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#Fallos Accidente por doble fila: Si bien la detención de un vehículo en doble fila está prohibida, no es posible conectar la responsabilidad del taxista con el hecho, pues resultó ser una mera condición y no una causa del accidente

Partes: Bueno Alejandra María de Luján c/ Iraola M. Gonzalo y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 11-feb-2021

Cita: MJ-JU-M-130600-AR | MJJ130600 | MJJ130600

Si bien la detención de un vehículo en doble fila está prohibida, es imposible conectar la responsabilidad del taxista con el hecho, pues resultó ser una mera condición y no una causa del accidente. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Resulta inviable conectar la responsabilidad del chofer del medio de transporte, pues la momentánea detención del taxímetro en doble fila, no tiene más relevancia que la de una mera condición que, por las circunstancias de tiempo y lugar, de ningún modo podría ser elevada al rol de causa o con causa del resultado, de la que sólo es tributaria la conducta adoptada en la emergencia por el demandado.

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2.-Corresponde declarar desierto el recurso interpuesto por la parte actora respecto de la eximición de responsabilidad al propietario y al conductor del taxi en el que viajaba, pues si bien es cierto que el art. 48, inc. i de la Ley 24.449 prohíbe la detención irregular sobre la calzada, el estacionamiento sobre la banquina y la detención en ella sin ocurrir emergencia, en sede penal quedó claro que el taxi se encontraba detenido en doble fila, pero que ello no se produjo de manera abrupta y a poca distancia del otro vehículo, ya que antes de la colisión medió tiempo suficiente como para que una persona mayor de edad -el padre de la actora- abriera la puerta y descendiera en forma completa de aquel.

3.-Si el hecho del tercero, en el caso la conducta observada por el conductor del vehículo particular, resulta ser de manera exclusiva la causa adecuada del accidente de acuerdo a lo que prescribe el art. 906 y ccdtes. del CC., deviene inadmisible extenderle la responsabilidad al transportista, cuya conducta carece de incidencia causal en la producción del accidente, de conformidad con las circunstancias que lo rodearon.

4.-Se impone la deserción del recurso acerca de lo cuestionado sobre el ‘trastorno por estrés postraumático con componentes depresivos – fóbicos’, respecto de la accionante, al que aluden los nombrados apelantes, ya que no se han esgrimido argumentos que autoricen prescindir de la opinión del perito, ni razones que pongan en evidencia el yerro en el que incurriera el magistrado al aceptar esas conclusiones, y computar la incapacidad permanente de esta índole para justificar la procedencia de la indemnización y su cuantía.

5.-Todo daño inferido a la persona corresponde apreciarlo en lo que representa como alteración o afectación no sólo del cuerpo sino también delámbito psíquico del individuo, con el consiguiente quebranto de la personalidad, de manera que importe también este un menoscabo a la salud, considerada en su aspecto integral y computándose también la incidencia o repercusión que todo ello en alguna medida puede aparejar sobre la vidade relación de aquél.

6.-La lesión de la psiquis de la actora, lo mismo que cuando ella afecta la integridad física, no constituye un perjuicio autónomo y distinto de la incapacidad sobreviniente, toda vez que se trata de lesiones -causadas en la estructura psíquica- que producen una merma en la capacidad del sujeto para realizar actividades patrimonialmente mensurables, y es esta merma lo que en definitiva constituye el daño resarcible, no siendo autónomo dentro de la categoría de daños materiales y morales y puede influir en una u otra área o en ambas a la vez.

7.-Aunque conceptualmente autónomo, no constituye un tercer género de daños a los fines de su indemnización, ya que, en forma indistinta o simultánea, puede constituir un daño patrimonial, emergente o lucro cesante, por las erogaciones de asistencia psicológica y psiquiátrica y farmacológica, y por la incapacidad transitoria o permanente que pueda producir, y a la vez un daño moral por los dolores, molestias y padecimientos extrapatrimoniales.

9.-Por daño psicológico se entiende, los disturbios que afectan el comportamiento general del individuo, con connotaciones de índole patológica que disminuyen sus aptitudes para el trabajo o inciden en la vida de relación, Importa una merma o disminución en el rendimiento o capacidad psíquica, por alteración profunda de la estructura vital de la personalidad de la víctima y supone una perturbación patológica de la personalidad de la víctima que altera su equilibrio básico o agrava un desequilibrio precedente.

10.-Corresponde revocar la sentencia y admitir la demanda contra el dueño del vehículo con el que se produjo el accidente, que fuera dejado en el taller del codemandado, porque la huella de frenada de aproximadamente 10 metros de longitud, es insuficiente como dato para reputar que al momento del hecho el automóvil fue utilizado para una finalidad distinta para la que fue dado el consentimiento o en un exceso de la autorización tal, que justifique tener por conformada la mencionada causal de eximición de responsabilidad.

11.-Toda vez que por la mecánica del accidente se demuestra su imprudencia, pero que con arreglo al criterio hermenéutico restrictivo, exigen mantener la responsabilidad del titular de dominio del rodado, por haberse producido el hecho en el marco de la actividad de prueba autorizada, y sin que medien elementos de juicio en calidad y cantidad suficientes para avalar la conclusión del juez, y considerar que medió un uso contrario o en exceso de tal autorización, suficiente para catapultar la conducta del tallerista fuera del ámbito de la voluntad presunta del propietario.

12.-Debe rechazarse el planteo de la aseguradora y por lo tanto, la responsabilidad debe hacerse extensiva a la misma, en los términos del contrato de seguro (art. 118 de la Ley 17.418) pues la pretensión de la aseguradora de subsumir el supuesto de autos a la hipótesis normal u ordinaria del conductor autorizado que provoca daños, despojando a su asegurado de toda cobertura al encuadrar su conducta en la citada cláusula de la póliza, constituye una conducta abusiva, reñida con la buena fe que debe primar en la interpretación de los contratos, al pretender extender la caducidad a una hipótesis que ella no tuvo en miras contemplar, en discordancia con el criterio restrictivo que debe primar en la materia.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 11 días del mes de febrero de dos mil veintiuno reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala «D», para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: «BUENO, Alejandra María de Luján c/ IRAOLA, M. Gonzalo y otros s/ Daños y perjuicios» (Expte. 108.615/2007) y los autos «MARCOS, Marcelo Rodolfo y otro c/ IRAOLA, M. Gonzalo y otros s/ Daños y perjuicios» (Expte. N° 111.062/2007) , el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apeladá Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores, Juan Pablo Rodríguez- G. Matías Polo Olivera- Patricia Barbieri-.

A la cuestión planteada el Doctor Rodríguez dijo:

I. En la sentencia única dictada por el Sr. Juez de primera instancia en el expediente «BUENO, Alejandra María de Luján c/ IRAOLA, M. Gonzalo y otros s/ Daños y perjuicios» (Expte. 108.615/2007) y en los autos «MARCOS, Marcelo Rodolfo y otro c/ IRAOLA, M. Gonzalo y otros s/ Daños y perjuicios» (Expte. N° 111.062/2007), respecto del primero: 1) Hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta contra M. Gonzalo Iraola, mientras que la rechazó respecto a Ernesto Mario Bujbinder, Néstor Atilio Pérez, Marcelo Rodolfo Marcos y La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada, con costas a cargo del demandado derrotado. En consecuencia, condenó a M. Gonzalo Iraola a pagar a Alejandra María de Luján Bueno, dentro del plazo de 10 días, la suma de $ 237.700, con más los intereses que se computarán según lo establecido en el considerando respectivo. En el otro expediente acumulado: 1) Rechazó las excepciones planteadas por Matías Ismael Iraola, con costas a su cargo, e hizo parcialmente lugar a la demanda contra M.Gonzalo Iraola y Matías Ismael Iraola, mientras que la rechazó contra Ernesto Mario Bujbinder y La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada, con costas a cargo de los demandados derrotados. Por ende, ordenó que los condenados paguen, en forma indistinta o concurrente, dentro del plazo de 10 días, la suma de $ 305.000 a Néstor Atilio Pérez y la de $13.776,21 a Marcelo Rodolfo Marcos, con más los intereses que se computarán según lo establecido en el considerando respectivo.

Contra dicho pronunciamiento se alzan los actores Bueno, Pérez y los demandados condenados, quienes expresaron sus agravios en formato digital, respondidos por Pérez y la aseguradora en la misma forma

II. Los agravios.

María del Lujan Bueno se agravia en primer lugar porque en la sentencia se rechazó la demandada contra MARCELO RODOLFO MARCOS y contra ATILIO NESTOR PEREZ, por considerar que ambos han logrado acreditar una eximente de responsabilidad, con base en las constancias de la causa penal, de donde surgiría la exclusiva responsabilidad del hecho de autos en cabeza del co-demandado Iraola.

Postula que el vínculo jurídico existente entre ella y el Sr. Atilio Néstor Pérez ha sido la de usuaria de un servicio de transporte oneroso y como tal el conductor tenía la obligación de transportar a la pasajera sana y salva hasta su lugar de destino, extremo que no aconteció en autos. Se trata de una relación cuyo encuadre jurídico se encuentra dado por el Art.184 – 1 parte del Código Comercio; pero que en autos deviene inaplicable, como lo ha hecho el Juez A-quo, la 2a parte de la norma en cuestión, en cuanto considera que se da el supuesto del hecho de un tercero (el codemandado Iraola) por quien no deben responder ni Pérez ni Marcos.

Realiza una explicación del riesgo como factor de atribución de responsabilidad, para luego señalar que éste también se presenta cuando la colisión es generada por un vehículo detenido o estacionado en forma antirreglamentaria o en lugar prohibido o inadecuado de la vía pública, extremo acontecido con relación al taxi en el cual se encontraba al momento del accidente, conducido por el accionado Pérez y de titularidad del co-demandado Marcos.

Se queja por cuanto reputa que el Sr. Juez realiza una desacertada interpretación de la eximente de responsabilidad de ambos codemandados y no analiza que como surge de las constancias de autos y de la causa penal se puede verificar que el taxi en el cual viajaba había estacionado para que los pasajeros descendiesen del mismo en total violación a lo presupuestado por el art. 49 de la Ley 24449, habiéndolo hecho en doble fila, lo cual agravó la posibilidad de un daño o accidente como el acaecido, circunstancia que demuestra que Pérez (conductor del taxi) no arbitró las medidas necesarias de seguridad a su alcance, a fin de evitar daños previsibles o evitables. Refuerza, que claramente, para quien maneja un vehículo y más aún de manera profesional como el demandado recién nombrado, debía prever la posibilidad de que si estacionaba en doble fila aumentaba las posibilidades de un accidente, lo que implica incumplir su obligación de seguridad hacia el pasajero.

Fundamenta en que el inc. b. del citado artículo establece que «. No se debe estacionar ni autorizarse el mismo: 1.En todo lugar donde se pueda afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o se oculte la señalización.», lo que comprende al estacionamiento en doble fila, una modalidad que perjudica a diferentes actores de la vía pública y que implica un alto riesgo de accidentes. Estacionar en doble fila no está permitido y tiene multa.

Es sin dudas, una falta grave porque obstaculiza la circulación, pero por sobre todas las cosas porque agrava la posibilidad de un accidente.

En conclusión, alega que el obrar negligente y hasta imprudente del demandado Iraola no resulta ser un mero hecho de un tercero – imprevisible e inevitable – como se lo trató en la sentencia en crisis, y por el cual el transportista no debe responder en los términos del artículo 184 del Código de Comercio; muy por el contrario, es absolutamente previsible que en una arteria de tanto caudal de tránsito como lo es la Av Honorio Pueyrredón estacionar en doble fila agrava el riesgo de un posible accidente, extremo que debió prever el Sr.Pérez, quien incumplió el deber de seguridad que como transportista le cabe y, en consecuencia, debe responder por ello.

Añade que como consecuencia de ese obrar imprudente y negligente por parte del chofer que agravó el riesgo en detrimento de la actora, corresponde también extenderle la responsabilidad al codemandado Marcos en su doble carácter de dueño de la cosa riesgosa «taxi» y como empleador del conductor, recordando que Marcos se ha visto beneficiado económicamente con el producido del taxi en el cual se trasladaba la actora, pues estaba colocado para una actividad productiva y más aún beneficiado con el viaje en cuestión, pese a que como pasajera no vio satisfecha su finalidad de tomar un taxi y llegar sana y salva a destino.

Remata que el sentenciante omitió considerar que la responsabilidad del transportista es de naturaleza objetiva y está fundada en la obligación de seguridad, que la tendencia mayoritaria califica como obligación de resultado, como asimismo que entre el porteador y el usuario existe una relación de consumo, por lo que en estos casos se impone examinar la responsabilidad que cabe a los prestadores de servicios por los daños y perjuicios producidos a los consumidores y usuarios a la luz de las directivas de la Ley Fundamental (art. 42 CN), como así también sobre la base de los criterios establecidos por la Ley 24.240 que reglamenta aquel principio protector (art.28 CN), extremo que no ha sido considerado por el Juzgador de la Instancia anterior.

El segundo agravio esta constituido por la interpretación realizada por el juez de grado sobre la aplicación del art 184 del Código de Comercio, que califica de errónea, ya que si el pasajero reclama indemnización sobre la base de un contrato de transporte, aunque se hubiera probado que en la emergencia el daño se debió con exclusividad a la acción de un tercero, lo cierto es que no adquiere el carácter de caso fortuito frente al taxi cuando se trata de un accidente de tránsito, ya que éstos son siempre una contingencia previsible en la actividad que desarrollan los mismos como empresas transportadoras. Sabido es que el transportador que esgrime la culpa de un tercero por quien no debe responder, tiene que justificar que el conductismo de éste reviste los caracteres de caso fortuito o fuerza mayor; el choque o la colisión que pueda experimentar el vehículo de transporte público no puede ser considerado como un caso fortuito o fuerza mayor, pues es una contingencia previsible y propia de la actividad empresarial dedicada al transporte de personas o cosas. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura.

Cuestiona también el rechazo de la demanda entablada contra el dueño del vehículo particular que protagonizo el accidente. Señala que como lo ha reconocido en reiteradas ocasiones el Juez A-quo, el dueño del Ford Fiesta – Sr. Bujbinder – dejó su rodado en el taller del Sr. Iraola porque quería que se le realizara un control para un viaje que deseaba realizar. Es decir que el rodado ingresó al taller a los fines de constatar su funcionamiento mecánico, para lo cual es claramente necesario que el tallerista pruebe dicho vehículo. El Sr.Bujbinder alegó en su defensa al contestar la demanda e impugnar la pericia contable que el rodado se habría utilizado sin su consentimiento, lo que fue tomado por cierto en la sentencia, sin reparar que Bujbinder otorgó voluntariamente al tallerista su autorización para que circule con su vehículo por las calles de la ciudad asumiendo, indirectamente, la posibilidad de que pudiese acontecer un evento como el reclamado en autos Resalta que el consentimiento prestado por Bujbinder para que el tallerista maneje su rodado habría enmarcado dentro del ámbito de la prestación requerida y no a una velocidad que exceda toda pauta de prudencia por lo cual bajo el entendi miento del Magistrado, dicha utilización por parte de Iraola del rodado dominio BDS863 se habría efectuado en contra de la autorización de Bujbinder, extremo que fulmina la responsabilidad establecida por el art. 1113 CC. Califica esa digresión como una elucubración sin sustento fáctico alguno y que solo conlleva a vulnerar sus derechos.

