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#Fallos Retención del 35%: Se multa a una firma aerocomercial por incumplir el acuerdo conciliatorio en el que debía resarcir a un cliente que denunció que aquella omitió declarar la percepción del impuesto a las ganancias ante la AFIP

Partes: Lan Airlines S.A. Sucursal Argentina c/ DNDC s/ defensa del consumidor – ley 24240

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 25-feb-2021

Cita: MJ-JU-M-131039-AR | MJJ131039 | MJJ131039

Procede la multa a la firma aerocomercial que incumplió un acuerdo conciliatorio en el que se comprometió a resarcir a un cliente que había denunciado la omisión en declarar la percepción del impuesto a las ganancias de la operación de transporte de pasajeros al exterior y que por tal motivo la AFIP le negó la devolución.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la multa por el incumplimiento del acuerdo conciliatorio homologado, en función del cual la firma compensaría al consumidor que había manifestado ante la Dirección del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) que la firma actora habría omitido declarar ante la AFIP la percepción del impuesto a las ganancias equivalente al 35% de la operación de transporte de pasajeros al exterior y que por dicha razón el organismo recaudador le negó la devolución solicitada, pues el art. 46 de la Ley 24.240 es clara en cuanto establece que el incumplimiento de los acuerdos se considera violación a la ley.

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2.-Debe confirmarse la sanción impuesta a la firma aerocomercial que incumplió con el acuerdo conciliatorio homologado pues el art. 46 de la Ley 24.240 dispone que el incumplimiento de los acuerdos conciliatorios se considerará violación a esta ley y que el infractor será pasible de sanciones, y dicha norma, que es clara y no admite ningún tipo de excepción, obligaba a la actora a cumplir con los términos del acuerdo conciliatorio que suscribió con su cliente y que fue homologado por la demandada; máxime siendo que debe tenerse en cuenta que la sola verificación de la omisión de la conducta impuesta en el citado art. es motivo suficiente para hacer nacer la responsabilidad, y tampoco se requiere de la producción de un daño concreto.

3.-El planteo de inconstitucionalidad de la Ley 26.993 , sustentado en la ausencia de una instancia previa en que se fijó la sanción que permitiese el ejercicio del derecho de defensa, debe ser desestimado, pues si bien es cierto que el incumplimiento de los acuerdos conciliatorios comporta una infracción al art. 46 de la ley 24.240, también es cierto que el procedimiento por medio del cual se sanciona al infractor se rige por las pautas establecidas en las normas que prevén expresamente la obligación de correr traslado para que presente su descargo, y ese paso procedimental fue cumplido por la demandada, que ante al silencio guardado por la actora respecto de la intimación cursada mediante correo electrónico a dar cumplimiento con el acuerdo, emitió una providencia por la que dispuso que las actuaciones prosiguieran ‘conforme lo estipulado en los art. 46 de la Ley Nº 24.240 y art. 19 de la Ley Nº 26.993’, cuya notificación formalizó al domicilio electrónico constituido.

Fallo:

Buenos Aires, 25 de febrero de 2021

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que la firma Lan Airlines Group (en adelante LAN) interpone recurso (fs. 54/63, cuyo traslado fue contestado a fs. 90/101) contra la disposición DI-2019-5-APN-DNDC#MPYT (fs.48/52) que le impuso una sanción de $ 100.000 por haber infringido el artículo 46 de la ley 24.240 en razón de no haber cumplido con el acuerdo que firmó con el denunciante, homologado el 7 de marzo de 2017.

Las actuaciones administrativas se iniciaron a raíz del reclamo que formuló el señor Javier Alejandro Peredo en el sitio web http://www.consumoprotegido.gob.ar y que fue procesado por la Dirección del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) el 13 de noviembre de 2016 (fs. 1 /2). El consumidor manifestó que: (i) en diciembre de 2014 compró a la firma LAN pasajes de avión; (ii) dicha empresa omitió declarar ante la AFIP la percepción del impuesto a las ganancias equivalente al 35 % de la operación de transporte de pasajeros al exterior; (iii) por dicha razón el organismo recaudador le negó la devolución solicitada; (iv) LAN no le brindó solución alguna pese a los diversos reclamos efectuados; y (v) debía devolverse el dinero adeudado y obtener un resarcimiento por los gastos y las molestias ocasionadas.

II. Que al fundar la sanción la DNDC consideró que:

1. El 10 de febrero de 2017 (fs. 5) se celebró un acuerdo de conciliación entre las partes en el que LAN: (a) informó que cumplió con su obligación de declarar ante la AFIP la percepción del 35 % en concepto de impuesto a las ganancias con anterioridad a la denuncia del consumidor; (b) se comprometió a abonar al cliente la suma de $ 3.500 en concepto de compensación por la demora incurrida mediante una transferencia bancaria dentro de los quince días hábiles de la firma del acuerdo.

