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#Fallos Trata de personas: Se fija la pena para la autora del delito por debajo del mínimo de la escala penal aplicable, y se distribuye entre las víctimas el dinero producido por su explotación sexual, en lugar de decomisarlo

Partes: P. N. A. y otros s/ infracción a la ley 26.364

Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta

Sala/Juzgado: II

Fecha: 21-may-2021

Cita: MJ-JU-M-132423-AR | MJJ132423 | MJJ132423

Trata de personas: Se decide fijar la pena para la autora del delito por debajo del mínimo de la escala penal aplicable y distribuir entre las víctimas el dinero producido por su explotación sexual, en vez de proceder a su decomiso.

Sumario:

1.-Corresponde condenar como autora del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por la pluralidad de víctimas y la consumación de la explotación -previsto y reprimido en los arts. 145 Bis, 145 Ter, inc. 4º y Penúltimo Párr. del CPen.-, a la mujer que realizó una maniobra de captación inicial de distintas víctimas femeninas, que luego de esa captación y del reclutamiento fueron sometidas a explotación sexual, beneficiándose la acusada del producido de tal actividad -en la especie, con la mitad de los dividendos obtenidos-, organizando su oferta y ejecución, haciendo la asignación de distintos departamentos y desarrollando el marketing de la actividad ofrecida mediante redes sociales, con lo cual convirtió a las víctimas en objetos o cosas, instrumentándolas para obtener ganancias mediante la explotación de su propio cuerpo.

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2.-Debe confirmarse la pena estipulada por las partes en el acuerdo de juicio abreviado, aun cuando se ubique por debajo del mínimo de la escala penal prevista para la autoría del delito juzgado, de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por la pluralidad de víctimas y la consumación de la explotación -arts. 145 Bis, 145 Ter, inc. 4º y Penúltimo Párr., CPen.-, ya que la aspiración de la respuesta penal del Fiscal marca un límite en la mensuración de la pena, a lo que se añade, en la especie, que las víctimas y su victimaria comparten algunas condiciones, lo que se pone de relieve en el hecho de que no se puedan establecer muchas diferencias entre ellas en cuanto a las condiciones socioeconómicas, que la acusada haya ejercido en forma personal la prostitución muchos años y que padezca una enfermedad -esto es, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida- ligada, en cuanto a sus modos de trasmisión, a actividades de promiscuidad de tipo sexual.

3.-Si bien la escala penal establece los márgenes mínimo y máximo dentro de los cuales los jueces deben individualizar la pena, ello ocurre siempre que la pena resulte legal -es decir, autorizada por el Derecho-, para lo cual debe establecerse si la penalidad fijada en abstracto por el legislador, a la luz del bloque de constitucionalidad, aparece como pena cruel, inhumana o degradante, en cuyo caso la Jurisdicción tiene que adecuar la escala penal al citado bloque de constitucionalidad, sin decidir la inconstitucionalidad de la previsión legal, sino entendiendo que los mínimos de la escala indican el espacio de juego dentro del cual deben moverse los jueces, salvo que existen circunstancias que obliguen a modificar ese juego.

4.-Corresponde distribuir entre las víctimas -refrendando lo estipulado en el acuerdo de juicio abreviado- el dinero secuestrado en una causa por trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por la pluralidad de víctimas y la consumación de la explotación -arts. 145 Bis, 145 Ter, inc. 4º y Penúltimo Párr. del CPen.-, aunque tal dinero provenga de la actividad delictiva, ya que con el decomiso se busca, históricamente, evitar la reutilización por los autores del ilícito de los elementos decomisados y su beneficio con esos elementos, que acuden en auxilio del Estado para sostener o coadyuvar parcialmente a la prevención y represión de los delitos, razones éstas que no pueden primar por sobre la necesidad de reparación de las víctimas, sin que se pueda soslayar que ese dinero ha sido generado con afectación de su dignidad, de modo que resultaría inmoral y antiético que el Estado se beneficiara con aquello que ha sido el fruto de lo victimizante dentro del delito.

