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#Fallos Embarazo sin cobertura: Responsabilidad de la obra social por haber dejado sin cobertura a la embarazada quien necesitaba una atención especial ya que había perdido embarazos previos

Partes: L. R. V. c/ Asociación Mutual Sancor s/ daños y perj. incump. contractual (exc. estado)

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón

Fecha: 23-mar-2021

Cita: MJ-JU-M-131237-AR | MJJ131237 | MJJ131237

Responsabilidad de la obra social demandada por haber dejado sin cobertura médica a la actora, embarazada y con una problemática que exigía una atención especial, ya que había perdido embarazos previos. Cuadro de rubros indemnizatorios.


Sumario:

1.-Corresponde declarar desierto el recurso de apelación deducido contra la atribución de responsabilidad a la obra social demandada por haber dejado sin cobertura médica a la actora, embarazada y con una problemática que exigía una atención especial, ya que había perdido embarazos previos; ello, pues ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes, sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.

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2.-Una cosa es que en caso de duda quepa inclinarse por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa, es que se sustituya la actividad de la parte y se ingrese en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.

3.-Cabe acoger el daño punitivo reclamado, pues si corresponde -por imperio convencional y constitucional- dispensar una adecuada protección a la mujer, más aun cuando cursa una etapa tan sensible como lo es la de gestación y todavía más si es una mujer que ha sufrido, antes, lo que implica la pérdida de otros embarazos, es imprescindible que el estado, en todas sus órbitas, reaccione intensamente ante este tipo de abusos.

Fallo:

Con fecha 23 de Marzo de 2021, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este actopor el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: «L. R. V. C/ ASOCIACION MUTUAL SANCOR S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)» Causa Nº MO-41224-2015, habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:

CUESTION

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

VOTACION A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, dijo:

1) El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 Departamental con fecha 6 de Julio de 2020 decidió hacer lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen. Apela la demandada, su recurso se concede libremente y se funda con la expresión de agravios de fecha 3 de Septiembre de 2020, que no ha sido contestada.La accionada se queja de que se haya admitido la pretensión en su contra, de lo decidido en cuanto al rubro y tratamiento psicológico, de la procedencia y cuantía del daño moral y de la imposición de una multa por daño punitivo. También objeta la forma en que se mandan a calcular los intereses y la imposición de costas. Con fecha 22 de Octubre de 2020 se llaman «autos para sentencia», procediéndose luego al sorteo del orden de estudio y votación.

2) Descripta así la cuestión, he de comenzar a dar tratamiento a los agravios. Y en tal sentido, entiendo que las quejas vinculadas con la atribución de responsabilidad, para nada sortean la valla del art. 260 del CPCC. En este sentido, es dable recordar que esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S.147/94, entre otras).- El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio tantum devolutum quantum apellatum, hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.- Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).- La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.- Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en «Técnica de los Recursos Ordinarios», págs. 442/446).- Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf.Causa nº 22.549, R.S. 89/89).- La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).- Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).- Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación del quejoso en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const.Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.- Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa, es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.- En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.), quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5º ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).- En este sentido, vemos que el Sr. Juez de Grado ha hecho un análisis minucioso del caso y los elementos de convicción aportados. Luego, analizó la conducta de ambas partes. Y en cuanto al proceder de la demandada, básicamente destaca tres cosas: * Que luego de la detección del embarazo de la actora, comenzó a prestar cobertura (incluso enoxaparina) durante casi dos meses, lo que denota un expreso reconocimiento de la prestación debida, poniéndose luego en contradicción con sus propios actos * Que versando su defensa sobre la falta de aporte de la declaración jurada, no aportó la misma, ni en este proceso ni tampoco ante la autoridad administrativa, lo que fue disvaliosamente considerado por esta última * Que no solo resulta hoy imposible un pronunciamiento jurisdiccional respecto de la buena o mala fe de la accionante, sino que tampoco era lícita la intempestiva e injustificada resolución, sin que previamente la accionada acreditara que la actora obró contraviniendo el artículo 1198 del Código Civil. Pues bien, respecto de estas tres cuestiones, la quejosa no dice absolutamente nada en sus agravios.Trae una serie de consideraciones genéricas y se enfoca, únicamente, en la conducta de su contraparte, pero sin hacerse cargo de las cuestiones que el a quo le endilga y que resultaron trascendentales para que la sentencia acogiera la demanda. Luego, y quedando totalmente irrebatidos estos postulados, que resultan dirimentes en la estructura argumental del fallo, ello denota la deserción del recurso en este aspecto. Zanjada tal cuestión debo proseguir con el tratamiento de los rubros resarcitorios. Comienzo con lo atinente al daño y tratamiento psicológico. Aquí es dable señalar que nuestro ordenamiento sustantivo civil no contempla una expresa discriminación entre daño físico y daño psíquico. Por esta razón puede sostenerse-como lo hace en jurisprudencia consolidada el Superior provincial-que la expresión genérica «daño», resulta abarcativa de ambas especies de detrimentos. (SCBA, Acuerdos 58.505, 79.853, 90.471, entre muchos otros). Para tener por comprobada su existencia adquiere particular relevancia, atento sus ribetes científicos, la pericia psicológ ica (arg. artículo 457 del Código Procesal,). En los actuados, tenemos una pericia, emanada de psicóloga que -fundadamente- nos habla de un padecimiento psíquico, refiriendo un menoscabo incapacitante de entre el 5 y el 10%, aconsejando un tratamiento para la elaboración del suceso traumático (presentación del 20 de Agosto de 2017). Como decía, la pericia emana de profesional competente, está suficientemente fundada, es clara y explicativa y no existen datos (objetivos) que la contradigan (arts. 384 y 474 del CPCC). Por lo demás, no veo que la demandada hubiera formulado planteo alguno a su respecto (art. 473 del CPCC).