Se queja porque considera que debió partirse del análisis concreto de las cuestiones objetivas acreditadas en autos:1) Bujbinder deja su rodado en el taller mecánico de Iraola a los fines de que se le realiza una revisión a su rodado para un viaje que pensaba realizar en el futuro; 2) como consecuencia de ello y como claramente lo expresa la sentencia en análisis, este autorizó al tallerista a conducir y/o probar su rodado; 3) que en tal contexto se produjo el accidente de autos a escasas cuadras del taller, lo que implica que claramente Iraola estaba manejando el rodado para someterlo a una prueba necesaria de modo de verificar la efectividad del rodado dejado por el cliente, pues no existe elemento alguno en la causa que permita establecer de manera indubitable y objetiva que Iraola le estaba dando una utilidad diferente; es en dicha contexto que la responsabilidad del propietario del rodado (Bujbinder) subsiste atento a que no existe elemento inobjetable que permita establecer la existencia de un desplazamiento de la guarda jurídica de la cosa.

Como quinto agravio cuestiona el rechazo de la extensión de responsabilidad de la citada en garantía en referencia a la cobertura sobre el rodado taxi dominio ECE921, porque el sentenciante entiende que al no caberle responsabilidad a Pérez y como consecuencia de ello a Marcos en el evento de autos, no correspondería evaluar la responsabilidad de la citada.Ello en función de la responsabilidad en el hecho de autos que a su juicio corresponde imponerle a ambos, lo que automáticamente genera la extensión pretendida en cabeza de la citada habida cuenta de su expresa aceptación de cobertura.

Rezonga también porque el Juez que preopinó evitó analizar la cobertura en referencia al rodado dominio BDS863 por encontrarse excluida en razón de que dicho rodado era conducido por una persona ajena al titular de la póliza.

Cita el plenario «Obarrio» (CNACiv 6/9/2011) en apoyo de su postura y de la inoponibilidad que pregona y argumenta que se omite evaluar los presupuestos fijados por la LDC, para sostener que en los seguros obligatorios -como el de automotor- las cláusulas de exclusión de cobertura desnaturalizan las obligaciones de las compañías de seguro y son inoponibles a las víctimas porque la ley tutela un interés superior que consiste en la reparación de los daños ocasionados a terceros. Reputa que no puede el Magistrado dejar de considerar como lo ha hecho la función social del seguro de responsabilidad civil, como instituto adecuado a la idea solidarista que se fundamenta en el resguardo a la víctima y a la reparación del daño injustamente padecido.

Fundamenta, que el seguro de responsabilidad civil es contratado en beneficio de la víctima y, por lo tanto, sus limitaciones desvirtúan el principio de reparación integral al que aquélla tiene derecho. En consecuencia, considera que las cláusulas contractuales limitativas de la cobertura que invoca la aseguradora y a la que el Juez ha hecho lugar resultan nulas.Como contrato de adhesión, en el contrato de seguro se debe restar valor a las cláusulas que resultan violatorias de los principios rectores, esto es, el orden público, la moral y las buenas costumbres, y es tarea del juez, resolver la cuestión teniendo en cuenta los principios generales en materia de consentimiento en los contratos y las disposiciones del Código Civil, relativas a su objeto y al ejercicio abusivo del derecho, debiéndose interpretar siempre a la luz del principio de la buena fe y, a este respecto, una de las pautas para interpretar la buena fe dentro de los contratos de seguros es determinar las «expectativas razonables» de los «consumidores de seguros.

Objeta que en el caso de autos se configura un «infraseguro» que no cumple sus finalidades: mantener indemne al asegurado y permitir que la víctima cobre la indemnización que le corresponde. Justifica la declaración de oficio de la nulidad, indicando que es procedente cuando se dan dos circunstancias: «que el vicio afecte al orden público (nulidad absoluta) y que aparezca como manifiesto en el acto (acto nulo).» Argumenta que, en principio, el seguro de responsabilidad civil se toma en forma voluntaria, y su finalidad es, también por principio, mantener indemne el patrimonio del asegurado. Pero si una ley general como es la de tránsito, convierte en obligatorio tomar un seguro de responsabilidad civil, el tomador lo hace tanto para cumplir la ley cuanto mantener indemne su patrimonio. O sea que contratar seguro deja de ser un acto jurídico en el solo interés de los contratantes, se convierte en un contrato en interés de la comunidad, en el que está en juego el orden público. Beneficiario es el sujeto pasivo agredido en sus bienes económicos y a quien la ley ha tenido en mira al compeler la contratación de seguro.De allí que, salvo que por norma de igual jerarquía se ampare en valores de peso similar a esta asignación adicional de recursos (los del asegurador, a más de los del civilmente responsable) en aras a consolidar la reparación del daño de la víctima (una suerte de garantía), mediante ley especial que confrontase con la ley general de tránsito, no podría algún otro estatuto, fuese decreto, resolución ministerial, derogar la obligatoriedad de asegurarse conforme lo estatuye el art. 68 de la ley 24.449, por lo cual la cláusula de exclusión de cobertura carece de razonabilidad.

En el quinto agravio critica el monto fijado en concepto de incapacidad sobreviniente, por estimarlo reducido, con sustento en que de la pericia médica realizada en autos a fs. 371/5 se concluye que la actora presenta una incapacidad parcial y permanente del 27% TO, lo que le provoca una inaptitud parcial para el ejercicio de la relación de dependencia, y una pérdida total de posibilidad de oferta de mercado laboral.

Añade que es sabido que la indemnización por quebranto físico emergente debe valorar la disminución de aptitudes o facultades, aunque ésta no se traduzca en una disminución de ingresos, ya que aún la limitación para realizar en plenitud quehaceres domésticos o una actividad de relación social o familiar constituye un daño indemnizable por importar una lesión a la economía de la persona, o patrimonial indirecta. Agrega en esta línea que a raíz del siniestro sufrió una rectificación de la lardosis de columna cervical debiendo utilizar collar ortopédico, realizar tratamiento kinesiológico y permanecer durante casi dos meses sin poder reintegrase a sus actividades y vida laboral con una INCAPACIDAD FISICA PARCIAL Y PERMANENTE Y UNA INEPTITUD PARCIAL DE INGRESO PARA LA RELACION DE DEPENDENCIA.

Introduce como sexta queja un ataque a la cuantía del daño moral, que reputa escasa, si se la relaciona con los padecimientos sufridos producto del accidente (ver fs.1 vta y 2 de la causa penal y 130/3 del presente proceso), para luego resaltar que fue retirada del lugar del hecho por una ambulancia del SAME con diagnóstico de traumatismo de columna cervical, debiendo ingresar por guardia donde se le coloca un collar cervical, el cual necesitó utilizar por muchos días. A ello se le suman las lesiones corporales sufridas, tratamientos recibidos y secuelas traumáticas del hecho.

Finalmente como último agravio se queja de la tasa de interés establecida en el pronunciamiento recurrido, que califica de irrisoria, y para paliar los efectos de la inflación imperante solicita se ordene liquidar los intereses desde el hecho y hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina de acuerdo a la doctrina plenaria sentada en los autos «Samudio de Martínez, Ladislao c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios» del 20/04/2009.- M. Gonzalo IRAOLA y Matías Ismael IRAOLA deducen como primer agravio la circunstancia de que en la sentencia se indemnizaran por separado el daño extrapatrimonial y el daño patrimonial indirecto. Postulan que este último y el daño moral son dos especies del mismo daño desencadenados por el hecho de autos y deben ser resarcidos en un solo concepto e importe, al igual que la consideración que adjetivan de errada del Juzgador, de condenar además a restablecer el equilibrio patrimonial de la accionante, obligándolos a pagar rubros tales como tratamientos kinesiológicos o psicológicos.

Alegan que idéntico fundamento se esgrime contra la decisión del Juzgador de diferir a condena la suma de $ 300.000 en cabeza del Sr.Pérez, ya que consideran que si dicha indemnización es por daño patrimonial indirecto, por daños físicos, no puede a su vez condenarlos por otros rubros por cuántos aquéllos son omnicomprensivos.

Relacionado con ello, como quinto agravio sostienen que la decisión de fijar el mencionado importe de $ 300.000 por sus daños psíquicos es equivocada, en la medida en que dijo haber tenido en cuenta sus referencias personales y las consecuencias patrimoniales que el evento dañoso habría generado en la persona víctima de autos (en Sr. Pérez en este caso), no obstante lo cruel que pudiera resultar, las referencias personales de la víctima tornan inválida la decisión apelada, ya que el monto fijado no se condice con aquéllas a mérito de las probanzas de la causa.

Antes de ello, resaltaron que el propio Juzgador refirió que el ingreso mensual del Sr. Pérez, (ver Capítulo XIV de sus Considerandos) ascendía a la suma de $ 1.048,10 en función de lo que el Juez indicó «XIV». «Que Marcos también reclamó la suma de $ 2.096,21, por los sueldos que pagó a Pérez durante dos meses, tiempo durante el cuál éste convaleció y no pudo trabajar.En consecuencia, corresp onde hacer lugar al rubro pretendido por la suma de $ 2.96,21.».

De la mano de lo dicho al comienzo, como cuarto agravio, identifican la decisión del Juzgador de otorgar $ 150.000 por la incapacidad de índole física de Bueno, puesto que como lo dice la sentencia se trata de una mujer de 43 años que vivía con sus padres y prestaba tareas como empleada administrativa en el Mercado del Plata, liquidando haberes.

De ello extraen que las secuelas, aún negativas y si no fueran revertidas con medicación y tratamientos, y que podrían incluso no ser permanentes, en nada afectan su condición laboral, ya que la liquidación de sueldos en el Mercado del Plata ó en cualquier otra dependencia municipal se supone -debido al lugar de prestaciónde tareas-, no requiere de mayores esfuerzos físicos, teniendo en cuenta además que la decisión del Cuerpo Médico Forense en relación a la lesión fue la «.existencia de un traumatismo cervical con rectificación de columna.», «.producida por golpe o choque con o contra cuerpos duros, y que tenía carácter leve, en tanto debía curar, salvo complicaciones, en un lapso inferior a un mes (ver fs. 91 de autos) y decisión del Juzgador Capitulo VIII 5to párrafo.

Concluyen que por involucrar una lesión leve que remitiría en UN MES, y que no afecta sus posibilidades de continuar prestando las mismas tareas, el monto en cuestión resulta excesivo (si además se suma intereses y compensación por inflación o costos propios de la vida argentina), por lo que su valor debe ser REDUCIDO de manera drástica, ya que reputan que de lo contrario nos encontramos frente a una fijación discrecional.

En segundo lugar se quejan porque el Juez indica que el perito médico (ver punto XI de los Considerandos) refirió que resulta conveniente que «.Bueno haga kinesiología en forma bisemanal -aunque no estimó durante qué lapso con un costo promedio de $ 70 cada sesión.», de manera que mal puede diferir a condena la suma de $ 5.000, ya que ello implicaría un tratamiento de este tipo durante ocho meses y medio con una duración bisemanal, pese a que ningún tratamiento de este tipo tiene una duración tan prolongado, ya que lo habitual que se recomiendan son diez (10) sesiones de kinesiología, lo que resulta más que suficiente para revertir el dolor que refirió padecer la actora.Si su salud no mejora, se podría adicionar unas 10 sesiones más, pero nunca son más de veinte (20) en total, ya que los tratamientos están pautados así por la propia asociación de kinesiología.

Argumentan desde otra óptica que decidir lo contrario es fallar sin prueba que respalde la necesidad que la actora curse (sacando los cálculos según el valor de sesión informado por el experto $ 70 2 veces por semana) la cantidad de tiempo que el Juzgador difirió a condena en base al monto que refiere ($ 5.000). Condenar a este importe resulta reconocer ocho meses y medio de sesiones kinésicas a $ 70 cada una 2 veces por semana. Ello, sin perjuicio de indicar como se señaló en el punto anterior que el daño patrimonial indirecto que se ha diferido a condena comprende este daño, lo que se traduce según su particular interpretación en una superposición de indemnizaciones.

El tercer agravio esta constituido por la procedencia del daño psicológico. Fundamentan, que el cuerpo pericial indicó respecto de la actora poseer «trastorno por estrés postraumático con componentes depresivos – fóbicos.», sin aclarar el informe que porcentaje se atribuye a la depresión o fobia propia de la accionante y cuál habría sido la ocasionada por el evento dañoso. Por otra parte si dicho cuerpo Forense estableció que el trastorno era de tipo post traumático no estamos de lleno frente a un daño psicológico.Destacan que la Srta.

Bueno, reclamó solo daño psicológico y el estrés postraumático no representa dicha afección.

Cuestionan en sexto lugar la suma de $ 5.000 reconocidas a Pérez en concepto de daño moral, y solicitan se la deje sin efecto, por cuanto no existió prueba suficiente en autos que permitan hacer lugar a la acreencia y la primera consideración del Juzgador de reconocer el daño patrimonial indirecto comprende también la posible y eventual lesión moral que se habría producido.

Abundan, que no existe en autos prueba alguna que permita inferir la procedencia de dicho rubro, lo que pide así se deicida, sin costas por cuanto es claro que no obran pruebas en autos ni se han reclamado daños psíquicos que permitan conocer al Juzgador como se habría sentido el actor en su fuero íntimo en relación al evento dañoso. Remarcan, que no se ha probado afección espiritual alguna en la salud e integrad física del Sr. Pérez.

Introducen como séptimo agravio, la decisión de concederle al co actor Marcos, la suma de $ 10.000 en concepto de gastos de reparación del rodado, con sustento en el perito admitió que los vehículos no fueron puestos a su vista y que las constancias de la causa penal no establecen técnicamente la mecánica del evento dañoso, lo que los lleva a la conclusión que los daños reclamados no son todos productos del evento de autos, tal como lo señala la sentencia.

Se quejan en octavo lugar por la decisión del juez de indemnizar a Marcos «.por los sueldos que pagó a Pérez durante dos meses, tiempo durante el cual éste convaleció y no pudo trabajar.» Ello por cuanto dicha erogación por parte de aquél no es ningún gasto adicional que deba ser resarcido, si el Sr. Marcos empleó al Sr.Pérez y le pagaba salarios mensuales y éste producto de una afección física no pudo prestar tareas de todos modos debe abonarle salarios en los términos del art. 208 y cctes de la Ley de Contrato de Trabajo (Art. 208.

