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#Doctrina La imposición de costas en los casos del derecho del consumidor

Autor: Manterola, Nicolás I.

Fecha: 2-jun-2021

Cita: MJ-DOC-15914-AR | MJD15914

Sumario:

I. Sumario. II. Las costas. Concepto e imposición. II.1. Regla general: Costas al vencido. II.2. Excepción a la regla general: Costas por su orden. II.3. Costas al vencedor. II.4. Vencimiento parcial y mutuo. III. Las costas en los casos donde se discuten derechos de consumo. III.1. Alcance del beneficio de justicia gratuita. III.2. ¿El beneficio de justicia gratuita exime la imposición o el pago de las costas? IV. Dos casos recientes en donde la demanda fue rechazada. IV.1. Proceso colectivo rechazado. IV.2. Proceso individual rechazado. IV.3. Nuestra opinión.

Doctrina:

Por Nicolás I. Manterola (*)

I. SUMARIO

Nos proponemos echar luz sobre la imposición de costas al consumidor o quien litiga a favor de sus derechos (como una asociación de consumidores) cuando resulta de aplicación el beneficio de justicia gratuita (art. 53 y 55 , ley 24.240).

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Para realizar tal cometido, comentaremos dos casos judiciales que involucran derechos del consumidor y que nos servirán de disparador. Uno de ellos fue iniciado por un consumidor particular y, el otro, fue promovido por una asociación de consumidores. En ambos casos la demanda fue rechazada, pero las costas se impusieron de forma distinta en uno y otro caso: En un caso, las costas fueron impuestas a la actora vencida, y, en el otro, las costas se impusieron por su orden.

Adelantamos nuestra opinión: Creemos que el consumidor goza del beneficio de justicia gratuidad, el que debe ser interpretado en sentido amplio y, por ende, se encuentra eximido del pago de todas las costas. Ahora bien, dicha eximición es sólo respecto de su pago; por lo tanto, los jueces deben imponer las costas al consumidor, pero no puede obligárselo a pagarlas si cuenta con el beneficio de justicia gratuita. De modo que el consumidor puede ser condenado en costas, pero no deberá abonarlas mientras goce del beneficio de justicia gratuita.

II. LAS COSTAS. CONCEPTO E IMPOSICIÓN

Las costas son todos los gastos en los que incurren las partes como consecuencia del reclamo judicial, tanto en la instancia extrajudicial como judicial, incluyéndose también aquellos realizados para evitar el pleito, y excluyéndose aquellos superfluos o inútiles (art.77 CPCCN y CPCCBA).

Así, integran las costas los gastos extrajudiciales (intercambio de cartas documentos, gastos de mediación, etc.), la tasa de justicia, los gastos producidos durante el proceso (notificaciones, gastos de aranceles por diligenciamiento de oficios, etc.), los honorarios de los profesionales intervinientes (abogados, peritos y demás sujetos que intervengan en el proceso) y todo otro gasto que se produzca en ocasión del reclamo.

Durante el reclamo, ya sea extrajudicial o judicial, cada parte va sufragando sus propios gastos, pero, luego, al terminar el juicio, se decidirá quién o quiénes deben afrontar el pago de las costas, ya sea en todo o en parte. Si el pleito culmina con la decisión del juez, él distribuirá las costas según el resultado de la sentencia; y, si el proceso culmina con un acuerdo, las partes se pondrán pactarán el modo en que deben afrontar los gastos.

Planteada así la cuestión, alguna de las partes debe afrontar el pago de las costas. Veamos entonces los diferentes modos en los cuales se pueden imponer las costas a las partes.

II.1. REGLA GENERAL: COSTAS AL VENCIDO

La regla general está sentada en el art. 68 del CPCCN y CPCCBA, y tiene razón de ser en el hecho de que quien gana el juicio tiene derecho a cobrar de su parte contraria (que perdió el juicio) los gastos incurridos por su conducta, pues si ésta hubiese actuado jurídicamente, los gastos no se hubieran ocasionado.

La regla general está basada en el hecho objetivo de la derrota, pues la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado. No se trata de penar al vencido, sino de resarcir al vencedor de los gastos en los que debió incurrir por la conducta del perdidoso.

Para aplicar esta regla general no es necesario que el vencedor lo sea respecto de todas sus pretensiones, es decir que no se requiere que haya ganado íntegramente el juicio y se hayan satisfecho todas sus pretensiones.Basta con que sea sustancialmente ganador para que se aplique el principio sub examine, con independencia de los montos por los cuales se hizo lugar la demanda o de la cantidad de pretensiones acogidas y rechazadas. Ello, salvo que exista vencimiento parcial y mutuo, como se verá más abajo.