Sobre este piso de marcha, e ingresando a la cuestión de la eventual duplicidad resarcitoria, vemos que si bien la perito recomienda un tratamiento no señala, en ningún momento, que el mismo vaya a hacer desaparecer la incapacidad. Es cierto que nos habla de la elaboración del suceso, pero no de la remoción total del cuadro.La apelante, por otro lado, no le requirió que explique nada al respecto; podía haberlo hecho, pero permaneció silente. El Sr. Juez de Grado, a su turno, acuerda la incapacidad y el tratamiento, pero ponderando su recíproca interacción, al valorar la posibilidad de mejora. Por todo lo expuesto, entiendo que aquí no existe duplicidad resarcitoria, sino condena a resarcir un daño psicológico concreto, entendiendo que el mismo puede disminuir, aunque no desaparecer, con el tratamiento indicado. Ahora bien, en lo que hace a la cuantificación, teniendo en cuenta las circunstancias personales de la actora, la índole de la incapacidad establecida y las pautas referenciales utilizadas de este esta Sala, la suma fijada para la incapacidad ($37.500) no se perfila para nada excesiva. Y en cuanto al monto del tratamiento, computando que se han aconsejado 72 sesiones, como así también el costo -según las máximas de la experiencia- de cada sesión de terapia, entiendo que los $43.200 tampoco resultan elevados. Promoveré, en suma, la confirmación de ambas parcelas. Prosigo, entonces, con el tratamiento del rubro daño moral. Juzgando el caso a la luz del art. 522 del Código Civil vigente al momento de acontecer los hechos, el Sr. Juez de grado ha fijado para resarcir esta partida la suma de $100.000. Estimo atinado enfatizar que el eje, en torno al que gira el resarcimiento del daño moral, es el criterio de la alteración o pérdida de «la armonía vital del individuo» (mis votos, Sala I causa 57.175, Sala II, causas 57.288, 50.951, entre otros) Es decir que su funcionalidad transcurre por la reparación del desequilibrio en la normalidad existencial de la víctima, a raíz del evento dañoso. Análogo enfoque le dispensa la Casación bonaerense, quien viene sosteniendo que no cabe limitarlo al tradicional pretium doloris, sino que se extiende a todas las posibilidades-frustradas, por lógica, a raíz de la lesión-que tiene el sujeto para realizar en plenitud su proyecto de vida (Ac.78.851, entre otros). Ciertamente, su finalidad es netamente resarcitoria y no sancionatoria, por lo cual es indistinto para su fijación cual haya sido el tenor de la conducta del victimario, sino que lo trascendente es el padecimiento de la víctima. Por lo demàs, el ordenamiento jurídico no prescribe reglas fijas para su cuantificación dineraria, y aquella no tiene porque guardar una aritmética relación con la extensión y/o las particularidades, que tenga el daño físico-psíquico-estético. Tal solución obedece, a la evidente diferente teleología que tiene cada uno de estos rubros. (arg. artículos 1740, 1741 y concordantes del Código Civil y Comercial; conf. doctrina sentada por la SCBA C. 55.728, Cám. civ. y com. Departamental, mis votos en Sala II, causas 49.945, 53.694, entre muchos precedentes análogos). En casos como el presente, debe tenerse presente que los hechos pueden haber no dejado un impacto físico o psíquico permanente de consideración, pero sí generado estados de desasosiego, intranquilidad, angustia y ansiedad, en el específico contexto vivencial del reclamante (mujer, embarazada, con un problema que requiere atención y cuidados). Desde este punto de vista, valorando (objetivamente) los hechos acontecidos y las implicancias que ellos tuvieron para la accionante (incluso con repercusiones en su psiquismo), entiendo que el rubro es totalmente procedente, y la suma fijada no se perfila para nada excesiva. Poco hace la apelante, mas allá de las consideraciones de carácter genérico, para demostrar -de manera concreta y razonada- que los $100.000 fijados constituyan una suma excesiva, en el específico contexto situacional que aquí se dio. Promoveré, entonces, su confirmación.