-Plazo. Remuneración- Ley 20.744). Después de una larga explicación de esa legislación, critican que reconocer esa indemnización al Sr Marcos constituye un error, puesto que de todos modos- tal vez debido a un resfriado, o bien a una rotura de algún miembro de su cuerpo por parte del sr. Pérez le hubiese impedido prestar tareas- independientemente del evento dañoso de autos, en cuyo caso los salarios se los tenía que abonar de todos modos. En virtud de ello solicitan se deje sin efecto el importe de $ 2.096,21 en concepto de pago de sueldos que el Sr. Marcos debió abonar al Pérez, por los motivos indicados, ya que dicha decisión no se ajusta a la legislación vigente y genera un enriquecimiento ilícito a costa de los accionados.

Critican también, en el agravio que enuncian como número nueve, el monto concedido al Sr. Marcos por lucro cesante por la suma de $ 1680. Explican en apoyo de su planteo que este reclama por dicho concepto la suma de $ 6.000 (pesos seis mil) por que habría estado durante dos meses sin contar con su rodado. Sin embargo hay evidente orfandad probatoria por parte de aquél en presunto apoyo de su reclamo, ya que la pericial mecánica no impugnada en este punto estableció que el automóvil Taxi ECE 921 presenta como tiempo normal de reparación «diez días hábiles». Con esta lógica si el Sr. Marcos reclamó $ 6.000 por dos meses, está claro que por diez (10) días de verse privado de su rodado según refirió el perito mecánico dicha cifra debería haber sido reducida conforme el siguiente cálculo:Si dejó de percibir $ 6.000 por dos (2) meses de lucro cesante según sus propios dichos, quiere decir que por mes dejó de percibir la suma de $ 3.000, si sobre los días que según el perito mecánico efectivamente el automóvil estuvo parado a los fines de reparación (10 días) tenemos que dicho lucro cesante se reduce a la suma $ 1.000 y no $ 1.680 como indica el Juzgador.

Néstor Atilio Pérez se agravia en primer término, por el monto concedido por la sentencia apelada en concepto de Incapacidad Física, dado que fue acreditado con la pericia médica producida en autos, que presenta una incapacidad de tipo parcial y permanente del 45 %.

Cita lo informado en la pericia médica al respecto, y alega que por todo ello y teniendo en cuenta que al momento del hecho de autos tenía 31 años de edad, y que la incapacidad que presenta como consecuencia del mismo es permanente, sumado a lo que representa en sí dicha incapacidad, y la expectativa de lo que le resta vivir conviviendo con un incapacidad definitiva del 45 %, entiende que debe revocarse el fallo en este punto, y elevar el monto a un nivel tal que logre menguar y reparar integral y plenamente las secuelas físicas que presenta.

Se queja también en segundo lugar del monto de $ 5.000 otorgado para resarcir el daño moral, que considera exiguo y que impide cumplir la finalidad que tiene, que es permitirle sufragar algunos gastos y bienes que compensen la modificación disvaliosa de su espíritu e integridad, que como víctima del hecho de autos, ha debido afrontar.

Argumenta que el estado físico actual, y las consecuentes incapacidades, repercuten negativamente en todos los ámbitos de su vida, ya sea familiar, con el trato a sus seres queridos y familia, como en el ámbito social, con el trato para con sus amigos y vecinos, lo cual ha truncado drásticamente su carrera a nivel laboral, ya que no puede trabajar más en el ámbito donde solía hacerloy, también, dicha circunstancia repercute negativamente, en el esquema afectivo y de la relación familiar primaria.

Cuestiona en tercer término que en la sentencia del Sr. Juez a-quo exime de responsabilidad al demandado Ernesto Mario Bujbinder con apoyo en que el rodado de su propiedad fue utilizado en contra de su voluntad, y sin permiso que así lo justifique.

Califica dicho razonamiento, como alejado de la realidad, ya que se encuentra cabal y concretamente acreditado, que el vehículo conducido por el Sr. M. Gonzalo Iraola, de propiedad del Sr. Bujbinder, había sido dejado para realizar ciertas y determinadas reparaciones, con relación al funcionamiento del mismo, en el taller explotado por el codemandado Matías Ismael Iraola.

Proclama que de dichos asertos se extrae como conclusión, que la autorización para el manejo y conducción del rodado, fue expresamente otorgada po r el Sr.

Bujbinder al tallerista y, si a ello lo hilamos con que el vehículo se encontraba siendo «probado» al momento del accidente, y que el siniestro acaeció a escasas cuadras del taller, es que se asevera como conclusión, la responsabilidad del propietario y dueño del vehículo por el accidente.

Resalta, que la responsabilidad del dueño de la cosa, subsiste cuando presuntamente autorizó al uso del vehículo, para realizarle las pruebas de rigor, que fue lo que lo llevó el Sr.Bujbinder al taller, motivos por los cuales solicita se revoque el decisorio en crisis, en este particular aspecto, atento que el vehículo embistente resulta ser de propiedad del nombrado, quien había autorizado expresamente su utilización para realizar las pruebas pertinentes.

Ataca la sentencia apelada, dentro del cuarto agravio, porque desliga de responsabilidad a la aseguradora y de esa manera se lo priva del derecho a obtener una reparación integral, para cuyo propósito se le opone un contrato de seguros del que no ha sido parte (pero que en concreto, se encuentra perjudicándolo) y, respecto del cual, resulta ser el motivo esencial por el que se celebró el mismo, es decir, para reparar los daños ocasionados por la utilización de un automóvil, y por cuyo uso se impuso el seguro obligatorio automotor en beneficio de las víctimas, para su cabal e integral reparación.

En ese contexto argumentativo, se remite a los fundamentos esbozados al contestar la citación en garantía, en el sentido de que dicha limitación resultaría inoponible a la víctima de un accidente de tránsito que, a la postre, resulta ser también un «consumidor» de seguros; a la función eminentemente social que tiene un seguro obligatorio automotor y a lo abusivo que resultaría ser la cláusula de limitación en cuestión, frente al consumidor de seguros.

Ello tanto por la imposición a la víctima de un accidente de tránsito, y por la misma inconstitucionalidad de dicha cláusula inserta en la póliza de seguros, que resultaría violatoria de lo dispuesto en los arts.42 y 16 de nuestra Constitución Nacional.

Discurre luego sobre distintos aspectos del negocio del seguro, abunda sobre su obligatoriedad y función social, para finalmente cuestionar la tasa de interés implementada y solicitar la aplicación de la tasa activa establecida en el fallo plenario «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.» del 20/04/20, desde el acaecimiento del hecho y hasta el efectivo pago.

III Requisitos de admisibilidad.

Para determinar si los recursos satisfacen los requisitos de admisibilidad, a título introductorio vale resaltar que el de apelación es el remedio procesal tendiente a obtener que un tribunal jerárquicamente superior, generalmente colegiado, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación o aplicación del derecho o en la apreciación de los hechos o la prueba.

La parte que interpone un recurso de apelación busca modificar total o parcialmente una decisión jurisdiccional porque la considera injusta y porque le causa un perjuicio concreto y actual. El recurso de apelación no motiva un nuevo juicio ni somete a revisión la totalidad de la instancia de grado sino que abre las puertas de una revisión colegiada de la decisión impugnada, en la medida del debate postulado por las partes y en la medida de los argumentos del recurrente (arts. 271 y 277 del Código Procesal).

Ahora bien, para que esa revisión sea posible y el tribunal del recurso pueda válidamente controlar la justicia de la decisión, el recurrente debe dar cumplimiento a una serie de requisitos que hacen a la admisibilidad del recurso, entre otros, «que sea acompañado de una fundamentación adecuada».

El art. 265 del Código Procesal lo define, cuando dice: «El escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas.No bastará remitirse a presentaciones anteriores».

Es imprescindible a los efectos de abrir la posibilidad revisora de la Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que tornan injusta la solución adoptada por el magistrado de la instancia anterior, para lo cual debe aportar consistentes razonamientos contrapuestos a los invocados en la sentencia, que demuestren argumentalmente el error de juzgamiento que se le atribuye. La expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, ya que ésta no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales o las quejas que no dedujo (Conf. CNCiv., Sala A, «Celi, Walter Benjamín y otro c. Salvador M. Pestelli Sociedad Anónima s/ daños y perjuicios» del 15/07/2010).

Lo concreto se refiere a lo preciso, indicando, determinando, cuál es el agravio. Deben precisar así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento (conf. Morello, Augusto «Códs. Procesal en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación. Comentado y Anotado», T. III, p. 351, Abeledo Perrot, 1988).

A ello se agregan los requisitos de procedencia: se vinculan con el fondo de la cuestión objeto de gravamen y su eventual recepción favorable por parte del tribunal que ha de resolver la impugnación.Involucran la aptitud de la fundamentación, porque el apelante tiene que convencer al tribunal de que le asiste razón, de que la resolución impugnada efectivamente tiene un defecto que le genera un perjuicio concreto y merece ser modificada.

La presentación de una fundamentación adecuada del recurso de apelación -es decir, aquella que puede ser entendida como una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se consideran equivocadas de acuerdo a la terminología que emplea el art. 265- configura un requisito cuyo incumplimiento impide la apertura de la instancia revisora y consecuentemente frustra el juicio de procedencia o de fundabilidad.

Ello así, corresponde pasar por el tamiz de la mencionada norma las cuestiones que contienen los recursos, para luego analizar su justicia o fundabilidad, en el caso de que las exigencias sean superadas, o declarar su deserción, en la hipótesis inversa (art. 266 del Código Procesal).

Respecto de la «incapacidad sobreviniente», para decidir sobre la procedencia y cuantía, entre otros argumentos, en la sentencia se tomo en cuenta lo expuesto por el oficial de policía que llegó al lugar del hecho momentos después de su producción, quien señaló que de acuerdo a lo manifestado por el médico del SAME que asistió a las víctimas, tanto Bueno como Pérez sufrieron sendos traumatismos de columna cervical, por lo que fueron trasladados al Hospital Durand (ver fs. 1/2). Se lee también y a posteriori: «La lesión sufrida por Bueno fue constatada además por el Cuerpo Médico Forense en dichos obrados, que luego de señalar la existencia de un Traumatismo cervical con rectificación de columna, indicó que dicha lesión fue producida por golpe o choque con o contra cuerpos duros, y que tenía carácter leve, en tanto debía curar, salvo complicaciones, en un lapso inferior a un mes (ver fs.91). Antes pasó lo mismo con Pérez, donde en un informe médico legal -fechado el mismo día del siniestro- se dejó constancia del dolor que el chofer de taxi dijo padecer a nivel cervical dorsal y en pierna derecha (ver fs. 20). Por su parte, el perito médico legista y psiquiatra en ambas causas (Ariel Garate) señaló que por el siniestro Bueno presenta una rectificación de la lordosis de columna cervical, que importa una incapacidad parcial y permanente del 7 %, así como un cuadro de trastorno por estrés postraumático con componentes depresivo-fóbicos, por el que estima un 20 % de incapacidad (ver fs. 371/375 de los autos «Bueno.»)».

«En cuanto a Pérez, el experto también verificó como secuelas del hecho – que calificó como graves- la presencia de rectificación de lordosis fisiológica de columna cervical, tronco primario, superior y medio del plexo cervical, con lesión en miotomas C6 y C7 y lesión troncal del mediano a nivel del carpo de mano derecha, más una discopatía lumbar en disco de nivel L5 y S1 con protusión discal postero central y bilateral. Todo por lo que establece una incapacidad del 45 % (vuelvo a recordar que no se reclamó por afecciones psicológicas, por lo que el perito no se expidió sobre ello). Los dictámenes referidos fueron criticados en ambas causas por la dirección letrada de la aseguradora, pero sin aportar ningún elemento que permita concluir en forma diversa, por lo que corresponde estarse a lo expuesto por el experto.De hecho, las constancias de la causa penal antes referidas permiten otorgar relación causal a los padecimientos, algo de lo que no se hicieron cargo las críticas vertidas».

Tuvo en cuenta en su análisis que Bueno tenía cuarenta y tres años al momento del hecho, era soltera, poseía estudios secundarios completos, vivía con su madre y trabaja en el Mercado del Plata, en tareas administrativas (liquidación de haberes). En tanto que Pérez, contaba con treinta y un años, se encontraba en pareja con dos hijos, tenía estudios secundarios incompletos y trabajaba como conductor de taxis.

Descartó la fijación de los montos sobre la base de los porcentuales de incapacidad determinados a nivel pericial, en función de tablas genéricas, por considerar que aisladamente considerados no resultan definitorios ni tampoco aptos para reflejar el verdadero perjuicio que el ilícito provoca al damnificado, por lo que deben computarse todos los factores que deriven en una disminución de las posibilidades genéricas, no sólo en el orden laboral, sino en el familiar y social, debiendo tenerse en cuenta las referencias personales de la víctima, tales como la edad, el sexo, estado civil, situación socioeconómica, actividad que realizaba, capacitación y aptitudes para futuros y genéricos trabajos.

Los planteos de M.Gonzalo IRAOLA y Matías Ismael IRAOLA, en gran medida transcritos precedentemente, deducidos como primer agravio no constituyen más que un distinto punto de vista, caracterizado por expresiones genéricas que sin indicar en qué consiste el yerro, se orientan a sostener que el daño patrimonial indirecto y el daño moral debieron indemnizarse con un monto único, y que los tratamientos kinesiológicos o psicológicos no debieron indemnizarse u otros rubros porque son omnicomprensivos, sin sustentar su punto de visto en pruebas o razones capaces siquiera de poner en duda el acierto del magistrado al decidir como lo hizo, y no obstante tratarse de ítems que claramente responden a distintos conceptos, sin que se advierta vestigio alguna capaz de siquiera sospechar alguna superposición indemnizatoria.

Por su parte, el exceso de la cuantía de la indemnización concedida de $ 300.000 con relación a Pérez, porque en la sentencia se dijo considerar su condiciones personales, con expresa remisión al monto de los ingresos que recibía de Marcos que se efectúa en el quinto agravio, carece también de entidad para erigirse en crítica concreta y razonada de la decisión sobre el punto, porque deja fuera del análisis la consideración de la incapacidad genérica que consideró el juez, así como su repercusión, no solo en lo laboral, sino también en el orden familiar y social, además de tener en cuenta la capacitación y aptitudes para futuros y genéricos trabajos, que reputó sumamente menguada, todo lo cual no fue objeto de ataque frontal o directo.

De la mano de lo dicho al comienzo, como cuarto agravio, identifican la decisión del Juzgador de otorgar $ 150.000 por la incapacidad de índole física de Bueno, puesto que como lo dice la sentencia se trata de mujer de 43 años que vivía con sus padres y prestaba tareas como empleada administrativa en el Mercado del Plata, liquidando haberes.

Como se lo detallara más arriba, los apelantes consideran que para el desarrollo de esa tarea, incluso ante otro empleador, la menguafísica carece de incidencia porque no se requiera de mayores esfuerzos físicos, además de hacer notar que el problema en la columna curaría en menos de un mes, conforme lo dictaminado por el Cuerpo médico Forense.

