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#Fallos Indemnización por intoxicación: Empresa distribuidora de gas debe responder por la intoxicación con monóxido de carbono de una familia, pues, más allá de las conexiones clandestinas, autorizó la habilitación del servicio

Partes: V. M. A. y otros c/ Gas Natural Ban S.A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 14-may-2021

Cita: MJ-JU-M-132305-AR | MJJ132305 | MJJ132305

Responsabilidad de la empresa distribuidora de gas por la intoxicación sufrida por un grupo familiar con monóxido de carbono, pues, más allá de la existencia de conexiones clandestinas, autorizó la habilitación del servicio con deficiencias.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la responsabilidad de la empresa de gas en la intoxicación con monóxido de carbono que sufrieron los actores -incluido el fallecimiento de uno de sus hijos-, pues más allá de que a la fecha del hecho dañoso aquella alegue que el suministro se encontraba cortado por falta de pago y que la unidad de los actores se proveyó del servicio de gas natural por medio de una conexión llevada a cabo de manera clandestina, desde la entrada de gas del medidor correspondiente a la unidad de la coaccionada, lo cierto es que el factor determinante en la intoxicación sufrida por los damnificados no fue producto directo de dicha conexión clandestina, sino por los vicios propios de la instalación de gas de la vivienda que habitaban los pretensores.

2.-Para proveer el servicio de gas domiciliario con el consiguiente medidor, la proveedora en algún momento debió haber inspeccionado la unidad en cuestión y habilitar la instalación llevada a cabo; la falta de prueba del alegado cambio de las instalaciones internas en forma posterior a su autorización resulta determinante.

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3.-La responsabilidad de la empresa distribuidora de gas radica en haber habilitado la obra de gas deficiencias, que, sumado a una falta de control apropiada, se ha erigido en una concausa adecuada de la intoxicación con monóxido de carbono de los actores.

4.-Aun cuando es lógico que la empresa no se encuentre obligada a comprobar y remediar el mal funcionamiento de los artefactos ubicados en el interior de los departamentos y menos aún de verificar su vetustez, limpieza y condiciones de uso, sí está llamada a responder si aprobó una instalación antirreglamentaria, pues queda en evidencia que autorizó una habilitación que no reunía los requisitos de seguridad exigidos para una adecuada evacuación de gases y el correspondiente aporte de aire a las unidades funcionales

5.-Respecto de la empresa proveedora de gas, a quien se atribuye haber aprobado las instalaciones pese a las condiciones antirreglamentarias constatadas en la unidad que alquilaban los accionantes, se trata de una responsabilidad de carácter objetivo con asiento en el deber de seguridad previstos en los arts. 5 , 6 y 40 LDC que imponen al proveedor de un servicio público domiciliario; a los fines de deslindar la responsabilidad, los demandados deben demostrar la existencia de una causa ajena, sin que baste la prueba de su falta de culpa, dado que este factor resulta extraño a la imputación objetiva.

6.-Las faltas antirreglamentarias detectadas en la habilitación del suministro de gas del departamento locado por los actores no son irrelevantes, sino que contribuyeron causalmente a la producción del resultado.

7.-No se encuentran configurados los presupuestos para imponer a la firma proveedora de gas una multa en concepto de daño punitivo, es que, si bien en este caso concreto se comprobó una falla en la habilitación y control de las instalaciones internas de la vivienda donde aconteció la intoxicación con monóxido de carbono, no se ha acreditado que ello se haya debido a un accionar premeditado y orquestado por parte de la firma proveedora de gas a fin de obtener un mayor rédito y/o ventaja económica o comercial que hubiera desencadenado en perjuicio de los actores.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de mayo de dos mil veintiuno reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala «D», para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: «V., M. A. y otros c/ GAS NATURAL BAN SA y otros s/ daños y perjuicios», el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores: Gastón Matías Polo Olivera, Patricia Barbieri, Gabriel Gerardo Rolleri.

A la cuestión propuesta, el Dr. Polo Olivera dijo:

I. Vienen las presentes actuaciones, en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del recurso de queja n°65.945/2.011/1/RH1 el día 22.12.2020, donde declaró procedente la queja y el recurso extraordinario interpuesto por la parte actora; y, en consecuencia, dejó sin efecto la sentencia dictada por la Sala J del Tribunal, con el alcance allí establecido. Finalmente, dispuso que vuelvan los autos a esta Cámara, para que se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo allí decidido (fs. 1250/1253).

II. Antecedentes.

a. En fs.137/60, M. A. V. y C. A. G., por derecho propio y en representación de su hijo menor de edad M. E. G., promovieron demanda de daños y perjuicios contra Gas Natural BAN SA y Patricia Gabriela Bacci.

Asimismo, solicitaron se imponga a la codemandada Gas Natural BAN SA una multa civil, conforme art. 52 bis de la ley 24.240.

Expusieron que la demanda se asentó en la intoxicación con monóxido de carbono sufrida el día 26 de abril del año 2010 en el departamento que alquilaban a la codemandada Bacci, sito en la calle O’G. nºxxxx de la localidad de Villa Insuperable, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.Esa emanación tóxica ocasionó la muerte de su hijo A. Jair y lesión en la salud de M. E. y de la coactora M. A. V.

Relataron que el día mencionado, aproximadamente a las 14:45 hs, la señora V. había acostado a sus hijos a dormir la siesta, y que alrededor de las 15:30 hs, aquélla comenzó a sentir un malestar generalizado, momento en que advirtió que su hijo mayor M. E. -de un año y nueve meses de edad- empezó a convulsionar, mientras que el menor -A. Jair, de nueve meses de edad- había vomitado la mamadera de leche que había tomado antes de dormirse y presentaba signos visibles de deterioro de su salud.

Señalaron que la señora V. se dirigió junto con sus hijos al Hospital Santojanni, donde se determinó que sufrían intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, que ocasionó el fallecimiento de A. Jair.

Explicaron que en el informe elaborado por la aquí codemandada Gas Natural BAN SA en el marco de la causa penal labrada con motivo del hecho fundante del reclamo, indicó que el calefón de la casa carecía de un conducto de evacuación de gases al exterior, que el lugar donde estaba emplazado lindaba con la habitación donde estaban durmiendo los menores, la cual no poseía puerta que separase ambos ambientes; y que la inexistencia del conducto de ventilación del calefón pudo ser la causa del accidente.

