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#Doctrina La protección del conviviente y la unión (accesión) de posesiones en el Código Civil y Comercial de la Nación

Autor: Reggi, Ernesto E.

Fecha: 15-mar-2021

Cita: MJ-DOC-15796-AR | MJD15796

Doctrina:

Por Ernesto E. Reggi (*)

A pesar del tiempo transcurrido, al art. 14 bis de la Constitución Nacional, a la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, art. 11 ) incorporados a la Constitución (art. 75, inc. 22 ) y la reforma del Código de Vélez (año 2015), la crisis habitacional y el acceso a la vivienda propia de las personas más necesitadas, continúa siendo uno de los problemas sociales más acuciantes como lo puso dramáticamente en evidencia la llamada toma de los terrenos de Guernica.

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El presente pretende ser una modesta contribución a la solución parcial de ese problema, obviamente insuficiente ya que sólo políticas de Estado y leyes idóneas podrán mitigar -sino solucionar- tal drama nacional y también universal.

El análisis de un caso profesional me sugirió las siguientes reflexiones. Se trató de una conviviente por el lapso de diez (10) años con un poseedor de más de quince (15) años -pre fallecido- de un inmueble que fue sede de la unión convivencial (art. 526 del CCCN), durante aquél período de tiempo. La conviviente supérstite queda ahora a merced de los herederos de la titular originaria del dominio (accionantes por reivindicación) porque no está unida por un vínculo jurídico con el conviviente fallecido que le permita unir (accesión) su posesión con la de este último.

Al margen del fondo de la cuestión no comparto el común criterio adoptado en general en las reformas de la ley, de modificar términos jurídicos consagrados por el uso sin necesidad real o por mero prurito lexicológico, o por supuestos cambios en los principios científicos. Tal vg.lo que ha ocurrido con el término accesión, reemplazado por el CCCN por unión o con el de daño moral -de extensa trayectoria- por el de daño extramatrimonial, cuando en definitiva su significación es la misma. Cierto es que prestigiosos autores han criticado la denominación daño moral (Mosset Iturraspe la califica de «anticuado»: «Daño moral. Noción. Crítica a la denominación. Daño extramatrimonial. Daño a la persona», en «Revista de Derecho de Daños», 1999, N° 6, ps. 13 y 14), pero tal concepción está lejos de ser pacífica (conforme Eduardo Loizaga: «Daño moral: ¿existen como categorías autónomas las lesiones psíquicas o estéticas?», en «Derecho Privado», libro homenaje al Dr. Bueres, pg. 1192, Edit. Hammurabi – José Luis Depalma, Bs. As. 2001), especialmente cuando, como en el caso del gran maestro citado en primer término, se fundamentan en el estado de las ciencias, el que es circunstancial y evolutivo; por tanto, está referido a un momento determinado, y siempre sujeto a revisiones y correcciones (ver Ricardo de Ángel Yagues: «Una nueva forma de inmisión: los campos electromagnéticos. Lo tolerable y lo que no lo es», pg. 1762 del libro homenaje precitado).

Hecha la digresión, ingreso al tema que motiva el presente trabajo.

El Código Civil y Comercial que comenzó a regir en el año 2015 incorporó la normativa que regula las uniones convivenciales (Título III, arts. 509 a 528).

El art. 526 («Atribución del uso de la vivienda familiar») del Capítulo IV de dicho título establece que: «El uso del inmueble que fue sede de la unión convivencial puede ser atribuido a uno de los convivientes en los siguientes supuestos:

«b) si acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata».

A su vez el art. 1901 de dicho código establece que: «El sucesor particular puede unir su posesión a la de sus antecesores siempre que derive inmediatamente de las otras.En la prescripción breve las posesiones unidas deben ser de buena fe y estar ligadas por un vínculo jurídico». Esta redacción permite deducir que tal vínculo resulta innecesario en el supuesto de la usucapión (prescripción larga), aunque su interpretación genere dudas (conforme Claudio Kiper-Mariano C. Otero, «Prescripción adquisitiva» p. 132-135, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe 2017).