En tal sentido se ha dicho: «Las costas del proceso de daños y perjuicios deben imponerse al demandado vencido, aun cuando no hayan prosperado todos los rubros pretendidos por el actor, atento al principio de reparación integral y la naturaleza resarcitoria que revisten los gastos causídicos como parte integrante de la indemnización, sin que obste a ello la demasía en la pretensión esgrimida, pues fue la actitud del accionado la que hizo necesario tramitar el pleito» (1).

«Debe distinguirse el caso en que la demanda prosperó por una mínima parte y la deuda estaba debidamente documentada, de aquellos otros en los que, progresando un reclamo, el tribunal lo fija en una suma menor a la pretendida en la demanda; el progreso parcial (parcial en cuanto al monto) de la acción, no le quita a la actora la calidad de vencedora, y resulta imposible para la actora prever el monto exacto que determinarán los peritos al evaluar los daños» (2).

II.2. EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL: COSTAS POR SU ORDEN

El propio art. 68 del CPCCN y CPCCBA, luego de establecer la regla general que acabamos de ver, se encarga de poner una excepción:El juez podrá eximir, total o parcialmente, al litigante vencido de afrontar las costas, siempre que encontrare mérito para ello y lo exprese fundadamente en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.

En estos casos, las costas no se impondrán al vencido, sino «por su orden» (también llamado «en el orden causado»). Esto quiere decir que, cuando las costas se imponen por su orden, el vencido no pagará los gastos en los que incurrió el vencedor, pero sí, obviamente, deberá afrontar sus propios gastos y los gastos comunes por mitades.

De modo que las «costas por su orden» implica que cada parte deberá pagar los gastos en los que incurrió por su propia actuación, más la mitad de los gastos comunes (como la tasa de justicia); y, en principio, salvo que el juez diga lo contrario, el vencido no deberá abonar los gastos incurridos por el vencedor, excepto que el juez disponga que deberá pagar una parte de ellos.

Cabe entonces preguntarnos cuándo procede las costas por su orden.

Veamos:

Dada las particularidades del caso, o la forma en la cual se decide en la sentencia, el juez puede no imponer las costas al litigante vencido. Para ello deben existir verdaderas razones que lo justifiquen, por ejemplo, por el cambio sobreviniente de jurisprudencia o de normas. Por ejemplo, se puede eximir al actor vencido si el juez entiende que tuvo razones para litigar, o al demandado derrotado si se entiende que tuvo suficientes razones para creerse con derecho para resistir la pretensión.

Pero para eximir de costas al vencido no alcanza una mera creencia de tener razón, pues, al decir verdad, todo litigante cree tener chances de ganar el juicio (3). La eximición de costas al vencido obedece a razones verdaderamente objetivas y comprobables en la causa.De modo que la razón para litigar, como causal de eximición de costas, resulta ser una excepción y, por ende, de aplicación restrictiva que sólo resulta admisible frente a las características peculiares y dificultades del caso, y siempre que se encuentre avalada por elementos objetivos de apreciación, como una jurisprudencia dispar, de los cuales se infiera una voluntad de litigar con razonables probabilidades de éxito.

En tal sentido, se dijo: «La eximición de costas fundada en que el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado, no se basa en la mera creencia subjetiva del litigante, en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino en circunstancias objetivas que demuestran la concurrencia de un justificativo» (4).

De ello se sigue que puede eximirse de costas al vencido, e imponerlas por su orden, cuando «la cuestión controvertida es compleja y existen diversidad de criterios jurisprudenciales en la materia, pues ello pudo, razonablemente, crear en el vencido la convicción de que tenía razón fundada para litigar» (5).

II.3. COSTAS AL VENCEDOR

Aunque no muy común, las costas pueden ser impuestas sólo al litigante que resulte vencedor.

Tal situación sucede en caso de pluspetición, cuando se reúnen los requisitos exigidos por el art. 72 del CPCCN y CPCCBA. A su vez, el art. 70 del CPCCN establece que las costas se impondrán al actor vencedor si de los antecedentes del proceso resultare que el demandado no hubiere dado motivo a la promoción del juicio y se allanare dentro del plazo para contestar la demanda, cumpliendo su obligación.

En resumidas líneas, como explica Gozaíni (6), las costas al vencedor se le imponen cuando existe: a) allanamiento; b) demanda inútil o innecesaria; c) pluspetición inexcusable; d) ejercicio extemporáneo de la acción.