Allí también se hizo mención que, en la unidad que alquilaban los actores, el servicio se hallaba cortado desde el día 19 de ese mismo mes y que en el sector del inmueble donde estaba ubicada la vivienda de la coaccionada Patricia Bacci se detectó una conexión de gas clandestina interna.Resaltaron que ellos no tenían conocimiento de ninguno de esos extremos, en tanto pagaban a la señora Bacci el importe de la factura de gas y ésta se encargaba de abonar el servicio.

Además, manifestaron que las características de la unidad habitacional constituyó un factor de riesgo determinante en la ocurrencia del accidente, pues se trata de un único ambiente -por falta de puertas que dividan los espacios-, que contaba con un living que posee una ventana sobre la calle, una pequeña cocina, que contenía un calefón marca Rheen, de 18.000 calorías -estando prohibida su instalación en cocinas adyacentes a dormitorios-; un dormitorio, al que se accede por una abertura sin puerta que lo separe de la cocina, y un baño, que contaba con la única puerta divisoria de ambientes.

Adujeron que la ausencia de puertas que separen living, cocina y dormitorio, sumado a las pequeñas dimensiones del conjunto, constituyó un factor de riesgo que, sumado al calefón que carecía de salida de gases al exterior, fue determinante en la intoxicación sufrida.

Alegaron, asimismo, que el contrato de locación del inmueble que los vinculaba a la codemandada Bacci fue celebrado el 1° de octubre del año 2009, y que la unidad recibía la provisión de gas natural como servicio público domiciliario de Gas Natural BAN SA, contando con un medidor especial instalado con anterioridad.

Por último, con relación a la responsabilidad de la empresa Gas Natural BAN SA, dijeron que la habilitación del suministro de gas fue mal aprobada, por cuanto el servicio de gas se suministraba en infracción, pues el predio de la calle O´Gorman 1325/1329 es un único inmueble y por tanto debía ser conectado a la red por una única tubería de conexión; y en cambio, la empresa realizó dos conexiones, una en el número 1.325 y otra en el número 1.329 de la calle O’Gorman, quedando un único y mismo inmueble, conectado a la red pública mediante múltiples conexiones independientes, loque facilitó la conexión interna clandestina. b. Gas Natural BAN SA se presentó en autos en fs. 255/284.

En primer término, efectuó una negativa pormenorizada de los hechos alegados en la demanda.

Posteriormente reconoció el informe técnico que emitiera en ocasión de realizar la inspección del lugar del siniestro -el día 29.4.2010- por orden de la Fiscalía que instruyera la causa penal, pero manifestó que no pudo verificar el estado de las cosas al momento de la tragedia, pudiendo haber variado en relación a las existentes al realizar la inspección.

A fin de repeler la acción, sostuvo que las instalaciones internas de gas son de exclusivo resorte de los clientes y/o usuarios del servicio, no revistiendo la calidad de dueña o guardiana de las mismas; y que sus responsabilidades se basan en la conservación y mantenimiento de la red de gas natural, compuesta por la cañería que se utiliza para la prestación del servicio hasta las instalaciones del cliente, que se encuentran 0,20 m. antes de la línea municipal de edificación.

En fin, planteó que la responsable del infortunio fue la codemandada Bacci, quien estando en conocimiento del aviso de deuda y corte del servicio por falta de pago, implementó la conexión de una cañería interna agregada a la instalación inicial, y una conexión de manguera, de modo clandestino, proveniente de la casa situada en O’Gorman n° 1.329 -cliente n° 1333433/0-, ubicada cruzando un patio interno entre ambos inmuebles, a modo de by-pass para conectar con la vivienda situada en el n°1.325, donde habitaban los accionantes.Negó cualquier tipo de intervención y/o connivencia de personal a su cargo con la señora Bacci para efectuar la mentada conexión clandestina.

Negó, asimismo, que la habilitación del inmueble fuera defectuosa y/o antirreglamentaria, puesto que para ello no se exigen planos municipales aprobados, bastando con que se trate de unidades funcionales independientes.

Manifestó, además, que la vivienda debió ser modificada por la propietaria con posterioridad a su habilitación, oportunidad en que no se la consideró como un ambiente único; ya que existían vanos de puerta donde se encontraban colocados los marcos, en señal de que las puertas fueron removidas a fin de optimizar el espacio.

También negó que el estado de las instalaciones internas y los artefactos de gas se correspondieran con los existentes al tiempo de la habilitación, habiendo verificado que la instalación y la toma del artefacto calefón habrían sido modificados de su posición original, ya que del lado exterior de la vivienda se observaba una llave de paso y un tramo de cañería, siendo tal variación clandestina; y que la cocina y la estufa se hallaban conectadas con mangueras antirreglamentarias.

Por último, sostuvo que a la fecha del infortunio no tenía una obligación legal de realizar controles periódicos, revisando las instalaciones, artefactos y sistemas de los usuarios; que el corte del suministro de gas se efectúa sin ingresar al inmueble, y que sólo existe la obligación de inspeccionarlo en caso de una instalación nueva, modificación de la existente, y/o suministro cortado durante más de un año.

c. El pronunciamiento de grado desestimó la demanda promovida por M. A. V. y C. A. G., por sí y en representación de su hijo menor de edad M. E. G. contra Gas Natural BAN Sociedad Anónima y Mapfre Argentina de Seguros Sociedad Anónima, con costas; y la admitió con relación a Patricia Gabriela Bacci (fs.979/1006).

Para así decidir, en lo que aquí interesa, entendió el a quo que en el caso no había relación de causalidad adecuada respecto de la habilitación de la unidad funcional donde se produjo la intoxicación con monóxido de carbono base de autos y del medidor correspondiente con la actividad de la empresa distribuidora del gas, por no haberse demostrado que los artefactos que constan en la habilitación hayan provocado el accidente.

Así, juzgó que no correspondía imputar el accidente a la prestadora del servicio de provisión de gas natural, por entender que se produjo por causas originadas en una conexión de cañerías y artefactos instalados clandestina e irregularmente, en el sector interno de la vivienda, sobre las que el usuario tiene la custodia.

En fin, interpretó que las acciones u omisiones de la empresa distribuidora de gas no constituyeron causa adecuada del daño. d. Recurrido el pronunciamiento de grado, por medio de la sentencia dictada el día 29.9.2016 (fs. 1113/1127), la Sala J de esta Cámara confirmó el rechazo de la demanda respecto de Gas Natural BAN SA, por entender que en el caso mediaba una situación de incertidumbre, que sumado a los fundamentos brindados por el primer juzgador en fs. 995, conducía a confirmar el rechazo de la demanda respecto de la firma mencionada.