Esta materia de la accesión (hoy unión, conforme la nueva redacción del art. 1901) de posesiones tiene relación estrecha con el tema de la unión convivencial que genera, en el caso de la desaparición de uno de los convivientes y dado que se trata en tal supuesto de sucesión a título particular, el interrogante de si el conviviente supérstite tiene derecho a unir su posesión a la del causante aun careciendo de vínculo jurídico alguno, más allá de la mera relación de convivencia.

Sin perjuicio de la duda que genera la redacción del art. 1901 y que bien ponen de manifiesto los autores precitados -cuestión a la que luego me referiré- la protección de los derechos de los convivientes en el CCCN resulta menguada y/o insuficiente, en tanto y en cuanto se limita (art. 526, precitado) a otorgar un mero derecho de uso al supérstite sin concederle de modo expreso y terminante el derecho de ser considerado poseedor del inmueble si su posesión, unida a la de su conviviente desaparecido, excede el plazo de veinte años estén o no unidas por un vínculo jurídico, y con la única exigencia de la acreditación de la mera convivencia por un plazo determinado, que podría ser, vg., de tres o de cinco años (volveré sobre esto infra).

Consecuente con esta postura estimo que el CCCN debió incorporar un artículo de un tenor similar al de la ley 24.374 (reformada por la 25.797 que extendió el plazo de su aplicación) y que seguidamente expongo tentativamente:«Los ocupantes que acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante cinco años con anterioridad a la vigencia de este código, respecto de inmuebles edificados que tenga como destino principal el de casa habitación única y permanente la vivienda, podrá unir su posesión a la de su antecesor si acreditan haber convivido con el mismo recibiendo trato familiar por el plazo de cinco años».

Esta norma -que de lege ferenda propongo- tendría la virtud de simplificar el instituto de la accesión de posesiones a favor del conviviente que reúna los requisitos que la misma establece -por tanto, debería figurar en el Libro IV, Título 1, Capítulo 2 del CCCN, como artículo 1901 bis, o bien como inciso c) del art. 520 ). La misma mejoraría la situación legal de los convivientes y podría simplificar el mecanismo consagrado por la Ley 24.374 -y quizás hasta la tornaría innecesaria- que tanta controversia ha generado, declarando directamente como poseedor legítimo al conviviente en las condiciones que el mismo determina y con derecho a promover, por ende, el juicio de posesión, sea larga, sea breve.

Estimo que la unión convivencial con los caracteres que el CCCN determina muy precisamente (pública, estable, permanente y compartiendo un proyecto de vida común) bien merece una protección como la que derivaría de otorgarle al conviviente supérstite el derecho a que su posesión continúe la del autor y acceder finalmente por la vía pertinente a la propiedad de la vivienda.

Resulta claro que tal consagración normativa implicaría otorgarle al conviviente (por un plazo mínimo a determinarse) un derecho muy superior al mero derecho de uso que le otorga el actual art.526 del CCCN, que además exige el requisito de acreditar la extrema necesidad, la imposibilidad de procurarse otra vivienda de inmediato y -summun ius summa injuria- limitándolo al exiguo plazo dos años.

Lo expresado equivale a admitir, asimismo, que la convivencia en las condiciones mencionadas reemplazaría al requisito del vínculo jurídico y aquí ingresamos al tema de la accesión de posesiones y las condiciones que la misma debe reunir para considerársela válida.

Volviendo al tema de la accesión de posesiones sobre la que legisla el art. 1901 del CCCN y a la cuestión de la exigencia -o no- del «vínculo jurídico», entiendo -con KIPER y COSTA- que este requisito sólo cabe exigirlo para la prescripción corta (juntamente con la buena fe) ya que la redacción de aquél es muy clara y -en mi criterio- no admite interpretaciones que la tornarían opinable, porque como lo señalan aquellos autores (ob. cit., p. 134): la «situación es dudosa, ya que el artículo 1901 se refiere al «sucesor particular. Según el artículo 400. del Código, es «sucesor singular el que recibe un derecho en particular. Además, el art. 1901 utiliza la palabra «derive», lo que supone cierta relación entre el poseedor actual y su antecesor» (p. 135).