Fallo:

En la ciudad de Salta, a los 21 días del mes de mayo del año dos mil veintiuno, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, integrado en forma colegiado por el Sr. Juez de Cámara Dr. Abel Fleming presidente, Dres. Gabriela Catalano y Dr. Domingo José Batule, Secretaria autorizante, a fin de dictar Sentencia en la carpeta judicial FSA N° 2992/2020/17, caratulado «P., N. A. y otros s/ Infracción a la Ley 26.364». Se encuentran presentes los imputados P. N. A., D.N.I. Nº xx.xxx.xxx, argentina, con domicilio en E. P., Manzana xx, Lote x S/N , Cooperativa 22 de Mayo, Córdoba Capital; P. G. A. DNI xx.xxx.xxx, argentino, domiciliado en Manzana xx, Lote xx, Barrio ciudad de los Niños, Localidad de Juarez Celman, Provincia de Cordoba, J. E. G. DNI xx.xxx.xxx, argentino con domicilio en Manzana xxx, casa xx, Barrio Pereyra Rosas, Salta. Intervienen como representantes del Ministerio Público Fiscal el Dr. Ricardo Rafael Tornazos y como Defensa los Dres. Gala Poma, Dra. Carmen E. Castro y Dr. Marcelo Pio Castellani, Y CONSIDERANDO

I) Plataforma fáctica

Las actuaciones tuvieron origen con una denuncia formulada, a través de la línea 145, desde ésta provincia, en fecha 22 de mayo del 2020 año por una mujer que se identificó como Maria Victoria Carrizo Guerrero dando cuenta que en un grupo de Facebook denominado «BUSCO TRABAJO EN SALTA», desde un perfil con el nombre de L. C., se realizó una publicación que decía: «Busco chica de 18 a 25 años para trabajar 8 horas diarias, días y horarios a convenir»; agregando que una amiga de ella, mantuvo una conversación con el perfil mencionado (L. C.) desde donde le informaron que el trabajo era de «scort» en un spa masculino donde debían hacer «masajes y algo más», cobrando ochocientos pesos el servicio vaginal y oral.En fecha 26 de mayo del 2020, Maria Alejandra Mangano, Fiscal a cargo de la Procuradora de Trata y Explotación de Personas con el fin de que se judicialicen las actuaciones y se investigue para probar los extremos denunciados, las remitió a ésta Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos En forma posterior, el 28 de mayo del 2020, N. A. C. G. radicó una denuncia en la División Prevención Lucha contra la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas de la Policía de Salta, manifestando que era integrante del grupo BUSCO TRABAJO EN SALTA de la red social Facebook donde vio una publicación que provenía del perfil de L. C. que publicó «busco chicas de 18 a 25 años para trabajar 8 horas diarias, días y horarios a convenir». Resaltó, que le escribió a ese perfil a través de Messenger para pedirle más información, recibiendo como respuesta que: «el trabajo es de scort (sexo por dinero), trabajamos en un depto. de zona centro, donde damos el servicio de masajes mas una participación vaginal y bucal se paga por servicio, ejemplo de media 30 minutos ganas $800 y el de una hora ganas $1.500 entonces la cantidad de servicios que realices por turno es la plata que ganas, el pago es en el mismo instante que estas por entrar a realizar el servicios.vos elegís tus días de trabajo y tus horarios». Indicó, que al recibir esa respuesta sintió temor, le comentó a su madre y no le respondió nada mas, pero que observó tiempo después, en ese mismo grupo de la red social (BUSCO TRABAJO SALTA), que del perfil de una chica denominada «Ivana Morales» se había subido una conversación privada que decía: «hola buenas me llamo L.trabajamos en un spa masculino donde prestamos servicios de masajes y algo mas.estoy buscando chicas de 18 a 25 años para formar parte de este equipo de trabajo.ganas por servicios realizado.no hace falta que sepas masajes perfectamente.como te digo es masajes y algo mas.si te interesa avísame así te cuento un poquito más». Remarcó, que los otros integrantes del grupo mencionado de la red social, reaccionaron con emoticones de enojo ante esa publicación y luego quedó eliminada. Por lo expuesto, esta Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos autorizó a la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas de la Policía de la Provincia de Salta y a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Salta de Gendarmería Nacional, a realizar tareas investigativas de manera conjunta para verificar los extremos denunciados. En fecha 29 de mayo del corriente año, la Policía de la Provincia informó que de las tareas investigativas llevadas a cabo identificaron el ID N° 100050102244013 de donde se comunicaba «L. C.»; el correo electrónico seria E.amtoniana@gmail.com y que al introducir los datos obtenidos en Google Maps, se obtuvo la dirección sita en calle Alem N° 13 de esta ciudad, inmueble donde posteriormente se verificó que residía E. G. O. Indicaron, que comenzaron a realizar tareas de vigilancia en dicho domicilio, observando salir a una mujer que abordó a un remis y se dirigió hacia la calle Alsina 352 donde la esperaba otra, ingresando ambas al inmueble, por lo que implantaron una consigna policial. Consecuentemente, el Juez de Garantías N° 1 envió los oficios pertinentes, en donde se requirió a Facebook información disponible sobre el perfil de la red social relacionada con el ID mencionado En fecha 12 de junio del 2020, la Empresa Telecom Personal informó que las líneas 385-6177585 y 3878640728 pertenecían a E. G. O. y a N. A. P. respectivamente.