Prosigo, ahora, con el abordaje de las quejas vinculada con el daño punitivo, que el Sr. Juez de Grado admitió, fijándolo en la suma de $500.000. Cabe entonces recordar que el art.52bis de la ley 24.240 establece que «al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan».- Es la figura de los daños punitivos.- Tratándose de una cantidad de dinero que se ordena pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños experimentados, cuya teleología es la de sancionar la inconducta de los proveedores de bienes y servicios, como así también la de prevenir hechos similares en el futuro. Precisamente, conviene puntualizar que, dada la funcionalidad que tiene el daño punitivo -como se dijo punitiva y disuasoria de la realización de conductas perjudiciales para el consumidor- su importe es independiente de otras indemnizaciones que se fijen (esta Sala en causa MO 36.304 15 R.S. 326/2019).- Insiste la apelante en su procedencia, y reedita -aquí- cuestiones vinculadas con su responsabilidad. Lo atinente a la responsabilidad fue abordado por el a quo en su fallo, y por nosotros en el presente. Concluíamos que su recurso no era suficiente, por cuanto la quejosa solo se había enfocado en la conducta de la actora, sin hacerse cargo de las circunstancias en virtud de las cuales el Sr. Juez de Grado consideró que la recurrente no había obrado de buena fe. Aquí insiste la apelante con lo mismo, pero sigue sin hacerse cargo de aquellas circunstancias que el Sr. Juez de Grado le endilgó. Me detengo para poner las cosas en perspectiva: de lo que estamos hablando aquí es de dejar sin cobertura médica, indebidamente, a una mujer, embarazada y con una problemática que exigía una atención especial. De hecho, la actora había perdido embarazos previos y la apelante no tuvo mejor idea que, aun luego de comenzar a brindarle atención, decidir rescindir su contrato.En todo caso, podía haber intentado alguna otra vía, vinculada -si lo consideraba viable- con el monto a abonar. Pero, directamente, RESCINDE EL CONTRATO. Volvamos una vez mas: a una mujer embarazada, que ya había perdido embarazos previos. Y el «enorme perjuicio» del que se habla en los agravios, no es mas que una situación económica y patrimonial, para una empresa de envergadura considerable. La gravedad de la conducta está a la vista. Es que no podemos observar este tipo de cuestiones desde un lente genérico o un mirador abstracto (argumentando sobre los daños punitivos en general) sino observando las cosas en concreto.

Por lo demás, los daños punitivos no constituyen una isla en nuestro ordenamiento jurídico, sino que es necesario hacerlos jugar en un contexto global. Así entonces, y si resulta -por imperio convencional y constitucionaldispensar una adecuada protección a la mujer, mas aun cuando cursa una etapa tan sensible como lo es la de gestación y todavía mas si es una mujer que ha sufrido, antes, lo que implica la pérdida de otros embarazos, es imprescindible que el estado, en todas sus órbitas, reaccione intensamente ante este tipo de abusos. En efecto: si la Constitución Nacional nos habla de la protección a la mujer embarazada (art. 75 inc. 23) y lo propio nos indican las convenciones internacionales (art. 12.2 CEDAW), y encuentra su desenvolvimiento normativo en la ley 25.929, no pueden convalidarse temperamentos, de ningún tipo, que impliquen una desprotección en este sentido o un trato indebido hacia la mujer embarazada. De poco sirve, desde mi punto de vista, que las normas enuncien, y declamen, protección en un plano abstracto, si luego -en los hechos- ello no se hace efectivo por las autoridades encargadas de aplicarlas. La protección a la mujer debe operarse cada día, todos los días y en las diversas facetas de actuación de todos los poderes del estado. Consecuentemente, me parece no solo legal (art.52bis cit.) sino también axiológicamente valioso que se hayan acogido los daños punitivos. Afortunadamente, las consecuencias -aquí- no han sido de mayor gravedad para la actora y para su hija, pero el estado de desprotección que implica el haber quedado sin cobertura médica, puede haber sido mucho mayor. Y justamente para evitar este tipo de cuestiones, en el futuro y con otras mujeres, es que aquí los daños punitivos entran en juego.