III.Ante todo debe recordarse que el Juzgador no tiene la obligación de ponderar todas las pruebas colectadas en la causa, sino sólo aquellas que juzgue, según su criterio, pertinentes y conducentes para resolver el caso (CSJN, fallos 274:113; 280:320, entre otros).

Asimismo, tampoco tiene el deber de tratar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquellas que estime posean relevancia para sustentar su decisión (Fallos 258:304, 262:222; 310:267, entre otros).

Asimismo, en miras del alcance del fallo a dictar en esta instancia, debe recordarse que nuestro cimero Tribunal ha establecido que su doctrina debe ser lealmente acatada y es obligatoria salvo fundadas razones que deben ser expuestas y, por tanto, las sentencias que deciden en sentido contrario constituyen inadmisible quebrantamiento del orden institucional (conf. Fallos: 25:364; 212:51 y 160; 245:429; 252:186; 255:119; 303:1769; 307:468; 307:1096/1097; 311:1651; 312:2187; 316:221/223; 321:2295 y 323:2648 , entre otros). Así, ha sostenido que no obstante que la Corte Suprema sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas (Fallos: 307:1094).

Sentado ello, en el caso sub examen, como señalé supra, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decidió hacer lugar a la queja presentada, y en su virtud, al recurso extraordinario interpuesto y dejó sin efecto la sentencia apelada, con costas.

Ello, con fundamento en que la instancia revisora, para eximir de responsabilidad a la empresa demandada, omitió considerar la extensión de la obligación de seguridad -y su consecuente atribución de responsabilidad- a la luz del derecho a la seguridad, previsto en la Carta Magna para los consumidores y usuarios.

Prosiguió detallando que, conforme lo señalado en el precedente Ledesma (Fallos:331:819), la seguridad es un valor expuesto en la norma del artículo 42 de la Constitución Nacional que debe guiar la acción de todos aquellos que realizan actividades que – directa o indirectamente- se vinculen con la vida o la salud de las personas; y que la presencia de ese valor en el texto constitucional «.es una decisión valorativa que obliga a los prestadores de servicios públicos desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que existe en ella: la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos» (considerando 6°). Ello, con fundamento en que «.los usuarios y consumidores son sujetos particularmente vulnerables a los que el constituyente decidió proteger de modo especial, y por lo tanto no corresponde exigirles la diligencia de quien celebra un contrato comercial.» (considerando 7°).

En base a ello, consideró que la escueta conclusión del fallo dictado por la Sala J de este Tribunal, que no hizo mérito sobre las irregularidades identificadas en el peritaje producido en la causa, así como tampoco ahondó en la responsabilidad que -en función de tales deficiencias- le podría corresponder a la empresa prestadora del servicio de gas, denota una asombrosa falta de fundamentación de la sentencia que, de tal forma, se apoya en una afirmación dogmática.

Entendió el Alto Tribunal que la situación de incertidumbre, invocada como único argumento para solventar la exoneración de responsabilidad de la empresa en el caso, debió ser acompañada de un análisis fundado, ponderando la obligación de seguridad prevista en el artículo 42 de la Constitución Nacional, los elementos de prueba reunidos en el expediente y la atribución de responsabilidad que, de manera especial y con carácter objetivo, establece el artículo 40 de la ley 24.240.

Por dichos fundamentos, hizo lugar a la queja planteada por la parte actora y al recurso extraordinario interpuesto, y dejó sin efecto la sentencia apelada, con el alcance indicado.

Sentado ello, cabe señalar que, respecto de la empresa proveedorade gas, a quien se atribuye haber aprobado las instalaciones pese a las condiciones antirreglamentarias constatadas en la unidad que alquilaban los accionantes, se trata -como marcó la CSJN- de una responsabilidad de carácter objetivo con asiento en el deber de seguridad que la LDC: 5, 6 y 40 imponen al proveedor de un servicio público domiciliario.

Dicha obligación engloba los daños padecidos por las cosas riesgosas o peligrosas que utilice el deudor durante el cumplimiento de la prestación, para lo cual debe memorarse que las cosas pueden ser riesgosas tanto por su naturaleza como por las circunstancias que la tornen idóneas para producir menoscabos.

Así las cosas, a los fines de deslindar la responsabilidad, los demandados deben demostrar la existencia de una causa ajena -tendiente a fracturar el nexo causal-, sin que baste la prueba de su falta de culpa, dado que este factor resulta extraño a la imputación objetiva.

Pesa sobre aquella persona contra quien se ha dirigido la acción, la carga de acreditar que el hecho se debió a la culpa del damnificado, o de un tercero por quien no sea civilmente responsable, o que provino del casus genérico perfilado por los arts. 513 y 514 del citado cuerpo legal.

Añádase que la concurrencia y acreditación de las condiciones eximentes, deberán ser interpretadas con criterio restrictivo -siendo la prueba liberatoria fehaciente e indubitada-, toda vez que la normativa ha creado factores objetivos de atribución que deben cesar únicamente en casos excepcionales.

En conclusión, no hay duda de que en el caso resulta aplicable el régimen de defensa del consumidor consagrado por la ley 24.240 y sus modificatorias.Así como lo dispuesto por la CN:42.

La LDC:5 y 6 establece claramente que las cosas o servicios deben ser suministrados o prestados de forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no impliquen peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios de los mismos.

Es importante destacar que el derecho a la salud e integridad física forma parte sustancial del plexo normativo convencional y constitucional de nuestro ordenamiento positivo (arg. CN:75-22). En efecto, se encuentra consagrado explícitamente en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. 11), la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts.

10.3 y 12, entre otros), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art.s 4 y 5) y su Protocolo Adicional en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10), la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 19), la Convención sobre la Abolición de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (arts. 11.2 y 12.2) y la Convención de los Derechos del Niño (art.24).

Estas normativas, así como el texto expreso de la Constitución Nacional en su artículo 42, importa una garantía en la protección de la salud e integridad física de los consumidores y usuarios, en su condición de sujetos particularmente vulnerables frente al riesgo de empresa, cuya tutela se ha abrazado desde la Ley Fundamental.

Asimismo, el artículo 40 de la misma normativa prevé el factor de atribución objetivo y la responsabilidad solidaria en caso de producción de daños al consumidor por vicio o riesgo de la cosa o de la prestación de servicio, pudiendo liberarse el proveedor sólo en caso de demostrar que la causa del daño le ha sido ajena.

Presentado el marco jurídico en el que se evaluará la cuestión, cuadra avanzar con el análisis de la prueba rendida en autos.