Por otro lado, de la investigación en las páginas web, surgieron dos sitios:(https://ar.skokka.com/escorts/salta/amiguitas-nuevas-ensalta-z4b9313311045 y https://ar.mundosexanuncio.com/escorts/spamasculino-luxor-un-lugar-diferente-344783) a través de los cuales se publicitaba un Spa masculino denominado «LUXOR», que tenían como común denominador el número de abonado 3856177585 y el nombre de una mujer que se hacía llamar «LUCY» (L.). Por otro lado, en fecha 22/06/2020, Marcela Alejandra Cuellar, denunció, en el Grupo de Investigaciones Sector 4 A de la Policía de Salta, que ordenando el cuarto de su hija encontró tarjetas con la leyenda «ANGELES &DEMONIOS» Agencia de Acompañantes las 24 hs. y en el reverso había un número de un celular 351-5420289 y otras tarjetas que en su parte posterior decía: » Queres trabajar de «SCORT» con el número 351-5591445, lo que fue entregado junto con dos facturas de Giros «B» N° 6035-00012128 y 6035-000121449 siendo sus remitentes Fernanda Alexandra Escobar y E. G. O. y como destinatarios: N. A. P. y G. AA. P. y a una captura de pantalla de una conversación de su hija, cuando se encontraba en la provincia de Santiago del Estero, con los N° 351-3581484; 387-5775272 y 387- 3640780 En fecha 25 de junio del 2020, el personal comisionado en el domicilio sito en calle G. G. Nº xxx informó que salió una mujer, que tenía dificultades para caminar y que luego tomó un remis.-Posteriormente, el 26 de junio del 2020, conforme tareas de campo, concluyeron que existía un vínculo entre los inmuebles ubicados en calle Dean Funes N° 595 y A. Nº xxx y que ambos guardaban estrecha relación con la investigada E. G. O. La División Trata de Personas, en fecha 29 de junio del corriente año, informó que del inmueble sito en calle Dean Funes N° 595 salió una mujer que se dirigió en un remis al inmueble sito en calle A. Nº xxx, entabló conversación con G. O., le entregó algo y se fue. Indicaron, que posteriormente, O.salió del inmueble y se dirigió en un taxi al domicilio de N. A. P. (Pasaje Tomas Guido 1910) con quien tuvo un dialogo y le entregó algo, que podría tratarse de dinero ya que se observó que hacían movimientos como de contar Luego, el 30 de junio del 2020, se constató que en el domicilio de calle Dean Funes N° 595 había un masculino esperando para consumir sexo, que al haber ingresado cuatro personas con anterioridad tuvo que esperar y que luego, recibió un mensaje de texto y se dirigió al domicilio sito en calle A. Nº xxx En fecha 6 de julio del 2020, el Juez Julio Leonardo Bavio autorizó en los términos de los arts. 185 y sstes. del C.P.P.F la designación del Oficial Principal Licenciado Alberto Sebastian Giménez, L.P 15642 de la Div. Prevención y lucha contra la Trata de Personas para actuar como Agente Revelador Cabe agregar, que en fecha 8 de julio del 2020 se obtuvo de lo requerido a la página SKOKKA.COM que las publicaciones fueron tomadas del mismo IP; y tenían en común los tres números de líneas investigados: 3856177585 (titular G. O.); 3515420289 (titular N. A. P.) y 351-7342013. En consecuencia, el 8 de Julio del 2020, la prevención concluyó que la líder de la organización era N. A. P. por lo que solicitaron órdenes de allanamiento y detenciones. En fecha 14 de julio del 2020, el Agente Revelador informó que se comunicó con los números telefónicos exhibidos en la página de SKOKKA.COM y comprobó que las mujeres que atendían a los lo hacían en el inmueble ubicado en calle Santiago del Estero N° 1252 y las que utilizan las líneas 3856177585 (titularidad de G. O.) y 351-5420289 (titularidad de N. A. P.), ofrecían servicios sexuales en el inmueble de G. G. Nº xxx, x° Piso, Depto.»x». En fecha 17/07/2020, la fuerza interviniente presentó un nuevo informe dando cuenta que, la organización investigada poseía otro departamento donde «prestaban servicios sexuales», ubicado en calle G. G. xxx, primer piso, departamento «B» de esta ciudad. Por lo expuesto, y en los en los términos de los artículos 143 y 144 del Código Procesal Penal Federal, el juez de Garantías autorizó los allanamientos en los domicilios citados, ordenando la detención de N. A. P. DNI xx.xxx.xxx; E. G. O. DNI xx.xxx.xxx y J. E. G. DNI xx.xxx.xxx. Asimismo, se requirió el secuestro de un automóvil marca Volkswagen, modelo Gol, dominio GHD384, titularidad de G. en función de que N. A. P. fue vista trasladándose a los diferentes departamentos en el mismo, acompañada del nombrado; dicha medida fue cumplida el 20/07/2020. En fechas 18 y 19 de julio del 2020, personal de Gendarmería Nacional procedió a allanar los domicili os: Santiago del Estero 1252; Pasaje Tomas Guido 1910; Deán Funes Nro. 595; Departamento de calle G. G. Nº xxx, 1° B y 2° B; Barrio Pereyra Rozas, Manzana xxx, casa xx; Leandro Alem N° 13 y A. Nº xxx, piso 3°, dpto. «C» todo de Salta Capital, donde se secuestraron elementos de interés para la causa, se detuvo a N. A. P. y a E. G. O. En esos mismos allanamientos se rescataron 8 víctimas.