II.4.VENCIMIENTO PARCIAL Y MUTUO

Si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos. Así lo dispone el art. 71 del CPCCN y del CPCCBA.

Se trata del supuesto de vencimiento parcial y mutuo, en donde no existe, con claridad, un vencido y un vencedor, pues ambas partes ganan y pierden en paridad. Sus pretensiones y defensas son acogidas y rechazadas de un modo en el cual ambos litigantes quedan en pie de igualdad; tal caso sucede cuando la demanda y la reconvención son admitidas parcialmente. También se ha sostenido que «Las costas deben distribuirse en proporción al éxito obtenido por cada litigante -art. 71, Cód. Procesal- si el actor, pese a haber logrado la imposición de una condena al demando, resultó vencido en una proporción muy importante de su reclamo» (7).

En estos casos, el juez puede distribuir prudencialmente las costas en proporción al éxito obtenido por cada litigante. Para ello, ha dicho la jurisprudencia, no debe seguirse una ecuación estrictamente matemática; por el contrario, el juzgador puede compensar las costas o de distribuirlas entre los litigantes de manera prudencial.

III. LAS COSTAS EN LOS CASOS DONDE SE DISCUTEN DERECHOS DE CONSUMO

En la órbita del derecho del consumidor, la imposición de costas no reviste diferencias a lo estipulado en el punto anterior, pues las costas se imponen según lo que disponga el código procesal que gobierne el proceso. De modo que las costas pueden ser impuestas tanto a la parte actora como a la parte demandada.

Empero, en los casos de consumo rige el beneficio de justicia gratuita, tanto en los procesos individuales como colectivos, así lo dispone, respectivamente, el art. 53 y 55 de la ley 24.240.De modo que el consumidor o quien litiga en su beneficio (como una asociación de consumidores) -ya sea como actor o demandado- cuenta con el beneficio de justicia gratuita a su favor, el que juega de modo decisivo en el tema de las costas.

III.1. ALCANCE DEL BENEFICIO DE JUSTICIA GRATUITA

Sin perjuicio de remitir, para un análisis más acabado de la cuestión, a donde analizamos en detalle el alcance de este beneficio y su articulación con la Constitución Nacional (8), cabe resumir nuestra opinión.

Entendemos que el beneficio de justicia gratuita es un instituto propio del derecho de consumo que tiene carácter de orden público en cuya virtud, y por imperio de la ley y de modo automático, concede al consumidor o a la asociación de consumidores (ya sea que asuman el rol de actor o demandado), dentro de un proceso judicial, el incidente de pobreza contemplado en el código procesal que resulte aplicable al caso concreto y con el alcance que dicho código y leyes locales le confieran (9).

De manera que, en nuestra opinión, el beneficio de justicia gratuita remite al incidente de pobreza de la jurisdicción (por ejemplo, al beneficio de litigiar sin gastos del CPCCN o del CPCCBA). De esta manera se respeta la autonomía de las provincias, pues una ley nacional no podría regular una materia procesal, como lo son las costas procesales.

Amén de nuestra opinión, lo cierto es que la jurisprudencia y la doctrina se enfrentan en dos posiciones bien distintas: Una amplia y otra restringida. Para la amplia, el beneficio exime al actor de pagar todas las costas que deba afrontar, lo que incluye la tasa de justicia, los honorarios profesionales y todo otro gasto. Para la restringida, en cambio, el beneficio sólo exime al actor de pagar la tasa de justicia u otro tributo local, pero no lo exime del pago del resto de las costas.Por supuesto que, de operar la tesis restringida en el caso concreto, el consumidor podrá solicitar un beneficio de litigar sin gastos para esquivar el pago de las costas.

El tema parecería quedar sellado en el Anteproyecto de ley de defensa del consumidor, que fuera elevado a los ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Producción y Trabajo el 6 de diciembre de 2018, pues se enrola en la postura amplia y, a su vez, deja a salvo la posibilidad de que exista temeridad por parte del consumidor, en cuyo caso cesará el beneficio. El art. 168 reza: «Las acciones judiciales promovidas por consumidores en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita, que se considera comprensivo del pago de tasa de justicia, timbrados, sellados, costas y de todo gasto, excepto en el caso de temeridad o malicia o pluspetición inexcusable».

