis Nexis, Bs. As. 2007, pág. 751, citando jurisp. Cám. Apel. Civ. y Com. Dolores, causa N° 68665 RSD 3/94 del 3/2/1994).

En este sentido, dos ex integrantes -voto en disidencia de los Dres. Eduardo Moline O´Connor y Guillermo A. F. López- del Máximo Tribunal Nacional, resaltaron tal cuestión al exponer que «los arts. 13 de la ley 6716 (t.o. según art. 5° de la ley 10268) y 7° de la ley 8480 sólo prevén – ante la falta de presentación del depósito a favor de las cajas previsionales y profesionales correspondientes a los letrados- el mandato para el juez actuante de no dar trámite alguno a las peticiones formuladas con esa omisión, sin que de dichas normas se desprenda que corresponda el desglose de la pieza respectivamente para su devolución a la parte» (lo resaltado me pertenece; conf. C.S.J.N. sent. 320:1523 del 15/7/1997, «Romano, Francisco J. c. Baquero, Eduardo J.», pub. La Ley Online, cita Online: AR/JUR/6081/1997; sent. 320:2740 del 10/12/1997, «Tartaglia, Néstor Raúl y otra c. Baquero, Eduardo José», pub. La Ley Online, cita Online: AR/JUR/6109/1997).

Al imponer una sanción como es que se tenga por no contestada la demanda, el Sr. Juez de Grado ha agregado otra consecuencia que no fue prevista por el legislador, agravando así la situación del peticionante con su afectación al legítimo derecho de defensa en juicio (arts. 18 de la Constitución Nacional, 15 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As.y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

La utilización de esas medidas preventivas para el pago de obligaciones profesionales, no pueden convertirse en un instrumento represor de los intereses de aquellos que pretenden acceder al servicio de justicia, máxime cuando existan otras vías alternativas y subsidiarias que protejen el derecho de las instituciones respecto al cobro de tales ingresos.

En efecto, los magistrados cuentan con otras medidas alternativas para garantizar el pago de los aportes.

Mitigando el alcance estricto de la norma -art. 7, ley 8480, y art. 15 ley 6716-, el Juez podría limitarse a comunicar, por la falta de pago del bono y aporte previsional, al Colegio de Abogados y a la Caja de Previsión Social, respectivamente, a fin de que éstas adopten las medidas necesarias tendientes al resguardo de sus intereses (argto. art. 20 ley 6716, y arts. 50, inc. h), i), k), p), 53 y ccdts ley 5177) y sin friccionar las garantías de los justiciables que nada tienen que ver con dichas responsabilidades fiscales.

Ante una presentación que tenga un plazo de vencimiento – contestación de demanda, recursos, etc.-, la misma debe ser proveída, sin perjuicio de enviar los antecedentes ante la Caja de Previsión y/o Colegio de Abogados, respectivamente, para que tomen la nota respectiva y, eventualmente ante tal omisión, procedan a la ejecución de los recursos legales, además, de iniciarse una causa disciplinaria por parte de los colegios de así considerarlo (conf. conf. Juan Manuel Hitters – Silvina Cairo, obra cit., pág. 751).

Por otro lado, las entidades recaudadoras de tales erogaciones tienen facultades para ejecutarla judicialmente -además de disciplinarias- en el caso en que no se verifique el pago, pudiendo el magistrado poner en conocimiento de las mismas el incumplimiento que hubiere acaecido (conf. Juan Manuel Hitters – Silvina Cairo, «Honorarios de Abogados y Procuradores», Edit. Lexis Nexis, Bs. As. 2007, pág. 746).

Por último, cabe resaltar que el fallo plenario, «Banco Liniers Sudamericano S.A. c/ Hacikyan Armenak s/ Quiebra s/ Incidente de Revisión» (RSD-345-99 sent.Del 21/10/1999, modificando plenario «Falgarona» del 14/05/1992), en ninguno de sus párrafos establece que solamente se deba notificar por cédula al profesional actuante, razón por la cual, existiendo un silencio al respecto, esta Sala ha considerado que además de notificar al letrado obligado, también se lo haga al demandado quien es el más interesado en que se solucione y reencause la cuestión (argto. jurisp. esta Sala, causa N° 148415 RSI 414/11 del 21/9/2011).