En fecha 18/11/2020, a horas 7:35 hs., Gendarmería Nacional procedió a allanar el domicilio sito en Manzana xx, Lote xx, Barrio Ciudad de los Niños, localidad de Juárez Celman, Córdoba, con la presencia de testigos civiles. Al momento de ingresar, fueron atendidos por Melanie Andrea Domínguez, y en el interior identificaron a Cristian Alejandro Olas y a Laura Mabel Abregu. Seguidamente, se hizo presente G. A. P., por lo que procedieron a su detención y al secuestro de su teléfono celular marca Philips. También, del registro de la vivienda se secuestraron cuatro celulares más.Ese mismo día, se allanó el domicilio sito en Manzana xx, Lote x, B° Cooperativa 22 de mayo, localidad de Guiñazú, Provincia de Córdoba, donde no se secuestraron elementos de interés para la presente. El 19/07/2020 a las 18:30 horas, se procedió a la detención de J. E. G., momento en el que se presentó en la Comisaría 5ta., sita en calle Caseros N° 1806, con el fin de interiorizarse sobre si se encontraba facultado para llevarle medicamentos y efectos personales a N. A. P., quien ya se encontraba detenida. – Ante ello, el Sub Alférez Enrique Ezequiel Gehrman, asistido por el Sargento Ayudante Fernando Baños Cruz, se trasladaron al lugar y ante dos testigos civiles: Nadia Carolina Pistones, y Luciano Mauricio Nani, teniendo una orden de detención del Dr. Miguel Antonio Medina, procedió a identificarlo y detenerlo quedando el encartado a cargo del Comandante de la Unidad de Investigaciones de Gendarmería Nacional, Claudio Rodrigo Alvez en ese momento Luego de ello, se continuó con el análisis de la información obtenida, y el 18/11/2020, la misma fuerza, allanó el domicilio: Manzana xx, Lote xx, Barrio Ciudad de los Niños, localidad de Juárez Celman, Córdoba, donde detuvieron a G. A. P.