Lo mismo ocurre, en la Ciudad de Buenos Aires, con el reciente código procesal de la Justicia en las relaciones de consumo (ley 6407), cuyo art. 66 establece la gratuidad a favor del consumidor o usuario, eximiéndolo del pago de la tasa de justicia, timbrados, sellados, contribuciones, costas y de todo gasto que pueda irrogar el juicio.

En cambio, en la provincia de Buenos Aires, rige el art. 25 de la ley 13.133 que establece que las actuaciones judiciales promovidas por consumidores o usuarios, individual o colectivamente, de conformidad con las normas de defensa del consumidor, estarán exentos del pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica, pero nada dice de la eximición del pago del resto de las costas. Al respecto entendemos que se ha de aplicar la ley 24.240 de jerarquía superior para otorgar plena gratuidad al consumidor.

III.2.¿EL BENEFICIO DE JUSTICIA GRATUITA EXIME LA IMPOSICIÓN O EL PAGO DE LAS COSTAS?

Sea cual sea el alcance con el que interpretemos al beneficio de justicia gratuita (con alcance amplio o restringido), lo cierto es que él sólo exime al beneficiario del pago de las costas que pesan sobre su cabeza. De modo que el beneficio de litigiar sin gastos no incide en la decisión judicial de imposición de costas.

Así las cosas, las costas pueden ser impuestas al consumidor (por ejemplo, por resultar vencido o porque se imponen por su orden), pero lo que ocurre es que el interesado no podrá ejecutar su cobro mientras el consumidor goce del beneficio de justicia gratuidad.

Al respecto, resulta ilustrador el voto de la Dra. Tevez en donde dice:

«Tal como esta Sala ya expuso en el precedente, «Consumidores Financieros Asociación Civil p/su defensa c. Zurich Argentina Cía. de Seguros SA s/ ordinario», del 20/12/2016 la circunstancia que este tipo de acciones gocen del beneficio de justicia gratuita no es óbice para que se exima al tribunal de expedirse respecto a quien resultó perdidoso o ganador en el pleito. Y esto es al solo y único efecto de proceder a estimar honorarios de los restantes actores procesales (vgr. peritos, letrado de la accionada, terceros) de acuerdo al éxito procesal obtenido y para que, luego, estos puedan percibir su remuneración por las tareas cumplidas y desarrolladas en el proceso en los términos y con los alcances previstos en el art. 84 del Cpr. y 77 del Cpr. y art. 49, 2° párrafo de la Ley 21.839. Coadyuvante, como fin mediato tales decisiones también podrán considerarse, entre otras variables, para meritar la necesaria idoneidad de quien pretende asumir la representación del colectivo en claro resguardo del derecho de los afectados. En tal orden de ideas, esta Sala ya ha dicho con base normativa en el art. 161, inc. 3 y art. 163 inc. 8 del Cpr.que todo pronunciamiento exige imposición de costas, las cuales incluso deben fijarse, aunque el vencedor no las requiera (conf. arg. art. 68 del Cpr.) (conf. esta Sala, «Zenobio, Marcela A. s/pedido de quiebra por Delucchi Martín C.» del 25/09/2014). Es que una solución contraria -en la que nada se diga en relación a la calificación de vencido- conllevaría consecuencias negativas en este tipo de procesos frente a la incertidumbre, principalmente, de los auxiliares respecto a quien será en definitiva el obligado a su pago o a la extensión en que deberán ser soportados (conf. arg. art. 77 del Cpr.). Eventualmente, el alcance interpretativo que esta Sala acuerda al beneficio previsto en el art. 55 LDC impone concluir en el sentido que, aun mediando condena en costas, la Asociación se encontraría igualmente eximida de su pago (v. esta Sala, mutatis mutandi, 03/12/2013, «Consumidores en Acción Asociación Civil c. Coviares SA s/ beneficio de litigar sin gatos» íd. 01/09/2016, «Orozco, Sergio E. c. General Motors de Argentina SRL y otro s/sumarísimo», Exp. COM35637/11, especialmente el apartado 8°; íd. 30/03/2017, «Abdala, Belén y otros c. HSBC Bank Argentina SA s/ sumarísimo)» (10).

Entonces, resumiendo, la existencia del beneficio de justicia gratuita no impacta en la imposición de costas, sino en su pago. Por lo tanto, aun cuando el litigante cuente con el beneficio, el juez deberá imponer las costas judiciales según los parámetros que vimos en el punto 2; luego, el justiciable estará, o no, obligado a su pago según goce, o no, del beneficio de justicia gratuita.