Como señaló el juez de grado, del informe técnico emitido por Gas Natural BAN SA en el marco de la causa penal, surge que constataron la existencia de un artefacto cocina, con una potencia aproximada de 9.000 kcal/h.; un calefón, con una potencia aproximada de 18.000 kcal/h., ambos ubicados en el ambiente destinado a cocina, y una estufa, con una potencia aproximada de 2.500 kcal/h., ubicada en el lugar destinado a estar/comedor (fs. 94 de la causa penal).

Allí se asentó: «.Según expresa la madre de los menores, el accidente se habría producido cuando los hijos del matrimonio estaban durmiendo la siesta en el dormitorio. El calefón de la casa, que -según mencionan sus habitantes-, había sido utilizado para bañarse en horas de la mañana, habría producido una acumulación de monóxido de carbono en la habitación contigua, dado que se encuentra sin conducto de evacuación de gases al exterior y lindero con ella (sin contar, además, con puerta que delimite ambos ambientes). Resulta oportuno mencionar que el domicilio afectado (1325) se encontraba con el servicio de gas suspendido por falta de pago desde el 19/04/10 (Fig.N°1 – donde se observa en su parte inferior izquierda el cepo de cierre -) y que, no obstante ello, en la visita se verificó que existía una conexión de cañería interna no autorizada proveniente de la casa lindera (O’Gorman n° 1329 – cliente N° 1333422 – Fig. N° 1 y 2) y se intimó mediante Form. 1022 a dar intervención a un gasista matriculado para desvincular definitivamente tal cañería y acondicionar las instalaciones de gas de ambas viviendas» (lo resaltado en negrita corresponde a como está volcado en el informe citado).

Como observaciones antirreglamentarias se registró: 1°, que el artefacto calefón carecía de conducto de ventilación, aclarando que si bien el faltante del conducto pudo ser el factor determinante del accidente, se observó que la toma del artefacto fue modificada de su posición original que habría sido del lad o exterior de la vivienda donde hay una llave de paso y un tramo de cañería; y 2°, que había conexiones de artefactos no aprobadas, aclarando que tanto la estufa – ubicada en el estar/comedor- como la cocina se encontraban conectadas mediante una manguera (fs. 95 del expediente seguido ante la justicia represiva).

En estas actuaciones, en fs. 829/845 se encuentra el dictamen pericial elevado en estas actuaciones por el ingeniero civil Marcelo Oscar Morales.

Este experto describió que el inmueble que locaban los actores se encontraba dentro de un fundo sin subdividir, que contiene tres unidades funcionales (de las cuales una no tenía conexión de gas) y un galpón. Dijo que, al estar sin subdividir, se trata de una sola propiedad, cuya numeración corresponde a la altura catastral 1325 de la calle O´Gorman. Por ello, planteó que debería poseer un solo medidor de gas (fs.831).

Al responder la impugnación de la firma codemandada indicó que, en la propiedad, debería entrar una sola cañería de gas; y si son varias unidades funcionales colocarse diversos medidores a dicha cañería de entrada, pero no dos medidores con entrada directa desde la calle, como aconteció en autos (fs. 865 vta./866).

Con relación a los requisitos para acceder al suministro de gas domiciliario, detalló que se debe acreditar ser propietario, inquilino u ocupante de la vivienda donde se realizará la conexión, la que debe tener numeración legible y copia del DNI del futuro titular. Además, el solicitante debe presentar un certificado de finalización de obra expedido por un profesional matriculado y solicitar una inspección de final de obra; y recién una vez aprobada la inspección se coloca el medidor.

Explicó que la codemandada Gas Natural BAN SA había instalado dos medidores de gas, en las alturas catastrales 1325 y 1329, pero que le resultaba llamativo que haya dos numeraciones, siendo que la propiedad no está subdividida (fs. 830 vta.).

En el n°1325, correspondiente a la unidad funcional n°1 que ocupaban los demandantes, se encontraba el medidor n°6208635, proporcionado al cliente n°1067269/8, cuya titular era Siria Josefa Gutiérrez (conf. factura fs. 237); y en el n°1329 el medidor n°34133474, correspondiente al cliente n°13333422/0, cuya titular era la coaccionada Bacci (conf. factura fs. 245), que alimentaba la unidad funcional n°3, donde ésta vivía (fs. 831 y vta.).

Señaló el perito que el plano presentado por la empresa de Gas en fs. 217 se corresponde con la unidad funcional n°3, en la que vive la coaccionada Bacci, correspondiente al medidor instalado en el n° 1329 (fs. 832).

Con relación al expediente iniciado por el pedido de servicio de la señora Bacci (fs. 210/226), marcó que, si bien refiere a la numeración 1325, esa unidad funcional posee el número 1329. Ello es coincidente con la facturación adjuntada en autos por la empresa de gas (fs. 831 vta.y 832 vta.) y documental glosada en fs. 209 -consulta de histórico de modificaciones de clientes-, donde surge que en fecha 5.2.2001 se modificó el número de finca de 1325 a 1329.

Asimismo, indicó que el certificado de finalización de obra de dicho expediente (fs. 215/216) no posee fecha y en el reverso falta la firma del inspector de la empresa (fs. 832 vta. cuarto párrafo).

En base a ello, sostuvo que el único expediente de habilitación presentado en autos por la empresa prestataria de gas si bien refiere al n°1325, actualmente es el n°1329; por lo que con relación a la unidad donde aconteció el siniestro, identificada con el número 1325, no existe croquis, memoria, cálculos, certificados, inspecciones, controles, etc.; pero que sin embargo al momento del incidente dañoso existía un medidor instalado por Gas Natural BAN SA (cuya facturación acompañó la empresa en fs. 237/244), que fue retirado luego del hecho base de estas actuaciones (fs. 831 vta. última parte).

Además, exteriorizó que en el expediente de habilitación supra referido, correspondiente a la actual identificación catastral 1329, existen documentos que no poseen fecha y presentan información faltante (fs. 832 segundo párrafo).

Respecto a la unidad correspondiente a la numeración 1325, dijo que poseía el medidor n°6208635, pero que en autos la empresa de gas no proveyó información sobre cuando instaló ese medidor, sino solamente facturas de consumo. En base a ello, asumió que la prestataria en algún momento tuvo que haber realizado la visita del lugar previo a habilitar la conexión del mentado medidor (fs. 832 anteúltimo párrafo).