Sentado ello, en fecha 08/02/2021, la Fiscalía presentó la Acusación, donde solicitó para J. E. G. la pena de cuatro (4) años de prisión en grado de participes secundario por el delito de Trata de Personas con fines de Explotación Sexual (inc. c del art. 2 de la ley 26.364 -modif. por la ley 26.842, art. 1) con accesorias legales y costas del proceso. II) Acuerdos A. Suspensión del Proceso a Prueba a favor de J. E. G. En audiencia convocada al efecto, la Fiscalía propuso el siguiente acuerdo: Las partes acuerdan que conforme las prescripciones del art.26 del Código Penal, resulta conveniente la adopción de un temperamento punitivo condicional, máxime si se advierte la falta de antecedentes penales del causante, cuya finalidad reeducativa y retributiva, propias de toda sanción penal, que contemple las particularidades del suceso en examen y las personalidades de sus autores, sujetos durante UN (1) AÑO, a las condiciones previstas en los incisos 1 y 8 del art. 27 bis del Código Penal. Por ello, el causante deberá: 1) Realizar trabajos no remunerados en el Comedor «Pancitas Felices», ubicados en B° Santa Ana II, Mza. 10, casa 14, a cargo de Norma Gloria Vega; por un total de 16 horas mensuales durante 6 meses. 2) Realizar una donación de diez paquetes de pañales para adultos, marca Plenitud o similar por el valor de $660 cada uno, es decir, $6.660 mensuales por el termino de 6 meses, siendo un total de $40.000, al Hospital Militar de la Provincia de Salta. Al respecto, se hace saber que el control del cumplimiento de las reglas de conducta para la suspensión del proceso a prueba estará a cargo de la Oficina Judicial Penal Federal de Salta, que dejará constancia en forma periódica sobre su cumplimiento y dará noticia a las partes de las circunstancias que pudieran originar una modificación o revocación del instituto. Asimismo, si los imputados incumplieren las condiciones establecidas, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitará al Juez una audiencia para que las partes expongan sus fundamentos sobre la continuidad, modificación o revocación del juicio a prueba. En caso de revocación el procedimiento continuará de acuerdo a las reglas generales. La suspensión del juicio a prueba también se revocará si los imputados fueran condenados por un delito cometido durante el plazo de suspensión (art. 35, párrafos 6 y 8 del C.P.P.F.). El Sr. J. E. G.manifiesta su conformidad a la obligación de las tareas impuestas y de su compromiso durante el año de no cometer delitos y de no verse involucrado en ningún hecho bajo la condición de revocarse justamente esa suspensión de juicio a prueba y continuar con el juicio. B. Acuerdo Abreviado respecto de N. A. P. y G. A. P. En función de haberse convenido con las Defensoras Oficiales Dra. Carmen Castro y Dra. Gala Poma, la Fiscalía propuso continuar el trámite bajo la modalidad de JUICIO ABREVIADO, en los términos del art. 323 del C.P.P.F, cabe encuadrar jurídicamente la conducta de N. A. P. en grado de autora y aplicar una pena de seis (6) años de prisión efectiva, en la modalidad de prisión domiciliaria, comprendida en el art. 32 inc. «a» de la Ley 24.660 la que se hará efectiva en el domicilio sito en E. P., Mza 21, Lote x s/n, Cooperativa 22 de mayo, Córdoba Capital y a G. A. P. en grado de participe secundario una pena de tres (3) años en suspenso; inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena (art. 12 del C.P.); decomiso de todos los elementos secuestrados en la presente causa; con accesorias legales y costas de proceso.

Los imputados prestan conformidad en forma verbal, en la audiencia fijada a tales fines, aceptando los hechos materia de acusación, su participación en ellos, los antecedentes probatorios, la calificación legal otorgada y la pena acordada.