IV. DOS CASOS RECIENTES EN DONDE LA DEMANDA FUE RECHAZADA

IV.1. PROCESO COLECTIVO RECHAZADO

En los autos «Asociación por la defensa de usuarios y consumidores – ADUC- contra Banco Itaú Argentina S.A.sobre ordinario», del 8/4/2021, la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, rechazó la demanda de la asociación actora.

La actora pretendía la devolución de la diferencia entre el valor al que el Banco de la Nación Argentina vendía la moneda dólar -valor que la accionante sostuvo que debía ser adoptado por las demás entidades financieras conforme la RG 3583 de la AFIP- y el mayor valor al que el banco demandado ofrecía la misma moneda. Ello, porque entendía que existía una comisión encubierta.

Esa pretensión fue rechazada tanto por el juez de grado como por la Cámara, porque (i) las entidades bancarias tenían libertad para fijar el tipo de cambio que ofrecían a sus clientes, careciendo las disposiciones dictadas por AFIP, a que hizo referencia la actora, virtualidad para imponer un valor de venta del dólar a las entidades financieras, pues, si bien dicho organismo es el encargado de ejecutar la política tributaria y aduanera, no tiene competencia alguna en la actividad cambiaria, siendo el BCRA el ente competente para ello; (ii) y porque la actora no pudo acreditar que la diferencia entre lo cobrado por el banco demandado y el BNA obedeciera a un cargo o comisión, por lo que válidamente puede admitirse que dicha diferencia solamente dependía del valor libremente pactado, como lo permitía el régimen cambiario y se encontraba de acuerdo con las reglamentaciones del BCRA.

En lo que aquí nos interesa, el juez de grado impuso las costas a la actora vencida y, si bien tal imposición no fue apelada por la actora para el eventual caso de confirmarse la decisión de grado, lo cierto es que el Ministerio Público Fiscal adujo, en la instancia de apelación, que debía regir el beneficio de justicia gratuita del art. 53 de la ley 24.240.Pero la Cámara entendió al beneficio con un alcance limitado y, por ende, la actora vencida deberá afrontar el pago de las costas.

IV.2. PROCESO INDIVIDUAL RECHAZADO

En los autos «Abaria Pablo Daniel c/ Mondelez Argentina SA s/ Daños y perjuicios – incumplimiento contractual (SI-118358) », el 23/3/2021, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes, Buenos Aires, rechazó la demanda del actor.

El actor pretendía una indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de haber ingerido una galletita marca Manón fabricada por la accionada y que había comprado en un quiosco. Según el actor, el 22/04/16, al dar el primer mordisco a la galletita sintió un malestar en una pieza dental, y, forzando el alimento para retirarlo de la boca, percibió un hilo resistente que pasaba por el centro del producto, por lo que, con minuciosidad y sigilo logró retirarlo quedando pendiente de la mitad no mordida. Expresó que no sólo perjudicó la pieza dental, sino que percibió un intenso malestar estomacal y emocional de desagrado y disgusto, que le provocó vómitos, debido a lo cual debió someterse a una consulta médica ya que el cuadro se intensificaba con el tiempo. Por ello, reclamó daño punitivo ($ 500.000), daño moral ($ 270.000), y gastos por gestiones extrajudiciales y judiciales ($ 30.000).

Interesa destacar que no estuvo controvertido la existencia del cuerpo extraño en la galletita, pues fue debidamente acreditado mediante prueba pericial. En primera instancia, el juez entendió que el daño era mínimo y, por lo tanto, hizo lugar a la demanda sólo por la suma de $1.000 en concepto de daño moral, rechazando los demás rubros. En segunda instancia la Cámara hizo lugar a la apelación de la demandada y, entendiendo que no había daño alguno, rechazó la demanda íntegramente.

Pese al rechazo de la demanda, la Cámara no impuso las costas al actor vencido, sino por su orden.Para así decidir, tuvo en cuenta que, pese al rechazo de la demanda, «existen razones para eximir de costas a la actora perdidosa (art. 68 2do. párr. C.P.C.). Ello así porque el art. 52 bis de la LDC es tan vago e impreciso que alienta (tienta) a los consumidores y a sus letrados a promover demandas, aunque el daño sea inexistente, y, ciertamente, la doctrina y jurisprudencia es muy variada y contradictoria en relación a su interpretación».

De allí que la Cámara entendió que el actor tuvo razones para litigar, máxime cuando estaba acreditado la existencia del cuerpo extraño en el producto alimenticio.