Sobre este extremo, a fs. 833 vta. punto 6° dijo: «De acuerdo a las facturas de fs. 237 y fs.245 al momento del accidente (26/04/2010) se habían instalado dos medidores, en el domicilio de la calle O ´Gorman 1325 el medidor N°6208635 y en el domicilio de la calle O ´Gorman 1329 el medidor N°34133474.Ninguno de estos dos medidores fue debidamente habilitado, según lo que surge de las constancias de autos, habida cuenta de que no existe constancia documental alguna de su instalación y habilitación. De acuerdo al expediente n° 283136, que obra a fs.210/227, con fecha 06/10/1999, se instaló el medidor n° 1.851.942 (ver fs. 215 vuelta), correspondiente a la calle O´Gorman 1325, debiéndose destacar como irregularidad en el trámite la falta de identificación del instalador y del inspector que revisó las instalaciones, lo que hace dudoso que esas diligencias se hayan cumplido. Como conclusión de lo expuesto, deben inferirse que, el medidor n° 1.851.942, instalado el 06/10/1999 fue retirado en fecha que no puede precisarse pero que está ubicada entre 06/10/1999 y el 26/04/2010, fecha del accidente, y que, en su lugar se instalaron dos medidores nuevos, el medidor N° 6208635 y el medidor N° 34133474 oportunidad en que se omitió la inspección integral de las instalaciones internas, las cuales no estaban en regla, presentando graves riesgos para la salud de los ocupantes».

Al evacuar el punto pericial 5° de la parte actora, con relación a las irregularidades que poseía la unidad que alquilaban los actores a la fecha del accidente; detalló que, a pesar de la divisiones, la unidad funcional n°1 debe considerarse como un monoambiente, dado que las aberturas que separan el dormitorio de la cocina y la cocina del living no poseen puertas, por lo que a nivel de circulación de aire y de gases de combustión funciona como un ambiente único, ya que el aire se contiene en todos a la vez.

Por ello, sostuvo que, considerando que en el ambiente medio (cocina), había un artefacto cocina y un calefón, y en el living comedor una estufa de tiro natural, al ser su conjunto un único recinto, se configura una irregularidad de mayor relevancia; ya que según la NAG-200 -que establece las disposiciones de la instalación interna de una vivienda- dispone que sólo puedeninstalarse en dormitorios artefactos del tipo tiro balanceado, es decir con salida al exterior.

Asimismo, indicó que el calefón no tenía llave de paso de cierre en el ambiente, lo que indica que si se apagaba, perdía gas por el tiempo que demande acceder a la llave del medidor; y que carecía de cañería de salida de gases conectada a su parte superior, es decir, que violaba toda regla ya que un calefón con el consumo calórico que tiene, consume el oxígeno en poco tiempo y lo cambia por monóxido de carbono, por lo que si no tiene salida de gases al exterior, queda en el ambiente. Señaló, además, la ausencia de rejillas de ventilación inferior, necesaria para evitar falta de oxígeno por combustión.

También refirió que el artefacto cocina contaba varias infracciones, entre las que enumeró: que se encontraba cerca de una ventana, lo que está prohibido, ya que, al no poseer termo cupla, el gas si se apaga sigue saliendo; que la llave de paso estaba a menos de 40 cm del plafón de la cocina, lo cual es antirreglamentario; y que no había -al momento del siniestro- rejillas de ventilación, ni superior, ni inferior, lo cual se exige por reglamentación.

Aparte, respecto a la estufa -que era de tiro natural- indicó que debería ser de tiro balanceado con salida; sino debía tener sendas rejillas inferior y superior para circulación de aire y evacuación de gases, que no había al momento del siniestro.

Al responder el punto pericial n°13 de la actora, relativo a la conexión clandestina de gas, expuso que en el informe presentado por la codemandada Gas Natural BAN SA en la causa penal, se menciona una conexión clandestina que partía del medidor del n°1329 a la unidad que ocupaban los demandantes.Al respecto, planteo que si bien al momento de la inspección no pudo ser verificada, es viable y posible realizar una conexión de ese tipo, pero que no podía dar mayores precisiones por no contar con fotos claras de dicha conexión.

Por otra parte, detalló que en el caso de la unidad de los actores, las cañerías que comunicaban la unidad con el medidor no cumplían con la reglamentación vigente, ya que estaba pegado al suelo, con el consiguiente riesgo mecánico y de oxidación por humedad continua (fs. 834 vta., pto. 14).

Finalmente, dictaminó que la instalación de la UF n°1 resultaba totalmente peligrosa para sus moradores, por la gran cantidad de falencias señaladas (fs. 835. pto. 16).

Cabe destacar, asimismo, que el perito indicó que si la prestataria colocó un medidor en base al diseño original del n°1.325, ante un aumento de consumo, por arriba de ciertos valores, tendría que notar el aumento de demanda, ya que se corre el riesgo que el regulador de gas y el medidor queden subdimensionados y trabajen forzados. Explicó que en esas situaciones las distribuidoras deben comprobar el estado de las cañerías internas e intimar al cliente a realizar el cambio de medidor -en cuanto al volumen a medir- y a la actualización de los datos de la instalación interna (v. fs. 833, párrafos noveno y décimo).

Al responder los puntos periciales propuestos por la codemandada Gas Natural BAN SA y su aseguradora, entre otras cosas dijo: «Si nos guiamos por la reglamentación, la instalación interna (de la UF n°1) es completamente antirreglamentaria, pero por lo observado, posee varios años de servicio, con medidor instalado, lo que hace pensar que algo, en la cadena de control falló, y se instaló un medidor, en una instalación que no reunía los requisitos para poseer medidor» (fs. 835 vta., primer párrafo).

El referido informe recibió el pedido de aclaraciones de la parte actora en fs. 849/850, contestadas por el profesional en fs.859/861; y la impugnación de la codemandada Gas Natural BAN SA y su aseguradora en fs. 853/855 -con la argüida asistencia de consultor técnico, pues, cabe destacar que el profesional no suscribió la presentación-, que el experto respondió en fs. 864/868.

La demandada insistió con sus impugnaciones en fs. 870/871 y en fs. 873/874.

Es dable mencionar que se ha resuelto, con criterio que comparto, que la valoración de la prueba pericial debe realizarse conforme las pautas generales del cpr. 386, y con las especificaciones dadas por el cpr. 477 -norma cuyo contenido concreta las reglas de la «sana crítica» en referencia a la prueba pericial- (CNCom. D, 11.7.03, «Gómez, Elisa Nilda c/ HSBC La Buenos Aires Seguros SA y otro s/ ordinario»).