III) Análisis de la descripción de los hechos, del reconocimiento del hecho y de la responsabilidad en virtud del Acuerdo Abreviado. Cotejando la descripción de los hechos se desprende que existe comprobación del hecho y que esta última está basada en las pruebas producidas en la garantía. En cuanto a las pruebas consistentes en: Informe N° 123/551, donde se analizan los giros de dinero, Actas de Allanamientos donde se prestaban servicios efectuados en fechas 18/07/2020 y 19/07/2020. Actas de detenciones de N. A. P., G.A. P. y J. E. G. Entrevistas realizadas por el Polo integral de las Mujeres a las víctimas, Informe de Pericias Informática N°12.907 de los teléfonos cedulares incautados con su respectivo análisis de datos extraídos, realizado por el Gabinete de Criminalística de Gendarmería Nacional. Informe de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales «SALTA» de fecha 4 de Noviembre del corriente año. Informe de la mesa de telefonía celular Telecom Personal, Informe de Pericia Informática N° 12.911, y documental incorporada. Todas ellas acreditan la participación y responsabilidad de los encartados, resultando verosímiles y eficientes para tener la certeza del reproche. Por otra parte, existe reconocimiento y conformidad que se efectuó sobre la existencia de los delitos, sus participaciones en los mismos, las respectivas calificaciones legales

IV) Análisis de la calificación jurídica del hecho y de la pena solicitada Se estima probado por investigación desarrollada a partir de Mayo del 2020, que las personas condenadas en la fecha, N. A. P. con un auxilio no esencial de A. P. realizaron una maniobra de captación inicial de distintas víctimas femeninas todas, las que luego de esta captación y del reclutamiento fueron sometidas a explotación sexual, haciendo beneficio la autora de este ilícito con la cooperación de la persona que la auxilio, del 50 % del producido mediante la actividad sexual, organizando su oferta y ejecución haciendo la asignación de distintos departamentos, desarrollando el marketing de la actividad sexual que se ofrecía mediante redes sociales. Luego tomando la mitad de los dividendos que provenían de ese tipo de actividades, convirtiendo de este modo a las víctimas en objetos o cosas, instrumentándolas para la obtención de ganancias mediante la explotación de su propio cuerpo.Todo esto conforme las circunstancias que han quedado evidentes, en la audiencia de presentación del acuerdo, en la que se ha verificado por parte del Tribunal la consistencia entre la responsabilidad asignada, la calificación de los hechos y la existencia misma con la prueba detallada en forma minuciosa por parte del Sr. Fiscal. Todas las evidencias que han sido puestas en conocimiento del Tribunal, satisfacen los elementos subjetivos como objetivos del tipo penal del delito de Trata en la modalidad doblemente calificada tanto por la pluralidad de víctimas que supera el número de tres, como así con la concreción de la explotación. Se ha probado en la audiencia que de esa actividad ha resultado un beneficio económico al 50 % de las personas aquí responsabilizadas. En cuanto a la mensuración de la pena que ha sido sugerida en el acuerdo, el Tribunal toma la misma, y no la excede por dos razones. En primer lugar, ya que la aspiración de la respuesta penal del Fiscal marca un límite. Pero en segundo término porque entendemos que en este caso puede ser aplicado el carácter indicativo del mínimo ya que la escala penal establece un margen mínimo y máximo dentro del cual los Jueces deben individualizar la pena, pero siempre que la pena resulte una Pena legal, es decir autorizada por el Derecho. El examen a si la pena está o no autorizada por el derecho, necesariamente debe realizarse con la escala Penal de la ley infraconstitucional con las normas que regulan la pena dentro del bloque de constitucionalidad, en el cual como se sabe hay penas prohibidas. Cuando las mismas aparecen como crueles, inhumanas o degradantes. En la medida en que una pena establecida en abstracto por el legislador, al ser impuesta por un Juez impacte en alguno de estos adjetivos y torne de pena autorizada por derecho a pena inhumada, a pena degradante o excesiva entonces es la Jurisdicción quien tiene que corregir esto de modo de adecuar la escala penal al bloque de constitucionalidad.Y se entiende, no decidiendo la inconstitucionalidad sino entendiendo que los mínimos indican cual es el espacio de juego en el cual deben moverse los Jueces, salvo que existen circunstancias que obliguen a modificar ese juego. Y acá se presentan dos el límite fijado por el acuerdo y en segundo lugar las condiciones personales de los imputados. En la valoración de la deliberación advertimos los jueces que hay una delgada línea divisoria entre víctimas y victimarios. Tanto victimas como victimarios comparten algunas condiciones que en el caso particular de N. A. P. se hace más evidente, aparece sintomático el hecho biográfico de que la Sra. P. haya ejercido en forma personal la prostitución por muchos años, que en este momento padezca una enfermedad como es HIV, y que se ligue esa enfermedad en los modos de trasmisión también a actividades de promiscuidad de tipo sexual. Vemos que en cuanto a las condiciones socioeconómicas, en cuanto a las dificultades por las que atraviesan víctimas y victimarios tampoco es posible establecer muchas diferencias.