IV.3. NUESTRA OPINIÓN

Creemos que las sentencias, en cuanto deciden de modo expreso la imposición de costas, son correctas. Es que en todo juicio debe haber imposición de costas a fin de que los profesionales sepan quienes son los deudores de sus honorarios y puedan adoptar las medidas de cobro que correspondan.

La existencia del beneficio de justicia gratuita, en los casos del consumidor, no permite al beneficiario esquivar una imposición de costas, pero sí su pago. Por lo tanto, en la sentencia, el juez deberá imponer las costas, con total prescindencia del beneficio de justicia gratuita. Una vez impuestas las costas, habrá que ver si resulta de aplicación el beneficio de justicia gratuita. Si se aplica, como nosotros sostenemos que el mismo tiene un alcance amplio, el litigante estará eximido de afrontar su pago; si no se aplica, o, si cesa (11), deberá abonarlas.

En suma, el juez puede condenar en costas al consumidor, pero su pago estará condicionado a la existencia del beneficio de justicia gratuita del art. 53 y 55 de la ley 24.240.

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(1) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H – Fiore de Genovese, María c. Natural Foods Industria Exportadora S.A. y otro – 17/12/2002 – LA LEY 2003-B, 198 – AR/JUR/3330/2002.

(2) Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires – 02/12/2009 – Banco de la Provincia de Buenos Aires v. Cía.Productora de Alimentos del Sur S.A 70060969.

(3) Así, con acierto, se sostuvo: «La sola creencia subjetiva que pudieran tener las partes acerca de la razón probable para litigar —en el caso para formular la excepción de incompetencia— no es suficiente para eximir del pago de los accesorios a la parte que resulte vencida en cada caso, pues es indudable que todo aquel que somete una cuestión a los tribunales de justicia lo hace porque cree tener razón de su parte.» Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala II – IPS SAIC y F c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo – 10/07/2019; AR/JUR/27312/2019.

(4) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B – Carini, Angélica B. y otros v. Carrefour Argentina – 08/09/2006 – 35010767.

(5) Conf. CNCiv. Sala A, 5/9/2003, DJ, 2003-3-542; citado en CNCiv. Sala C, «H. J. E. C/ F. M. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS»; 7/6/2012; Cita: MJ-JU-M-74969-AR, MJJ74969

(6) GOZAINI, Osvaldo: «Costas Procesales, ed. Ediar, 2007, Tomo I.

(7) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K – S., O. A. c. S. de S., A. M. – 29/10/2002 – DJ 2003-2, 322 – AR/JUR/5278/2002.

(8) MANTEROLA, Nicolás I: «El regreso de los plenarios y el beneficio de justicia gratuita (art. 53 y 55 Ley 24.240).», El Derecho; 7/3/2019, ISSN 1666; 8987, N° 14.584; «La cuestión federal y el beneficio de justicia gratuita (art. 53 y 55 LDC)», 12/11/2018, Microjuris, Cita: MJ-D0C-13750-AR, MJD13750 ; «Alcance del Beneficio de Justicia Gratuita (art. 53 y 55 Ley 24.240): Una mirada constitucional», Rubinzal-Culzoni Online, Cita: RC D 1139/2018.

(9) MANTEROLA, Nicolás I.: «Alcance del Beneficio de Justicia Gratuita (art. 53 y 55 Ley 24.240): Una mirada constitucional», Rubinzal-Culzoni Online, Cita: RC D 1139/2018.

(10) CNCom.Sala F, «Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores c. Banco Finansur S.A. s/ Beneficio de litigar sin gastos», 12/02/2019 Cita Online: AR/JUR/96/2019.

(11) El beneficio de justicia gratuita puede cesar, en los casos individuales, cuando el proveedor demuestra que el consumidor tiene solvencia suficiente para afrontar el pago de las costas (art. 53, ley 24.240). En cambio, en nuestra opinión, en los procesos colectivos, el beneficio no puede cesar, pues, en tales juicios, el beneficio de justicia gratuita es permanente; así se desprende del art. 55 de la ley 24.240 que no refiere al incidente de solvencia, como sí lo hace el art. 53.

(*) Abogado graduado con diploma de honor (Universidad de Belgrano) y especialista en derecho procesal civil (Universidad de Buenos Aires). Especialización en derecho procesal constitucional (Universidad del Salvador, en curso). Premio a la excelencia académica (Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires). Miembro del Foro de Derecho Procesal Electrónico. Director de la Revista de Derecho Procesal y Procesal Informático de la editorial Microjuris. Autor y coautor de publicaciones y libros en el área de su especialidad.

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