Y finalizan su interpretación señalando: «Hubiera sido preferible una redacción más clara de esta norma. En suma, lo interpretamos de la siguiente manera: en el caso de la prescripción breve, como se dijo, ambas deben ser de buena fe, pero además se exige que las posesiones estén ligadas por un «vínculo jurídico». Es claro que, si no hubiera ese vínculo jurídico, el justo título, no podría invocarse buena fe. En cambio, para la larga, sería suficiente que un antecesor entregase la cosa al poseedor actual, aun cuando no se satisfagan formalidades» (ob. cit., p.135).

Si en la posesión veinteñal no se exige justo título ni buena fe es dable interpretar en el sentido expuesto el art. 1901 del Código, cuya redacción limita la exigencia del vínculo jurídico a la prescripción breve. Además, ya antes del CCCN, esto es, durante la vigencia del Código de Vélez se admitió la interpretación ahora consagrada de modo expreso por dicha norma; así, se resolvió: «La ley, al reglar la sucesión en los derechos del poseedor, distingue la posesión decenal de la veinteñal. Respecto a la primera cuando la sucesión ocurre después de cumplida la prescripción decenal, se trataría de un derecho adquirido, incorporado definitivamente al patrimonio del antecesor y amparado por garantías constitucionales; pero, si la prescripción decenal no estaba cumplida, la solución es diferente, según se trate de sucesores a título universal o a título singular y en este úl timo supuesto -prescripción decenal a título singular aun no cumplida- se requiere que las posesiones sean de buena fe, se continúen inmediatamente sin estar separadas por una posesión de mala fe y que las posesiones se liguen por un vínculo de derecho. En cambio, tratándose de prescripción veinteñal (sin justo título posesorio, ni buena fe), las posesiones pueden unirse sin el cómputo de requisitos exigidos para la decenal» (C3aCCMPaz y Trib. de Mendoza, 11-4-80, «Cicaglia, Edgardo c/Robert, Federico», SP L.L. 980-511. Citado por LYDIA CALEGARI DE GROSSO «USUCAPION», p. 213, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe 2006). Este fallo, cronológicamente anterior a la opinión de los autores que sito supra, consagró sin duda el principio de que para la usucapión no se requiere que, en los supuestos de accesión de posesiones, éstas se hallen unidas por un vínculo jurídico.De aceptarse hoy esta doctrina en el caso que me sugirieron estas líneas -aun sin la reforma del CCCN que propongo supra- la conviviente supérstite podría invocar el principio de la (unión) accesión de posesiones y repeler exitosamente la acción de reivindicación (aunque estimo que aquél debió ser claro y terminante al respecto, para no generar las dudas a que se refieren los autores que he citado).

No obstante lo expuesto, no resulta improbable que los jueces continúen exigiendo -más allá de la redacción del art. 1901 del CCCN- el requisito de la existencia de un vínculo jurídico para aceptar la accesión de posesiones, que lo admito pareciera ser la interpretación más razonable. Así, Gabriel B. Ventura, dice en su análisis de la norma legal precitada: «De cualquier manera, para que la accesión produzca sus efectos, es necesario que haya un vínculo jurídico entre las posesiones que se unen. Si una no procediera de la otra, estaríamos ante dos posesiones distintas y no frente a una accesión o unión de posesiones» («Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias Análisis doctrinario y jurisprudencial», T. 4A, p. 141, con la dirección del Dr. Bueres, Hammurabi – José Luis Depalma, Bs. As. 2017). El mismo criterio es sostenido por la Dra. Beatriz Arean en: «Código Civil y Comercial de la Nación analizado, comparado y concordado», también con la dirección del Dr. Bueres, al comentar el art. 1901 (t. 2, p. 256, misma editorial precitada, Bs. As. Nov. 2014).

Conclusión: la solución que propongo, al limitarse a exigir la mera convivencia por un plazo determinado y prescindir de la existencia de un vínculo jurídico, le otorgaría al cónyuge conviviente del poseedor pre fallecido una protección más terminante, más amplia y, sobre todo, más justa al mero derecho de uso que le otorga el art. 526, del CCCN.

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(*) Ex Ministro – Presidente- del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes

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