Concluyen que por involucrar una lesión leve que remitiría en UN MES, y que no afecta sus posibilidad de continuar prestando las mismas tareas, el monto en cuestión resulta excesivo (si además se suma intereses y compensación por inflación o costos propios de la vida argentina), por lo que su valor debe ser REDUCIDO de manera drástica, ya que reputan que de lo contrario nos encontramos frente al fijación discrecional.

Tales apreciaciones, no superan el umbral mínimo de exigencias del art. 265 de la ley formal, puesto que dejan sin rebatir los verdaderos pilares en los que se apoya la decisión adoptada en la anterior instancia relativa al tema, como lo informado por el perito médico legista y psiquiatra en ambas causas (Ariel Garate), y la incapacidad parcial y permanente que diagnosticara, tanto desde el punto de vista físico como psicológico, así como la proyección de esas secuelas en todas las áreas, que exige computar la personalidad integral de la persona, y no solo su aptitud para el desempeño de la actividad laboral que desarrollaba al producirse el hecho.

Como es sabido, todo daño inferido a la persona corresponde apreciarlo en lo que representa como alteración o afectación no sólo del cuerpo sino también del ámbito psíquico del individuo, con el consiguiente quebranto de la personalidad, de manera que importe también este un menoscabo a la salud, considerada en su aspecto integral y computándose también la incidencia o repercusión que todo ello en alguna medida puede aparejar sobre la vida de relación de aquél (CNCiv, Sala I, in re: «Magliano, Laura Patricia y otros c/ Hospital Israelita y otros s/ ds.y ps., del 8/9/2015).

La lesión de la psiquis de la actora, lo mismo que cuando ella afecta la integridad física, no constituye un perjuicio autónomo y distinto de la incapacidad sobreviniente.

Se trata, de lesiones -causadas en la estructura psíquica- que producen una merma en la capacidad del sujeto para realizar actividades patrimonialmente mensurables. Es esta merma, lo que en definitiva constituye el daño resarcible.

Llegado a este punto, vale resaltar, en el marco de lo ya explicado, que el daño psíquico no es autónomo dentro de la categoría de daños materiales y morales y puede influir en una u otra área o en ambas a la vez.

En otros términos, aunque conceptualmente autónomo, no constituye un tercer género de daños a los fines de su indemnización, ya que en forma indistinta o simultánea, puede constituir un daño patrimonial, emergente o lucro cesante, por las erogaciones de asistencia psicológica y psiquiátrica y farmacológica, y por la incapacidad transitoria o permanente que pueda producir, y a la vez un daño moral por los dolores, molestias y padecimientos extrapatrimoniales (conf. Zabala de González Matilde: «ob.Cit.», con cita de Galdós «Acerca del daño psicológico», JA, 2005-I-1197).

En lo que respecta a su caracterización, por daño psicológico se entiende, los disturbios que afectan el comportamiento general del individuo, con connotaciones de índole patológica que disminuyen sus aptitudes para el trabajo o inciden en la vida de relación.

Importa una merma o disminución en el rendimiento o capacidad psíquica, por alteración profunda de la estructura vital de la personalidad de la víctima.

Supone una perturbación patológica de la personalidad de la víctima que altera su equilibrio básico o agrava un desequilibrio precedente (Zabala de González M.: «Daños a la Persona», p.193, Hammurabi SRL, 1990).

Bajo estos lineamientos que sobrevuelan en la sentencia objetada, se reflexiona, que la minusvalía entraña un déficit en la capacidad vital del damnificado, en comparación con su aptitud plena para el trabajo y demás proyecciones individuales y sociales, lo cual se establece en términos porcentuales que traduzcan, aproximadamente, los grados de incapacidad comprobados a través de una pericia médica.

El «trastorno por estrés postraumático con componentes depresivos – fóbicos.», respecto de la accionante Bueno, al que aluden los nombrados apelantes en su tercer queja, encajan en la descripción precedente, por lo que también en este caso se impone la deserción, ya que no se han esgrimido argumentos que autoricen prescindir de la opinión del perito, ni razones que pongan en evidencia el yerro en el que incurriera el magistrado al aceptar esas conclusiones, y computar la incapacidad permanente de esta índole para justificar la procedencia de la indemnización y su cuantía.

Respecto de la tercer queja, donde se cuestiona la procedencia y monto del tratamiento kinesiológico que la sentencia apelada admitió con relación a Bueno, parece haber pasado desapercibido para los quejosos lo argumentado en la sentencia en el sentido de que «.la víctima tiene todo el derecho a mejorar su calidad de vida y evitar la agravación del daño, injustosería que los responsables no se hicieran cargo del costo de estos tratamientos». De suerte tal, que si de lo que se trata es de neutralizar el agravamiento o la complicación y no el restablecimiento, no se advierte cuál es la superposición de indemnizaciones que se deja entrever. Del mismo modo, no se tuvo en cuenta que para fijar la cifra de $ 5.000 por el tratamiento kinesiológico en el decisorio apelado se ponderó la extensión, aunque en la pericia no fuera precisada, y frecuencia de los tratamientos recomendados por los expertos, y la cantidad se estableció a valores vigentes al momento de elaboración de la sentencia, y no a los que reinaban cuando la pericia fue presentada, todo lo cual deja sin ningún sustento fáctico – jurídico el planteo, y pone en evidencia una vez más, la falta de cumplimiento del recaudo de la fundamentación adecuada.

A su vez, respeto de la procedencia del año moral que la sentencia recurrida ordenó indemnizar a Pérez, se tuvo como fundamento principal para la adopción de la decisión cuestionada, la gravedad de las lesiones. Por tanto, en la medida que ellas se encuentran rotundamente comprobadas con los elementos de juicio obrantes en la causa, en particular con la pericia médica y psiquiátrica, el planteo de los apelantes, que se basa en lo sustancial en una genérica alegación de falta de pruebas, no resiste el análisis.

Por otro lado, se soslaya en los agravios que la incapacidad, que de modo constante genera daño moral, en la generalidad de los casos produce también un daño económico mediato. De allí que la indemnización de ambos no ocasiona una superposición indemnizatoria, pues en el primer caso se atiende al cúmulo de padecimientos físicos y espirituales derivados del sujeto y, en el segundo, a las repercusiones patrimoniales indirectas generadas por la merma de actitudes (ver Zavala de González , Matilde: «Tratado de daños de las personas – disminuciones psicofísicas», t. 2, p.45). En la medida que ese fue el criterio claramente seguido en el cuestionado decisorio, y dado que los apelantes lo han dejado sin rebatir, incurriendo en una clara confusión de conceptos, desde luego, el recurso no satisface el mencionado recaudo de la fundamentación adecuada tampoco en este aspecto.

Respecto de los gastos de reparación del rodado, para conceder la indemnización de $ 10.000 en favor del co actor Marcos, en la sentencia en lo que interesa se lee:

«.Que en función de la mecánica del accidente que ya he tenido por total y suficientemente esclarecida, juzgo probado que el taxímetro (un Peugeot Partner, dominio ECE 921) tuvo daños a raíz del evento de marras. Dichos deterioros son compatibles con las constancias obrantes en la causa penal instruida, con las probanzas arrimadas a los procesos acumulados y guardan verosímilmente relación de causalidad con el evento. Frente a tales antecedentes y al no haberse acreditado que los daños eran preexistentes o que son consecuencia de un siniestro anterior o posterior al de autos, queda inalterada la presunción de causalidad adecuada.».

La circunstancia de que el perito ingeniero mecánico admitiera que los rodados no fueron puestos a su vista y su opinión respecto de la causa penal que se menciona en los agravios, constituyen expresiones genéricas, que lejos está de constituir un crítica concreta y razonada de la parte del fallo recién transcrito, por lo que correrán la misma suerte que el resto de los planteos examinados, puesto que dejaron inconmovibles los mencionados argumentos centrales en los que adecuadamente se sustenta la solución alcanzada en la instancia de grado (arts. 265 y 266 del Código Procesal, citados).

Los argumentos que nutren el octavo agravio que introducen contra la decisión del juez de indemnizar a Marcos «.por los sueldos que pagó a Pérez durante dos meses, tiempo durante el cual éste convaleció y no pudo trabajar», padecen de las mismas deficiencias que los anteriores: No satisfacen las exigencias mínimas del citado art.265 del código de forma, aunque sean analizados con arreglo al criterio amplio que corresponde imprimir en estos casos, por la sencilla razón que no traducen un cuestionamiento del núcleo que llevara al anterior magistrado a decidir de la manera que se objeta, en cuanto a que Marcos si bien pagó los jornales devengados durante el lapso señalado, se vio perjudicado por no poder contar con el conductor para el cumplimiento de sus labores como tal, debido al período de convalecencia que debió transitar a raíz de las lesiones inferidas, de las que los demandados resultan responsables.

El hecho de que el nombrado demandado también tuviera que afrontar los salarios del dependiente si debido a un resfriado, o bien a una rotura de algún miembro de su cuerpo, estuviese impedido de prestar tareas, independientemente del evento dañoso de autos, como argumentan los apelantes, se manifiesta a todas luces inepto para enervar la solución propiciada, porque ello deriva el análisis fuera del caso en concreto, a otro sustrato fáctico, lo cual resulta a todas luces inadmisible.

En lo que hace a la cuantificación del daño, el juez ponderó: » diferentes extremos: en primer lugar, a fs. 292 el Sindicato de Conductores de Taxis de la Capital Federal informó que la recaudación bruta por hora de trabajo para un taxímetro ascendía -en la época en que ocurrió el accidente- a $ 27,30. Además el perito sostuvo que las reparaciones del rodado del actor se habrían extendido por 10 días hábiles (fs.249). Pero a dicha ecuación corresponde, restarle un porcentaje en concepto de mantenimiento, en el que debe incluirse el combustible, el desgaste del automotor -como la reparación de neumáticos, los gastos de aceite, engrase-, el porcentaje del chofer, y otros conceptos que el propietario debe abonar, que por lo general se valora en un razonable 30% de la recaudación bruta diaria, y en esa proporción he de ponderarlo.

Por otra parte, si bien el lucro cesante derivado de la indisponibilidad del taxímetro es presumible en función de su afectación o destino, no cabe extender dicha inferencia a una explotación especialmente intensa, salvo prueba que al respecto pueda rendir la víctima (ZAVALA DE GONZALEZ, ob. cit., pág. 157). En virtud de los extremos expuestos, sólo resta realizar un simple cálculo matemático para hacer lugar a este rubro por la suma de $ 1.680″.

Ello así, en la medida en que la indemnización fijada por dicho concepto se encuentra por debajo de la suma reclamada, y dado que a todo evento, cuando los montos son supeditados a «lo que en más o en menos resulte de la prueba» o fórmulas similares, como ocurre en el supuesto sometido a revisión, sin violentar el principio de congruencia (ats. 34, inc. 4º y 163, inc. 6º del Código Procesal), el juez queda autorizado a moverse conforme surja de los elementos de juicio recolectados, los que en el caso no merecieron cuestionamientos de los apelantes pese a erigirse en la base del cálculo desarrollado en la sentencia, opino que también en este caso las quejas no alcanzan a superar la vara diagramada por el mencionado dispositivo procesal, motivo por el cual la deserción se impone.

En lo que respecta a los agravios desarrollados por la actora contra lo que se decidiera en la sentencia apelada al eximir de responsabilidad al propietario y al conductor del taxi en el que viajaba, vale recordar que es cierto que el art. 48, inc.i de la ley 24.449 prohíbe:

«la detención irregular sobre la calzada, el estacionamiento sobre la banquina y la detención en ella sin ocurrir emergencia».

No obstante, no se me escapa que en su fundada sentencia el Magistrado se hace cargo de que en sede penal quedó claro que el taxi se encontraba detenido en doble fila, pero concluyó que también cabe aseverar que ello no se produjo de manera abrupta y a poca distancia del Ford Fiesta, ya que antes de la colisión medió tiempo suficiente como para que una persona mayor de edad -el padre de Bueno- abriera la puerta y descendiera en forma completa de aquel.

Es este el verdadero pilar sobre el cual se monta la eximición de responsabilidad que no conforma a los apelantes, y comprobada como debe reputarse en la especie la detención del automóvil del emplazado, vale destacar que autorizada doctrina realiza la distinción entre la concretada por el automotor que antecede en la marcha por una calle o avenida y la que tiene lugar en la vía de tránsito ligero, como lo es una autopista, inclusive en una ruta. La primera es una contingencia absolutamente previsible, de suerte tal que el conductor debe estar atento a las posibles alternativas del tránsito y, al mismo tiempo, debe circular a una velocidad tal que le permita mantener el control del mismo y, ante una repentina detención del rodado que lo antecede, ha de estar en condiciones de detenerlo a tiempo para evitar el accidente (Areán, Beatriz: «Juicio por accidente de tránsito», t. 2, p. 403).

En consecuencia, dado que en los agravios no se agrede ese argumento principal en el que el colega que preopinó basara su decisión, que por ello ha quedado sin rebatir, estimo que el recurso de la accionante en este aspecto debe declararse desierto.

Sin que obste a ello lo que se alega en torno a la causal de eximición de responsabilidad, representada por el hecho de un tercero por el cual no se debe responder que contempla el art.184 del Código de Comercio, porque aunque interpretado en forma armónica con las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor, considero que las notas de imprevisibilidad e inevitabilidad a las que se alude en las quejas, inherentes al cosa fortuito o la fuerza mayor, no son trasladables a esta hipótesis, que se mueve en el ámbito de la relación de causalidad adecuada. De suerte tal, que si el mencionado hecho del tercero, en el caso la conducta observada por el conductor del vehículo particular, resulta ser de manera exclusiva la causa adecuada del accidente de acuerdo a lo que prescribe el art. 906 y concordantes del Código Civil, deviene inadmisible extenderle la responsabilidad al transportista, cuya conducta carece de incidencia causal en la producción del accidente, de conformidad con las circunstancias que lo rodearon.

En cuanto al criterio de apreciación que permite saber cuándo existe relación de causalidad entre un hecho y un daño, nuestra legislación recepta la teoría de la causación adecuada (art. 906, hoy art. art. 1726 del CCyCN), según la cual, la relación de causalidad jurídicamente relevante es la que vincula a un hecho antecedente con otro consecuente, cuando aquél tiene la virtualidad de producir a éste según el curso natural y ordinario de las cosas, sea por sí sólo, sea por la conexión con otro hecho que invariablemente acompaña al primero. Es decir que, para dicha teoría, no cualquier condición inviste el rol de causa, sino que tal calificativo sólo es predicable del hecho que, conforme al conocimiento natural y ordinario de las cosas, resulta idóneo para producir el resultado.

Parte de la base que solo puede considerarse jurídicamente «causa» de un resultado aquel hecho que, de acuerdo a lo que suele suceder, en función de las reglas de la experiencia, produce normalmente aquel resultado. Es necesario, que el resultado aparezca como una consecuencia previsible del hecho.Esta previsibilidad se mide en abstracto, teniendo en cuenta lo que habría previsto un «hombre medio», (una persona de previsión norma) puesto hipotéticamente en el momento del hecho.