2. El 7 de marzo de 2017 (fs.12/13) la directora del COPREC homologó dicho acuerdo.

3. Ese mismo día (fs. 14/19) se notificó a las dos partes y a la conciliadora la homologación del acuerdo mediante correo electrónico.

4. El 28 de diciembre de 2017 (fs. 21) el consumidor denunció que LAN no cumplió con el acuerdo.

5. El 26 de febrero de 2018 (fs. 28) LAN fue intimada a acreditar el cumplimiento del acuerdo en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de sanción en los términos del artículo 46 de la ley 24.240 (según el artículo 19 de la ley 26.993).

6. El 29 de junio de 2018 (fs. 31) el COPREC ordenó que las actuaciones prosiguiesen según su estado, en virtud de la denuncia efectuada por el consumidor y dada la falta de respuesta de LAN.

7. El incumplimiento del acuerdo implica una conducta displicente a la expectativa del consumidor y habilita directamente a la autoridad de aplicación a aplicar las sanciones previstas en la ley 24.240.

8. Dicha infracción reviste el carácter de formal, dado que la sola verificación de los hechos hace nacer la responsabilidad del infractor.

9. A los fines de la graduación de la multa, «no puede considerarse arbitraria la sanción si resulta comprendida dentro de los montos fijados por la ley nº 24.240».

III. Que la firma recurrente sostiene que:

1. La ley 26.993 es inconstitucional en tanto la imposición de la multa carece de una instancia previa que permita ejercer el derecho de defensa.

2. Debe declararse la nulidad del procedimiento por afectación del debido proceso legal. No se realizó una imputación en concreto y la homologación del acuerdo no le fue notificada.

Tampoco recibió una intimación a los efectos de acreditar su cumplimiento.

La presentación de una copia del correo electrónico supuestamente enviado no prueba dicho extremo.

3. El quantum es desproporcionado.

IV.Que la nulidad planteada sobre la base de una afectación de la garantía del debido proceso es inconsistente si se tiene en cuenta que no se advierte una ausencia de justificación fáctica y jurídica en la actividad de la administración.

La decisión impugnada relata y especifica los hechos, y determina el reproche en virtud del cual LAN fue sancionada.

Es sabido que para que proceda la pretensión de nulidad del acto sancionatorio en razón del argumento invocado, la recurrente debe demostrar el perjuicio que sufrió y que no es idónea la manifestación genérica acerca de que fue afectada su defensa plena y eficaz.

En este sentido, la copia impresa de la notificación efectuada mediante correo electrónico por la que se intimó a LAN a dar cumplimiento al acuerdo (fs. 29) es una constancia que desvirtúa las manifestaciones que intentan desconocerla. En efecto:

(i) El artículo 10 de la ley 26.993 que creó el COPREC, establece que «[e]n la primera audiencia las partes constituirán una dirección de correo electrónico a la que serán remitidas las notificaciones posteriores.». La intimación enviada al domicilio electrónico de LAN forma parte del reclamo iniciado por el denunciante, que tramitó de acuerdo con las normas del COPREC.

(ii) El apartado O) del punto 2 del anexo II de la resolución 48/2015, dispone que «[l]as cuentas de usuario generadas no caducarán por ningún motivo distinto a la solicitud de baja de usuario».

(iii) El artículo 2º de la resolución 616/2020 de la Secretaría de Comercio Interior establece que al efectuar el trámite de alta en el COPREC los consumidores consignarán una única dirección de correo electrónico en la que serán consideradas válidas todas las notificaciones que se cursen en el marco del COPREC.

V.Que el planteo de inconstitucionalidad de la ley 26.993, que fue sustentado en la ausencia de una instancia previa en que se fijó la sanción que permitiese el ejercicio del derecho de defensa, debe ser desestimado.

El artículo 19 de dicha ley establece que ante el incumplimiento de un acuerdo firmado en el COPREC y debidamente homologado serán aplicables las previsiones contenidas en el artículo 46 de la ley 24.240. Cabe resaltar que las normas aludidas fueron transcriptas en la notificación de fs. 29, aludida en el considerando anterior.

En este sentido, debe señalarse que si bien es cierto que el incumplimiento de los acuerdos conciliatorios comporta una infracción al artículo 46 de la ley 24.240, también es cierto que el procedimiento por medio del cual se sanciona al infractor se rige por las pautas establecidas en las normas que prevén expresamente la obligación de correr traslado para que presente su descargo (esta sala, causa nº 37999/2019 «Latam Airlines Group SA», pronunciamiento del 17 de julio de 2020; y su cita de Sala II, causa «Latam Airlines Group SA c/ DNCI s/ Defensa del Consumidor – Ley 24.240- art. 45», pronunciamiento del 12 de septiembre de 2019). Ese paso procedimental fue cumplido por la DNDC, que ante al silencio guardado por LAN respecto de la intimación cursada mediante correo electrónico a dar cumplimiento con el acuerdo (fs.29), emitió la providencia de fs. 31 por la que dispuso que las actuaciones prosiguieran «conforme lo estipulado en los Art. 46 de la Ley Nº 24.240 y Art. 19 de la Ley Nº 26.993», cuya notificación formalizó al domicilio electrónico constituido por LAN (ver constancias de fs.32/33).