Esta consideración predica que «la sana crítica aconseja (frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor peso) aceptar las conclusiones del perito, no pudiendo el sentenciante apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo; extremo que le estará permitido si se basa en argumentos objetivos que demuestren que la opinión del experto se encuentra reñida con principios lógicos y máximas de experiencia, o que existan en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia para provocar convicción sobre los hechos controvertidos» (CNCom. B, 30.9.04, Gráfica Valero SA s/ conc. prev. s/ verificación por González, Oscar; íd. en igual sentido: «Luvelo y Cía. SA c/ Excel SA s/ ord.»).

En base a las pautas referidas precedentemente, considero que las conclusiones arribadas por el perito de oficio a través de su dictamen pericial deben ser admitidas habida cuenta de su concordancia con las reglas de la sana crítica (conf. cpr.386 y 477) y de las que no hallo motivos para apartarme.

Frente a este panorama de tamaña cantidad de infracciones en la instalación de gas de la unidad donde aconteció la intoxicación con monóxido de carbono, cuadra efectuar algunas breves precisiones acerca de la relación de causalidad, elemento esencial de la responsabilidad civil.

En primer término, he de destacar que en la intoxicación invocada en la demanda y su luctuoso desenlace han contribuido más de una causa, que aportaron condiciones necesarias para su producción.

Así concebida la cuestión, puede afirmarse que, si bien la causa es siempre una condición del daño, no toda condición es causa (Pizarro, Ramón D. – Vallespinos, Carlos G., Instituciones de Derecho Privado – Obligaciones, t. 3, ed. Hammurabi, pág. 96).

A tal fin, debe analizarse la causalidad a la luz del criterio adoptado por el ordenamiento jurídico nacional, es decir, la relación de causalidad adecuada. La síntesis simple de las directivas de esta teoría es que un hecho es causa de otro cuando puede preverse que el primero incrementará significativamente la probabilidad de ocurrencia del segundo (Acciarri, Hugo A., La relación de causalidad y las funciones del derecho de daños, Abeledo Perrot, pág. 96). Por lo tanto, es considerado responsable quien introdujo la condición que, luego de sortear el tamiz de un juicio de adecuación o cálculo de probabilidad efectuado ex post facto, se constata que fue la que acrecentó la probabilidad de acaecimiento del evento dañoso.

Este juicio de probabilidad, también llamado prognosis póstuma, implica un proceso de abstracción y generalización que da relevancia a una de las condiciones en el caso concreto, elevándola a la categoría de causa del resultado.O sea, tiene por objeto establecer la vinculación de causa a efecto entre dos sucesos, y supone analizar si la acción u omisión que se juzga era per se apta o adecuada para provocar normalmente la consecuencia acaecida, atendiendo a lo que indica la experiencia diaria; es decir, tiene que ser idónea para producir el efecto operado, determinarlo normalmente (Goldenberg, Isidoro H., La relación de causalidad en la responsabilidad civil, La Ley, págs. 23/24).

Además, es menester retrotraerse al momento de la producción del hecho generador; esto permitirá apreciar cuáles eran las consecuencias previsibles por aquel entonces (Alterini, Atilio Aníbal, Responsabilidad civil. Límites de la reparación, Abeledo-Perrot, pág. 161). En otras palabras, este procedimiento determina ex post facto la viabilidad de un resultado en virtud de las condiciones que le precedieron (Goldenberg, ob. cit., pág. 24).

Este procedimiento permite cumplir acabadamente con una de las funciones de la relación de causalidad, esto es, determinar la autoría del daño. En otras palabras, sirve para establecer cuándo un resultado nocivo es atribuible a la acción u omisión de un sujeto, comprendiendo también el perjuicio ocasionado por aquel por quien debe civilmente responder, o bien por una cosa que detenta en calidad de dueño o guardián (Calvo Costa, Derecho de las obligaciones – Derecho de daños, t. 2, Hammurabi, pág. 252).

Se distinguirán los resultados azarosos de los cursos causales regulares (López Mesa, Marcelo – Pasarín, Carolina en Trigo Represas, Félix A. – López Mesa, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, La Ley, pág.396), posibilitando la individualización de quien debe responder.

En efecto, para investigar cuál es la causa de un determinado resultado habrá que examinar si, suprimido uno de los factores concurrentes, el daño no se habría producido.

Sentado ello, y volviendo al análisis del caso, debe tenerse presente que las faltas antirreglamentarias detectadas en la habilitación del suministro de gas del departamento locado por los actores no son irrelevantes, sino que contribuyeron causalmente a la producción del resultado.

Conforme el informe elevado por la empresa proveedora de gas aquí demandada en las actuaciones labradas ante el fuero represivo, la deficiente y antirreglamentaria instalación del calefón fue la causante de la intoxicación con monóxido de carbono padecida por los hijos de los reclamantes, que determinó el fallecimiento del menor de ellos.

En base a la prueba rendida, más allá de que a la fecha del suceso que dio origen a estas actuaciones la empresa proveedora de gas alegue que el suministro se encontraba cortado por falta de pago y que la unidad de los actores se proveyó del servicio de gas natural por medio de una conexión llevada a cabo de manera clandestina, desde la entrada de gas del medidor correspondiente a la unidad de la coaccionada Bacci; el factor determinante en la intoxicación sufrida por los damnificados no fue producto directo de dicha conexión clandestina, sino por los vicios propios de la instalación de gas de la vivienda que habitaban los pretensores.Ello, sin dejar de considerar que tal clandestinidad pudo ser condición suficiente de toda la precariedad de la instalación deficiente.

En el caso, si bien la conexión clandestina operó como concausa, lo cierto y que para mí es el quid de la cuestión, es que el corte de suministro no obedeció a la constatación de una de las tantas infracciones identificadas por el perito, sino que lo fue por una circunstancia azarosa, como ser la falta de pago.

Así las cosas, como dije, no puede dejar de contemplarse que la causa de la intoxicación por monóxido de carbono fue la deficiente instalación del servicio de gas de la unidad, señalada en extenso por el perito nominado en la causa; y no propiamente la conexión clandestina.

Es que, como señaló el experto, la empresa codemandada no ha aportado en estas actuaciones prueba conducente tendiente a acreditar que las instalaciones internas habían sido modificadas luego de la habilitación, ya que ni siquiera aportó la documental que motivó la colocación del medidor de gas y documental que avale el suministro; dado que, como quedó dicho al referenciar la pericia de ingeniería rendida en autos, el profesional destacó que el expediente y planos acompañados se corresponden con la unidad identificada y facturada con el número 1329, no contándose en autos con documentación referida a la unidad funcional que alquilaban los pretensores, facturada al número 1325. Asimismo, en dicho expediente se menciona un número de medidor que no es ninguno de los identificados en la causa penal al momento del hecho dañoso.