Además, cabe señalar, que en un sistema jurídico como el nuestro, la relación de causalidad importa no solo como condición general de responsabilidad, sino también para fijar la extensión del daño resarcible, desde que ella establece su medida y límites. En otras palabras, sirve para satisfacer una doble finalidad: la determinación de la autoría por un lado, y por el otro para definir la extensión del daño resarcible (arts. 1726 y 1727 del Código Civil y Comercial de la Nación).

Ello así, de acuerdo a las características del hecho que motiva las presentes, ninguna duda abrigo que la momentánea detención del taxímetro en las condiciones en que se verificara, bien descritas en la sentencia apelda, no tiene más relevancia que la de una mera condición, que por las circunstancias de tiempo y lugar, de ningún modo podría ser elevada al rol de causa o con causa del resultado, de la que sólo es tributaria la conducta adoptada en la emergencia por el demandado Iraola. Al fallar entonces el requisito de la autoría, como dije, resulta inviable conectar la responsabilidad del chofer del medio de transporte y de su propietario como lo pretende la accionante en su planteo, cuyo rechazo propicio. Esto, de rondón, deja también sin sustento las quejas por la dec isión de excluir de la condena a la aseguradora por la cobertura del taxímetro Peugeot Partner, dominio ECE 921.

Desmalezado el camino de esta forma, corresponde ahora abocarse al tratamiento de la fundabilidad del resto de los agravios de la actora y del demandado Pérez, que con mayor o menor holgura, ostentan idoneidad para superar el filtro del art. 265 del Código Procesal ya citado.

III.Responsabilidad del dueño del vehículo Ford Fiesta Dominio BDS863 En la sentencia se acepta que el rodado en cuestión fue dejado en el lugar a los fines de constatar su funcionamiento mecánico, por lo que – según las máximas de experiencia- aceptó que es usual que el tallerista pruebe el vehículo antes de ser entregado al dueño. Agregó el juez que además, también cabe decir que el evento se produjo a menos de tres cuadras del lugar donde se ubica el taller, por lo que el siniestro se produjo en las inmediaciones del taller, otro extremo que ratifica que el auto se encontraba siendo probado. En otras palabras, los mecánicos suelen probar los rodados dentro de un radio cercano al taller, que fue justamente lo que ocurrió en el caso. Sin embargo, estimó que el repaso las circunstancias del hecho y la frenada de diez metros que dejó el vehículo conducido por Martin Gonzalo Iraola, así como la excesiva velocidad que se revela con tal elemento de carácter objetivo, algo que fue achacado por el magistrado que intervino en sede penal, llevan a considerar que el automóvil fue usado contra la voluntad presunta del dueño.

Agregó en esta línea de razonamiento: «De acuerdo con lo expuesto, no tengo dudas de que el dueño del Ford otorgó autorización al tallerista para probar el andar de su vehículo -algo deja entrever Bujbinder cuando dice que los autos llevados a un taller «por lógica» son probados (v. fs. 340, autos «Bueno.»). Pero a pesar de ello, tampoco tengo dubitación alguna en cuanto a que ese consentimiento se enmarcó en el ámbito de la prestación requerida y no para conducir a una velocidad que exceda toda pauta de prudencia, como ocurrió en el caso. Pretendo ser muy claro en esto, si el Ford dejó una frenada de diez metros e igualmente impactó a un vehículo detenido, M.Gonzalo Iraola no estaba evaluando el rodado dentro del servicio que debía brindar el taller, sino excediéndose en mucho de la autorización que le había conferido su propietario, por lo que la única conclusión a la puedo arribar es que el Ford Fiesta fue utilizado en contra de la voluntad de Ernesto Mario Bujbinder, lo que impide atribuirle responsabilidad en los términos del art. 1113 del Código Civil y por eso la demanda será rechazada a su respecto, siendo las costas a cargo de los vencidos».

En lo que hace de esta cuestión, vale resaltar que la causal de eximición prevista en la última parte del art. 1113 del Código Civil lleva a considerar que el objetivo perseguido al introducirla es permitir la liberación de responsabilidad del dueño o guardián de una cosa, frente a supuestos excepcionales, en los que se ha visto -sin culpa de su parte- imposibilitado de impedir el incorrecto uso de esa cosa. Empero, el uso de la cosa «contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián», según los términos del mencionado dispositivo sustancial, resulta una expresión que debe interpretarse restrictivamente, porque de lo contrario permitiría convertirla en una eficaz argucia para borrar todo lo que antecede en dicho precepto, cuya finalidad es la de lograr el cumplimiento efectivo del deber jurídico de reparar (conf. Trigo Represas-López Mesa:

«Tratado de la responsabilidad civil», t. V, ps. 807/9).

Respecto del tema del tallerista, que es el que está involucrado en esta causa sujeta a recurso, se distinguen dos situaciones, mencionadas en la sentencia en crisis: a) el tallerista es guardián cuando el propietario o poseedor le entrega el vehículo o máquina para la reparación, y aquél la emplea en su provecho causando daños dado que, en tal caso, la cosa ha sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián.Ese abuso del dueño del taller no implica un desapoderamiento, que no es ineludible para la configuración de la eximente, sino un incumplimiento del deber del depositante (ver LLambias, Jorge Joaquín: «Código Civil Anotado», t. II-B, p. 475 y art. 2208 del Código Civil); b) Cuando el daño se produjo mientras el tallerista conducía el automóvil para someterlo a una prueba necesaria de modo de verificar la efectividad de los arreglos, subsiste la responsabilidad del propietario del rodado, dado que tal prueba no implica desplazamiento de la guarda jurídica de la cosa (conf. Trigo Represas-López Mesa: «Ob. cit.», t. V, ps. 814/5).

Como ya se señalara, en sus quejas, la accionante hace jugar como sustento argumental, una descripción de la secuencia que va desde que el vehículo es dejado en el taller hasta el accidente, cuando entre otros conceptos explica, que debió partirse del análisis concreto de las cuestiones objetivas acreditadas en autos:1) Bujbinder deja su rodado en el taller mecánico de Iraola a los fines de que se le realiza una revisión a su rodado para un viaje que pensaba realizar en el futuro; 2) como consecuencia de ello y como claramente lo expresa la sentencia en análisis, este autorizó al tallerista a conducir y/o probar su rodado; 3) que en tal contexto se produjo el accidente de autos a escasas cuadras del taller, lo que implica que claramente Iraola estaba manejando el rodado para someterlo a una prueba necesaria de modo de verificar la efectividad del rodado dejado por el cliente, pues no existe elemento alguno en la causa que permita establecer de manera indubitable y objetiva que Iraola le estaba dando una utilidad diferente; es en dicha contexto que la responsabilidad del propietario del rodado (Bujbinder) subsiste atento a que no existe elemento inobjetable que permita establecer la existencia de un desplazamiento de la guarda jurídica de la cosa.

Considero que los agravios son atendibles, porque la huella de frenada de aproximadamente 10 metros de longitud, a mi modo de ver, es insuficiente como dato para reputar que al momento del hecho el automóvil fue utilizado para una finalidad distinta para la que fue dado el consentimiento o en un exceso de la autorización tal, que justifique tener por conformada la mencionada causal de eximición de responsabilidad.

Ese rastro, a mi entender, de manera aislada, solo conjugado con los daños en los vehículos, es insuficiente para conducir de modo fehaciente e inequívoco a esa conclusión volcada en el pronunciamiento recurrido. En tren de conjeturar, otras pudieron ser las posibilidades, como por ejemplo, que se tratara de una frenada en una situación de emergencia, autogenerada por el mencionado conductor, al desplazarse a una velocidad permitida, cercana al máximo de 60 km previsto en el art. art. 51, inc.a, apartado 2 de la ley 24.449, pero sin guardar la distancia debida con el vehículo que lo precedía, lo que lo obligara a clavar los frenos si se me permite la expresión, en cuanto aquél realizó la maniobra de esquive del taxímetro, que estaba detenido en doble fila. En suma, esta u otras alternativas, que demuestran su imprudencia, pero que con arreglo al mencionado criterio hermenéutico restrictivo, exigen mantener la responsabilidad del titular de dominio del rodado, por haberse producido el hecho en el marco de la actividad de prueba autorizada, y sin que medien elementos de juicio en calidad y cantidad suficientes para avalar la conclusión del juez, y considerar que medió un uso contrario o en exceso de tal autorización, suficiente para catapultar la conducta del tallerista fuera del ámbito de la voluntad presunta del propietario.

En función de ello, considero que la sentencia debe ser revocada en este aspecto, y que la demanda también debe ser admitida contra Ernesto Mario Bujbinder.

Decidido ello, dado el distinto camino tomado en este pronunciamiento en el tema, a diferencia de lo que ocurre en la primera instancia, corresponde ahora abocarse al tratamiento de la defensa de caducidad del seguro esgrimida por la citada en garantía, La Nueva Cooperativa de Seguros Limtiada, con sustento en la cláusula 38, de la póliza Nº 19145406, que en contra de lo dispuesto en las Condiciones Generales y Particulares, establece que «la cobertura de este seguro se otorga exclusivamente para siniestros acaecidos mientras el vehículo sea conducido por el Sr. Ernesto Mario Bujbinder.como consecuencia de lo expuesto la Cooperativa queda liberada, en el caso que la unidad sea conducida por otra persona distinta.», tal como lo cita la aseguradora en su respuesta.

Antes de centrar el tema en la interpretación de la citada cláusula en relación con el caso en concreto, cabe traer a colación lo resuelto por esta Cámara en pleno, in re «Irago Armando Ramón c. Cabrera Antonio s.Daños y perjuicios» sentencia n.° 41284 de fecha 14/12/1984. Allí se decidió que para condenar a la aseguradora en los términos del art. 118 de la ley 17.418, no es menester integrar la litis con quien ha contratado el seguro, pues basta haberlo hecho con quien conducía el rodado con su autorización (esta cámara, Sala L, «L., O. A. c. G. J. R. y otros s/ daños y perjuicios», 10/11/2009, LL Online, cita: AR/JUR/54086/2009; ídem, Sala M, «C., N. C. c. S. G. H. y otros s/ daños y perjuicios», 14/05/2009, LL Online, cita:AR/JUR/9904/2009).

Por su parte, la Resolución de la SSN N° 38.066 del 27/12/2013, en la misma línea, que establece las Condiciones Generales para la Póliza Básica del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil (art. 68 de la ley 24.449), también tiene implicancia en esta litis. Esta normativa al señalar el riesgo cubierto en el Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros prescribe: «.El Asegurador se obliga a mantener indemne al Asegurado y/o a la persona que con su autorización conduzca el vehículo objeto de seguro (en adelante el Conductor)», lo cual nos acerca el término de con ductor autorizado.

Se ha dicho en este orden, que conductor es aquél que guía un vehículo automóvil. Por defecto, es conductor autorizado aquél conductor que ha sido expresa o tácitamente habilitado para guiar un vehículo automotor. En el caso del seguro de responsabilidad civil automotor, para que esta autorización sea válida deberá provenir del asegurado, es decir de quién contrató con el asegurador. Asimismo, podrá ser conferida para realizar uno o más viajes, para conducir tramos de un viaje, por un determinado período de tiempo, etc.

Bajo la órbita de la figura de la estipulación a favor de tercero, se ha concluido que el conductor autorizado:a) es parte en el contrato de seguro; b) se encuentra amparado por la obligación de indemnidad que pesa sobre el asegurador en virtud del art. 109 de la LS; y c) que al ser parte está sujeto a lo estipulado por asegurado/asegurador en las condiciones generales de póliza y al régimen general del contrato de seguro.

Puede parecer redundante y superfluo, pero es necesario en este punto dejar en claro que el conductor autorizado no reviste carácter de tercero en el contrato de seguro. No puede ser considerado como tercero a los efectos de la cobertura del seguro de responsabilidad civil. No es el tercero damnificado del que nos habla el art. 109 de la LS sino todo lo contrario, es el beneficiario de la obligación de indemnidad a cargo del asegurador en su calidad de parte del contrato de seguro de responsabilidad civil. Así, verificado el evento dañoso y ante un eventual reclamo impetrado por el tercero damnificado, su patrimonio será amparado según lo estipulado por las partes al momento de celebrar el contrato (Dras. María Fabiana Compiani y María Celeste ColomboEL «CONDUCTOR AUTORIZADO» Y EL SEGURO DE R.C.AUTOMOTORES). De lo que se sigue, que como si se tratara del asegurado, el asegurador debe cubrir los daños por él provocados a terceros, siempre dentro de los límites del seguro, sin que le sea lícito alegar la exclusión de cobertura por el hecho de que al rodado no lo condujera su cliente.

Estos antecedentes, que provienen del ámbito judicial y de la autoridad administrativa, anteriores y posteriores respectivamente al siniestro de autos y al contrato de seguro en cuestión, están unidos por un hilo conductor, que pone en evidencia la constante preocupación y la firme decisión de instaurar en el mercado del seguro automotor un mecanismo que impida que queden sin cobertura los daños de los damnificados, cuando son producidos por una persona distinta del asegurado, pero autorizado por éste para conducir el rodado.

Ello, que guarda concordancia con el rol de consumidor o usuario en el que cabe emplazar al asegurado (art. 1º, e la ley 24.240 y 42 de la Constitución Nacional), y sirve para dar satisfacción a la finalidad social del seguro a la que se alude en los agravios (art. 68 de la ley 24.449) sirve, no tanto como regla para interpretar lo convenido, pero sí como un componente del cuadro que da contexto a la tarea hermenéutica.

Sentado ello, dado el tipo de vinculación involucrada, cabe primero remitir al principio de la fuerza obligatoria de los contratos, plasmado en el art. 1197 del Código Civil (hoy arts. 958 y 959 del CCyCN), donde si bien no se establece una asimilación absoluta del contrato a la ley, se deja claro que aquél, en la medida en que se celebre voluntariamente, con los requisitos y dentro de los límites legales, obligará a los contratantes y tendrá que cumplirse por éstos «como» si fuera la ley (ver Gastaldi, Jose María: «Contratos», t. 1, pág.120).

El tema de los límites es muy importante, porque si bien con arreglo al art 19 de la Constitución Nacional, dentro de la autonomía de la voluntad que dicha norma alberga campea el derecho de libre autorregulación que tienen las partes, que les brinda la posibilidad de darle al contrato el contenido que ellas consideren conveniente, ello es así, y será obligatorio para los contratantes en los términos señalados precedentemente, siempre que sus cláusulas no agredan el orden público, la moral o las buenas costumbres, o se afecten los límites inferiores, constituidos por la buena fe, el abuso del derecho (art. 1071 del Código Civil) o se incurra en el vico de lesión, o en la excesiva onerosidad sobreviniente (art. 1198 del Código Civil).