Por tal razón, las objeciones, desde esa perspectiva planteada por LAN, no pueden ser admitidas.

Cabe recordar que la Corte Suprema ha enfatizado que la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la razón última del orden jurídico, por lo que requiere inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto y sólo cabe acudir a ella cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución Nacional (Fallos:256:602; 258:255; 302:166; 316:188, 1718 y 2624; 319:3148; 321:441 y 1888 ; 322:842 y 919; 324:920 ; 325:1922 ; 330:855 y 5345 ; y 333:447, entre muchos otros).

VI. Que el artículo 46 de la ley 24.240 dispone que «[e]l incumplimiento de los acuerdos conciliatorios se considerará violación a esta ley. En tal caso, el infractor será pasible de las sanciones establecidas en la presente, sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes hubieran acordado».

Dicha norma, que es clara y no admite ningún tipo de excepción, obligaba al LAN a cumplir con los términos del acuerdo conciliatorio que suscribió con su cliente y que fue homologado por la DNDC.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la sola verificación de la omisión de la conducta impuesta en el artículo 46 de la ley 24.240 -según una apreciación objetiva- es motivo suficiente para hacer nacer la responsabilidad. Tampoco se requiere de la producción de un daño concreto (esta sala, causa nº 7830/2019 «Banco de Servicios Financieros SA c/ DNCI s/ Defensa del Consumidor – Ley 24240 – Art.45», pronunciamiento del 8 de agosto de 2019; y sus citas de «Volkswagen Argentina», «Inc S.A.», «Falabella S.A.», «Banco Macro S.A.», «Telecentro S.A.», «Fen Group» y «Jumbo Retail Argentina S.A.», pronunciamientos del 21 de agosto, del 8 de noviembre y 6 de diciembre de 2012, del 19 de marzo de 2013, 20 de mayo y del 9 de septiembre de 2014 y del 11 de octubre de 2018, respectivamente).

VII. Que con relación al quantum de la multa impuesta, cabe recordar que su determinación pertenece -en principio- al ámbito de las facultades discrecionales de la autoridad administrativa y sólo es revisable en caso de ilegitimidad (esta sala, causas «Biogénesis Bagó», «Emprendimientos 2001 SRL», «Cerámica Alberdi S.A.», «AMX Argentina S.A.», «General Motors de Argentina SRL», «Coto Centro Integral de Comercialización SA», «Cervecería y Maltería Quilmes SAICA y G», «Pinturerías REX S.A.», «Establecimiento Las Marías SACIF y A» y «Gimnasios Argentinos S.A», pronunciamientos del 1º y del 19 de diciembre de 2011, del 10 de mayo de 2016, del 16 de mayo y del 13 de julio de 2017, del 7 de marzo de 2018 y del 19 de octubre de 2019, respectivamente).

El quantum no es arbit rario en el caso, pues para su graduación la autoridad de aplicación ponderó adecuadamente: (i) las características del bien ofrecido y la posición de la infractora en el mercado; (ii) el grado de responsabilidad de la firma sumariada en la comisión de la infracción; (iii) el carácter ejemplar y disuasivo de la medida sancionatoria y el informe de antecedentes (fs. 35).

Dicho informe muestra una conducta reiterada de LAN en la comisión de este tipo de infracciones, que refuerza el criterio utilizado por la DNDC para graduar la multa del modo en que lo hizo.

En consecuencia, no se advierte que la DNDC haya excedido los límites de razonabilidad exigible para la valoración de los hechos ni un exceso en la punición que permita apartarse de la cuantificación de la multa impuesta.

VIII.Que, en suma, corresponde confirmar la disposición nº DI-2019-5-APN-DNDC#MPYT, con costas (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

IX. Que en función de la naturaleza del proceso, su monto -que viene dado en el caso por el importe de la multa cuestionada en autos-, el mérito, la calidad y la extensión de la labor desarrollada a la luz del resultado obtenido, corresponde FIJAR los honorarios de las profesionales intervinientes por la parte demandada en 2,60 UMA -equivalentes a la suma de $ 10.041 de conformidad con los valores establecidos en la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nº 1/2021- a favor de la Dra. Julia Luz Borzone (letrada patrocinante) y en 1,04 UMA-equivalentes a la suma de $ 4.016 según los valores de la referida acordada- a la Dra. Verónica Laura Treviño (letrada apoderada) por la contestación del recurso directo (arts. 16, 20, 21, 29, 44 y demás c.c. de la ley 27.423).

En mérito de las razones expuestas, el Tribunal RESUELVE:

i. Desestimar el recurso interpuesto por LAN y, en su consecuencia, confirmar la sanción aplicada, con costas.

ii. Regular los honorarios con el alcance establecido en el considerando IX.

La jueza Liliana María Heiland no suscribe la presente por haber solicitado licencia por cuestiones de salud.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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