Por lo expuesto, si tenemos en cuenta que, para proveer el servicio de gas domiciliario con el consiguiente medidor, la proveedora en algún momento debió haber inspeccionado la unidad en cuestión y habilitar la instalación llevada a cabo; la falta de prueba del alegado cambio de las instalaciones internas en forma posterior a su autorización resulta determinante.Dicha prueba estaba en cabeza de la firma proveedora de gas natural, como acreditación del eximente de la responsabilidad objetiva derivada de la relación de consumo habida en la especie.

La falta de acreditación de dicho extremo -planteado como defensa en la contestación de demanda- apreciado bajo el prisma del deber de seguridad que sobre la firma codemandada pesaba -que en las condiciones descriptas ha sido notoriamente incumplido-, exterioriza la responsabilidad que en la ocurrencia del evento dañoso le cupo a la empresa proveedora de gas, quien con sus faltas ha contribuido causalmente en la producción de la intoxicación con monóxido de carbono de los hijos de los actores, que concluyó con el lamentable fallecimiento del menor de ellos.

Máxime ello si, como sostuvo el perito en fs. 833, la empresa bien pudo detectar mediante un sistema de control diligente, la conexión interna clandestina, ante las fluctuaciones de consumo de ambos medidores, advirtiendo que cuando el consumo en uno bajaba (s ea por una merma de uso y/o corte de suministro) en el restante se acrecentaba. Nótese al respecto que, en las facturas de consumo acompañadas por la citada en garantía al contestar demanda, puntualmente en las glosadas en fs. 243/247, en el gráfico de consumo del año anterior se percibe claramente esas fluctuaciones. La unidad correspondiente a la codemandada Bacci no registra consumo en los períodos 1/09, 2/09, 3/09, 1/10 y 2/10, pero en los períodos 4/09, 5/09, 6/09 y 3/10 registra 265 m3, 280 m3, 118 m3 y 151 m3, respectivamente. Este es un dato indiciario que no debió pasar por alto (v. fs.833, décimo párrafo).

En este marco de situación, la responsabilidad de la empresa demandada radica en haber habilitado la obra de gas con tales deficiencias; que, sumado a una falta de control apropiada, se ha erigido en una concausa adecuada de la producción del evento luctuoso.

La empresa distribuidora del servicio de gas, como afirmó nuestro Alto Tribunal, queda aprehendida en las disposiciones de la ley 24.240 y sus modificatorias.

Desde esta perspectiva, aun cuando es lógico que la empresa no se encuentre obligada a comprobar y remediar el mal funcionamiento de los artefactos ubicados en el interior de los departamentos y menos aún de verificar su vetustez, limpieza y condiciones de uso -deberes que son de exclusivo resorte de los usuarios o, como en el caso, del propietario- sí está llamada a responder si aprobó una instalación antirreglamentaria, pues queda en evidencia que autorizó una habilitación que no reunía los requisitos de seguridad exigidos para una adecuada evacuación de gases y el correspondiente aporte de aire a las unidades funcionales (conf. CNCiv, Sala M, «Orrego, Liria Esther y otros c/Piedrabuena, Laura Verónica y otros s/daños y perjuicios», del 31.7.2018).

Por lo expuesto, con sustento en los argumentos mencionados y en lo resuelto por la CSJN, propongo al Acuerdo mantener lo decidido en el pronunciamiento de la sala J de esta Alzada en todo lo que no fuera materia del recurso extraordinario, a cuyos términos me remito en honor a la brevedad, y condenar solidariamente con la señora Bacci a la codemandada Gas Natural BAN SA (conf. LDC:40), con costas de ambas instancias (conf. cpr 68).

IV. Zanjada la cuestión precedente, corresponde ahora entender sobre la imposición de la multa civil requerida en la demanda en los términos de la LDC:52 bis y de la extensión de la condena a la citada en garantía, quien al contestar demanda denunció una franquicia de U$S 25.000 a cargo de la asegurada. a.Daño Punitivo.

El daño punitivo se ha conceptualizado como una sanción civil que consiste en la condena al pago de una suma de dinero, a un dañador calificado y al margen de la indemnización reparatoria del perjuicio.

Así, se ha entendido como la suma de dinero que los tribunales mandan pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que estén destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro (Pizarro, Ramón, Daños Punitivos, en Derecho de Daños, Segunda Parte, La Rocca, Bs.As., 1993, p. 291; Picasso – Vázquez Ferreyra, Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada, La Ley, T° I, p. 593/641).

En efecto, cabe marcar que uno de los supuestos en que se ha considerado que corresponde su aplicación es cuando se evidencia un menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva. Además, en relación con la descripción de los supuestos de hecho del instituto en estudio, no puede soslayarse que el art. 52 bis de la ley 24.240 debe interpretarse junto con el art. 8 bis del mismo cuerpo legal, que hace referencia a conductas o prácticas abusivas (subjetivas) del proveedor que transgreden el deber de trato digno al consumidor o usuario, colocándolo en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Y ambos a la luz del art. 42 de la Constitución Nacional (conf. CCiv, Sala G, Pereira Da Silva, Maite Yamila c/ Urbanizaciones del Pilar S.A. y otros s/ daños y perjuicios», Expte. n° 48609/2013, del 15.3.2018 y sus citas jurisprudenciales).

Así, los daños punitivos «tienen un propósito netamente sancionatorio, y revisten particular trascendencia en aquellos casos en los que el responsable causó el perjuicio a sabiendas de que el beneficio que obtendría con la actividad nociva superaría el valor que debería eventualmente desembolsar para repararlo (conf. Farina, Defensa del Consumidor y del Usuario, pág.566).

Esta multa civil, prevista en la LDC:52 bis tiene pues un objetivo tanto sancionatorio como disuasivo, en la inteligencia de incrementar los «costos» de un actuar abusivo por parte del proveedor para inhibir los beneficios que tal conducta pudiere generar, con el fin de enervar su sistematización.

Por ello, debe existir una conducta especialmente grave o reprobable del dañador, caracterizada por la existencia de dolo o una grosera negligencia, de cuya consecuencia emane un daño efectivamente sufrido por la víctima (Lorenzetti, Ricardo, «Consumidores», pág. 59, 2° Ed. Actualizada, Rubinzal- Culzoni).