En cuanto a este delito de trata por el Protocolo de Palermo, y por los compromisos que suscribió la República Argentina, en su origen en el momento de la toma de decisión políticas, tuvo en cuenta a la delincuencia de tipo transnacional organizada, de escala, en donde grupos importantes, con una organización de tipo empresarial se dedican a la nuevas formas de esclavitud. Acá estamos en una escala totalmente diferente a aquellas que movió la suscripción de los tratados Internacionales, y no a los fines de desplazar el tipo penal de trata que aquí se está aplicando, sino que hay una manera de distinguir del modo que debe impactar el tipo penal respecto de la respuesta concreta, especifica que den los Jueces en cada uno de los casos tratados.Se recuerda a las máximas del procesalista uruguayo Couture en donde decía en una de ellas «cuando veas una contradicción entre el derecho y la Justicia opta por la Justicia» esto es lo que han hechos las partes, han optado por la Justicia buscando una salida al conflicto de la medida en la que ha sido presentada a este Tribunal, opción que se acompaña en la búsqueda de la Justicia, dando una respuesta Penal en donde se aparta del mínimo e en este caso el mínimo por la doble calificación excede los años que le han sido impuesto a N. A. P.

V) Respecto de la pena de decomiso. Que formo parte del acuerdo referenciado el decomiso de los bienes secuestrados. Ahora bien respecto de cuestión que tiene algún tipo de particularidad o novedad, tanto que mereció una justificación por parte del Sr. Defensor de las Victimas, que es que el dinero secuestrado no vaya a las arcas del Estado sino se utilice para reparar a las víctimas y que el monto que estaba previsto afrontar el imputado G., sobre el cual se suspende el proceso a prueba tampoco se traduzca en pañales a una institución pública como es el Hospital Militar de Salta, sino que se convierta en suma dineraria y se destine a las víctimas, motivando al intervención del Dr. Batule respecto de la posibilidad de que eso se concrete en un solo pago, sobre esta cuestión entendemos que no cabe disponer del decomiso del dinero secuestrado, es decir de los $76.000, aunque esto provenga de la actividad de la cual ha recaído condena sobre dos de los acusados en este juicio. La razón principal e histórica del Decomiso, fue y es evitar la reutilización de los elementos decomisados en el mismo delito.Y como segunda razón, que no beneficie a los autores del delito el provecho del mismo, sino que acuda en auxilio del Estado para sostener parcialmente o coadyuvar parcialmente con las erogaciones que demanda la prevención y represión de los delitos. Estas son las dos razones que están por detrás del decomiso. Entendemos que en este caso, ninguna de estas dos razones puede primar por sobre la necesidad de reparación de las víctimas, porque ese dinero ha sido generado con afectación de su propia dignidad. Mediante la utilización de sus cuerpos, por lo que resultaría inmoral y antiético que el Estado beneficie para sí y para sus actividades con aquello que ha sido el fruto de lo victimizante dentro del delito. Es por estas razones, que no se decomisa el dinero porque se entiende que el decomiso, lejos de cumplir con los propósitos en los que se funda, lo que haría sería agravar las consecuencias del ilícito respecto de las personas damnificadas. Y optando por el no decomiso es que, se acepta este acuerdo propuesto de que ese dinero vaya en carácter de indemnización, lo que tiene amparo en el Art. 29 último párrafo del CP para el caso de las dos personas que se condenan, es decir N. A. P. y A. P. Y en el caso de la Suspensión de Juicio a Prueba a favor del imputado J. E. G., la suma de $40.000 destinado a la compra de pañales, la tomamos como una oferta de reparación a las víctimas, y en ese carácter, como reparación, ya no como indemnización del art. 76 Bis del C.P. va a integrar entonces la suma global a ser distribuidas dentro de las 9 víctimas con alcance que le han sido presentadas incluyendo a la víctima que se identificó como EO. En cuanto a la suspensión de Juicio a Prueba a favor de J. E.G., se resuelve la suspensión bajo las reglas de someterse al cuidado de un Patronato de Presos y Liberados, hacer trabajo remunerado en la extensión y en favor del comedor Pancitas Felices, por el termino de 16 horas y por seis meses, y que se concrete dentro del plazo de diez días hábiles, el depósito de la suma de $40.000. Por ello, no se decomisa el dinero secuestrado sino que se dispone su utilización como indemnización de las víctimas. Además se ordena la devolución de la máquina fotográfica secuestrada a N. A. P., así como el vehículo secuestrado, y los 5 teléfonos celulares que fueron secuestrados a A. P. Por todo ello, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, FALLA:

I) CONDENAR a N. A. P., de las condiciones personales obrantes en la causa, a la pena de 6 (SEIS) años de prisión efectiva en la modalidad de cumplimiento domiciliario, la inhabilitación absoluta por el término de la condena, por resultar autora penalmente responsable del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por la pluralidad de víctimas y por la consumación de la explotación, previsto y reprimido en los arts. 145 bis, 145 ter inc. 4 y penúltimo párrafo del C.P., arts. 12, 40, 41 y 45 del C.P. CON COSTAS.

II) CONDENAR a G. A. P., de las condiciones personales obrantes en la causa, a la pena 3 (TRES) años de prisión de ejecución condicional, por resultar participe secundario del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravado por la pluralidad de víctimas y por la consumación de la explotación, previsto y reprimido en los arts. 145 bis, 145 ter inc. 4 y penúltimo párrafo del C.P., arts. 26, 27 bis, 40, 41 y 46 del C.P. CON COSTAS.

III) IMPONER a G. A. P. el cumplimiento de las reglas de conducta previstas en el art.27 bis del C.P., en su inc. 1) fijar residencia y someterse al cuidado de un Patronato de Presos y Liberados, por el tiempo de la condena. IV) ORDENAR la suspensión del proceso a prueba a favor de J. E. G., de las condiciones personales obrantes en autos, en los términos del art. 76, 76 bis y ter del C.P. V) IMPONER a J. E. G. el cumplimiento de las reglas de conducta previstas en el art. 27 bis del C.P., en su inc. 1) fijar residencia y someterse al cuidado de un Patronato de Presos y Liberados, por el término de un año. Establecer como reparación del daño la entrega a las víctimas de la suma de $ 40.000 (art. 76 bis del C.P.) y realizar trabajos no remunerados en el comedor «Pancitas Felices», por un total de 16 hs. mensuales por el término de 6 meses.

VI) ORDENAR el decomiso de los elementos secuestrados, con excepción del dinero, el vehículo secuestrado a J. E. G. y la cámara fotográfica secuestrada a N. A. P., de acuerdo al art. 23 del C.P.

VII) DISPONER del dinero secuestrado en autos en carácter de indemnización de las nueve víctimas, incluida la identificada como E.O., en partes iguales.

VIII) DISPONER la integración de la indemnización establecida en el pto. anterior, con la suma de $ 40.000 (pesos cuarenta mil), a distribuirse de idéntica manera entre las víctimas, que en carácter de reparación abonará J. E. G., mediante depósito judicial en Banco Nación y a la orden de este Tribunal, en el plazo de 10 días a partir del presente veredicto. IX) DIFERIR la lectura de la sentencia para audiencia del día 21 de mayo de 2021 a hs. 12:00.

X) REGISTRESE, notifíquese y cúmplase.

ABEL FLEMING FIGUEROA

JUEZ DE CAMARA

GABRIELA ELISA CATALANO

JUEZ DE CAMARA

DOMINGO JOSE BATULE

JUEZ DE CAMARA

LEILA ELIZABET SALUM

PROSECRETARIO DE CAMARA

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