Es que como lo enseña Gastaldi, en el Derecho argentino esa autonomía no es absoluta. Las limitaciones aparecen tanto en la Constitución Nacional -al disponer que los derechos se ejercen conforme las leyes que los reglamentan-, como en el Código Civil, que establece tanto la limitaciones generales del orden público, la moral y las buenas costumbres, como las particulares de la lesión, el abuso del derecho y la imprevisión, al igual que lo que ocurre con el principio general de la buena fe (ver Gastaldi, José María; «Contratos», t. II, p. 12).

En particular, respecto del abuso del derecho, pese a que existen opiniones contrarias, los términos en que está concebido el art. 1071 del Código Civil, indican la adhesión al criterio objetivo -por oposición al subjetivo-, pero con una doble directiva: la primera se relaciona con la índole del derecho que se ejerce, contrariando el objeto de su institución, su espíritu y su finalidad, cuando se contarían los fines de su reconocimiento (se sigue en este aspecto a Josserand, Luis: «De L’ esprit des droits», 2ª, ed., París, 1939, pags. 349 y ss., nº 291 y ss., y a Porcherot, E.: «De L’ abus su droit», Dijon, 1901, pág.124, citados por Llambías, Jorge J.

Ley 17.711: Reforma del Código Civil, JA, del 5/8/68, pág. 27). La segunda es más amplia, pues subordina el ejercicio del derecho al orden moral (con lo cual se sigue la opinión de Savatier, René: «Des effects et de sanction del devoir moral», Paris, 1916, pas. 23 y ss. y de Goldschmidt, la teoría del abuso del derecho y el anteproyecto brasileño de un Código de las Obligaciones, en «Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba», jul-ag.1942, pas. 350 y 376, de acuerdo con Llambías, ob. cit. párrafo anterior, pags. 27 y 28).

Coherente con ello, es posible afirmar que cuando el titular de una prerrogativa jurídica, actúa de tal forma que su conducta concuerda con la norma legal que concede la facultad, pero resulta contraria a la buena fe, la moral, las buenas costumbres o a los fines sociales y económicos en virtud de los que se ha otorgado la prerrogativa y causa daños a terceros, incurre en abuso del derecho.

Ha explicado Josserand -primero que la sistematizó-, que la teoría del abuso del derecho nació como una reacción contra el liberalismo individualista. Dice que cuando el legislador nos confiere una prerrogativa, no es para que hagamos de ella cualquier uso, ya que aquél ha tenido en vista un objetivo determinado. Toda institución -sigue diciendo- tiene un destino que constituye su razón de ser y contra la cual no es lícito levantarse. Cada derecho está llamado a seguir una dirección determinada y no pueden los particulares cambiarla a su antojo en otra diferente. De esta manera se ha impuesto una concepción más social del derecho (ver Josserand, Louis, «De l`esprit des droits et de leurrelativité -Théorie dite de l´ abus des droits»-, 2da. ed., París, 1939, cit. en Belluscio-Zannoni: «Código Civil Comentado, Anotado y Concordado, t. 5, pág.53).

Precisado ello, resulta oportuno señalar ahora que para diferenciar la interpretación de la ley de la concerniente a los contratos, Videla Escalada expone que la clave de la distinción se encuentra en la circunstancia de estar en juego, en la primera categoría, una voluntad general, mientras que en la segunda estaría en consideración una voluntad individual, lo que se circunscribe a las partes (Videla Escalada, Federico N.: «La interpretación de los contratos civiles», Abeledo – Perrot, ps. 12/3). En tanto, Messineo dice que la interpretación de la norma jurídica se limita a liberar a ella de dudas y ambigüedades y, por ello, es esencialmente objetiva.

En tanto, la tarea de interpretar un negocio jurídico es más compleja y ardua, pues además de desechar la dificultad antedicha es apta para aclarar la voluntad concreta de las partes. Por ello le asigna una función objetiva-subjetiva (Messineo, Francesco: «Derecho Civil y comercial», t. II, EJEA, Buenos Aires, p.484).

En términos generales, la interpretación es una actividad dirigida a desentrañar el significado de una manifestación de voluntad (declaración o comportamiento) considerada con relación al ambiente social-económico dentro del cual ella ha sido producida (ver Fontanarrosa, Rodolfo O.: «Derecho comercial argentina. Contratos comerciales», t. II, Zavalía, p.152).

Los documentos que las partes otorgan al celebrar los contratos no siempre expresan con claridad y nitidez lo que ellas han querido convenir, las obligaciones que se ponían a su cargo o los derechos que se creaban a su favor; todo lo contrario, frecuentemente se usan palabras o fórmulas ambiguas, de significado dudoso, y entonces es indispensable determinar el sentido exacto y el alcance verdadero que debe dárseles. La teoría de la interpretación de los contratos nos da, precisamente, las reglas y los principios fundamentales que pueden servirnos de guía y deben observarse en la realización de la tarea (Salvat, Raimundo M.: «Tratado.T.1, Contratos, p.146).

En este esquema, una primer pauta a la que deberá atenerse el interprete está constituida por la buena fe, que en rigor es un principio liminar de todo el orden jurídico (art. 2º del Código Civil Suizo; 7º del Código Civil Español y los arts. 6º y 7º del Código Civil de Québec). De singular incidencia en el ámbito de los actos jurídicos y, en especial, del contractual. Conforme Bibiloni, principio cardinal de la legislación y secular del derecho. Como tal, excede a que pueda o deba ser considerado como una mera pauta o regla de interpretación de los contratos, pues representa la piedra angular en dicha tare a. Que con la reforma efectuada por la ley 17.711 se constituyera a la buena fe, legislativamente, como principio rector de todo contrato, refuerza su significación (ver Centanaro, Esteban: «Contratos. Parte general», ed. EDUCA, p. 573 y sus citas).

El art. 1198 con la mencionada reforma incorporó en efecto la «buena fe» como principio iluminador de la vida del contrato: desde su celebración hasta su extinción, comprendiendo los momentos previos, las tratativas y el tiempo post contractual. Nada escapa a este «faro potente» que ilumina el negocio jurídico contractual. En este ámbito, actúa como un criterio de interpretación, una herramienta idónea para desentrañar el sentido y el alcance del contrato, y, a la vez, un principio de integración, creador de deberes, denominados «secundarios de conducta», que vienen a completar el contenido negocial y, además, que se acoge tanto la buena fe objetiva, que se traduce como lealtad, probidad, respecto o consideración, como la subjetiva, que tiene que ver con el respeto a la apariencia, a aquello que se muestra como verdad, y que, despierta la confianza de las partes (ver Código Civil de la República Argentina, Explicado», t.IV, ps.246/7).

Interpretada la cláusula en cuestión, dentro del mencionado contexto, con sujeción a las pautas que gobiernan la buena fe, parece indudable que de acuerdo a lo que verosímilmente las partes contratante previeron o pudieron entender, ella fue incorporada para regular hipótesis distintas a las verificadas en el expediente, cuando con la autorización expresa o tácita del asegurado, el rodado fuera manejado por un conductor autorizado, de acuerdo a la finalidad o destino para el que éste fue concebido, constituido por el traslado de un lugar a otro.

Mucho más en aquellos supuestos en que la circulación se desarrollara en actividades orientadas a incrementar los riesgos de daños. Todo lo contrario a lo que ocurre en la hipótesis que motiva la revisión.

Por ello considero, que la tarea hermenéutica en la especie, no puede ser divorciada del contrato que Ernesto Mario Bujbinder celebró con el dueño del taller, Mario G. Iraola, que es la figura atípica que posibilitó su uso por el hijo de aquél, M. Gonzalo Iraola, con el fin de probarlo para controlar su adecuado funcionamiento luego de reparado o revisado. Razono así, porque es claro que la finalidad perseguida por aquél fue que su automóvil quedara en adecuadas condiciones para emprender un viaje seguro, que elimine los riesgos de accidentes, y con ello, la posibilidad de causar daños a terceros o a sí mismo, lo cual de rondón, huelga señalarlo, persigue una conducción responsable que claramente conlleva un beneficio para la compañía aseguradora. Sin que obste a ello la presunta falta de autorización que aduce, que claramente se diluye en un intento defensivo por eludir la responsabilidad por daños sin que mediara culpa de su parte, como antes lo había señalado en la respuesta de fs.340/vta.

De ahí que, la pretensión de la aseguradora de subsumir el supuesto de autos a la hipótesis normal u ordinaria del conductor autorizado que provoca daños, despojando a su asegurado de toda cobertura al encuadrar su conducta en la citada cláusula de la póliza, constituye una conducta abusiva, reñida con la buena fe que debe primar en la interpretación de los contratos, al pretender extender la caducidad a una hipótesis que ella no tuvo en miras contemplar, en discordancia con el criterio restrictivo que debe primar en la materia.

En consecuencia, sin perjuicio de compartir en plenitud los lineamientos que bajan de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en «Villarreal», que se menciona en la contestación de la citación en garantía, y en los precedentes que le siguieron en materia de seguros, por las razones expuestas, considero que debe rechazarse el planteo de la aseguradora y que la responsabilidad debe hacerse extensiva a la misma, en los términos del contrato de seguro (art. 118 de la ley 17.418).

IV. Incapacidad sobreviniente.

Puede señalarse que habitualmente todo daño inferido a la persona corresponde apreciarlo en lo que representa como alteración o afectación no sólo del cuerpo sino también del ámbito psíquico del individuo, con el consiguiente quebranto de la personalidad, de manera que importe también éste un menoscabo a la salud, considerada en su aspecto integral y computándose también la incidencia o repercusión que todo ello en alguna medida puede aparejar sobre la vida de relación de aquél (conf.CNCiv., Sala B, 18-4-96, «Díaz Julieta c/ Seguros Bernardino Rivadavia s/ daños y perjuicios», esta Sala I, 8-9-2015 «Magliano Vera, Laura Patricia y otros c/ Hospital Israelita y otros s/ Daños Perjuicios»). Pues, no hay impedimentos para que en el caso se valoren los distintos aspectos en forma integral.

Ante todo es preciso recordar que el daño, en sentido jurídico, no se identifica con la lesión a un bien (las cosas, el cuerpo, la salud, etc.), sino, en todo caso, con la lesión a un interés lícito, patrimonial o extrapatrimonial, que produce consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales (Calvo Costa, Carlos A., Daño resarcible, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 97). En puridad, son estas consecuencias las que deben ser objeto de reparación (Pizarro, Ramón D. – Vallespinos, Carlos G., Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 2, p. 640), lo que lleva a concluir en la falta de autonomía de todo supuesto perjuicio que pretenda identificarse en función del bien sobre el que recae la lesión (la psiquis, la estética, la vida de relación, el cuerpo, la salud, etc.). En todos estos casos, habrá que atender a las consecuencias que esas lesiones provocan en la esfera patrimonial o extrapatrimonial de la víctima, que serán, por lo tanto, subsumibles dentro de alguna de las dos amplias categorías de perjuicios previstas en nuestro derecho: el daño patrimonial y el moral. (Conf. CNCiv, Sala H, en autos «Boroni, José Juan Ramón y otros c/ González, Mariano Ezequiel y otros s/ Daños y Perjuicios»).

La lesión de la psiquis y en el cuerpo, entonces, no constituye un perjuicio autónomo y distinto de la incapacidad sobreviniente. Se trata, en ambos casos, de lesiones -causadas en la estructura psíquica o el cuerpo de la víctima- que producen una merma en la capacidad del sujeto para realizar actividades patrimonialmente mensurables.Es esta merma, que resulta en una disminución patrimonial (un lucro cesante), lo que en definitiva constituye el daño resarcible.

En sentido concorde, se ha dicho que las consecuencias de la incapacidad física y las de la lesión psíquica deben ser valorados en forma conjunta, porque los porcentajes de incapacidad padecidos por el damnificado repercuten unitariamente, lo cual aconseja que se fije una partida indemnizatoria que abarque ambos aspectos ya que, en rigor, si bien conformarían dos índoles diversas de lesiones, se traducen en el mismo daño, que consiste, en definitiva, en la merma patrimonial que sufre la víctima por la disminución de sus aptitudes y para el desempeño de cualquier trabajo o actividad productora de beneficios materiales (Conf. CNCiv, Sala H, en autos «Boroni, José Juan Ramón y otros c/ González, Mariano Ezequiel y otros s/ Daños y Perjuicios», entre muchos otros, 18/2/2014, «G., J. M. c/ L. P., N. y otros s/ Daños y per-juicios», Expte. n° 37.586/2008; ídem, 22/10/2013, «C., C. M. c/ Sanatorio del Valle y otros s/ Daños y perjuicios», L. n° 589.623; ídem, 12/3/2013, «H., Ricardo Alejandro c/ Empresa Ciudad de San Fernando y otros s/ Daños y Perjuicio s», L. n° 610.399; ídem, 19/6/2012, «G., Josefina c/ Transporte Escalada S.A.T. y otro s/ daños y perjuicios», L. n° 598.408; ídem, 23/02/2012, «G., Victoria Yasmin c/ M., Pablo y otros s/daños y perjuicios», LL 18/06/2012, 9).

Sentado ello, la incapacidad sobreviniente puede ser aprehendida en un doble aspecto, en tanto lesión a la persona, la incapacidad se percibe ante todo desde una perspectiva intrínseca: como menoscabo a la integridad psicofísica del sujeto, que con mayor o menor alcance lo invalida en realizaciones existenciales o productivas. En este último sentido desde un punto de vista genérico, puede ser definida como inhabilidad o impedimento, o bien dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales. (Zabala de González Matilde:»Tratado de Daños a las Personas – Disminuciones Psicofísicas», Tomo II, Pag. 1). Se toman en cuenta de modo predominante las condiciones personales de la víctima y para que exista es necesario que se verifique luego de concluida la etapa inmediata de curación y convalecencias, y cuando no se ha logrado su total restablecimiento.

Más específicamente, se entiende por lesión toda alteración de la contextura física o corporal, como una contusión, escoriación, herida, mutilación, fractura, entre otros ejemplos, y todo detrimento del organismo, sea por un empeoramiento del desempeño de la función o un desempeño más gravoso, y cualquier perjuicio en el aspecto físico de la salud, aunque no medien alteraciones corporales, en suma, cuando se habla de daño físico, se alude a la pérdida anatómica y a la afectación funcional, extremos que pueden darse de manera conjunta o independiente.

En tanto que por daño psicológico se entiende los disturbios que afectan el comportamiento general del individuo, con connotaciones de índole patológica que disminuyen sus aptitudes para el trabajo o inciden en la vida de relación. Importa una merma o disminución en el rendimiento o capacidad psíquica, por alteración profunda de la estructura vital de la personalidad de la víctima.

Supone una perturbación patológica de la personalidad de la víctima que altera su equilibrio básico o agrava un desequilibrio precedente (Zabala de González M.: «Daños a la Persona», p.193, Hammurabi SRL, 1990).

Ahora bien, es evidente que esa disminución puede, como todo el resto de los daños considerados desde el punto de vista «naturalístico» (esto es, desde el punt o de vista del bien sobre el que recae la lesión; vid.Bueres, Alberto J., «El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la psique, a la vida de relación y a la persona en general», Revista de Derecho Privado y Comunitario, Daños a la persona, n° 1, Santa Fe, 1992, p. 237 y ss.), tener repercusiones tanto en la esfera patrimonial como en la extrapatrimonial de la víctima.

Este último aspecto no puede subsumirse en la incapacidad sobreviniente, sino que se identifica, en todo caso, con el daño moral, al que hoy el código menciona como consecuencias no patrimoniales (artículo 1741).- (Conf. CNCiv, Sala H, en autos «Boroni, José Juan Ramón y otros c/ González, Mariano Ezequiel y otros s/ Daños y Perjuicios»).

En consecuencia, el análisis a efectuar en el presente acápite debe circunscribirse a las consecuencias patrimoniales de la incapacidad sobreviniente, partiendo de la premisa, de que la integridad psicofísica no tiene valor económico en sí misma, sino en función de lo que la persona produce o puede producir. Se trata, en última instancia, de un lucro cesante actual o futuro, derivado de las lesiones sufridas por la víctima (Pizarro-Vallespinos, Obligaciones, cit., t. 4, p. 305).

Sentado ello, aún a riesgo de ser reiterativo, como se lo explica en la anterior instancia, el oficial de policía que llegó al lugar del hecho momentos después de su producción, señaló que de acuerdo a lo manifestado por el médico del SAME que asistió a las víctimas, tanto Bueno como Pérez sufrieron sendos traumatismos de columna cervical, por lo que fueron trasladados al Hospital Durand (ver fs.1/2). La lesión sufrida por Bueno fue constatada además por el Cuerpo Médico Forense en dichos obrados, que luego de señalar la existencia de un Traumatismo cervical con rectificación de columna, indicó que dicha lesión fue producida por golpe o choque con o contra cuerpos duros, y que tenía carácter leve, en tanto debía curar, salvo complicaciones, en un lapso inferior a un mes (ver fs. 91). Antes pasó lo mismo con Pérez, donde en un informe médico legal -fechado el mismo día del siniestro- se dejó constancia del dolor que el chofer de taxi dijo padecer a nivel cervical dorsal y en pierna derecha (ver fs. 20). Por su parte, el perito médico legista y psiquiatra en ambas causas (Ariel Garate) señaló que por el siniestro Bueno presenta una rectificación de la lordosis de columna cervical, que importa una incapacidad parcial y permanente del 7 %, así como un cuadro de trastorno por estrés postraumático con componentes depresivo-fóbicos, por el que estima un 20 % de incapacidad (ver fs. 371/375 de los autos «Bueno.»).

En cuanto a Pérez, el experto también verificó como secuelas del hecho – que calificó como graves- la presencia de rectificación de lordosis fisiológica de columna cervical, tronco primario, superior y medio del plexo cervical, con lesión en miotomas C6 y C7 y lesión troncal del mediano a nivel del carpo de mano derecha, más una discopatía lumbar en disco de nivel L5 y S1 con protusión discal postero central y bilateral. Todo por lo que establece una incapacidad del 45 % (vuelvo a recordar que no se reclamó por afecciones psicológicas, por lo que el perito no se expidió sobre ello).

Arribado a este punto, vale resaltar que los jueces no están obligados a aceptar y consagrar los dictámenes periciales. Empero, tampoco pueden ser dejados de lado por éste en forma discrecional.Ello porque si bien es cierto que las normas procesales no acuerdan al dictamen el carácter de prueba legal, no lo es menos que cuando el mismo comporta la necesidad de una apreciación específica del campo del saber del perito, para desvirtuarlo, es imprescindible traer elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error, o el inadecuado o insuficiente uso que el técnico hubiera hecho de los conocimientos científicos de los que por su profesión o título habilitante necesariamente ha de suponérselo dotado, o sea, que el apartamiento de las conclusiones establecidas en aquél debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión del experto se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, evidenciando la existencia de errores de entidad, o que existen en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de los hechos controvertidos (conf. Morello-Sosa-Berizonce: «Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Prov. de Bs. As. y de la Nación, Comentados y Anotados», t. V-B, pags.453/).

Entonces cuando el peritaje se halla fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél (conf. Palacio, Lino E. «Derecho Procesal Civil», tomo IV, pág. 719 En este caso, la peritación en cuestión, analizada con sujeción a lo que dispone el art.477 del Código Procesal, es clara en su contenido, da respuestas concretas a los puntos periciales formulados, y deja definitivamente esclarecido cuál es la secuela que puede atribuirse en relación de causalidad adecuada con el accidente de autos, en concordancia con lo que surge de las constancias de la causa penal, circunstancias que me llevan a concordar con el resultado de la valoración de la prueba realizada en la instancia anterior.

En lo que hace a la cuantía, desde hace tiempo, y con su anterior composición, la Sala I, donde soy titular, acude como pauta orientativa a criterios matemáticos para su determinación, si bien tomando los valores que arrojan esos cálculos finales como indicativos, sin resignar las facultades que asisten al órgano judicial para de adecuarlos a las circunstancias y condiciones personales del damnificado, de modo de arribar a una solución que concilie lo mejor posible los intereses en juego. Criterios semejantes, aunque resistidos por muchos, distan de ser novedosos (cfr. Iribarne, Héctor en «Derecho de Daños», primera parte, Directores Trigo Represas, Stiglitz, Ed. La Roca, Bs. As, 1996, pág. 191 y sgtes.).

En muchos precedentes que se reiteran han descartado diversos mecanismos y en esa línea se ha precisado que «.la determinación del daño impone evaluar las circunstancias personales de la víctima, cuáles eran sus concretas condiciones precedentes al hecho dañoso, el grado de desarrollo de sus dones o habilidades, sus efectivas actividades, los requerimientos familiares, etc. De lo contrario sólo podrá tenerse por probado una suerte de incapacidad existencial genérica que por lógica prescindirá de esas condiciones personales de la víctima.

También hemos resuelto que debían ponderarse los ingresos que la víctima obtenía y que frente a la ausencia de una prueba concreta acerca de su monto, se considera útil tomar como pauta de referencia los valores que compone el salario mínimo vital y móvil (expte.55.244/2011 del 2 de julio de 2015, 101.411/2010 del 2 de junio del 2015, entre otros).».

Este temperamento resulta compatible con las directrices sobre las que se asienta la nueva normativa en la materia (arts. 1745, 1746) a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se orientan en tal sentido, ya que introducen en realidad una fórmula de matemática financiera (Alterini, Jorge Horacio, «Código Civil y Comercial., t. VIII, pág. 278 y sgtes., Ed. La Ley). En razón de ello la citada Sala viene considerando desde hace ya tiempo que parece útil -en sintonía con esos nuevos postuladosexplicitar las bases objetivas y variables en juego que se toman en cuenta para arribar a los montos indemnizatorios. Ello aún cuando esa nueva normativa no sea -reitero- aplicable en virtud de lo dispuesto por el art. 7 del mencionado código; es que explicitar el temperamento para su determinación sin duda contribuye a la transparencia en la medida en que obliga al magistrado a exponer y permite a las partes controlar el desarrollo que precede a la determinación en concreto de la indemnización, ya que al expresar cada una de las variables a tener en cuenta- ingresos, tasa de descuento, período de la vida a computar- «obliga a expresar de un modo transparente (y por exigencias generales de fundamentación, justificado) qué valor se entiende acreditado o aplicable al caso (Garrido Cordobea, Borda, Alferillo, en «Código Civil y Comercial.», t. 2, pág. 1072 y sgtes.; Ed. Astrea, Buenos Aires, 2015″ y entre otros CNCiv. esta Sala, «Peloche Velazco, Miguel Hugo c/ Hidalgo, Claudio Alejandro y otros s/ daños y perjuicios» voto del a Dra.Guisado del 28/3/2018)».

Aunque acepto la destacada utilidad que el empleo de fórmulas matemáticas ofrece como pauta comparativa u orientativa a los fines de la cuantificación del daño, considero que una aplicación obligatoria y en términos absolutos de esos esquemas matemáticos, se manifiestan insuficientes para dar respuestas razonables y justas en todos los supuestos, y ello de rondón lleva ínsito el riesgo de desoír el mandato que impone el art. 2 del Título Preliminar, del Código Civil y Comercial de la Nación -utilizable como pauta interpretativa-, cuando exige interpretar la ley teniendo en cuenta los principios y valores jurídicos y de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. También, por defecto o por exceso, de afectar el principio de la reparación plena que impacta a nivel constitucional y se enmarca en el proceso de constitucionalización del derecho civil patrimonial y de los derechos humanos fundamentales (arts. 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación, arts.16, 17, 19 y 33 de la Constitución Nacional).

La realidad vital asume en diversos supuestos variantes y peculiaridades, difíciles de subsumir en un cálculo o fórmula matemática, en los términos absolutos con que lo propone algún sector de la doctrina -al menos con las variables y constantes con que han sido alimentadas hasta ahora las más difundidas-, y que por e llo muchas veces demanda de una suerte de análisis artesanal del caso, con sujeción al material probatorio reunido en el expediente.

Con estas precisiones, que no resultan incompatibles con la solución que viene aplicando este Tribunal en el tema, entiendo que en el caso en concreto, la aplicación de la fórmula a ciegas conduciría a un resultado desproporcionado, por una serie de circunstancias que justifican intervenir para adecuar el resultado a bases más realistas.

En ese orden de ideas, estimo adecuado valorar que el accidente acaeció cuando Bueno tenía cuarenta y tres años, era soltera, poseía estudios secundarios completos, vivía con su madre y trabaja en el Mercado del Plata, en tareas administrativas (liquidación de haberes).

Por su parte, Pérez tenía treinta y un años, se encontraba en pareja con dos hijos, tenía estudios secundarios incompletos y trabajaba como conductor de taxis, tal como se lo destaca en la sentencia apelada. Una tasa de descuento del 5% anual que en la actual coyuntura económica entiendo adecuada y que representaría el adelanto por las sumas futuras, equivalente a la que se podría obtener de una inversión a largo plazo.El periodo a computar que estaría dado hasta la edad productiva de la víctima que esta sala estima en 75 años, y la incapacidad a las que hice referencia precedentemente.

Pues bien, aceptado lo concluido en la peritación médica, las circunstancias particulares de las víctimas, el grado de incapacidad y las variables aludidas, de acuerdo con el cálculo propuesto, las sumas de $150.000, y $ 300.000 para la primera y para Pérez, resultan un resarcimiento reducido. Por lo tanto, propongo al Acuerdo hacer lugar a los agravios de los actores elevando dichos montos a las cantidades de $ 700.000 y $ 1.000.000 para cada uno de los actores respectivamente, sin que obste a ello que las cifras solicitadas en la demanda sean menores, puesto que se fija a valores actuales al momento del pronunciamiento recurrido y habida cuenta de que el reclamo fue supeditado a la fórmula «o lo que en más o en menos resulte de la prueba», lo cual elimina eventuales violaciones al principio de congruencia que los jueces estamos obligados a respetar (art 34, inc. 4 y 163, inc. 6º del Código Procesal). (art. 165 parte final del Código Procesal).

V.Daño moral.

En lo que hace al daño moral, se halla configurado por la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos comprendiendo también las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes.

Mediante la indemnización peticionada se procura resarcir la lesión ocasionada a la persona en alguno deaquellos bienes que tienen un valor principal en su vida, y que son la paz, la integridad física, la tranquilidad de espíritu, el honor, y los demás sagrados afectos que se resumen en los conceptos de seguridad personal y afección legítima; y cuya violación determina la modificación disvaliosa del espíritu en su capacidad de entender, querer o sentir, que resulta anímicamente perjudicial.

La reparación del daño moral está determinada por imperio del art. 1078 del Código Civil, que con independencia de lo establecido por el art. 1068, impone al autor del hecho ilícito la obligación de indemnizar sin exigir prueba directa de su existencia. A los efectos de establecer su «quantum», corresponde ponderar entonces la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado a la víctima; evaluando la conducta de las partes conjugadas para la producción del evento dañoso; las lesiones, padecimientos y molestias experimentadas, angustias y estados depresivos que el hecho le ocasionó; en definitiva, la incidencia plena que el infortunio tuvo sobre la personalidad de quien lo ha sufrido.

Es claro que lo no patrimonial no tiene traducción dineraria. Y que toda fijación de un monto resarcitorio por daño moral tiene algo de caprichoso o arbitrario. Aún admitiendo que el derecho es una ciencia blanda. En este derrotero, Lafaille, predicaba, como criterio a la hora de cuantificar el daño moral, atender al costo de las necesidades a satisfacer con ese dinero, a los «placeres complementarios» (ver Rubinzal- Culzoni Editores: «Código Civil de la república Argentina, Explicado», t. III, ps.625/6).

Esta opinión, se encuentra en línea con lo que al respecto ahora propone el art.1741, última parte, del Código Civil y Comercial de la Nación, utilizable como pauta interpretativa. Se ha dicho así, que queda superado ahora el criterio que sostenía que en el daño moral se indemnizaba el «precio al dolor» para aceptarse que lo resarcible es el «precio del consuelo», que procura «la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias. Se trata de proporcionarle a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado y por esa vía facilitar el acceso a gratificaciones viables, confrontando el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea, proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena (ver Lorenzetti, Ricardo Luis: «Código Civil y Comercial de la Nación, Comentado», t. VIII, p. 503).

Si bien el cálculo económico del dolor se presenta como una tarea de dificultosa realización, nada impide apreciarlo, con criterios de razonabilidad y justicia, en su intensidad y grado, para de esa manera estar en condiciones de definir una cuantía que resulte idónea o suficiente para compensar las angustias, tristezas y toda clase de padecimientos derivados del evento dañoso, con la adquisición de bienes y contratación de actividades sociales, culturales y de esparcimiento o recreación en general, aptos para posibilitarle al damnificado situaciones de disfrute, distracción y deleites suficientes para alcanzar los objetivos que expresa el dispositivo.

A los fines de ponderar la justicia de la cuantía, las características sorpresivas del impacto, conjuntamente con el traslado en ambulancia, la atención hospitalaria recibida, los tratamientos que deberán encarar, que fueron indemnizados aparte respecto de Bueno, todo lo dicho al tratar la incapacidad sobreviniente de los damnificados, y las secuelas con las que ambos actores deberán convivir por el resto de sus días, son susceptible de provocar padecimientos y angustias importantes que justifican los agravios de ambos sobre el punto.Por tanto, propicio conceder a Bueno la suma de $ 400.000 y a Pérez la de $ 50.000, a fin de no desligar enteramente los montos de lo que ambos reclamaron, y teniendo en cuenta en este último caso, que en la sentencia apelda se determinó que la tasa activa corriera desde el hecho, por haberse fijado el monto para esa oportunidad.