Desde esta perspectiva, para la aplicación de la multa por este concepto prima un criterio restrictivo, pues, se trata de un instituto de excepción; en el cual la sanción no está prevista como una consecuencia necesaria de cualquier incumplimiento, sino que es facultativa del juez y dependerá de cada caso particular (conf. esta Sala, in re «Tapia Araya, Joseu Nahun Elías Enoc c/ Starbucks Coffee Argentina SRL s/ daños y perjuicios», Exp. N°39.889/2016, del 05.12.2018).

Analizado bajo tales parámetros, entiendo que, en la especie, no se encuentran configurados los presupuestos para imponer a la firma proveedora de gas una multa por este concepto. Es que, si bien en este caso concreto se comprobó una falla en la habilitación y control de las instalaciones internas de la vivienda donde aconteció el siniestro, no se ha acreditado que ello se haya debido a un accionar premeditado y orquestado por parte de la firma proveedora de gas a fin de obtener un mayor rédito y/o ventaja económica o comercial que hubiera desencadenado en perjuicio de los actores; sino que -en base a la prueba producida- cabe inferir que se trató de un hecho aislado, por lo que no encuentro reunido los requisitos para imponer la multa prevista por la LDC: 52bis.

Por los fundamentos expuestos, postulo al Acuerdo desestimar la petición introducida por la actora en el escrito de inicio, consistente en la imposición de una multa civil a la firma codemandada Gas Natural BAN SA. b.Franquicia.

La citada en garantía Mapfre Argentina Seguros Sociedad Anónima, al contestar demanda, reconoció la relación asegurativa que la unía con la codemandada Gas Natural BAN SA, mediante póliza nro 152-0212004-02, y denunció que preveía una franquicia a cargo del asegurado de U$S25.000 (fs. 428 vta.).

La parte actora en fs. 437/440 desconoció la póliza mencionada y, por los fundamentos allí brindados, solicitó que se declare inoponible a su parte la franquicia denunciada.

Con la pericia contable producida en fs. 663/668 se encuentra acreditada la franquicia invocada por la citada en garantía (conf. fs. 664, pto. 5).

Así planteada la cuestión, considero preciso rememorar algunos de los fundamentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos «Flores, Lorena Romina c/ Giménez, Marcelino Osvaldo y otro s/ daños y perjuicios» (Fallos: 340:765), precedente que si bien giró en torno a la oponibilidad del límite de cobertura, contiene robustos fundamentos plenamente aplicables en la especie.

En fin, revisando una sentencia de la Sala K en la que se declaró inoponible a la damnificada el límite de cobertura opuesto por la citada en garantía y se dijo que ello no obstaba al derecho de reintegro o repetición por parte de la aseguradora frente al asegurado, el Máximo Tribunal en primer término destacó que «la función social que debe cumplir el seguro no implica, empero, que deban repararse todos los daños producidos al tercero víctima sin consideración a las pautas del contrato que se invoca» (consid. 6º). Es que «sin perjuicio de señalar que el acceso a una reparación integral de los daños padecidos por las víctimas constituye un principio constitucional que debe ser tutelado y que esta Corte ha reforzado toda interpretación conducente a su plena satisfacción, ello no implica desconocer que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes (artículos 957, 959 y 1021 del Cód.Civil y Comercial de la Nación) pues los damnificados revisten la condición de terceros frente a aquellos que no participaron de su realización, por lo que si pretenden invocarlo, deben circunscribirse a sus términos (artículo 1022 del Cód. Civil y Comercial de la Nación) (consid. 9º)».

Como derivación de lo apuntado, se afirmó que «la relación legal que vincula a la víctima con la aseguradora es independiente de aquella que se entabla entre ésta y el asegurado, enlazadas únicamente por el sistema instituido por la ley 17.418 (artículo 118 citado). Ambas obligaciones poseen distintos sujetos -no son los mismos acreedores y los deudores en una y otra obligación- tienen distinta causa -en una la ley, en la otra el contrato- y, demás, distinto objeto -en una la de reparar el daño, en la otra garantizar la indemnidad del asegurado-, en la medida del seguro» (consid. 12º), motivo por el cual el Tribunal remató categóricamente que «la pretensión de que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización «más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato» carece de fuente jurídica que la justifique y, por tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil» (ídem).

Entiendo que dichos fundamentos dados por nuestro Alto Tribunal en el precedente citado resultan aplicables en este caso.

Asimismo, encuentro que disímil temperamento podría fracturar la ecuación económico-financiera del c ontrato en detrimento del sistema mismo de seguros y cálculo de riesgo.

Por ende, propongo al Acuerdo rechazar el planteo de la parte actora, y hacer extensiva la condena a la citada en garantía Mapfre Argentina Seguros Sociedad Anónima en la medida del seguro.

V. En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, propongo al Acuerdo:

I. Modificar el decisorio de grado y condenar solidariamente con la coaccionada Bacci a la codemandada Gas Natural BAN SA, con costas de ambas instancias (conf. cpr 68).

II.Desestimar la petición de la actora consistente en la imposición de una multa civil a la firma codemandada Gas Natural BAN SA.

III. Hacer extensiva la condena a la citada en garantía Mapfre Argentina Seguros Sociedad Anónima en la medida del seguro.

IV. Mantener lo demás decidido en el pronunciamiento de la sala J de esta Alzada en todo lo que no fuera materia del recurso extraordinario.

Así lo voto.

La Dra. Barbieri dijo:

Aunque no con todos los fundamentos, adhiero en el caso a la solución propiciada por el colega preopinante.

Así mi voto.

El Dr. Gabriel G. Rolleri dijo:

Adhiero, en este especial caso, a la solución propuesta por el distinguido vocal preopinante en todo en cuanto propone, aunque no con todos sus fundamentos.

Tal mi voto.

Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, 17 de mayo de 2021.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

I. Modificar el decisorio de grado y condenar solidariamente con la coaccionada Bacci a la codemandada Gas Natural BAN SA, con costas de ambas instancias (conf. cpr 68).

II. Desestimar la petición de la actora consistente en la imposición de una multa civil a la firma codemandada Gas Natural BAN SA.

III. Hacer extensiva la condena a la citada en garantía Mapfre Argentina Seguros Sociedad Anónima en la medida del seguro.

IV. Mantener lo demás decidido en el pronunciamiento de la sala J de esta Alzada en todo lo que no fuera materia del recurso extraordinario. V. Diferir la regulación de honorarios profesionales hasta tanto sean fijados los correspondientes a la instancia de grado.

Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Por ante mí, que doy fe. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

GASTON MATIAS POLO OLIVERA

PATRICIA BARBIERI

GABRIEL GERARDO ROLLERI

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