Por lo demás, vemos en los agravios alguna objeción (tibia) en cuanto a su monto. El tema de la cuantificación de los montos por daños punitivos es complejo y lo hemos abordado en esta Sala con anterioridad.- Se decía en la Causa MO-7262-2015 R.S. 218/2017 cuando se pretendía la cuantificación del rubro mediante el uso de una fórmula matemática, descartamos aquella posibilidad y sostuvimos que «III. Descartada, entonces, la utilización de la fórmula propuesta por mi colega, solo nos queda ejercer esa discrecionalidad, atendiendo a «la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso» -que son las únicas y raquíticas pautas contenidas en el art. 52 bis de la ley 24240-, a las que pueden añadirse otras formuladas por la doctrina para especificarlas, y q ue resultan de la finalidad misma del instituto (arts. 1 y 2 CCiv.Com). O sea, no existen pautas matemáticas para efectuar la cuantificación (sencillamente porque en este tipo de procesos carecemos de ella), sino que debemos operar con apoyatura en las circunstancias del caso, y especialmente en la gravedad de la situación.- Pues bien, a la luz de lo expuesto y todo lo que he descripto (fundamentalmente, el haber dejado sin cobertura a quien era destinataria de una protección especial y se hallaba en una compleja situación), teniendo en cuenta -incluso- las condiciones personales de la demandada, la suma de $500.000 no parece para nada excesiva, sino mas bien reducida. Con todo, y no existiendo agravios sobre el tema de parte de la actora, promoveré su confirmación.Se queja la apelante de la forma del cómputo de los intereses.

En esencia, dice que por tratarse de una deuda de valor y fijarse el monto a valores actuales, no corresponde el aditamento de intereses. No le asiste razón. Lo que dispara el cómputo de los intereses es la mora; que, en casos como el presente, aflora por la producción del daño en si mismo (arts. 509 y ccdtes. C. Civil; esta Sala en causa 46184 R.S. 215/02, entre otras). A todo evento, el hecho de fijarse los montos a valores actuales puede repercutir en la tasa que se mande a abonar, pero no en la obligación de abonarlos. Y, justamente, es lo que ha hecho aquí el Sr. Juez de Grado, en seguimiento de la doctrina sentada por la Suprema Corte de Justicia Provincial en los casos «Vera» (Causa C 120.536), «Nidera» (Causa C 121.138) y, mas actualmente, «Paredes» (causa C 123.090). Luego, y por tales razones, habré de proponer la confirmación del fallo también en este aspecto. Se queja la recurrente, por último, de la imposición de costas; pero no nos da ningún argumento específico (art. 260 del CPCC). Por ello, y como propondré que se confirme el fallo en cuanto admite la demanda en su contra, promoveré asimismo la confirmación de la imposición de costas a su cargo, en su carácter de vencida (art. 68 del CPCC). En suma, y por lo expuesto, promoveré la declaración de deserción del recurso en cuanto a la atribución de responsabilidad y la confirmación del fallo apelado, en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio, con costas a la apelante (art. 68 del CPCC). Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por LA AFIRMATIVA A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor JORDA.Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

SENTENCIA

AUTOS Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE DECLARA DESIERTO el recurso de apelación interpuesto en cuanto a la atribución de responsabilidad y SE CONFIRMA el fallo apelado, en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio. Costas de alzada, a la apelante vencida (art. 68 del CPCC).- SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 3991, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES. 23351118814@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR 23247542019@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE, HACIENDO SABER A LAS PARTES QUE SI ALGUNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA RESULTARA ADMISIBLE DEBERA PRESENTARSELA ANTE ESTE TRIBUNAL (ART. 279 CPCC) Y QUE, EN CASO DE SER NECESARIO, ESTA SALA REQUERIRA LA REMISION DE LOS OBRADOS A LA INSTANCIA DE ORIGEN REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 23/03/2021 12:30:11 – JORDÁ Roberto Camilo – JUEZ

Funcionario Firmante: 23/03/2021 12:37:26 – GALLO José Luis – JUEZ

Funcionario Firmante: 23/03/2021 12:38:52 – QUADRI Gabriel Hernan – SECRETARIO DE CÁMARA

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