Ello, si además se aprecia la necesidad de encontrar montos que resulten idóneos o suficientes para compensar las angustias y tristezas derivados del evento dañoso, con la adquisición de bienes y contratación de actividades sociales, culturales y de esparcimiento o recreación en general, aptos para posibilitarle al damnificado situaciones de disfrute, distracción y deleites suficientes para lograr dicha finalidad, con arreglo a lo que ahora dispone el art. 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación, utilizable como pauta interpretativa.

Aclaro que aunque en materia de daño moral considero que, como regla, el monto que estima el mismo damnificado no pude ser excedido, por respeto al principio de congruencia, en supuestos como el sometido a revisión, juzgo adecuado hacer una excepción a tal temperamento. Por ello, a fin de compensar la intensidad del padecimiento y lo que pecuniariamente necesita para adquirir bienes o acceder a actividades que razonablemente la compensen, es que considero adecuado el monto que propongo en mi voto. Ello, aunque supere la suma reclamada en la demanda por este concepto, dada la feroz pérdida del poder adquisitivo del dinero experimentada, lo que en un supuesto con las peculiaridades del presente, resulta una manera razonable de expurgar la desvalorización desde el momento en que la cifra fue estimada, al interponerse la demanda. En una hipótesis como la de autos, en aras de un formal y poco realista respecto del principio de congruencia, conceder la cifra a valores nominales conjugada con la tasa activa, se manifiesta a todas luces insuficiente para resguardar la real significación o el verdadero valor que el monto pedido tenía o representaba, cuando la demanda fue deducida, el que ha quedado francamente depreciado.

VI.Tasa de interés.

Comparto el criterio de fijar la tasa activa que mencionan los actores en ambos procesos acumulados – o una similar- solo a partir del pronunciamiento de primera instancia cuando los valores son establecidos a esa fecha y se encuentran libres hasta entonces de todo deterioro a causa de la desvalorización monetaria. En esos casos, aplicar la tasa activa desde el hecho como ellos lo pretenden importaría, -dada su composición- compensar un deterioro, inexistente, incrementando en forma indebida el significado económico de la condena. Así lo ha resuelto esta Sala en numerosos casos análogos (conf. exptes. n°59.408/03 el 5 de noviembre de 2009; 19.835/06 del 15 de octubre de 2009, 99575/06 del 26 de marzo de 2010 entre otros).

En función de ello, considero que los agravios deben ser rechazados.

En consecuencia, si mi criterio fuera compartido, propongo al Acuerdo rechazar los agravios formulados por los apelantes con los alcances precisados, declarar la deserción de los recursos en los aspectos individualizados en los considerandos precedentes, íntegramente en el caso de los demandados Iraola condenados, y confirmar la sentencia única dictada en los procesos acumulados en lo principal que decide, revocándola sólo en cuanto rechaza la demanda contra Ernesto Mario Bujbinder y La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada en dichos procesos, la que se admite contra el primer o y se hace extensiva a la aseguradora nombrada en la medida del seguro (art. 118 de la ley 17.418). Con costas de ambas instancias en los dos juicios acumulados al accionado y su compañía de seguros, vencidos (arts. 68 y 279 del Código Procesal). Asimismo, modificar la sentencia apelada respecto de los montos establecidos en concepto de «incapacidad sobreviniente» y «daño moral», que se elevan a las sumas de $ 700.000 y $ 400.000 para Alejandra María de Luján Bueno (Expte. 108.615/2007) y $ 1.000.000 y $ 50.000 para Néstor Atilio Pérez (Expte. N° 111.062/2007), respectivamente en ambos casos.Con costas de alzada a los demandados, atento la forma como progresan los planteos que determina que en el análisis global de los recursos los actores de ambos juicios resultan vencedores. Excepto respecto de los agravios de la actora contra la decisión de rechazar la demanda contra Néstor Atilio Pérez, Marcelo Rodolfo Marcos y su aseguradora, las que se imponen a la accionante, vencida (art.68 del Código Procesal).

Así mi voto.

El Dr. Polo Olivera dijo:

Adhiero al voto de mi estimado colega Dr. Juan Pablo Rodríguez en cuanto propone, sólo disiento respecto de lo votado con relación a la cuantificación de la partida correspondiente a daño moral.

Doy mis fundamentos.

I.- En primer lugar destaco que en casos como el presente, donde en algunas partidas los valores de la indemnización son fijados a valores actuales, considero que respecto de ellas la tasa que debe liquidarse es la del 8% anual desde la fecha del accidente hasta el dictado de la sentencia y de allí en adelante, hasta el efectivo pago, a la tasa activa establecida en la doctrina plenaria sentada en los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios»; empero, ante la falta de cuestionamiento por parte de los condenados sobre este extremo concuerdo con la propuesta efectuada en el primer voto.

II.- En lo que respecta al daño moral debo decir que en la Sala G del Tribunal – que integro como vocal titular- he participado del criterio que en la cuantificación del daño moral debe estarse al principio de congruencia, que impide al juez dar más de lo reclamado por el pretensor, quien es -en definitiva- el que se encuentra en mejores condiciones para cuantificar la faz afectada cuya reparación peticiona.

Por ello, teniendo en cuenta el modo en que se ha mandado liquidar intereses por este concepto respecto de Pérez y que la suma concedida se ajusta a la reclamada en la demanda, entiendo que corresponde confirmar este aspecto de la sentencia.

La actualización de ese capital resultará suficientementeprovista mediante la aplicación de intereses de acuerdo con la tasa activa que aplica el BNA, operativa en la especie.

Con relación a Bueno, ponderando las angustias, sufrimientos y molestias que debió soportar ésta a raíz del accidente, teniendo en cuenta lo que surge de las circunstancias del mismo, considero que corresponde hacer lugar a sus agravios y elevar dicha partida indemnizatoria, pero hasta el monto reclamado en la demanda por este concepto ($80.000), con intereses a tasa activa desde la fecha del hecho.

Así lo voto.

La señora juez de Cámara doctora Patricia Barbieri dijo:

Adhiero en lo sustancial al voto de mi distinguido colega Dr. Rodríguez, con la salvedad de lo propuesto en materia de intereses, respecto de lo cual, en base a los fundamentos vertidos en mi voto, en los autos Expediente Nº 81.687/2004 «PEZZOLLA, Andrea Verónica c/ Empresa de Transportes Santa Fe SACEI y otros s/ daños y perjuicios» y su acumulado Expte.

Nº 81.683/2004 «PEZZOLLA, José c/ Transportes Santa Fe SACI s/ daños y perjuicios» del 27/11/2017 Sala D y a la facultad que por otro lado el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación otorga a los jueces en su art. 7 a los que en honor a la brevedad me remito, propongo que los mismos se liquiden a la tasa activa indicada por el preopinante pero desde el hecho hasta el efectivo pago.- Así mi voto.

Con lo que terminó el acto. JUAN PABLO RODRIGUEZ- GASTON MATIAS POLO OLIVERA- PATRICIA BARBIERI.- Buenos Aires, de febrero de 2021.- Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede y en virtud de todo ello, el Tribunal RESUELVE:Rechazar los agravios formulados por los apelantes con los alcances precisados, declarar la deserción de los recursos en los aspectos individualizados en los considerandos precedentes, íntegramente en el caso de los demandados Iraola condenados, y confirmar la sentencia única dictada en los procesos acumulados en lo principal que decide, revocándola sólo en cuanto rechaza la demanda contra Ernesto Mario Bujbinder y La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada en dichos procesos, la que se admite contra el primero y se hace extensiva a la aseguradora nombrada en la medida del seguro (art. 118 de la ley 17.418). Con costas de ambas instancias en los dos juicios acumulados al accionado y su compañía de seguros, vencidos (arts. 68 y 279 del Código Procesal). Asimismo, modificar la sentencia apelada respecto de los montos establecidos en concepto de «incapacidad sobreviniente» y «daño moral», que se elevan a las sumas de $ 700.000 y $ 400.000 para Alejandra María de Luján Bueno, por mayoría en este último caso y con intereses a liquidarse respecto del rubro daño moral concedido a favor de la Sra. Bueno conforme la tasa activa desde la fecha del hecho dañoso ocurrido y hasta su efectivo pago (Expte. 108.615/2007), y $ 1.000.000 y $ 50.000 para Néstor Atilio Pérez (Expte.

N° 111.062/2007), respectivamente en ambos casos. Con costas de alzada a los demandados, atento la forma como progresan los planteos que determina que en el análisis global de los recursos los actores de ambos juicios resultan vencedores. Excepto respecto de los agravios de la actora contra la decisión de rechazar la demanda contra Néstor Atilio Pérez, Marcelo Rodolfo Marcos y su aseguradora, las que se imponen a la accionante, vencida (art.68 del Código Procesal).

De conformidad con el presente pronunciamiento y en atención a lo dispuesto por el art.279 del Código Procesal, teniendo en cuenta la naturaleza, importancia y extensión de los trabajos realizados por los profesionales intervinientes; las etapas del proceso cumplidas; las respectivas bases regulatorias, conformadas por el monto de condena más sus intereses; la proporción que deben guardar los honorarios de los peritos con los de los letrados; la incidencia de su labor en el resultado del pleito; lo dispuesto por los arts. 1, 14, 16, 20, 21, 22, 26, 29 y 51 de la ley 27.423 y el valor de la UMA establecido por la Acordada N° 36/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se adecuan los regulados en la sentencia de primera instancia, fijándose: a) En autos «BUENO, Alejandra María de Luján c/ IRAOLA, M. Gonzalo y otros s/ Daños y perjuicios»: los correspondientes a los Dres. Silvina Liliana Lusero y Juan P. Fernández, letrados patrocinantes de la actora, por tres etapas del proceso, en .UMA, en conjunto, equivalentes al día de la fecha a pesos. ($ .); los del Dr. Luis Juan Ripullone, ex letrado apoderado de los codemandados Pérez y Marcos, por dos etapas, en .UMA, equivalentes a pesos . ($ .); los de la Dra. M. Sfair, letrada patrocinante del codemandado Bujbinder, quien tampoco alegó, en .UMA, equivalentes a pesos.($ .); los de los Dres. Guillermo Hugo Pierini y Laura Liliana Giardullo, letrados patrocinantes del codemandado M. Iraola, por dos etapas, en .UMA, equivalentes a pesos. ($ .); los de los Dres. Jorge Amadeo Erra y Rubén Roque Erra, letrados apoderados de la citada en garantía, por las tres etapas del proceso, en .UMA, equivalentes a pesos.($ .); los de la perito contadora Laura Analía Agión, en .UMA, equivalentes a pesos.($ .), y los del perito médico Ariel Garate, en .UMA, equivalentes a pesos. ($ .).

Por la actuación ante esta alzada, se fija la retribución de la Dra. Silvina Liliana Lusero en .UMA -pesos. ($ .)-; la del Dr. Matías Nicolás Coll, letrado patrocinante del codemandado Pérez, en .UMA -pesos.($ .)-; los de los Dres.Jorge Amadeo Erra y Rubén Roque Erra, en .UMA, en conjunto -pesos.($ .)-, y los de la Dra. Laura Liliana Giardullo, en .UMA -pesos.($ .)- (art. 30 ley 27.423). b) En autos «MARCOS, Marcelo Rodolfo y otro c/ IRAOLA, M. Gonzalo y otros s/ Daños y perjuicios»: los correspondientes al Dr. Luis Juan Ripullone, ex letrado apoderado de los actores, por dos etapas del proceso, en .UMA, equivalentes a pesos.($ .); los de la Dra. Laura Liliana Giardullo, letrada patrocinante de los codemandados M. Iraola y Matías Iraola, por las tres etapas, en .UMA, equivalentes a pesos.($ .); los de la Dra. M. Sfair, letrada patrocinante del codemandado Bujbinder, por dos etapas, en .UMA, equivalentes a pesos.($ .); los de los Dres.Jorge Amadeo Erra y Rubén Roque Erra, letrados apoderados de la citada en garantía, por las tres etapas, en .UMA, equivalentes a pesos novecientos noventa y tres mil seiscientos trece ($ .); los de la perito contadora Laura Analía Agión, en .UMA, equivalentes a pesos.($ .); los del perito médico Ader Sergio Ariel Garate, en .UMA, equivalentes a pesos.($ .), y los del perito ingeniero Juan Carlos Jorge Agüero, en .UMA, equivalentes a pesos. ($ .) Por la actuación ante esta alzada, se fija la retribución del Dr. Matías Nicolás COLL, letrado patrocinante del coactor Pérez, en .UMA -pesos.($ .)-; la de los Dres. Jorge Amadeo Erra y Rubén Roque Erra, en .UMA, en conjunto -pesos.($ .) -, y los de la Dra. Laura Liliana Giardullo, en .UMA -pesos.($ .)- (art. 30 ley 27.423).

El Dr. G. M. Polo Olivera deja constancia de que, pese a entender que la ley 27.423 citada no es aplicable a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución (conf.doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos «Establecimiento Las Marías c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa» del 4/9/2018), atento la mayoría conformada en el Tribunal en torno a la cuestión, no se extenderá a su respecto.

En lo que respecta a los honorarios de los mediadores Dres. Úrsula Andrea Bottaro y Hernán Gabriel Sosto, en atención a lo argumentado por éste último y por la citada en garantía en sus respectivas apelaciones, debe recordarse que el artículo 28 del Anexo I del decreto 1467/11, tanto en su redacción original como en la nueva según el decreto 2536/15 (inciso h), dispone expresamente que el juez debe tomar como base el monto del honorario básico vigente al momento de dictar sentencia u homologación de la transacción.

Por otra parte, no debe obviarse que las escalas fijadas sucesivamente por los decretos reglamentarios anteriores al 2365/15 fueron producto de la necesidad de actualizarlas ante la depreciación de los montos fijos establecidos en ellas, dificultad ésta que fue subsanada a través de la creación de la Unidad de Honorarios de Mediación por parte de esta última norma.

En relación con lo alegado por la citada en garantía en el sentido de que las escalas no son obligatorias y que deben evaluarse los trabajos realizados, ya se ha señalado supra que el juez debe determinar la retribución del mediador de conformidad con el monto fijado en la sentencia o transacción y la escala arancelaria aplicable, sin que quepa regulación alguna ponderando otros factores distintos a éstos.

En razón de lo expuesto, el honorario de los mediadores debe ajustarse a lo dispuesto por el decreto 2536/15, vigente a la fecha de la presente sentencia, por lo que se establece el de la Dra. Úrsula Andrea Bottaro y el del Dr. Hernán Gabriel Sosto en .UHOM para cada uno de ellos, equivalentes al día de la fecha a.($ .) (conf. art. 2°, inciso g), del Anexo III del Decreto 1467/11, modificado por Decreto 2536/15 y valor de la UHOM vigente a la fecha).

Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. Por ante mí, que doy fe. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

JUAN PABLO RODRIGUEZ

GASTON MATIAS POLO OLIVERA

PATRICIA BARBIERI

M. L. Alessandro

Secretaria

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