Conforme las premisas expuestas, tener por no contestada la demanda evidencia que: a) se sancionó al justiciable por el incumplimiento de una obligación previsional y fiscal a cargo de su letrado; b) se ha producido un exceso ritual manifiesto en la aplicación a raja tabla de legislación de naturaleza previsional y fiscal que afecta el cause normal del proceso; c) se afectó garantías constitucionales de la parte; d) se aplicó una sanción que no se encuentra legislada en los art. 7 ley 8480 y 15 ley 6716; y e) conforme jurisprudencia de esta Alzada y sin perjuicio de la emergencia sanitaria, la notificación de una intimación tan gravosa para los intereses del justiciable debe llevarse a cabo en el domicilio real del demandado.

Estos pilares, que por demás son suficientes, evidencian la existencia de un verdadero interesado en el cumplimiento de los actos previsionales y fiscales y que los mismos surtan sus efectos, debiendo concluirse que el proveído que dispone que se tenga por no contestada la demanda -12/3/2021-, no resulta ajustado a derecho, y atento el cumplimiento (tardío) de dichos recaudos, debe tenerse por contestada la demanda en tiempo y forma.

Finalmente, en cuanto a la reconvención deducida cabe aclarar al recurrente que su recurso del 11/3/2021 no ha sido concedido atento haber sido considerado extemporáneo en la instancia de origen, razón por la cual no corresponde que esta Alzada se expida sobre su procedencia (v.resolución del 22/3/2021).

En consecuencia, corresponde revocar el pronunciamiento del 12/3/2021, teniéndose por contestada la demanda en tiempo y forma (arts. 34, 36, 252 y sgts. y ccdts. del CPC; arts. 12, 13, 20 ley 6716, modif. 10268; arts. 50, inc. h), i), k), p), 53 y ccdtes. ley 5177; arts. 3 y 7 ley 8480; arts. 18 de la Constitución Nacional, 15 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As. y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

ASI LO VOTO.

El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:

Corresponde: I) Hacer lugar al recurso deducido en fecha 17/3/2021, y en consecuencia, revocar la sentencia del 12/3/2021, teniéndose por contestada la demanda en tiempo y forma. II) Imponer las costas por su orden, atento la naturaleza de la cuestión planteada (art. 68 2da. parte del C.P.C). III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).

ASI LO VOTO.

El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

En consecuencia se dicta la siguiente

S E N T E N C I A

Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se hace lugar al recurso deducido en fecha 17/3/2021, y en consecuencia, se revoca la sentencia del 12/3/2021, teniéndose por contestada la demanda en tiempo y forma. II) Las costas se imponen por su orden, atento la naturaleza de la cuestión planteada (art. 68 2da. parte del C.P.C). III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). Regístrese, notifíquese por cédula electrónica o a través de remisión de copia digital (arts. 135 inc. 12, 143 y 143 bis del CPCC conforme art.3, apartado c) c.2) de la Resolución del Presidente de la SCBA N° 10/20; 2 Resolución 480/20 de la SCBA ; 7 y 11 del Ac. 3845 de la SCBA -conf. Ac 3991 de la SCBA- ) y devuélvase.

En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975/20 de la S.C.B.A.

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 18/06/2021 11:00:16 – ZAMPINI Nelida Isabel (nizampini@jusbuenosaires.gov.ar) – JUEZ

Funcionario Firmante: 18/06/2021 11:05:11 – GÉREZ Rubén Daniel – JUEZ

Funcionario Firmante: 18/06/2021 11:17:12 – LARRALDE Marcelo Miguel – AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN

Domicilio Electrónico: 20127294063@notificaciones.scba.gov.ar Domicilio Electrónico: 20127294063@notificaciones.scba.gov.ar Domicilio Electrónico: 27925574746@notificaciones.scba.gov.ar Domicilio Electrónico: 27925574746@notificaciones.scba.gov.ar

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL SALA III – MAR DEL PLATA

A %d blogueros les gusta esto: